Archivo de la categoría: Ecología

Arboricidio

Vecinos de Heliópolis denuncian que la Confederación del Guadalquivir (CHG) ha cortado 15 árboles (acacias, paraísos, árboles del amor y una palmera) plantados por ellos hace 30 años en la calle Perú, colindante con la carretera camuflada de Parque del Guadaíra que construyen para unir la SE-30 con la prolongación de la Avenida de la Raza. La CHG dice que no es una tala, sino un apeo, pero la 5ª acepción de este término en el DRAE le da la razón al vecindario: la Confederación ha cortado por lo sano la arboleda, ya tan perdida como la de Alberti, con la manida coartada de que los ejemplares estaban enfermos. Las fotos previas parecen demostrar lo contrario. En todo caso, la calle estaba mejor con árboles supuestamente enfermos que con el talud hecho por las excavadoras. El nuevo arboricidio de Heliópolis (antes se cargaron otros 20 ejemplares) pone en solfa la promesa de Zoido de que no se cortaría ningún árbol si no era con la firma del alcalde. Heliópolis es la prueba de que en la Sevilla de Zoido se siguen cortando árboles como en la Sevilla de Monteseirín.

Doñana, entre Lorca y Daimiel

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Científicos de la Universidad de Western Ontario liderados por Pablo J. González han determinado que uno de los motivos del terremoto de mayo de 2011 en Lorca fue la sobreexplotación, para regadíos, del acuífero del Alto Guadalentín.

Gracias a los datos obtenidos por satélite, los expertos han comprobado que la pauta del movimiento de la falla guarda correlación con los cambios en la corteza terrestre, causados por un descenso de 250 metros del nivel del agua subterránea debido a las extracciones desde los años 60. Esta caída del nivel freático provocó una fractura en la roca que, a su vez, indujo el seísmo. Resultado: 9 muertos, 300 heridos, 1.300 casas destruidas, 3.000 personas aún sin hogar y enormes pérdidas.

La Administración franquista, que desecaba lo húmedo y regaba lo seco y de la que el Iryda y el Icona fueron sus principales brazos ejecutores, aprobó en 1956 la ley de Desecación de Márgenes de los ríos manchegos Cigüela, Záncara y Guadiana. Se canalizaron cauces y se perforaron en el entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 50.000 pozos, al menos 5.000 de ellos ilegales, para la sustitución de los cultivos tradicionales de secano por otros intensivos con elevado consumo de agua, como el maíz.

El encharcamiento natural de las Tablas se redujo al 1% de su superficie original (ahora es mantenido de forma artificial y sólo en parte gracias a trasvases especiales desde el río Tajo) y acabó ocurriendo lo que predijeron los científicos: incendios por la combustión de la turba del subsuelo y la liberación de gases tóxicos como el CO2. Una zona húmeda como las Tablas de Daimiel literalmente salió ardiendo.

Razón: la sobreexplotación del acuífero para los regadíos provocó tal enorme descenso del nivel del agua que, en ausencia de humedad y con el recalentamiento de la tierra, los gases explosivos existentes en el sustrato carbonoso de la turba se combinaron con el oxígeno y se produjo su combustión espontánea.

A finales de los años 80, el por entonces presidente de la Unión Internacional de Hidrogeólogos, Ramón Llamas, alertó de que si continuaba la sobreexplotación de las aguas subterráneas en el entorno de Doñana podría acabar ocurriendo lo mismo que en La Mancha con la combustión del subsuelo, en lo que llamó la ‘daimielización’ de Doñana.

Pese a estos precedentes catastróficos de Lorca y Daimiel, el PSOE no ha tenido otra ocurrencia que proponer que al igual que el Gobierno ha aprobado una amnistía fiscal para delincuentes económicos, debería paralizar las inspecciones de la Guardia Civil a los agricultores

con pozos ilegales en el entorno de Doñana. O sea, barra libre a la ilegalidad. Pero con ser gravísimo la proliferación de pozos ilegales y el alarmante descenso del nivel del acuífero que nutre al Parque Nacional, gracias a la incompetencia e ineficacia de sus órganos rectores, incapaces siquiera de cumplir hasta siete sentencias del Tribunal Supremo sobre los riegos ilegales en los Hatos, peor aún es lo que está ocurriendo con las aguas superficiales de las marismas del Guadalquivir en este emblemático espacio natural, sitas en la provincia de Sevilla.

En este sentido es sangrante la transformación del Brazo de la Torre, cauce de unos 70 kilómetros y que ha desaparecido en muchos de sus tramos, como puede comprobarse a simple vista y comparando fotos aéreas e imágenes de satélite. Otros brazos, como el caño del Guadiamar y lucios (Cochinato, Quebradas Blancas, Hombre) han corrido la misma suerte, y centenares de hectáreas del dominio público, de altísimo valor ecológico, han sido usurpadas.

En la mitad del Brazo de la Torre se hacen canales y diques con maquinaria pesada y se desvía el agua bien a los canales del arroz, bien al río Guadalquivir, para drenarlos. A continuación se excavan nuevos canales a través del cauce, para desecarlo. Y hasta se toma agua procedente del Corredor Verde para regar el espacio así usurpado. Asimismo, se desplazan con total impunidad los mojones que deslindan las áreas protegidas.

Aún quedan restos donde, por contraste, se puede percibir esta situación, como en Veta Alí, donde ya no se aprecia la margen izquierda del Brazo de la Torre, transformada. También en la zona del Matochal. Se ara y/o se transforman en arrozal zonas originales de playas, juncales y eneales y desaparece la biodiversidad acuática y sus hábitats, porque dado el valor del arrozal hay incluso quienes alardean de que en el caso improbable de que sean sancionados les resultaría más rentable pagar la hipotética multa.

