Celis

El entonces delegado de Presidencia del Ayuntamiento, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, arguyó allá por 2008 que el escándalo de las facturas falsas en el Distrito Macarena se había producido porque los concejales firmaban de manera habitual los documentos sin leérselos previamente. Para evitar la repetición de nuevos casos como aquél, Celis propugnó que buena parte de las competencias de los ediles fueran asumidas por los técnicos municipales. La consecuencia de tal propuesta era obvia: los políticos podrían eludir siempre cualquier tipo de responsabilidad (la política, valga la redundancia, y la jurídica) al invocar la delegación de sus facultades en los tecnócratas.

Esta filosofía en plan ‘reina pero no gobierna’ fue resumida por Monteseirín en su famosa frase de por qué nunca se enteraba de ningún escándalo en el Ayuntamiento: “Yo soy médico”.

SÓLO UNO DE CUATRO

Parafraseando a ‘Salvi’ Domínguez (aquel director general de Canal Sur que, obligado a comparecer ante el Parlamento, se salió por la tangente con una frase memorable por su descaro: “Señorías, estoy chungo de papeles”), el gerente de Urbanismo, Miguel Angel Millán, se ha confesado, al igual que Celis, chungo de lectura.

Miguel Angel Millán

Citado por la juez Alaya como imputado en la rama urbanística del caso Mercasevilla, el gerente ha declarado que él “no puede estudiar los expedientes”, y que aunque disponía de cuatro informes sobre el asunto sólo se leyó uno de carácter recopilatorio, cuya existencia, para colmo, niegan los técnicos de Urbanismo.

Ahora, ha testificado que “si hubiera conocido tales informes sobre la ausencia de obras e infraestructuras eléctricas, hubiera ordenado la caducidad de la licencia”. Pero, ¿acaso no deben constar todos los informes en el expediente? Con lo cual cabe darle la vuelta al argumento del gerente: si se hubiera leído el expediente y todos los informes…..

Millán es uno de los ‘cienmileuristas’ municipales, con unos emolumentos anuales que en aquellas fechas rondaban los 170.000 euros, pero, al parecer, leerse los papeles no entra dentro de su sueldo.

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LECTURA ENOJOSA

La consejera de Hacienda y mano derecha de Griñán desde hace años, Carmen Martínez Aguayo, en su afán de colocarse como escudo humano de su jefe en el escándalo de los EREs, tuvo la ocurrencia de fotografiarse hace unos días ante una pila de archivadores que supuestamente contendrían los ciento y pico de informes que anualmente envía a su Departamento la Intervención General.

Carmen Martínez Aguayo

Recordarán que Intervención alertó en  2005, 2006 y 2007 a la Consejería, cuyo titular era por entonces Griñán, de que la de Empleo y el IFA/IDEA tramitaban  subvenciones excepcionales –a cuenta del ‘fondo de reptiles’ de los 647 millones de euros- prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido por la Ley de Subvenciones. En al menos uno de esos informes, según ha denunciado el PP, se hacía constar expresamente que se le diera traslado al consejero, hoy presidente, José Antonio Griñán, conforme a lo estipulado por la ley (ese tipo de documentos han de dirigirse al titular de la Consejería). Aguayo, por entonces viceconsejera, ha tratado de actuar de cortafuegos de Griñán diciendo que era ella la que los recibía “de oficio”; que nunca se los entregó ni comentó porque no alertaban de ninguna irregularidad (¿?) y que ni siquiera ella misma  se los leyó al detalle, porque eran demasiados: ese centenar.

Osea, que la hoy consejera con fama entre las filas socialistas de altamente eficaz desde sus tiempos de gerente del SAS, también confiesa estar chunga de lectura y desbordada por el papeleo. Cien informes al año suponen uno cada tres días y aún sobran 65 jornadas. Un folio de esos informes redactados con un procesador de textos Microsoft Word –el más habitual- está compuesto por unas +/- 682 palabras según el número de párrafos, en familia tipográfica Times New Roman, cuerpo 12.

Un universitario normal lee al ritmo de 240 palabras/minuto. Una persona entrenada en la lectura de  papeles, como es el caso de Martínez Aguayo, debe ser capaz de leer a un ritmo de entre 800 y 1.500.

Suponiéndole tan sólo un ritmo de un folio por minuto, la consejera debería poder leerse en un día de trabajo 420 folios, pues para eso le pagan los contribuyentes. Dedicando sólo un día de cada tres a examinar documentos (el 27% de su tiempo laboral), podría leer al cabo del año 42.000 folios, y a buen seguro que habría tenido tiempo y capacidad sobrados para abarcar todos los informes, aunque fueran cien, de la Intervención, los más importantes para un alto cargo de la Hacienda autonómica.

‘CÓDIGO ROJO’

En línea con Celis y Millán, Aguayo también sostiene que en la Junta sólo se leen los documentos de Intervención si los técnicos los marcan con una especie de ‘código rojo’ o ‘informe de actuación’ sobre fraude o irregularidades contables, y que como no venían marcados con esa clave por tratarse sólo de una cuestión de procedimiento, acabaron en el Archivo.

Esa omisión del procedimiento a la que Aguayo no dio la más mínima importancia es la que, de momento, ha propiciado el escándalo de los EREs, con su secuela de prejubilaciones falsas y un desfalco de millones a la Hacienda andaluza.

Cabe preguntarse:

Si los informes de la Intervención no se los leen los consejeros que han de gobernar, ¿para qué sirve ese Departamento?

Si los consejeros sólo se leen los informes que expresamente tienen que indicarles los interventores y demás funcionarios en cada campo para que adopten decisiones de gobierno, ¿por qué no gobiernan los técnicos  y nos ahorramos a los políticos?