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El melón de la Gavidia

Espadas está en proceso de abrir un peligroso melón en la antigua comisaría de la Gavidia al plantear primero una rebaja en el nivel de protección patrimonial de este Bien de Interés Cultural (BIC) con el fin de facilitar su venta a esos potenciales compradores que Zoido decía tener y que, al igual que con las cien empresas interesadas en instalarse en la Zona Franca, todavía estamos esperando que aparezcan; y, en segundo lugar, al sugerir que se encuentra en un lamentable estado de conservación y encargar a la Gerencia de Urbanismo un informe técnico tras el que podría dictaminarse su declaración de ruina y posterior demolición, con lo que en vez de un BIC representativo de un estilo arquitectónico y de una época de la ciudad nos quedaríamos con un solar en pleno corazón del Casco Antiguo.

Aun subrayando que Espadas llegó ayer por la tarde, como quien dice, al Ayuntamiento y que ha heredado esta situación de Monteseirín y de Zoido, ¿acaso la Gerencia de Urbanismo no debería conocer de sobra el estado del inmueble sin necesidad de que el alcalde le haga un encargo especial?

Porque el Pleno de la Corporación aprobó el 25 de mayo de 2000 la Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios (ITE), que fue modificada el 20 de mayo de 2004 y, luego, el 28 de septiembre de 2011 (texto refundido en el BOP de Sevilla, 16-XI-2011).

OBLIGACIONES DE LA ITE

La Ordenanza de la ITE regula (Art. 1º) la obligación de los propietarios de construcciones y edificaciones de efectuar una inspección periódica, dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas y el cumplimiento del deber (atención) de conservación impuesto por la normativa urbanística y de régimen del suelo. Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, están afectadas por la obligación de someterse a la inspección (Art. 2).

La Disposición Transitoria Única de la Ordenanza establece los plazos máximos generales para la presentación del primer informe de inspección técnica. Considerando el texto de 2011 en vez de los anteriores (2000 y 2004) y dado que la antigua comisaría de la Gavidia tenía por entonces unos 47 años (se construyó entre 1962 y 1964), en el mejor de los casos el Ayuntamiento, su propietario, debió haber presentado el primer informe de ITE hasta la fecha límite del 6 de julio de 2011, ya con Zoido en la Alcaldía. Esa inspección debió determinar el estado de conservación del edificio, y en caso de amenaza de ruina o mal estado de conservación, el Ayuntamiento tendría que haber actuado de inmediato para preservarlo, tanto por ser un bien municipal como -no se olvide- un Bien de Interés Cultural.

NO CONSTA

La Ordenanza obligaba a la constitución de un Registro informatizado de carácter público en Urbanismo y en el que deben constar como mínimo, la identificación de cada inmueble mediante su referencia catastral, dirección y número de gobierno; año de construcción; protección asignada en el planeamiento; número de expediente asignado e informe de la ITE presentado con una serie de parámetros.

Al ser de acceso público, cualquier ciudadano puede verificar la ITE de cualquier edificio de Sevilla desde el siguiente enlace a la página web de la Gerencia de Urbanismo:

http://www.sevilla.org/urbanismo/test2012/Menu08.asp

Se puede buscar por la dirección del inmueble, que en el caso de la Gavidia es Plaza de la Concordia Nº 2, o por su referencia catastral, que es 4730702TG3443B0001PF.

No hemos podido constatar informáticamente que la Gavidia haya pasado la ITE, aunque dados los conocidos ‘agujeros’ de la página web municipal cualquier sorpresa sería posible. En la más que probable hipótesis de que no haya sido inspeccionada, se consideraría en virtud del Art. 8 de la Ordenanza una infracción muy grave, que sería sancionada con una multa de mínima de 6.000 euros por tratarse de un edificio catalogado.

¿Puede el Ayuntamiento acreditar la ITE de la Gavidia? En caso de que no la haya inspeccionado, ¿va a cumplir la Ordenanza, se va a sancionar a sí mismo con 6.000 euros -de todos los sevillanos- y va a exigir responsabilidades por tal omisión? ¿Con qué autoridad moral puede el Consistorio exigir el cumplimiento de la ITE a los sevillanos y sancionarlos?

Veamos un reciente caso paralelo. La iglesia de los Terceros, otro Bien de Interés Cultural, se encuentra cerrada parcialmente desde mayo por riesgo de desprendimiento de su cúpula. Pues bien, ha sido sometida a la ITE y los inspectores exigen que en un plazo determinado se realicen obras por valor de 500.000 euros para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

CONVENIO INCUMPLIDO

Cuando el Ministerio del Interior cerró en el año 2003 la comisaría de la Gavidia por el traslado de la Jefatura de la Policía al nuevo edificio en Blas Infante ya se apuntó el mal estado en que, supuestamente, aquélla se hallaba, lo cual no fue óbice para que, con Monteseirín como alcalde, el Ayuntamiento le comprara el edificio al Ministerio a cambio de 9,9 millones de euros más la entrega de cinco parcelas valoradas en 2,3 millones. En total, una operación de 12,2 millones en que, como contrapartida, el Gobierno de la nación se comprometía a reinvertir el dinero conseguido en la construcción de cinco comisarías en barrios de Sevilla y en el plazo máximo de cinco años (2010). Estamos en 2015 y es obvio que el Ministerio ha incumplido su compromiso, sin que el Consistorio haya denunciado el convenio pese a la teórica posibilidad de recuperar el dinero y devolverle el inmueble a Interior.

Una de dos: o Monteseirín compró un edificio ya ruinoso al Ministerio aquel 21 de noviembre de 2005, o, presuntamente según los temores de Espadas, entre él y Zoido se lo han dejado arruinar en el decenio transcurrido desde entonces (seis años de gestión del primero; cuatro del segundo).

Otro de los motivos alegados en aquel entonces para justificar la compra del inmueble -comisarías de barrio aparte- era que así se dispondría de un sitio (7.462 m2 de superficie construida) para dotar de equipamientos públicos al Centro, donde prácticamente no había ni hay espacios libres. En tal sentido, en el PGOU de 2006 la Gavidia fue calificada como Sistema General/S.I.P.S.-Sociocultural. Sin embargo, Monteseirín (al igual que luego Zoido) no invirtió en convertir la antigua comisaría en sede de equipamientos para los vecinos del Casco Antiguo y la dejó abandonada a su suerte mientras que en paralelo gastaba del orden de 120 millones de euros en levantar a 700 metros las Setas de la Encarnación y a costa del dinero destinado en el PGOU a las infraestructuras de los futuros barrios de la ciudad.

