Una de las vecinas de Los Pajaritos invitó expresamente a la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, y al alcalde, Juan Ignacio Zoido, a que entraran en su infravivienda para que comprobarán por sí mismos cómo, a pesar de la sequía, los techos se caen por la humedad, al tiempo que lamentaba que en los últimos diez años ha escuchado muchas promesas de los políticos pero que, como no han hecho nada, los residentes son ya como Santo Tomás: ver para creer. Zoido, al anunciar la reconstrucción integral de la barriada, confesó sentirse avergonzado por el estado de los pisos, cuyo propietario es el Consistorio. A ver si al alcalde le va a pasar con Los Pajaritos lo mismo que con la torre Cajasol, que se va a echar sobre sus hombros las cruces dejadas por Monteseirín mientras que éste, responsable por acción u omisión, sigue lavándose las manos ayer, hoy y mañana. Zoido debió decir que sentía vergüenza, sí, pero vergüenza ajena, la que no ha tenido Monteseirín por no haber hecho nada por Los Pajaritos en los doce años que ha estado en el Ayuntamiento.
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El pulso
Zoido ha dicho que si existiera una causa para paralizar la torre Cajasol “la hubiéramos parado ya”, y que él no va a “mirar para otro lado ni me va a temblar el pulso”. Si busca un motivo, la ministra de Fomento ya le dio uno al decir que la torre “está fuera del ordenamiento jurídico” por interferir en el tráfico aéreo, pero como el alcalde no ha querido enterarse, cuando Monteseirín no necesitó motivo para cargarse el proyecto de Moneo, sigue con su doble discurso. Matiza que hay que transmitir seguridad jurídica y generar confianza, “por lo que no se puede estar revisando los temas caprichosamente”. Si no puede generar desconfianza, ¿por qué colocó el rascacielos bajo sospecha desde la precampaña? Si no puede estar en permanente revisionismo, ¿por qué intentó frenarlo tras el informe de Icomos para la Unesco? Zoido siempre amaga y luego retrocede, en su habitual intento de tratar de contentar a tirios y troyanos para al final defraudar a unos y a otros. A estas alturas ya sabe toda Sevilla que por mucho pulso que invoque, este pulso se lo ha ganado Cajasol.
Cangrejos
A Bernardo Bueno no se le había comido la lengua el gato. El hombre que también hizo la vista gorda con Monteseirín dice que abrir un aparcamiento en la Encarnación es una vuelta atrás “como los cangrejos” y que pensaba que las licencias provisionales como la otorgada por el Ayuntamiento a ese parking no existían. Caliente, caliente, don Bernardo, pese a quien pese. Yo hice un máster en golfadas urbanísticas a cuenta de las licencias provisionales, convertidas por el Poder en el truco del almendruco para pasarse por el arco del triunfo la normativa en función de sus conveniencias y amparadas por la Junta cuando las usaban los de su cuerda. Y sí, pese a la jungla de normas autonómicas, deben de seguir existiendo cuando hasta la LOUA las cita en su artículo 177.1.e, pero siempre han sido de carácter excepcional, otorgables sólo en suelo urbanizable o rústico y previo informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Miren por dónde, gracias al parking nos enteramos ahora de que la Encarnación es suelo rústico, ¿verdad, Maximiliano?
Ikea dinamita el discurso de la ‘Gran Sevilla’
Si aún proyectaran las películas premiadas en los Oscar, quizás más de un sevillano decidiría ir a verlas a multicines como Metromar, Abaco o Al Andalus También podría haber optado ayer sábado por un día de compras en Airesur, acercarse a ver gangas en el ‘Factory’ del aeropuerto, buscar ‘gadget’ electrónicos en el Mediamarkt de la autovía del 92, ver la nueva oferta de MerKmueble al pie de la carretera de Huelva, hacer deporte en el Sato del polígono Pisa, darse una vuelta por el ‘outlet’ de La Cartuja en la antigua ruta a Mérida, llevar a los niños a la bolera del Megaocio, comprar productos ‘made in Germany’ en el Lidl frente a la arrocería de Herba o acabar la tarde en un asador argentino del extrarradio.