Toda esta ingente usurpación y transformación artificial del medio natural acaece en el espacio ecológico más importante de Europa, teóricamente protegido por todo tipo de normas, leyes y declaraciones internacionales y reconocido con todos los títulos (Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera de la Unesco, Diploma del Consejo de Europa, Sitio de Ramsar…), no es ocultable y salta a la vista de cualquiera menos, de forma harto sospechosa, de los organismos encargados de su vigilancia y conservación: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Dirección General de Costas, Autoridad Portuaria, Seprona, Guardería del Parque Nacional, Guardería de la Junta, Consejería de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Unesco, Unión Europea y Convenio de Ramsar.

Aquí no existe la ley, salvo la del más fuerte. El último que llega se apodera de lo que aún quede virgen. Las marismas del Guadalquivir se han convertido en otro salvaje Oeste, el Far West de Europa o la Sicilia andaluza.

Cobre las Cruces alerta sobre riesgos catastróficos

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Se niega a clausurar las instalaciones mineras

Gerena dictó orden de paralización por vulneración urbanística

Cobre las Cruces se ha negado a obedecer la resolución dictada por la alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez (PSOE), de paralización cautelar de instalaciones del complejo minero en el marco de un expediente en materia de disciplina urbanística, alegando para ello los efectos catastróficos que tal medida podría tener para la provincia de Sevilla en caso de accidente. La enumeración de las consecuencias de un parón imprevisto al complejo minero por cualquier causa reveladas en su escrito por la propia compañía demuestra que su Plan de Contingencias o no contempla ese riesgo o que, simplemente, carece de cualquier eficacia al respecto.

El pasado 19 de octubre, el Ayuntamiento socialista de Gerena notificó a Cobre las Cruces una resolución por la que se adoptaba la -”inaudita”, según la compañía- medida cautelar de suspensión del uso de una serie de edificios e instalaciones del complejo minero en virtud de un expediente administrativo en materia de disciplina urbanística y motivado, presuntamente, por la construcción de edificios al margen del ordenamiento y/o de instalaciones cuyas dimensiones o volúmenes superarían lo autorizado en las correspondientes licencias.

El consejero delegado de Cobre las Cruces, Damien Marantelli, ha respondido a la alcaldesa de Gerena con un escrito en el que tacha su resolución de contraria a Derecho, anuncia recursos de reposición y asume la responsabilidad de desobedecerla para evitar las consecuencias catastróficas que tendría la paralización de las instalaciones. Sin embargo, una de las condiciones impuesta por la Administración a la compañía para autorizarle a abrir la mina era la redacción de un Plan de Contingencias ante cualquier riesgo, Plan que CLC presentó el 11 de septiembre de 2008.

La carta de Damien Marantelli al Ayuntamiento de Gerena convierte el Plan de Contingencias en papel mojado al demostrar que la compañía no está preparada para afrontar la paralización imprevista de una serie de instalaciones, ya sea por decisión administrativa, como en este caso, por accidente o por cualquier tipo de catástrofe de gran magnitud. Según el consejero delegado de CLC, el complejo minero “no se apaga pulsando un interruptor”, sino que es preciso ejecutar múltiples actuaciones que “desde luego requieren -escribe- no sólo de más tiempo, sino también del análisis de las consecuencias que de ello se derivarían”. Marantelli enumera los problemas ecológicos y de seguridad que se derivarían de una paralización de golpe de la mina:

-Desactivar la sala eléctrica, la de control, el compresor, caldera, tanque y plantas floculantes sin monitorización ni control alguno dejaría las instalaciones llenas de productos químicos “que -dice- supondrían un tremendo riesgo para el medio ambiente y las personas”.

-Las instalaciones quedarían en condiciones totalmente inseguras, pudiendo ocasionarse de manera inmediata incidentes tales como derrames de tanques, fuego e incendios de las instalaciones con solventes, fuego en los equipos electrónicos, explosión de calderas y destrucción de las salas eléctricas.

-La ejecución de la medida cautelar (de paralización) implicaria la suspensión del uso del sistema contra incendios (alimentado por la sala eléctrica o, en su caso, el generador de emergencia, igualmente clausurados), por lo que cualquier accidente ya no sólo podría ser catastrófico para Cobre las Cruces, sino para la provincia. A mayor abundamiento, la suspensión de la planta y tanque de agua produciría la rotura de bombas por los sellos, pudiendo ocasionar así grandes episodios de contaminación, así como un altísimo riesgo en materia de seguridad.
La paralización de la planta de lodos -añade- podría ocasionar vertidos de los mismos a la zona de policía del dominio público hidráulico o el propio arroyo Garnacha (a pocos metros).

-La clausura de la balsa ‘BACIET’ produciría la suspensión de las actividades de bombeo y con ello podría producir la posible inundación de la instalación de estériles de tratamiento, con el perjuicio medioambiental que ello podría causar, así como la afección al dominio público hidráulico (arroyo Garnacha).

-En cuanto a la BACIEM 1, habría riesgo de inundación de la instalación de estériles de minas, así como la afección al dominio público hidráulico.

-Especialmente gravosa sería, sin duda, la suspensión de la BAR-4. Mediante esta balsa se realiza la gestión de las aguas de rechazo, por lo que la clausura de la misma supondría la paralización inmediata de la Planta permanente de tratamiento de aguas, así como del sistema de Drenaje y Reinyección (SDR), ambos, pilares del Plan Global de Gestión de Agua de Cobre las Cruces. La no gestión del agua de contacto supondría la inundación de la corta.

Arboles

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Me he leído las 23 páginas de la nueva Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines Públicos en el municipio de Sevilla que ha redactado el gobierno de Zoido y que no han suscitado excesivo entusiasmo, sino más bien lo contrario, entre las asociaciones protectoras de las zonas verdes. El problema no son las Ordenanzas, donde teóricamente se protege todo lo protegible, se prohíbe todo lo prohibible y se sanciona todo lo sancionable, sino el desprecio al árbol innato en nuestro incivismo y que acabarán por convertirlas, como las anteriores, en papel mojado.

