El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha tardado 17 años en caerse del caballo y percatarse de la existencia de una casta aparte, la clase política, que se coloca fuera y por encima de la ley y de instituciones como la que él ha representado hasta que osó cuestionarla.
Desde 1991 he recurrido en numerosas ocasiones al Defensor, inicialmente cuando lo era en funciones Jesús Maeztu que, por paradojas o capricho de esos mismos políticos que mueven los hilos, vuelve a sus orígenes.
Como entonces era aún un ingenuo que creía en la Democracia, el imperio de la ley, etc., etc., acudí al Defensor en, nunca mejor dicho, defensa de unos terrenos comunales y vías pecuarias usurpados desde la más flagrante ilegalidad urbanística. Nunca podía imaginar que aquella defensa, también en nombre de la Memoria Histórica cuando nadie la reivindicaba, se convertiría en una batalla de 22 años por esclarecer la verdad y comprender cómo se podía actuar con absoluta impunidad. Las pruebas de mi aserto están en los cuatro informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas’.
Chamizo dice que se va -cuando en realidad lo han echado- porque no quiere ser un florero del sistema. Al igual que el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, él ha desempeñado inconscientemente ese rol de florero durante 17 años. El Defensor, ante mis requerimientos de que denunciara ante los Tribunales, me alegaba que sólo era una autoridad moral.
Ahora bien, esa autoridad moral no surtía efecto porque los políticos condenados moralmente por la institución por obstaculizar su labor o pasar olímpicamente de cumplir sus recomendaciones no sólo seguían tan campantes en sus puestos, sino que incluso trepaban aún más alto en la escala, con el respaldo de esos mismos partidos ante los que Chamizo presentaba su informe anual en el Parlamento.
Al aceptar este estado de cosas sin dar un portazo, la institución del Defensor devenía en un florero del sistema, donde cada logro obtenido lo era por una concesión graciable del Poder más que por el reconocimiento de un Derecho, cuya vulneración, por otra parte, le salía gratis a los políticos y/o sus adláteres.
A Chamizo se le ha caído al fin la venda de los ojos, pero sólo cuando se lo han quitado del medio, no antes. Me apena que en vez de haberse ido con la cabeza alta haya proyectado la imagen de un apegado a la poltrona, como creyéndose Defensor a perpetuidad, y enfrascado con los políticos en lo mismo que él les reprochó: sus ‘peleítas’.
Gracias a Gracia, los andaluces que cada día se desplazan a su puesto de trabajo en sus automóviles privados y pagándose de sus bolsillos el carburante, el aparcamiento, el coste de cualquier incidencia que sufran y las reparaciones mecánicas o de la carrocería, se han enterado de que su señoría goza del privilegio de un Audi gratis para que lo lleve y traiga a y desde su despacho a su domicilio particular, y no sólo y exclusivamente para moverse, como sí parece lógico, desde el Parlamento hasta los actos oficiales a que se vea obligado a ir por su rango institucional.
Cuando el PSOE llegó al Poder en el año 1982 con Felipe González a la cabeza, casi de la misma generación que Gracia, los socialistas ponían de ejemplo de socialdemocracia al primer ministro sueco, Olof Palme, porque iba a su oficina andando o en bicicleta. Más de treinta años después, Manuel Gracia nos ha demostrado que aun pudiendo ir a su despacho al menos en su coche particular, no estaba dispuesto a ahorrarle al contribuyente ni un solo euro pese a la crisis, y quería darle a su vehículo el mismo rango que al coche oficial.
Al ‘bono’ de Manuel Gracia, tratado de justificar inicialmente con el argumento de un incremento de su actividad (¿?), se sumaron por el contubernio secreto de quienes tanto hablan de transparencia y del escaño 110 para conectar con el sentir de los ciudadanos a quienes dan cotidianamente la espalda, 1.200 euros para los secretarios generales de los grupos Popular y Socialista y 920 euros para la portavoz adjunta de Izquierda Unida.
