Una confusa nota de prensa informaba de la decisión del Consejo de Ministros del viernes de autorizar el convenio de colaboración firmado el 18 de marzo en Sevilla entre la titular del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido. Según la información difundida el día en que la ministra estuvo en Sevilla, el objetivo del convenio consistía en ejecutar los accesos a los terrenos de San Nicolás Oeste, suelos rústicos cuyos dueños son grandes propietarios y promotoras inmobiliarias y que Monteseirín recalificó en el PGOU de 2006 para usos lucrativos, de manera que pudieran albergar, entre otros futuribles proyectos, la segunda tienda de la multinacional sueca Ikea.
Al tratarse hasta entonces de suelos meramente rústicos, allí no hay infraestructuras ni accesos viarios, que teóricamente correspondería pagar a los dueños, ya que serán quienes obtengan las grandes plusvalías derivadas de su transformación para acoger fundamentalmente usos terciarios: grandes superficies comerciales como la proyectada por Ikea, complejos de oficinas, hoteles…
Sin embargo, los propietarios y promotores confiaban en beneficiarse de la denominada ronda intermedia SE-35, una carretera también prevista en el PGOU de Monteseirín y que su gobierno justificó por la necesidad de mejorar las conexiones viarias de la zona Noreste de Sevilla, como los barrios de Alcosa y de Sevilla Este.
INTERESES PRIVADOS
Por tanto, el objetivo declarado de esta carretera de índole urbana era vertebrar la parte Norte de la ciudad y, como efecto indirecto al bordear en parte los terrenos de San Nicolás Oeste por uno de sus lados más estrechos, facilitar el acceso a éstos. Toda obra pública debe proyectarse en función del interés general y no pensando en el beneficio que pueda suponer para una empresa privada. Aun así, ya desde los tiempos de Monteseirín se empezó a pervertir el proyecto de la SE-35 al presentarlo como la carretera de acceso a la segunda tienda de Ikea, cual si fuera una condición ‘sine qua non’ impuesta por la multinacional para construir no ya sólo su segunda tienda, sino también un complejo comercial alrededor por su ‘efecto llamada’ y con cuyos alquileres financiar aquélla aun cuando careciera de edificabilidad suficiente para tal propósito. Ello dio lugar en su día a enormes presiones si el desarrollo del Plan General no se adecuaba a tal objetivo.
En resumen, la multinacional sueca quería más edificabilidad de la permitida para, con el exceso de lucrativo, pagar la erección de la segunda tienda, y por ende se construiría con dinero público (coste estimado del primer tramo, 50 millones de euros) una carretera, la SE-35, para llevarle hasta sus puertas a los futuros clientes. Una jugada redonda.
CRUZANDO EL PARQUE
Aparte de ser proyectada como una vía metropolitana que se extendería a municipios limítrofes, cuando no figuraba así en el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Area de Sevilla ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Sevilla (Potaus), y por tanto carecía de marco legal en que sustentarse con tal dimensión, la SE-35 tenía otro grave pecado original del que, sin ser escuchados (como suele ser habitual; recuérdese si no lo acaecido con la ilegal biblioteca universitaria sobre una zona verde en el Prado), alertaron vecinos y ecologistas: la carretera la habían pintado los redactores del PGOU, dirigido por el arquitecto Manuel Angel González Fustegueras, cruzando por el parque del Tamarguillo.
Este parque sobre la cabecera del arroyo de infausto recuerdo por la trágica riada que provocó en la segunda mitad del pasado siglo, era fruto de la regeneración de antiguas escombreras y se había ido conformando a partir del año 2000 gracias a las subvenciones (unos 30 millones de euros) de la Unión Europea.
Los vecinos pidieron desde el principio algo que parece de sentido común: que ninguna carretera cruzara por medio del parque, sino que lo rodeara, aunque ello supusiera construir varios kilómetros más de vía, pero los redactores del PGOU optaron por la peor y más fácil solución del camino más corto, aunque supusiera dividir en dos trozos el Tamarguillo y afectara a restos arqueológicos, arroyos, lagunas, huertos y arboleda.
SIN REVISIÓN
Este dislate urbanístico, como tantos otros de la era Monteseirín, fue el que halló Zoido cuando accedió a la Alcaldía en 2011. El nuevo alcalde podría haber revisado los proyectos (por ejemplo, modificando el PGOU para cambiar el trazado de la SE-35 y que no cruzara por el Tamarguillo) o esperado a ver cómo se resolvían las quejas de ecologistas y vecinos ante Bruselas, pero hizo todo lo contrario.
