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Franklin y los impuestos

El inventor del pararrayos, periodista y diplomático estadounidense Benjamín Franklin, que como firmante de la Declaración de Independencia está considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, acuñó una frase que suelen repetir en su descargo los ministros de Hacienda cuando adoptan medidas impopulares: “En este mundo sólo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos”.

Por ese permanente recordatorio de la inevitabilidad de habérselas con el Fisco que supone su aforismo, el Gobierno norteamericano eligió su efigie para ilustrar el billete de curso legal con más valor, el de 100 dólares (hasta mediados del siglo pasado los hubo también de 500 dólares, 1.000, 5.000 y ¡hasta de 10.000 dólares!).

A la frase de Franklin podría añadírsele una coda en el sentido de que pocos quieren enfrentarse a la muerte y al abono de los impuestos, sea al gobierno que sea y se llamen como se llamen. Y en Sevilla no íbamos a ser la excepción, de ahí la rebelión suscitada entre los empresarios tras la presentación de las primeras Ordenanzas Fiscales del gobierno de Espadas.

EL LÍMITE DEL MILLÓN DE EUROS

Como es sabido, el alcalde ha plasmado en el texto su promesa de congelación de los impuestos y/o tasas que afecten de forma más directa a las familias y pequeñas y medianas empresas sevillanas (el IBI, el sello del coche, las tasas de Tussam..) y también ha materializado el anuncio que hizo en aquel desayuno periodístico de que pediría un sobreesfuerzo a los que más tienen o más facturan subiendo los impuestos a las empresas con una cifra de negocio igual o superior al millón de euros anualmente.

Al igual que a nadie le gusta pagar más a Hacienda, a ningún gobernante le suele gustar arrostrar la impopularidad que supone incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas (sociedades), y menos en tiempos de una crisis económica que dura ya siete años y ha dejado más de 84.000 parados en la ciudad.

Sin embargo, Espadas ha llegado a la Alcaldía con una previsión de ingresos por la participación en la ciudad en los fondos del Estado inferior en 6 millones de euros a la cantidad que percibió el Ayuntamiento durante el último año del mandato de Zoido. A esos -6 millones se unen mayores gastos por la subida del 1% en las nóminas a los funcionarios y el abono de la paga de Navidad, que las Administraciones Públicas están recuperando tras el sacrificio impuesto anteriormente.

En resumen, para lograr el principio de suficiencia financiera del Ayuntamiento y no incurrir en un mayor endeudamiento, que tampoco permitirían la ley de Estabilidad Presupuestaria y un vigilante Ministerio de Hacienda al que el interventor municipal está obligado legalmente a comunicar cualquier desviación presupuestaria del Consistorio, Espadas necesita recaudar 8 millones de euros más.

IBI E IAE

Su previsión, contenida en las Ordenanzas Fiscales para 2016, es que ese dinero salga de la subida del IBI (5,5 millones de euros) a 4.604 inmuebles de uso no residencial con los valores catastrales más altos (entre los que están 2.422 comercios, 603 industrias y hasta los estadios del Sevilla y del Betis) y de la subida del Impuesto sobre Actividades Económicas (2,5 millones de euros) a 3.615 empresas que facturan un millón de euros o más.

Obviamente, dada la natural aversión al pago al Fisco, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), que preside Miguel Rus, ha descalificado el proyecto de Ordenanzas Fiscales de Espadas, al que ha tachado de “populista”.

Según la CES, la decisión de subir impuestos “en momentos tan delicados de incipiente recuperación económica y con tan altas tasas de desempleo no ayudan en nada a la necesaria atracción de inversiones productivas e industriales que tanto necesita Sevilla. Decisiones políticas y populistas como las propuestas en estas Ordenanzas Fiscales -añade- ponen en riesgo los proyectos de inversión, continuidad y crecimiento de nuestras pocas grandes empresas y, sin duda, sus consecuencias sobre el empleo”.

No se recuerda una reacción similar de la patronal cuando era Zoido el que subía los impuestos aún en mayor medida que Espadas, aunque fuera forzado por el Ministerio de Hacienda para incrementar la recaudación de las Administraciones Públicas.

SUBIDAS MAYORES

Pese a la leyenda urbana y a la propaganda municipal en aquel tiempo en el sentido de que con Zoido en la Alcaldía se rebajaron los impuestos, los datos anuales de previsión de ingresos sólo por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) demuestran lo contrario.

Así, en el último año de gobierno de Monteseirín, 2010, la previsión de ingresos por el IBI fue de 170.450.437 euros. A partir de 2011, ejercicio que se reparten a medias Monteseirín y Zoido, los ingresos por este tributo, el principal que pagan los sevillanos, se disparan y no se moderarán hasta los dos últimos años del mandato, cuando se van aproximando las elecciones municipales. Aun así serán superiores a los calculados en la época de Monteseirín.

Esta es la evolución de los ingresos por IBI en los últimos seis años: 2010, 170,4 millones de euros; año 2011, 178,2 millones; año 2012, 183,1 millones; año 2013, 201,9 millones; año 2014, 173,5 millones; y 2015, 173,5 millones de euros. Se aprecia que en los dos primeros años completos de Zoido se recaudan por el IBI 5 millones y 23,7 millones más que en 2011, el ejercicio a medias con Monteseirín (Zoido llega a la Alcaldía a mediados de junio). Y todo ello en plena crudeza de la crisis económica, cuando en la ciudad se pasa de 76.600 parados a 91.600.

INCENTIVOS

Nada dijo entonces la patronal sevillana sobre que esas elevadas subidas del IBI pese al enorme ascenso del paro eran decisiones políticas y populistas que ponían en riesgo los proyectos de inversión de las grandes empresas y tendrían consecuencias negativas sobre el empleo.

