El también alcalde de Sevilla, súper Zoido, anunció entre trompetas del Apocalipsis que paralizaría la torre Cajasol si ponía en peligro la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Pues, como habría dicho Caracol el del Bulto, esos cojones en Despeñaperros, ya que a la hora de la verdad Zoido ha acabado pasteleando con Pulido y diciendo que hay que compaginar todos los intereses en juego: el patrimonio de la Caja y el Patrimonio de la Humanidad. A eso se le llama freno y marcha atrás, como a lo que tan aficionado era Monteseirín, con lo que va a tener razón el Barómetro de Pascual de que aquí no ha cambiado nada. Porque a ver cómo se conjuga (el verbo usado a su vez por Pulido) la exigencia del Icomos de detener la obra y recortar la torre con el desafío de Cajasol de rematarla hasta el final. Preso de sus contradicciones, Zoido ha acabado creando una comisión para escaparse por la tangente, conforme al consejo de Napoleón: “Si quieres que algo se haga, nombra un responsable; si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.
Archivo de la categoría: Urbanismo
Por un puñado de votos
El pasado 6 de enero se conoció una sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 15, en virtud de la cual un matrimonio sevillano era condenado a un año de cárcel por haber construido una vivienda de 85 m2, un establo-gallinero y una cimentación para una piscina sin licencia y en un terreno no urbanizable de Utrera.
Tres días después, una mujer de 37 años era condenada por el Juzgado de lo Penal Nº 12 a seis meses de prisión por haber edificado, también sin licencia, una casa de dos plantas en una zona de viñedos de Lebrija, de forma tan ostentosa que llamaba desde lejos la atención al destacar sobremanera entre el resto de construcciones.
Como decía Luis Aragonés después de las derrotas en el fútbol, a estos condenados también se les habrá quedado cara de tontos al ver el 10 de enero cómo el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba un decreto de regularización (eufemismo para no hablar de legalización) de entre 250.000 y 300.000 viviendas construidas sin permiso y sobre suelo no urbanizable en toda la región.
INTERESES ELECTORALES
Edificaciones tan ilegales como las de estos sevillanos eran amnistiadas por el Gobierno autónomo, mientras que ellos podían acabar entre rejas al igual que todos los que estando en una situación similar han sido condenados por la Justicia, más atenta en los últimos tiempos a las ilegalidades urbanísticas, siquiera para resolver parte de las decenas de denuncias elevadas por el Seprona.
¿Por qué unos sí y otros no? ¿En qué ha radicado la diferencia para ser condenado o amnistiado? Pues, sencillamente, en que el mismo Consejo de Gobierno que adoptaba la decisión de indultar las 300.000 viviendas ilegales pendientes era el que recibía del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la notificación interna de que las elecciones autonómicas se iban a convocar el próximo 25 de marzo.
La diferencia ha radicado, pues, en la convocatoria de unos comicios en que el PSOE se juega el ser o no ser en el último bastión que le queda frente a la marea azul del PP y el mantenimiento del poder y las prebendas asociadas de que ha disfrutado en los 30 años de la Autonomía. Por tanto, el indulto urbanístico aprobado casi en simultáneo a la convocatoria electoral y del que se beneficiarán 300.000 propietarios de construcciones ilegales y sus familias (multiplíquese el efecto por cuatro como promedio) equivale a congraciarse con al menos un millón de andaluces, potenciales votantes el 25-M.
INHIBICIÓN
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, declaró tras el Consejo de Gobierno que el decreto regularizador urbanístico era “un ejercicio de realismo”, consistente en adaptar la realidad física a la jurídica, con el objetivo de “acotar un fenómeno del pasado que se ha venido desarrollando durante muchos años”. Se le olvidó decir que con la complicidad, por acción u omisión, de la Junta de Andalucía y de ella misma, como puede dar fe quien suscribe.
A principios del año 1995 denuncié tanto ante la Consejería de Obras Públicas como ante el Defensor del Pueblo una gran explanación con maquinaria pesada en suelo rústico de Zalamea la Real para acometer ilegalmente la construcción sobre 4.760 m2 de lo que luego se revelaría una instalación industrial, extremo reconocido por el informe que al respecto trasladó la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo al Defensor, el cual la indujo a que, por subrogación, ejerciera sus competencias en defensa de la legalidad urbanística.