En julio de 2011, apenas tres semanas después de su toma de posesión, anunció que ese mismo mes iba a resolver los problemas urbanísticos para el nuevo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses, y achacó la situación de bloqueo a supuestas discusiones entre PSOE e IU en el gobierno de Monteseirín, cuando en su opinión la solución consistía “en una firma que faltó en el anterior mandato”.
Una vez más, el discurso oficial no vinculaba la SE-35 a la mejora de la conexión de los barrios de Alcosa y Sevilla Este, sino a favorecer la implantación de la segunda tienda de Ikea, como si fuera una cuestión de Estado para la ciudad, cuando la plantilla que mantenía hasta 2011 en su centro de Castilleja de la Cuesta era de 372 empleados. Más o menos el mismo número que podía esperarse de otro equivalente en San Nicolás Oeste.
DINERO DE LOS BARRIOS
En mayo de 2012, el gobierno local retiró 29,1 millones de euros del Plan de Barrios de la ciudad ante -aseveró- la necesidad de atender “con carácter ineludible” la financiación de un tramo de la SE-35 entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008.
Cuatro meses más tarde, el 23 de septiembre de 2012, Zoido firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio para la construcción del tramo citado de la SE-35, con un coste estimado de 50 millones de euros y en virtud del cual el Ayuntamiento aportaría 37,5 millones y el Ministerio, 12,5. El alcalde declaró al respecto: “Este tramo dará servicio al suelo en el que se pretende desarrollar el macroproyecto liderado por Ikea, que daría lugar a miles de puestos de trabajo no sólo a la hora de la construcción, sino también en el ejercicio de determinada actividad comercial en el entorno”.
A cambio de su aportación y de construir un nuevo enlace entre la SE-35 y la A-4, el Ministerio le transferiría al Ayuntamiento la titularidad -y por tanto los costes de conservación- de la SE-20 (ronda Súper Norte) y de dos tramos de la N-630.
El siguiente paso se produjo en julio de 2013, con la aprobación provisional del Plan Parcial de San Nicolás Oeste.
FRENAZO DE BRUSELAS
En febrero de 2014 se supo que la Unión Europea, atendiendo las quejas de vecinos y ecologistas, había incoado un expediente sancionador a España por el proyecto de la SE-35 a través del parque del Tamarguillo y por supuesta vulneración del procedimiento de calificación ambiental, una decisión que suponía dejar en suspenso ‘sine die’ la ronda intermedia.
Y fue entonces, y sólo entonces, cuando el Ayuntamiento, al cabo de dos años y medio de la toma de posesión de Zoido como alcalde, empezó a pensar en un plan ‘B’, en una solución alternativa tras todo ese tiempo perdido.
La solución alternativa es el objeto del convenio firmado el 18 de marzo en Sevilla por Zoido y Ana Pastor y ratificada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Consiste en construir una compleja rotonda en la SE-20 (ronda Súper Norte) y un enlace a la A-4 para facilitar el acceso a la futura tienda de Ikea y los suelos de San Nicolás Oeste (sitos entre Valdezorras, el aeropuerto de San Pablo y el parque del Tamarguillo), que serán financiados por Fomento con un coste de 13,2 millones de euros. Según la referencia del Consejo de Ministros sobre el convenio, el Ayuntamiento asume la titularidad de la ronda Súper Norte, muro de defensa y prolongación de la avenida de la Raza y empezará aportando 180.000 euros para reparar y acondicionar esta última.
Este convenio pone de manifiesto que había soluciones técnicas alternativas a la SE-35 para no cruzar por el parque del Tamarguillo y que por no ejecutar alguna de ellas desde el principio se van a perder al menos seis años (se necesitarán dos más para el proyecto y ejecución); que el dinero que iba a destinar Fomento a la SE-35 como carretera para mejorar las conexiones del sector Norte y Este de Sevilla se asigna ahora sólo a resolver el problema de los accesos a Ikea, una empresa privada; y que el Ayuntamiento cargará de por vida con la factura del mantenimiento, que hasta ahora correspondía a Fomento, de la SE-20, muro de defensa y avenida de La Raza, lo que puede suponer un coste millonario (se hizo una estimación de 2,5 millones de euros cada lustro sólo en reposición del firme de la Súper Norte).
Como decía Cassinello sobre los pabellones de la Expo que los países querían entregar a España al final de la Muestra para ahorrarse así los costes del derribo, la transferencia de las carreteras de Fomento al Ayuntamiento suponen un “regalo envenenado” para Sevilla.