La CES pone el acento en el incremento de la presión fiscal por Espadas sobre las grandes empresas como si por esta subida del IBI se pusiera en peligro la implantación de la segunda tienda de Ikea en Sevilla y omitiendo que, por ejemplo, pueden mitigar el incremento del IAE deduciéndoselo en el impuesto de sociedades, y la existencia de lo que podríamos llamar el cheque de Espadas.

Y es que en estas primeras Ordenanzas de la nueva Corporación Municipal, las empresas que se creen quedarán exentas del pago de algunos tributos en los dos primeros años de su existencia y gozarán de una bonificación del 50% del IAE en los tres años siguientes.

Asimismo, para fomentar el empleo, se crea un cheque fiscal de 250 euros multiplicado por el incremento medio de la plantilla (contratos indefinidos en jornada completa), que en función de diversos factores puede permitir significativos ahorros en el IAE, IBI y hasta en la tasa de basuras (y hay que recordar que ahora se elimina la tasa de basuras a los locales vacíos que implantó Zoido).

Así pues, hay instrumentos en las Ordenanzas para incentivar los proyectos de inversión y la creación de empleo, pese a los temores en sentido contrario expresados por una patronal que fue demasiado complaciente con la política fiscal municipal en el anterior mandato y se muestra demasiado alarmista al inicio del actual.

Ahora bien, la CES tampoco puede darle un cheque en blanco a Espadas y debe estar vigilante para que el incremento de recaudación que se va a lograr con estas Ordenanzas no se pierda en un sumidero de iniciativas estrambóticas como la compra de lubricantes para uso vaginal y anal con destino a talleres municipales que se ha conocido esta semana.

El Ayuntamiento de Sevilla insiste en que no habrá ‘catastrazo’

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El gobierno presidido por Espadas y la oposición liderada por Zoido discrepan abiertamente sobre la necesidad de la actualización de los valores catastrales y sobre sus efectos en los bolsillos de los sevillanos. Mientras que el PP se reafirma en que ha sido el alcalde el que ha pedido de forma voluntaria e innecesaria la revisión a Hacienda, lo cual tendrá un efecto dominó sobre una serie de impuestos aunque se congele el IBI, el gobierno alude a una revisión poco menos que obligada por el tiempo transcurrido y la normativa, y minimiza las consecuencias en el resto de impuestos al margen del IBI.

El exdelegado municipal de Economía y edil de confianza de Zoido, Gregorio Serrano, ha vuelto a acusar a Espadas de haber solicitado al Ministerio de Hacienda la revisión de los valores catastrales en Sevilla, sin la cual no tendría necesidad de congelar el IBI e incluso podría haberlo rebajado en un 10%.

Serrano afirma que la petición de revisión de los valores catastrales es voluntaria por parte de los ayuntamientos y que en la etapa de Zoido al frente del gobierno local nunca se tramitó nada en tal sentido.

Esta presunta voluntariedad se contradice con la posterior aseveración del exdelegado de Economía en el sentido de que el año pasado el Ministerio de Hacienda les dio a elegir entre dos opciones: o actualización de los valores catastrales o aplicación de la prórroga del incremento del 10% del tipo de gravamen. Según Serrano, el gobierno de Zoido optó por esta última opción, “aunque asumimos -asegura- la subida financiándola y añadiendo un 4% más de bajada, para que los sevillanos no sólo no notaran el aumento, sino que vieran rebajado el recibo del IBI”.

SEVILLA, DE LAS MÁS ANTIGUAS

Por su parte, el gobierno de Espadas presenta la cuestión como obligada por el tiempo y la normativa: los vigentes valores catastrales entraron en vigor en 2001, hace casi quince años, y son fruto de una ponencia de valores cuyo trabajo de campo se realizó en 1998 y 1999 cuando aún no se había desarrollado el llamado boom inmobiliario. Estos valores catastrales se fijaron en 2001, aunque su aplicación fue progresiva durante diez años con subidas del 10% anuales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.3.a) de la Ley del catastro Inmobiliario, los valores catastrales en Sevilla deberían haberse revisado, mediante la elaboración de una nueva ponencia de valores, en 2011. Han pasado más de cuatro años, por tanto, sin que los trabajos al respecto se hayan iniciado ni tengan visos de iniciarse en un futuro próximo.

Según el gobierno local, la actualización que se va a hacer para 2016 viene fijada por el Estado y es de un 10 por 100 porque, como puede comprobarse en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año próximo, está en función de la antigüedad de la ponencia de valores que dio lugar a los valores a actualizar. Como la de Sevilla es de la más antiguas, resultará aplicable un coeficiente de actualización del 10 por 100.

Ahora bien, la actualización no tiene por qué incidir necesariamente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ya que el Ayuntamiento puede jugar con el tipo impositivo en las Ordenanzas Fiscales. En este caso, aunque el valor catastral suba ese 10% citado, el coeficiente se reduce al no aplicar el gobierno local ningún incremento de similar cuantía. El resultado es que el recibo se congela en el principal impuesto municipal y que más incidencia tiene sobre los ciudadanos.

Queda otro tributo municipal: el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se calcula tomando como referencia el valor catastral de una vivienda en el momento de su adquisición y el valor de su transmisión multiplicado por un coeficiente en función del número de años transcurridos. El gobierno dice que puede haber incidencia según la diferencia entre uno y otro pero la estima baja y dependerá del coeficiente que se vaya a aplicar en las Ordenanzas Fiscales.

OTROS TRIBUTOS

En cuanto a la repercusión en los impuestos que cobran otras Administraciones, tenemos los siguientes:

-Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: Para calcular el valor real de una vivienda se tomará como referencia el valor catastral más un índice corrector. Si el valor catastral se actualiza, se rebaja el índice corrector y, según el Ayuntamiento, el efecto será nulo.

-Impuesto sobre la Renta (IRPF): La primera vivienda está exenta en el IRPF. Se aplica por tanto únicamente a la segunda vivienda dentro del mismo término municipal. En estos casos se imputa el 1,1% del valor catastral de un inmueble. La subida de los valores catastrales un 10% tendría una incidencia máxima de un 0,9% sobre ese 1,1% que se imputa por el valor del inmueble a la declaración del IRPF de aquellas personas con más de una vivienda en Sevilla.

