Espadas y Torrijos han calificado de “intento de desprestigio” y “brutal campaña de satanización” el hecho de que el Ayuntamiento haya revelado que el sueldo medio en Lipasam -cuyos trabajadores han convocado huelga para el día 28- es de 30.855 euros, una cantidad que según 
el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, “desearían gran parte de los sevillanos en los tiempos que corren”. Los sindicatos han contratacado diciendo que el sueldo de un peón es de 721 euros frente a los 100.000 del gerente, y que si ésa es la media será por la suma de los sueldazos (sic) de los directivos.
Cada parte presenta sólo un aspecto de la realidad, ya que como hay cerca de veinte pluses distintos y unas treinta categorías profesionales, el sueldo de un peón puede elevarse hasta los 1.800 euros brutos/mes, antes de los descuentos.
Los sevillanos, que sostienen con sus impuestos la quebrada empresa municipal (sólo cubre con los ingresos que genera el 5,5% de sus gastos), la cual se alimenta de las transferencias del Ayuntamiento, por más que los sindicatos (se auto) engañen diciendo que obtiene 8,2 millones de euros de beneficio (sobre el papel); los sevillanos -decía- tienen perfecto derecho a conocer los sueldos que se pagan en Lipasam, por ser los dueños de la empresa y porque además aquéllos son públicos al figurar en el convenio colectivo, divulgado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla del 28 de agosto de 2009 y que cualquiera puede consultar.
PAZ SOCIAL ‘COMPRADA’
La pregunta que cabe hacerse es por qué Espadas y Torrijos consideran normal que en los medios de comunicación se publiquen las retribuciones del presidente del Gobierno, de los ministros, del presidente de la Junta, de los consejeros de la Junta de Andalucía, de los alcaldes, diputados y senadores y, sin embargo, hablen de “desprestigio” y de “brutal campaña de satanización” cuando se hace referencia desde el gobierno local a Lipasam en virtud de un convenio colectivo que lleva más de tres años en el BOP.
La respuesta radica probablemente en que PSOE e IU, como socios de gobierno municipal en los ocho años anteriores al de Zoido, fueron quienes, con tal de ‘comprar’ la paz social en Lipasam y en las restantes empresas municipales, se plegaron a sus habituales chantajes bajo la amenaza permanente de huelga y les concedieron unas retribuciones, unas condiciones de trabajo y unas ventajas sociales a costa de los contribuyentes sevillanos que serían impensables en el sector privado e inimaginables en una compañía abocada a la quiebra si no gozara de la permanente inyección de dinero público, como es el caso de Lipasam.
Como dato indicativo y objetivo, los 30.885 euros de salario medio en Lipasam superan en 8.000 euros el salario medio anual declarado en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) ante Hacienda en España en el año 2011.
REFLEJO EN LOS SONDEOS
Además, merced a su generosa política retributiva, Monteseirín convirtió a Sevilla en la segunda 
ciudad española con más gasto per cápita para mantener la plantilla de empleados municipales. Mientras que la media de gasto nacional era de 430 euros anuales, los sevillanos debían aportar 495 euros para los gastos del personal del Ayuntamiento, frente a, por ejemplo, los 270 euros que aportaban los ciudadanos de Barcelona.
Pero todas las cifras son relativas y han de ponerse en relación con los resultados. Los sevillanos probablemente pagarían gustosos el coste de Lipasam si observaran que la ciudad está como “los chorros del oro”, pero sistemáticamente la suciedad y falta de limpieza aparecen entre los principales problemas de Sevilla, como ha reflejado el último Barómetro de Antares. Y es que la plantilla de la empresa municipal no se ha caracterizado precisamente por una respuesta entusiasta a las concesiones de los sucesivos gobiernos, que han tomado siempre como un gesto de debilidad.
PREMIO EN METÁLICO
El absentismo durante el mandato de Monteseirín llegó a ser del 10% (uno de cada diez empleados se daban de baja), hasta el punto de que en el año 2008 se tuvo que aplicar un Plan de Control y al año siguiente contratar a una empresa externa para que estudiara cómo reducir las ausencias al trabajo.
Y como los métodos de control no daban los resultados apetecidos, hubo que recurrir a crear un incentivo cuya existencia debería ser considerada por Torrijos y Espadas, que no dicen nada al respecto, como un desprestigio y denigrante para la dignidad de todo trabajador que se precie: una paga no por trabajar, si no por no faltar al trabajo, de 1.400 euros y de carácter lineal que supone a la empresa un coste extra de unos 2 millones de euros (artículo 39 del convenio colectivo, página 19 del BOP de Sevilla Nº 149, de 28 de agosto de 2009). No hay ahorros en esa partida, por cuanto el dinero que no se paga a los absentistas se reparte entre quienes cumplen con su obligación.