Aquí y ahora vamos a tirar de hemeroteca para transcribir, en primer lugar, una mínima parte de una entrevista concedida por Zoido a ABC el 13 de junio de 2011, tan sólo dos días después de su toma de posesión como alcalde. Esto es lo que le pregunta el periodista y lo que contesta el regidor:
“Zoido muestra su “confianza absoluta” en que Javier Arenas no ha cobrado ningún sobresueldo de forma irregular durante la etapa en que estuvo al frente de la Secretaría General del PP y afirma que “pondría la mano en el fuego por él”. Zoido, que aseguró que él no ha cobrado nunca ningún tipo de sobresueldo, también restó credibilidad al hecho de que Javier Arenas aparezca en estas “anotaciones” de Bárcenas -de las que sólo éste es responsable, según ha matizado- como supuesto beneficiario de cantidades trimestrales cercanas a los 9.000 euros (….) Sobre la posibilidad de que se prohíban por ley los sobresueldos a cargos públicos, el presidente del PP-A también ha confirmado, como hiciera José Luis Sanz, que su grupo es favorable a esta medida porque defienden “todo lo que sea en aras de llegar a una mayor transparencia para que entre todos podamos generar confianza”. “Lo que hay que hacer es transparencia absoluta y tolerancia cero con las irregularidades”, concluyó”.
sueldo que percibió en su día como consejero de la RTVA (4.200 euros mensuales) y luego como diputado andaluz, 149.040 euros brutos.
alcaldable ‘in pectore’ que dedicaba la mayor parte del tiempo a patearse los barrios y a predicar las bondades de la micropolítica, más allá de que pudiera haber sido nombrado titular de alguno de esos cargos honoríficos o miembro de órganos del PP partido por aquello de las cuotas territoriales y representatividad interna y externa.
epígrafe sobre ‘Trabajo por cuenta ajena: puestos o cargos en cualquiera entidades del sector público, organismos, entidades, empresas públicas y empresas o actividades privadas’. Pues bien, únicamente hace constar como pagador de sus ingresos el Parlamento de Andalucía (por una liquidación de 81.976,96 euros, que excedería sus retribuciones exclusivamente como diputado), pero ocultando al PP como segundo pagador de parte de sus retribuciones.
preocupado hasta ahora de medir. El segundo, objeto de la controversia, es el denominado “de profundización”. Su objetivo consiste en incrementar el calado del canal de navegación para los barcos que remontan el río hasta Sevilla en 1,5 metros, con lo cual se pasaría de los 6,5 metros actuales a 8. Asimismo, se incrementaría la anchura del canal en 30 metros y se pasaría de los 60 metros actuales a 90.
Por de pronto, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, alarmado por las presiones en pro de un dragado que podría tener graves consecuencias para este paraíso andaluz, ha decidido analizar la situación de Doñana en su reunión en Camboya dentro de quince días, con lo que se corre un riesgo similar al ya sufrido por Sevilla con motivo de la construcción de la torre Pelli: incluirlo en la lista del Patrimonio Mundial en peligro y, llegado al extremo, retirarle su condición de Patrimonio de la Humanidad, lo que supondría un golpe al prestigio de la ‘marca España’.
La Autoridad Portuaria se escuda además en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que data del año 2003 pero -y he aquí otro motivo de controversia- que la Administración central habría condicionado entonces o después a los resultados de un posterior estudio científico, en previsión de sus posibles efectos negativos sobre Doñana y porque, aunque no parezca lógico, no existían apenas investigaciones sobre la dinámica del Guadalquivir y, sobre todo, del estado real de su estuario.
Como el río transporta cada vez menos agua dulce (63 m3/segundo de media, cuando lo ideal serían al menos 1.000 m3/s) y ha perdido cada vez más llanuras mareales y marismas, las mareas van incrementando la salinidad -el mayor enemigo del arroz- y la turbidez, y se desemboca en un círculo vicioso: se colmata el cauce y hay que dragar más para mantener el actual canal de navegación. Si se ejecutara el dragado de profundización, no sólo entraría más agua salada en el cauce poniendo así en peligro las 35.000 Has. de arrozales, que generan 432.000 peonadas anuales y una facturación bruta superior a los 145 millones de euros, sino que también la mayor fuerza de las mareas -unidas al oleaje causado por el tránsito de barcos mucho más grandes- erosionarían aún más las márgenes a lo largo de 80 kilómetros de cauce. Se ha estimado que sólo el coste de estabilizarlas y defenderlas mediante escolleras triplicaría el del propio dragado.