-Impuesto de Patrimonio: Sólo se aplica a aquellas personas con valores patrimoniales superiores a 700.000 euros, teniendo en cuenta que las viviendas con valores de menos de 300.000 euros no computan. Es decir, que para que afecte a una persona esta subida del valor catastral mínimamente, debe tener un patrimonio de más de 700.000 euros.

En cualquier caso, se puede elegir entre varias opciones la más favorable, de forma que puede computar el valor catastral o, por ejemplo, el valor de la adquisición.

Espadas no tocará el bolsillo de las familias en las nuevas Ordenanzas Fiscales

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El gobierno local dio ayer por finalizadas las reuniones que ha celebrado con los portavoces de los grupos políticos municipales para avanzarles las líneas maestras de las nuevas Ordenanzas Fiscales, encuentros en los que sólo ha faltado Zoido, que delegó su representación. Espadas ha declarado intocables a las familias, considera inviable la rebaja del 10% en el IBI preconizada por el PP y Ciudadanos y aplicará una mayor presión fiscal a las grandes empresas, que reducirá si éstas demuestran un mayor compromiso con la ciudad con, por ejemplo, el incremento de sus plantillas.

Las familias y las pequeñas y medianas empresas sevillanas no se verán afectadas, en líneas generales, por el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2016 que el gobierno local ha avanzado a los portavoces de los grupos políticos y que remitirá hoy al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) para someterlas a su dictamen previo.

Según las primeras impresiones recogidas, ante la actualización de los valores catastrales, en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) el coeficiente pasa de 0,8067 que tiene en 2015 a 0,7334. Con esta medida, los recibos quedarán completamente congelados para los hogares y las pymes.

El gobierno de Espadas ha rechazado, por inviable, la rebaja del 10% preconizada desde la oposición por PP y Ciudadanos, ya que tendría una repercusión de 17,3 millones de euros en las cuentas municipales, a lo que hay que sumar el recorte en 6 millones de euros decretado por el Gobierno de la nación en la participación de la ciudad en los ingresos del Estado.

Con este escenario, una rebaja en el IBI provocaría que el Consistorio no pudiera afrontar una mínima subida salarial siquiera a los funcionarios, ni el abono de la paga extra. Hay que tener en cuenta que la previsión de ingresos por el IBI para el año en curso es de 173 millones de euros tras las fuertes subidas realizadas en los primeros años del mandato de Zoido, cuando ascendió a 183 millones (año 2012) y 201 millones (año 2013). Por tanto, una rebaja de esa cuantía supondría esos 17 millones de menos en la principal fuente de ingresos del Consistorio.

Por otra parte, en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como el impuesto sobre las plusvalías, se reducen los coeficientes que aplica el Ayuntamiento hasta en un 32% en el caso de las plusvalías a corto plazo: cinco años. La cuota de este impuesto pasa de 29,5 a 36,8 con carácter general para que no tenga incidencia la actualización de los valores catastrales. En las transmisiones, además, de 1 a 5 años pasa del 3,7% al 2,5%.

En esta línea de no tocar el bolsillo de la inmensa mayoría de los sevillanos, se congelará el sello del coche y hasta se rebajará en un 4% el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ya que pasa de 3,85 a 3,70.

La mayoría de las tasas con incidencia en familias y pequeñas y medianas empresas se congelan, desde la tasa de basuras hasta la de Tussam, y se suprime también la tasa de la basura a los locales vacíos que había aprobado el gobierno de Zoido.

En este escenario de congelaciones generalizadas, a salvo de conocer en profundidad el proyecto de Ordenanzas, la presión fiscal se incrementará para las grandes empresas, conforme al discurso del alcalde de que “otros tienen que hacer un esfuerzo: quienes más beneficio obtiene por su actividad, los grandes contribuyentes con grandes instalaciones en la ciudad”.

Ahora bien, el Ayuntamiento introducirá medidas correctoras para aliviar esa presión fiscal destinada a recaudar los 6 millones de euros menos que transferirá el Gobierno de la nación, siempre que las grandes corporaciones adopten un mayor compromiso con Sevilla, con medidas como, por ejemplo, la creación de empleo, habida cuenta de que la ciudad tiene en el paro (84.483 desempleados en septiembre) el mayor de sus problemas.

Indigestión de Setas (de la Encarnación)

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Apenas conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocadora en gran parte de la dictada el pasado 10 de abril por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de Sevilla y por la que finalmente el Ayuntamiento, gracias al recurso interpuesto por los Servicios Jurídicos municipales por orden de Zoido, sólo queda obligado a indemnizar a Sacyr con 2,59 millones de euros por los incumplimientos y ocurrencias de última hora de Monteseirín en vez de con los 36,5 millones de euros del primer fallo judicial, apenas conocerse la sentencia, decía, Espadas ha anunciado su propósito de reorientar la gestión de las Setas de la Encarnación y de convertirlas en el “epicentro” de la próxima Navidad.

El alcalde ha afirmado lo siguiente: “Se lo voy a dejar muy claro a Sacyr. Ellos son una constructora, pero yo necesito un buen gestor para este espacio público”.

De entrada, el alcalde comete dos errores, porque Sacyr es mucho más que una constructora. Tiene una filial o división de concesiones y, por tanto, con un perfil puramente de gestión, con más de 20 años de antigüedad y que está especializada en el diseño, financiación, construcción y gestión de activos. Actualmente, según reza en su página web, cuenta con una cartera de 35 concesiones, distribuidas en siete países, de las cuales 23 están en explotación y el resto, en desarrollo. Entre sus concesiones figuran 24 autopistas que suman casi 3.000 Kms., entre la UE y América; 7 hospitales, con más de 3.000 camas (3 en Madrid, 3 en Portugal y 1 en Chile); 2 intercambiadores de transporte en Madrid; una línea de Metro en Tenerife y un aeropuerto en Murcia.