El Defensor tuvo que dirigirse en varias ocasiones a la Dirección General de Urbanismo para instalarla a a actuar contra aquella ilegalidad, y sólo a finales de año su titular se dignó contestar diciendo que iba a realizar un nuevo análisis de la situación al objeto de iniciar, en su caso, las actuaciones de disciplina urbanística. Aquel organismo de la Junta, cuya titular era Josefina Cruz Villalón, se inhibió durante meses, y así al final se consolidó la obra ilegal. Gracias a su dejación en aquel caso, la realidad física de una construcción iniciada fuera de la norma acabó con cobertura jurídica, exactamente lo mismo que ahora, sólo que 300.000 obras ilegales después.
INCOMPETENCIA
Al amnistiar tal ingente cantidad de viviendas ilegales en la provincia de Sevilla (un informe del Defensor del Pueblo realizado en el año 2000 detectó 359 urbanizaciones ilegales en 42 pueblos sevillanos, sin contar las viviendas diseminadas) y en las otras siete provincias andaluzas, la Junta se está indultando también a sí misma de su escandalosa incompetencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, pese a haber dispuesto de las transferencias desde los albores de la Autonomía, hace 30 años.
Ha contado hasta con teledetección espacial, que le permitía identificar si en una finca se plantaban más cultivos de los declarados para cobrar las subvenciones de la UE, pero misteriosamente (¿?) el Gobierno andaluz era incapaz de ver cómo a escasos kilómetros incluso de su Consejería de Obras Públicas crecían urbanizaciones como la de Las Minas, en Castilblanco, ¡cinco veces más grande que todo el casco urbano del pueblo!
Frente a los honrados ciudadanos que han respetado las normas y pagado más caras sus viviendas por todos los costes urbanizadores, el papeleo y los impuestos, la Junta, con este decreto regularizador, lanza el mensaje de que premia la ilegalidad y de que ésta queda impune.
Si para Enrique IV París bien valía una misa, para Griñán, San Telmo bien vale hacer la vista gorda sobre 300.000 viviendas ilegales.
El patrimonio, la ‘maría’ municipal
Una de las sorpresas del gobierno de Zoido en este medio año largo de mandato ha sido su escasa sensibilidad respecto del patrimonio histórico, reducido, según los casos, a la condición de caja recaudadora, estorbo para la consecución de otros fines o mero almacén.
El nuevo alcalde no ha tenido empacho en convertir el Real Alcázar, patrimonio de la Humanidad, en señuelo con que incentivar la captación de patrocinios para la Copa Davis. Así, ofreció como contraprestación a la treintena de empresas patrocinadoras del evento deportivo el monumento para que organicen allí sus actos.
No sólo eso: dentro de su política de ‘puesta en valor’ del inmueble lo ha incorporado a la lista de espacios para la celebración de todo tipo de eventos, incluyendo el rodaje de un mayor número de películas si es posible, con todo el movimiento de medios y personas que implican. El nuevo conservador, el arquitecto Jacinto Pérez Elliot, autor de la polémica restauración (destrucción, según los conservacionistas) de la antigua Posada del Lucero, aboga por explotarlo turísticamente los 365 días del año, sin considerar las consecuencias del exceso de presión turística y que todo monumento necesita de, al menos, un día de ‘respiro’ semanal.
El objetivo declarado es exprimir el limón del conjunto histórico, como se exprimían las cuevas de Altamira, para incrementar aún más los ingresos, ya que el excedente no revierte en el monumento para su mejora y conservación, sino en el Ayuntamiento. En vez de corregir la línea iniciada por Monteseirín, Zoido la continúa y amplía.
El Consistorio, mediante una fría carta, también ha conminado a los veinte artesanos del mercado del Postigo a desalojarlo cuanto antes para reubicar allí funcionarios de Hacienda. Aunque en este caso no parece en riesgo la integridad de la antigua Lonja y el Ayuntamiento puede invocar la caducidad de su concesión administrativa, la expulsión de los artesanos supone, al tiempo que otra muestra de insensibilidad, una ingratitud, por cuanto este colectivo salvó de la demolición el inmueble hace treinta años, cuando la Corporación Municipal pensaba derruirlo por no saber qué hacer con él.