PÉSIMO EJEMPLO

Si el Ayuntamiento demuele un Bien de Interés Cultural tras haber propiciado con su abandono de diez años su hipotético estado de ruina, ¿acaso su conducta no sería equivalente a la de esos ‘asustaviejas’ que no invierten un euro en conservación para así librarse a la larga de sus inquilinos y poder construir de nueva planta sobre el solar una vez consumados el reconocimiento de la ruina y la posterior demolición?

El BOP de Sevilla ha publicado bastantes acuerdos por los que la Gerencia de Urbanismo expropia de forma forzosa a propietarios de viviendas en ruinas porque sus propietarios han incumplido el deber de conservación. Pero, claro, ¿se va a expropiar a sí mismo el Ayuntamiento en la Gavidia?

El Consistorio está obligado no a demoler, sino a conservar la antigua comisaría en virtud del PGOU de 2006, del Plan Especial de San Martín y de la Ordenanza de la ITE. Y al tratarse de un BIC, esa obligación añadida se la imponen la ley del Patrimonio Histórico, la de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y hasta la ley del Suelo. ¿Cómo explicar que se libren un millón de euros para Artillería y 300.000 para Santa Catalina, que ni es municipal, y cero euros para la Gavidia?

Si el gobierno local omite el deber de conservación al que, por ejemplo, le obliga la ley del Patrimonio (Artículo 14), la Junta de Andalucía tiene la potestad de ordenar la ejecución de las obras necesarias (Art. 15), ejecutarlas de forma subsidiaria con cargo a las arcas municipales (Art. 16) o incluso expropiar la antigua comisaría (Art. 18) para acometer un proyecto de conservación (Art. 21).

Ni siquiera puede Espadas decretar unilateralmente un estado de ruina en este caso, al tratarse de un BIC, u ordenar la demolición sin la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura. Si tal ocurriera tras abrir Espadas este melón, supondría un rotundo fracaso económico (12,2 millones a la basura) y cultural, con el que se mandaría el mensaje de que desde la Administración se pueden descatalogar BIC por capricho de un alcalde o dejarlos arruinarse y demolerlos porque es más importante hacer caja con el patrimonio (su liquidación) que conservarlo.

El modelo de Navidad de Sevilla

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Buena parte de los debates en Sevilla, que emergen y se sumergen como el Guadiana e independientemente de la época del año, versan sobre las fiestas que se celebran en la ciudad: si la Preferia debe ser considerada Feria o no; si debe haber una segunda ‘Madrugá’ en la Semana Santa y, ahora, si puede haber Navidad sin el ‘mapping’ y sin el alumbrado de colores que caracterizaron la etapa de Zoido en el Ayuntamiento, los cuales ha decidido someter a revisión por su elevado coste y problemas de seguridad.

El mero anuncio ya ha alimentado el argumento de que Espadas liquidará la Navidad según Zoido al igual que ya ha liquidado el modelo urbanístico de su predecesor al tumbar el convenio con Altadis, el puente en la Cartuja y el gran centro comercial que nunca existió en la Gavidia.

Poco podía imaginar el entonces primer teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que una frase suya pronunciada a la ligera y luego convenientemente amplificada -y hasta tergiversada- sobre que aquel año pondría alumbrado de solsticio de invierno al presentar la iluminación de la Navidad, acabaría convirtiendo la celebración por excelencia de los cristianos en un motivo de conflicto político que sería aprovechado por el PP para tratar de patrimonializar la conmemoración y poco menos que reinventarla.

EL SOLSTICIO

El solsticio de invierno es el momento en que la posición del sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia del ecuador , hecho que suele acontecer en una franja estimada entre el 21 y el 23/24 de diciembre en el hemisferio Norte, y en fechas equivalentes del mes de junio en el hemisferio Sur. Como consecuencia, en nuestro hemisferio (Norte) acaece la noche más larga del año, con todo lo que en las primitivas creencias se asociaba a la oscuridad, pero una vez alcanzado ese momento crítico, empieza de inmediato el proceso de alargamiento de las horas de luz hasta el mes de junio, para a continuación menguar hasta diciembre, y así repetirse el ciclo anualmente.

El solsticio de invierno tenía en los pueblos antiguos y paganos un significado especial, como el del tránsito de la muerte (la noche más larga) a la vida (la luz), en lo que sería un volver a nacer, un renacimiento. Historiadores sostienen que, de forma inteligente para ganarse la adhesión de los pueblos paganos, la Iglesia, sobre todo a partir del calendario juliano, situó el nacimiento de Cristo en torno al solsticio de invierno, para equiparar así la Navidad al nacimiento de la luz y al final de las tinieblas nocturnas.

CONFLICTO ECONÓMICO

Torrijos, de ideología comunista, no pudo compendiar en una frase toda esa compleja explicación histórico-religiosa. Por aquel entonces era también el delegado responsable del alumbrado navideño, y su afán por ahorrar energía colocando bombillas tipo LED de incipiente desarrollo pero menos deslumbrantes en principio que las tradicionales, y que los comerciantes del Centro contribuyeran con más dinero a su financiación, se convirtieron en campo abonado para que sus palabras fueran ‘traducidas’ a un supuesto propósito de celebrar una Navidad poco menos que atea y sin motivos cristianos en el alumbrado: cristales de nieve, renos, abetos, figuras geométricas….

Por eso, una de las formas que empleó Zoido cuando llegó al Poder para desmarcarse de la etapa de Monteseirín y Torrijos -derogación del Plan Centro aparte- fue dar el máximo realce posible a la Navidad, en contraste con la ‘pobreza’ (en vez de ser considerada como un ahorro energético) lumínica del alumbrado impulsado por el portavoz de IU.

Esa intención manifiesta quedó explícita en el lema ‘En Sevilla se llama Navidad’, y en el derroche de luces de colores (sin que los que antes protestaban por la ausencia de motivos cristianos alzaran entonces la voz) y la importación del ‘mapping’, proyecciones tridimensionales para un público masivo que generalmente por razones publicitarias (por ejemplo, un lanzamiento de Vodafone) se habían celebrado con éxito de público, por su espectacularidad, en ciudades extranjeras y en Madrid.

