Los cuatro grupos políticos de la oposición municipal han señalado con motivo de los primeros 100 días de Espadas como alcalde que están a la espera de que presente sus proyectos de Ordenanzas Fiscales y Presupuestos para evaluar con mayor fundamento su gestión. El problema para Espadas es que desde abril el Ayuntamiento acumula 52 millones de euros en condenas judiciales, una cantidad que supera en 2,6 veces el presupuesto real de inversiones con que cuenta la ciudad para el año en curso y que deja al alcalde con una limitadísima capacidad de maniobra.
El Ayuntamiento no tuvo más remedio la pasada semana, obligado por sendas condenas judiciales en contra, que aprobar el pago de 122.448,15 euros a Telvent y de 173.043 euros a Telefónica, dinero que se suma a varias condenas millonarias que ha sufrido desde el mes de abril y que suman casi 48 millones de euros , a los que hay que añadir más de cuatro millones por intereses de demora y de otro tipo y de reconocimiento de derechos de cobro a las empresas que han pleiteado contra la corporación y han obtenido estas sentencias favorables.
En total, el montante de las condenas asciende a 52 millones de euros, y todavía hay en lontananza pleitos pendientes en los que se dirimen 28 millones de euros más. Dado que en el actual Presupuesto municipal de 2015 el dinero realmente disponible para inversiones asciende a unos 20 millones (en concreto 19.990.748 euros), los pagos por los fallos judiciales en contra superan en 2,6 veces esa cifra.
Por ende, a Espadas se le complica el escenario económico debido a que el Gobierno de la nación le transferirá al Ayuntamiento 6 millones de euros menos con cargo a la participación en los ingresos del Estado que en el último ejercicio. Entre condenas judiciales y menores transferencias, el alcalde se va a ver abocado a buscar aquello que dijo en su controvertido anuncio de bajada/subida del IBI: los resquicios que haya en las normas, para tratar de recaudar más fondos con los que afrontar esta complicada situación.
‘LEGADO’ DE MONTESEIRÍN
La sombra de Monteseirín es tan alargada que cuatro años y medio después de su salida del Ayuntamiento su negativa herencia aún sigue lastrando a sus sucesores. Sin contar las cantidades que tuvo que pagar Zoido en los primeros años de su mandato por sentencias también contrarias por la gestión de Monteseirín, especialmente por las obras de la Alameda y del carril-bici, el pasado abril el Consistorio recibió el, probablemente, mayor golpe judicial de su historia reciente al fallar la Justicia en su contra y a favor de Sacyr en el pleito por las Setas de la Encarnación: 36,5 millones de euros.
Ya con Espadas como alcalde, el Ayuntamiento ha sufrido otra condena en un pleito arrastrado desde la época de Monteseirín, por la cesión de suelos de Mercasevilla a Sando para la construcción de naves industriales. En este caso la condena ha sido de casi 9 millones de euros, que con los intereses de demora y otros conceptos se elevará a 12 millones en números redondos.
Los siguientes pleitos perdidos han sido heredados por Espadas de la gestión de Zoido: condena de dos millones por la suma de dos sentencias favorables a Detea en el caso de la comisaría de la Ranilla, que acabarán siendo tres millones, ya que la Justicia le ha reconocido a la empresa el derecho a reclamar otro millón más.
Y las dos últimas condenas en contra del Consistorio son a favor de Telvent por la revisión de precios al alza del contrato de las señales de tráfico (0,12 millones) y a favor de Telefónica por unas obras de modificaciones de líneas de comunicaciones (0,17 millones).
El Ayuntamiento se enfrenta además a una demanda de Detea de 20 millones por el ruinoso estado en que le entregó los edificios de la Policía en la Cartuja y a una reclamación de Resipark de 7,8 millones por la anulación del contrato que firmó Monteseirín para la construcción de aparcamientos subterráneos en suelos que resultó no eran de propiedad municipal.
La factura judicial del Ayuntamiento
Empresa Asunto Importe indemnización
Sacyr Setas Encarnación 36.532.464,18 euros
Sando Suelos Mercasevilla 8.944.710,30
Sando Intereses y otros (estimado) 3.055.290,00
Detea Sede Policía La Ranilla 1.902.366,91
Detea Sede Policía La Ranilla 177.923,88
Detea Intereses y otros 1.076.685,46
Telvent Señales de tráfico 122.448,15
Telefónica Líneas teléfono 173.043,00
TOTAL 51.984.931,88
Un informe del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil confirma que la mayoría, si no todas, de las promotoras y/o constructoras que participaron en el presuntamente amañado concurso por los suelos de Mercasevilla están vinculadas entre sí, porque se intercambian accionistas, consejeros, asesores y negocios. Así pues, el urbanismo regional es una inmensa cama redonda de todos con todos en la que los mismos de siempre se repartían los jugosos negocietes de los solares como en el siglo XIX las compañías mineras de Tharsis y Riotinto se repartieron el mercado del cobre, por áreas geográficas de influencia. Aquí tendría que haber intervenido hasta la Comisión Nacional de la Competencia, para dictaminar si se ha formado además un cártel del ladrillo. Dicen que a la luz de tales revelaciones esta rama del caso Mercasevilla puede sufrir un giro inesperado. ¿Rama? ¡Pero si por el diagrama de etiquetas y flechas de la Guardia Civil eso no es una rama, sino un árbol entero! Esperemos ahora que semejante fronda no le impida a la juez Mercedes Alaya ver el bosque.
