Torrijos anunció el pasado fin de semana que dimitirá como concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla después del debate sobre las Ordenanzas Fiscales y los Presupuestos de la ciudad para 2014, con lo que, a lo más tardar en enero, el portavoz de la coalición de izquierdas pondrá fin a un decenio de presencia en la vida municipal.
Según sus propias palabras, aunque está convencido de su inocencia, se va para que los dos procesos judiciales en que se ha visto envuelto (imputado por el supuesto desvío de fondos en la Fundación DeSevilla y la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla) no perjudiquen las perspectivas electorales, en alza, de IU: “No cabe duda -ha afirmado- de que la repercusión y el tratamiento de los temas judiciales puede perjudicar, sin merecerlo ni estar justificado, la imagen de mi fuerza política y puede debilitarla. Doy un paso al lado para evitar que el proyecto transformador de IU sea agredido utilizando mi nombre”.
EMPUJADO
Pero esa “agresión”, por emplear la misma palabra que Torrijos, la vendría sufriendo desde hace más de dos años, cuando se produjo su primera imputación, sin que en todo este tiempo Torrijos se hubiera visto empujado a la dimisión, como ahora, lo cual se habría debido a varios factores:
1) La posición menos flexible que la de Diego Valderas del nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que no quiere que ningún imputado judicial ocupe un cargo público en representación de la coalición.
2) La soledad política en que se ha visto Torrijos como consecuencia de los ‘nuevos tiempos’ en su formación, evidenciada en el hecho de que ningún responsable de peso en IU le acompañó en el camino a su última comparecencia judicial, al contrario de lo que ocurrió en la primera. Podría decirse que el aún portavoz del grupo municipal “ha entendido el mensaje”.
3) La prohibición, por las normas internas de IU y que Torrijos no ha conseguido cambiar para convertirse en excepción, de repetir como candidato en la lista para las elecciones municipales por cuarta vez consecutiva (ya lo fue en 2003, 2007 y 2011). Torrijos, pues, es en este sentido un político amortizado: representa el pasado y no el futuro para la coalición, y realmente su desgaste personal por motivos judiciales, justo o injusto, acabaría repercutiendo en las expectativas electorales de su coalición, la cual, con su adiós, suelta lastre, por decirlo en términos náuticos.
4) A un año y medio de las elecciones municipales de 2015, la forzada (por la nueva dirección regional) dimisión de Torrijos permite a IU disponer de suficiente margen de tiempo para foguear a su futuro alcaldable y que el electorado vaya poniéndole cara y no sea un desconocido. Aunque dada la singularidad de los procesos internos de la coalición puede ocurrir cualquier cosa, de momento quien más probabilidades tiene de sustituir a Torrijos es el coordinador local, José Manuel García.
PERVERSIÓN POLÍTICA
Pero una cosa es que Torrijos dejase el cargo al finalizar normalmente el periodo de cuatro años por el que fue elegido concejal por los ciudadanos y otra muy distinta que lo haga presionado por la dirección de su formación política por su imputación en dos causas judiciales y conforme a la doctrina de IU de que toda imputación debe suponer la dimisión del responsable así señalado ante la opinión pública.
Los propios partidos políticos, al establecer la ‘pena del Telediario’ para quienes hacen el ‘paseíllo’ camino de los Juzgados a prestar declaración ante el juez como imputados, han acabado pervirtiendo el sentido original de esta figura jurídica y sin respetar la presunción de inocencia de aquéllos; al contrario, sin mediar siquiera una condena que justifique la exigencia posterior de responsabilidades también políticas además de las penales, el imputado acaba convertido ‘a priori’ en un presunto culpable, sobre todo si milita en otra facción dentro del propio partido y que no es la corriente mayoritaria en esos momentos, o en otro partido político.
CONTRADICCIONES
En este sentido, el caso de Torrijos es paradigmático, visto desde dentro y desde fuera de IU. Desde dentro, porque Torrijos dimite por su doble imputación en los casos DeSevilla y Mercasevilla, pero sin haber sido condenado en sentencia firme siquiera, la misma semana en que el diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue condenado a siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad tras la ocupación de la finca militar ‘Las Turquillas’, en Osuna, en julio de 2012.
Según la doctrina de IU, Gordillo debería haber dimitido ‘ipso facto’ como diputado y alcalde, pero el nuevo coordinador general, el mismo que ha presionado para la marcha de Torrijos, descarta la salida de aquél al estimar, sin ser juez, que su condena es “injusta”. El condenado se queda y el no condenado se va. Como se ve, la doctrina de IU también tiene sus excepciones, según convenga.