Los artesanos lo rehabilitaron y lo han conservado a sus expensas en estos seis lustros, ahorrándole costes de todo tipo al Ayuntamiento y convirtiéndolo en un atractivo turístico mediante el mantenimiento de la tradición artesanal sevillana. Dado su pequeño tamaño y sus grandes espacios diáfanos interiores, el desalojo del Postigo no resuelve el problema municipal de falta de sitio para sus funcionarios, pero sí destruye un maridaje entre artesanía y patrimonio que ha mostrado su vigencia a lo largo de treinta años.
NAVES DE RENFE
El reciente saqueo durante casi dos semanas de las antiguas naves de Renfe en San Jerónimo por un grupo de indigentes que acampó en su interior y que desmanteló hasta vigas de hierro de la cubierta ha sido otro ejemplo de la falta de reflejos del Consistorio y de su escasa sensibilidad para la conservación del patrimonio industrial sevillano.
Testigos presenciales del expolio grabaron con sus cámaras el pillaje y alertaron tanto a la Policía local como al alcalde a través de su cuenta en Twitter. El Ayuntamiento tardó casi catorce días en reaccionar: expulsión de los expoliadores y cerramiento de los huecos que habían abierto en los muros de las naves.
Zoido había prometido durante la campaña electoral rehabilitarlas y convertirlas en un vivero de empresas. Ante el cansancio de los vecinos por una situación que se repite con demasiada frecuencia, el delegado del distrito llegó a proponerles la demolición de las naves y construir en su lugar un centro comercial, otro más en una ciudad saturada de ellos. Del vivero de empresas se ha pasado a la conversión de las naves en un solar, como paso intermedio a un destino por ahora incierto. Política de tabla rasa y tierra quemada en vez de recuperación y revalorización del patrimonio industrial.
ARTILLERÍA MULTIUSOS
Cuarto ejemplo de insensibilidad patrimonial: la conversión de la antigua fábrica de Artillería, catalogada como Bien de Interés Cultural, en un almacén para el material y los vehículos de los bomberos mientras se realizan obras de reforma en el parque central.
El plan del gobierno local ha sido motivo de confrontación tanto con PSOE-IU como con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. A pesar de las amenazas previas del delegado, Bernardo Bueno, el Gobierno autónomo ha acabado por reconocer que no podía impedir los propósitos del Ayuntamiento, al aferrarse éste a que no va a tocar la estructura del BIC ni acometer obra alguna, sino simplemente a usarlo como depósito con carácter provisional.
Imitando a Monteseirín, que ponía el ventilador de los dossieres cuando se sentía cercado por algún escándalo, el gobierno del PP ha caído en esos vicios que prometió combatir cuando estaba en la Oposición y ha filtrado que en época del PSOE también se utilizó Artillería como almacén, en concreto para que la Hermandad del Rocío de Sevilla diera cobijo allí a sus carretas y bueyes.
No podíamos imaginar que el nuevo gobierno procurase su justificación equiparándose al de Monteseirín. Se cura en salud proclamando además que se trata sólo de un uso provisional como almacén, tras el cual Artillería recuperará su condición anterior.
Bernardo Bueno, socarrón, ha subrayado con buen tino cómo es la ‘provisionalidad’ en Sevilla y recordado que el traslado del mercado de la Encarnación también iba a ser provisional y acabó durando 37 años.
Perplejo
Antonio Rodrigo Torrijos ha mostrado su perplejidad ante los primeros presupuestos municipales de la era Zoido por haberse incluido en los mismos la venta de la antigua comisaría de Policía de la Gavidia, “que –ha afirmado- no sólo depende del mercado, sino que ni siquiera está clara su legalidad, por sus implicaciones urbanísticas”. El razonamiento de Torrijos sobre esos ingresos que en plan cien pájaros volanderos y todavía ninguno en mano ha contabilizado ya Asunción Fley sería impecable si el portavoz de IU no incurriera en una flagrante contradicción. Y es que el gobierno de coalición PSOE-IU de Monteseirín, del que él formaba parte como primer teniente de alcalde, también incluyó la venta de la Gavidia en sus Presupuestos desde al menos el año 2008, con el consiguiente fiasco ejercicio tras ejercicio. ¿Cómo es posible, pues, que un mismo proyecto de venta no tuviera ninguna salvedad a ojos de Torrijos cuando él lo apadrinaba como socio de Monteseirín y que ahora lo incluya en el ‘urbanismo bajo sospecha’ cuando el que trata de venderlo es Zoido?