PATROCINIOS PRIVADOS

Para tratar de justificar estas proyecciones, al coste de unos 300.000 euros, en tiempos de gravísima crisis económica y en una ciudad que en diciembre de 2011 tenía 81.135 parados, Zoido argumentó que no costarían nada al erario público porque serían patrocinadas por empresas privadas en su totalidad. Sin embargo, ya el año pasado la empresa municipal Emasesa tuvo que salir en auxilio del alcalde y desembolsar 200.000 euros para cubrir la diferencia ante la falta de suficientes patrocinadores.

Y aunque la situación económica general parece haber mejorado, en Sevilla hemos pasado de aquellos 81.135 parados de la primera Navidad de Zoido a 84.127 el pasado mes de agosto. En este contexto socioeconómico, el nuevo gobierno entiende que el mantenimiento del ‘mapping’ sólo se justificaría por su patrocinio privado al 100%, sin que hasta ahora los sectores más beneficiados por la masiva afluencia de público al Centro en los días de proyecciones (hoteleros, hosteleros y comerciantes) hayan dado un paso al frente, por más que el PP estime en un 8% el incremento de sus ventas en esas fechas y el presidente de los hosteleros dijera en su día que estaban dispuestos a financiar “no una, sino tres Copas Davis en Sevilla”.

CENTRO Y BARRIOS

El segundo elemento en cuestión es el coste del alumbrado navideño y su distribución por la ciudad. Zoido dejó atado el contrato por dos años más, por lo que el gobierno de Espadas se ve obligado a gastar 500.000 euros, de los que 110.000 los va a aportar una aseguradora por colocar un árbol con las letras de su marca en la Puerta de Jerez y el resto, 390.000, el Ayuntamiento a través de la Gerencia de Urbanismo.

Con este dinero se van a iluminar al menos 169 calles de forma obligatoria, de las cuales 70 (el 41,42%) están en el Centro. El grupo político Participa ya ha subrayado que entre el Centro y Los Remedios acaparan el 52% del presupuesto navideño, mientras que al distrito Este, con casi el doble de población, sólo se le asigna el 3%, por lo que a su juicio el mapa del alumbrado navideño no es más que una trasposición del mapa de las desigualdades existentes en la ciudad, con la agravante de que quien las mantiene en este caso es el propio Ayuntamiento.

El debate que plantea Participa es similar al que hace un decenio quiso abrir Torrijos al querer cambiar el modelo de concentración de la iluminación navideña en el Centro histórico para extenderlo a la periferia, aunque cometió un error marketiniano al hablar de solsticio de invierno en vez de Navidad.

Espadas cumple 100 días como alcalde de Sevilla

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Espadas cumple este 20 de septiembre de 2015 sus primeros cien días en el gobierno municipal, un periodo corto de tiempo (sólo supone un 7% de todo su mandato), y más corto aún en la práctica si se considera que por medio ha estado el mes de agosto, prácticamente inhábil a todos los efectos. Por tanto, es demasiado pronto para enjuiciar a un alcalde aún en construcción pero al que se le va a exigir a partir de ahora, pasado ya este periodo de gracia, que apriete al máximo el acelerador y alcance cuanto antes la velocidad de crucero concretando sus líneas políticas maestras en la redacción de sus Presupuestos y Ordenanzas Fiscales para la ciudad. Será ahí, en la asignación de los recursos económicos, donde se verá con más nitidez cuáles son sus prioridades reales.

Puede decirse que un alcalde será calificado en función no sólo del cumplimiento de su programa electoral, sino también por la satisfacción de las expectativas que haya generado ‘a priori’. En este sentido, Espadas es diametralmente opuesto a su antecesor, Zoido, que prometió prácticamente todo lo que los sevillanos querían oír, de ahí su cosecha de 20 concejales primero y la posterior pérdida de ocho, cuando esas promesas no se hicieron realidad.

Espadas no prometió un Central Park, un Centro Pompidou ni un nuevo Palacio de Deportes con pistas de nieve artificial para esquiar como Zoido, promesas imposibles en una época de gravísima crisis económica y de restricciones presupuestarias, por lo que difícilmente los ciudadanos se llevarán a engaño con él ni se harán falsas ilusiones. Así lo ratificó en su discurso de investidura, en el que dijo: “No voy a prometer nada que no pueda cumplir. Prometo trabajo, esfuerzo, dedicación y entrega”.

Por tanto, su perfil es el de un hombre de gestión, serio y no populista, que difícilmente se sacará de la chistera proyectos faraónicos de coste multimillonario y escasa utilidad práctica, como Rojas Marcos con el Estadio ‘Olímpico’ y Monteseirín con la Setas de la Encarnación, pero también se puede lograr la transformación de la ciudad por la vía de la ordenación y la eficacia en la prestación de los servicios, eso que Zoido llamaba el funcionamiento “como un reloj suizo”.

REVISIONISMO

Algunos alcaldes, por no decir la mayoría, han iniciado su mandato con un revisionismo de proyectos de sus predecesores, por considerarlos contrarios a su programa, innecesarios, gravosos o por cualquier otra causa. Monteseirín, por ejemplo, anuló la construcción en el Prado de una nueva sede administrativa que, por encargo de Soledad Becerril, diseñó el arquitecto Rafael Moneo, un proyecto valorado entonces en unos 20 millones de euros. Zoido, apenas aterrizar en el cargo, derogó el Plan Centro de tráfico de Monteseirín. Espadas ha hecho lo propio anulando el convenio de su antecesor con Altadis para la conversión de la antigua fábrica de tabacos en un complejo terciario (comercios, hoteles, oficinas) y desistiendo de modificar el PGOU para la construcción de un puente en la Cartuja al servicio de la torre Pelli, amén del concurso arquitectónico convocado a tal efecto.

Asimismo, aunque no revertirá la recalificación urbanística aprobada por Zoido para convertir en gran superficie comercial la antigua comisaría de la Gavidia, el nuevo gobierno presidido por Espadas ya ha anunciado que se decanta por ubicar allí un hotel antes que un centro comercial, en línea con la postura que el PSOE mantenía cuando estaba en la oposición.

Otra medida revisionista de Espadas ha sido la de la ampliación de la zona azul, aprobada en la recta final del mandato de Zoido. Sin embargo, la nueva corporación no ha ido por ahora más allá de anular el 10% de las plazas, que es el margen de maniobra que le permite el contrato suscrito en su día con la empresa Aussa por un periodo de diez años. Salvo que el secretario, al que el alcalde le ha encargado un informe específico, encuentre un portillo jurídico para eludir las obligaciones del contrato, Espadas no tendrá más opciones que indemnizar a la concesionaria u ofrecerle compensaciones de otra índole si pretende realmente dejar sin efecto la zona azul ampliada de Zoido.

