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Zoido proyecta ahora reducir al mínimo las actas de los Plenos municipales

Los ediles tendrían que consultar las intervenciones en un documento de audio

El nuevo sistema les obligaría a copiar a mano los pasajes de su interés

Queda en el limbo la forma en que los sevillanos accederían al material

 

El gobierno local, que pese a las promesas de transparencia y de ‘luces y taquígrafos’ de Zoido sólo permite a la oposición tomar notas a bolígrafo de los expedientes municipales en horario de oficina, proyecta ahora una vuelta de tuerca más cuya consecuencia será volver a dificultar la labor fiscalizadora de la oposición, ya que se eliminará la mayor parte de la transcripción de las actas de los Plenos.

La crisis económica sirve de coartada para todo, según y cómo. El Ayuntamiento de Sevilla saca de los Presupuestos más de 400.000 euros para alumbrar las calles durante la Navidad pero amparándose en la necesidad de recortar el gasto público no cubre dos vacantes existentes en el Negociado de Actas, pese a que podría declararlas como un servicio esencial para la ciudad.

Con esta realidad como pretexto y dado que según la versión oficial la carga de trabajo sobrepasa la capacidad laboral existente, el equipo de gobierno maneja un proyecto para ahorrar costes implantando un nuevo procedimiento para transcribir, o más bien no transcribir al 100%, las actas de los Plenos, como viene sucediendo hasta ahora para dejar constancia documental del contenido de los debates plenarios y de lo que argumenta y vota cada concejal.

Hasta los sevillanos pueden acceder a las actas de los Plenos a través de la página web del Consistorio (www.sevilla.org) y las pestañas sucesivas Ayuntamiento-Pleno-Actas de los Acuerdos. Actualmente se pueden leer las actas hasta el Pleno correspondiente al Pleno del 26 de julio, faltando aún las de los meses siguientes, como demostración de la escasa prioridad que se da a la transparencia y difusión de los acuerdos del máximo organismo representativo de la ciudad.

MINI ACTAS

El nuevo procedimiento proyectado consiste en elaborar una mini acta que incorpore sólo el dato de los concejales asistentes al Pleno, los acuerdos adoptados, las enmiendas presentadas y las votaciones, pero omitiendo todas las intervenciones y argumentos de los concejales durante los debates.

Este material no se transcribirá en un documento escrito, mucho más fácil y rápido de leer,  analizar y manejar por parte de los propios concejales (y los ciudadanos a través de la página web), sino que se dejará como documento de audio, ya que todos los Plenos se graban con imágenes y sonido, si bien no se difunden pese a haberlo planteado alguna vez la oposición.

Para facilitarles a los ediles la búsqueda dentro del audio, en las mini actas en papel se incluirá en cada punto una remisión al contenido de la grabación , con indicación del minuto en que comienza cada turno de palabra. Según el proyecto que se trata de implantar, cada edil podrá avanzar y retroceder dentro del audio, como a la antigua usanza, para localizar el pasaje que busque. El plan es presentado como el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que recoge entre sus fines la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas mediante el uso de las tecnologías de la información, la eficacia y la simplificación de los procedimientos.

Esa extrema simplificación obligaría a partir de ahora a todos los concejales a tomar también notas a mano de los contenidos de los debates que quieran consultar, ya que se elimina la transcripción de los mismos por escrito para las actas. La consecuencia directa es que otra vez  se dificultaría la labor de la oposición y hasta la tan publicitada participación ciudadana en la vida pública, ya que se deja en el limbo jurídico la forma, si es que se considera siquiera, en que los sevillanos accederían a los audios para comprobar la labor que realizan los concejales a los que han votado.

Torrijos: una dimisión que llega dos años tarde

Torrijos anunció el pasado fin de semana que dimitirá como concejal de IU en el Ayuntamiento  de Sevilla después del debate sobre las Ordenanzas Fiscales y los Presupuestos de la ciudad para 2014, con lo que, a lo más tardar en enero, el portavoz de la coalición de izquierdas pondrá fin a un decenio de presencia en la vida municipal.


Según sus propias palabras, aunque está convencido de su inocencia, se va para que los dos procesos judiciales en que se ha visto envuelto (imputado por el supuesto desvío de fondos en la Fundación DeSevilla y la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla) no perjudiquen las perspectivas electorales, en alza, de IU: “No cabe duda -ha afirmado-  de que la repercusión y el tratamiento de los temas judiciales puede perjudicar, sin merecerlo ni estar justificado, la imagen de mi fuerza política y puede debilitarla. Doy un paso al lado para evitar que el proyecto transformador de IU sea agredido utilizando mi nombre”.

EMPUJADO

Pero esa “agresión”, por emplear la misma palabra que Torrijos, la vendría sufriendo desde hace más de dos años, cuando se produjo su primera imputación, sin que en todo este tiempo Torrijos se hubiera visto empujado a la dimisión, como ahora, lo cual se habría debido a varios factores:

1) La posición menos flexible que la de Diego Valderas del nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que no quiere que ningún imputado judicial ocupe un cargo público en representación de la coalición.

2) La soledad política en que se ha visto Torrijos como consecuencia de los ‘nuevos tiempos’ en su formación, evidenciada en el hecho de que ningún responsable de peso en IU le acompañó en el camino a su última comparecencia judicial, al contrario de lo que ocurrió en la primera. Podría decirse que el aún portavoz del grupo municipal “ha entendido el mensaje”.

3) La prohibición, por las normas internas de IU y que Torrijos no ha conseguido cambiar para convertirse en excepción, de repetir como candidato en la lista para las elecciones municipales por cuarta vez consecutiva (ya lo fue en 2003, 2007 y 2011). Torrijos, pues, es en este sentido un político amortizado: representa el pasado y no el futuro  para  la coalición, y realmente su desgaste personal por motivos judiciales, justo o injusto, acabaría repercutiendo en las expectativas electorales de su coalición, la cual, con su adiós, suelta lastre, por decirlo en términos náuticos.

4) A un año y medio de las elecciones municipales de 2015, la forzada (por la nueva dirección regional) dimisión de Torrijos permite a IU disponer de suficiente margen de tiempo para foguear a su futuro alcaldable y que el electorado vaya poniéndole cara y no sea un desconocido. Aunque dada la singularidad de los procesos internos de la coalición puede ocurrir cualquier cosa, de momento quien más probabilidades tiene de sustituir a Torrijos es el coordinador local, José Manuel García.

PERVERSIÓN POLÍTICA

Pero una cosa es que Torrijos dejase el cargo al finalizar normalmente el periodo de cuatro años por el que fue elegido concejal por los ciudadanos y otra muy distinta que lo haga presionado por la dirección de su formación política por su imputación en dos causas judiciales y conforme a la doctrina de IU de que toda imputación debe suponer la dimisión del responsable así señalado ante la opinión pública.

