La Delegación de Urbanismo, por acción u omisión, ha vuelto una vez más a chafarle los titulares al alcalde, que había planificado el inicio del nuevo curso político con la plasmación de su vieja promesa de rebajarles los impuestos a los sevillanos. La otrora área más poderosa del Ayuntamiento, y ahora bajo mínimos por su sobredimensionamiento tras la crisis económica general y el estallido de la burbuja inmobiliaria en particular, anunció una propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales a elevar al Pleno municipal con la misma estrategia que Tussam empleaba cada año con la revisión de las tarifas para el autobús.
La empresa municipal de transportes desviaba la atención de la opinión pública hacia el dato de la subida media del autobús intentando convencer de que se alineaba con la inflación prevista o incluso se situaba por debajo del IPC. Para ello aprobaba subidas mínimas en los títulos de viaje menos utilizados mientras cargaba la mano en los billetes y bonobuses más demandados por los sevillanos. En apariencia, la subida media estaba por debajo del coste de la vida, pero en la práctica los usuarios habituales del autobús pagaban y pagan más cada año.
UN ‘TROYANO’ EN LAS ORDENANZAS
Siguiendo la misma estrategia del bonobús, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, presentó un cuadro de rebajas para 2014 que en puridad sólo se producía en cuatro tasas menores y sin apenas incidencia en el bolsillo de la mayoría de los sevillanos; suponía una ‘congelación’, que no rebaja, en el resto y ocultaba un ‘caballo de Troya’ que, de no haber sido advertida a tiempo antes de su aprobación por el Pleno, habría incrementado hasta en un 100% el coste de las licencias de obras.
El ‘troyano’ de Vílchez era un párrafo que rezaba así: “Se entenderá, en todo caso, que tienen carácter singularísimo y peculiar a estos efectos las obras o instalaciones proyectadas cuyos presupuestos excedan en más de un 25% del valor resultante de la ampliación de las reglas y módulos que se contienen en los artículos 10 y 11”. Hasta ahora, el módulo base fijado por Urbanismo es de 486 euros, pero si se aprobaba este punto y se tomaba como referencia el valor real en un proyecto a un coste de 1.000 euros el m2, la licencia de obras se duplicaría.
La Gerencia de Urbanismo, que ha pasado de nadar en la abundancia a sufrir pérdidas y a conocer que el Ayuntamiento piensa en su disolución y en un recorte salarial del 30% a una plantilla en la que casi la mitad de sus miembros cobra un plus por jefatura de algo, ya intentó el año pasado incrementar sus ingresos con una Ordenanza Fiscal similar a la de este proyecto.
MALESTAR DE LA PATRONAL
Aquel intento fue considerado ‘casus belli’ por la patronal sevillana, la CES, y la sectorial de la construcción, Gaesco, cuyo líder en ambos casos es el constructor Miguel Rus, el cual ha mantenido desde el principio algunos llamativos desencuentros, por decirlo diplomáticamente, con el Gobierno municipal. Zoido, una de cuyas máximas era la de tender alfombras rojas a los inversores, ordenó a Vílchez que retirara la propuesta.
Para salvar la cara ante los empresarios y la opinión pública hubo que lanzar la versión de que se había tratado de un borrador, un documento provisional redactado por los técnicos a espaldas o sin la aprobación del gerente, Alberto de Leopoldo (procedente de Cajasol y sin experiencia conocida en las lides urbanísticas), y del delegado, Maximiliano Vílchez, también sin antecedentes profesionales ligados a esta disciplina tan especializada.
La coartada ponía a los pies de los caballos a ambos responsables políticos, porque era el reconocimiento público de que no controlaban la Delegación y de que los técnicos maniobraban a su antojo. Si a ello se le unían fiascos anteriores como la pérdida de la inversión de Decathlon en la Cartuja y del proyecto de La Caixa en las Atarazanas, más el anuncio sin fundamento del inminente desbloqueo que nunca llega de la segunda tienda de Ikea, más que llovía sobre mojado en las caracolas de la Cartuja, sede de la Gerencia.
Fue el grupo municipal Socialista, liderado por Juan Espadas, el que destapó sobre la marcha que Urbanismo intentaba colar por segunda vez en dos años una Ordenanza Fiscal que le permitiría incrementar en un 100% el coste de las licencias de obras expedidas en la ciudad pese al hundimiento del sector de la Construcción, el cual lleva cinco años sin levantar cabeza. Esta contumacia podía de nuevo al alcalde en la tesitura de enfrentarse al ‘lobby’ del ladrillo y reeditaba el hondo malestar de los empresarios con un Ayuntamiento que no deja de proclamar su apuesta por la iniciativa privada y por la necesidad de rebajar impuestos para reactivar la economía.