Por ello, en los últimos meses ha convertido el dragado en el ‘leit motiv’ de su mandato, se ha alineado públicamente con el ‘lobby’ de los constructores y los consignatarios de buques, que serían sus grandes beneficiarios, y ordenó a uno de sus lugartenientes, Javier Landa, que organizara encuentros reservados y sin difusión pública, pese a sus promesas de “luces y taquígrafos”, con los agricultores y arroceros, opuestos al dragado, a fin de sumarlos a la causa y de cara a una ‘cumbre’ que gestionó en Madrid con el ministro Arias Cañete. A este encuentro en la sede del Ministerio de Medio Ambiente no invitó ni a los científicos, ni a los ecologistas, ni al Consejo de Doñana ni a la Junta de Andalucía.
Al regreso del encuentro en Madrid, sólo tras ver que Arias Cañete no está dispuesto a poner en peligro Doñana, los arrozales y el Guadalquivir por un dragado bajo vigilancia internacional y que probablemente precise de una nueva DIA, Zoido ha pedido públicamente un pacto a Griñán, cuando unos días antes había ignorado por completo a la Junta de Andalucía al organizar la reunión con el ministro y despreciado por “no vinculante” el voto en contra del Consejo de Doñana.
Si la comparación se realiza en términos interanuales, esto es, de mayo de 2012 a mayo de 2013, Sevilla capital tienen hoy 2.738 parados más, un + 3,16%. Zoido, que prometió convertirse en el ‘alcalde del empleo’, llega al ecuador de su mandato con 12.418 parados más que cuando tomó posesión de su cargo como alcalde y con la ciudad manteniéndose en la frontera de los 90.000 parados.
Así, el número de desempleados inscritos en las oficinas de los Servicios de Empleo en España es ahora de 4.890.928, tras un descenso en 98.265 personas (- 1,97%) respecto del mes de abril. En Andalucía, el número de parados se ha reducido en 26.529 personas (-2,39%) y se queda en 1.081.493. Y en la provincia de Sevilla salen de la situación de desempleo 4.726 parados(- 1,83%) y la cifra total de parados se reduce a 253, 426, aunque proporcionalmente con un descenso menor que el conjunto de Andalucía.
Para el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-Andalucía), Rafael Amor, “es necesario ser muy prudentes con estos datos ya que normalmente los meses de marzo a junio son positivos por el efecto de la campaña estival y el turismo”. “No obstante, y a pesar de este incremento, no podemos obviar que el número de bajas en el RETA continúa siendo muy elevado”, añade.
El sindicato también subraya la elevadísima temporalidad existente: del total de 77.558 contratos laborales firmados, el 97% han sido de carácter temporal. Por el contrario, los contratos indefinidos han sido tan sólo 2.435, cifra inferior en un 23% a la contabilizada en mayo de 2012.
El sector Servicios, con el mayor número de personas ocupadas en la provincia, es también el que ha registrado un mayor descenso en el número de parados, con 2.574 personas que han encontrado un trabajo. Pese a la grave crisis de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y los drásticos recortes en las inversiones públicas para infraestructuras y mantenimiento, la Construcción se ha erigido como el segundo sector con mayor descenso de parados en mayo: 1.013. En último lugar en la estadística, colectivo ‘Sin empleo anterior aparte’, figura la Agricultura, con 925 desempleados menos.
Se ha registrado, por tanto, un descenso en el paro en ambos colectivos, tanto entre los hombres (- 2.889, un 2,31%) como entre las mujeres (- 1.827, un 1,38%), si bien la caída es más pronunciada entre los trabajadores de sexo masculino, ya que los hombres acaparan el 61% de la reducción de paro de este mes en Sevilla, según destaca UGT.
