La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, dice tras el varapalo del Supremo a la Junta en el caso de los ERE -con origen en Mercasevilla- que la voluntad de Griñán es remitir a la juez Alaya el 100% de las actas del Consejo de Gobierno “sin excluir ni una coma, porque no tiene absolutamente nada que ocultar”. Y si no tiene qué ocultar ni hay materia reservada en unas actas que por naturaleza deben ser públicas en una Democracia que sale reforzada por esta sentencia y por la batalla de la juez, ¿por qué se ha resistido como gato panza arriba durante meses a entregar los papeles y montó el numerito de los viajes de ida y vuelta en los armarios blindados hasta el Juzgado? De perdidos, al río, se habrá dicho Griñán, que quiere aparecer ahora marchando el primero por la senda de la transparencia. Según Mar Moreno, en el fondo la Junta ha procedido así por una mera cuestión de fuero. ¿Y qué fuero defendía si no era el de parapetarse tras un secreto oficial decretado por ella misma? Ahora los papeles tendrán que salir del armario. Al final, ni fuero ni huevo.
Fuera del armario
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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, para defender que los alumnos catalanes sacan notas similares en castellano que los de otras comunidades autónomas, ha colocado a los andaluces y sevillanos a la cola en la escala de la evolución lingüística, al decir: “Y no le hablo ya de Sevilla, de Málaga, de (A) Coruña, etcétera, porque allí hablan castellano, efectivamente, pero a veces a algunos no se les entiende”. Antes que el nacionalista Artur Mas, también desde Cataluña la entonces líder del PP Montserrat Nebrera despreció la forma de expresarse de los andaluces, personificada en la ministra Magdalena Alvarez, de la que dijo: “Tiene un acento que parece un chiste”. Y desde Madrid, el diputado popular Juan Soler descalificó a Trinidad Jiménez igualmente por su acento andaluz, “que la hace más apta -dijo- para Dos Hermanas o Vélez Málaga”. El problema no es que no se nos entienda a nosotros, sino que a Artur Mas, el que ahora exige un concierto como los vascos para no pagar, pagar cada vez menos o trincar cada vez más (como su propio nombre indica), se le entiende todo porque no habla con el poético acento de Bécquer, Cernuda, los Machado y el nobel Aleixandre, sino con el universal lenguaje del dinero.
Tras un acuerdo del Consejo de Ministros en el que se instaba a adoptar medidas urgentes para reducir el déficit público y otro de la FEMP sobre aminoración de salarios de los altos cargos municipales, Monteseirín llevó al Pleno de mayo de 2010 una moción en la que instó a suprimir las dietas por asistencia a las reuniones en las empresas municipales. Marchemos por la senda del sacrificio y yo el primero, parece que dijo el prócer. Ya encendido en su discurso patriótico, el (sin) alcalde propuso “no ya una regulación coyuntural como la que se está tratando ahora, sino una de más calado”. Ahora se ha descubierto que no sólo no dejó de cobrar dietas, sino que las trincó todas, al menos en Emvisesa, donde la crisis inmobiliaria no fue óbice para que él se embolsara 7.392 euros hasta el final de 2010. Y es que en el fondo Alfredo es muy unamuniano. Mientras que don Miguel decía eso de que inventen ellos, Monteseirín, degustador de restaurantes de cinco tenedores junto a su valido en su paso por la Alcaldía, ha acuñado esto otro: “¡A dieta, que se pongan ellos!”.
El exalcalde socialista de El Pedroso y miembro del clan de la Sierra Norte, Rafael Rosendo, ha negado por escrito ante la juez Mercedes Alaya que sea un intruso en el ERE de la empresa Cydeplas y ha defendido que los 109.750 euros que percibió por una póliza avalada por la Junta de Andalucía fue una “renta de subsistencia” individual, de carácter extraordinario y legal. Según Rosendo, él ha recibido el mismo trato que cualquier otro trabajador en paro con problemas para acceder al mercado laboral por su avanzada edad, ya que cuando abandonó la Alcaldía tenía 59 años. Si era una renta de subsistencia porque iba con una mano atrás y otra delante, ¿cómo ha podido devolver al cabo de cuatro años el dinero para aminorar una posible condena? Los dos millones de parados que en España no perciben ayuda gubernamental alguna habrán tomado buena nota de la declaración de Rafael Rosendo para, en cuanto frisen los 60 años, exigir el mismo trato igualitario que él: una rentita de 109.750 euros. Eso sí que es un puente hacia la jubilación y no el del anuncio de Mapfre.
Fran Fernández, el último de Filipinas de Monteseirín y otro más de los imputados de su (des)gobierno, ha declarado con total desparpajo ante el juez que si adjudicó a dedo y saltándose todos los procedimientos un contrato de 644.000 euros fue por “las presiones mediáticas”. Puedo dar más fe que nadie (¿verdad, Marchena?) de que era justamente al revés: no eran los medios quienes presionaban al Ayuntamiento, y menos para vulnerar la legalidad, sino el Consistorio el que acosaba, vetaba y mucho más a ciertos periodistas y periódicos. ¡Qué lástima que esa supuesta presión mediática no surtiera efecto alguno en escándalos como las facturas falsas, los falsos prejubilados de Mercasevilla, el desalojo a golpe de billetes de los chabolistas de Los Bermejales, los viajes de Monteseirín y un larguísimo etcétera! Decía Cruyff que quien no supiera soportar la presión del Nou Camp no podía jugar en el Barcelona. A la vista de su desvergonzada coartada, Fran no estaba capacitado no ya para ser concejal, sino ni siquiera para jugar en el Cerro, el equipo de su barrio.
