Si no fuera porque el almanaque marcaba la fecha del 8 de diciembre en vez de la del 28, Día de los Santos Inocentes, las declaraciones del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, el pasado domingo durante una entrevista periodística bien habrían podido ser tomadas por una inocentada. El delegado, que reconoció haber pensado en dimitir en más de una ocasión a lo largo de estos dos años y medio de mandato que mañana se cumplen, se lamentaba de que por mor del estallido de la burbuja inmobiliaria no gozaba de la misma largueza presupuestaria que sus predecesores. Cuando le preguntaron que en caso de que hubiera dispuesto de similares fondos en qué los habría empleado, su respuesta fue que en combatir la infravivienda.
A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.
FRENAZO A EMVISESA
A pesar de que había por entonces unos 16.000 demandantes de VPO inscritos en las listas de espera de Emvisesa, el gobierno constituido por Zoido paralizó prácticamente desde sus inicios la construcción de nuevas viviendas públicas con cargo a la empresa municipal Emvisesa, obviando la promesa electoral del alcalde de edificar 4.000 durante su mandato.
Las infraviviendas que sitúa en su punto de mira el delegado de Urbanismo al menos existen e incluso, dada la falta de alternativas, pueden hasta acabar cobijando varias generaciones de una misma familia, pero las VPO que no se construyen, sencillamente no figuran para nada. Es más, puede decirse que la falta de VPO contribuye a consolidar las infraviviendas que hay en las zonas degradadas de la ciudad, ya que se deja sin apenas opción a los jóvenes que pretendan emanciparse.
El pasado 28 de noviembre, Zoido entregó las llaves de sus nuevos pisos a 50 de los 147 adjudicatarios de VPO promovidas por Emvisesa en el Polígono Aeropuerto, algunos de ellos con entre 10 y 20 años de tiempo inscritos en las listas de espera. Sin embargo, ninguna de estas viviendas han sido promovidas durante el mandato de un alcalde que prometió 4.000.
Los planes del Ayuntamiento para la empresa municipal se han limitado a administrar la ‘herencia recibida’ (ésa de la que tanto se queja el alcalde) del mandato anterior PSOE-IU para ir entregando gradualmente las 719 VPO iniciadas antes de su llegada al Ayuntamiento y a medida que se vayan terminando las promociones.
SIN BALÓN DE OXÍGENO
Tenemos en torno a 15.000 demandantes de VPO y 9.199 de nuestros 90.740 parados pertenecen al sector de la construcción, por lo que un impulso a la edificación de nuevas viviendas públicas sería un estímulo para nuestra maltrecha economía local, pero el Ayuntamiento ha frenado la actividad y los presupuestos de Emvisesa con el pretexto de la crisis, los recortes y la sequía crediticia. En puridad, el gobierno local sólo ha promovido 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, que supondrían, en caso de materializarse, únicamente el 0,4% de las prometidas por el alcalde.
En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.
Esta deuda lastra sus cuentas, pese a que existe desde 2012 un acuerdo, incumplido aún, de la Junta de Gobierno de transferirle 11,2 millones de euros y parcelas por valor de 14,2 millones. Esta laxitud con Emvisesa contrasta con la celeridad para modificar el Presupuesto de la ciudad si hace falta y transferirle cantidades millonarias a una Tussam en apuros, pero, claro, Emvisesa no tiene 1.000 conductores que puedan paralizar el transporte público en la ciudad en caso de problemas. Por tanto, cuando la oposición habla de que Zoido podría repetir con Emvisesa el mismo caso que con Sevilla Global, halla argumentos sobrados para ello en la actuación de su gobierno.
RETRASOS EN LOS PAJARITOS
En el estandarte de la lucha contra la infravivienda propiamente dicha, la primera etapa de la rehabilitación de Los Pajaritos (herencia del Plan Integral para los Tres Barrios, que el gobierno anterior redactó pero que no impulsó, por centrarse en las Setas de la Encarnación, la Alameda y los carriles-bici) se están incumpliendo los plazos anunciados previamente. En su última visita a las obras del edificio-puente, sito cerca de las cocheras de Tussam y al que deben trasladarse de forma transitoria las familias para poder derruir sus viviendas actuales y construir en su lugar otras más dignas, Zoido prometió que estaría concluido en noviembre.
Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.
Hasta aquí, el Ayuntamiento podría tratar de ampararse en la coartada de los recortes económicos y el cierre del grifo del crédito por la banca para justificar que no ha podido hacer mucho más en estos dos años y medio, pero cuando las palabras del delegado de Urbanismo quedan como un mero brindis al sol es cuando se analiza la política municipal con los recursos que ya tiene.