Los propios partidos políticos, al establecer la ‘pena del Telediario’ para quienes hacen el ‘paseíllo’ camino de los Juzgados a prestar declaración ante el juez como imputados, han acabado pervirtiendo el sentido original de esta figura jurídica y sin respetar la presunción de inocencia de aquéllos; al contrario, sin mediar siquiera una condena que justifique la exigencia posterior de responsabilidades también políticas además de las penales, el imputado acaba convertido ‘a priori’ en un presunto culpable, sobre todo si milita en otra facción dentro del propio partido y que no es la corriente mayoritaria en esos momentos, o en otro partido político.

CONTRADICCIONES

En este sentido, el caso de Torrijos es paradigmático, visto desde dentro y desde fuera de IU. Desde dentro, porque Torrijos dimite por su doble imputación en los casos DeSevilla y Mercasevilla, pero sin haber sido condenado en sentencia firme siquiera, la misma semana en que el diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue condenado a siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad tras la ocupación de la finca militar ‘Las Turquillas’, en Osuna, en julio de 2012.

Según la doctrina de IU, Gordillo debería haber dimitido ‘ipso facto’ como diputado y alcalde, pero el nuevo coordinador general, el mismo que ha presionado para la marcha de Torrijos, descarta la salida de aquél al estimar, sin ser juez, que su condena es “injusta”. El condenado se queda y el no condenado se va. Como se ve, la doctrina de IU también tiene sus excepciones, según convenga.

Y desde fuera de IU, porque es sabido que el PP, que señaló a Torrijos como la ‘bestia negra’ en su estrategia de debilitar al gobierno de Monteseirín por su flanco más débil agitando el espantajo comunista para evitar así la repetición de la coalición postelectoral y propiciar el acceso de Zoido a la Alcaldía, tiene sólo en la comunidad de Valencia 100 imputados en sus filas, sin que les haya exigido la dimisión.

UN PRECEDENTE

¿Y si Torrijos fuera declarado inocente en las causas en que está inmerso? Recordemos: no todo imputado o procesado es acusado, ni todo acusado resulta condenado o culpable, aunque los políticos se comportan (según sus intereses) como si lo fueran.

El caso por antonomasia es el del primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), en la Transición. Once de los trece trabajadores de una empresa textil de su propiedad, Pekus, le pusieron una querella criminal por entender que había simulado su venta al antiguo gerente con el pretendido fin de defraudar sus derechos. Demetrio Madrid fue imputado por la Justicia y de inmediato el entonces líder de la oposición regional, José María Aznar, exigió su dimisión.

El presidente castellano-leonés confesó años después que fue un ingenuo al pensar que su dimisión como presidente autonómico (año 1986) le serviría para que resplandeciera su honorabilidad en los tribunales y que una vez demostrada su inocencia podría volver a concurrir a las elecciones autonómicas en 1987. Fue un ingenuo porque por la lentitud de la Justicia (es conocido el adagio de que una Justicia lenta no es Justicia) el juicio no se celebró hasta diciembre de 1989. Hasta entonces sufrió un calvario personal y político, le volvieron la espalda sus propios correligionarios y Aznar -merced a aquella crisis política- ganó las elecciones regionales y desde el trampolín de la Presidencia de Castilla y León dio el salto a la política nacional y al liderazgo del PP.

El ‘apestado’ Demetrio Madrid fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables. El Tribunal falló no sólo que no había habido venta simulada, sino que el ex-presidente había mantenido abierta durante varios años una empresa que sólo le provocaba pérdidas, pese a lo cual y la nula actividad de la compañía abonaba los salarios de la plantilla de su bolsillo hasta el punto de poner en peligro el patrimonio familiar y sus ingresos como presidente de la Junta.

Un hombre ejemplar, víctima de una cacería política, sin que se respetase su presunción de inocencia ni se le devolviese la posición perdida ni se le procurara una reparación en ningún sentido. La lección que debió extraerse, y que no se ha extraído, del caso de Demetrio Madrid es que ni imputado ni procesado equivale a culpable.

CONDENA PREVIA

Sentado este principio, Torrijos ha dimitido demasiado tarde, porque lo debería haber hecho por otra causa y no por las dos en que ahora se le imputa. Debió haberse ido hace más de dos años, cuando fue condenado por el Juzgado de lo Social Número 6 por acoso laboral a la directora de la Oficina de la Bicicleta, Josefa García Jaén, que se había negado a acatar unas órdenes suyas que “no eran viables” legalmente. Vamos, que eran ilegales. Según la sentencia, quedó probado que Torrijos participó en una “actuación vulneradora de los derechos fundamentales”.

Que un líder de una coalición como IU, que se dice de izquierdas y defensora de los trabajadores, haya sido condenado por acosar y vulnerar los derechos de una trabajadora es, además de impresentable, antiestético y antiético y razón más que suficiente para que entonces, y no ahora, IU le hubiera exigido su acta de concejal.

El crédito para pagar las pérdidas de la Davis costó 144.704 euros

El déficit de un millón de euros en números redondos que dejó la celebración en Sevilla, en diciembre de 2011, de la final de la Copa Davis de tenis obligó al Ayuntamiento presidido por Zoido a solicitar un crédito bancario para afrontar las pérdidas, pero las vicisitudes con el expediente municipal fueron tales que acabó generando unos gastos desorbitados por valor dde 144.704 euros.

El gobierno local ha tardado casi dos años en cerrar el expediente abierto con motivo de la final de la Copa Davis, que la selección española de tenis ganó al imponerse en la final a la de Argentina, y todo este tiempo le ha ido engrosando la factura a la Appes, el ente que recibió el encargo de organizar el evento deportivo para, paradójicamente, agilizar las contrataciones y el papeleo prescindiendo de los procedimientos administrativos imperantes en el Consistorio, ya que así, supuestamente, se evitaba la ralentización que podría provocar la burocracia municipal.

Aunque Zoido prometió que la Copa Davis no costaría ni un solo euro a los sevillanos porque se iba a financiar mediante patrocinios privados, las expectativas en este sentido no se cumplieron y el balance arrojó unas pérdidas de un millón de euros en números redondos. Mientras se clarificaban las cuentas de ingresos y gastos y el resultado final ante la opinión pública, hubo que afrontar el ‘agujero’ tenístico pidiendo un crédito de un millón de euros a Cajasol, con un plazo de seis meses (mayo de 2012) y al llamativo interés -por elevado- del 7%, que generaría unos pagos de 35.000 euros. A este coste hubo que añadírsele 3.407 de comisión de apertura, 395 en concepto de caja de seguridad y 348,39  de notaría.

Sin embargo, llegado el vencimiento el Consistorio no pudo devolver el dinero, por lo que acordó, ya con La Caixa, una prórroga, otra vez con unos intereses del 7%, que habría de suponerle unos costes de 29.750 euros. A la vista de lo acaecido anteriormente, la entidad catalana se cubrió las espaldas imponiendo 8.139 euros en concepto de intereses de demora para caso de impago en el plazo establecido. Y aunque se trataba de una mera prórroga del crédito inicial y el Ayuntamiento debería ser teóricamente un cliente ‘VIP’ para cajas y bancos, sorprendentemente éste accedió a pagar otra comisión de apertura que incrementaron la factura en 10.000 euros más. Y por gastos de corretaje, 286,47 euros.

