El diario La Razón publica en su edición del 21 de junio esta información firmada por M. González, de la que nos hacemos eco aquí por su interés para la Cuenca Minera onubense. Reza así:
«Las pruebas de cargo que llevan a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, a señalar que los sindicatos UGT y CC OO encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» a través de los ERE presuntamente fraudulentos –imponiendo «de manera arbitraria e ilegítima» el pago por su mediación y «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial»– se sustentan, declaraciones de los dueños de las mediadoras aparte, en numerosa documentación. Entre ella, el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, al que tuvo acceso LA RAZÓN, que indica que los sindicatos hacía y deshacían a su antojo, eligiendo y excluyendo mediadoras y porcentajes, entre otros conceptos. El protocolo fue redactado de forma manuscrita y posteriormente corroborado con membrete oficial. Este periódico ya avanzó en junio de 2011 los escritos de antiguos mineros de Tharsis en los que se señalaba que algunos prejubilados «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera».
por acuerdo de las partes, será llevado a cabo por don José González Mata, quien coordinará la misma», subraya el documento, en coincidencia con lo declarado por el imputado acerca de que las plataformas sindicales imponían los criterios. El acuerdo está firmado por Daniel Soto, por parte de FIA-UGT; Rafael Varea Nieto, de FM-CC OO; y el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
El dinero de las pólizas, según la juez, procedía del Fogasa, por lo que la señalada financiación sindical procedería de fondos públicos. En el caso de la Faja Pirítica, Alaya habla de 4,5 millones defraudados en el ERE por parte de las mediadoras. El coste global en «corretaje innecesario» se eleva a 51,5 millones de euros. Las empresas que mediaban en los ERE abonaban un 0,5% a los sindicatos y un 1% en el caso de empresas muy grandes.
Según la Guardia Civil, Uniter cobró 2,3 millones en cheques de los trabajadores de la Faja Pirítica. Los fondos transferidos, pagos que no han sido declarados por Uniter ni por la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, mantendrían «una procedencia pública», según el informe de la UCO. Así, las mediadoras presuntamente recibían comisiones por una doble vía. De un lado, las asociaciones de trabajadores controladas por los sindicatos. Por otro, de las aseguradoras encargadas de las pólizas. Sería el caso del ERE de la minería onubense. Parte de estos fondos los transferiría Uniter al despacho Estudios Jurídicos Villasís, donde estuvo trabajando el «conseguidor» Juan Lanzas. La juez habla del pago de 2,7 millones por parte de Uniter. De aquí, según la Guardia Civil, los fondos se repartirían entre Guerrero, empresas pantallas del propio Lanzas, sociedades del ex chófer del que fuera director general de Trabajo o el señalado por éste y por la Guardia Civil como camello, «Goyo» Martínez Piñero.
El entonces secretario general de UGT en Andalucía Manuel Pastrana y el vigente en CC OO, Francisco Carbonero, figuraban como presidente y vicepresidente de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, que se constituyó el 18 de noviembre de 2003 con la dirección del Estudio Jurídico Villasís. El expediente de la Faja Pirítica fue promovido, según González Mata, por Francisco García Martínez, ex viceconsejero de Empleo, conocido como «Paquillo», del clan de Jaén; por lo que la Administración andaluza tampoco habría estado al margen del papel protagonista de los sindicatos en el presunto fraude. Según el dueño de Uniter, y como ratifican los documentos a los que accedió este diario, eran los sindicatos y la Junta quienes confeccionaban las listas de prejubilados. Las mediadoras, elegidas por las plataformas sindicales en un círculo perverso, «no preguntaban» porque pensaban «que los sindicatos podían meter a quien quisieran como tomadores de las pólizas». El ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín declaró que las comisiones a CC OO y UGT eran «una auténtica forma de presión» y que si no se les pagaba «no se hacía la operación». «Cuando he estado con los directores generales he visto una relación enormemente fluida con los sindicatos», testificó Albarracín.