Por tanto, Sacyr es, además de constructora, gestora, pero cuando el alcalde habla de que necesita un buen gestor para el Metropol Parasol está diciendo de forma implícita que Sacyr es un mal gestor, ante lo cual podría preguntarle a su antecesor y correligionario Monteseirín por qué entonces le adjudicó la construcción y gestión, por 40 años, de las Setas.

ESPACIO PRIVATIZADO

La segunda aseveración de Espadas ya no se compadece con la realidad, porque la Encarnación es un espacio público privatizado “de facto” por Monteseirín en beneficio de Sacyr por ese periodo de 40 años al otorgarle la explotación de las Setas y de lo que está debajo (con la excepción del Antiquarium) y a su alrededor. A la constructora aún le quedan 36 años de disfrute de la privatización de ese espacio público realizada por un alcalde que se declaraba socialista como Monteseirín. Dicho de otro modo, Monteseirín privó a los sevillanos de la plaza de la Encarnación con tal de que Sacyr le construyera las Setas como icono de su mandato.

Desde aquel momento, como concesionaria y explotadora del complejo Metropol-Parasol y del espacio Encarnación, Sacyr puede desarrollar allí, siempre que cumpla la normativa municipal, las actividades que considere más adecuadas o rentables para sus intereses, aunque sea la colocación de tiovivos y el paseo de camellos por Navidad y que tanto parecen haber disgustado a Espadas. Nada, por otra parte, muy alejado de lo que permitió el gobierno de Zoido en la cercana Alameda.

Lo más insólito de las declaraciones del alcalde es su aceptación de que el proyecto de las Setas ha sido hasta ahora “económicamente poco rentable”, siguiendo las tesis de la compañía en su afán de devolverlas al Ayuntamiento; que “tiene que revisarse en su conjunto” y que todo pasa por una “renovación comercial, con proyectos potentes, donde el Ayuntamiento invierta y haga actividades que conviertan la Encarnación en un punto focal de la ciudad”.

DATO OCULTO

El coste real del proyecto de reurbanización y reutilización de la Encarnación sigue sin ser aclarado por el Ayuntamiento, ni por el anterior gobierno municipal ni por el nuevo. También depende de que se contabilice el coste del abandono del proyecto inicial que Monteseirín desarrollaba con sus socios del PA (se dio una estimación de 14,6 millones de euros) hasta que se zafó de ellos para coligarse con IU.

En la sentencia del TSJA se lee que el proyecto de las Setas tenía un presupuesto total de 51.206.918,25 euros, que el Ayuntamiento se comprometió a financiar con 25.421.166,29 euros. El resto del dinero debía aportarlo Sacyr, que lo compensaría y obtendría un beneficio por la explotación comercial durante 40 años. Sin embargo, según el fallo judicial, del presupuesto total se detrajeron 5.326.690,22 euros, que no tuvieron que ser financiados por el adjudicatario de la concesión. De ello se colige que la aportación de Sacyr se redujo a 20.459.061,74 euros.

Posteriormente hubo dos modificaciones de obra que asumió el Ayuntamiento, el cual, según el TSJA, ha acabado pagando el 82% de la inversión en metálico. Por tanto, si el 18%, la parte de Sacyr, eran 20,4 millones de euros, el Consistorio habría desembolsado 93.202.392,37 euros y el coste total de las Setas sólo en esta segunda fase habría ascendido a 113.661.454 euros en números redondos.

Espadas dice ahora que el proyecto ha sido poco rentable. Será que no escuchó el discurso de Monteseirín durante la inauguración de las Setas, donde dijo: “Según los análisis de los expertos, los beneficios económicos, directos e indirectos, que el Metropol Parasol va a traer a la ciudad superarán, en un solo año, la inversión acometida”.

REVISIÓN DEL CONTRATO

Y añade Espadas que “hay que revisar” el contrato con Sacyr y que el Ayuntamiento debe invertir en las actividades que en las Setas se hagan porque es un icono a nivel internacional. ¿Un icono con tiovivos y camellos y bares low-cost?

¿Por qué hay que revisar el contrato? ¿Lo revisaría acaso Sacyr para repartir sus ganancias con la ciudad? El riesgo es consustancial a la actividad empresarial. Se supone que una multinacional con 20 años de experiencia en concesiones y ejecutora hasta de la ampliación del canal de Panamá debió hacer bien sus cuentas cuando se presentó al concurso de las Setas, salvo que hiciera una oferta temeraria a la baja para que se lo adjudicaran. Si ahora, supuestamente, no le salen las cuentas, ¿le va a trasladar sus presuntas pérdidas también a los sevillanos?

¿No le bastan a Espadas los casi 108 millones de euros (contando los 14,6 millones iniciales) que del dinero de los sevillanos habría enterrado ya el Ayuntamiento en las Setas como para anunciar nuevas inversiones municipales allí, en vez de dedicar el dinero a los barrios más desfavorecidos?

Al final, el alcalde, para regocijo de Sacyr, puede acabar aplicando en las Setas el principio capitalista de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

El TSJA rebaja a 2,59 millones la indemnización a Sacyr por las Setas de la Encarnación

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado en gran parte el recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Sevilla y rebajado de 36,5 millones de euros a tan sólo 2,59 millones la cantidad que debe pagar el Consistorio a la empresa constructora Sacyr por los incumplimientos de algunas obligaciones contractuales.

