El Ayuntamiento ha aprovechado el ‘puente’ de la Constitución y la Purísima, cuando la atención de los sevillanos no estaba centrada precisamente en las decisiones emanadas de la Casa Grande, para presentar a una distraída opinión pública los Presupuestos de la ciudad para 2013, calificados en clave de “economía de guerra”.
Efectivamente, las grandes cifras de las cuentas municipales se resumen en una caída de los ingresos en 129 millones de euros en comparación con los de este ejercicio a punto de expirar y también en una reducción de los gastos en 96 millones, con lo cual apenas queda margen de maniobra para las inversiones públicas. Este capítulo se reduce a tan sólo 17,8 millones de euros, que se asignarán a arreglos de calles (9 millones), mantenimiento de colegios (4 millones), cuidado de parques y jardines (3 millones), una comisaría de la Policía (1,5 millones) y el parque infantil de tráfico (0,4 millones), entre las partidas más significativas.
El gobierno municipal se ha mostrado sensible a la situación de emergencia social que sufre la ciudad, ya con más de 91.000 parados, y ha dotado con 7 millones un plan para paliar los efectos de la crisis, dinero que se destinará a Cáritas (3 millones), subvenciones directas (2,3 millones), Banco de Alimentos y comedores sociales (un millón) y menores de edad (medio millón). A este dinero hay que añadirle un millón más para el bonobús solidario, a fin de que no ocurra como durante este año, cuando la partida existente se había agotado a la vuelta del verano.
HECHOS LLAMATIVOS
No obstante, y a falta de un examen más detallado de los Presupuestos una vez que se pueda contar con el desglose de las partidas, llaman la atención aspectos como los siguientes:
1) El incremento en 11 millones de euros de la recaudación por, fundamentalmente, impuestos y tasas a los sevillanos pese a la actual situación de crisis económica y una vez eliminada la habitual ficción de consignar ingresos por la nonata venta de la Gavidia y de los bajos del mercado del Arenal, que se venía haciendo desde los tiempos de Monteseirín.
2) El capítulo de gastos de personal sigue subiendo en la práctica, hasta los 283,3 millones de euros, pese a las aparentes políticas de austeridad y de recortes del gasto público anunciadas por Zoido conforme a las directrices del Gobierno central.
3) La falta de dotaciones para el Plan extraordinario de Empleo que el alcalde anunció antes del verano ( teníamos entonces 86.759 parados) para la ‘rentrée’ de septiembre (se registraban ya 88.819) y del que se sigue sin tener noticia a la fecha (ya vamos por los 91.627) y parece que tampoco la vamos a tener para el nuevo ejercicio.
4) Una partida de 5 millones para ‘reestructuración de servicios públicos’, expresión ambigua tras la que se esconde la liquidación de sociedades municipales como Sevilla Global pero también la reactivación, en una especie de ‘operación acordeón’ societaria, de Giralda Televisión mediante la adjudicación de su gestión y/o de la programación, por concurso público redactado de la forma en que suelen redactarse este tipo de concursos, a una productora privada a cambio de entre 1,5 y 1,8 millones de euros que saldrían de este fondo global de 5 millones. Recuérdese cómo cuando se hallaba en la oposición el PP preconizaba la desaparición de esta emisora municipal de TV, por considerar que era el aparato de propaganda de Monteseirín y que carecía de sentido su existencia por competir con las emisoras privadas. Ahora el discurso ha cambiado por el de que se trata de garantizar “un servicio público de calidad” y de que costará diez veces menos a los contribuyentes, por más que en el espectro haya más de cien canales de televisión.
PAGO DE DEUDAS
A excepción de las partidas para personal y gasto corriente en estos Presupuestos de transición por el desierto de la crisis económica, el gran pellizco se lo llevan los gastos destinados al pago de la deuda viva municipal (529 millones de euros), a la que se reservan 64 millones de euros en números redondos, y al de los intereses (23 millones) del préstamo suscrito de 59 millones para el pago de las 3.000 facturas pendientes de abono desde hacía años a los proveedores.
