La Ejecutiva local de IU ha acordado que su grupo municipal solicite la creación de una comisión de investigación sobre todas las contrataciones del Ayuntamiento con la empresa Fitonovo, presuntamente la principal implicada en la trama de corrupción del caso Madeja/Enredadera, por el que la juez Alaya ha imputado a, entre otros, el hasta ahora portavoz de la propia IU, José Manuel García, ya dimitido; el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo, y el exconcejal del PP y exdirector del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña.
IU, que reconoce que se ha visto seriamente perjudicada por las acusaciones e imputaciones, en éste y otros casos -aunque afirma que no se sostienen-, pretende que salga a la luz toda la verdad “caiga quien caiga”; que se depuren las responsabilidades políticas, “tanto la que pudieran afrontar el anterior gobierno local como el actual”, y que se adopten medidas encaminadas a evitar en el futuro un nuevo escándalo de estas características y a garantizar un mayor control en las contrataciones públicas.
Según la coalición de izquierdas, se debe aprobar esta comisión de investigación “por responsabilidad y por coherencia”, como “un ejercicio de higiene democrática”, ya que hay intranquilidad y alarma social entre los ciudadanos.
Sostiene que no hay ninguna interferencia con el procedimiento judicial existente ni son incompatibles, ya que la comisión de investigación puede funcionar en paralelo y, cuando finalice su trabajo, aportar sus conclusiones a la Justicia. Para IU, es probable que el procedimiento judicial dure varios años y que en ese periodo abandonen la vida municipal muchos de los actuales concejales, por lo que la comisión “es absolutamente imprescindible para despejar dudas e incertidumbres sobre lo ocurrido en torno a los contratos de Fitonovo y para elevar conclusiones que mejoren nuestra capacidad de reacción ante casos como éste”.
APOYO DEL PSOE
¿Cuál ha sido la respuesta del resto de grupos municipales?
El portavoz socialista, Espadas, la ha apoyado aun reconociendo la “complejidad” de su creación y funcionamiento ante el desarrollo en paralelo de un proceso judicial. El líder de la oposición estima que el objetivo de la comisión sería poner “luz y taquígrafos” en los contratos municipales con Fitonovo en los distintos mandatos, porque “hay que aclarar cualquier tipo de responsabilidad en el Ayuntamiento, tanto anteriores como en la etapa actual”.
Para los socialistas, que subrayan la necesidad del consentimiento del PP por tener la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, de crearse la comisión debería estar presidida por el presidente del Pleno municipal y concejal de Relaciones Institucionales, Javier Landa, que a su juicio “ha dado muestras de tener una actitud de equilibrio y de respeto a los distintos grupos en las sesiones plenarias”.
Y ha añadido Espadas: “No vamos a consentir que se reedite la comisión de investigación del Plan Centro, en la que el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Pérez, actuaba como juez y como parte”.
RECHAZO DEL PP
Precisamente el aludido, Francisco Pérez, es quien ha dado la respuesta del grupo municipal del PP, y se ha agarrado para ello a la investigación judicial en curso para rechazar la propuesta de IU. Afirma el portavoz del gobierno local que esta iniciativa es una “argucia personal” de su hasta ahora portavoz, José Manuel García, con el fin de “distraer la atención”, y que la comisión de investigación ya está abierta en el Prado de San Sebastián: “Esa es la mejor comisión de investigación”, concluyó Pérez, en clara alusión a la sede del Juzgado cuya titular es Mercedes Alaya.
Una vez más, se observa el doble discurso de los partidos políticos según se hallen en el gobierno o la oposición, en una institución o en otra o que los afectados en cualquier causa o escándalo sean sus propios militantes o los de terceros.
El argumento de Francisco Pérez para rechazar una comisión de investigación política sobre el caso Madeja en el Ayuntamiento porque ya hay abierta una judicial choca frontalmente con la postura del PP en el Parlamento de Andalucía, donde sostiene todo lo contrario.