Parches
Hace cinco años, cuando Zoido ni siquiera sabía que era el candidato ‘in pectore’ de Arenas para la Alcaldía, Raynaud ya quería ir con un notario levantando acta de las losetas defectuosas colocadas a toda prisa por Monteseirín en la Avenida y la calle San Fernando para llegar a tiempo a las elecciones municipales con su presunta peatonalización. Por ironías del destino, tiene hasta gracia que ahora sea Espadas el que denuncie no las chapuzas de su correligionario, sino los parches sor Virginia de cemento de Zoido para rellenar los huecos dejados por las frágiles baldosas monteseirinescas, pese a que en su día la constructora de las cuatro letras adjudicataria de las obras las presentó como el no va más de la dureza granítica. Cierto es que los rellenos provisionales son antiestéticos, pero más antiestéticas y peligrosas aún eran las losas rotas heredadas del anterior mandato. El cemento postizo de la Avenida es una metáfora de lo que le sucede a Zoido, condenado a ir parcheando cuanto halla a su paso para taparle a Sevilla los agujeros legados por Monteseirín.
Compatibilizar
La biblioteca del Prado da más juego que la de Alejandría. Ahora, Espadas insta a Zoido a que se pronuncie “sin intermediarios” sobre la sentencia y sobre cómo se “compatibilizará” su ejecución con “la conservación de una inversión que ya ha supuesto un importante gasto”. En su obsesión por meterle las cabras en el corral a Zoido o viceversa, yerra. Desde que Monteseirín y Marchena embaucaron a la Hispalense y ésta les firmó un papel exonerador de responsabilidad, quien debe pronunciarse es el rector, no el alcalde. Se nota en Espadas la nefasta cultura del “ya que”. Ya que la Universidad ha gastado un dineral en las obras, ¿cómo se van a derribar?, plantea subliminalmente con el término “compatibilizar”. Ya que hemos gastado 170 millones en la esclusa, ¿cómo no se va a hacer el dragado?, dicen los del Puerto. Ya que se alzó el ilegal hotel en el Algarrobico, ¿ahora cómo se va a tirar?, dicen los del ladrillo. “Compatibilizar”, amigo Espadas, equivale en todos estos casos a premiar la política de hechos consumados y a saltarse a la torera el Estado de Derecho.
Usted paga
Tras el fallo del Supremo que aboca inevitablemente al derribo de la biblioteca medio construida
por la Universidad en suelo amputado a los jardines del Prado, la Hispalense debería haber
reaccionado acatando públicamente la sentencia y anunciando en consecuencia la inmediata
demolición ‘motu proprio’ del adefesio de cemento perpetrado sobre una zona verde. Pero no.
Han sido el Ayuntamiento y el vecindario quienes han clamado por que este caso se acabe de
una vez por todas, mientras que la culpable y condenada, la entidad cinco veces centenaria
cuya historia quedará mancillada por este baldón, guarda un inexplicable silencio y no asume
sus responsabilidades. Como la Universidad no se mueve ni se conmueve pese a los trece
fallos judiciales en contra que acumula, otra vez tendrán que ser los vecinos quienes insten a
que se dice un auto de ejecución de la sentencia, que puede tardar seis meses más. Como
cada día de demora supone 10.400 euros, la sinrazón universitaria supondrá un coste añadido
de 1.872.000 euros, que pagarán los sevillanos. Luque, suma y sigue.
Tarjeta roja
El Supremo estima inadmisible el recurso contra la anulación de la biblioteca en el Prado porque era nula de pleno derecho al haber sido expulsada ya del ordenamiento jurídico. Tarjeta roja. Es la decimotercera sentencia favorable a los vecinos y contraria a la Hispalense, cuyo rector, Joaquín Luque, era vicerrector de Infraestructuras cuando se promovió el ilegal proyecto y se acordó eximir al Ayuntamiento de Monteseirín y Marchena, los dos embaucadores, de cualquier responsabilidad sobre lo que acaeciera. La Hispalense debió haber demolido las obras en julio de 2009, cuando las paralizó el TSJA, y no gastar 10.400 euros/día en su vigilancia y mantenimiento, empecinada en un recurso tras otro. Los ha perdido todos y en estos dos años y medio, aparte del dinero en la fallida construcción, ha gastado 11.232.000 euros en sostener aquel esqueleto de cemento. Un despilfarro del que Luque, cuya única salida es la dimisión, se hace el loco. Hoy, como no han derruido la biblioteca, la locura de Luque nos cuesta a los sevillanos otros 10.400 euros. Y así sucesivamente.