CORRAL DE TRIANA
Si tanto le preocupa al Ayuntamiento el problema de la infravivienda en nuestra ciudad, menos se comprende aún que haya dado prioridad al intento de ahorrarse 60.000 euros anuales del alquiler de la comisaría de la Policía Local en Santa Fe trasladando su sede a la Casa Tapón, en Pagés del Corro, en un corral en el que existen 13 viviendas municipales, de las que ocho siguen vacías pese a que hay 700 familias en situación tan desesperada que ni siquiera pueden pagar un alquiler y sólo aspiran a un piso social.
Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.
Cabría recordar cómo el gobierno local, que se dice tan preocupado por la infravivienda, desmanteló Otainsa, la oficina creada en el anterior mandato para atender a las personas en riesgo de desahucio, y cómo desde Urbanismo, de la que depende Emvisesa, se dio orden de desahuciar a inquilinos de viviendas municipales en San Jerónimo y otros barrios antes de que tras varios suicidios que conmocionaron el país el alcalde, de forma políticamente oportunista, ordenara paralizar casi en el último minuto los lanzamientos previstos.
LA DEFENSORA DEL PUEBLO
El delegado de Urbanismo expresa su preocupación por la infravivienda, pero lleva dos meses de papeleo en Emvisesa para resolver las decenas de peticiones de inquilinos con escasos recursos que aspiran a un alquiler social, también prometido al hilo de los últimos acontecimientos por el alcalde.
Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.
Por más que Maximiliano Vílchez exprese su inquietud por la infravivienda, la política de Zoido no está contribuyendo precisamente a erradicar el problema. Sus escasas iniciativas en este campo amenazan con convertirse en el mayor capítulo del Debe del alcalde ante la próxima cita con las urnas, para la que ya sólo falta año y medio.
Como los sevillanos habían estado pagando recargos, tasas, impuestos (o como se le llame a que el Poder te meta la mano en el bolsillo) hasta casi las vísperas de la Expo 92 pero por la lápida de la Expo del 29, para desterrar los miedos a que se repitiera la historia, apenas ser nombrado comisario de la Muestra Olivencia anunció que su objetivo era el ‘balance cero’. Algo inexistente o heterodoxo según los puristas de la economía (los mismos que ven brotes verdes donde los demás sólo un erial) pero que entendimos hasta los más torpes de Letras. Pues después de Olivencia (los 20.000 millones en números rojos se los imputaron a Pellón), el único que va camino de repetir el dichoso anuncio es Zoido. El alcalde prometió en su programa mil VPO cada año y en vez de las tres mil viviendas (sin doble sentido) que debería llevar ya en su tercer año de mandato ha conseguido que Emvisesa no haya promovido ninguna. Cero absoluto. ¿Zoido ‘for president’ de la Junta de Andalucía? ¡Qué va! Lo que en verdad le iría a Zoido sería que lo nombraran comisario de la próxima Expo.
El delegado de Urbanismo, Max Vílchez, y la oposición se han abroncado a cuenta del IPREM. El nombrecito responde al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que es algo así como el Euríbor para las viviendas sociales. El lío se formó tras anunciar Zoido una rebaja en los alquileres de Emvisesa para inquilinos con ingresos equivalentes a una vez el IPREM. La oposición replicó que era demasiado poco y exigió 1,5 veces el dichoso indicador. Vílchez, en plan bulldog, salió en defensa de su jefe y dijo que en realidad éste no había dicho una vez el IPREM, sino una y media, pero resultó que en la página web de Emvisesa se reflejaba que sería una vez y no 1,5 (¿me siguen o se han perdido ya?). Al final, como siempre en Urbanismo, todo fue fruto de un error técnico del primer informático que hubiera a mano. Ahora bien, el 2-5-2012, Max declaró que no se podían rebajar las rentas por 1,5 veces el puñetero IPREM porque eso llevaría poco menos que a la ruina a Emvisesa.¿Y cómo ahora sí se puede? Será porque en 2012 aún faltaban tres años para las elecciones.
Miguel Contreras fue uno de los 38 exaltos cargos de CajaSur sancionados por el organismo supervisor bancario -poco antes de las elecciones municipales que dieron la victoria al PP en Sevilla- por un montante global para todos ellos de 2,41 millones de euros. El hoy gerente de Emvisesa, rescatado por el Ayuntamiento sevillano y que era vocal en el Consejo de Administración de la entidad cordobesa, presentó un recurso de reposición, que fue desestimado por el Ministerio de Hacienda el 18 de enero de 2012. Lo más significativo es que ya por entonces este departamento estaba en manos del PP y su máximo responsable, el jiennense Cristóbal Montoro, era además diputado por Sevilla.