El entonces alcalde se inventó una finca en la que falseó el nombre, la calificación urbanística, la extensión….. y con el argumento de que no estaba aún inscrita acudió al Registro de la Propiedad, que la inmatriculó sin verificar ni un solo dato, pese a que los terrenos, ejidos comunales, constaban como tales en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento e ¡inscritos en el mismo Registro desde el año 1933!.
“Por entre unas matas,/ seguido de perros,/ no diré corría,/ volaba un conejo./ De su madriguera/ salió un compañero/ y le dijo: “Tente,/ amigo, ¿qué es ésto?”/ “¿Qué ha de ser?”, responde;/ “sin aliento llego…;/ dos pícaros galgos/ me vienen siguiendo”./
Juan Ramón Jiménez le pedía a la Inteligencia que le diera el nombre exacto de las cosas. Parafraseando al andaluz universal, podríamos empezar por el principio y preguntarnos a qué responde el término ‘sobresueldo’. La Real Academia de la Lengua lo define como ‘retribución o consignación que se añade al sueldo fijo’.
“(…..) Todas las acciones llevadas a cabo por un empresario o trabajador (normalmente el director de Recursos Humanos o Relaciones Públicas) cuyo destino sea exclusivamente la obtención, conservación o mejora de la confianza del cliente respecto de la sociedad, deben correr a cuenta de la sociedad mediante la correspondiente facturación de gastos a la misma. En la práctica, suele destinarse una tarjeta de empresa para sufragar tales gastos, aunque también puede ser el trabajador quien pague inicialmente el importe. En tal caso, se facturará en concepto de suplido.
Y, atención al dato: el alcalde refleja como ingresos íntegros de explotación los 24.840 euros que le abonó el PP durante el año 2011, pese a que desde el 11 de junio ya ejercía como regidor de la ciudad. Ahora bien, el apartado de ‘Gastos fiscalmente deducibles’ está completamente en blanco. No aparece ni un solo gasto deducible en la realización de esos supuestos ‘gastos de representación’ en nombre o a beneficio del PP: viajes dentro o fuera de Sevilla, teléfono, comidas, material de oficina, material informático, toner de la impresora….. Zoido no se ha deducido un solo céntimo por esos pretendidos gastos de representación por los que el PP le abonaba religiosamente 2.070 euros brutos mensuales, prueba inequívoca de que en realidad no había gasto alguno por su parte, sino sólo ingresos, y unos ingresos fijos además, siempre los mismos durante 72 meses consecutivos.
Mientras Zoido consigna en su IRPF rendimientos económicos aparte por su actividad como abogado, Luis Enrique Flores afirma que estas “colaboraciones” difícilmente pueden ser encuadradas en el concepto de “actividad profesional, laboral, mercantil o industrial”. Asimismo, dice que como el modelo de Declaración es de casillas cerradas, no hay ninguna específica donde Zoido pudiera haber declarado su actividad por la que cobraba del PP, cuando resulta que el modelo de Declaración de Actividades deja espacio para reflejar las actividades u ocupaciones mercantiles o industriales y el ejercicio de profesiones liberales. Tras este informe, la oposición ha perdido totalmente la confianza en Flores al entender que ha actuado más como secretario del alcalde que como secretario del Ayuntamiento.
Efectivamente, pero Zoido ha acabado incurriendo a su manera en lo mismo que le reprochaba a su predecesor cuando él ejercía de líder de la oposición. Monteseirín, cuya primera decisión apenas llegar a la Alcaldía fue la de subirse el sueldo y retractarse a continuación al ser desautorizado por el PSOE tras convertirse en escándalo nacional, tenía un doble discurso. O más bien un discurso público y una práctica encubierta. Con falsa modestia decía que era uno de los alcaldes de grandes ciudades con sueldo más bajo de España (entre 60.000 y 65.000 euros, según el año de sus doce de mandato), pero ocultaba que cobraba dietas por asistir a las reuniones de las empresas municipales, de la Caja San Fernando y hasta de la Autoridad Portuaria, por lo que realmente sus ingresos frisaban o superaban los 100.000 euros.