Hace unos años pudieron verse imágenes de una calle de París, cercana a la sede de la Unesco, toda levantada por obras. Lo que más me llamó la atención era que el tronco de todos y cada uno de los árboles había sido rodeado por un perímetro de tablones que llegaban hasta la cruz, desde donde partían las ramas, de forma que quedaban protegidos ante cualquier golpe accidental de los albañiles y/o de su maquinaria. Pues bien, similar protección del arbolado durante la ejecución de obras se decreta en el artículo 14 de las Ordenanzas de Sevilla, pero ¿ha visto alguien alguna vez que esta medida se haya aplicado durante la infinidad de obras acometidas en los últimos años en nuestra ciudad?

Durante el anterior mandato municipal se dio bula a los ciclistas, o si no ellos se la tomaron debido al interés político en fomentar el uso de la bicicleta para justificar la inversión (bien hecha, por otra parte) en la red de carriles bici, para que ataran sus vehículos de dos ruedas a cualquier tipo de soporte vertical en la vía pública. De las señales de tráfico y farolas se pasó sin solución de continuidad a troncos de los árboles, especialmente de naranjos, que acabaron presos, y con la corteza dañada, de las cadenas antirrobo. Sobre el papel de la Ordenanza se trata de una práctica prohibida. ¿Quién la respeta y quién la hace respetar?

Monteseirín, que se las daba de progresista y moderno, fue tan bárbaro que en vez de trasplantarlos, como se habría hecho en una urbe civilizada, cortó a ras de suelo (lo vieron mis ojos) todos los naranjos de la Plaza Nueva, considerados un obstáculo durante los trabajos para el nuevo enlosado perimetral.

Así que yo, más que artículos sobre la tala y abatimiento en las Ordenanzas, le pediría a Zoido que cumpliera a rajatabla una de aquellas promesas que hizo cuando estaba en la oposición: para cortar un árbol en Sevilla será condición ‘sine qua non’ el permiso previo y por escrito del alcalde.

Etiquetas

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El día en que inauguró el parque Vega de Triana, Zoido hizo un llamamiento contra el vandalismo. En este sentido, serían dignas de imitación las campañas de etiquetado del mobiliario urbano con su precio de adquisición para prevenir actos vandálicos y que, entre otros, han realizado ayuntamientos como el de Pamplona y el de Miajadas (Cáceres). Con el lema ‘Cuidar tu ciudad no te cuesta nada, a Pamplona 1.500.000 euros’, escolares pamplonicas colocaron gigantescas etiquetas que llevaban impreso el coste de bancos, farolas, papeleras….Además, las colocaron, a modo de pegatinas, en las zonas verdes para indicar el desembolso que supone al Lipasam de la ciudad de los sanfermines la retirada de los excrementos de perros, y en paredes y monumentos, para que la gente supiera el importe de la factura de eliminar las pintadas. Claro que, bien mirado, Zoido ha ido mucho más lejos que sus homólogos de Pamplona y Miajadas: ha inaugurado el nuevo parque Vega de Triana sin bancos, farolas y papeleras. Así también se ha ahorrado el coste de las etiquetas antivandálicas.

Problemas de agenda

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Sólo en una ciudad tan surrealista como Sevilla puede darse el caso de que en menos de una semana se abran al público dos zonas verdes como el parque ‘Vega de Triana’ (Charco de la Pava) y el ajardinado muelle de Nueva York, que llevan terminados desde hace doce y siete meses, respectivamente, pero cuya inauguración ha sido retrasada por, eufemísticamente, “problemas de agenda” de la clase política, que sigue demostrando que subordina los intereses de los ciudadanos y la integridad de los equipamientos públicos a los suyos propios.

El muelle de Nueva York se inaugura hoy oficialmente tras siete meses en espera de que los responsables del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, copartícipes del Plan Turístico de Sevilla del que aquél forma parte, encontraran un hueco en sus respectivas agendas para coprotagonizar la foto del corte de la cinta inaugural. Quiere ello decir que desde el mes de marzo, con la tópica primavera sevillana, tanto los nativos como los turistas que nos visitan, sobre todo lo de alto poder adquisitivo que han desembarcado de los grandes cruceros que han atracado durante este periodo en el colindante muelle de las Delicias, podrían haber disfrutado de los jardines, arboleda (aún sin mucha copa, todo hay que decirlo), pérgolas y equipamiento complementario de un área que permite prolongar y conectar el Paseo Alcalde Marqués del Contadero y la Torre del Oro con el Paseo y Jardines de las Delicias, el muelle homónimo y el Parque de María Luisa.

ESPACIO VEDADO

Sin embargo, durante la primavera y el verano el muelle de Nueva York ha estado vedado a sevillanos y visitantes pese a haberse invertido en el mismo más de dos millones de euros de los contribuyentes y pese al riesgo de que se deteriorara todo el conjunto como consecuencia del abandono a su suerte, la falta de vigilancia y el vandalismo habitual, esta gran lacra de Sevilla para vergüenza de todos.

La ‘sui generis’ explicación de que como las elecciones autonómicas se celebraron en marzo y los nombramientos de los cargos públicos de la Junta se demoraron no se han podido cuadrar las agendas de unos y otros hasta hoy carece de la más mínima lógica (siete meses de plazo para hallar un hueco son a todas luces excesivos) y demuestran las rivalidades y celos entre los miembros de la clase política, que anteponen el salir en la foto a cualquier otra consideración, como ya dieron cumplida muestra al pelearse por el sitio en la comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE porque de su ubicación en la sala dependía que salieran más tiempo o menos en las imágenes de los telediarios.

DUREZA ARQUITECTÓNICA

Así pues, las fuentes, pérgolas, bancos, papeleras, farolas, parterres, árboles, flores, plantas y kioscos de madera han sido condicionados a que las secretarias de sus excelencias los coordinaran entre ellas para que los comunes de los mortales puedan, por fin, darle un poco de vida a la margen izquierda del Guadalquivir, ese río denominado ‘calle ancha’ de la ciudad y que los políticos, por más promesas que formulan en las campañas electorales (no hay ninguna últimamente donde no reiteren la implantación de un servicio de bus fluvial) y por más medidas que se planteen en los planes generales de ordenación urbana, siguen siendo incapaces de aprovechar en todo su potencial.