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
El PP presentó a finales de septiembre en la Cámara autonómica una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, que en aquel momento investigaban no uno, sino cinco jueces en otras tantas provincias andaluzas.
La entonces secretaria general, Dolores López Gabarro, lamentó el “pacto de silencio” de PSOE e IU sobre este escándalo y los acusó de estar “compinchados” contra los andaluces si no votaban a favor de que se creara la comisión.
Los populares andaluces han exigido en el Parlamento autónomo la creación de decenas de comisiones de investigación sobre los más variados casos, a pesar de que estuvieran abiertas causas judiciales: los expedientes de regulación de empleo (EREs), Mercasevilla, venta fraudulenta de suelos en Atarfe, Astapa (desfalco de 60 millones de euros), la Faffe, los cursos de formación….
En 2009, el entonces secretario general, Antonio Sanz, declaraba que el Parlamento tenía “la obligación” de crear comisiones de investigación sobre los escándalos, y recordaba que en 15 años no se había creado ninguna, a pesar de que el PP había solicitado más de cien.
El pasado 17 de febrero, el PP (A) registró una petición de comisión de investigación sobre las subvenciones a la formación con unos argumentos similares a los que ahora emplea IU para propugnar la de Fitonovo en el Ayuntamiento: “Sería bueno llegar al fin de la verdad -declaró Ana María Corredera, vicesecretaria de Organización-, y ahí es donde se va a retratar el Gobierno del bipartito, y si quiere transparencia o todo queda en palabrería y marketing”.
EL PLAN CENTRO
Francisco Pérez tendrá difícil justificar el porqué la doctrina del PP es pedir continuamente comisiones de investigación en el Parlamento andaluz, incluso sobre casos bajo investigación judicial, mientras se niega ahora a que se constituyan en el Ayuntamiento, cuando Zoido, que se ha presentado a sí mismo ante los sevillanos como el paladín de las “luces y taquígrafos”, no tuvo inconveniente en que se creara la comisión sobre el Plan Centro.
¿Cómo explicarles a los sevillanos que la contratación de una veintena de cámaras de videovigilancia para el plan de tráfico de Monteseirín merecía la creación de una comisión de investigación y no las contrataciones, bajo sospecha de soborno, a Fitonovo, a la que se habrían adjudicado al menos 29 millones de euros en el actual Ayuntamiento y cuando el dueño de la compañía ha declarado que uno de los imputados también le pidió comisiones para, presuntamente, pagarle la campaña electoral a los populares?
La propuesta de IU pone a prueba el discurso de Zoido y del PP sobre la transparencia en el Consistorio, esa transparencia que le exige a Susana Díaz en el Parlamento cuando le reprocha sus negativas a comisiones de investigación, y máxime cuando el PP no tiene nada que perder porque los imputados en el caso Fitonovo están en las filas de IU y del PSOE. Insistir en el rechazo colocaría al grupo municipal de Zoido en la incómoda posición de aparecer como el único interesado en la estrategia de la ocultación.
Cuando una fuerza política no tiene nada que temer no le importa que otras enchufen el ventilador.
Y es que Barranca, con la impulsividad propia de su carácter y quizás más con un sentido de adhesión personal y lealtad militar al superior jerárquico que otra cosa, tuvo la ocurrencia de enviar a dos periódicos locales una carta para solidarizarse con el teniente general Mena tras ser éste destituido a raíz del discurso que pronunció durante la Pascua Militar del año 2006.
Barranca reaccionó enviando la misiva, titulada ‘Mi respetado general’, a los periódicos y en la que, entre otras cosas, decía: “Hacía tiempo que me preguntaba cómo era posible que nadie dijera nada y mirase hacia otra parte ante la ruina moral en que este Gobierno ha sumido a nuestra nación….. Mi general, somos muchos los españoles que pensamos y estamos unidos a usted en estos momentos. Desde estas letras, mi respeto y mi apoyo más sincero….”. Barranca concluía su escrito con una petición de dimisión generalizada del Gobierno por “desleal” con la Constitución y la nación española, “la única hasta la llegada de los progresistas”.