los concejales/consejeros en representación de los partidos políticos, seguían cobrando bajo cuerda, de manera que mientras Monteseirín aparecía ante la opinión pública como sufridor de una reducción del 15% en su salario como alcalde debido a las medidas de austeridad por la crisis, no dejaba de percibir dietas por acudir a las reuniones de las sociedades públicas. Sólo de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) percibió por este concepto durante el año 2010 la cantidad de 7.392,40 euros brutos, que tras la obligada retención por IRPF se quedaron en 4.805.
1) El y su equipo perdían dinero con la política porque anteponían el servicio a los ciudadanos a sus intereses personales.
Gracias a Gracia, los andaluces que cada día se desplazan a su puesto de trabajo en sus automóviles privados y pagándose de sus bolsillos el carburante, el aparcamiento, el coste de cualquier incidencia que sufran y las reparaciones mecánicas o de la carrocería, se han enterado de que su señoría goza del privilegio de un Audi gratis para que lo lleve y traiga a y desde su despacho a su domicilio particular, y no sólo y exclusivamente para moverse, como sí parece lógico, desde el Parlamento hasta los actos oficiales a que se vea obligado a ir por su rango institucional.
Cuando el PSOE llegó al Poder en el año 1982 con Felipe González a la cabeza, casi de la misma generación que Gracia, los socialistas ponían de ejemplo de socialdemocracia al primer ministro sueco, Olof Palme, porque iba a su oficina andando o en bicicleta. Más de treinta años después, Manuel Gracia nos ha demostrado que aun pudiendo ir a su despacho al menos en su coche particular, no estaba dispuesto a ahorrarle al contribuyente ni un solo euro pese a la crisis, y quería darle a su vehículo el mismo rango que al coche oficial.
Al ‘bono’ de Manuel Gracia, tratado de justificar inicialmente con el argumento de un incremento de su actividad (¿?), se sumaron por el contubernio secreto de quienes tanto hablan de transparencia y del escaño 110 para conectar con el sentir de los ciudadanos a quienes dan cotidianamente la espalda, 1.200 euros para los secretarios generales de los grupos Popular y Socialista y 920 euros para la portavoz adjunta de Izquierda Unida..jpg)
Verónica Forqué y Jorge Sanz protagonizaron aquella película titulada ‘¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?’. Me vino a la mente la cinta que dirigió Manuel Gómez Pereira al ver los malabarismos que con el lenguaje hacen nuestros políticos, los cuales nos siguen tomando por lo que piensan que somos pero no somos. Parafraseando a Alberto Cortez, pobrecito mi político, piensa que el tonto soy yo. Rajoy habla de modular el IVA, para engatursarnos con que no lo va a subir. La Mesa del Parlamento andaluz camufla como ‘actualización’ el incremento de sus dietas. Ana Pastor ‘reprograma’ los túneles de la SE-40, para eludir decir que los paraliza. Y Zoido perjura que los 2.000 euros/mes fijos que le pagaba el PP aparte de sus retribuciones como diputado no son lo que son sino otra cosa y que además tributó a Hacienda por ellos. Como si el hecho de haber tributado los eximiera de su naturaleza, aunque vinieran con camuflaje incorporado. ¿Por qué los llaman gastos de representación cuando quieren decir….? Los llaman así cuando no quieren decir… ‘sobresueldos’.