Pero el expediente municipal seguía empantanado y sin aprobarse, ya que sufrió dos grandes parones debido a informes técnicos contrarios, por lo que no acabó aprobándose hasta el pasado mes de octubre. En el ínterim vencía la prórroga del crédito y no había manera de librar el dinero desde la Hacienda municipal para afrontar el pago. ¿Solución? Volver a prorrogar el crédito, ya por segunda vez y, obviamente, con La Caixa. Y también se actuó como si se tratara de un préstamo nuevo, ya que hubo que afrontar 10.000 euros como comisión de apertura y otro corretaje, esta vez de 357,89 euros. Con un interés al 7% anual, el coste se incrementó en 47.022 euros.

Al final, el crédito para tapar el ‘agujero’ de la Davis les ha acabado costando a los contribuyentes sevillanos 144.704 euros en gastos financieros, lo que en la práctica supone que el millón de euros se pagó al 14,47% de interés.

El Consistorio pagó 134.794

euros de facturas ‘impropias’

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Juan Espadas, ha enviado una carta al alcalde, Juan Ignacio Zoido, en la que le pide que solicite a la Federación Española de Tenis que reintegre 134.704,59 euros que el Ayuntamiento de Sevilla ha pagado en la final de la Copa Davis por gastos que, según los informes emitidos por la jefa de Servicio municipal, no estaban previstos en el pliego de condiciones como obligación para la organizadora.

Entre los gastos imprevistos e impropios del Consistorio se encuentran, según Espadas, todos los correspondientes a la partida 2.11, bajo el epígrafe ‘tras peticiones y mejoras’, y que se desglosan de la siguiente forma:

-Grúa adicional para la cubierta principal:, 7.145,00 euros

-Coordinación del montaje:                         9.756,59 euros

-Ampliación de la pista para publicidad:     9.438,00 euros

-Iluminación de los entrenamientos:         24.401,92 euros

-Zona Village:                                            30.360,00 euros

-Mayores cerramientos:                           50.925,58 euros

-Fotógrafo:                                                  2.677,50 euros

Destacan los 30.360 euros aportados por el Ayuntamiento para la denominada ‘Zona Village’, que en realidad consistió en la habilitación de un área para los ‘Vip’  a petición de la Federación Española de Tenis, que así le cargó otro coste más a la Hacienda municipal.

 

Los Vovis de Zoido

Al igual que hoy, hace un cuarto de siglo el de los guardacoches era un problema aparentemente irresoluble en la ciudad. El entorno de los grandes hospitales y de las sedes de las Administraciones Públicas y cualquier calle con elevada frecuencia de paso de automóviles estaban tomados por los posteriormente conocidos como ‘gorrillas’, los cuales, con su sola presencia intimidatoria, cuando no con sus coacciones y amenazas, forzaban a los conductores a pagarles un ‘impuesto revolucionario’ disfrazado de donativo o propina graciable.

Al llegar a la Alcaldía, Alejandro Rojas Marcos, todo un animal político y dotado de un sexto sentido para su oficio, se aplicó la máxima clásica de “si no puedes con tu enemigo, únete a él”, y dio luz verde en 1994 a un convenio de colaboración con la Asociación de Parados Mayores de 40 años (PM-40), en virtud del cual se crearon los Vovis o Voluntarios Vigilantes de Sevilla.

Con los Vovis, el Ayuntamiento trató de establecer ante la opinión pública una distinción entre guardacoches ‘legales’ e ‘ilegales’, como si el hecho de vestirse con un uniforme ‘sui generis’, portar gorra de plato y colocar en el parabrisas de los coches tickets cortados de un talonario equiparara a los primeros a agentes de la autoridad y legitimara la ocupación de la vía pública.

Los sevillanos, que ya pagan al Ayuntamiento un impuesto de circulación de sus vehículos -el ´sello´del coche-, nunca han aceptado el principio de tener que pagar por aparcar en la vía pública, ya fuera al ‘gorrilla’ o al Vovi, pese a las indudables diferencias de educación, talante y demás entre uno y otro, máxime cuando el Consistorio también trata de hacer caja a costa de los automovilistas con la ampliación de la zona azul y la crisis económica ha dado un golpe a los bolsillos.

‘VOLUNTARIOS’ LABORALES

Rojas Marcos se inventó o apadrinó los Vovis del tráfico durante su mandato y en los últimos días hemos tenido en el Ayuntamiento dos muestras del ‘voluntariado’ laboral que, según las denuncias de los sindicatos y de la oposición, se ha inventado el gobierno de Zoido.

Como se recordará, a consecuencia del Plan de Ajuste y la denominada ‘tasa de reposición cero’, el Ayuntamiento se ha ahorrado durante estos dos años y medio de mandato 19 millones de euros al dejar sin cubrir las plazas pendientes en la plantilla municipal y sin contratar tampoco a nadie para suplir a los que se iban jubilando. El resultado es que hay unas 900 plazas vacantes, por lo que el trabajo o no se hace (casos de las bibliotecas municipales que no abren por las tardes) o recae sobre el personal superviviente.

Pero hete aquí que la Junta de Andalucía, esa Administración que según dicen en la Plaza Nueva boicotea sistemáticamente a Sevilla, concede a la ciudad varios millones de euros en el marco del programa de empleo contra la exclusión social, a fin de que la Corporación pueda aliviar la situación de mil parados de larga duración mediante contratos temporales por un plazo de tres meses, con sueldos de mil euros y jornada laboral de cinco horas y media.

El Ayuntamiento convocó para realizar con cargo a los dineros de la Junta mil contrataciones temporales de forma escalonada hasta la primavera. Se presentaron casi 11.000 aspirantes, de los que 3.140 cumplían todos los requisitos, pero 2.000 se han quedado fuera del programa porque los 3,2 millones de euros del Gobierno autónomo no dan más de sí.

ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Así pues, han sido seleccionados 1.100 sevillanos en riesgo de exclusión social para, conforme al decreto de la Junta, ser ocupados en zonas degradadas de la ciudad, eufemísticamente denominadas “de transformación social”, como Torreblanca, el Polígono Sur, Tres Barrios….

Sin embargo, UGT, CCOO, Csif y hasta el Sindicato de Bomberos han denunciado que el Consistorio ha reclutado a los parados de larga duración para que en vez de acudir a los barrios marginados ocupen las vacantes libres como consecuencia del Plan de Ajuste y hagan labores propias de los funcionarios y del personal laboral municipal. Así, los contratados temporalmente fueron desembarcados en la Imprenta Municipal, la Comisaría de la Policía Local de La Ranilla, el Registro de la calle Pajaritos, la nave de mantenimiento del polígono Calonge…. y puestos desde a limpiar las dependencias hasta archivar papeles.

Obviamente, el gobierno lo niega todo y esgrime que se dedicarán a “tareas accesorias y complementarias en diversos puestos y diferentes zonas de la ciudad”, una aseveración que puede significar cualquier cosa.