‘Betislandia’
El compañero Antonio Félix publicó en magnífica primicia en El Mundo el proyecto denominado ‘Betislandia’, que auspicia la futurible Fundación del Betis. Esta entidad, cuyos patronos serían famosos y/o adinerados aficionados béticos, sería la titular de los derechos sobre el patrimonio del club, que quedaría así ‘blindado’ frente a la posible aparición de otros Ruiz de Lopera. Ningún presidente podría disponer al margen de la Fundación y de su tutela del patrimonio del Betis: el estadio, la nueva residencia para la cantera y la ciudad deportiva.
Al margen de que esta última, salvo sorpresas ocultas, no es patrimonio del club verdiblanco sino del Ayuntamiento, la gran operación encubierta del proyecto ‘Betislandia’ no es la de salvaguardar el patrimonio de esa sociedad anónima deportiva o empresa privada llamada Real Betis Balompié, sino incrementarlo a costa, de nuevo, de Sevilla.
NUEVO REGALO
Conforme a los datos y las fotografías de la exclusiva de Antonio Félix, la Fundación de esta empresa privada ha proyectado, sin que el Consistorio lo haya desmentido, quedarse con el cercano centro deportivo municipal de ‘Ifni’ y montar, entre otras instalaciones de uso privativo, un club ‘social’ para, previo pago de sus usuarios, ingresar 1,2 millones de euros anualmente. Cabe preguntarse qué hay que blindar realmente, el Betis frente a Lopera o la ciudad de Sevilla frente al Betis y, por extensión, el Sevilla F. C., dos empresas privadas y propiedad de sus accionistas, en cuyos bolsillos
únicamente revierten sus beneficios.
Ya Monteseirín, declarado bético (su valido y furibundo hincha sevillista, Manuel Marchena, compensaba el beticismo del alcalde laborando desde el Ayuntamiento en pro de su equipo), regaló al Betis durante su mandato la zona verde de Heliópolis sita junto al estadio pero en la práctica usurpada –y hasta vallada- como aparcamiento privado del club.
La coartada de Monteseirín para justificar la operación era que el Betis construiría sobre el solar un minúsculo centro cívico para el barrio, mientras que Lopera, entonces (¿y aún?) dueño de la sociedad anónima deportiva, tenía así luz verde para construir allí un hotel, un complejo comercial, oficinas … (planes parados por la crisis del ladrillo) y obtener una plusvalía regalada de al menos 30 millones de euros y teóricamente destinada a rematar el estadio.
SEMI ABANDONADO
Mientras los vecinos de Los Bermejales, que se rebelaron contra el plan de Monteseirín de privarles del suelo destinado en el PGOU a equipamientos de su barrio y entregarlo a una confesión religiosa para que erigiera una mezquita, ganaron su derecho en los tribunales y ahora la Universidad les va a construir el centro cívico junto a la Politécnica, los residentes en Heliópolis claudicaron y ahora no tienen ni zona verde ni centro cívico.
De materializarse ‘Betislandia’, lo siguiente que perderán será el complejo deportivo público de ‘Ifni’ con la coartada de que está medio abandonado por el Ayuntamiento. Osea, que es el propio Consistorio el que, no conservando el complejo deportivo (mientras gasta más de 400.000 euros en la cubierta de la Davis para meterla en un almacén), crea las condiciones ‘objetivas’ para regalárselo a la empresa privada llamada Betis. ¿No recuerda acaso este abandono la misma táctica de esos propietarios del Centro que dejaban arruinarse las casas sin invertir en su conservación para así obtener la licencia de derribo y dar el posterior pelotazo urbanístico?
¿Acaso no impone la ley al propietario la obligación de conservación y, en caso de incumplimiento, la ejecución subsidiaria de las obras por parte del Ayuntamiento, con remisión de la factura para que aquél pague los gastos? Pero, ¿qué pasa cuando quien incumple la obligación legal de conservación es el propio Ayuntamiento? ¿Quién vigila al vigilante?
LA VIDA SIGUE IGUAL
A ver cómo justifica Zoido el cierre de una instalación municipal, su privatización y, por ende, su obligada recalificación urbanística, pues se trata de un equipamiento público en el PGOU al que habría que dar un uso lucrativo.