La adecuación del muelle de Nueva York es fruto del Plan de Desarrollo Turístico 2006-2009 para Sevilla, dotado con un presupuesto de 22 millones de euros. El Consejo del Consorcio de Turismo, integrado por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Cámara de Comercio acordó que las actuaciones se centraran en la ampliación de la oferta turística en torno al eje del río Guadalquivir.

Heredero de la etapa de Monteseirín al frente del Ayuntamiento, la ‘adecuación’ del muelle en la rampa de conexión al puente de San Telmo, los bancos de granito y otros elementos de similar dureza arquitectónica, tales como las losas de la Avenida y entorno de la Plaza Nueva, contrasta con la sencilla elegancia y aparente ligereza, dentro de su modestia, del borde superior y de los bancos del Paseo de las Delicias, hechos de ladrillo y que podrían datar de los tiempos de la Gran Exposición Iberoamericana de 1929. Es la diferencia entre la ‘antigüedad’ representada por la arquitectura regionalista y la ‘modernidad’ según Monteseirín. Ladrillo sevillano frente al granito al modo escurialense.

Como el gato escaldado del agua huye, el gobierno de Zoido ha preferido renunciar de momento a la colocación de otro mosaico, de veinte metros de longitud, que habría representado una alegoría del río Guadalquivir, con tal de no enfrentarse a una posible nueva polémica como la surgida a cuenta del mural proyectado en la zapata de la calle Betis.

SIN ARTESANOS

Lamentablemente, el dinámico delegado de Empleo, Economía, Turismo y Fiestas Mayores, Gregorio Serrano, uno de los pocos ediles que están respondiendo a las expectativas depositadas en él por Zoido, aún no ha podido cerrar un acuerdo para el traslado al muelle de Nueva York de los artesanos asentados desde hace años en la antigua Lonja del Postigo y cuya presencia aquí habría revalorizado enormemente este espacio al dotarlo de un foco de atracción ciudadana y turística del que hasta ahora carece prácticamente toda la margen izquierda del río, ya que la derecha está ocupada por los clubes deportivos y, por tanto, privatizada ‘de facto’ gracias al beneplácito de Monteseirin. Este prorrogó la concesión a aquéllos cuando expiraba durante su mandato y cuando tuvo la oportunidad de recuperar la ribera para todos los sevillanos, tal como se planteaba en las primeras directrices del Plan General de Ordenación Urbana de 2006.

En toda la margen izquierda del Guadalquivir carece Sevilla de elementos de captación de público que le den vida, a diferencia, por ejemplo, de los muelles del río Sena en París, con sus típicos ‘bouquinistas’, o de los del río Tíber, en Roma, con su heterogénea mezcolanza de puestos artesanos y de terrazas al aire libre con gastronomía popular. El segundo fracaso en la construcción del Acuario ha frustrado una gran posibilidad en este sentido.

VEGA DE TRIANA

“La inauguración se realiza ahora por motivos de agenda”. Con estas palabras trataba de justificar el pasado martes el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, el retraso en un año de la apertura pública, en acto coprotagonizado con Zoido, del parque ‘Vega de Triana’, en el área conocida como Charco de la Pava. Esta gran zona verde colindante con el arrabal, de 80 Has. de superficie, estaba prevista en el PGOU y se incluyó en el convenio firmado en el mandato anterior por el Ayuntamiento y la CHG para la ejecución de un plan de restauración hidrológica-forestal y de protección de cauces. Ha costado unos 18 millones de euros, financiados al 70% por la Unión Europea a través de los Fondos Feder.

En este potencial Alamillo ‘bis’, para cuya defensa de las avenidas del Guadalquivir se ha elevado artificialmente hasta 8,5 metros la franja de terreno colindante con el río de manera perfectamente integrada en el paisaje, se han plantado 3.229 árboles, 24.850 arbustos y 180.000 m2 de pradera, y se han construido más de 4.000 metros de carril bici. Ha obligado también a la construcción de una compuerta en el histórico muro de defensa contra las crecidas del Guadalquivir, con la doble función de permitir el acceso directo bajo el mismo del vecindario de Triana sin necesidad de arriesgarse a cruzar por medio del intenso tráfico que circula en la parte superior, y de blindar al arrabal en caso de amenaza de inundación.

PARQUE/PARKING

Una de las peculiaridades del ‘Vega de Triana’ es que se trata de un parque/parking, dos término antitéticos por naturaleza pero de obligada conjugación en este caso porque el espacio teóricamente verde ha de convertirse en el aparcamiento auxiliar de la Feria durante semana y media en el mes de abril. Esta función supuestamente subordinada ha condicionado su diseño, hasta el punto de que los árboles se han plantado dejando espacio suficiente para el estacionamiento de los vehículos (veremos cuántos acabarán impactados por los mismos) y de que haya mucho más albero que pradera, para uso de los automovilistas.

El parque/parking ‘Vega de Triana’ llevaba un año terminado, pero el Ayuntamiento no encontraba un hueco en su agenda para que Zoido se hiciera la foto junto al presidente de la CHG debido a razones puramente crematísticas. Recepcionarlo oficialmente de manos de la Confederación le habría supuesto asumir los costes de mantenimiento, cifrados en 480.000 euros anuales.

Así que, para ahorrar y pese al vandalismo y la botellona que ya campan a sus anchas tal como denunciaron los vecinos, el Consistorio no sólo ha diferido durante un año su apertura oficial al público, sino que también ésta se ha hecho aun cuando la zona verde no ha sido dotada de bancos, farolas, fuentes y papeleras.

¡Las vueltas que da la vida! Zoido basó su campaña contra Monteseirín para llegar a la Alcaldía en la micropolítica, en la denuncia pública de la falta de papeleras en Los Remedios y de bancos en Bellavista, y ahora va e inaugura 80 Has. de parque donde no coloca ni un solo elemento de mobiliario urbano. Así pues, la micropolítica de Zoido consiste ahora en hacer justo lo contrario de cuando estaba en la oposición: ahorrarse aquello cuya ausencia o deterioro pregonaba. Si no hay ni bancos ni papeleras nunca se podrán deteriorar, ni Espadas retarlo a reponerlos en su lugar como hizo él con Monteseirín.