Y desde fuera de IU, porque es sabido que el PP, que señaló a Torrijos como la ‘bestia negra’ en su estrategia de debilitar al gobierno de Monteseirín por su flanco más débil agitando el espantajo comunista para evitar así la repetición de la coalición postelectoral y propiciar el acceso de Zoido a la Alcaldía, tiene sólo en la comunidad de Valencia 100 imputados en sus filas, sin que les haya exigido la dimisión.
UN PRECEDENTE
¿Y si Torrijos fuera declarado inocente en las causas en que está inmerso? Recordemos: no todo imputado o procesado es acusado, ni todo acusado resulta condenado o culpable, aunque los políticos se comportan (según sus intereses) como si lo fueran.
El caso por antonomasia es el del primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), en la Transición. Once de los trece trabajadores de una empresa textil de su propiedad, Pekus, le pusieron una querella criminal por entender que había simulado su venta al antiguo gerente con el pretendido fin de defraudar sus derechos. Demetrio Madrid fue imputado por la Justicia y de inmediato el entonces líder de la oposición regional, José María Aznar, exigió su dimisión.
El presidente castellano-leonés confesó años después que fue un ingenuo al pensar que su dimisión como presidente autonómico (año 1986) le serviría para que resplandeciera su honorabilidad en los tribunales y que una vez demostrada su inocencia podría volver a concurrir a las elecciones autonómicas en 1987. Fue un ingenuo porque por la lentitud de la Justicia (es conocido el adagio de que una Justicia lenta no es Justicia) el juicio no se celebró hasta diciembre de 1989. Hasta entonces sufrió un calvario personal y político, le volvieron la espalda sus propios correligionarios y Aznar -merced a aquella crisis política- ganó las elecciones regionales y desde el trampolín de la Presidencia de Castilla y León dio el salto a la política nacional y al liderazgo del PP.
El ‘apestado’ Demetrio Madrid fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables. El Tribunal falló no sólo que no había habido venta simulada, sino que el ex-presidente había mantenido abierta durante varios años una empresa que sólo le provocaba pérdidas, pese a lo cual y la nula actividad de la compañía abonaba los salarios de la plantilla de su bolsillo hasta el punto de poner en peligro el patrimonio familiar y sus ingresos como presidente de la Junta.
Un hombre ejemplar, víctima de una cacería política, sin que se respetase su presunción de inocencia ni se le devolviese la posición perdida ni se le procurara una reparación en ningún sentido. La lección que debió extraerse, y que no se ha extraído, del caso de Demetrio Madrid es que ni imputado ni procesado equivale a culpable.
CONDENA PREVIA
Sentado este principio, Torrijos ha dimitido demasiado tarde, porque lo debería haber hecho por otra causa y no por las dos en que ahora se le imputa. Debió haberse ido hace más de dos años, cuando fue condenado por el Juzgado de lo Social Número 6 por acoso laboral a la directora de la 
Oficina de la Bicicleta, Josefa García Jaén, que se había negado a acatar unas órdenes suyas que “no eran viables” legalmente. Vamos, que eran ilegales. Según la sentencia, quedó probado que Torrijos participó en una “actuación vulneradora de los derechos fundamentales”.
Que un líder de una coalición como IU, que se dice de izquierdas y defensora de los trabajadores, haya sido condenado por acosar y vulnerar los derechos de una trabajadora es, además de impresentable, antiestético y antiético y razón más que suficiente para que entonces, y no ahora, IU le hubiera exigido su acta de concejal.
Por si no estuviera enrevesado el escándalo de los EREs que investiga la juez Mercedes Alaya y en cuyo sumario se hallan incluidas las ‘ayudas sociolaborales’ otorgadas con cargo al denominado ‘fondo de reptiles’ de la Junta de Andalucía a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, la cadena de periódicos Viva está publicando una serie de revelaciones al respecto, entre ellas la sorprendente información de que el exdirector general de Trabajo del Gobierno autonómico, Francisco Javier Guerrero, detrajo 300.000 euros que se habían librado para la asociación de mineros onubenses para trasvasarlos a los despedidos por el Grupo Joly.