Por otro lado, aunque para el Gobierno parece ser un buen dato que suba el número de las contrataciones más precarias, lo más relevante es que en mayo se han reducido los contratos indefinidos en más de 30.000 respecto de mayo de 2012 (-24,2%). Esta reducción adquiere todo su sentido si se inscribe en un aumento del 2,9% del conjunto de la contratación en los últimos 12 meses. De hecho, el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de contratos en mayo se sitúa en el 7,5% frente al 8,5% de abril y el 10,1% de mayo de 2012. Es un efecto más de la reforma laboral, que tenía en la lucha contra la precariedad en el empleo uno de sus objetivos.
importantes para la ciudad, como la venta de la antigua comisaría de la Gavidia, la construcción de parkings en la Alameda y el Prado, el dragado del Guadalquivir y la reapertura de Altadis. Zoido se mostró tajante y amenazante: “Si nos dicen que no, obstruyendo la puesta en valor de nuestra ciudad, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, sin descartar ir a los tribunales”.
Item más, Zoido trata de imputarle a la Junta vetos a proyectos que ni siquiera ha presentado aún públicamente, como la conversión de Altadis en -se supone, conforme a su programa electoral- centro cívico y cultural, y el dragado del Guadalquivir, cuando ha acudido a negociar sobre este último a Madrid con el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, en una cumbre a la que invitó al Puerto, arroceros y regantes pero no al Gobierno autónomo. Si el responsable último de la aprobación del dragado es el Gobierno de Rajoy, ¿por qué el alcalde acusa también a la Junta de boicotearlo y de perjudicar a Sevilla?
Debió de ser en el año 2000 cuando la Junta anunció la construcción de unas nuevas instalaciones en el barrio de San Bernardo para descongestionar los saturados juzgados del Prado. Era el germen de una idea que con el tiempo se fue tornando más ambiciosa: no ya la de parchear y dispersar edificios por Sevilla, sino la de dar una solución integral al problema trasladando y ampliando la sede judicial hispalense a unos terrenos con posibilidad incluso de expansión en el futuro, una Ciudad de la Justicia.
En el ínterim, ello no fue óbice para que a finales de enero de 2009 el Ayuntamiento aprobara el Plan Parcial de los Gordales, que reservaba 39.000 m2 de suelo para la futurible Ciudad de la Justicia. Dado que el pleito del Estado no afectaba al suelo propiedad del Ayuntamiento (7.233 m2), éste, de mutuo acuerdo con la Junta, promotora y financiadora de la obra, acordó el 9 de marzo de 2011 la cesión gratuita de sus terrenos al Gobierno andaluz para que al menos empezara a construir los dos primeros edificios del complejo en el plazo de un año, con una edificabilidad de 86.188 m2.
base de demoler el bloque de los Juzgados para construir otro de nueva planta y aprovechar las escasas parcelas libres -incluyendo la del Equipo Quirúrgico, destinada a un Centro de Alta Resolución sanitario- para levantar un total de seis edificios unidos bajo tierra más un parking subterráneo de 3.000 m2, para lograr así un total de 100.000 m2, un 55% menos que el proyecto en los Gordales.
Zoido, pues, lleva dos años boicoteando a los consejeros de la Junta que han tratado de reunirse con él, pero en una nueva pirueta política aprovechó el pasado jueves la visita del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, a Sevilla para ofrecerle las parcelas del Ayuntamiento en el Prado con tal de que se construya allí y no en los Gordales la Ciudad de la Justicia.
A Gregorio Serrano, el multidelegado de Zoido, se le encendió la bombilla cuando vio que por la conjunción astral este año coincidían en la misma fecha el Corpus Christi y el Día de San Fernando. Como el patrón de Sevilla lo es también del Arma de Ingenieros, aprovechó la ocasión para proponerle a la Capitanía General una mezcolanza festiva, de forma tal que tendremos Corpus con jura de bandera y desfile militar en la Plaza Nueva. Aunque Goro dice que nada tiene que ver una cosa con la otra (el Corpus con la parada militar y tal), el resultado es un ‘totum revolutum’ que hará las delicias de la Sevilla eterna, sobre todo si el invento es gratis total. Ahora que viene el Príncipe Heredero de Japón, esperamos que a Serrano se le encienda otra bombilla; a ser posible un poco menos festiva y más economicista, para cambiar de costumbre. Que recuerde que no sólo es delegado de Fiestas Mayores sino también de todo lo demás.