La Administración desoye 7 sentencias del Supremo sobre riegos ilegales

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Ecologistas en Acción denuncia al fiscal la connivencia con fincas

que extraen 15 millones de m3 de agua al año

La Junta de Andalucía ‘maquilló durante dos años un informe optimista

sobre el acuífero cuando iba cada vez peor

Otorgada sin convocatoria pública una concesión de 900.000 m3 de

escorrentías a la finca que impide el paso a los guardas

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a funcionarios públicos que están permitiendo la extracción, por parte de los propietarios de unas fincas, de aguas subterráneas para regadíos ilegales que a juicio de los verdes están causando un daño evidente y directo en los ecosistemas de Doñana. Ecologistas les acusa de hacer la vista gorda sobre las sentencias dictadas al respecto por el Tribunal Supremo, inhibirse permitiendo así que continúe la situación, omitir su deber de vigilancia, realización de informes falseados sobre el estado real del acuífero del que se nutre el Parque Nacional y concesión de autorizaciones temporales de riego con aguas pluviales y de escorrentía técnicamente imposibles.

La denuncia empieza refiriéndose a las actuaciones de la Administración responsable en materia de aguas (primero, la Confederación Hidrográfica; luego, la Agencia Andaluza del Agua; y ahora, de nuevo, la CHG) en relación con las fincas Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo, sitas en el término de Aznalcázar (Sevilla), desde 2006 hasta la fecha. Los organismos públicos tienen, según Ecologistas, notorio conocimiento de que en las mismas se producen extracciones ilegales de agua porque existen resoluciones de expedientes sancionadores previos del Consejo de Ministros que obligaban a indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico en cuantías incluso superiores a 1,5 millones de euros y referidas a superficies de riego no autorizado de miles de hectáreas. Por tanto, se trata de extracciones ilegales del acuífero que se evalúan del orden de 15 millones de m3/año (el 15% de las extracciones ilegales para regadío desde el acuífero).

En concreto, el Tribunal Supremo ha dictado cuatro sentencias condenatorias contra la propiedad de la finca Hato Ratón Viejo entre 2007 y 2009, y tres contra la propiedad de Hato Blanco Viejo entre 2008 y 2012, y en todas se especifica la obligación de inutilizar los mecanismos que permiten derivar ese agua no autorizada, básicamente los pozos y otras instalaciones necesarias para la extracción.

El origen de estas sentencias del Tribunal Supremo radica en expedientes administrativos sancionadores instados por la propia Administración de Aguas, la cual sin embargo no ha hecho nada al respecto, por lo cual continúan los daños al dominio público hidráulico y a Doñana. “Este hecho es de extraordinaria gravedad -puede leerse en el documento elevado al fiscal-, dado que la misma Administración que califica los hechos de muy graves no ejecuta las acciones a que la obliga el Tribunal Supremo para impedir que se sigan produciendo”. Además, Ecologistas denuncia que la Guardería Fluvial se ha visto impedida de acceder a las fincas para ejercer su labor de control e investigación, sin que los responsables de la Administración hayan actuado en consecuencia ni pedido auxilio judicial, como se hizo en ocasiones anteriores, para entrar en Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo. Asimismo, subrayan que no se ha producido ninguna sanción en el trienio en que la autoridad responsable en materia de aguas ha sido la Junta de Andalucía y que la CHG tampoco muestra una actitud proactiva para evitar esta situación, por lo que esta dejación de funciones se traduce en daños a Doñana.

Asimismo, Ecologistas denuncia ante el fiscal la realización de informes por parte de la jefa del Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía que ‘maquillan’ la situación real del acuífero del que se nutre el Parque Nacional y que eleva al Consejo Rector del mismo, compuesto en su gran mayoría por personas carentes de conocimientos hidrológicos. Por tanto, esa información no del todo cierta y que contrasta con la de otros organismos puede inducir a aquéllas a adoptar decisiones erróneas sin saberlo. La jefa del Dominio Público Hidráulico desoía al jefe de Aguas Subterráneas, su subordinado y persona de reconocido prestigio en Hidrología, con una dilatada experiencia como responsable del acuífero de Doñana.

Los verdes aportan pruebas que demuestran que la Agencia Andaluza del Agua estuvo presentando durante dos años el mismo informe presuntamente falseado sobre el estado del acuífero pero cambiando las fechas y calificando la situación como “de estabilidad”, cuando la conclusión del informe del jefe de Aguas Subterráneas era que los datos demostraban una situación preocupante porque los niveles de aguas cada año eran más profundos y porque en una tercera parte de los puntos de toma de muestras eran peores que cuando la terrible sequía del año 1995. Por ende, las alertas dadas al respecto por el representante de Ecologistas en el Consejo del Agua nunca eran recogidas en acta ni trasladadas al Pleno del Consejo Rector, ya que sólo se transmitía lo que quería la Junta de Andalucía.

SIN INFORMACIÓN PÚBLICA

Por otra parte, Ecologistas denuncia que se ha otorgado a la SAT Sotogordo autorización, sin previo proceso de información pública, para derivar aguas de los canales de drenaje de su finca, sin derecho al uso privativo, por un volumen total anual de 902.189 m3 con destino al riego de 243 Has. de arroz, por inundación, y 550 Has. de huertas, por aspersión.

Para los verdes es evidente, como podría confirmar cualquier técnico agrónomo, que es un absurdo pensar que con una autorización de 902.189 m3 se pueden regar 243 Has. de arroz y 550 Has. de huertas cuando las necesidades hídricas para ello rondan los 6 millones de m3, si se tiene en cuenta que una Ha. de arroz precisa entre 12.000 y 14.000 m3 de agua de riego, y una de huerta, 5.500 m3 aproximadamente. Y en este sentido, una de las sentencias del Tribunal Supremo resta credibilidad al argumento asumido por la Administración Hidráulica para autorizar la solicitud de derivación de aguas.