Agotados ya todos los recursos, el Banco de España ha confirmado en pleno mes de agosto (Boletín Oficial del Estado Nº 189, de 8 de agosto de 2013) la sanción de 39.000 euros al hoy gerente de Emvisesa en virtud de la ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave consistente en “presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidalble o conglomerado financiero al que pertenezca”.
Emvisesa adjudicó en 2005 una VPO al hoy delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, el cual ha reconocido que la usa de forma tan esporádica (para indignación de Espadas y Torrijos y de los miles de sevillanos en lista de espera de una vivienda pública) que hay vecinos que nunca lo han visto por allí en todos estos años. Tampoco lo localizaron la Jefatura de Tráfico, el Ayuntamiento de La Algaba y, oh paradoja, el Ayuntamiento de Sevilla y su Agencia Tributaria ni aun cuando era ya concejal, por lo que recurrieron once veces al Boletín Oficial de la Provincia para enviarle notificaciones sobre multas, embargos y demás. Pese a tal cúmulo de evidencias, al gobierno de las luces y los taquígrafos y que alardeaba de que no toleraría corruptelas como en la era Monteseirín no se le ocurre otra explicación que ésta: “Es habitual no poder localizarlo en su casa por su elevado ritmo de trabajo”. Si este concejal es, según la versión oficial, tan estajanovista o un ‘workaholic’, entonces lo que necesita no es una VPO, sino que le pongan una litera en el Ayuntamiento.
Tras hacerse la foto en plan gabinete de crisis con sus delegados de Urbanismo y Asuntos Sociales y el gerente de Emvisesa, comunicó la paralización de los desahucios en curso por la Empresa Municipal de la Vivienda. Previamente había propuesto a Griñán un pacto antidesahucios, en estos términos: “que se olvide de la demagogia y se siente de verdad con el PP, como ha ofrecido Mariano Rajoy a nivel nacional, para buscar la salida al problema. No se trata de ser demagogo -añadió-, se trata de tener rigor”. Y más tarde instó a la Junta a que, a través de la Empresa Pública del Suelo, mostrara su disponibilidad a paralizarlos.
Elena Cortés insistió en que no se privaría de una vivienda social a las familias afectadas por sobreendeudamiento o que contaran entre sus miembros a personas dependientes, una medida con la que cinco meses más tarde ha coincidido la patronal bancaria al anunciar una moratoria de dos años en los lanzamientos de viviendas “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
En octubre, Torrijos (IU) destapó que Emvisesa había enviado un centenar de cartas intimidatorias a adjudicatarios de sus viviendas en San Jerónimo, en las que les avisaba de que si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonaban las deudas pendientes o los recibos atrasados de la comunidad, se darían por resueltos los contratos y se les abriría de inmediato un proceso judicial de desahucio.
El Zoido que ahora anuncia la paralización de los desahucios por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda es el mismo que permitió hasta hace unos días que Emvisesa enviara noventa notificaciones de expulsión de sus hogares a adjudicatarios de sus pisos y el que, según subraya el PSOE, hace un mes votó en el Pleno del Ayuntamiento en contra de una moción socialista que proponía echarle el freno a los desalojos y la adopción de medidas sociales de apoyo a los inquilinos con problemas económicos por causa de la crisis. Pero el partido de Rubalcaba es también el que en el mes de marzo votó en las Cortes, junto con el PP, en contra de una propuesta de Izquierda Plural para acabar con los abusos de las entidades financieras y para que se aceptaran las donaciones de pago de las viviendas, como en los países anglosajones, para liquidar las deudas acumuladas y que no se mantengan incluso tras el desahucio. Si ahora unos y otros se han caído del caballo y se han convertido a la causa antidesahucios no ha sido por convicción previa, sino por mero oportunismo político.
Tras un acuerdo del Consejo de Ministros en el que se instaba a adoptar medidas urgentes para reducir el déficit público y otro de la FEMP sobre aminoración de salarios de los altos cargos municipales, Monteseirín llevó al Pleno de mayo de 2010 una moción en la que instó a suprimir las dietas por asistencia a las reuniones en las empresas municipales. Marchemos por la senda del sacrificio y yo el primero, parece que dijo el prócer. Ya encendido en su discurso patriótico, el (sin) alcalde propuso “no ya una regulación coyuntural como la que se está tratando ahora, sino una de más calado”. Ahora se ha descubierto que no sólo no dejó de cobrar dietas, sino que las trincó todas, al menos en Emvisesa, donde la crisis inmobiliaria no fue óbice para que él se embolsara 7.392 euros hasta el final de 2010. Y es que en el fondo Alfredo es muy unamuniano. Mientras que don Miguel decía eso de que inventen ellos, Monteseirín, degustador de restaurantes de cinco tenedores junto a su valido en su paso por la Alcaldía, ha acuñado esto otro: “¡A dieta, que se pongan ellos!”.