Zoido quiere reconvertir en Corporación la AIE que inventó Monteseirín para darle todo el poder a Marchena en el Ayuntamiento paralelo en que convirtió las empresas municipales. Aparte de coladero para enchufados (también instrumento indirecto de control de las agrupaciones socialistas alineadas con los críticos), la AIE era el cajón sin fondo usado por el valido para comprar complicidades y silencios periodísticos. Dicen ahora en el PP que con la Corporación desaparecerán los gastos opacos de propaganda y patrocinios, como los 15 millones de euros endosados a las cuentas de Emasesa sin comerlos ni beberlos. Muy bien, pero antes de que las facturas desaparezcan en el limbo administrativo del olvido, ¿por qué no se hacen públicas, para saber quiénes se beneficiaron de esos 15 millones y así se convierte la opacidad en transparencia, conforme a la promesa electoral de Zoido de luces y taquígrafos? El emperador romano llevaba al lado a alguien que le recordaba que era mortal. A Zoido hay que ponerle a otro que le recuerde la frase de Goethe: “¡Luz, más luz!”.
Luz, más luz
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Hasta ahora, la más famosa conversión de la historia era la de Saulo de Tarso, que persiguiendo cristianos camino de Damasco, tras una luz cegadora se cayó del caballo y emergió como un hombre nuevo, San Pablo. Émulo del gran apóstol, otro que se acaba de caer de la alto de su caballo camino de Carmona y se ha dado de bruces contra la realidad cuando iba persiguiendo indolentes y vagos por la tierra de María Santísima es Cayetano Martínez de Irujo. El conde de Salvatierra no sólo ha acabado abjurando de sus anticuadas y heréticas creencias sobre el PER y el orteguiano ser andaluz, sino que además ha sentado las bases, en plan Bogart en Casablanca, del comienzo de una gran amistad con esos ocupantes de sus propias fincas llamados Cañamero y Sánchez Gordillo, y hasta se ha comprometido a crear un centro de formación para los jornaleros y a comercializar productos campesinos bajo la marca ‘Casa de Alba’. Ha visto la luz. Arrepentidos los quiere Dios, cuyos caminos son inescrutables. 25 de enero, conversión de San Pablo. 20 de diciembre, conversión de Cayetano.
Cayetano Martínez de Irujo, aristócrata miembro de los Alba, familia que trinca cada año 3 millones de euros en subvenciones de Bruselas cultive o no sus 25.000 Has. de tierras (50 latifundios en la escala de Pascual Carrión), critica el chocolate del loro del PER en los pueblos andaluces y dice: “”En Salamanca, por ejemplo, hay una disponibilidad y mentalidad frente al trabajo y el rendimiento que no hay en Andalucía”. ¿Que no hay disponibilidad? Pues pió justo el día en que el Ministerio de Trabajo difundió que los andaluces realizaron en el tercer trimestre del año 1.352.000 horas extraordinarias (un 47,3% más que en 2010), siendo Andalucía la tercera comunidad más hipertrabajadora de España y la quinta en menos horas de trabajo perdidas por absentismo, huelgas, permisos, bajas de maternidad, formación y actividades sindicales. ¿Que no hay rendimiento? Pues también largó Irujo el mismo día en que la Renault de Sevilla batía un récord histórico con la fabricación de un millón de cajas de cambio para toda la red de factorías de la multinacional francesa. Con el conde de Salvatierra se cumple el dicho de que siempre salta un cojo.
Entiende el Alto Tribunal que la Junta carece de competencias de “autotutela” y que la Ley de Minas en la que se basó para reclamar el dinero no la facultaba a exigir directamente ese resarcimiento sin necesidad de acudir a los tribunales.
Incluyó un informe técnico sobre la firmeza de la escollera de la balsa, permeabilidad, filtros, drenaje y ejecución de los recrecidos (medía originalmente 47,50 metros de altura y fue elevada sucesivamente hasta los 64,50 para ampliar su capacidad). Alertó de las filtraciones que se estaban produciendo (no se depuraba ni el 25% del agua) y que los vertidos cargados de metales pesados (cobre, plomo, zinc, arsénico, mercurio y floculantes diversos) desembocaban en Doñana vía Guadiamar y su afluente, el río Agrio, que pasaba al pie de la presa.
Que al menos estas líneas sirvan de homenaje a su memoria.
Los hechos se remontan a mediados de la década de los 90 y podrían resumirse en que el Ayuntamiento de Zalamea, entonces en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía maniobraron para modificar el planeamiento urbanístico del municipio, con el objetivo de que Veiasa instalara una estación de ITV sin demora alguna, saltándose presuntamente la legalidad urbanística y pasando por alto las alegaciones de algún vecino. Esas denuncias llegaron a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y este las comunicó a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuya titular era entonces la actual consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz. Este departamento se comprometió a analizar la situación, pero no puso reparos a la instalación de la ITV.