Antonio Pardal, dueño de Larena 98, reveló que le impusieron el patrocinio del Patín Macarena para entrar en Mercasevilla. Ahora se descubre que Monteseirín adjudicó el Plan Centro a una empresa que financiaba al equipo de fútbol del Cerro del Aguila, el barrio del delegado de Movilidad, Fran Fernández. La beneficiaria alega que no hay caso porque su patrocinio – “una acción social sin ánimo de lucro”, dice- se inició seis años antes del contrato. Sí, pero seis años antes el Cerro era tan coto de Fran Fernández como seis años después, y será casualidad, pero entre todos los equipos de Sevilla el patrocinado fue el del Cerro y no otro. Y también fue casualidad que justo en la temporada pasada, a finales de la cual se adjudicó el Plan, el patrocinio se firmó a través del Ayuntamiento “para darle oficialidad a la colaboración”. ¿Por qué, si era una acción social sin ánimo de lucro? Aunque daba la casualidad de que así la empresa permitía a Fran trasladar la imagen de que el barrio le debía a él la financiación del equipo. ¿No habrá alguna casualidad más?
Tras la llegada de Zoido, el área de Movilidad ha descubierto que Monteseirín, con claros fines electoralistas, dejó de tramitar multas desde finales de marzo de 2011, cuando ya se habían impuesto en los tres meses de vigencia del Plan un total de 7.285 sanciones y, peor aún, que el máximo índice de fiabilidad alcanzado por el sistema de vigilancia -y en una sola cámara- era del 86,5%, cuando el pliego técnico exigía un mínimo del 97%.
A esa ‘tasa’ se unía otra, cobrada a escote en el interior de los autocares, para pagar sobre la marcha el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, pese a que también estaba incluido en los gastos. Con estas prácticas irregulares se habrían recaudado a lo largo de los últimos años varias decenas de miles de euros de los que no existe asiento contable y tan sólo en estos dos distritos. ¿Acaso no sería conveniente crear otra comisión para investigar si este ‘modus operandi’ era generalizado en todos los distritos y no sólo en los viajes recreativos, sino también en la prestación de otros servicios gratuitos?
Lo ha dicho Pérez, no el que estuvo veraneando en Mallorca (acaso también), sino el que, siendo sevillano, vino de Huelva en plan cantes de ida y vuelta y que es ahora la voz a ti debida de Zoido: “El Plan Centro es un fraude de principio a fin”. Ni las cámaras de vigilancia habrían cumplido el pliego técnico (en algunos casos apenas superaban el 65% de fiabilidad) ni se habría sancionado a los conductores que se paseaban por el Casco Antiguo durante ¡más de 200 minutos!, cuando el límite eran 45. Fraude es, según la tercera acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un delito. Palabras mayores. La defraudada en este caso sería la ciudad de Sevilla, que ha pagado 956.946 euros por el ‘Gran Hermano’ miope elegido por Monteseirín para vigilar a todo hijo de vecino sobre ruedas por el Centro. Ante las graves acusaciones del portavoz del gobierno municipal, a Zoido ya no le queda más opción que la de irse directamente al Juzgado de Guardia en defensa de Sevilla. Como juez que es se presupone que no se le ha olvidado el camino al Prado.
El presidente de la CEOE, Joan Rosell, se atuvo al tópico de los funcionarios que no la doblan o se van de cafelitos y pidió que los evalúen para que sepan que no son dueños del empleo. Pues un funcionario de Los Palacios -Juan José Picossi es su gracia- le ha roto los esquemas al jefe de la Patronal al ganarle un pleito al Ayuntamiento saliente. Como este probo secretario municipal se negaba a hacer la vista gorda sobre los presuntos chanchullos que desfilaban ante sus ojos, lo dejaron sin función alguna. Así, cuatro años en los que, contra su voluntad, no hacía ni el huevo, pese a lo cual hasta le subían el sueldo para comprar su silencio. Liberado de la maldición bíblica, otro en su lugar se habría dedicado a pasar el tiempo en sus cosas, sin olvidarse de pasar por caja, pero él ha logrado que la Justicia obligue al nuevo Ayuntamiento a darle trabajo. Una victoria judicial que más parece una condena, ¿no?. Cada vez que un político del Norte vuelva a hablar de los andaluces indolentes, no les mienten a sus madres, sino a Juan José Picossi. Razón, Los Palacios.
El exdelegado ha aclarado una cuestión esencial: que los promotores inmobiliarios entregaron más de 200 millones de euros. Y es que en la última etapa de Monteseirín, a medida que crecía el escándalo por el sobrecoste de las ‘setas’, el Consistorio rebajaba a 172 millones el dinero de la denominada ‘hucha del PGOU’, cuando otrora se habló de una recaudación de entre 230 y 240 millones como fruto de la firma de entre 55 y 70 convenios urbanísticos.
El último sofisma de Celis es decir que una vez que los empresarios desarrollen los suelos, el Ayuntamiento invertirá en la infraestructura necesaria. ¡Si es justamente al revés! Hasta que no se hayan desarrollado los sistemas generales no se puede autorizar ningún desarrollo urbanístico nuevo.