Ahora se explica mejor el precio (que paga siempre la ciudad) de la populista foto de Zoido con Del Nido y Guillén, presidentes del Sevilla y del Betis, que de inmediato empezaron a hablar de nuevas recalificaciones para seguir sacando tajada del urbanismo.
Al final, Zoido, que decía ser tan diferente a Monteseirín, está repitiendo las mismas prácticas que su antecesor con las empresas privadas llamadas Sevilla F. C. y Betis, las cuales adeudan en conjunto casi 5 millones de euros en tributos no pagados al Ayuntamiento, pese a que el Sevilla ha obtenido beneficios en los últimos ocho años (239.179 euros en su balance reciente). Este dinero hay que sumarlo al impagado anteriormente y condonado por Monteseirín bajo la fórmula de la ‘prestación fiscal sustitutoria’: disputar un partido para saldar la deuda. ¿Por qué no se ofrece a los sevillanos la misma posibilidad? Que cada uno haga lo que sepa a favor del Ayuntamiento (barrer una calle, conducir un vehículo municipal..) y así pague, en ‘especie’ y no en dinero, el IBI, la basura, el agua, el sello del coche….
La ‘prestación fiscal sustitutoria’ copiada por Zoido de Monteseirín consiste ahora en que ambos clubes se vayan a jugar unos partidos a la Cartuja “para darle vida al estadio” que, para colmo, es mayoritariamente de la Junta de Andalucía.
Así pues, más que ‘Betislandia’ esto es ‘Neverland’, el país del nunca jamás: donde quienes no pagan nunca son el Sevilla F. C. y el Betis.
La Junta de Andalucía hizo la vista gorda en las ilegalidades de la ITV de Zalamea
El diario ABC, que ya difundió una información sobre los ‘enchufados’ socialistas en la ITV de Zalamea la Real, informa ahora (5 de diciembre de 2011, Página 34) de que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía desoyó denuncias urbanísticas sobre estas instalaciones industriales y que otorgó una licencia temporal a la empresa gestora, casualmente propiedad al 100% del propio Gobierno andaluz, para que se ubicara en una zona sin desarrollo urbanístico, lo cual suponía una vulneración de la ley, otra más protagonizada por la Junta y el entonces Ayuntamiento socialista zalameño. Ambas instituciones hicieron caso omiso a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Por su interés y por apuntar cómo se desprecia la legalidad urbanística en nuestra tierra, reproducimos la información divulgada por el rotativo sevillano:
«La ITV de Zalamea la Real, dependiente de la empresa pública de la Junta Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), ha estado envuelta en la polémica desde sus orígenes. A la denuncia, hecha pública días atrás por ABC, de que hasta cinco familiares directos de cargos socialistas trabajaban en las ITV de la provincia de Huelva, entre ellas la de Zalamea, hay que sumar que la instalación de esa estación en esa localidad pudo presuntamente vulnerar la legislación urbanística, tal como alertó el Defensor del Pueblo Andaluz a la Junta, que, sin embargo, no apreció irregularidad.
Los hechos se remontan a mediados de la década de los 90 y podrían resumirse en que el Ayuntamiento de Zalamea, entonces en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía maniobraron para modificar el planeamiento urbanístico del municipio, con el objetivo de que Veiasa instalara una estación de ITV sin demora alguna, saltándose presuntamente la legalidad urbanística y pasando por alto las alegaciones de algún vecino. Esas denuncias llegaron a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y este las comunicó a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuya titular era entonces la actual consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz. Este departamento se comprometió a analizar la situación, pero no puso reparos a la instalación de la ITV.
Estas conclusiones se extraen de los escritos que planteó en 1995 un vecino de Zalamea a la Consejería de Obras Públicas y al Defensor del Pueblo Andaluz, en los que acusaba al Ayuntamiento de beneficiar a empresas amigas, en referencia a Veiasa y Anisados Arenas, mientras frenaba al resto de firmas interesadas en instalarse en el polígono industrial donde se ubicó la ITV.
Para facilitar que se instalara la estación el Ayuntamiento otorgó una licencia de obras temporal con carácter definitivo a la ITV, que se asentaría en un futuro polígono industrial, cuya legalidad estaba pendiente y condicionada a la aprobación por parte de la Junta del plan parcial de Zalamea la Real. Desde el Ayuntamiento se negó que las obras realizadas en el futuro polígono industrial fueran para facilitar la ITV.»
* Enlace: Informe Defensor del Pueblo
Informe Defensor del Pueblo ITV Zalamea la Real