Cada día, miles de sevillanos se desplazan con total naturalidad para comprar, comer, trabajar, vestirse, practicar deporte o divertirse en cualquiera de los sitios citados sin reparar en el hecho, o no darle mayor importancia, de que radican en Castilleja de la Cuesta, Mairena del Aljarafe, Bormujos, La Rinconada, Bollullos de la Mitación, Salteras, San Juan de Aznalfarache o cualquiera de los otros 46 municipios del área metropolitana, eso que los políticos llaman la ‘Gran Sevilla’.
En sentido inverso, si cada día 200.000 vehículos acceden desde el alfoz a Sevilla capital es porque decenas de miles de residentes en ésos y otros pueblos vienen de igual modo a la metrópolis a trabajar, comprar, pasearse o divertirse, sin sentirse forasteros, sino como cualesquiera otros vecinos de la ciudad.
UNA CONURBACIÓN
La construcción de urbanizaciones de adosados y de barrios enteros a continuación o extramuros de los pueblos, han convertido Sevilla y su área metropolitana en una conurbación, donde millón y medio de personas comparten el mismo espacio físico, los equipamientos comerciales, culturales y de ocio y las infraestructuras, hasta el punto de que un macroatasco, como el famoso de Ikea, colapsa el tráfico en la capital y buena parte de su área de influencia.
Esta realidad se ha formado como un magma con irracional voluntad propia y se ha extendido como mancha de aceite, sin orden ni concierto, superando los tímidos intentos de las Administraciones por domesticarla, siempre a destiempo y con planes urbanísticos o de ordenación del territorio (Potaus) que no han pasado de meros diseños sobre el papel.
DOBLE CAPITALIDAD
El caso de Ikea en Sevilla capital ha demostrado que mientras los ciudadanos tienen más que asumida el área metropolitana y se mueven por ella como peces en el agua, el discurso político sobre la ‘Gran Sevilla’ ha saltado hecho añicos a las primeras de cambio.
Fue muy significativo que Zoido hiciera en su investidura como alcalde un alegato en defensa de Sevilla como capital de Andalucía y reclamara una ley específica de capitalidad y olvidara subrayar el rol de la urbe como genuina capital de su gran área metropolitana, que le aporta 800.000 habitantes más (1,5 millones en el global) y la dota de un peso demográfico y económico contra el que Málaga no puede competir por la primacía regional.
Por contraste, quizás por su experiencia previa como presidente de la Diputación, Monteseirín siempre hizo referencias en sus tomas de posesión al papel que debía jugar Sevilla como representante y valedora de los municipios de su entorno.
ALCALÁ EN ESCENA
Ante las dificultades que está teniendo el Ayuntamiento sevillano para satisfacer las exigencias que en suelo y comunicaciones plantea desde hace meses Ikea para construir en San Nicolás Oeste un nuevo complejo comercial, el Consistorio hermano (¿o no?) de Alcalá de Guadaíra, dirigido por el socialista Gutiérrez Limones, divulgó que dispone de 3 millones de m2 de terrenos ya urbanizados al borde de dos vías estratégicas, la A-92 y la SE-40, y con el Plan Parcial aprobado en fase inicial.
Limones advirtió que su ofrecimiento tenía por objeto “evitar que se pongan en peligro (7.000) puestos de trabajo por los problemas de Sevilla”, dado que en reiteradas ocasiones la multinacional ha amenazado con llevarse su inversión a otra parte. El alcalde de Alcalá, que ha esperado ocho meses a que Zoido solucionara en sus prometidos “quince días” el bloqueo de Ikea, ha actuado con visión metropolitana al declarar: “Aquí debe primar el interés general por encima de cualquier ayuntamiento y de cualquier color político, porque es una gran oportunidad para la provincia de Sevilla, y Alcalá tiene la posibilidad de que esta actuación se realice de inmediato”.
RIVALIDAD
No lo ha entendido así Zoido, que ha visto a Limones como un competidor “por oportunismo político” y a Alcalá como una amenaza para Sevilla en vez de cómo extensión de sí misma. Pidió en el Pleno a la Oposición formar un bloque común para “ir juntos” por el proyecto de Ikea frente a la ciudad del Guadaira. Hasta el portavoz socialista, Espadas, se ha alineado con él y contra su correligionario Limones, con el argumento de que el proyecto debe desarrollarse en la capital “al haber sido el PSOE el que logró traerlo a esta ciudad”. Se da la circunstancia de que Espadas ha sido consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio (¿?) y, por tanto, se le suponía una visión supramunicipal y metropolitana y menos localista.