Como se recordará, el Ayuntamiento se adhirió al Real Decreto Ley 4/2012 sobre medidas de financiación para que las Administraciones Locales saldaran sus deudas con los proveedores, pero a cambio de someterse a estrictas medidas de austeridad y contención del gasto público, una decisión muy criticada por el PSOE por estimar que buena parte de los 59 millones del crédito han engrosado las cuentas de unas pocas grandes empresas, con las que se podría haber negociado bilateralmente mejores condiciones de pago sin necesidad de haber asumido mayores sacrificios económicos; la delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha defendido por su parte esta política de sacrificios añadidos con el fin de saldar cuanto antes las deudas y de insuflar oxígeno a la economía local.
CARTAS A LOS JUBILADOS
En este escenario macroeconómico de caída de los ingresos en 129 millones de euros, recorte drástico de inversiones y proclamada austeridad por la falta de dinero, al tiempo que la delegada de Hacienda presentaba las grandes cifras de las cuentas municipales sin descender en demasía a los detalles, el Ayuntamiento notificaba a 200 de los 700 jubilados del Consistorio que va a dejarles de abonar la denominada ‘paga extraordinaria de antigüedad’, que han venido cobrando hasta ahora.
El gobierno local se ampara en el Real Decreto de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad y que, según su interpretación, prohíbe que se pague premio extraordinario alguno a efectos positivos en aquellos supuestos en que se produzca concurrencia en la percepción de pensiones públicas cuando los beneficiarios superen los topes establecidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, ni el Gobierno ni el Ayuntamiento han tenido en cuenta que esta paga extraordinaria se ha nutrido de los descuentos de hasta un 8,5% en sus nóminas que los antiguos empleados municipales soportaron a lo largo de su vida activa con vistas a recuperar ese dinero como una especie de seguro o depósito cuando les llegara la edad de la jubilación. Para colmo, los 200 pensionistas afectados tendrán que abonar las tasas judiciales impuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, si se plantean pleitear contra el gobierno municipal y el Estado por lo que aquellos consideran “un robo” de sus pensiones.
PAGA EXTRA ENCUBIERTA
Y mientras Zoido les dice a los jubilados del Ayuntamiento que no hay dinero para mantener esta paga extraordinaria, a la que habían contribuido a lo largo de su vida laboral, el mismo alcalde ha tratado de colar por la gatera el abono de una paga extra de Navidad, por una cuantía de 600.000 euros, para los 1.073 policías locales, a razón de 559 euros por cabeza.
Cierto es que desde 2010 los agentes se consideran agraviados porque como consecuencia de la reclasificación que se les aplicó deberían percibir salarios acordes a la categoría C1 y, en realidad, están cobrando como si pertenecieran al grupo C2, pero también, como en tres ocasiones (la última, el pasado viernes) le ha recordado la Intervención General al alcalde, el archicitado Real Decreto ley de Medidas de Estabilidad Presupuestaria impediría adoptar medidas de este tipo en el actual escenario macroeconómico.
Zoido se puso en evidencia a sí mismo cuando admitió que el objetivo de esta paga a la Policía era cumplir el compromiso de subirle el sueldo, al que había llegado con sus representantes durante las protestas del pasado mes de abril, por lo que luego, cuando trató de rectificar al percatarse de que vulneraría las disposiciones del Gobierno, intentó camuflar el abono del dinero diciendo que se trataba del pago de horas extraordinarias por la sobrecarga del trabajo policial en la persecución de los gorrillas y la ‘botellona’.
Espadas, el portavoz municipal del PSOE, ha subrayado la falacia del argumento de las horas ‘extra’ porque al repartirse el dinero entre todos los policías por igual, hayan o no realizado horas extraordinarias, se trata en el fondo de una paga lineal en concepto, en todo caso, de productividad y que sólo se ha contemplado para la Policía y no para el resto de los funcionarios y empleados municipales.
TRATO DESIGUAL
El anuncio del alcalde ha suscitado de inmediato un sentimiento de agravio comparativo en toda la plantilla del Consistorio, que reclama el mismo trato por parte del alcalde. En este sentido, el sindicato CSI-CSIF ha puesto de manifiesto que si la Policía Local sufre un déficit enorme de agentes, lo mismo sucede en servicios como los de limpieza o las bibliotecas, a los que hasta ahora Zoido se ha negado a pagar horas extraordinarias o productividades.