El Juzgado de lo Contencioso Nº 5 de Sevilla dictó el pasado 10 de abril una sentencia resolutoria del contrato de concesión firmado por el Ayuntamiento con la empresa Sacyr para la construcción y posterior explotación del Metropol Parasol, popularmente conocido como las Setas de la Encarnación, durante un plazo de 40 años y condenó al Consistorio a pagarle a la constructora una indemnización por una serie de conceptos que sumaban un total de 36.532.464,18 euros y a hacerse cargo del complejo urbanístico-comercial a partir de ahora y sin esperar a los 36 años de la concesión que quedaban pendientes (a contar desde la inauguración oficial en la primavera de 2011).

El Ayuntamiento -y la Gerencia de Urbanismo- recurrió la sentencia a través de sus Servicios Jurídicos y ahora el TSJA ha revocado en gran parte el fallo judicial originario y estimado los argumentos municipales. La clave de esta nueva sentencia consiste en que para el TSJA no se da ninguna causa concreta ni esencial para declarar resuelto el contrato. Si bien admiten los incumplimientos del mismo por parte del Consistorio y denunciados por Sacyr, los jueces afirman que “los incumplimientos no son causa de resolución, ni aisladamente ni de forma conjunta, sin perjuicio del derecho (de Sacyr) a percibir lo que es debido” por aquéllos. Y no es causa de resolución tampoco porque la constructora ha seguido explotando normalmente las Setas a pesar de esos incumplimientos municipales.

Justamente por eso, el TSJA condena al Ayuntamiento y a la Gerencia de Urbanismo a pagarle a Sacyr 2.594.862 euros, una cantidad que aquél no ha impugnado en su recurso, de lo que se colige que asume la reclamación planteada por Sacyr por los siguientes conceptos:

-Retraso en el pago de una certificación de obra: 597.823,87 euros.

-Por el acceso gratuito de los sevillanos a las Setas: 525.349,72 euros.

-Por menores gastos repercutidos a los placeros: 68.306,40 euros.

-Por retrasos y alquileres no cobrados desde el inicio de la explotación: 1.403.382,01 euros.

Por tanto, el TSJA ha anulado de la sentencia anterior los dos puntos de mayor cuantía económica reclamados por Sacyr: la inversión no amortizada (13.275.852,29 euros) y el lucro cesante (20.661.749,89 euros), más los intereses.

PASIVIDAD MUNICIPAL

Al analizar el diferendo por la falta de explotación del mirador tras la decisión de Monteseirín de facilitar el acceso gratuito de los sevillanos, el TSJA se remite a las pruebas periciales y documentos aportados por Sacyr y subraya que no han sido discutidos por la Administración, “que ha mostrado una pasividad inexplicable en este punto”, si bien, al igual que en el resto de las reclamaciones no atendidas, no lo considera un incumplimiento esencial y causa de resolución del contrato, ya que tampoco Sacyr recurrió ni impugnó la resolución de la Alcaldía sobre la entrada gratuita de los nativos.

Los jueces destacan que el contrato firmado en su día por el Ayuntamiento y Sacyr es complejo y no sólo versa sobre la ejecución de unas obras, ya que incluye una concesión por 40 años de la explotación comercial de las Setas. Por eso, cuando analizan algunos incumplimientos o retrasos por parte del Ayuntamiento, afirman que una demora inferior a tres años tiene menor relevancia y es menos “sustancial” que si el plazo de la explotación total fuera inferior (por ejemplo, diez o veinte años).

Es más, recuerdan que ya se contempló al inicio del contrato que podía producirse un retraso (sin establecerse límite de tiempo) y se fijó para ese caso una indemnización, no una resolución del contrato.

REACCIÓN

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ha destacado cómo los Servicios Jurídicos Municipales han resuelto un proceso “frente a la desidia política del Gobierno de Zoido, que ha puesto en riesgo de forma temeraria los intereses del Ayuntamiento”.

Muñoz también subraya que, tal y como recoge la sentencia, existió en el mandato pasado “una censurable pasividad en el abono de las cantidades y en la búsqueda de una solución, que además queda ratificada en el hecho de que contra las cantidades que se reclaman y que finalmente resuelve la sentencia que hay que abonar ni el Ayuntamiento ni la Gerencia han opuesto la realidad de estos conceptos debidos”.

Según el delegado, es el momento ahora de mirar hacia adelante, de recuperar el diálogo y de abandonar la estrategia absurda de confrontación constante y de desaprovechar los recursos con los que cuenta la ciudad. “Es el objetivo de este Ayuntamiento poner en valor el proyecto Metropol Parasol y aprovechar todas sus potencialidades”, afirma.

La cubierta de la Davis cumplirá cuatro años arrumbada en un almacén

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La celebración de la final de la Copa Davis de tenis en Sevilla ha sido históricamente un gran éxito para el deporte español, porque nuestra Selección ha ganado la popularmente conocida como ensaladera, pero una ruina para el Ayuntamiento de la ciudad, tanto por el déficit generado por el evento como con la odisea posterior con la cubierta bajo la cual se disputó: la primera fue expoliada y fue causa hasta de una crisis política en el Consistorio y la segunda cumplirá al menos cuatro años almacenadas en los bajos del estadio de la Cartuja.

La Junta de Gobierno de la Corporación Municipal se ha visto obligada a adjudicar de nuevo a la sociedad gestora del estadio (Estadio de la Cartuja de Sevilla S. A.) un contrato de 4.025,17 euros (más 845,28 euros de IVA) por mantener almacenada durante otros cinco meses la cubierta bajo la que se disputó la final en diciembre de 2011, en la que España se impuso a Argentina por 3-1 y ya no hubo necesidad de disputar el último partido.

Según los informes recabados por la Delegación municipal de Hacienda, debido a su gran tamaño la cubierta permanece almacenada en los bajos del estadio porque supondría un gasto mayor para el Ayuntamiento su traslado a un inmueble de propiedad municipal que el arrendamiento de su actual ubicación.

La otra razón, aunque no se explicita, es la de la seguridad tras el enorme escándalo político que supuso el expolio de la cubierta anterior al haber sido abandonada a su suerte tras ser depositada en unos terrenos abiertos y sin vigilancia.