Barranca es un verso suelto que va por libre y no se somete a nada ni nadie. Además, interpreta de modo muy particular y ‘sui generis’ su función, hasta el punto de que no se limita a recibir, enumerar y transcribir las quejas de los sevillanos en el típico Informe anual que eleva y presenta ante el Pleno, sino que cámara de fotos en ristre se pasea con ojos escrutadores por la ciudad y va tomando notas y recogiendo pruebas sobre lo que ve, para así formarse su propia opinión sobre el funcionamiento de los servicios municipales. El ciudadano José Barranca acaba formulando al Defensor José Barranca sus propias quejas además de o al margen de las que le envían los sevillanos, y luego las incluye en su Informe anual.
Pleno, Javier Landa, de quien institucionalmente depende y al que por ser un político al que se da por amortizado para las próximas elecciones el PP encomendó la difícil misión de domeñar al rebelde militar.
El Pleno se convirtió, episodios con Landa aparte, en un rifirrafe entre Espadas y Barranca, para regocijo del PP, que pasó de presunto censor a presentarse como paladín de la libertad de expresión cuando Juan Bueno se permitió el lujo de acusar a Espadas de querer taparle la boca al Defensor mientras que el PP -dijo- escucha sus opiniones aunque no las comparta.
también retroceso socialista ya con Susana Díaz al mando en su partido y en la Junta (36,70% en intención de voto, un -2,82%); con una mala opinión sobre su gestión por parte de los andaluces (el 69% estima que la labor del PP en la oposición ha sido mala o muy mala) y con un suspenso global en su calificación personal (un 3,6 frente al aprobado raspado de Susana Díaz, con un 5).
Zoido, que explicó que se está tramitando ya un expediente para dotar de iluminación a la zona, consideró que esta pista de petanca demuestra que “en numerosas ocasiones no son necesarios grandes proyectos ni presupuestos elevados para mejorar la calidad de vida de los sevillanos: ha bastado la cesión del material por parte del Ayuntamiento a los vecinos para que éstos puedan disfrutar, gracias a su esfuerzo y trabajo, de la instalación que deseaban para dedicarse al ocio y al deporte”.
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que está organizando durante dos meses un ciclo de conferencias, debates y participación ciudadana con el sugestivo título de ‘¿Quién está pensando en la Sevilla de los próximos 20 años?’. La respuesta en pura lógica es que debería ser el alcalde y su equipo, pero no parece que sea así, ya que hasta la presente ignoramos cuál es el modelo de ciudad de Zoido para Sevilla.
gobernado el PP andaluz durante el interregno tras la dimisión de Javier Arenas aún se lame las heridas de un fiasco que, por ende, acaba con su vitola de triunfadores que como un aura les acompañaba desde las pasadas elecciones municipales.
Si Rajoy confió casi hasta el final en convencer a Zoido para que éste cambiara de opinión y por éso no apuntó con el dedo a Moreno Bonilla hasta en la víspera del día ‘D’ y volando ya camino de Turquía, o si Zoido no supo interpretar el hieratismo del líder máximo y sus dos frenos a la operación de encumbramiento de Sanz como su sucesor, el caso es que el alcalde de Tomares ha acabado siendo la víctima de la batalla política librada en el seno del partido, a cuenta del nombramiento para Andalucía, entre partidarios y rivales del dúo Cospedal/Arenas para que no se impusiera la persona apoyada por el otro clan o facción.
Sanz y el silencio del PP de Sevilla. En horas veinticuatro, como en aquellos dramas de Lope de Vega concebidos desde las musas para el teatro, José Luis Sanz pasaba de ser el número dos y número uno ‘in pectore’ del PP en Andalucía a la condición de ‘outsider’ en su propia formación. Ni los desesperados intentos de Cospedal por convencerlo, para no aparecer aún más desautorizada tras la apuesta política de Rajoy, lograron que sanz diera finalmente un paso al frente. Habría sido suicida enfrentarse a Rajoy y a un partido de tradición y obediencia presidencialistas, por lo que tiró la toalla antes que subir al ring.