PROCESIONES

También en sus primeros cien días el nuevo alcalde adoptó otra decisión revisionista de una práctica municipal, aunque en este caso no databa de la etapa de Zoido sino que era bastante más antigua: la reducción de lo que calificó como “sobrerrepresentación” de concejales en procesiones religiosas, como la de la Virgen de los Reyes, una medida sobre la que pretendió proyectar la imagen de un ‘plácet’ previo por parte del arzobispo, aunque éste se limitó a darse por enterado y aclaró que no interferiría en las decisiones de índole municipal. Pese a las protestas del PP, la medida no suscitó gran debate público, si bien, paradójicamente, el Ayuntamiento no la ha aplicado en otros cortejos religiosos menos señalados y en los que han vuelto a aparecer los maceros escoltando a los concejales..

Espadas no ha revisado aún las funciones del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), pero la creación en la práctica de un órgano paralelo de asesoramiento económico con patronales y sindicatos, una especie de CESS bis, provocó como protesta la dimisión del presidente de aquél, sin que hasta ahora haya sido sustituido.

El nuevo alcalde, tanto por afinidad ideológica, como por su talante -más flexible, dialogante y propenso al acuerdo-, ha tendido puentes con la Junta de Andalucía, continuamente señalada por Zoido como “la enemiga de Sevilla” por rechazarle proyectos, en algunos casos con una edificabilidad desproporcionada, como el de la Ciudad de la Justicia en el Prado y con tal de no trasladar los juzgados a los Gordales. Espadas ha abierto nuevos cauces de entendimiento con la Junta para abordar técnicamente con el consejero de Justicia la viabilidad del complejo judicial junto a y con la Feria, y también ha hecho lo mismo con la consejera de Cultura en relación con la restauración y apertura de las Atarazanas.

EL EJE CON MÁLAGA

Traspasando los límites de la ciudad, el alcalde, merced al impulso de la sociedad civil de ambas urbes, ha pasado de la estéril rivalidad localista a un nuevo espíritu de cooperación con Málaga al constituir el denominado ‘eje Sevilla-Málaga’, por el que ambas ciudades presentarán proyectos conjuntos a la UE y se convertirán en el campo de pruebas de innovaciones tecnológicas de las universidades respectivas.

La participación codo con codo de Espadas y De la Torre, el alcalde malagueño, en varios actos en las últimas semanas, como la inauguración de la exposición dedicada en el Círculo Mercantil al cardenal Herrera Oria, confirma el excelente estado de las relaciones bilaterales. El éxito del eje Sevilla-Málaga sería uno de los grandes legados de Espadas para la vertebración de Andalucía, al demostrarse que dos alcaldes pueden superar el distanciamiento digamos sentimental acumulado durante decenios por las dos grandes urbes y superar sus adscripciones políticas (uno es del PP y otro del PSOE) a la hora de trabajar en común.

En similar plano de ‘política exterior’ pero con menor grado de concreción cabe situar la iniciativa de volver a impulsar la idea de la ‘Gran Sevilla’, en que la capital y su área metropolitana abordarían proyectos conjuntos desde una óptica supramunicipal.

HERENCIA RECIBIDA

Parte de estos cien días han estado dedicados a afrontar problemas heredados o emanados de la gestión del anterior gobierno municipal, como han sido los trabajos contrarreloj en el Polígono Sur para evitar perder los 3 millones de euros de inversión con cargo al Plan Urban antes del 31 de diciembre; el arreglo de las deficiencias en el Museo de la Cerámica y en el Antiquarium, que obligaron a su prolongado cierre; las obras para recuperar de su deterioro el Parque Amate y el Jardín Americano; el cierre del ‘agujero’ de seguridad detectado por Ciudadanos en la página web de la Agencia Tributaria municipal, por el que datos confidenciales de los sevillanos han quedado expuestos en Internet, y el encargo urgente de una auditoría informática; las sentencias judiciales contrarias al Ayuntamiento frente a Detea por la Ranilla (pago de 2 millones de euros) y frente a Sando en Mercasevilla, si bien ésta por actuaciones en la era de Monteseirín (pago de 12 millones de euros), y hasta la imputación de 37 policías, incluido el superintendente, por el caso de la filtración de las preguntas de unas oposiciones.

Este periodo no ha librado al alcalde de polémicas y críticas, como la desatada por su doble anuncio de bajada/subida del IBI en función de qué colectivos, con lo cual creó las condiciones para que predominaran las reacciones negativas de los sectores presuntamente afectados, en un error de puesta en escena típica de un principiante, que denota que Espadas, pese a su experiencia política previa en la Junta de Andalucía, aún está en construcción como alcalde.

También acumula cien días sin cerrar por completo el organigrama de las empresas municipales, al no haber hallado directivos del perfil adecuado o dispuestos a cobrar menos que en el sector privado y que el propio alcalde; y ha provocado gratuitamente a grupos sin los que hoy no sería el regidor de Sevilla, como Participa, al alardear en declaraciones periodísticas de que gobierna como si no necesitara su voto y no facilitarles apenas información sobre sus fichajes para las empresas públicas. Participa ya ha enseñado los dientes al subrayar que continúan los desahucios en Sevilla, pese a la supuesta Oficina municipal que debía evitarlos, e Izquierda Unida también ha criticado la excesiva, a su juicio, política de gestos y anuncios del alcalde sin concreción en la realidad.

Todo indica que el resto de formaciones políticas, incluidas las que le apoyaron en su investidura, no están dispuestas a otorgar a Espadas muchos más días de gracia que estos primeros cien de su mandato.
UN MINIMO DESCENSO DEL PARO
Espadas no prometió, como Zoido, convertirse en el alcalde del empleo, pero en su discurso de investidura dirigió este mensaje especial a los parados de la ciudad: “Sois mi prioridad. Sois la prioridad de este gobierno. Y sois la prioridad de esta nueva corporación municipal. Cada una de las decisiones que tome como alcalde, cada una de las decisiones que tome este gobierno y cada una de las decisiones que consensuemos entre los grupos municipales que formamos esta corporación se hará pensando en vosotros”.

Al finalizar junio, el mes de la investidura de Espadas como alcalde, Sevilla tenía 84.470 parados. La cifra bajó de forma esperanzadora en julio hasta los 83.869, pero de nuevo a vuelto a subir en agosto, hasta los actuales 84.127. El balance, pues, de estos tres meses y pico del mandato es de 343 parados menos, un número que, tal como han denunciado los sindicatos, no cuadra con los continuos anuncios de que Sevilla bate récord turísticos mes tras mes, ya apenas se traducen en el empleo.