CERRO-AMATE

El segundo ejemplo del ‘voluntariado’ de Zoido lo tenemos en el distrito Cerro-Amate, donde a estas alturas del año todavía no se ha adjudicado a ninguna empresa la organización de los talleres socioculturales porque pese a que cabía la posibilidad de prorrogarle el contrato a la adjudicataria del curso anterior, 2012-2013, la Intervención Municipal emitió un informe negativo, por falta de crédito.

Así que a partir del 13 de septiembre hubo que empezar desde cero el procedimiento, con la aprobación de los pliegos para una nueva convocatoria por concurso público. Al abrirse los sobres el pasado 8 de octubre se comprobó que se habían presentado once empresas y ahora falta seleccionar la mejor oferta.

No obstante, el 30 de septiembre se había publicado en la página web municipal un documento en el que se enumeraban todos los talleres que se van a organizar y los nombres y apellidos de los monitores que los van a impartir. El informe había sido elaborado por una persona al servicio de la anterior empresa que organizó los talleres 2012-2013, y otro personal de la misma informaba a los vecinos sobre los cursos y recogían las solicitudes para la inscripción, todo ello sin que se hubiera fallado todavía el concurso público convocado a tal efecto.

EL PRETEXTO

Ante tal cúmulo de irregularidades, denunciadas por los socialistas, el Ayuntamiento sostiene la tesis de que en realidad no se trataba de trabajadores de la anterior empresa adjudicataria, sino de voluntarios que colaboraban desinteresadamente con el distrito adelantando el trabajo mientras se procede a la selección de la compañía adjudicataria de los talleres.

En estos veinte años de evolución de la vida municipal, Zoido ha conseguido, pues, perfeccionar la figura de los Vovis inventados por Rojas Marcos. Mientras aquéllos sólo se prestaban a vigilar los coches aparcados en las calles a cambio del donativo de los conductores, los Vovis de Zoido lo mismo archivan documentos, que limpian la Jefatura de la Policía y organizan talleres socioculturales en plan gratis total para el Ayuntamiento, como si éste fuera una inmensa ONG.

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Zoido mantiene 31 directivos que ganan más que él como alcalde

El proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014 declara “nulos de pleno derecho” los acuerdos o contratos de directivos de empresas públicas cuyas retribuciones superen la fijada para la presidenta del Gobierno andaluz, 63.808,20 euros. Esta política contrasta con la del Ayuntamiento de Sevilla, donde 31 directivos o altos cargos perciben más de los 59.831 euros anuales estipulados para el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

El último pleno municipal aprobó no sólo las Ordenanzas Fiscales para 2014, sino también el polémico sueldo de la directora general de Hacienda y Gestión Presupuestaria, Tereja Ojeda, fijado ahora en 105.000 euros anuales.

La delegada de Hacienda, Asunción Fley, defendió el nuevo salario de Ojeda con el argumento de que asumía también la Dirección General de Recursos Humanos tras la destitución de su antiguo titular, con lo que al fusionar los dos cargos en uno solo el Ayuntamiento se ahorrará en realidad 30.000 euros, ya que el sueldo de la doble directora pasa de sus antiguos 75.000 a 105.000.

Para los partidos de la oposición, PSOE e IU, la aprobación de este nuevo salario únicamente con los votos favorables del PP resulta “indecente”, dados los recortes de las nóminas del personal municipal y las vacantes de plantilla dejadas sin cubrir como consecuencia del Plan de Ajuste, cuando el Consistorio podría haberse ahorrado íntegramente el salario que percibía el anterior director general de Recursos Humanos en vez de destinar el 50% del mismo a subirle a la directiva ahora promocionada.

La oposición sostiene que la fusión de las dos direcciones generales demuestra en el fondo que una de ellas era innecesaria y que la directiva que asume ambas competencias no va a trabajar a doble turno como para hacerse acreedora al cobro de 105.000 euros en vez de 75.000.

En este sentido, la posición defendida por Juan Espadas, el portavoz municipal socialista, es que los 31 directivos y/o altos cargos del Ayuntamiento y sus empresas cobren en 2014 no más que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, cuya retribución ha quedado fijada en 59.831,24 euros anuales.

Según las estimaciones de Espadas, si esos 31 directivos percibieran lo mismo que el alcalde e incluso se equipara la retribución del jefe de Protocolo, que es de 57.990, la ciudad se ahorraría 644.251,76 euros anualmente. La idea de Espadas no ha merecido el apoyo del PP, por lo que gracias a la mayoría absoluta de éste en el Ayuntamiento esos directivos seguirán cobrando más que Zoido.

EL RANKING DE LOS DIRECTIVOS MUNICIPALES

Esta es la clasificación de directores-gerente, directores generales y otros altos cargos del Ayuntamiento y de sus empresas según el departamento o la sociedad municipal en que desarrollan su labor:

1) Director-gerente de Fibes 150.000 euros

2) Emasesa 134.000 euros

3) Urbanismo 120.000 euros

4) Emvisesa 113.700 euros

5) Hacienda 105.000 euros

6) Tussam 102.000 euros

7) Lipasam  98.600 euros

8) Instituto Cultura (ICAS) 98.000 euros

9) Agencia Tributaria 93.500 euros

10) Instituto de Deportes (IMD) 86.700 euros

11) Innovación   75.200,99

12) Régimen Interior 75.200,99

13) Seguridad 75.200,99

14) Cultura 75.200,99

15) Asuntos Sociales 75.200,99

16) Familia y Salud 75.200,99

17) Coordinación Servicios   75.200,99

18) Participación Ciudadana     75.200,99

19) Consorcio de Turismo 75.200,99

20) Instituto Tecnológico (ITAS) 64.606,00

21) Comunicación 60.221,14

22) Jefe Gabinete Alcaldía 60.221,14

23) Medio Ambiente 60.221,14

24) Empleo y Economía 60.221,14

25) Movilidad 60.221,14

26) Zonas de Especial Actuación 60.221,14

27-31) Tribunal Económico (5 miembros)      60.221,14

 

El Correo de Andalucía

Me llega un tuit del alcalde en el que da todo su apoyo y ánimo a los trabajadores de El Correo de Andalucía, “que -dice- defienden su empleo y la continuidad de un diario centenario”. Me indigna tanta hipocresía. La situación del decano de la prensa se vuelve contra la política de comunicación de Zoido y su arbitrario reparto de la publicidad institucional, que debería regirse por criterios objetivos (EGM, OJD…). Mientras que a su boletín oficial, que ha ocultado que cobraba sobresueldos, lo ha recompensado con casi 650.000 euros, patrocinios por otras vías aparte, al Correo y a otros los ha dejado a dos velas, cuando no los ha excluido por su línea crítica. ¿Cuántos anuncios de las Santas de Zurbarán ha puesto Zoido en El Correo? ¿O cuántos sobre la renovación de las casetas de la Feria de Abril y la información pública de las Ordenanzas Fiscales? Con que sólo se hubiera atenido a su cuota de lectores y de mercado  en el reparto del pastel, quizás Zoido habría contribuido a prolongar la vida del periódico en vez de lamentarse farisaicamente por su agonía.