Aquí y ahora vamos a tirar de hemeroteca para transcribir, en primer lugar, una mínima parte de una entrevista concedida por Zoido a ABC el 13 de junio de 2011, tan sólo dos días después de su toma de posesión como alcalde. Esto es lo que le pregunta el periodista y lo que contesta el regidor:
“Zoido muestra su “confianza absoluta” en que Javier Arenas no ha cobrado ningún sobresueldo de forma irregular durante la etapa en que estuvo al frente de la Secretaría General del PP y afirma que “pondría la mano en el fuego por él”. Zoido, que aseguró que él no ha cobrado nunca ningún tipo de sobresueldo, también restó credibilidad al hecho de que Javier Arenas aparezca en estas “anotaciones” de Bárcenas -de las que sólo éste es responsable, según ha matizado- como supuesto beneficiario de cantidades trimestrales cercanas a los 9.000 euros (….) Sobre la posibilidad de que se prohíban por ley los sobresueldos a cargos públicos, el presidente del PP-A también ha confirmado, como hiciera José Luis Sanz, que su grupo es favorable a esta medida porque defienden “todo lo que sea en aras de llegar a una mayor transparencia para que entre todos podamos generar confianza”. “Lo que hay que hacer es transparencia absoluta y tolerancia cero con las irregularidades”, concluyó”.
sueldo que percibió en su día como consejero de la RTVA (4.200 euros mensuales) y luego como diputado andaluz, 149.040 euros brutos.
alcaldable ‘in pectore’ que dedicaba la mayor parte del tiempo a patearse los barrios y a predicar las bondades de la micropolítica, más allá de que pudiera haber sido nombrado titular de alguno de esos cargos honoríficos o miembro de órganos del PP partido por aquello de las cuotas territoriales y representatividad interna y externa.
epígrafe sobre ‘Trabajo por cuenta ajena: puestos o cargos en cualquiera entidades del sector público, organismos, entidades, empresas públicas y empresas o actividades privadas’. Pues bien, únicamente hace constar como pagador de sus ingresos el Parlamento de Andalucía (por una liquidación de 81.976,96 euros, que excedería sus retribuciones exclusivamente como diputado), pero ocultando al PP como segundo pagador de parte de sus retribuciones.
Luis Díaz del Río, decano de los arquitectos sevillanos a sus 90 años y padre del decano del Colegio de Arquitectos (toda una saga profesional), ha declarado en una entrevista concedida a la compañera María Jesús Pereira que no le dejaron terminar la restauración de la Casa de los Artistas, tarea por la que aún no le han pagado, porque decían que era demasiado exigente con las calidades y la forma de actuar. Y, lo más grave. A la pregunta de si otra persona remató la obra, apostilló: “Usted lo ha dicho muy bien: la ‘remató’. Yo no quería tocar la portada -añadió- y finalmente le han puesto un estuco delante, así que han matado la obra porque el edificio ya no tiene nada de viejo. Había allí un arco califal cordobés que había que mantener y cuando llegué un día lo habían tirado, por lo que yo sentía que boicoteaban mi trabajo”. Y mientras, la Comisión de Patrimonio, que tras estas palabras debería haber actuado automáticamente de oficio -siquiera para confrontar con el Ayuntamiento, propietario del antiguo palacio de los marqueses de Torrenueva-, en Babia.
El 18 de abril de 2012, el Ayuntamiento organizó una subasta de muebles del hotel Alfonso XIII para que cualquier interesado, sevillano o no, pudiera tener la misma oportunidad de adquirirlos, y de paso, mediante la puja, incrementar los potenciales ingresos de la Hacienda municipal. En contraste, casi un año después y amparándose en leguleyismos de que es municipal pero como si no lo fuera, el Consistorio liquida los bienes de Sevilla Global a precio de saldo entre quienes gozan de información como para saber que se pueden llevar una lavadora casi nueva al ridículo precio de 60 euros. Dicen que gracias al ‘efecto llamada’ del boca/oreja en los límites interiores del parque empresarial Arte Sacro, tan sólo 18 proveedores del Ayuntamiento se están quedando con todo por cuatro perras. ¡ Y pensar que creíamos que estas cosas sólo ocurrían con Monteseirín! Bueno, pues éstas son las monteseirinadas de Zoido o las Zoidoirinadas. El alcalde de las luces y los taquígrafos le ha dado la vuelta al proverbio bíblico: pocos son los llamados y menos aún los elegidos.