Aunque el alcalde siempre ha sostenido que debe ser diputado en el Parlamento de Andalucía para defender en ese foro los intereses de la ciudad de Sevilla, el jueves pasado, primer día de Pleno en las Cinco Llagas tras el terremoto interno en el PP (A), hizo rabona y se fue de viaje particular. Antepuso la devoción familiar a la obligación política. Al margen de comprobar si en su grupo parlamentario tienen arrestos para imponerle algún tipo de sanción, su voluntaria ausencia sirvió para que los cronistas parlamentarios ratificaran la impresión que tenían desde hacía ya bastante tiempo: el portavoz parlamentario, el motrileño Carlos Rojas, daba mucho mejor la réplica que Zoido, el aún líder oficial, a Susana Díaz en todos los sentidos.
permanecer de diputado raso (sería lo más probable) para intervenir sólo en los temas que afecten a Sevilla. Pero como toda moneda tiene su anverso y su reverso, el nombramiento de Moreno Bonilla en lugar de su lugarteniente José Luis Sanz se proyecta ante la opinión pública como su fracaso personal y político, por cuanto ha quedado en evidencia su incapacidad para pilotar su propia sucesión, su pérdida de influencia ante Rajoy y en el partido, el menor peso específico del alcalde de Sevilla en cuanto capital de Andalucía y la pérdida de poder del PP de Sevilla dentro del PP regional, ya que el núcleo duro pasa de la dupla sevillana formada por Zoido y Sanz al PP de Málaga con Moreno Bonilla al frente.
proyección nacional, pero la política, como el fútbol cada domingo, da una nueva oportunidad con cada cita en las urnas, que a la postre es donde se forjan y mantienen los liderazgos.
Por éso Rajoy ha abortado en dos ocasiones la operación diseñada por su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su presidente regional en Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, para la designación del alcalde de Tomares y mano derecha de aquél, José Luis Sanz, para disputarle la Presidencia de la Junta de Andalucía a una emergente Susana Díaz, la nueva estrella rutilante en el PSOE andaluz y nacional.
El legado político de Arenas es incuestionable a ojos de Rajoy, ya que el PP tiene 50 diputados en el Parlamento autonómico y gobierna en cinco Diputaciones y en 23 de los 29 municipios más poblados de la comunidad. Con ese balance, no es de extrañar que Arenas le mantenga el pulso al dúo Cospedal/Zoido en lo que entiende ‘su’ feudo político, ya que esos resultados se deben en gran parte a los miles de kilómetros que él se hacía cada año para no dejar sin visitar ninguno de los 787 municipios que componen Andalucía.
La historia ha vuelto a repetirse hace unos días, cuando tras la convención nacional del PP en Valladolid Cospedal ‘bajó´a Sevilla para anunciar al alimón con Zoido a los presidentes provinciales del partido en una cena convocada a tal efecto el nombre de José Luis Sanz, alcalde de Tomares, como el elegido. Sin embargo, la cena hubo de ser cancelada sobre la marcha por, otra vez, orden de Rajoy y, según los oficialistas de Zoido, por interferencias de Arenas, que quiere controlar la sucesión tras el distanciamiento habido con el alcalde sevillano, su otrora protegido. Se trata de una historia paralela a lo sucedido en el PSOE entre Griñán y Chaves: los delfines acaban orillando a sus padrinos, como temía Saturno con sus hijos.
puede faltar) y de una circunscripción, Sevilla, que sigue siendo la única en la historia de España en democracia donde el PP no ha sido capaz de ganar unas elecciones, sea del signo que sea. Además, tiene en su contra que está fuera del Parlamento de Andalucía al no ser diputado autonómico y por tanto no podría contrarrestar a Susana Díaz en la cámara autonómica (a Arenas en su día le ocurrió lo mismo respecto de Chaves y Monteseirín fue elegido candidato a la Alcaldía de Sevilla un año antes y estando fuera del Ayuntamiento). Por otra parte, tiene a tres de sus ediles imputados judicialmente por la denuncia de la oposición municipal en un caso de presuntas facturas falsas.