 

Sevilla capital vuelve a rebasar la barrera de los 90.000 parados en octubre 2013

El número de parados en Sevilla capital durante el mes de octubre de 2013 ha sido de 90.275, según los datos oficiales de los registros del Servicio de Empleo, antiguo INEM, divulgados ayer por el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales, que dirige la onubense Fátima Báñez. Esta cifra supone un incremento en 1.487 desempleados en comparación con el mes de septiembre (88.788), un 1,67% más. El paro también sube en el conjunto de la provincia de Sevilla, al pasar de los 248.389 del mes de septiembre a los 252.711 de octubre, un incremento en 4.322 personas, que porcentualmente es del 1,74, ligeramente superior al de la capital.

Con los 90.275 parados de octubre, Sevilla capital vuelve a sobrepasar la barrera psicológica de los 90.000 desempleados, algo que no ocurría desde el mes de marzo del año en curso (91.037). Es el quinto mes durante los casi dos años y medio del mandato de Juan Ignacio Zoido como alcalde de la ciudad en que se produce esta circunstancia. En la comparativa interanual, de octubre de 2012 a octubre de 2013, el descenso ha sido de 409 desempleados, al pasarse de los 90.684 parados de hace un año por estas fechas a los actuales 90.275. Cuando Zoido llegó a la Alcaldía había 77.000 parados en números redondos, con lo cual el balance en su mandato es de un incremento superior a los 13.000 desempleados, sin que en todo este tiempo, tal como recalcó el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) en un reciente informe, haya fructificado una sola iniciativa en el seno del Ayuntamiento, tanto por el partido del gobierno como los de la oposición, para paliar la lacra del desempleo en la capital de Andalucía y pese a que Zoido llegó a la Alcaldía con la promesa de convertirse en ‘el alcalde del empleo’.

La estadística del Ministerio de Empleo refleja que sigue siendo mayor el número de mujeres en demanda de trabajo, 48.584, que el de hombres, 41.691. Por edades, el colectivo más afectado es el comprendido entre los 45 y los 49 años, ya que hay 12.337 parados. Le sigue el de entre 35 y 39 años, con 12.006, y el de entre 40 y 44 años, con 11.355 desempleados. En los restantes grupos de edad, el paro se distribuye de la siguiente forma: menos de 20 años, 1.554; entre 20 y 24 años, 7.399; entre 25 y 29 años, 9.820; entre 30 y 34 años, 10.912; entre 50 y 54 años, 10.669; entre 55 y 59 años, 8.765, y más de 59 años, 5.458 parados.

Por sectores económicos, el paro ha subido en todos menos en la construcción, en este caso por segundo mes consecutivo, contrariamente a lo que pudiera pensarse tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el estancamiento en la venta de viviendas. La evolución ha sido la siguiente: en Agricultura hay 1.242 parados en octubre ( + 27); en Industria, 6.309 (+ 181); en Construcción, 9.159 ( -147); en Servicios, 61.166 (+ 1.026), y en el colectivo de Sin empleo anterior, 12.399 (+400).

Se ha invertido la tendencia en Agricultura e Industria, en las que en septiembre se registró bajada en su número de parados pero en las que en octubre vuelve a subir. Los dos sectores que siguen acumulando desempleados un mes tras otro son Servicios y el colectivo Sin empleo anterior, lo que demuestra que ni siquiera los aparentemente buenos datos turísticos se traducen en generación de empleo, mientras que nuevas hornadas de personas tratan de acceder al mercado laboral sin conseguirlo.

El paro sube en 67 municipios de la provincia

de Sevilla y afecta ya a 252.711 personas

El incremento en octubre es de 4.322 desempleados, un 1,74% más

Dos Hermanas sufre un incremento de 577 parados, seguido de Utrera, con 219 más

En diez municipios se supera el centenar de desempleados más en octubre

Écija, con 156 parados menos, lidera el grupo de 36 donde hay descenso
El desempleo ha subido en el mes de octubre de 2013 no sólo en Sevilla capital, sino también en la provincia, al pasar el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) de los 248.389 de septiembre a los 252.711. Ha habido, pues, un incremento en 4.322 desempleados, porcentualmente un 1,74% más y en proporción también por encima de la capital.

Al igual que en la capital de Andalucía, la Construcción es el único sector en la provincia de Sevilla que ha registrado un descenso de parados en octubre de 2013, con una reducción del 1,73%, pero en todos los demás la evolución ha sido negativa. Las cifras que ofrecen las oficinas del Servicio Público de Empleo son las siguientes: Agricultura, 13.964 parados (+ 11,13%); Construcción, 35.469 ( -1,73%); Industria, 21.063 (+ 1,30%); Servicios, 152.010 (+1,85%), y el colectivo Sin empleo anterior, 30.205 (+ 1,77%). Resalta enormemente el fuerte incremento del paro en el sector primario, nada menos que un 11,13%, hecho demostrativo del impacto del final de algunas campañas agrícolas.

Por sexos, el desempleo sigue afectando más a las mujeres, 131.785 (+1,16%), que a los hombres, si bien en los varones la tasa de incremento ha sido en octubre superior: 120.926 (+2,38%).

Por edades, la lacra del paro golpea a todos los grupos, pero con más saña en los jóvenes, tal como muestran los siguientes datos: menores de 25 años, 29.224 parados (+4,19%); entre 25 y 44 años, 127.528 (+1,38%), y mayores de 45 años, 95.959 (+1,49%).

De los 105 municipios de la provincia de Sevilla, el desempleo ha subido en 67, ha bajado en 36 y se ha mantenido igual en tan sólo dos: Alcolea del Río y El Madroño. El pueblo que lidera la estadística del descenso es Écija, con 156 parados menos, seguido de Lora del Río y Alcalá de Guadaíra, con 149 desempleados menos en ambos municipios; Estepa, donde ya se ha notado el trabajo en las fábricas preparando la campaña de los mantecados de Navidad, con un descenso de 86 parados, y Cantillana, con 61 menos. Esto no significa que el problema se haya resuelto, ni mucho menos, en estos municipios, ya que Écija aún tiene 5.655 parados; Alcalá de Guadaíra, 12.063; Estepa, 829; Lora del Río, 1.978, y Cantillana, 1.167.

La lista de los 36 municipios donde desciende el paro es la siguiente, con el número de desempleados menos entre paréntesis: Alanís (-12), Alcalá de Guadaíra (-149), Almadén de la Plata (-8); Badolatosa (-21); Brenes (-49); Burguillos (-2); Las Cabezas de San Juan (-32), Cantillana (-61), Castilblanco de los Arroyos (-7), Castilleja de Guzmán (-23), Castilleja de la Cuesta (-14), Castilleja del Campo (-8), El Castillo de las Guardas (-1), Cazalla de la Sierra (-8), Constantina (-18), Los Corrales (-35), El Cuervo (-49), Écija (-156), Estepa (-86), Gilena (-27), Guadalcanal (-5), Herrera (-49), Lora del Río (-149), Marinaleda (-22), Las Navas de la Concepción (-8), Osuna (-4), Pedrera (-17), El Pedroso (-3), Peñaflor (-31), La Puebla de los Infantes (-17), El Real de la Jara (-4), La Roda de Andalucía (-58), Salteras (-8), El Saucejo (-19), Tocina (-37) y Villaverde del Río (-26).

