Uno de los capítulos más desastrosos de Monteseirín fue el Plan de los 60 aparcamientos, de 2006. Año y medio después de haber adjudicado un primer lote de diecinueve a Equipark (luego Resipark) e Iniciativas Aparca, se percató de que, por increíble que pueda parecer, ¡la mayoría del suelo no era municipal, sino privado!
Este fue el inicio de un galimatías jurídico irresoluble. Para corregir la situación, el anterior Consistorio acabó firmando un convenio privado con Equipark que alteraba los contratos, pese a que veinte meses antes el secretario y el interventor municipales alertaron sobre su ilegalidad por vulnerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya que lo procedente habría sido rescatar los proyectos y convocar un nuevo concurso.
Aun así, a finales de 2010 el Ayuntamiento y Equipark pactaron la renuncia a ejecutar siete de los trece parkings adjudicados, pero sólo se iniciaron las obras de uno (Bami) y quedó pendiente la devolución de la fianza de 1.000 euros entregada a cuenta por centenares de vecinos.
DEVOLUCIÓN DE LAS FIANZAS
Si en el baloncesto las televisiones destacan la ‘jugada tonta de la jornada’, en política cabría hacer lo mismo y detenerse en la ‘jugada tonta’ de Zoido, por meterse de cabeza él solito en el avispero de los parkings pendientes de construcción y de los dineros sin devolver, creado única y exclusivamente por Monteseirín, con la agravante de que Zoido es un jurista y, por tanto y por aparente mayor conocimiento de causa, debería haber adoptado precauciones suplementarias antes de hacer promesas de difícil o imposible incumplimiento.
El problema del hoy alcalde es que le pierde su populismo y ese afán de decir sí a todo(s) con tal de congraciarse con todo el mundo, sin reparar en las consecuencias o fiado en el nulo valor que en nuestra sociedad se da a la palabra dada.
Siendo aún candidato a la Alcaldía y tan sólo días antes de las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, ‘súper’ Zoido presenta en la plaza Doctor Pedro Vallina (una de las zonas afectadas por el retraso en los parkings de Monteseirín) su programa en materia de aparcamientos, en un acto cuyo resumen merece la pena ver aún en Youtube ( http://www.youtube.com/watch?v=cHIQdKGjCjU ). Allí dialoga con una afectada y le promete:
-Por encima de mi cadáver, a usted se le devuelve el dinero. Le doy mi palabra de honor.
Y aboga ante los vecinos por que el Ayuntamiento sea el valedor y quien se haga responsable del cumplimiento estricto de todas las cláusulas, con lo cual estaba asumiendo para su futura Corporación la responsabilidad patrimonial o subsidiaria por la paralización de los estacionamientos y la retención del dinero de las fianzas.
INFORME DE MOVILIDAD
Apenas un mes después de su toma de posesión como alcalde, durante una visita el 13 de julio de 2011 al Centro de Formación y Empleo San Fernando, Zoido anuncia que ya ha dado instrucciones a las Delegaciones de Movilidad y Urbanismo para reintegrar “inmediatamente” las fianzas de 1.000 euros a los afectados por los parkings pendientes desde 2006, y “no porque lo diga el Defensor del Pueblo, sino porque es de Justicia”.
Sin embargo, Movilidad, tras analizar los contratos, emite un informe en el que concluye que el Ayuntamiento no puede exigirle a Equipark la devolución del dinero, porque no es una obligación impuesta ni en la normativa contractual ni en los pliegos administrativos aprobados: se trata de una cuestión entre una empresa y un particular que debe sustanciarse en el ámbito del Derecho Civil. Y añade que el Ayuntamiento tampoco es responsable subsidiario porque, en virtud del contrato, Equipark no tiene obligación de devolver las fianzas entregadas.
NUEVO DISCURSO
El alcalde, pese a sus promesas, cambia el discurso y dice que devolver las fianzas no está en su mano. Aun así, encarga otro informe jurídico para que se reconozca de algún modo la responsabilidad del Ayuntamiento y así pagar, con dinero de todos los contribuyentes, las fianzas.
Salvando las distancias, su empecinamiento recordaba al de Monteseirín, que por su obstinación en asumir una responsabilidad municipal por el mortal derrumbamiento del muro del Bazar España acabó provocando una crisis de gobierno con sus socios del PA y un problema con Hacienda a las familias de las víctimas, a las que indemnizó por su cuenta y riesgo.
SIN SALIDA
Hace un año, el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó en el mismo sentido de que el Ayuntamiento carecía de título jurídico habilitante para exigir a la empresa la devolución de las fianzas, al tratarse de una cuestión contractual entre sujetos privados de la que, además, ya estaban tratando los tribunales. Desautorizó la pretensión de Zoido de resolver el contrato de los 13 parkings para, con los avales, devolver el dinero, ya que éste tenía un carácter finalista y, por ende, estimó que debía ser el Consistorio el que indemnizara a Equipark por haberle adjudicado el 53,8% de las obras sobre terreno ajeno.
Tras una reciente sentencia que condena a Equipark, para colmo en concurso de acreedores, a restituir a 90 afectados el dinero de las fianzas y el anuncio de éstos, con la comprensión de Facua, de demandar al Ayuntamiento como supuesto responsable subsidiario, el gobierno local ha respondido con la tesis de que está preso en medio del conflicto jurídico y no puede hacer nada. Por su propia inconsciencia al meterse él solo en el avispero de Monteseirín, Zoido ha acabado atrayendo sobre sí las iras de los damnificados: el alcalde ha pasado de prometer la devolución del dinero por encima de su cadáver a reconocer que está atado de pies y manos.