LOS EVENTUALES
Llama la atención la preocupación del comité por los eventuales en una empresa cuya plantilla (1.571 empleados) se ha ampliado con Zoido y en la que el 87% son fijos (1.377 trabajadores) y el resto, temporales (194). Los sindicatos no aceptan la fórmula de aplicación de las 37,5 horas semanales en el sector público si afecta a las fechas clave de Semana Santa, Feria y Navidad porque -dicen- repercute en los 420 contratos eventuales que suele realizar Lipasam a través de la Bolsa de Empleo.
Justamente ahí es donde radica el ahorro que pretende el Ayuntamiento, pero la eliminación de la Bolsa de Empleo afectaría a muchos familiares de trabajadores. Con su oposición a su desaparición, el comité está barriendo para casa.
Ante la amenaza de huelga en Lipasam y Mercasevilla, el Ayuntamiento amaga con divulgar los abusos en las empresas municipales. Y filtra algunos botones de muestra: desde horarios laborales que acaban a las 13 horas los viernes hasta el derecho (¿?) de que un pariente ‘herede’ el empleo de un jubilado en Lipasam, en plan feudal, como si se tratara de una monarquía sindical hereditaria. De Juzgado de Guardia. Y, sin embargo, el gobierno local dice que no va a revelar estos privilegios, a costa de los contribuyentes y pese a la que está cayendo, “por responsabilidad y por facilitar el diálogo”. ¿Responsabilidad? ¡Cobardía!, para no enfrentarse a los sindicatos, cómplices de este régimen contrario a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos para optar a un empleo público, como ya dictaminó el Defensor del Pueblo en el caso de Tussam. El gobierno de los 20 concejales no tiene el valor de acabar con estos abusos y prefiere seguir haciendo la vista gorda. ¿En qué consistía el cambio de Zoido? Como en ‘El Gatopardo’, de Lampedusa, en que todo siga igual.
El informe de una consultora fue utilizado por el Ayuntamiento para justificar el despido de enchufados del PSOE en Lipasam por el nuevo gobierno de Zoido (no todos, tras la amenaza de poner en pie de guerra la empresa en una materia tan sensible para el recién aterrizado alcalde como la limpieza pública). Pero como toda regla tiene su excepción, el Consistorio acabó fichando para uno de esos puestos prescindibles según la consultora (y engordando la nómina pese a los recortes a gogó) al niño de una dirigente del PP. La descripción de los ‘enchufados , pero con curriculum’, que hace Carmen Torres es magistral: “Estudian idiomas en el extranjero, sus padres les pagan cursos de postgrado y másters, pero acaban trabajando en la Administración”, no en la empresa privada. Son JASP, el acrónimo del ‘Jóvenes aunque suficientemente preparados’, pero por eso mismo se arriman al seguro de vida del perol de lo público, conforme a la tradición paterna/materna, porque, como decía Alfonso Guerra, saben que aquí fuera hace mucho frío (incluso en los veranos de Sevilla).
En otro país o ciudad, el gerente de Lipasam que ha sido grabado recomendando a una trabajadora que se arrimara a Beltrán y a ‘Currito’ (sic), los -según él- del botoncito de los empleos en el Ayuntamiento sin más carnés que el de identidad -Zoido ‘dixit’-, habría sido puesto en la calle ‘ipso facto’ para no dejar por mentiroso al alcalde y para que no quedara ni la más mínima sombra de duda, pero como esto es España y Sevilla, el primer edil es quien ha saltado a los medios para echarle un capote a su cienmileurista fichaje galáctico. Y lo ha justificado revelando públicamente -¿dónde la ley de protección de datos?- el nombre de enchufados del PSOE supervivientes en el Ayuntamiento. ¿Y cómo sabe el alcalde quiénes son socialistas si en virtud de la Constitución nadie está obligado a revelar sus creencias religiosas ni ideológicas? Zoido se lo ha puesto a huevo a Espadas en la deducción lógica de éste de que si lo sabe es porque previamente ha clasificado al personal municipal en función de su ideología o adscripción política. Por la boca muere el pez.
La última vez que se intentó romper esta tradición fue durante la penúltima Feria de Monteseirín, el cual, incapaz de mantenerle el pulso a los sindicalistas de Tussam respaldados por Susana Díaz y el PSOE de Sevilla, se les rindió con armas y bagajes y dejó desautorizada a la plana mayor de la empresa municipal, con la consiguiente dimisión de Guillermo Gutiérrez “por dignidad”.
Así, la tasa de reposición cero será imposible de aplicar en Lipasam, porque en virtud del convenio prorrogado de facto la empresa debe mantener el nivel de empleo estable, con una plantilla mínima de personal fijo indefinido de 1.372 operarios, mediante la inmediata ocupación del número de plazas que queden vacantes. Todo trabajador jubilado anticipadamente será sustituido por otro contratado al efecto y la empresa se obliga a aceptar cuantas solicitudes de jubilación a tiempo parcial se le formulen, contratando en su lugar a otro trabajador a tiempo parcial y por la jornada restante.