DONDE SUBEN

Dos Hermanas encabeza el ranking de los 67 municipios donde sube el paro, en su caso con 577 desempleados más, cifra absoluta que guarda cierta proporción con su elevado número de habitantes. Pasa de los 18.973 parados de septiembre a 19.550 en octubre, con un incremento del 3,04% que casi duplica la tasa provincial. Le sigue Utrera, con 219 parados más, ya que pasa de 8.365 a 8.584. Proporcionalmente su incremento es menor que el de Dos Hermanas, ya que asciende a un +2,61%. Tras estos dos grandes municipios hay un grupo de diez donde el incremento del paro ha superado el centenar de personas: Morón de la Frontera (195), Mairena del Alcor (176), La Rinconada (157), Olivares (144), Arahal (131), Camas (130), Mairena del Aljarafe (105), Umbrete (102), Carmona (101) y Marchena (100).  Dentro de este grupo, proporcionalmente donde más sube el paro es en Olivares, ya que ha sufrido un incremento del 11,36%, seguido de Mairena del Alcor, con un 5,45%, y de Morón, con un 5,43%.

La lista de los municipios con incremento del paro es la siguiente, figurando entre paréntesis el número de nuevos parados en octubre: Aguadulce (9), Albaida (46), Alcalá del Río (40), La Algaba (3), Almensilla (21), Arahal (131), Aznalcázar (42), Aznalcóllar (40), Benacazón (70), Bollullos de la Mitación (26), Bormujos (39), Camas (130), La Campana (31), Cañada Rosal (3), Carmona (101), Carrión de los Céspedes (26), Casariche (3), Coria del Río (67), Coripe (2), El Coronil (35), Dos Hermanas (577), Espartinas (43), Fuentes de Andalucía (40), El Garrobo (6), Gelves (18), Gerena (89), Gines (45), Guillena (64), Huévar (11), Isla Mayor (46), La Lantejuela (39), Lebrija (74), Lora de Estepa (1), La Luisana (4), Mairena del Alcor (176), Mairena del Aljarafe (105), Marchena (100), Martín de la Jara (8), Los Molares (31), Montellano (27), Morón de la Frontera (195).

A continuación siguen Olivares (144), Los Palacios y Villafranca (74), Palomares (27), Paradas (26), Pilas (99), Pruna (11), La Puebla de Cazalla (67), La Puebla del Río (66), La Rinconada (157), El Ronquillo (15), El Rubio (2), San Juan de Aznalfarache (75), San Nicolás del Puerto (8), Sanlúcar la Mayor (67), Santiponce (62), Sevilla capital (1.487), Tomares (61), Umbrete (102), Utrera (219), Valencina de la Concepción (17), Villamanrique de la Condesa (24), Villanueva de San Juan (11), Villanueva del Ariscal (43), Villanueva del Río y Minas (26) y El Visor del Alcor (86):

 

«Sólo aciertan cuando rectifican»

El fundador y posterior presidente honorario del PP además de uno de los ‘padres’ de la Constitución, Manuel Fraga Iribarne, acuñó en su época de líder de la oposición a los gobiernos de Felipe González una de esas frases que ha perdurado en la memoria colectiva (como el “puedo prometer y prometo”, de Adolfo Suárez) pese al tiempo transcurrido. “Sólo aciertan cuando rectifican”, dijo para calificar los bandazos que de vez en cuando daba el socialista sevillano, pese a que éste gozaba de una mayoría absolutísima en las Cortes.

FragaSi Fraga levantara la cabeza podría llegar a la conclusión de que aquella máxima suya es aplicable cada vez con más frecuencia a un prócer de su propio partido, el presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el cual no deja de rectificarse a sí mismo tras negar primero la mayor en temas de tanto calado como la rebaja del IBI (su delegada de Hacienda, Asunción Fley, decía que era imposible legalmente cuando quien lo planteaba era la oposición) y de los alquileres de Emvisesa, pero que luego, con la desenvoltura que lo caracteriza (recuérdese que iba a paralizar la torre Pelli cuando se hallaba en la oposición, para luego convertirse en su paladín una vez en la Alcaldía) pregonar como decisiones originales con el fervor del converso que se pone al frente de la manifestación.

RENTA SOCIAL

El pasado 8 de octubre, Zoido compareció en rueda de prensa junto con la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco; el de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, para anunciar la aprobación de un acuerdo en la empresa municipal de la vivienda en virtud del cual se aplicará una renta social a los inquilinos de promociones en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra que se encuentren en situación de emergencia social, una medida que se desarrollará con carácter “urgente y temporal”, para adaptarse a la situación de quienes tienen menos recursos.

Zoido emvisesaAl día siguiente el alcalde vindicó la paternidad de la medida, ignorando de forma deliberada las reiteradas peticiones de la oposición en tal sentido desde hacía meses y señalando sin inmutarse que había sido un compromiso suyo desde el principio pero sin poder explicar cómo en tal caso llevaba casi dos años y medio sin cumplirlo: “El PP ha sido el único gobierno municipal -afirmó- que ha puesto alquileres gratis para quien acredite que no puedo pagar, pero si el PSOE dice que ha sido idea suya, pues que lo diga, pero no sé a quién van a terminar engañando”.

La hemeroteca, ese depósito de la memoria, pone siempre a cada uno en su sitio. Así, tirando de hemeroteca puede comprobarse que tan sólo una semana antes, en el Pleno municipal de septiembre, los socialistas volvieron a reiterar su solicitud de que se rebajaran los alquileres a los inquilinos en dificultades económicas, tal como luego, el 8 de octubre, acabó anunciando el alcalde.

NEGATIVA

Para rechazar la petición, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, respondió como si el PSOE hubiera planteado una medida de carácter general e independiente de las rentas y circunstancias de cada inquilino para, a partir de ahí, construir su discurso justificatorio de la negativa: “una rebaja general -dijo- del precio del alquiler de viviendas, incluso para aquellos que ahora siguen teniendo los mismos ingresos que cuando firmaron su alquiler, sería injusta y discriminatoria. Esa política, ellos (por los socialistas) no la aplican allí donde gobiernan, porque es pura demagogia, olvidando que Emvisesa la pagan todos los ciudadanos, que quieren que su dinero se administre bien para atender las verdaderas situaciones de necesidad. No podemos saltarnos la ley”.

EspadasEl anuncio de la rebaja por parte de Zoido se produjo no sólo después de haberlo reiterado la oposición, sin éxito entonces, en el Pleno de septiembre, sino también de la carta que Juan Espadas remitió a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que le pidió que abriera una investigación sobre el grado de cumplimiento de sus recomendaciones y sobre la gestión de la vivienda protegida y vivienda social por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

Espadas, entre otras muchas cuestiones, subrayó ante la Defensora del Pueblo que el gobierno local no concedía rebaja alguna de los alquileres a pesar de las circunstancias concretas de cada caso, y que tampoco estaba procediendo a recalificar viviendas sociales de venta para destinarlas a alquiler, a pesar de los acuerdos en tal sentido en el Pleno, de las recomendaciones de la propia Soledad Becerril y de que Emvisesa había reconocido la existencia de 184 viviendas en venta vacías.