Ecologistas se pregunta si resulta razonable que a una finca que, como dice el Supremo, demuestra una clara posición de obstrucción a la actividad inspectora le sea autorizada una concesión de aguas técnicamente imposible cuando impide que se compruebe si el agua con la que riegan no procede de los pozos denunciados. A juicio de los verdes, la respuesta sólo se puede encontrar en que la Administración Hidráulica le otorga una cobertura ‘legal’ (la autorización de derivación de aguas de los canales de drenaje) a esta finca, permitiendo así que continúe extrayendo ilegalmente aguas del acuífero mientras prohíbe el paso a la guardería fluvial y, en consecuencia, perjudicando a Doñana.

* Texto íntegro de la denuncia de Ecologistas en Acción:

Denuncia Ecologistas

Dragado sí o sí

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Hace dos años se conoció el dictamen sobre el Guadalquivir que elaboró un comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de universidades andaluzas. Sus conclusiones eran enormemente preocupantes: el gran río de Sevilla y de Andalucía es cada ve menos grande. Ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y un 60% de los aportes de agua dulce debido a las presas construidas a lo largo de su cauce para regadíos. Tendría que transportar cuatro veces más agua (250 m3 por segundo) de la que lleva habitualmente (63 m3/s), aunque el ideal serían 1.000 m3/s, para que se frenaran la salinidad y turbidez.

Esa turbidez es consecuencia de las elevadas concentraciones de materiales sólidos en suspensión. Y como todo en la Naturaleza es una cadena de causas y efectos, el barro y los sedimentos limitan la penetración de la luz y coartan el desarrollo del fitoplancton, cuya concentración es ya en el estuario veinte veces menor que la de otros ríos similares, y hasta cuarenta veces inferior en primavera.

El Guadalquivir se está convirtiendo así en una fuente emisora de gases de efecto invernadero y favoreciendo la formación de ‘zonas muertas’ en el litoral, donde prosperan cianobacterias que acaban introduciéndose en la cadena alimentaria a través de las coquinas y los peces y provocando mortandades como la de Doñana en 2001.

Como durante la mitad de los días del año el río lleva muy poca agua (no más de 25 m3/s) y se han ido perdiendo llanuras mareales y marismas, la marea está favoreciendo la colmatación del estuario y del cauce, y el calado actual para la navegación de los barcos (de 5 a 6 metros) propende a reducirse a entre 3 y 4 metros. Por tanto, hay que dragar periódicamente para mantener el canal de navegación, con lo que se contribuye a generar esa capa flotante de sedimentos, en un proceso sin fin.

Según el dictamen del Comité de Expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado de hasta -8 metros. Se entraría en una espiral: la extracción del material del dragado no impediría que el río creara nuevas capas de sedimentos, que saldrían de la erosión de las márgenes.

Aunque los científicos dejan la decisión final sobre el dragado en manos de los políticos, no lo recomiendan expresamente, tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el Guadalquivir, como el incremento de la turbidez y de la salinidad. Del dictamen se colige que abogan por mantener el dragado de mantenimiento, no dar luz verde a ningún proyecto nuevo, recuperar los llanos mareales de Doñana, crear una Autoridad Única sobre el río para acabar con la dispersión de competencias y reevaluar la situación una vez se recupere el Guadalquivir. Lo más urgente, pues, es esperar.

Sin embargo, como los neodesarrollistas han vuelto a la Administración, hay quienes quieren tirar a la papelera el trabajo de dos años del CSIC y de las universidades andaluzas, pese al dinero que ha costado a los contribuyentes, y convertir el dictamen en papel mojado. Para ello, como es tradicional en este país llamado España, qué mejor que recurrir a la política de hechos consumados.

Sin que aún se hayan pronunciado al respecto ni el Consejo de Participación en el Espacio Natural de Doñana ni el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ya ha consignado en sus exiguos presupuestos para la provincia de Sevilla una partida de 23 millones de euros para el dragado de profundidad del Guadalquivir. No hay dinero para aquello en lo que hay unanimidad, como serían la ampliación del Museo de Bellas Artes, la rehabilitación del Museo Arqueológico, los festivales culturales, el desdoble de la N-IV y la terminación de algún tramo más de la SE-40, pero sí se reserva para una obra más que controvertida y no avalada por los científicos a los que se encargó expresamente el dictamen, con lo cual se está condicionando de alguna manera la decisión que deben adoptar el Consejo de Doñana y el Ministerio de Medio Ambiente. El titular de este Departamento, Miguel Arias Cañete, no tiene un perfil ecologista precisamente, como acaba de demostrar liquidando la Ley de Costas e indultando el ladrillo en primera línea de playa.

Y en esta política de hechos consumados, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, hace de su capa un sayo y anuncia que a principios de año va a licitar las obras del dragado aunque siga sin contar con autorización administrativa, salvo que bajo cuerda ya le hayan dado vía libre porque esté todo atado y bien atado. En un alarde de irresponsabilidad para un administrador del dinero público, ha declarado que él va a licitar, “y luego que se pronuncie quien quiera pronunciarse, ya sea por vía administrativa o judicial”. Y ha añadido: “Me espero cualquier cosa después de ver que un grupo de vecinos han sido capaces de echar abajo la biblioteca del Prado de San Sebastián y enterrar así muchos millones de euros”.

Perdón. Es justamente al revés: los ciudadanos nos esperamos ya cualquier cosa, incluso que Fernández dilapide 23 millones de euros en una obra que puede ser declarada ilegal, después de ver que un par de rectores de la Hispalense fueron capaces de empecinarse en malgastar 10 millones en una biblioteca fuera de la ley en el Prado y que se hayan ido de rositas sin asumir responsabilidad alguna y cargándole el coste de su imprudencia a los contribuyentes.