En el mismo Pleno de septiembre se aprobó por la vía de urgencia el borrador del convenio para la construcción de forma definitiva de la comisaría de Policía en el Polígono Sur, prevista desde el convenio firmado hace años por Monteseirín con el ministro del Interior dentro de un paquete de cinco en distintos distritos de la ciudad y cuya necesidad, evidente desde siempre, se ha demostrado inaplazable después del tiroteo de este verano, en que murió una niña de tan sólo 7 años de edad.
Pues bien, los fondos asignados a Sevilla por el ministro Montoro en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 demuestran la escasa fuerza de Zoido a la hora de poner una pica en Madrid, en su doble condición de alcalde de Sevilla y de presidente del PP (A) y la escasa consideración de Montoro a la circunscripción por la que es diputado, ya que al proyecto-estrella de Zoido, la SE-35 para facilitar la apertura del segundo Ikea, sólo ha destinado un millón de euros, y cero euros para la Comisaría de Policía Nacional en el Polígono Sur y en cualquier otro distrito de la ciudad.
modificar previamente el Presupuesto de Urbanismo y detraerle cantidades destinadas inicialmente a obras en los barrios de la ciudad. Más o menos lo mismo que hizo Monteseirín para las Setas de la Encarnación, si bien en este caso en proporciones bastante menores.
Pues bien, pese a este carácter estratégico y los supuestos miles de empleos que va a generar la SE-35, la firma del convenio supuso cero euros en los Presupuestos para 2013 y tan sólo un millón para los de 2014, ¡únicamente el 8% del dinero comprometido por Fomento!, cuando Zoido había dado seguridades a Ikea de que todo estaría listo en 2014 para la apertura de su segunda tienda.
edificio de la Gavidia (para el que no se encuentra uso y cuya vigilancia ha llegado a costar 174.000 euros anuales), a cambio de que el Gobierno construyera cinco nuevas comisarías de Policía en Sevilla Este, Macarena, Nervión-San Pablo, Los Bermejales y el Polígono Sur.
Lo mejor del Presupuesto son los 20 millones de euros para rematar las conexiones con el pantano de Melonares, pero por la amenaza de perder el dinero de Bruselas, y entre lo que el alcalde no valora figuran los escuálidos 40.000 euros para el Cercanías, vital para descongestionar la isla de la Cartuja, y los cero euros para el Museo de Bellas Artes, pese a la cual Zoido ha declarado que las Cuentas para 2014 “recogen las necesidades prioritarias de Sevilla”.
Dado que los promotores querrían haber construido 20.000 nuevas viviendas en Tablada, puede decirse con propiedad que nuestro actual parque de pisos desocupados equivale a casi dos veces y media el nonato plan de llenar de ladrillos la antigua dehesa. La pregunta del millón es la de qué les habría ocurrido a esos promotores si la crisis les hubiera pillado con los 20.000 pisos en construcción o recién construidos y hasta dónde se habría disparado el número de viviendas vacías e invendidas en la ciudad.
Estos datos vienen a avalar la tesis de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, cuya condición de “comunista” se complacen en subrayar los empresarios. En su reciente conferencia en el Foro Antares, ante una nutrida representación de constructores y promotores, la titular de las competencias en el sector en Andalucía sostuvo que, en materia de viviendas, hay que pasar de la especulación a la rehabilitación, en línea con la política que se practica en buena parte de Europa. Esta alternativa -afirmó- crea más puestos de trabajo que la propia construcción; en pro de la misma demandó al Gobierno de la nación que la potencie con mayor desgravación fiscal.
A través de la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbanas, el Gabinete del PP intentará mejorar la “deficiente” situación de muchas viviendas españolas, ya que hay más de 5 millones que tienen más de 50 años de antigüedad y están en malas condiciones. Según Ana Pastor, cada mil euros en ayuda directa a la rehabilitación generan una inversión productiva superior a los tres mil euros.
El director territorial del BBVA, la entidad patrocinadora, ha declarado en una reciente entrevista que el banco ha desembolsado en realidad 215.380 euros, con lo cual el gasto total se elevaría realmente a 490.380 euros.
turístico de la ciudad y que los presidentes de las patronales de hoteleros y hosteleros proclamaron su disposición a sufragar el coste no de una, sino de tres Copas Davis, cabe preguntarse cuándo Zoido les va a exigir que se retraten y que no sean siempre el Ayuntamiento con el dinero de todos los contribuyentes y una gran entidad foránea (Movistar patrocinó el ‘mapping’ que se proyectó en Navidad sobre la fachada de las Casas Consistoriales y ahora ha sido el BBVA el que sufraga parte de las ‘Santas’) los que acaban aflojando la bolsa.
fondo es que como la economía española no deja de contraerse y la creación de riqueza es menor, también se estima que disminuirá consecuentemente el presupuesto destinado a carreteras, puentes, pantanos, aeropuertos, vías férreas, puertos…. hasta unos 9.000 millones de euros.