En efecto, la capital aragonesa es la única de las tres españolas (junto con Las Palmas de Gran Canaria y Málaga) que no pierde población en 2013, queda ahora con 682.004 habitantes y está a tan sólo 18.165 de igualar a Sevilla. Tiene muchas probabilidades de sobrepasarla demográficamente antes de que lleguemos al primer cuarto de este siglo XXI.
Cabe preguntarse si la configuración política de la corporación actual habría sido diferente con 31 que con 33 concejales. Dicho de otra manera: ¿a qué partido político beneficia y a cuál perjudica electoralmente que Sevilla tuviera 700.000 habitantes o menos y perdiera dos concejales? Es imposible saberlo, porque las circunstancias son distintas en cada elección y los votantes no se comportan de la misma manera.
Legalmente, Sevilla no perdería la condición de municipio de gran población, ya que esta figura se instauró en la Ley 57/2013, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en la misma se define como tales a los municipios con población superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de población superior a 175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas y los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. Y es evidente que Sevilla sigue cumpliendo todos estos parámetros.
La financiación en virtud de la Ley de Haciendas Locales sólo se vería significativamente afectada si la población bajara de 75.000 habitantes, para lo cual haría falta literalmente una hecatombe. En cualquier caso, estos parámetros no son fáciles de estimar ‘a priori’, ya que dependen de su regulación en los Presupuestos Generales del Estado, en los de la Comunidad Autónoma, en las liquidaciones de las Cuentas Generales de estas dos administraciones, etcétera, y a partir de la aplicación de unas fórmulas matemáticas.
Según Zoido, si en Sevilla vivía menos gente “es porque los sevillanos se van huyendo de una ciudad con más impuestos, con viviendas más caras y con peores servicios. Monteseirín ha conseguido hacer de Sevilla –añadió- una ciudad incómoda, cara y con una vivienda a la que sólo pueden acceder unos pocos”, por lo cual no había que quedarse cruzado de brazos, sino plantear un programa de medidas (su campaña ‘Me quedo en Sevilla’) que propiciara la vuelta de los sevillanos y el freno del éxodo’.
en régimen de compra. También abogó por la creación de centros residenciales destinados a un alquiler temporal, económico y con un tiempo de disfrute máximo de cinco años, “para que puedan rotar y así esta medida pueda llegar al mayor número de sevillanos; estos centros serían como residencias universitarias, que permitirían a los jóvenes emanciparse a bajo precio”.
Según sus propias palabras, aunque está convencido de su inocencia, se va para que los dos procesos judiciales en que se ha visto envuelto (imputado por el supuesto desvío de fondos en la Fundación DeSevilla y la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla) no perjudiquen las perspectivas electorales, en alza, de IU: “No cabe duda -ha afirmado- de que la repercusión y el tratamiento de los temas judiciales puede perjudicar, sin merecerlo ni estar justificado, la imagen de mi fuerza política y puede debilitarla. Doy un paso al lado para evitar que el proyecto transformador de IU sea agredido utilizando mi nombre”.
1) La posición menos flexible que la de Diego Valderas del nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que no quiere que ningún imputado judicial ocupe un cargo público en representación de la coalición.
Los propios partidos políticos, al establecer la ‘pena del Telediario’ para quienes hacen el ‘paseíllo’ camino de los Juzgados a prestar declaración ante el juez como imputados, han acabado pervirtiendo el sentido original de esta figura jurídica y sin respetar la presunción de inocencia de aquéllos; al contrario, sin mediar siquiera una condena que justifique la exigencia posterior de responsabilidades también políticas además de las penales, el imputado acaba convertido ‘a priori’ en un presunto culpable, sobre todo si milita en otra facción dentro del propio partido y que no es la corriente mayoritaria en esos momentos, o en otro partido político.