Así pues, en un Ayuntamiento sin dinero según para qué, Zoido se saca de la manga 600.000 euros en una paga ‘extra’ y camuflada para los policías mientras se la quita a los jubilados y se la niega al resto de la plantilla del Ayuntamiento. El factor diferencial que maneja el alcalde para tratar de mantener contentos a los 1.073 agentes en comparación con el resto de empleados municipales, es que, número aparte, mientras los jubilados, las limpiadoras y los bibliotecarios no pueden poner multas, los agentes son vitales para el objetivo del Ayuntamiento de seguir recaudando para el año próximo al menos otros 25 millones de euros en sanciones de tráfico y de todo tipo para que así no se le descuadre el Presupuesto.
El lema ‘En Sevilla se llama Navidad” era, todavía cuatro años después, la respuesta del PP a una ocurrencia de Torrijos, expresada a mediados de noviembre de 2007, conforme a su militancia en el marxismo-leninismo y a su visión materialista de la historia, de que él prefería llamar a la Navidad solsticio de invierno.
Las culturas paganas festejaban el solsticio de invierno como la fecha del nacimiento del dios-sol, porque era justamente el momento en que la noche dejaba de crecer y la luz emprendía la senda de su triunfo sobre la oscuridad hasta el cénit del verano.
Y como el alumbrado navideño dependía de Torrijos, los elementos ornamentales de la iluminación especial al llegar estas fechas con el anterior mandato eran objeto de las mayores críticas. Para empezar, se extendió el dicho de “¡Feliz solsticio de invierno!”, en vez de “¡Feliz Navidad!”, para desgastar la posición política e institucional de Torrijos.
Pues bien, pese a todas las críticas que durante cuatro años -y aun ahora- se hicieron al alumbrado navideño ‘laico’ de Torrijos por su falta de simbología religiosa que aludiera al nacimiento de Cristo, ha resultado que el del primer año de Zoido como alcalde y también el de este segundo año obedecen a las mismas características que los del político de Izquierda Unida.
Al día siguiente, el periódico ‘The Sun’ tituló la portada referida a la rueda de prensa del primer ministro con una frase que ha pasado a la historia como un lugar común y que incluso inspiró un famoso disco del grupo ‘pop’ Supertramp:
El periódico divulgaba la campaña de Cáritas denominada ‘Son derechos, no regalos. Nadie sin hogar’, en la que la organización humanitaria hacía balance de las personas atendidas durante el último año en nuestra comunidad autónoma, la del 30% de parados. Cáritas destinó 672.500 euros a asistir a sevillanos que se han quedado literalmente en la calle, sin techo con que guarecerse de las inclemencias, y tiene ya bajo su manto protector a otros 71.383 en situación de pobreza o vulnerabilidad. Por eso mismo resaltaba mucho más la noticia contigua: pese a que este año se ha adelantado el plazo en un mes, y por consiguiente también la pertinente obligación del pago al Ayuntamiento, se han renovado todas y cada una de las solicitudes para las mil y pico casetas de la próxima Feria de Abril. Horrible mundo de contrastes. En el debate en las Escuelas de Periodismo sobre qué es y qué no noticia, con la gravísima crisis que estamos sufriendo lo más noticioso y que tuvo mayor cobertura periodística no era ya lo de ‘nadie sin hogar’ de Cáritas, sino lo de ‘nadie sin caseta’.
María es lo que se conoce como un asistente virtual, una figura cada vez más habitual en las páginas corporativas de las grandes empresas que precisan relacionarse con sus usuarios, o al revés, y que son capaces de atender las peticiones y consultas de éstos. Los asistentes virtuales son la avanzadilla del Internet del futuro, las denominadas webs semánticas, que se basarán en el procesamiento del lenguaje natural, algo que parece elemental pero que en la práctica es muy difícil de emular.
Tras hacerse la foto en plan gabinete de crisis con sus delegados de Urbanismo y Asuntos Sociales y el gerente de Emvisesa, comunicó la paralización de los desahucios en curso por la Empresa Municipal de la Vivienda. Previamente había propuesto a Griñán un pacto antidesahucios, en estos términos: “que se olvide de la demagogia y se siente de verdad con el PP, como ha ofrecido Mariano Rajoy a nivel nacional, para buscar la salida al problema. No se trata de ser demagogo -añadió-, se trata de tener rigor”. Y más tarde instó a la Junta a que, a través de la Empresa Pública del Suelo, mostrara su disponibilidad a paralizarlos.