Probablemente, a los ciudadanos les resultará indiferente que el híper del mueble se instale junto a la SE-35 o la SE-40, en término de Alcalá o de Sevilla, porque irán a comprar igual en un sitio que en otro, como ya lo hacen en el Ikea ‘de’ Castilleja.
Cualquier día los suecos anuncian que ni en Sevilla ni en Alcalá, que se van a Córdoba o a otra parte, pero la clase política seguirá con su pomposo discurso de la ‘Gran Sevilla’.
1.500
Un proverbio dice que cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo. Yo, más que mirar el dedo que señala los 178 metros de la torre Cajasol, sus 43 plantas, si afecta o no a la Giralda, el Alcázar y el Archivo de Indias y si por éso o a pesar de éso nos retirará la Unesco o nos mantendrá el título de Patrimonio de la Humanidad, miro la ‘lógica’ económica de gastarse 350 millones en un cilindro de oficinas con el mercado inmobiliario hundido y cuando el Banco de España obliga ya a Banca Cívica a provisionar 1.248 millones por su riesgo y/o pérdidas con el ladrillo. ¿No queríais que nos quitáramos del ladrillo? Pues toma, dos tazas con la torre Cajasol, que dirá Pulido. Y Mafo echándole paletadas de billetes al Frob para salvar las Cajas con nuestro dinero. Ahora, Banca Cívica amenaza con rebajarle el sueldo un 20% a sus trabajadores supervivientes y despedir a 1.500. Decían que por crear con las obras 1.500 empleos (indirectos y efímeros, no se olvide) la torre iba a dar de comer a Sevilla, pero han acabado poniendo a 1.500 trabajadores en la calle.
La multa
Fomento multa con 140.000 euros a Cajasol por poner en peligro el tráfico de aviones con los 178 metros de la torre Pelli y no pedir permiso previo a Seguridad Aérea. La Caja alega que, según el PGOU de 2006 y la Gerencia de Urbanismo, no precisaba permiso porque ese suelo no tenía servidumbre aeronáutica, hasta el punto de que ni Aviación Civil alegó contra el Plan. Si Aviación no dijo nada fue porque el gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, cuádruple imputado por la juez Alaya y al que Monteseirín le pagaba el sueldo récord de la historia del Ayuntamiento (168.392 euros), omitió en el PGOU que allí fuese a construirse rascacielos alguno, con lo que daba pista libre y rápida a lo que viniera después sin escrutinio ni objeción de Seguridad Aérea, que se encontraría con el hecho consumado de la torre a mayor gloria del alcalde cuando ya no tuviera marcha atrás. Si Fomento da la razón a esta denuncia de ‘Túmbala’ con la multa y afirma que la torre está fuera del ordenamiento jurídico, ¿cómo dijo Zoido tras revisar el expediente que todo se hizo de forma legal?
Pelli al cuadrado
Henry Ford dijo que el cliente podía elegir el color del coche siempre que fuera negro. En las Finanzas se puede construir una torre como sede social siempre que sea de César Pelli, porque al igual que Ford tenía una cadena de montaje de coches negros, el arquitecto argentino la tiene de rascacielos unisex. Sus Majestades los Reyes de España inauguraron en Bilbao la torre de la multinacional energética Iberdrola, una de las clónicas que ha repartido por el mundo el arquitecto de la Pampa y que no se sabe bien si copia a la de Cajasol o viceversa, porque en el fondo y en la forma todas son la misma torre y sólo varían en los accesorios. Con tal motivo, la prensa bilbaína dio los datos de su rascacielos, que permiten una comparación aproximada con el de Pulido: 165 metros de altura el bilbaíno frente a 178 el de la Cartuja; 41 plantas frente a 43; 50.000 m2 sobre rasante la vasca por 48.060 la sevillana; 485 aparcamientos la de Iberdrola frente a 3.066 la de Cajasol. Y el coste: 200 millones de euros el rascacielos bilbaíno frente a 350 el cartujano, según la consultora Deloitte. Así pues, la torre Cajasol costará un 75% más que la de Iberdrola siendo casi iguales. Ni que estuviera recubierta de pan de oro.