Es curioso que el alcalde que siempre prometía luces y taquígrafos y que milita en un partido que ha hecho de la ley de Transparencia el santo y seña del mandato de Rajoy considere una afrenta que le pidan su declaración del IRPF.
Navarrete, respetuoso aun en la discrepancia como padre de la criatura, sólo quería aclarar mi expresión de que había sido un fichaje “a golpe de talonario” (por mi parte, no tanto en el sentido crematístico como de que se trataba de un externo al Ayuntamiento), y para demostrarme que no se trataba de una incorporación en plan estrella, como las del fútbol, me pedía mi correo para enviarme sus declaraciones del IRPF.
Según el aserto del alcalde, habría cumplido 81 puntos de su programa electoral y le faltarían 54 hasta mediados de 2015, fecha de las próximas elecciones municipales, pero en realidad son muchas más de 135 las promesas realizadas por escrito en sus once documentos para los once distritos de la ciudad, ya que muchos puntos incluyen varios apartados. En sentido contrario, hay una misma promesa repetida once veces: la implantación de la Policía de Barrio. Asimismo, hay otra repetida para Los Remedios, Norte y Cerro-Amate: la reordenación de las líneas de autobuses de Tussam para prestar un mejor servicio a los vecinos de esos distritos.
Aunque ahora apela a la “herencia recibida” y a la “situación dramática” del Ayuntamiento para tratar de justificar el balance de estos dos años de gestión, en su programa electoral sólo condicionó cinco de sus 135 promesas (el 3,70% del total) a “las disponibilidades de recursos” que encontrara en caso de llegar a la Alcaldía, éstas: una piscina cubierta en el barrio de Begoña, equipamientos culturales en la Fábrica de Vidrio, pistas de pádel en Santa Justa, un bulevard sobre el canal abovedado de la Ranilla y un conjunto de instalaciones deportivas en Santa Aurelia, Padre Pío, La Música….
Sólo cuando ha ganado las elecciones saca a relucir su programa oculto, la venta de la Gavidia para centro comercial y el parking en la Alameda, contrarios al PGOU, por lo que la Junta se ve obligada a rechazarlos, con lo cual el alcalde tiene la excusa perfecta para culpar al Gobierno autónomo de “un boicot a Sevilla”.
De todos ellos, el único que hasta ahora tiene visos de iniciarse es el de la Plaza San Martín de Porres, en Triana. Del resto, ni noticia. Prácticamente, Zoido carece ya de tiempo suficiente para ejecutar cualquiera de estos estacionamientos, con lo cual el fiasco en este capítulo puede acabar recordando al de Monteseirín, si bien éste, en su desastrosa gestión al respecto, prometió 40 más que Zoido y acabó amargando la vida de centenares de vecinos que entregaron una fianza por adelantado y que si recuperarán será gracias al actual alcalde.
El alcalde prometió también nuevos centros deportivos o mejora de los equipamientos existentes en Triana (nada menos que seis nuevas instalaciones), Macarena (tres, incluyendo una piscina cubierta), Los Bermejales (todo un pabellón que cabría calificar como olímpico, mucho mejor que el de San Pablo y hasta con pistas de nieve artificial para esquiar), Este y otra piscina cubierta en El Cerro-Amate. La gran mayoría de estas promesas siguen pendientes de materialización cuando sólo quedan dos años para el final del mandato.
un centro cultural, auditorio y centro de arte contemporáneo.
sobre la promesa de Zoido de convertir en canal de La Ranilla en un parque verde en el plazo de un año (2012) con 1,5 millones de euros de fondos europeos. Fue el precedente de la petición de paciencia hecha ahora por el alcalde.