Espadas, que cuando se hallaba en la oposición exigía a Zoido la redacción de un Plan Municipal de Empleo, todavía no ha concretado el suyo, que más parece consistir en la agregación de medidas dispersas en busca de la suma de reactivaciones laborales, como sería la puesta a disposición de los emprendedores de locales municipales vacíos, cubrir las vacantes existentes en los Servicios municipales (condicionadas a las normas del Ministerio de Hacienda), la recuperación del programa PACAS y la firma de nuevos acuerdos de colaboración con la Junta de Andalucía en materia de empleo.

Diez mil sevillanos pagarán por la revisión de su vivienda en el Catastro

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La Dirección General del Catastro está ya realizando o a punto de iniciar de un momento a otro la regularización catastral de viviendas en la ciudad de Sevilla atendiendo a la petición en tal sentido cursada hace año y medio por el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido, y tras su inclusión en el plan general junto a otras capitales de provincia como Jaén, Toledo, Valencia y Valladolid. Los sevillanos afectados, un máximo de 10.000, tendrán que desembolsar en conjunto entre 2,5 y 3 millones de euros.

La revisión del Catastro es un proceso que acomete el Ministerio de Hacienda a solicitud, habitualmente, de los propios ayuntamientos. En el caso de Sevilla, Zoido envió el 18 de febrero de 2014 una carta a la Gerencia Regional del Catastro de Andalucía en la que le expresaba el interés del Consistorio sevillano en ser incluido en la resolución relativa al procedimiento de regularización catastral 2013-2016.

En su misiva, el entonces alcalde pedía la incorporación al Catastro y valoración a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) tanto de las construcciones omitidas total o parcialmente como de las modificaciones en los datos físicos de los inmuebles que sean incorrectos o incompletos, “con el fin de asegurar su concordancia con la realidad”.

Ahora bien, Zoido se cuidó muy mucho de precisar que el procedimiento de regularización se llevara a cabo un año y medio después, o sea, tras las elecciones municipales de mayo de 2015, al especificar que se acometiera en el segundo semestre de este ejercicio.

La revisión catastral afectará a las viviendas e inmuebles en general de nueva construcción desde el último proceso de regularización, así como a todos aquellos cuyos propietarios los hayan modificado en algún sentido para ampliar su superficie construida o habitable.

Fuentes del Catastro estima que en esta situación pueden hallarse entre 7.000 y 10.000 inmuebles en Sevilla capital, cuyos propietarios deberán pagar entre 200 y 250 euros por cada uno de ellos, más una tasa de 60 euros por gastos al Catastro. En conjunto, pues, la revisión va a suponer que los propietarios sevillanos paguen entre dos y tres millones de euros en números redondos.

Por su parte, el Ayuntamiento ratifica que si como fruto de este proceso de regularización hubiera una revisión de los valores catastrales de Sevilla en general, el gobierno local la compensaría a través de los coeficientes y cumpliría la promesa del alcalde, Juan Espadas, de que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) no subirá en ningún caso en 2016 ni para las familias ni para las empresas y comercios pequeños y medianos.

Además de a Sevilla capital, la regularización catastral afectará en la provincia a los siguientes municipios: Almadén de la Plata, Bollullos de la Mitación, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Coronil, Dos Hermanas, Herrera, Lantejuela, El Madroño, Marinaleda, Los Molares, El Pedroso, El Real de la Jara, El Ronquillo y Utrera.

El gobierno local devuelve 138.000 euros a la Junta por incumplimientos de Zoido

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El Ayuntamiento, tras un largo tira y afloja con el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta, se ha visto obligado a reintegrar 138.087,20 euros por incumplimiento durante el mandato de Zoido de un proyecto de experiencias profesionales para el empleo. Por el contrario, no ha transigido con algunas de las empresas adjudicatarias del macrocontrato de mantenimiento de las zonas verdes y el arbolado de la ciudad, que exigían el abono de una cantidad suplementaria.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) otorgó en 2011, tan sólo cuatro meses después de la toma de posesión de Zoido como alcalde, una subvención de 341.338,10 euros al Ayuntamiento de Sevilla para un proyecto de experiencias profesionales para el empleo, cuyo plazo de ejecución prorrogó posteriormente hasta el 21 de diciembre de 2012 y con la obligación de aportar un informe externo de auditoría.

El gobierno municipal presentó en febrero de 2013 la justificación de la ejecución al 100% del proyecto, pero el SAE realizó un mes y medio después un primer requerimiento al Ayuntamiento, disconforme con su labor y tras verificar mediante un muestreo la justificación presentada.

A partir de ese momento se entró en una guerra de requerimientos y contrainformes, hasta que en febrero de este año, a falta por entonces de tres meses para las elecciones municipales, el SAE le dio un ultimátum al Consistorio, con advertencia del posible reintegro del 100% de la subvención concedida. El Ayuntamiento, por su parte, se remitía a la documentación que había enviado con anterioridad.

Finalmente, ya con Espadas como alcalde, a finales del pasado mes de julio el SAE decretó la obligación del Ayuntamiento de reintegrarle 138.087,20 euros, más la pérdida del derecho al cobro de 195.400,33 euros, cifras en las que el Consistorio apreció ciertas dircordancias.

Tras la elevación de diversos informes por los Servicios Municipales, el gobierno de Espadas ha accedido a reintegrar, fundamentalmente por incumplimiento de los objetivos del proyecto, 138.087,20 euros; de ellos, 9.621,44 euros son en concepto de intereses de demora desde el día del abono de la subvención, pero al mismo tiempo ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo por este asunto.

ZONAS VERDES

Por el contrario, el gobierno local ha desestimado una reclamación de cantidad que ascendía a 305.401,48 euros y que tres días antes de las elecciones presentaron las empresas Valoriza Servicios Medioambientales y Cointer Concesiones, adjudicatarias del lote Nº 1 del macrocontrato de conservación de las zonas verdes de Sevilla durante el mandato de Zoido, por valor en su caso de 7.988.073,35 euros.

Las empresas reclamaban este suplemento por supuestos trabajos realizados y no abonados, mano de obra descontada de una certificación, revisión de preciso e intereses de demora.