La sombra de Monteseirín es más alargada que la de la torre Pelli. Casi dos años y medio después de haber sido quitado del medio por el PSOE, con las consecuencias electorales que pagó el inocente Espadas, aún nos da motivos para recordarlo, por su particular modo de gestionar (es un decir) con su valido Marchena los asuntos públicos. El galeno que nunca utilizó fonendoscopio porque se metió a inspector para no pisar los ambulatorios promovió un Plan de Aparcamientos tal que cuando se descubrió la tostada resultó que buena parte de los mismos no se podían construir, porque había ofrecido suelo ¡de titularidad privada en vez de municipal! Como el chiste del que llevaba muchos años de alcalde y no sabía dónde estaba el Ayuntamiento. Ahora, Zoido, con el dinero de todos los sevillanos, tendrá que devolver un millón de euros a nuestros vecinos que, confiando en el (sin) alcalde anterior, anticiparon mil euros que volaron sobre el nido del cuco. Y, mientras tanto, Monteseirín en su dorado exilio de Madrid y haciéndose el loco con su coartada de “yo (sólo) soy médico”.
A Rico Lara, el juez víctima inocente del caso Arny, le han rendido un homenaje póstumo en la Casa de la Provincia tras su muerte física a los 82 años, subsiguiente a la muerte civil que mucho tiempo ha le decretó la sociedad sevillana por la simple presunción de una culpabilidad que no fue tal. Pasó a ser un apestado y se le cerraron todas las puertas. Incluso tras su absolución siguió cargando con la cruz y la pena por la injusticia sufrida. En mi diario, que nació mucho después de aquellos tristes episodios, al menos tuvimos la oportunidad de poder acogerle y darle un espacio a sus escritos, que acudía a entregar en persona y casi de puntillas, por temor a molestar en la marabunta de la Redacción. Todos los oradores que en el acto tomaron la palabra coincidieron en destacar la cobardía e hipocresía, marca de la tierra, con que fue tratado en los círculos en que se desenvolvió. La cobardía ha seguido vigente hasta el final, como prueba este mismo homenaje: ha habido que esperar a su muerte para poder tributárselo, sin que se viera desagraviado en vida.
Miguel Contreras fue uno de los 38 exaltos cargos de CajaSur sancionados por el organismo supervisor bancario -poco antes de las elecciones municipales que dieron la victoria al PP en Sevilla- por un montante global para todos ellos de 2,41 millones de euros. El hoy gerente de Emvisesa, rescatado por el Ayuntamiento sevillano y que era vocal en el Consejo de Administración de la entidad cordobesa, presentó un recurso de reposición, que fue desestimado por el Ministerio de Hacienda el 18 de enero de 2012. Lo más significativo es que ya por entonces este departamento estaba en manos del PP y su máximo responsable, el jiennense Cristóbal Montoro, era además diputado por Sevilla.
Agotados ya todos los recursos, el Banco de España ha confirmado en pleno mes de agosto (Boletín Oficial del Estado Nº 189, de 8 de agosto de 2013) la sanción de 39.000 euros al hoy gerente de Emvisesa en virtud de la ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave consistente en “presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidalble o conglomerado financiero al que pertenezca”.
Retrocedamos por el túnel del tiempo. Veintiséis de agosto. En declaraciones a El Mundo, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, asegura que a primera hora de la tarde de ese día aún no había visto las informaciones publicadas sobre la cena con barra libre en la caseta de UGT en la Feria de Abril, pagada con cargo a los fondos del Gobierno autónomo, y que no quiere ir “más allá” hasta que se reincorpore (a su despacho oficial) “este lunes” (por el 2 de septiembre). Atención: siete días para reaccionar, si es que reacciona, y la confesión de que era ya por la tarde y aún estaba ‘in albis’ sobre la actualidad. Y eso lo dice todo un vicepresidente de la Junta, al que se supone debe estar informado al minuto de cuanto grave ocurra en nuestra comunidad, sea verano o invierno, porque quien puede ser en cualquier momento presidente en funciones no puede ser pillado en un renuncio sobre un escándalo y ha de estar de guardia permanente. La confesión de Valderas demuestra que en agosto la Junta ha funcionado con el piloto automático. ¿Sólo en agosto?
Santander ‘Corral de las Herrerías’, colindante con la Torre de la Plata y la Casa de la Moneda. Según el alcalde, el anteproyecto de este museo, que se abriría en 2015, había sido redactado por técnicos de Urbanismo, se atenía al Plan Especial de la Casa de la Moneda, sería desarrollado por la iniciativa privada y ya había “múltiples empresas interesadas, a las que se exigiría solvencia económica”.
Rompe además la estética de la Casa de la Moneda con un diseño en forma de dos hileras de sucedáneos de casetas de feria, supone la destrucción de dos paños de la antigua muralla islámica que unía el Alcázar con la Torre de la Plata y de una pileta del siglo XVII descubiertas en excavaciones financiadas ¡por la propia Gerencia! e implica un grave riesgo por apoyarse la construcción en la muralla y en la Torre de la Plata, sin garantías de estabilidad y dada la cercanía del manto freático.