Con este contrato por cinco meses más, la cubierta acumulará cuatro años arrumbada en un almacén del estadio, con un coste estimado de casi 10.000 euros anuales, por lo que la suma de la factura en estos cuatro años ascenderá a unos 40.000.

La cubierta fue comprada por el gobierno local durante el mandato de Juan Ignacio Zoido como alcalde con el argumento de que sería más barato quedársela al coste de 429.025 euros (aunque se dieron varias cifras), incluyendo el montaje y desmontaje, para su posterior reutilización en la ciudad que alquilarla para los escasos días de la final tenística a cambio de unos 600.000 euros (también se dieron otras cifras).

Sin embargo, Zoido concluyó su mandato de cuatro años dejando la estructura en los bajos del mismo estadio de la Cartuja que albergó la final porque nunca acabó de concretar su uso alternativo.

La anterior corporación estudió la posibilidad de reinstalarla en terrenos deportivos del Charco de la Pava, Hytasa, Parque Amate, Parque de los Príncipes, Los Bermejales, distritos Norte y distrito Este, pero no acabó de materializar propuesta alguna.

Al coste del almacenamiento durante cuatro años hay que añadir el déficit generado por el evento deportivo en las arcas municipales, que ascendió a casi un millón de euros.

Torres de 70 metros en Cruzcampo

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El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de los terrenos de la antigua fábrica de la Cruz del Campo en la Avenida de Andalucía ya ha cumplido todos los trámites legales con su publicación en boletín oficial, por lo que los promotores podrán construir allí torres de hasta 70 metros de altura, pese a que Zoido se comprometió con la Unesco a frenar nuevos edificios de este tipo en la ciudad.

El 29 de junio de 2012, Juan Ignacio Zoido aterrizó en Sevilla procedente de San Petersburgo, donde había logrado detener la inclusión de la ciudad en la lista del Patrimonio Mundial en peligro por causa de la construcción de la torre Pelli en la isla de la Cartuja, aunque a cambio del cumplimiento de una serie de compromisos con la Unesco.

El entonces alcalde anunció en el aeropuerto de San Pablo que desde ese mismo momento promovería una modificación del PGOU para que no se construyeran más rascacielos en la Cartuja y subrayó que dicha modificación tendría que ser aprobada por la Junta de Andalucía.

Zoido afirmó asimismo que el Ayuntamiento se había comprometido ante el organismo de la ONU que vela por la cultura y el patrimonio a modificar el planeamiento urbano de la ciudad para “impedir que, en un futuro, nuevos proyectos comprometan el paisaje histórico de Sevilla”, así como a la redacción de los planes especiales de protección para espacios históricos como el barrio de Santa Cruz, el entorno de Santa Catalina y la Torre del Oro. El entonces alcalde fue tajante en sus declaraciones: “En el entorno del casco histórico no habrá más rascacielos”.

Sin embargo, Zoido no modificó el PGOU para nada relacionado con rascacielos en la Cartuja sino para construir un puente -desechado por el nuevo gobierno local- que poner al servicio de la torre Pelli; y en cuanto al entorno de la Torre del Oro, su actuación más controvertida fue la tala de los árboles de la calle Almirante Lobo para que no impidieran la visión del monumento.

TRES AÑOS DESPUÉS

Item más, tan sólo tres meses después de sus promesas a la Unesco de no permitir rascacielos en el entorno del Casco Histórico, el Ayuntamiento aprobó el PERI de la Cruzcampo, el mismo que ha tardado tres años en publicarse en boletín oficial para tener plena validez jurídica y en el que en distintas zonas del futuro complejo urbanístico se permitirán bloques de 33,5 metros; 54,5 metros y 70 metros de altura. A título de ejemplo comparativo, la torre de Los Remedios mide entre 63 y 66 metros, según los criterios que se empleen.

Aunque la construcción de las torres de 70 metros (inicialmente se permitían de hasta 90 metros, pero luego se rebajó diciendo que se trataba de un error) se supedita a un estudio de detalle, las fuentes consultadas indican que jurídicamente el Ayuntamiento ya no podría oponerse a que un promotor edifique con la altura máxima prevista en este Plan Especial.

El PERI fue impulsado por la Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Híspalis S. L., constituida por un ‘pool’ de bancos que en conjunto habían prestado unos 330 millones de euros a la promotora vasca Urvasco. Esta compró con aquel dinero los suelos recalificados en el PGOU de 2006 a Cruzcampo (18 ha, salvo la histórica sede de la compañía, edificio ya protegido legalmente) para que un grupo de arquitectos-estrella (Norman Foster, Jean Nouvel, Arata Isozaki y Guillermo Vázquez Consuegra) diseñaran un complejo de 1.963 viviendas de alto standing y al menos un hotel, con un coste estimado de unos 750 millones de euros. Los arquitectos llegaron a retratarse con Monteseirín y directivos de Urvasco en el balcón del Ayuntamiento, donde fueron recibidos como auténticos divos.

La crisis se llevó por delante a Urvasco y los bancos se tuvieron que quedar con los terrenos. Sólo ahora, con la mejora de las perspectivas económicas, la compañía que constituyeron a tal efecto ha depositado el aval del 6% (962.722,56 euros) exigido por la ley para la ejecución de las obras de urbanización, tras lo cual se ha desbloqueado la publicación del PERI en boletín oficial. De ello se colige que la urbanización de los suelos costará al menos 16.045.376 euros.

La edificabilidad total permitida es de 255.168 m2, que se repartirá entre 1.073 viviendas libres, 890 protegidas, locales comerciales, oficinas y usos hoteleros.

Taifas verdes

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El Ayuntamiento ha presentado hace unos días el Inventario/Diagnóstico de los 178.000 árboles de la ciudad, según el cual hay 2.477 ejemplares con defectos estructurales y/o morfológicos graves o muy graves que suponen un riesgo estático bastante elevado para los viandantes, por lo que es aconsejable su sustitución a corto o medio plazo. De hecho, el Centro de Coordinación Operativa municipal atiende unas 900 incidencias anuales relacionadas con los árboles (a una media diaria de 2,5).