El técnico de Movilidad enfrentado al otro técnico de Movilidad (¿o fue al revés?) ha cantado la gallina en la Comisión de Investigación al revelar ingenuamente (¿o no?) que las 22 cámaras instaladas en plan gran hermano por Monteseirín siguen captando todo lo que se mueve por el Centro. ¿No dijo el PP que estaban escacharradas y su destino era el desguace? Pues no estaban muertas, sino vivitas, y grabando. Pillados en el tonto (¿o no?) renuncio por aquello de querer demostrar hasta a la Agencia de Protección de Datos que las imágenes eran borrosas, salieron por la tangente diciendo que usan las cámaras para contar coches, como otros cuentan ovejas o -el personaje de la novela de Burgos- sombras. ¿Y para éso hace falta gastar este dineral en vez de devolver el material a la fábrica, ahora que aún está en garantía? Bastaría con encargarle un baratito simulador numérico mediante algoritmos a la UPO o a la Hispalense. Al fin y al cabo, hasta Google no es más que un algoritmo matemático. El problema de fondo de este Ayuntamiento es que allí todos son de Letras.
Juan Ignacio Zoido aún no ha levantado todas las alfombras como alcalde de Sevilla y ya se conocen algunos de los numerosos despilfarros de la dupla Alfredo Sánchez Monteseirín-Manuel Jesús Marchena Gómez, que tanto gastan, gastan tanto. El valido del ex ha dilapidado 1,2 millones de euros en el agua de grifo embotellada que usó como pantalla para sus maratones allende Sevilla; 10 millones de euros en un sistema de (in)comunicación cuya factura intentó luego endosarle a otros servicios y departamentos municipales para blanquear así su paso por la empresa municipal de aguas (Emasesa) y 15 millones en patrocinios para comprar complicidades de los mismos que se vendieron al antiguo régimen (por ejemplo, cobrando 600.000 euros por el paripé de cierto alumbrado coincidiendo con las fiestas de Navidad) y ahora le hacen la pelota a Zoido, Arenas, Montoro, Soraya y hasta el sha de Persia si hace falta con tal de seguir trincando y figuroneando a pesar de su ruina y de los muchos millones que deben a los bancos. Decía el canciller prusiano Bismarck que España era el país más poderoso del mundo porque llevaba siglos intentando destruirse a sí misma y aún no lo había logrado. Emasesa es la empresa modelo según Bismarck, pues pese a que Manuel Marchena ha estado allí varios años de gerente y ha hecho lo imposible por cargársela (hasta cobró 44.477 euros como liquidación por el contrato blindado que le había hecho Monteseirín a su medida) , tampoco ha podido conseguirlo. Con razón Emasesa es la joya de la corona entre las empresas municipales. Por sobrevivir, ha sobrevivido a las peores sequías en la historia de Sevilla y a ese manirroto con dinero ajeno disfrazado de dandi llamado Manuel Marchena.
El Ayuntamiento, basándose en un informe “interno” sobre la situación económica (agujero de 1,5 millones de euros) y laboral (pesebre para enchufados) de la fundación DeSevilla en la era Monteseirín, ha decidido elevarlo a la Fiscalía por haber detectado indicios de hasta cinco delitos. Nada que objetar, sino todo lo contrario. Se ha comprobado que se borraron datos informáticos contables el 28 de julio a las 22 horas, en vísperas de la llegada del nuevo gerente. Muy grave tendría que ser el asunto como para que alguien dependiente del Ayuntamiento estuviese trabajando a tales horas en pleno período estival. Me llama la atención que tratándose de un informe “interno” sobre una fundación municipal aparezca en las referencias que lo ha elaborado una consultora privada y externa como Garrigues, no barata precisamente, ignorándose (al menos yo, por torpe), cuándo se sacó el contrato a concurso público y a qué precio pese a contar el Consistorio con sus propios Servicios Jurídicos y Financieros. ¿No decía Zoido que éste iba a ser el gobierno de los funcionarios?
El rector de la Hispalense, que ya era vicerrector de Infraestructuras cuando se gestó el proyecto de la ilegal biblioteca universitaria por él mismo ejecutada en una zona verde del Prado, está buscando escaparse por la tangente al declarar que el Supremo no ha sentenciado que haya que derribar la susodicha en ningún caso y que está evaluando la mejor manera de ejecutar esa sentencia de común acuerdo con el Ayuntamiento. Esto huele a componenda, contubernio, pasteleo o como quiera llamarse y, para más ‘inri’, con un alcalde juez. ¿Se saltará Zoido a pídola el fallo del Supremo? Los vecinos le han recordado al rector que la sentencia ordena “reponer el estado original de la parcela”, lo cual implica la demolición. Es lo mismo que decía el Reglamento de la Expo a los participantes: devolver la parcela tal como se les había entregado. Y todos lo entendieron a la perfección: sin pabellón, osea, con el pabellón demolido. Claro que España, y más aún Sevilla, es diferente. Para el rector la palabra ‘reponer’ sólo le evoca al ‘reponedor’ de mercancías del supermercado.