El escándalo del Prado

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La arquitecta angloiraquí Zaha Hadid ha tachado de “escándalo” la orden de derribo decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a sus sentencias previas ratificadas por el Tribunal Supremo, de demoler la biblioteca (o más bien el esqueleto levantado hasta la fecha) diseñada por ella sobre los jardines del Prado de San Sebastián. La estrella del ‘establishment’ de la arquitectura internacional a raíz de ser distinguida con el premio Pritzker (considerado como el Nobel de su profesión) ha hecho sus declaraciones en Madrid, adonde ha viajado para inaugurar en la galería Ivorypress la exposición ‘Zaha Hadid Beyond Bo undaries. Art and Design’.

Dice la arquitecta nacida en Bagdad y afincada en Londres: “No conozco los detalles. Quizás alguien cometió un error. No tengo idea de la historia completa, pero en estas circunstancias, cuando España está pasando por serios problemas financieros, demoler un edificio que ya se está construyendo cuesta dinero y es, simplemente, inaceptable”. Y añade: “Es una locura; es una pena; es un proyecto maravilloso. No es una casa privada, es un edificio público, bueno para los estudiantes. Tenía todos los permisos de edificación”.

Este proyecto que ella misma califica de “maravilloso” es obra de su oficina, con arquitectos auxiliares a su servicio como es típico en los grandes estudios internacionales; no es un proyecto singular ni específico para Sevilla, sino de su catálogo previo, con variantes a partir de un diseño primigenio y luego trasplantado a cualquier sitio con mentalidad cateta que crea que por comprar un trabajo firmado por un/una arquitecto/a estrella ya ha entrado de golpe en la vanguardia y en la modernidad. Al igual que el arquitecto argentino César Pelli le ha vendido a Cajasol una mera variante del rascacielos que previamente le ha construido a Iberdrola en Bilbao, Zaha Hadid, o más bien su estudio, le ha trasplantado a Sevilla una copia de uno de sus diseños para Alemania, como las ‘setas’ de Jürgen Mayer en la Encarnación recuerdan inevitablemente la cubierta de una gasolinera de Hamburgo. Arquitectura internacional comodín valedera para cualquier parte al margen de su historia e idiosincrasia.

Ese es, pues, el primer escándalo: comprar supuesta modernidad arquitectónica a golpe de talonario, independientemente de si encaja o no encaja en su contexto, porque lo más importante no es la ciudad donde debe incardinarse, sino el objeto arquitectónico mismo, en línea con el programa iconográfico ideado por Monteseirín para dejar su huella para la eternidad ‘resolviendo’ los espacios vacíos de la ciudad, como la Encarnación, con las ‘setas’, y el Prado, con la biblioteca universitaria.

INSEGURIDAD JURIDICA

Es comprensible, por otra parte, que a Zaha Hadid no le quepa en la cabeza que se pueda demoler una obra que tenía todos los permisos de edificación. Es la misma queja de tantos miles de extranjeros que han comprado una vivienda en España con licencia de obra municipal y que luego los tribunales han declarado ilegales por hallarse situadas sobre una zona rústica, inundable o afectada por la Ley de Costas.

Para un extranjero es, sencillamente, inconcebible que una Administración Pública u órgano oficial pueda incurrir en un acto ilegal. Pero el nuestro es un país diferente como rezaba el lema turístico, y justamente por su inseguridad jurídica (ya sea en urbanismo como en energía o fiscalidad), que la coloca a la altura de una república bananera, hoy la ‘marca’ España está por los suelos y nuestra prima de riesgo disparada en unos mercados internacionales a los que no inspiramos confianza. Nada es casual.

Ya que, por su inhibición o exceso de ocupaciones, Zaha Hadid desconoce todos los detalles del escándalo del Prado con ‘su’ biblioteca, habría que explicarle que se le dio la licencia para construirla sobre una zona verde financiada hace veinte años por los contribuyentes de la Unión Europea, algo que sería inconcebible en un país avanzado de la UE que no fuera España, donde hasta ponen un policía a dirigir el tráfico cuando descubren que un nido de pájaros ha inutilizado un semáforo, en vez de interrumpir la nidificación de las aves para repararlo.

JARDINES MUTILADOS

Habría que explicarle a Zaha Hadid lo escandaloso de que su biblioteca hubiera obligado a suprimir decenas de árboles de los jardines, mutilados así para meter con calzador arquitectónico su proyecto con aires del pabellón de México en la Expo-92. El escándalo ha sido que se eliminara un buen trozo de los jardines del Prado cuando los vecinos, apoyados por otros colectivos del resto de la ciudad, señalaban que en el entorno de los cinco ‘campus’ de la Hispalense había terrenos libres, e incluso en el mismísimo Prado de San Sebastián, justamente en los solares de enfrente, sin que el Ayuntamiento dirigido por Monteseirín y la Hispalense se atuvieran a razones en su política de hechos consumados para desembocar, en su abuso de poder, en la situación por la que ahora se escandaliza la arquitecta: ya que hemos gastado 6 millones de euros o más en la obra, ¿cómo la vamos a demoler ahora?

Pues bien, este derribo simboliza el triunfo del Derecho sobre el Poder y de la razón de una causa refrendada por numerosas sentencias de los tribunales, que fueron desestimando uno tras otro los sucesivos recursos de la Universidad. Se ha cumplido en este caso la máxima de los romanos: ‘Hágasela Justicia aunque se hunda el mundo’.

OIDOS SORDOS

Habría que explicarle a Zaha Hadid que el escándalo radicó en que, pese a las reiteradas advertencias de los vecinos de defender, conforme a Derecho y al dinero de sus propios bolsillos frente a una Universidad soberbia que exigía fianzas millonarias para que no pudieran seguir adelante con el pleito, la zona verde vigente desde hacía veinte años, la Hispalense se lanzó segura de su victoria en todos los frentes a materializar el proyecto en plan Goliath que desprecia a David con su humilde honda. Hasta tal punto pecó de soberbia que le firmó al Ayuntamiento de Monteseirín y Marchena un documento por el que le exoneraba de cualquier responsabilidad por la concesión de la licencia urbanística y asumía plenamente las consecuencias de su actuación irreflexiva. Estos vecinos han defendido con sus escasos medios frente al gigante de la Administración (Ayuntamiento+Universidad) el interés general por la preservación de un equipamiento que, como han ratificado los tribunales, era esencial y que derivaba de un ejido comunal durante siglos.