El Ayuntamiento ha rechazado su petición afirmando que en todo momento se ha actuado conforme a los pliegos que rigen en el contrato y que no se ha producido enriquecimiento injusto por su parte.

El IBI de Espadas

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El pasado día 7 de septiembre (2015), en el curso de un desayuno informativo organizado por Europa Press y la Fundación Cajasol y patrocinado por Atlantic Copper, Juan Espadas anunció la congelación absoluta de la presión fiscal sobre las familias sevillanas. En este sentido, afirmó que el recibo del IBI para todos los inmuebles de uso residencial se congelará en los importes de 2015, reduciendo en su caso el tipo efectivo aplicado este año para absorber una posible actualización por la Ley de Presupuestos del Estado del valor catastral de los inmuebles en nuestra ciudad. “Ninguna familia sevillana -aseveró- pagará en 2016 por su vivienda ni un euro más de IBI que en 2015”.

Esta es una medida que beneficiará al conjunto de los 700.000 habitantes que en números redondos tiene la ciudad. Sin embargo, por el debate abierto en los medios de comunicación, la impresión que les queda a los sevillanos es la contraria: que el alcalde va a subir el recibo de la contribución urbana (nombre popular del IBI) el año próximo.

Espadas sufre las consecuencias de haber cometido un error de estrategia comunicativa en el mismo acto público: anunciar a continuación una medida antitética que afectará tan sólo a una minoría (el 10%, dijo) de los grandes contribuyentes, o sea, los titulares de inmuebles con mayores valores catastrales.

VENTANA DE PROGRESIVIDAD

En concreto, el alcalde habló de utilizar las ventanas de progresividad que permite la ley. “Sólo en el caso del IBI, la Ley nos permite -recordó- aprobar un tipo impositivo diferenciado del general para aquellos inmuebles de uso distinto al residencial que representen, para cada uso, el 10 por 100 de los valores catastrales más altos. Pues bien, en relación con estos inmuebles que agrupan los valores más elevados en usos no residenciales no congelaremos las cuotas de 2015, introduciendo un porcentaje de progresividad en el reparto de la carga tributaria y exigiéndole un mayor esfuerzo a los grandes contribuyentes que, además, se ven beneficiados al poder deducir en sus impuestos estatales sobre la renta (IRPF e IS) la cuota que satisfacen al Ayuntamiento por el IBI y, en general, por los impuestos municipales”.

Al anunciar una medida y también su opuesta en vez de centrarse sólo en una idea-fuerza de la misma temática, Espadas creó involuntariamente las condiciones para que algún medio interpretara erróneamente su política fiscal y divulgara que el IBI va a incrementarse para todos los comercios y empresas de la ciudad, aunque se congele para las familias. Y una vez multiplicada la interpretación errónea a través de Internet y las redes sociales se formó una bola de nieve que fue acrecentándose con las reacciones negativas de los sectores supuestamente afectados, aunque no lo sean ni lo vayan a ser: los pequeños y medianos empresarios y los comerciantes.

LA PATRONAL

El siguiente paso en la evolución de los acontecimientos fue la airada reacción de la Confederación Empresarial de Sevilla, que dirige Miguel Rus, y de la patronal del pequeño comercio, Aprocom. Se creó así el escenario para proyectar la imagen de que los empresarios habían roto la supuesta luna de miel que mantenían desde la precampaña electoral con el nuevo alcalde y antes incluso de que se cumplieran los cien días de éste en el sillón de la Plaza Nueva.

Técnicamente, el error no fue del alcalde, sino de quienes lo malinterpretaron y extendieron el falso supuesto, pero a Espadas, ya con una dilatada experiencia política a sus espaldas y que ha sido hasta consejero de la Junta de Andalucía, cabe imputarle el fallo de comunicar noticias antitéticas, la buena y la digamos mala, con lo cual acabó imperando esta última y desplazando del primer plano de la actualidad a la primera, máxime si se trata de materia tributaria, ya que lo último que alguien desearía sería pagar más impuestos.

Y es que mientras los 700.000 sevillanos “de a pie” están desarticulados y no tiene forma de hacerse oír para, teóricamente, haber expresado su satisfacción por la congelación de la presión fiscal, los empresarios y los comerciantes tienen a su disposición el altavoz de sus poderosas organizaciones patronales para, en plan ‘lobby’, movilizar y presionar en defensa de sus intereses, supuestamente afectados por el alza del IBI. A ello se une el hecho de que han estado acostumbrados a ser priorizados por la acción del gobierno local durante el mandato anterior, desde con la organización del ‘mapping’ navideño para allegarles más público al centro hasta con el incremento del 40% en el número de veladores ocupando la teórica vía pública, cada vez más ocupada en beneficio de intereses particulares.

MARCHA ATRÁS

El siguiente error del alcalde consistió en proyectar la imagen de que reculaba, con lo cual no hizo más que asentar en la opinión pública la idea de que, efectivamente, pensaba incrementar la presión fiscal de forma generalizada al mundo empresarial. Fue cuando el alcalde entró en el proceloso terreno de las matizaciones y precisiones en vez de en el del desmentido tajante: “No se trata de una decisión cerrada, ya que irá a una consulta pública, estará abierta a alegaciones y al final se tendrá que analizar la decisión de los distintos grupos políticos. Tenemos la obligación -declaró- de presentar un proyecto y de cuadrar la cuentas, algo que también valorará el Consejo Económico y Social de Sevilla”.

Un Consejo Económico y Social, le faltó añadir, que está con un presidente en funciones desde que el anterior dimitió a principios del verano al sentirse preterido por la creación de un organismo consultivo paralelo, formado únicamente por los presidentes de las patronales y de las dos centrales sindicales mayoritarias.

Si no se trata de una decisión cerrada, como posteriormente se esforzó en recalcar Espadas, entonces ¿qué sentido tenía anunciarla en un acto público ante decenas de comensales de la clase política y empresarial y los medios de comunicación?

Con ello ha provisto de munición al PP, que inmediatamente le saltó a la yugular acusándole por boca de Zoido de improvisación y de gobernar a golpe de ocurrencias y de que apenas llegar los socialistas al Ayuntamiento ya empiezan las subidas de impuestos, cuando en realidad ha ocurrido justamente al revés: mientras Espadas inicia su mandato anunciando una congelación del IBI para todas las familias y para el 90% de las empresas y los comerciantes, Zoido lo empezó con una subida general del 10% para todo el mundo, fuera por imposición o no del Gobierno de Rajoy, pero subida al fin y al cabo.