La margarita de Zoido
El debate sobre la torre Pelli, que algunos, como José Luis Manzanares en las páginas de El Mundo, tratan de reorientar a su terreno, me recuerda la historia de los campesinos a cuenta de un burro:
-¿Eh? ¡Oiga! ¡Que ese burro se ha metido en mi trigal!
-Pero…. ¡si está capado!
-¿Y qué tienen que ver los c…. con el trigo?
A Sevilla han venido los inspectores de Icomos y han dicho:
-Hay que frenar las obras del rascacielos y revisar su altura porque al afectar al paisaje histórico, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias pone en peligro la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.
-Pero…¡si da de comer a Sevilla! (replica el presidente de Ayesa).
Desvía así la atención sobre la cuestión de fondo, pero aunque es muy fácil hacer demagogia con un tema tan delicado como el pan de las personas, veamos la auténtica realidad. Los 600 trabajadores en la torre y los 1.000 a los que indirectamente ocupa, según las cifras de Manzanares, equivalen al 0,17% de la población activa de Sevilla. Esta ‘ración alimenticia’ supone su construcción, a pesar de la cual el paro no deja de crecer (8.075 desempleados más en enero, con la torre a toda máquina).
LA SEGURIDAD JURÍDICA
A Manzanares, al igual que a mí, le parece absolutamente digna tanto la postura del partidario como la del detractor de la torre, porque “todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión”. Y añade: “Lo provinciano no es eso, sino pretender que un proyecto, una inversión con licencia, se pare, con el riesgo de que aquí no venga un inversor nunca jamás sin otra sustentación que la de una opinión”. E insiste: “una vez que se da la licencia, el proyecto debe ir a misa….¿hay algún ayuntamiento del mundo democrático que pararía una obra con licencia por miedo al vacío?”.
Respuesta: Sí. ¿Dónde? En la misma Sevilla. ¿O es que ya no recuerda que apenas llegado Monteseirín a la Alcaldía en 1999 lo primero que hizo (y sin polémica previa como la de Zoido con la torre, ni debate, ni aviso, ni nada de nada), sólo por, como diría Torrijos, “tufillo de venganza” contra Soledad Becerril, fue paralizar la obra recién iniciada del edificio de Moneo en el Prado?
Y Moneo era premio Pritzker, equivalente al Nobel en Arquitectura. Y Dragados, la constructora más importante del país. ¿Alzaron la voz entonces Manzanares y la CES contra aquella quiebra de la seguridad jurídica? Silencio, como en la frase de Bertolt Brecht, que aún no han venido por mí y no es cuestión de señalarse ante el Poder.
Y SIGUIERON INVIRTIENDO
Y, ¿no vino un inversor nunca jamás a Sevilla? Hagamos memoria de todas las empresas que han invertido desde 1999 hasta hoy, empezando por la propia Dragados, involucrada desde 2003 en el Metro. Una gran empresa prefiere llegar a acuerdos extrajudiciales con la Administración y no enfrentársele, porque sabe que a la larga pierde. Basta con que no la contrate más.
Ahora que se cumple el XX aniversario de la Expo, las cinco sociedades de servicios que crearon bancos y constructoras para el 92 me confesaban que no tenían interés en acometer muchos de los ‘marrones’ a que las obligaba Pellón, pero que no tenían más remedio porque así funciona el sistema: hazme tal infraestructura y por este dinero en Sevilla por el supremo interés del Gobierno en quedar bien ante el mundo, que ya te daré una autopista, un pantano, un aeropuerto, un Metro…. en otra parte.
¿O es que acaso a Manzanares no le han dado la obra de la torre Pelli para compensarle por haberle frustrado su inicial proyecto de Puerto Triana, que además chocaba contra el PGOU entonces vigente al demandar más edificabilidad comercial de la permitida? El principio de la seguridad jurídica se invoca o cuestiona según convenga.