Ha sido, pues, la oposición de PSOE e IU la que ha estado prácticamente desde los albores de este mandato insistiendo a Zoido en que modificara su política de vivienda y aplicara las medidas que ha tardado casi dos años y medio en adoptar, pese a lo cual el alcalde trata de aparecer ahora como el abanderado de las mismas. Prueba de esta improvisación es que el Ayuntamiento tardó tan sólo 24 horas en volver a rectificarse a sí mismo.

EL CAMBIO DEL IPREM

En la rueda de prensa con Dolores de Pablo, Maximiliano Vílchez y Miguel Contreras, tal como recogieron los medios de comunicación, el alcalde anunció que las unidades familiares sin ingresos sólo tendrían que afrontar el pago de la comunidad y de suministros como el agua y la luz, mientras aquellas cuyos ingresos no superen en una vez el valor del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) deberán pagar como máximo el 30% de los mismos, con un mínimo de 50 euros.

Dado que una vez el Iprem equivale a 532,51 euros, tanto PSOE como IU calificaron de insuficiente la medida, porque supondría que muchas familias en dificultades económicas no podrían acogerse a la bonificación y porque el límite establecido era aún más restrictivo, a la baja, que para los pisos sociales, donde se toma como indicador de 1,5 veces (796,53 euros) a dos veces el Iprem.

Y de nuevo el gobierno municipal hubo de rectificarse a sí mismo. El delegado de Urbanismo, Vílchez, saltó a la arena pública para sostener, conforme al manido argumento de que los medios habían malinterpretado al alcalde, que Zoido no iba a la zaga de Espadas y Torrijos porque el indicador que en realidad se tomaría como referencia sería 1,5 veces el Iprem (796,53 euros) y no una vez (532,51), con el fin de que el número de beneficiarios fuera mayor.

EL ERROR COMO EXCUSA

Mientras Vílchez enmendaba la plana al mismísimo alcalde culpando a la prensa, la página web emvisesa weboficial de Emvisesa le dejaba a su vez en evidencia a él mismo al establecer como condición para las bonificaciones a los alquileres el requisito que había anunciado Zoido: los ingresos familiares no superarían los 532,51 euros. Pillado otra vez en sus contradicciones, a Urbanismo ya sólo le quedaba alegar que se trataba de otro de sus ya clásicos “errores inmateriales”, el tercero de gravedad en el que ha tenido que ampararse desde el inicio del nuevo curso político.

Y con esa desenvoltura que le caracteriza para sostener primero una cosa y luego la contraria, Zoido también ha dicho con motivo de esta polémica sobre vivienda que su gobierno fue el primero de España que tomó la medida de que no iba a haber ningún desahucio en las viviendas de Emvisesa.

En este caso se le olvidó también decir que forzado por las demandas de la oposición y las protestas vecinales tras haber enviado la empresa municipal cartas de desahucio a cien familias en San jerónimo y el suicidio de varias personas desahuciadas en distintos puntos de España.

Y, una vez más, Zoido acertó cuando rectificó.

Como decía Fraga.

 

Buenas Letras

La Academia de Buenas Letras (1751)  está en situación crítica debido a que el Ministerio le ha retirado la subvención de 7.200 euros, al igual que la Fundación Cajasol la suya de 4.000, mientras que la Junta se la ha reducido a 8.500. Con la ayuda de 9.700 euros que mantiene el Ayuntamiento más algún patrocinio como los de Abengoa y Cruzcampo, la Academia no cubre ni la mitad de su presupuesto anual de 60.000 euros, que necesita para pagar un portero y un administrativo -los cuales llevan sin cobrar desde junio- y las facturas del teléfono, la luz y otros servicios.

Por mucho que se rasguen las vestiduras y se quejen por el agravio comparativo de que el ministro Wert haya mantenido su asignación a las academias catalana, vasca y gallega, los
académicos sevillanos no se han percatado aún de que, como cantaba Bob Dylan, los tiempos están cambiando y que en esta situación de gravísima crisis socioeconómica, en que hasta los enfermos crónicos van a tener que pagar por sus medicamentos en los hospitales y se recortan por doquier los servicios básicos, ya no pueden aspirar a mantener el mismo status.

Sería una enorme paradoja que en la tan denostada cultura de la subvención en Andalucía se perpetuara una cultura subvencionada que, por ende, priva de libertad crítica a los entes que viven del dinero público. Nos hallamos en la darwiniana disyuntiva de que quien no se adapte a los nuevos tiempos se condena a sí mismo a la extinción.

El director del museo Albertina de Viena declaró en Madrid que han reducido hasta el 40% su dependencia de los fondos públicos. Por idéntica senda camina en Sevilla el Teatro de la Maestranza, que ha lanzado la campaña 1.000 x 1.000 para tratar de autofinanciarse en parte y suplir con dinero privado los recursos que han dejado de aportarle las Administraciones.

Miembros del CSIC me contaban durante la inauguración del planetario en el pabellón del Perú que cada vez se financian más en Sevilla mediante acuerdos con empresas privadas y con los ingresos de los eventos que organizan. Y con la mitad del presupuesto de la Academia de Buenas Letras, Benedicte Palko ha organizado mediante el ‘crowdfunding’ el Festival Turina y montado 11 conciertos y 75 horas de clases magistrales.

No hay más remedio que bajar de las torres de marfil y echarse al monte de la vida. La aspiración de nuestros académicos no debe ser la de seguir enganchados a las subvenciones, sino justamente la contraria: librarse de ellas para no depender de Administración alguna.

Zoido, sin fuerza ante Madrid

Hace unos días, los responsables territoriales del PP en la provincia de Sevilla, con su secretario general Eloy Carmona al frente, lanzaban un órdago a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y por su condición de sevillana le pedían que diera un trato especial a la provincia en los próximos Presupuestos del Gobierno autonómico, los primeros con la trianera como máxima responsable de Andalucía.

Por su parte, el alcalde de Sevilla y presidente del PP (A), Juan Ignacio Zoido, enviaba en el último Pleno municipal un mensaje a San Telmo al alardear de que el Ministerio de Hacienda ya había consignado una partida para la ronda intermedia SE-35 en los Presupuestos Generales del Estado, cuya presentación por entonces era inminente. Como es sabido, el Ayuntamiento lleva desde el inicio de este mandato exigiendo que el Gobierno andaluz cofinancie, junto con el de la nación, esta vía de comunicación prometida a Ikea para allegarle clientes a su futura segunda tienda cercana al aeropuerto, una supuesta obligación muy discutible, ya que teóricamente la Junta sólo sería responsable de las vías de comunicación interurbanas y de carácter autonómico, y no de las que discurran por el interior de los núcleos urbanos, que serían exclusivamente de competencia municipal.