El morbo radica en que Zoido, a la vez presidente del PP (A), le concede el borde del río al hijo de la presidenta del PSOE (A), pero son más llamativos otros nombres del Consejo de Administración ligados a empresas como Below Marko. Hace dos meses, los letrados de la Junta pidieron a la juez Alaya en el caso de los ERE que ampliara la imputación a Francisco Javier Guerrero por otras posibles irregularidades en subvenciones a, entre otras, la empresa citada, después de que de esta última dejaran de ser administrador único y apoderado un sobrino y un hermano de Felipe González. O sea, que el proyecto adjudicado a dedo por Zoido tiene mucho más morbo político todavía.
Zoido ha confesado que el Ayuntamiento prepara un convenio similar al redactado para el Betis con el fin de cobrarse las deudas tributarias que el otro equipo de la ciudad (¿o el otro es el otro?, y ustedes ya se entienden), o sea el Sevilla F. C. mantiene aún vigentes con el Consistorio ( Zoido debería contar las que han dejado que prescriban para cada uno) y que dice la Fley rondan los 2,8 millones de euros. Y en esto oigo a colegas de Deportes cantar alabanzas a Del Nido porque ha ingresado este verano por la venta de jugadores 60 millones de euros o incluso más. Calculadora y regla de tres: las deudas tributarias del Sevilla suponen tan sólo el 4,66% del dinero que ha obtenido por el traspaso de Jesús Navas, Álvaro Negredo, Luis Alberto y compañía. Y yo me pregunto si no es hasta una ridiculez que el alcalde tenga que estar detrás de Del Nido con un convenio a la carta en plan cobrador del frac. Si hay una entidad en la ciudad que hoy por hoy no necesita acogerse a un convenio para pagar ‘ad calendas graecas’ ésa es el Sevilla F. C. Le sobra liquidez.
Pero no los ingresará, porque la clave del convenio y que denota cuál es su motivación nos la da este punto: “(….) el Ayuntamiento de Sevilla procederá a compensar de oficio las cantidades anuales devengadas en favor del Real Betis Balompié por la prestación de estos servicios o recursos, hasta el total de 170.000 euros anuales, con la deuda tributaria pendiente”.
consisten, para que en el saldo final aquél no tenga que pagar, o pagar mínimamente, los impuestos que adeuda al Ayuntamiento desde 2008 y que merced a quitas y otras prácticas similares han pasado de casi 1,4 millones de euros a tan sólo 973.000.
El predecesor de Zoido, para que las dos sociedades anónimas deportivas (clubes, en puridad dejaron de serlo) no pagaran tampoco las millonarias deudas tributarias que acumularon durante sus mandatos, se inventó lo que denominé la ‘prestación fiscal sustitutoria’: los equipos de fútbol jugaban algún partidillo acorde a los deseos del Ayuntamiento o rellenaban los vacíos del graderío de los estadios con el reparto de entradas a escolares y otros colectivos y deuda saldada.
Pensemos en City Sightseeing, líder mundial de los autobuses turísticos, los mismos en que Zoido se paseó durante su reciente excursión a Bruselas. Presente en más de cien ciudades, transporta a más de diez millones de viajeros anualmente y cada vez que extiende el servicio a una nueva ciudad obliga a sus franquiciadores a formar a todo su personal en Sevilla.
Zoido ha declarado que no iba a hablar ni de los ERE ni del caso Bárcenas, pero que como alcalde de Sevilla expresaba su apoyo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En las elecciones municipales de mayo de 2011 hubo diecisiete partidos distintos que obtuvieron votos de los sevillanos, aparte de los sufragios en blanco y los nulos, que también son opciones políticas, y muy respetables, como han preconizado José Saramago y Francisco Rubiales, sin ir más lejos. Los 166.000 votantes del PP supusieron el 48,39% de los sufragios emitidos, incluyendo los no válidos. No suponen, por tanto, la mayoría absoluta de los sevillanos, y hay que contar también los 99.000 del PSOE, los 24.000 de IU, los 16.000 andalucistas, los 11.000 de UPyD, los 4.000 ecologistas…..En definitiva, Zoido es muy libre de expresar su apoyo a Rajoy por el caso Bárcenas a título personal o como militante y presidente del PP (A) y hasta como diputado del Parlamento andaluz, pero no debe hacerlo como alcalde de Sevilla, ya que en calidad de tal está hablando en nombre de todos los sevillanos.