QUEJÍO

Por su parte, Aprocom no dejó pasar la ocasión para instalarse en su quejío tradicional y hablar de que la supuesta subida del IBI supondrá un auténtico varapalo para el pequeño y mediano comercio, “que trata de remontar los desastrosos efectos de la crisis económica de los últimos años”, cuando a lo largo de este verano los comerciantes no han tenido empacho en reconocer una subida de sus ventas y la recuperación de la actividad mercantil al socaire de la mejora de la economía y del auge del turismo.

Algunos han llegado a hablar en medio de la polémica de que la subida del IBI va a provocar una “huida” de comercios de la ciudad, un alarmismo que no cuadra con la apertura de nuevos establecimientos en el Centro (desde Tous a la Joyería Durán en Plaza Nueva hasta un nuevo Mercadona en Plaza de Armas) en los últimos meses y la retirada del cartel de ‘se vende’ o ‘se alquila’ en numerosas calles que antes estaban pobladas de locales vacíos.

Y como a río revuelto ganancia de pescadores, el PP aprovechó la oportunidad para hablar del “abandono absoluto” al que el nuevo gobierno municipal ha sometido al comercio y del “paso atrás” después de sus cuatro años de mandato.

Menos mal que Espadas anunció una congelación del IBI a las familias. ¿Qué habría ocurrido si hubiera anunciado una subida del 10%, como hizo Zoido? Y, por cierto, ¿por qué entonces los comerciantes guardaron silencio y no anunciaron el apocalipsis de un éxodo mercantil?

Los conductores de Tussam son responsables si los autobuses circulan por puentes de menor tonelaje

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Los Servicios Jurídicos de la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) dictaminan que los conductores de Tussam asumen la única responsabilidad de lo que pueda suceder, incluso por las multas que podrían imponerles, por circular con los autobuses de las líneas 3 y 37 sobre puentes con limitación de tonelaje, que superan sus vehículos.

Los representantes sindicales en la empresa municipal de transportes urbanos (Tussam) expresaron a la vuelta de las vacaciones de verano su preocupación tras percatarse de que en el puente de la carretera de la Isla y en el de la ronda SE-30 sito en la Avenida de Jerez, por donde circulan los vehículos de las líneas 3 y 37 (en ambas se utilizan autobuses articulados de gran tamaño, popularmente conocidos como ‘orugas’ o ‘gusanos’) había señalizaciones de tráfico en las que se prohibía el tránsito a vehículos con un peso superior a 12 toneladas.

Los conductores revisaron las fichas técnicas de los autobuses y comprobaron que los normales pesan 12,2 toneladas y los articulados, 14 toneladas.

La explicación municipal de que los puentes realmente soportan el peso de vehículos de superior tonelaje y de que las señales de prohibición se colocaron hace diez años con la intención únicamente de engañar a los conductores de vehículos pesados para que se desviaran hacia las rondas exteriores no ha dejado muy tranquilos a los conductores de Tussam, tanto por circular con este tipo de placas como por no saber con certeza el peso que pueden soportar los puentes en cuestión.

Los Servicios Jurídicos de la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que han estudiado el caso, han indicado a Viva Sevilla que en esta historia hay una doble responsabilidad, confluyente en los conductores de Tussam.

Por una parte, está la de la Policía Municipal, por no sancionar a los conductores durante todos estos años pese a circular superando el límite del tonelaje autorizado por el Ayuntamiento en caso, como se supone, de que las carreteras sean de su competencia; y, por otra, está la de los propios conductores, por no respetar la prohibición.

Según AEA, la empresa Tussam como tal no incurre en ningún tipo de responsabilidad subsidiaria, pase lo que pase, ya que el responsable absoluto del vehículo que conduce es el chófer, que se estaría saltando la prohibición. Asimismo, en caso de que los conductores se negasen a cruzar los puentes con placas de prohibición con vehículos de superior tonelaje a la indicada, Tussam tampoco podria sancionarlos, porque ello equivaldría a invitarlos a cometer una ilegalidad.

Tecnocom admite su error con la página web de la Agencia Tributaria y luego se desdice

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La empresa Tecnocom ha indignado al Ayuntamiento al difundir un comunicado de prensa en el que niega ser la responsable de la gestión de la seguridad del portal de la Agencia Tributaria municipal y afirma ocuparse sólo de sus contenidos, cuando el pasado viernes asumió sus errores en una nota enviada al Consistorio y firmada por el director de la cuenta, Pedro Parias, y por el de Operaciones, José Mª López Peña.

En este nota interna y aclaratoria, Tecnocom admite que la vulnerabilidad de la página web se produjo a partir del cambio en el método de acceso a la Oficina Virtual, cambio necesario por la incompatibilidad entre las nuevas versiones de los navegadores y el método de autenticación empleado hasta ese momento.

Según la compañía, en dicha puesta en producción se mantuvo por error una codificación que ha posibilitado el acceso sin autenticación y que era “difícilmente detectable”. Tecnocom dice ahora, varios días después, que sólo está encargada del desarrollo de contenidos de la web y que no es responsable de su explotación, gestión de la seguridad de acceso y otras actividades.

Estas afirmaciones ‘a posteriori’ no casan con el escrito enviado al Ayuntamiento, en el que aseveraba que desde que le fue notificado el problema de acceso existente revisó la situación, puso fuera de servicio la Oficina Virtual y probó y dejó listo el sistema para su puesta en producción, amén de que va a volver a revisar de manera exhaustiva toda la aplicación de cara a “securizarla” (sic) y asegurar que no pueda haber otros accesos indebidos.

A la vista de la situación creada, el Ayuntamiento va a adelantar de forma urgente a este mes la auditoría anual de seguridad de su página web, prevista para octubre, y procurará que se haga otra específica a la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria, donde se detectó el problema. Asimismo, revisará y reestructurará los protocolos y responsables internos encargados de la seguridad informática y telemática pese a las limitaciones presupuestarias. Recuerda que el gobierno de Zoido recortó 200.000 euros de la partida de Servicios Informáticos para destinarlos a gastos electorales.

El Ayuntamiento impone 22 multas al club Pineda por actividades ilegales

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La Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha impuesto al Real Club Pineda, considerado el más elitista de la ciudad, veintidós sanciones de 1.501 euros cada una, que suman un total de 33.022 euros, por la vulneración de la normativa ambiental en la realización de actividades vinculadas a instalaciones construidas en los últimos años y tras desestimar las alegaciones presentadas por la entidad privada. Esta tiene la posibilidad de presentar un recurso para tratar de evitar el pago de las multas.