A raíz de que el pasado 10 de agosto se desplomaran en la Macarena partes de un árbol sobre dos personas, que sufrieron heridas de gravedad, el nuevo gobierno de Juan Espadas encargó una inspección del arbolado de la ciudad, que ha sido concluida en 40 días, con lo que en cada jornada se habrían inspeccionado 4.450 ejemplares. El dato ha sido cuestionado por inverosímil, dada la falta de suficientes especialistas y de instrumentos de diagnóstico avanzados tanto en el Servicio de Parques y Jardines como en las empresas del macrocontrato de las zonas verdes.

No obstante, éste es otro de los problemas heredados por Espadas, que al menos ha reaccionado de inmediato para contar con una aproximación sobre el estado del arbolado. El Inventario/Diagnóstico es en realidad un “yo me acuso” de los pecados verdes cometidos hasta ahora por el conjunto de la Corporación Municipal, ya que ¿a quién si no imputar la responsabilidad por los cinco grandes problemas detectados?

Son los siguientes. 1) Selección inadecuada de especies; 2) Mala calidad de las plantas; 3) Malas condiciones de plantación; 4) Falta de coordinación; 5) Inadecuada organización.

DEMASIADOS ACTORES

En la ciudad falta una Autoridad Única sobre los árboles y hay demasiados reinos de taifas al margen del Servicio de Parques y Jardines, que queda orillado en muchas de las actuaciones que se acometen y que teóricamente deberían ser de su competencia. Por ejemplo, la Gerencia de Urbanismo es responsable de que las contratas que ejecutan los proyectos de urbanización y/o de reparaciones en la vía pública planten árboles según su propio criterio. ¿Quién tomó la decisión de sembrar fresnos en la Alameda de Hércules, donde históricamente predominaban álamos?

El recinto de la Feria de Abril es otro hecho exógeno a Parques y Jardines, donde sus especialistas no tienen arte ni parte. Allí se podan los árboles a destiempo y sus ramas quedan reducidas a muñones no por criterios de jardinería, sino para que luzcan más los farolillos. Entonces, ¿para qué plantar árboles, si luego estorban? Después, si aparecen pudriciones en los troncos o los árboles, debilitados, son atacados por plagas, la culpa se achaca al departamento que no ha intervenido en el campo de Los Remedios.

Hasta las asociaciones de vecinos, con la mejor de las intenciones, plantan ejemplares e incluso aprovechando las subvenciones municipales. Y qué decir de los constructores de urbanizaciones privadas: generalmente las terminan con siembra de árboles en las aceras, la mayoría de las veces sin conocimiento del Servicio de Parques y Jardines (¿acaso las inspecciona?) e incumpliendo las normas de Urbanismo sobre el tamaño de las especies.

ALCORQUES MÍNIMOS

Asimismo, los alcorques de dimensiones mínimas los ha tolerado hasta ahora el Ayuntamiento en las obras de urbanización de calles, donde confluyen otras para la canalización subterránea de la red de agua potable, red eléctrica, red telefónica, red semafórica, el alcantarillado…. que realizan distintas compañías. En una reciente avería en la vía pública, los técnicos de Emasesa tuvieron que levantar prácticamente un plano de situación del subsuelo de entremezclados que estaban todo tipo de cables y conductos.

¿Quién pone orden en este caos, que como en el caso de la calle Almirante Lobo fue esgrimido luego por el gobierno de Zoido para tratar de justificar la tala de los grandes plataneros de la Exposición del 29 para que así se viera mejor la Torre del Oro?

Esta descoordinación y existencia de reinos de taifas verdes es la causa principal de la situación a la que hemos llegado, pero de momento el Consistorio ha anunciado doce medidas para abordar sólo las consecuencias. Una de ellas, con buen criterio, consiste en la formación y certificación en arboricultura tanto de los operarios como de los técnicos implicados en la gestión del arbolado, con lo cual se pone de manifiesto todavía más el dislate que ha supuesto el cierre de la Escuela de Jardinería Romero Murube en el parque de María Luisa después de la quiebra de la Fundación Forja XXI, sin que el gobierno de Zoido se atreviera a rescatarla. Ahora parece más necesaria que nunca y debería ser una de las prioridades de Espadas, también para crear empleo.

LA TÍPICA MESA

La implantación de un sistema de información geográfica del arbolado es una magnífica iniciativa, pero de poco servirá si no se mantiene en permanente actualización y revisión, para lo cual se necesita personal especializado y medios en un Ayuntamiento maniatado por la tasa de reposición.

Como en cada problema que surge (zona azul, botellonas, polígonos industriales…), el gobierno de Espadas reacciona anunciado la creación de una mesa ciudadana. También lo ha hecho en este caso. No están de más, pero recuérdese que Monteseirín anunció otra similar que no sirvió más que de pantalla tras su arboricidios, ya que no se hizo nada de lo que allí se preconizó.

¿Será esta vez diferente?

Hacienda sube los valores catastrales en Sevilla pero Espadas los neutralizará en el IBI

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Sevilla figura en la relación de 34 municipios de la provincia que han sido incluidos por el Ministerio de Hacienda en la lista nacional de aquellos en los que resultará de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales. El Ayuntamiento, sin embargo, actuará en la parte que le corresponde para que esa subida no repercuta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Los nuevos coeficientes de los valores catastrales se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y surtirán efecto a partir del 1 de enero del año próximo, aunque ya se estima que ascenderán a un 10% aproximadamente y que tendrán su traducción en el IBI.

La Orden de Hacienda, que ya es oficial por haberse publicado en el Boletín del Estado el pasado lunes, llega después de que Espadas anunciara en el curso de un desayuno informativo du decisión de no incrementar el IBI en su primer año de gobierno a las familias y pymes sevillanas y de revisar, en todo caso, el de las grandes empresas y en una proporción máxima de un 10%.