Según la doctrina de IU, Gordillo debería haber dimitido ‘ipso facto’ como diputado y alcalde, pero el nuevo coordinador general, el mismo que ha presionado para la marcha de Torrijos, descarta la salida de aquél al estimar, sin ser juez, que su condena es “injusta”. El condenado se queda y el no condenado se va. Como se ve, la doctrina de IU también tiene sus excepciones, según convenga.
El presidente castellano-leonés confesó años después que fue un ingenuo al pensar que su dimisión como presidente autonómico (año 1986) le serviría para que resplandeciera su honorabilidad en los tribunales y que una vez demostrada su inocencia podría volver a concurrir a las elecciones autonómicas en 1987. Fue un ingenuo porque por la lentitud de la Justicia (es conocido el adagio de que una Justicia lenta no es Justicia) el juicio no se celebró hasta diciembre de 1989. Hasta entonces sufrió un calvario personal y político, le volvieron la espalda sus propios correligionarios y Aznar -merced a aquella crisis política- ganó las elecciones regionales y desde el trampolín de la Presidencia de Castilla y León dio el salto a la política nacional y al liderazgo del PP.
Oficina de la Bicicleta, Josefa García Jaén, que se había negado a acatar unas órdenes suyas que “no eran viables” legalmente. Vamos, que eran ilegales. Según la sentencia, quedó probado que Torrijos participó en una “actuación vulneradora de los derechos fundamentales”.
El alcalde de Tomares y secretario general del PP (A), José Luis Sanz, ha mantenido en el espacio ‘Aquí en la Onda’, de la cadena Onda Cero, una entrevista con Manuel Prieto que me recordó, salvando las distancias, a las de Jesús Quintero con el ‘Risitas’ en la tele. Rememoren la escena. Juan Joya el ‘Risitas’ cuenta un chiste con su gracia proverbial y estalla en carcajadas esperando ser secundado por el presentador, pero casi de inmediato queda sumido en el desconcierto. Quintero, imperturbable, no hace ni una mueca. El ‘Risitas’, al ver que su interlocutor no capta su sevillano y andaluz sentido del humor, le espeta indignado: “Jesús, ¿tú eres de aquí?”. Sanz, con la misma seriedad en el semblante que Quintero, ha declarado ante los micrófonos que el PP es poco menos que una balsa de aceite porque “ningún dirigente coge el teléfono y me hace críticas en persona, ni se escuchan en los órganos de dirección del partido”. ¿Será ingenuo? Oído lo cual en la tierra de la ojana, Manolo Prieto tendría que haberle hecho la misma pregunta del ‘Risitas’: “José Luis, ¿tú eres de aquí?”.
Una cochina envidia se ha extendido por diversos ámbitos de la ciudad al conocerse que en los Presupuestos se da 1,1 millones de euros a la Hermandad de la Macarena por obras en su basílica. Para justificar la pasta, más aún que la destinada a la ronda SE-35 ‘de’ Ikea, el capilliteo militante arguye que el Tribunal Supremo falló en favor de la Hermandad tras años de pleito con el laicista Gobierno de Zapatero; que el dinero es legal porque la partida deriva del 1% cultural (sí, pero Arenas, no se lo dijo a nadie más) y que hay que valorar la riqueza que genera la Macarena atrayendo turismo, algo que no se tiene nunca en cuenta. Pues si es cuestión de valorar el impacto económico de la Macarena en Sevilla, ¿qué mayor experto para hacerlo que Emilio Carrillo, que ya tuvo esa ocurrencia con la Feria y la Semana Santa? Si Manolo García hubiera contratado los servicios de Carrillo, el gran aforador de multitudes, a esta hora el Gobierno, en proporción a las cifras que habría medido el exvicealcalde, habría tenido que darle a la Macarena mucho más que un simple millón.