Rus alternó ataques contra la Junta y el Ayuntamiento. Acusó al alcalde de falta de interlocución, del abortado ‘tasazo’ de las Ordenanzas Fiscales y de las contradicciones y falta de agilidad de la Gerencia de Urbanismo con Decathlon y Caixafórum, temas en los que podía estar cargado de razones pero que estaban ligados únicamente al sector de la construcción. Su irritación por la falta de grandes obras públicas, debido a los obligados recortes presupuestarios, llegó al extremo de abogar por el cierre de la línea 1 del Metro, en la que se han invertido 658 millones de euros, si no se licitan las restantes pendientes, porque él no le ve sentido a que permanezca en solitario. La tesis no puede ser más disparatada, por cuanto la línea 1 ya arroja beneficios (por más que la empresa constructora de Rus, que participaba en la misma, vendiera en tiempos su participación pensando en que sería deficitaria y por los sobresaltos en su construcción) y es usada por 15 millones de viajeros al año, por lo que algún efecto vertebrador tendrá, diga lo que diga el presidente de la CES.
redondos ya no volverán. Por tanto, el sector de la construcción no va a tener ese increíble peso del 17% del PIB, como llegó a ocurrir en Andalucía, y debe adaptarse a la nueva realidad, reinventarse y buscar nuevos nichos de mercados dentro y en el exterior, llámense rehabilitación o eficiencia energética, por más que Rus brame contra las Administraciones que se le pongan a tiro. Su situación recuerda a la descrita en forma de parábola por Spencer Johnson en la famosa obra ‘¿Quién se ha llevado mi queso?’
Griñán tomó nota en los siguientes términos: “Ministra, será una gran alegría, y un gran éxito, que mis nietos, que llevan el apellido Piñeiro, puedan viajar en el futuro desde Sevilla a Lugo en AVE. Esperamos que sea pronto”.
Entre Sevilla, capital de Andalucía, y Santiago de Compostela, capital de Galicia, media una distancia en ruta (no en línea recta), de unos 900/950 kilómetros, para los que habría que salvar ríos, valles y cordilleras, una orografía muy distinta a la plana del valle del Guadalquivir por donde discurre la línea Madrid-Sevilla y, por tanto, a un coste enorme. En euros constantes de 2010, el kilómetro de línea AVE Madrid-Sevilla ha costado 10 millones de euros; el de Madrid-Barcelona, 15 millones; el de Córdoba-Málaga, 18 millones y el de Madrid-Valladolid, 26 millones de euros. ¿Tiene sentido tender casi mil kilómetros de vía AVE a un coste aún mucho mayor cuando esa distancia se puede cubrir de forma mucho más barata y más rápidamente por avión, dado que el AVE sólo es competitivo para distancias del orden de 500 kilómetros?
En diciembre de 2010 se inauguró el AVE interior de Castilla-La Mancha entre Toledo-Cuenca-Albacete, pasando por Madrid. Fue cerrado medio año después tras registrar una media de ¡nueve viajeros diarios! en vez de los potenciales 2.190, y con unas pérdidas de 18.000 euros cada jornada. Renfe admitió que se trataba de un “desastre”.
La izquierda se solivianta por que la ministra Ana Pastor y Javier Landa no hablan de ‘violencia de género’ en los asesinatos de mujeres, sino de ‘violencia en el entorno familiar’. Torrijos le montó un numerito a Landa; Susana Díaz dice indignada que “a las cosas hay que llamarlas por su nombre”, y la consejera de Salud, Mª Jesús Montero, proclama que “el lenguaje importa”. De acuerdo al 100% con la consejera. Y como cuando enfermamos vamos al médico, que es el que sabe, en materia de lengua yo la remito a la máxima autoridad, la Real Academia, que ya hizo un esclarecedor dictamen -accesible en Internet- sobre la cuestión. Resumo sus argumentos y la conclusión: la expresión ‘violencia de género’ es una traducción (una más, como ‘piso piloto’ y tantas otras sin ton ni son) del inglés, sin sentido en nuestra maravillosa lengua que todos deberíamos defender y donde las palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género). Por tanto, lo correcto es decir ‘violencia doméstica’ o ‘por razón de sexo’. Roma locuta, causa finita.