Para cumplir su compromiso, el alcalde ha ordenado que se ajuste el coeficiente (el Ayuntamiento tiene potestad para ello), con lo cual esta revisión de valores catastrales no tendrá repercusión en el IBI que paguen los sevillanos en 2016.

Además de en Sevilla capital, se actualizan al alza los valores catastrales en treinta y tres municipios de la provincia: Aguadulce, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Alcolea del Río, Almadén de la Plata, Almensilla, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Camas, Carrión de los Céspedes, El Coronil, El Madroño, El Real de la Jara, El Rubio, Espartinas, Estepa, Gelves, Gerena, Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, La Rinconada, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera, Olivares, Pedrera, Salteras, San Nicolás del Puerto, Santiponce, Valencina y Villaverde del Río.

Los valores catastrales se revisan normalmente a petición de los propios Ayuntamientos (en Sevilla lo hizo Zoido, si bien señalando su deseo de que la medida no entrara en vigor hasta el segundo semestre de 2015, por tanto una vez pasadas las elecciones municipales de mayo), y para admitir la solicitud, han de cumplirse estos requisitos:

-Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2016 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2011.

-Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.

-Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo, plazo que para el año 2015 fue prorrogado hasta el 31 de julio.

El Ayuntamiento de Sevilla acumula condenas judiciales por valor de 52 millones

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Los cuatro grupos políticos de la oposición municipal han señalado con motivo de los primeros 100 días de Espadas como alcalde que están a la espera de que presente sus proyectos de Ordenanzas Fiscales y Presupuestos para evaluar con mayor fundamento su gestión. El problema para Espadas es que desde abril el Ayuntamiento acumula 52 millones de euros en condenas judiciales, una cantidad que supera en 2,6 veces el presupuesto real de inversiones con que cuenta la ciudad para el año en curso y que deja al alcalde con una limitadísima capacidad de maniobra.

El Ayuntamiento no tuvo más remedio la pasada semana, obligado por sendas condenas judiciales en contra, que aprobar el pago de 122.448,15 euros a Telvent y de 173.043 euros a Telefónica, dinero que se suma a varias condenas millonarias que ha sufrido desde el mes de abril y que suman casi 48 millones de euros , a los que hay que añadir más de cuatro millones por intereses de demora y de otro tipo y de reconocimiento de derechos de cobro a las empresas que han pleiteado contra la corporación y han obtenido estas sentencias favorables.

En total, el montante de las condenas asciende a 52 millones de euros, y todavía hay en lontananza pleitos pendientes en los que se dirimen 28 millones de euros más. Dado que en el actual Presupuesto municipal de 2015 el dinero realmente disponible para inversiones asciende a unos 20 millones (en concreto 19.990.748 euros), los pagos por los fallos judiciales en contra superan en 2,6 veces esa cifra.

Por ende, a Espadas se le complica el escenario económico debido a que el Gobierno de la nación le transferirá al Ayuntamiento 6 millones de euros menos con cargo a la participación en los ingresos del Estado que en el último ejercicio. Entre condenas judiciales y menores transferencias, el alcalde se va a ver abocado a buscar aquello que dijo en su controvertido anuncio de bajada/subida del IBI: los resquicios que haya en las normas, para tratar de recaudar más fondos con los que afrontar esta complicada situación.

‘LEGADO’ DE MONTESEIRÍN

La sombra de Monteseirín es tan alargada que cuatro años y medio después de su salida del Ayuntamiento su negativa herencia aún sigue lastrando a sus sucesores. Sin contar las cantidades que tuvo que pagar Zoido en los primeros años de su mandato por sentencias también contrarias por la gestión de Monteseirín, especialmente por las obras de la Alameda y del carril-bici, el pasado abril el Consistorio recibió el, probablemente, mayor golpe judicial de su historia reciente al fallar la Justicia en su contra y a favor de Sacyr en el pleito por las Setas de la Encarnación: 36,5 millones de euros.

Ya con Espadas como alcalde, el Ayuntamiento ha sufrido otra condena en un pleito arrastrado desde la época de Monteseirín, por la cesión de suelos de Mercasevilla a Sando para la construcción de naves industriales. En este caso la condena ha sido de casi 9 millones de euros, que con los intereses de demora y otros conceptos se elevará a 12 millones en números redondos.

Los siguientes pleitos perdidos han sido heredados por Espadas de la gestión de Zoido: condena de dos millones por la suma de dos sentencias favorables a Detea en el caso de la comisaría de la Ranilla, que acabarán siendo tres millones, ya que la Justicia le ha reconocido a la empresa el derecho a reclamar otro millón más.

Y las dos últimas condenas en contra del Consistorio son a favor de Telvent por la revisión de precios al alza del contrato de las señales de tráfico (0,12 millones) y a favor de Telefónica por unas obras de modificaciones de líneas de comunicaciones (0,17 millones).

El Ayuntamiento se enfrenta además a una demanda de Detea de 20 millones por el ruinoso estado en que le entregó los edificios de la Policía en la Cartuja y a una reclamación de Resipark de 7,8 millones por la anulación del contrato que firmó Monteseirín para la construcción de aparcamientos subterráneos en suelos que resultó no eran de propiedad municipal.

La factura judicial del Ayuntamiento

Empresa Asunto Importe indemnización

Sacyr Setas Encarnación 36.532.464,18 euros

Sando Suelos Mercasevilla 8.944.710,30

Sando Intereses y otros (estimado) 3.055.290,00

Detea Sede Policía La Ranilla 1.902.366,91

Detea Sede Policía La Ranilla 177.923,88

Detea Intereses y otros 1.076.685,46

Telvent Señales de tráfico 122.448,15

Telefónica Líneas teléfono 173.043,00

TOTAL 51.984.931,88