No es lo mismo construir una biblioteca ex-novo sobre un suelo baldío y rodearla de jardines que sacrificar parte de unos jardines consolidados desde hacía veinte años y sus árboles para levantar una biblioteca que podría haberse alzado sin problemas justo enfrente y cuyo sentido hasta cabe cuestionar en esta era de Internet, cuando ya es posible subir los libros a la ‘nube’ de la Red para que tanto estudiantes como cualquier ciudadano puedan descargárselos directamente a su ordenador sin necesidad de desplazarse, perder tiempo, gastar dinero en viajes y / o hacer cola para coger sitio en una mesa física.

El escándalo, pues, radica en que Zaha Hadid ignore todos estos extremos y en que los responsabes de este quebranto para las arcas públicas y del desprestigio para la Universidad se hayan ido de rositas. Será Sevilla quien pague este doble error: el de la construcción primero y (el coste) de la demolición después.

El escándalo del Prado

Obras contrarreloj en la carretera por el Parque del Guadaira

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Vecinos de Heliópolis, Pedro Salvador y Bermejales se sienten

estafados y denunciarán el caso a la UE

Insisten en que la vía, de 10 metros y 8 rotondas, discurre por

una zona verde y que vulnera el PGOU vigente

La Plataforma pro Parque del Guadaira, compuesta por vecinos de Heliópolis, la barriada Pedro Salvador y Los Bermejales, denuncia que en las últimas semanas se está trabajando en exclusiva, en jornadas de hasta doce horas diarias, para terminar cuanto antes la carretera que cruza por mitad del futuro parque que se construye sobre el antiguo cauce del río, desde el Polígono Sur hasta la Avenida de La Raza, pese a tratarse de una zona verde y con la aquiescencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la vista gorda de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

El proceso de negociación abierto a instancias del Ayuntamiento, después de que Zoido visitara las obras, entre los vecinos de varios barrios del Sur de Sevilla y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), promotora de las obras del futuro parque sobre el viejo cauce del Guadaira, se da por fracasado después de que la Plataforma haya comprobado que la construcción de la polémica vía de circulación que parte en dos la zona verde no sólo no se ha paralizado, sino que continúa a marchas forzadas, en jornadas de sol a sol, con el claro propósito por parte de la empresa ejecutante de concluirla cuanto antes como un hecho consumado.

El único compromiso que en principio habrían alcanzado la CHG y la empresa con un sector de Heliópolis consistiría en no conectar la nueva vía de comunicación con las calles Ifni y Perú, a fin de que los antiguos hotelitos de la Exposición del 29 no sufran la invasión de los vehículos que crucen de Norte a Sur , entre el estadio y la ciudad deportiva del Betis, para enlazar con La Raza y los puentes del Centenario y Delicias.

Los vecinos opositores a la carretera exigen la paralización cautelar de esta vía rápida de 10 metros de anchura y 8 rotondas y denuncian la, a su juicio, complicidad del Ayuntamiento, ya que pese a tratarse de un proyecto conveniado con la CHG, a la Gerencia de Urbanismo le corresponde velar por el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el cual el suelo que ocupará el asfalto estaría calificado como zona verde.

El proyecto original del Parque del Guadaira, cuyas obras se interrumpieron en 2007 por la incapacidad de la empresa constructora de continuarlas tras una bajada económica cercana al 40% del coste de salida, incluía un vial de servicio para el futuro parque colindante con la fachada Sur de Heliópolis y una gran zona verde y de esparcimiento, con lagos y cursos de agua hasta el Guadalquivir. El presupuesto inicial era de unos 25 millones de euros, de los que el 75% correspondían a la Unión Europea.

Sin embargo, tras abandonar la primera empresa constructora, se redactó un modificado del proyecto para volverlo a licitar bajo la coordinación de la CHG y del Ayuntamiento. Así, se eliminaron partidas significativas, como el paso subterráneo por la Avenida de Holanda y la pasarela de la SE-30, que comunicaba el parque con la ribera original del Guadaira.

Para su sorpresa, los residentes en los barrios colindantes con el futuro parque comprobaron que lo que se estaba construyendo una vez reanudados los trabajos no se parecía ni al proyecto original ni a lo que dicen haberles prometido durante la modificación, porque en lugar de un vial de servicio que discurriera por el lateral de la zona verde más cercano a Heliópolis se está construyendo una vía rápida para el tráfico con ocho rotondas y por medio de los jardines, que quedan reducidos a una mera función de ornamentación y camuflaje de la carretera.

Según la Plataforma vecinal, ni la CHG ni la Gerencia de Urbanismo les enseñan el proyecto que se está ejecutando, y tampoco plasman ninguna promesa por escrito, al igual que cambian de versión continuamente. Así, denuncian que unas veces les dicen que la carretera va a ser para exclusivo uso peatonal, algo carente de sentido por la magnitud y coste de las obras, y otras que se reservará para el uso del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, cuyo representante en una de las reuniones reconoció que les bastaría con un vial de servicio de 3,5 metros de anchura, cuando se está hormigonando una anchura tres veces mayor.

Ante el avance a marchas forzadas de las obras, la Plataforma pro Parque del Guadaira ha decidido denunciar la actuación de la CGH y del Ayuntamiento a la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Unión Europea, ya que esta última subvenciona el 75% del coste del parque, por lo que existe el riesgo de que se repita un conflicto como el de la Biblioteca universitaria erigida sobre una zona verde en el Prado de San Sebastián, también con financiación europea y que tras la lucha de los vecinos de su entorno tendrá que ser demolida por sentencia judicial.