Elena Cortés insistió en que no se privaría de una vivienda social a las familias afectadas por sobreendeudamiento o que contaran entre sus miembros a personas dependientes, una medida con la que cinco meses más tarde ha coincidido la patronal bancaria al anunciar una moratoria de dos años en los lanzamientos de viviendas “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
En octubre, Torrijos (IU) destapó que Emvisesa había enviado un centenar de cartas intimidatorias a adjudicatarios de sus viviendas en San Jerónimo, en las que les avisaba de que si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonaban las deudas pendientes o los recibos atrasados de la comunidad, se darían por resueltos los contratos y se les abriría de inmediato un proceso judicial de desahucio.
El Zoido que ahora anuncia la paralización de los desahucios por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda es el mismo que permitió hasta hace unos días que Emvisesa enviara noventa notificaciones de expulsión de sus hogares a adjudicatarios de sus pisos y el que, según subraya el PSOE, hace un mes votó en el Pleno del Ayuntamiento en contra de una moción socialista que proponía echarle el freno a los desalojos y la adopción de medidas sociales de apoyo a los inquilinos con problemas económicos por causa de la crisis. Pero el partido de Rubalcaba es también el que en el mes de marzo votó en las Cortes, junto con el PP, en contra de una propuesta de Izquierda Plural para acabar con los abusos de las entidades financieras y para que se aceptaran las donaciones de pago de las viviendas, como en los países anglosajones, para liquidar las deudas acumuladas y que no se mantengan incluso tras el desahucio. Si ahora unos y otros se han caído del caballo y se han convertido a la causa antidesahucios no ha sido por convicción previa, sino por mero oportunismo político.
Dicho de otro modo, al propiciar con sus dilaciones urbanísticas la coartada que necesitaba La Caixa para desistir de su proyecto en el Arenal, Zoido, como bien ha interpretado el consejero Luciano Alonso, pensaba que le estaba metiendo un gol a la Junta de Andalucía, sin reparar en el autogol que le marca a Sevilla, ya que la ciudad pierde una inversión de 25 millones de euros en la rehabilitación de las Atarazanas, otra comprometida por La Caixa con el Gobierno autónomo de 4 millones de euros anuales durante 75 años (un total de 300 millones) y todo el efecto económico inducido que habría tenido para el casco histórico la ubicación del gran centro cultural de La Caixa en este privilegiado espacio de Sevilla.
Sobre el proyecto de Vázquez Consuegra para las Atarazanas y sobre la figura del propio arquitecto se ha dicho de todo, tanto a favor como en contra. Los conservacionistas y la Fundación Atarazanas se han opuesto a su diseño de Caixafórum por entender que suponía la adulteración del monumento, y al final Zoido, de forma más o menos explícita, ha hecho suyo este argumento cuando dijo durante la polémica con Málaga que el proyecto “podía tener correcciones que no pusieran en peligro ni el monumento ni su entorno, declarado Patrimonio de la Humanidad”, como dando a entender que había una exigencia de modificación por parte de la Unesco tras la controversia por el rascacielos de la Cartuja.
Recordemos brevemente la génesis del proyecto. Las Atarazanas estaban en manos del Ejército, que había levantado sobre sus cubiertas durante el siglo pasado una serie de instalaciones militares, cuando la Junta se las compró por algo más de 3,7 millones de euros hace una veintena de años. El Gobierno andaluz había invertido 8 millones de euros en su rehabilitación -cantidad manifiestamente insuficiente, habida cuenta la magnitud del edificio, de 7.200 m2 de planta- hasta que La Caixa, en su política de implantación en Andalucía y Sevilla frente a las Cajas sevillanas (El Monte y Caja San Fernando, unidas luego en Cajasol), se interesó por el inmueble para ubicar en el mismo un Caixafórum, a modo de escaparate de su Obra Social y Cultural. Hasta tal punto tuvo interés la entidad catalana, que la Junta modificó la ley para poder ampliarle el plazo de concesión: de 50 a 75 años.
Vázquez Consuegra. El arquitecto redactor del PGOU de Sevilla, el jerezano Miguel Angel González Fustegueras, había introducido en el Plan General un mecanismo de salvaguarda para los bienes de interés cultural (BIC), con el fin de que cualquier intervención en los mismos contara siempre con la aprobación de la Junta de Andalucía a través de la Comisión de Patrimonio. Ese mecanismo era el Plan Especial. Sin embargo, en la práctica, el Consistorio no venía exigiéndolo si comprobaba que la Junta autorizaba previamente los proyectos de rehabilitación de los BIC, como ha ocurrido con las intervenciones en el castillo de San Jorge y los conventos de Santa Paula y de las Teresas, entre otros ejemplos.
tramitación de la licencia de obras “sin necesidad de redactar y tramitar un nuevo documento de planeamiento”. Es, pues, con el gobierno de Zoido cuando se ratifica que no hay necesidad de Plan Especial para otorgar la licencia al Caixafórum en las Atarazanas. Y gracias a este documento, el Colegio de Arquitectos da su visado al proyecto de Vázquez Consuegra.