SEGUNDO PRETEXTO
En un ‘déjà vu’ del año anterior, Urbanismo ha tenido que buscarse otro pretexto para tratar de justificar su actuación y la retirada, por segunda vez, de la Ordenanza de la discordia. Ahora, la coartada oficial consiste en que se ha producido un “error material” que ha propiciado “la introducción de un párrafo relativo a la tasa por licencia de obras que había quedado anteriormente suprimido del texto, no debiendo, por tanto, haberse reproducido”.
Explícitamente, pues, la Gerencia estaba reconociendo que había volcado el texto suprimido a última hora el año anterior en el de las Ordenanzas Fiscales para 2014, una chapuza informática que hunde aún más la reputación de un organismo que está colocado en el punto de mira de la Delegación de Hacienda por sus costes excesivos y sus números rojos y que da así más argumentos a la dama de hierro municipal, Asunción Fley, para meterle las tijeras de los recortes.
Los frenazos y retrocesos de Urbanismo, que hay que justificar unas veces por el descontrol de sus dirigentes y otras por supuestos errores materiales -como si los ordenadores actuaran autónomamente y al margen de quienes los manejan-, suponen un tiro en el pie de un alcalde que en su toma de posesión anunció la excelencia en la gestión de los Servicios Públicos y que la ciudad funcionaría con la precisión de un reloj suizo.
EN EVIDENCIA
La Gerencia tiene 437 personas en plantilla, la mitad de ellos jefes que en conjunto cobran pluses millonarios por la responsabilidad que asumen en el desempeño de su labor. Pues bien, ninguno de estos 437 empleados municipales se percató del supuesto error motivado por la práctica de reproducir textos antiguos del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2013 y volcarlos en el de 2014 y salir así del paso lo más rápidamente posible. Tampoco se percató el Gobierno local, con sus 20 concejales y su amplio equipo de asesores.
Quien advirtió la supuesta duplicidad o el pretendido “error material” fue el Grupo municipal Socialista, compuesto por once ediles y un número reducido de asesores bajo la dirección de Juan Espadas, que ha dejado así en evidencia a toda la Gerencia y al equipo de Gobierno al demostrar un mayor celo y eficacia en la supervisión de la documentación remitida al Pleno y que la labor de la Oposición no consiste sólo en populistas paseos por los barrios para aparecer en las fotos estrechando las manos de los vecinos, sino también o incluso principalmente en un trabajo mucho más difícil, por su complejidad técnica, oscuro, callado y menos reconocido de pasarse muchas horas en los despachos escudriñando expedientes y haciendo números.
OTRO MÁS
El Gobierno municipal ha fallado y la Oposición no. Esa es la imagen que queda en la opinión pública tras este episodio y es lo que más debe preocupar al alcalde, que ha comprobado que la oposición frontal anunciada por Espadas es mucho más activa y eficaz que antes.
Los fallos en Urbanismo no se limitaban sólo a la Ordenanza que afectaba a las licencias de obras. Obligada por la denuncia/revelación del PSOE a revisar todos los expedientes -ahora sí-, la Gerencia se percató además de que el texto utilizado por supuesto error tampoco recogía unas modificaciones aprobadas por el Pleno y referidas a la Ordenanza Fiscal regulada de la tasa por los documentos que expida o tramite la propia Gerencia a instancia de parte. Corrección de errores sobre corrección de errores, error al cuadrado y en una materia tan delicada como el bolsillo de los ciudadanos.
Definitivamente, Urbanismo se ha convertido por deméritos propios en el reloj averiado de Zoido.
Un vecino de Sevilla llamado Alejandro Blanco Rodríguez pero que lo mismo podríamos ser usted o yo lleva seis años esperando que Urbanismo le resuelva una reclamación patrimonial por los daños sufridos en su automóvil a causa de un socavón en la vía pública. El Ayuntamiento intentó aburrirle exigiéndole incluso que aportara testigos de la incidencia. No se desanimó y le llevó cuatro. Y, desde entonces, la callada por respuesta. Y es que los 500 funcionarios de la Gerencia están demasiado ocupados redactando para el delegado de Urbanismo borradores de Ordenanzas Fiscales que rebrincan a la CES y que luego no se aplican. Por eso no han tenido aún tiempo de atender la ‘minucia’ de 69,33 euros de don Alejandro. Así funciona, es un decir, el sistema. Larra acuñó lo del ‘vuelva usted mañana’ para referirse a las ventanillas de la Administración. En Sevilla se habría quedado corto: por ahora van seis años. Y lo que queda.