En el mismo Pleno de septiembre se aprobó por la vía de urgencia el borrador del convenio para la construcción de forma definitiva de la comisaría de Policía en el Polígono Sur, prevista desde el convenio firmado hace años por Monteseirín con el ministro del Interior dentro de un paquete de cinco en distintos distritos de la ciudad y cuya necesidad, evidente desde siempre, se ha demostrado inaplazable después del tiroteo de este verano, en que murió una niña de tan sólo 7 años de edad.

SIN REFRENDO FINANCIERO

Se trataba, pues, de dos apuestas políticas del alcalde para desbloquear sendos proyectos importantes para la ciudad, la capital de Andalucía, y que debía refrendar económicamente el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, con quien se supone que Zoido tiene hilo directo para poder asumir riesgos ante la opinión pública hispalense contando con una red de seguridad que no le deje en mal lugar. Si los responsables territoriales del PP proclamaron públicamente que esperaban que Susana Díaz tenga algunos detalles presupuestarios con Sevilla por su condición de sevillana, cabría aplicar el mismo razonamiento desde la óptica del PP con un ministro de Hacienda que a su condición de andaluz une la de parlamentario por la circunscripción de Sevilla.

Pues bien, los fondos asignados a Sevilla por el ministro Montoro en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 demuestran la escasa fuerza de Zoido a la hora de poner una pica en Madrid, en su doble condición de alcalde de Sevilla y de presidente del PP (A) y la escasa consideración de Montoro a la circunscripción por la que es diputado, ya que al proyecto-estrella de Zoido, la SE-35 para facilitar la apertura del segundo Ikea, sólo ha destinado un millón de euros, y cero euros para la Comisaría de Policía Nacional en el Polígono Sur y en cualquier otro distrito de la ciudad.

En el caso de la SE-35 hay que recordar que el 23 de septiembre de 2012 el alcalde firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio en virtud del cual el Ministerio aportaría 12,5 millones de euros a la obra de la citada vía de comunicación, cuyo presupuesto estimado es de 50 millones de euros y para la que el Ayuntamiento decía haber reservado 29 millones a costa de modificar previamente el Presupuesto de Urbanismo y detraerle cantidades destinadas inicialmente a obras en los barrios de la ciudad. Más o menos lo mismo que hizo Monteseirín para las Setas de la Encarnación, si bien en este caso en proporciones bastante menores.

Zoido declaró tras la firma del convenio lo siguiente: “La obra de la futura SE-35 es una obra estratégica que conectará todo el tráfico periurbano de Sevilla con la red de carreteras del Estado y descongestionará en gran medida la actual SE-30, además de crear miles de puestos de trabajo en la ciudad”.

ENVITES A LA JUNTA

El alcalde no dejó de lanzar mensajes comprometedores a la Junta para que “arrimara el hombro”: “Es intención tanto del Ayuntamiento como del Ministerio de Fomento -dijo- incorporar a las actuaciones de este Protocolo a la Junta de Andalucía para su participación y colaboración. Pensamos que la Junta de Andalucía debe aportar otro tanto, lo que con la reserva de crédito del Ayuntamiento de 29 millones nos permitirá abordar la construcción de esta iniciativa”.

Pues bien, pese a este carácter estratégico y los supuestos miles de empleos que va a generar la SE-35, la firma del convenio supuso cero euros en los Presupuestos para 2013 y tan sólo un millón para los de 2014, ¡únicamente el 8% del dinero comprometido por Fomento!, cuando Zoido había dado seguridades a Ikea de que todo estaría listo en 2014 para la apertura de su segunda tienda.

Y, una vez más, obligado por la realidad y los incumplimientos de los Gobiernos del PP, Zoido ha cambiado su discurso reivindicativo maximalista ante la Junta de Andalucía. Durante todo este tiempo, confiado en obtener de Madrid los 12,5 millones firmados con la ministra Ana Pastor, el alcalde no ha dejado de reclamarle similar cantidad a San Telmo. Ahora, tras el jarro de agua fría de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, pide “lealtad institucional” a la Junta para que aporte “aunque sea un millón” a la SE-35. Añade que el Ayuntamiento “ya tiene reservados 15 millones de euros en los dos próximos años”. O sea, que ya no son tampoco 19 millones y ahora se conforma con sólo un milloncejo con tal de no enfrentarse al Gobierno de la nación y de no dejarlo en evidencia por haber incumplido su compromiso con Sevilla, de lo que se infiere su escasa fuerza ante Madrid.

No sólo no ha conseguido aún el dinero, sino que en su afán de desbloquear la SE-35 a cualquier precio asumió en el convenio con la ministra de Fomento los gastos de conservación y mantenimiento de por vida de tramos estatales de carreteras que pasan por el término de Sevilla, como la ronda Súper Norte, con lo que según los cálculos de la oposición y en razón de su coste anual, dentro de 15 años el Ayuntamiento ya empezará a sufrir pérdidas en el balance de este peculiar ‘cambio de cromos’. Un negocio ruinoso para la ciudad.

EL CONVENIO DE MONTESEIRÍN

Como también está siendo ruinoso el firmado en 2005 por Monteseirín con el Ministerio del Interior y en virtud del cual el Consistorio sevillano pagó 9,9 millones de euros por el abandonado edificio de la Gavidia (para el que no se encuentra uso y cuya vigilancia ha llegado a costar 174.000 euros anuales), a cambio de que el Gobierno construyera cinco nuevas comisarías de Policía en Sevilla Este, Macarena, Nervión-San Pablo, Los Bermejales y el Polígono Sur.

Ocho años después, sólo se han edificado las dos primeras y con bastantes problemas, mientras que para las restantes no ha habido ni un solo euro en los Presupuestos, ni siquiera tras el tiroteo de este verano en las Tres Mil Viviendas, sin que Zoido haya alzado tampoco la voz en este caso.

Ha destacado sobre todo los 19, 8 millones de euros destinados a la ronda SE-40 y los 39,6 millones para el puerto, cuando de esa autovía sólo hay 16 kilómetros en servicio de los 77,6 kilómetros de que debe constar y su coste total se eleva a 1.200 millones de euros, por lo que los menos de 20 en los Presupuestos Generales son una gota de agua en el océano. Por otra parte, los 33 millones de euros para el dragado en profundidad del río están condicionados, como no se ha cansado de repetir el ministro Arias Cañete, a que se garantice el cultivo del arroz (precisa de una obra de 180 millones de euros, que no se sabe de dónde obtener, para no depender de los aportes de agua dulce del Guadalquivir en el tramo inferior) y la preservación de Doñana, por lo que ese dinero sobre el papel puede quedar congelado ‘ad calendas graecas’.

Lo mejor del Presupuesto son los 20 millones de euros para rematar las conexiones con el pantano de Melonares, pero por la amenaza de perder el dinero de Bruselas, y entre lo que el alcalde no valora figuran los escuálidos 40.000 euros para el Cercanías, vital para descongestionar la isla de la Cartuja, y los cero euros para el Museo de Bellas Artes, pese a la cual Zoido ha declarado que las Cuentas para 2014 “recogen las necesidades prioritarias de Sevilla”.

Así pues, espíritu reivindicativo cero ante Madrid. Veremos cómo reacciona cuando presente sus Presupuestos la Junta de Andalucía.