Y, por otra parte, el 26 de marzo de 2012 La Caixa compra Banca Cívica, y con ella Cajasol y todos sus activos -incluida la faraónica torre Pelli- por 977 millones de euros. La entidad catalana ya no necesita gastarse 25 millones de euros en las Atarazanas, más 300 millones en los próximos 75 años, para disponer de un escaparate ante Sevilla, porque Sevilla toda es ya territorio conquistado comercialmente con la absorción de su hasta entonces rival local, Cajasol.
Amparo Rubiales ha reconocido que su bufete percibió a finales del año 2009, cuando aún ella era miembro del Consejo de Estado, pagos periódicos de 6.000 euros de Nueva Rumasa, la empresa de José María Ruiz Mateos. Unos medios dicen que los abonos eran mensuales y otros que semanales, y que podrían haber ascendido a casi 55.000 euros. La actual presidenta del PSOE (A) defiende la legalidad de su actuación y justifica el cobro de tan sustanciosas minutas por su intermediación ante el Ayuntamiento de Sevilla en la era Monteseirín o bien ante el de La Rinconada, también gobernado entonces por su partido, para que le concediesen licencia urbanística a Ruiz Mateos. Sin entrar en esas mismas disquisiciones de Miguel Ángel Vázquez sobre la diferencia entre legalidad, ética y estética (en 2009 ya estábamos en plena crisis), yo, en plan ingenuo, planteo como simple ciudadano si para pedir una licencia municipal hay antes que pasar por la caja de ciertos despachos. ¿Será acaso ésta la famosa pregunta del millón (de las antiguas pesetas), o sea, de los 6.000 euros?
La estadística fue parodiada hasta por los hermanos Marx en una de sus películas. El genial Groucho entraba en escena vestido como un médico y diciéndole a una enfermera: “Señorita, tengo mucha prisa. Déme una media de la temperatura de todos mis pacientes”.
A título de muestra, oficialmente el Ayuntamiento dice haber congelado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles , pero como ha eliminado la bonificación existente por domiciliación del pago a través de entidades bancarias, los miles y miles de sevillanos que habían recurrido a este método en beneficio tanto suyo como del Ayuntamiento (por ahorro de costes y mayor recaudación) verán en la práctica cómo el IBI se les incrementa.
Independientemente de esta circunstancia, lo significativo no es que el Ayuntamiento rebaje la media estadística de la suma de impuestos/tasas congelando o subiendo poco una cantidad de tributos por servicios escasamente utilizados por los sevillanos (como podría ser la expedición de un documento en las caracolas de la Gerencia de Urbanismo), si no, y aquí radica la clave de la cuestión, la subida que ha aplicado a los servicios básicos o más demandados por los ciudadanos, como son las tarifas de Tussam (una media del 5%, superior por tanto a ese IPC del 3,5% citado por Asunción Fley como referencia), las de la zona azul y la grúa (un 6%) y la utilización de las instalaciones deportivas del IMD (hasta un 7%).
En vez de rectificar su política fiscal conforme a las recomendaciones del CESS, el delegado de Economía, Gregorio Serrano, subrayó que este organismo ha emitido generalmente dictámenes contrarios a las Ordenanzas y los Presupuestos municipales y que como su carácter es meramente consultivo y no vinculante, el gobierno local haría lo que tuviera que hacer.
José Vallés. En su sectarismo contra quien no opinara como él, el exalcalde esperaba un completo respaldo del CESS y de Vallés a sus políticas fiscales, habida cuenta de que éste había sido delegado de Hacienda, Patrimonio y Estadística con el socialista Manuel del Valle de alcalde, pero Vallés antepuso a su condición de socialista la de catedrático de Economía de la Universidad, su integridad moral y su independencia intelectual y acabó dejando el cargo antes que seguir soportando las presiones de Monteseirín.