Ni siquiera la Semana Santa escapaba a la voracidad fiscal del Ayuntamiento, que cobra al Consejo General de Cofradías 50.000 euros anuales por la ocupación de la vía pública con sillas y palcos para contemplar las procesiones y al que había previsto exigirle para el nuevo año el pago de un canon de 98.000 euros, casi un 100% más.
de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha señalado públicamente al gerente de Urbanismo y exresponsable de Empresas Participadas de Cajasol, Alberto de Leopoldo, y a los técnicos de la Gerencia como responsables de esta iniciativa presuntamente unilateral: “Lo elaboraron los técnicos -ha declarado-. Ni el responsable político de Urbanismo, que soy yo, ni el alcalde, lo conocían”.
El nuevo delegado de Urbanismo, Max Vílchez, ha contado que cuando llegó a la Gerencia encontró que, aparte de jefes de Departamento y otros carguetes, Monteseirín y Marchena tenían en el organigrama 33 jefes de servicio para 450 empleados. La media era de un jefe por cada 13 indios, un número éste de tan mal fario que a buen seguro el antiguo régimen tendría ‘in mente’ prevenir el gafe, bien nombrando más jefes aún, bien enchufando más gente. Dentro de la amplia fauna de cargos, carguetes y carguillos hallada en el frondoso árbol de Urbanismo figuraban jefes que no podían tomar decisiones porque la responsabilidad era compartida. Osea, que eran como las águilas bicéfalas del escudo de Carlos V. Pero lo mejor era el jefe que sólo lo era de sí mismo porque no tenía a nadie a su cargo: una categoría unipersonal ‘ad hominem’. Sergio Fernández escribió el ‘best seller’ ‘Vivir sin jefe’ sin reparar en que la evolución darwinista, de la que la Gerencia es su avanzadilla, va justo en sentido contrario: ¡todos jefecitos! Como Mascherano en el Barça de Guardiola.
Max Estrella es un personaje de ficción creado por Valle Inclán para ‘Luces de Bohemia’, con la que inauguró un nuevo género teatral: el esperpento. (Max)imiliano Vílchez es un personaje real, para más señas delegado de Urbanismo, que amenaza con convertirse en la estrella mediática de la era Zoido merced a sus esperpénticas observaciones urbanísticas sin haber hecho previamente un cursillo de Urbanismo en siete días. Tampoco es tanto. Recuerden que Jordi Sevilla se comporometió a enseñarle economía a ZP en tan sólo dos tardes. La última de Max, declarar que Espadas aprobó once modificaciones del PGOU en 2006, durante su anterior etapa como consejero de la Junta. Naturalmente, el PSOE no ha perdido la oportunidad de dejarlo en ridículo con un comunicado ‘ad hoc’ en el que, aparte de mentarle sus confusiones sobre las tipologías urbanísticas, le recuerda que Espadas no fue consejero hasta 2008, por lo que no pudo firmar resolución alguna sobre el PGOU. Con el estrellado Max, Zoido se las pone a Espadas como decían que se las ponían a Fernando VII: a huevo.
Todavía no ha hecho Zoido su anunciada auditoría ‘de infarto’ y ya afloran como setas las ronchas ocultas por Monteseirín bajo las alfombras. De momento se ha descubierto una lápida de 21 millones de euros en Urbanismo, de los que al menos 15 millones son imputables al imputado Marchena, de sus tiempos como gerente. Y eso que disfrutó de lleno la época de las vacas gordas, cuando del ladrillo manaba leche, miel y langostinos a mayor satisfacción del valido, conocido por su gran afición a las pinceladas al centro a costa del contribuyente o del especulador de turno. Monteseirín le puso un sueldo de 170.000 euros con la excusa de que era un gran gestor, y dijo que aún le parecía poco. El ‘cienmileurista’ ha multiplicado ciento por uno, pero con signo negativo, cada euro cobrado a los contribuyentes, pero ni se inmuta. Al igual que su jefe decía que no entendía de leyes porque era médico, él podrá alegar que de números y contabilidad no entiende porque, al fin y al cabo, es sólo un geógrafo ‘bon vivant’ que se dedicó a cartografiar los restaurantes de Sevilla.