El nuevo gobierno municipal, presidido por el socialista Juan Espadas, se ha limitado a aplicar el expediente sancionador incoado y notificado al club Pineda el pasado mes de febrero, durante el mandato de Zoido (PP) como alcalde y una vez evaluado el informe emitido por la sección de Disciplina Ambiental.

Las sanciones impuestas son a consecuencia del desarrollo de actividades sin la presentación ante el Ayuntamiento de la Declaración Responsable o sin contar con la correspondiente licencia, y tras considerarse como carentes de legalización las actuaciones que se desarrollan en los siguientes sitios: seis pistas de pádel; dos pistas de futbito; la tribuna y el bar de la zona del hipódromo; las pistas de pádel, tenis y frontón de las Pistas de Tenis; el bar, el cuarto de palos y la nave almacén de palos del Campo de Golf; el bar, el vestuario infantil, el picadero cubierto y los boxes antiguos de los Boxes Antiguos; las naves de mantenimiento, la gasolinera y la nave de almacén de paja y semillas.

Además se imponen sanciones por la Tribuna del Hipódromo, tanto porque incumple las dimensiones de los pasillos y salidas en la distribución de los asientos como, pese a ser de madera, no aclararse la clase de reacción al fuego ni su adecuación a la normativa actual.

Y, asimismo, por tres infracciones relacionadas con el Bar del Hipódromo: se desconoce la potencia instalada, dato fundamental para determinar si debe ser considerado local de riesgo especial; no dispone de instalación automática de extinción y el revestimiento del techo incumple lo dispuesto sobre la reacción al fuego.

El Ayuntamiento razona que el global de los 33.022 euros de sanción obedece a criterios de “gravedad, trascendencia de la infracción y daños que pudiera causar al medio ambiente, puesto que tener abierta una actividad sin control municipal puede dar lugar a otros presupuestos de hechos, que por sí solos, constituyen infracciones graves, como, por ejemplo, cualquier perjuicio ocasionado a las personas y al medio ambiente”.

El gobierno local ha acordado también mantener la suspensión de las actividades no legalizadas, como medida restablecedora de la legalidad. Igualmente, advierte que la clausura es inmediatamente ejecutiva desde la notificación de esta resolución y que, de no cumplirse voluntariamente, se procederá a su ejecución forzosa mediante precinto.

La Audiencia Provincial condena a Mercasevilla a pagar 12 millones a Sando

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La Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Sando Proyectos Inmobiliarios contra una sentencia dictada el 27 de marzo de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 y desestimado simultáneamente el presentado por Mercasevilla, y obliga al mercado central de abastos sevillano, con mayoría de capital municipal, a indemnizar a la constructora malagueña con un total estimado de 12 millones de euros por todos los conceptos, tras un pleito que se venía prolongando desde hacía años y en el que Sando encomendó su defensa al bufete hispalense Pérez Alfonso.

El fallo judicial califica el incumplimiento del contrato por parte de Mercasevilla ( cedió una serie de parcelas sin suministro eléctrico y, en algunos casos, sin posibilidad de ofrecerlo) como “grave y esencial, con suficiente entidad como para dar lugar a tal consecuencia (la resolución del contrato)”.

Además de decretar la nulidad del acuerdo firmado entre ambas partes, la Audiencia condena a Mercasevilla a abonar a Sando 8.944.710,30 euros, así como los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda y diversas costas. Si a ello se suman los intereses ordinarios, los monitorios y los de ejecución, la cifra total que deberá desembolsar la empresa municipal se eleva a unos 12 millones de euros, según fuentes jurídicas.

En su demanda original, Sando Proyectos Inmobiliarios alegó que cuando accedió a los terrenos cedidos por Mercasevilla -de los que se subrogó a la inmobiliaria Larena 98 a cambio de 1.890.000 euros-, inició la tramitación de licencias y proyectos para la construcción de un edificio comercial y 14 naves industriales sobre la parcela 20, lo que lo supuso un desembolso superior a los 8,9 millones, que era la indemnización que inicialmente reclamaba. El problema se presentó en otros dos solares (los números 19.1 y 19.2) por cuanto la conexión eléctrica era costosa y complicada de realizar. Este hecho, que se alargaba en el tiempo sin solución, imposibilitaba el suministro eléctrico necesario para la explotación de las construcciones a edificar y las ya levantadas, por lo que «la inversión ya no era rentable y no se adecuaba a la finalidad del contrato».

SUELO INDUSTRIAL

La Audiencia destaca en su sentencia que el contrato de cesión de suelo a Sando se refería a “parcelas totalmente urbanizadas” y a “suelo urbano y uso industrial”, y que correría por cuenta de Mercasevilla “el alumbrado público y las redes de suministro hasta el límite de las parcelas”.

Sin embargo, la parcela Nº 20 no dispuso de dotación eléctrica hasta enero de 2012, cuando hacía tres años que Sando había dado por resuelto el contrato y dejado las naves y locales construidos a disposición de Mercasevilla.

En cuanto a las otras parcelas cedidas, la Audiencia afirma que ni siquiera a día de hoy consta la posibilidad de suministro eléctrico y que incluso queda fuera del alcance de la empresa municipal, ya que habría que tender una línea especial a través de terrenos propiedad de particulares y de entidades como Adif y la Confederación Hidrográfica, los cuales se han opuesto rotundamente a tal posibilidad. Además, Sando se encontró con la sorpresa del soterramiento de una línea de alta tensión por el suelo concedido en vez de por la vía pública, con lo que no podía aprovechar buena parte del terreno objeto del contrato.

FINES OCULTOS

La Audiencia no ha dado crédito a la línea argumental de Mercasevilla de que el fin oculto del contrato de cesión de suelo por un periodo de 15 años prorrogable a 25 era que sirviera de instrumento para la consecución de un objetivo más amplio: la adjudicación de todos los terrenos de Mercasevilla para, una vez modificado el Plan General de Ordenación Urbana, construir viviendas en los mismos. El contrato original se firmó durante el mandato de Monteseirín como alcalde, el 18 de julio de 2005.

Este caso de cesión de suelos para la construcción de naves industriales y locales comerciales a cambio del pago de un canon mensual por parte de Sando está al margen de la investigación sobre la presunta venta ilegal de terrenos de Mercasevilla a Sanma -filial de Sando- a través de un concurso supuestamente amañado y que hasta ahora ha investigado la juez Mercedes Alaya.