LUZ Y TAQUÍGRAFOS
Zoido le ha ‘comprado’ a Manzanares su argumento de que la torre “no se puede parar porque costaría un dineral” al decir que el Ayuntamiento no tiene fondos para indemnizar a Cajasol. ¿Y cómo sabe el alcalde –y Manzanares- que el Consistorio no tiene dinero para frenar el rascacielos si aquí nadie ha cuantificado objetivamente, partida por partida y concepto por concepto, el coste de la presunta indemnización? Zoido, que prometió ser el alcalde de la “luz y taquígrafos”, no ha dado cifra alguna. ¿Por qué?
No hace falta dinero. Se puede compensar en suelo. Recuérdese el antecedente del traslado de la edificabilidad a la Buhaira para compensar por la paralización de la torre diseñada por Pérez Escolano en la Plaza de Armas. Otro ejemplo también de Sevilla.
La plataforma ‘Túmbala’, que tiene recurrida la licencia urbanística de la torre Pelli, sostiene que el coste de frenarla ahora es de cero euros, porque como la parcela sobre la que se alza mide 41.400 m2 permitiría sobradamente que en otras zonas de la misma se pudiera materializar la edificabilidad que se ‘perdiera’ en la torre si se recortara su altura. Y da una solución gratis: incrementar en dos plantas la altura de los dos ‘edificios podio’ que se construyen a sus pies y así no habría lucro cesante ni perjuicio para Cajasol.
Según Icomos, la torre pone en peligro la Sevilla Patrimonio de la Humanidad. La ciudad no está obligada a permanecer en el exclusivo club del Patrimonio Mundial, pero si quiere seguir ha de cumplir sus reglas. Si, por el contrario, valora más el pan para hoy que significa la torre y no sufrir publicidad negativa como el reportaje del ‘Guardian’, que se salga. Zoido no puede perder más tiempo y oportunidades deshojando la margarita. Debe optar entre el rascacielos y la Unesco, entre el ladrillo y el patrimonio, porque gobernar es elegir.
El tufillo
Antonio Rodrigo Torrijos y la Unión de Actores de Andalucía califican de “tufillo a revancha” la decisión de Zoido de quitarle el nombre de la actriz Pilar Bardem a una calle del barrio del Tiro de Línea para rotularla como ‘Avenida Nuestra Señora de las Mercedes’ a petición, que uno y otros sospechan inducida, de la Hermandad de Santa Genoveva, casualmente de fundador innombrable. Aparte de que la madre de Javier Bardem alardeó de que, como Dustin Hoffman héroe en la película del mismo título, ella era sevillana por accidente, su incorporación al nomenclátor en perjuicio del general Merry por decisión de Monteseirín y del propio Torrijos tuvo el mismo tufillo a venganza que ahora denuncia el edil izquierdista. Y con una agravante: PSOE e IU agraviaron a un héroe de la guerra de Cuba al confundirlo, en su incultura, con un general golpista de Franco por coincidencia de apellidos. Al general prusiano Clausewitz se le olvidó añadir en su famosa frase que el nomenclátor, al igual que la política, también es la continuación de la guerra por otros medios.
Imprecisiones
Los Antonios (Pulido, presidente de Cajasol; Muñoz, portavoz adjunto del PSOE) descalifican el informe del Icomos sobre la torre Pelli basándose en sus “imprecisiones” por decir que dista 600 metros de la Giralda en vez de 1.600. Se ve que se trata de una errata u omisión atribuible a los famosos duendes de la imprenta. Ya puestos, veamos “imprecisiones” de los paladines del rascacielos. ¿Cómo cuando se pide la licencia de obras al Ayuntamiento se valora el proyecto a la baja en 130 millones de euros pero públicamente Deloitte hincha la cifra hasta los 353 millones? ¿Cómo se dice que genera 2.000 empleos directos y luego en la radio el más listo de los ingenieros los rebaja a tan sólo 600? ¿Y cómo fuentes cercanas a Cajasol dicen que por cada día que la obra estuviera parada se perderían 8 millones de euros? En tal caso, no poner un ladrillo en mes y medio valdría más que lo que según Deloitte costaría construir las 43 plantas del rascacielos. ¿Quién, pues, es más “impreciso”, Icomos o Cajasol? Algunos se agarran a las erratas como a un clavo ardiendo.