Mellet, pues, lanza la pelota no hacia arriba, sino hacia abajo cuando menciona a sus subordinados por pasarle las facturas a la firma, como si entre sus funciones como director-gerente no hubiera estado la supervisión de los papeles que llegaban hasta su mesa y no debiera haberle llamado la atención la acumulación de facturas de un mismo proveedor en tan corto espacio de tiempo (algunas se sucedían mes tras mes) y por unas magnitudes desproporcionadas. Y es que con esos 112.064 kilos de pintura se habrían rellenado 5.603 latas de 20 kilos o 4.482 latas de 25 kilos, los formatos profesionales más habituales. ¿Cómo es que Mellet ni nadie recuerda haber visto un solo recipiente de una carga digna de un tráiler?
Ante la amenaza de huelga en Lipasam y Mercasevilla, el Ayuntamiento amaga con divulgar los abusos en las empresas municipales. Y filtra algunos botones de muestra: desde horarios laborales que acaban a las 13 horas los viernes hasta el derecho (¿?) de que un pariente ‘herede’ el empleo de un jubilado en Lipasam, en plan feudal, como si se tratara de una monarquía sindical hereditaria. De Juzgado de Guardia. Y, sin embargo, el gobierno local dice que no va a revelar estos privilegios, a costa de los contribuyentes y pese a la que está cayendo, “por responsabilidad y por facilitar el diálogo”. ¿Responsabilidad? ¡Cobardía!, para no enfrentarse a los sindicatos, cómplices de este régimen contrario a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos para optar a un empleo público, como ya dictaminó el Defensor del Pueblo en el caso de Tussam. El gobierno de los 20 concejales no tiene el valor de acabar con estos abusos y prefiere seguir haciendo la vista gorda. ¿En qué consistía el cambio de Zoido? Como en ‘El Gatopardo’, de Lampedusa, en que todo siga igual.
El jurado ha declarado culpable de cohecho en el caso Mercasevilla al exdelegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, una sentencia pendiente de ratificación por el juez y por las instancias judiciales superiores en la hipótesis de que sea recurrida. Si se confirmara, sería el primer alto cargo condenado por corrupción en los 30 años de historia de la Junta y se desmontaría el argumento de Griñán en contrario, eso de que jamás se había producido tal circunstancia. Lo significativo es que ahora tanto la Junta como el PSOE reniegan de Rivas y subrayan que ya no vive allí: dimitió de su puesto de alta responsabilidad y entregó el carné de militante, cuando su condena deriva justamente de sus actuaciones cuando era director general de la Consejería afectada por el escándalo de los EREs (Griñán lo mantuvo en el puesto aun estando imputado, en contra de su doctrina al respecto) y hombre fuerte del partido en Camas y de confianza de Viera cuando éste ocupaba la Secretaría General. A Rivas quiere hacerle el PSOE lo mismo que la UCI a Armstrong: borrarlo de la historia.
La suspensión de una de las sesiones del juicio por el escándalo Mercasevilla debido a la imposibilidad técnica de reproducir la famosa grabación en que los acusados habrían exigido, presuntamente, el pago de una ‘mordida’ de 300.000 euros a los empresarios del grupo La Raza es una metáfora de la situación de la Justicia. Para rizar el rizo, tuvo que ser un miembro del Jurado, de profesión informático, el que arreglara el cacharro -nunca mejor dicho- con que cuenta la Audiencia. Al igual que ante una urgencia en un teatro o cualquier otro local público se pregunta por los altavoces si hay un médico en la sala, a partir de ahora los jueces sevillanos deben estar preparados para inquirir si hay un informático entre los presentes, capaz de realizar una chapuza sobre la marcha. Ya que no podemos aspirar a que se construya la Ciudad de la Justicia de la que se viene hablando desde el siglo pasado por ser un tema de ciencia-ficción según el consejero Emilio Llera, roguemos al menos por que en los tribunales funcione el equipo de sonido, que no tiene tanta ciencia.
Si aún no se hubieran fallado los premios de la temporada taurina, sin duda alguna el delegado de Urbanismo, Max Vílchez, sería uno de los candidatos al del quite providencial, con la singularidad de que se lo ha hecho a sí mismo y no a un tercero. No de otra forma que un autoquite cabe interpretar la convocatoria urgente el otro día de una rueda de prensa para informar de que Fran Rivera y Carlos Herrera habían presentado mejor oferta que sus rivales para el mercado gourmet del Barranco…. aunque el concurso no se fallaba hasta una semana después. Se trataba de eclipsar el escándalo de la subida de tasas que preparaba Urbanismo y que le reventó el PSOE, porque ¿desde cuándo se convoca una rueda de prensa para informar sobre unas ofertas en vez de sobre la adjudicación propiamente dicha? Pero bien mirado, si en su tiempo se hubiera informado previa y públicamente ante los medios de que la oferta de Noga superaba en 62 millones de euros a la de de la filial de Sando en el concurso convocado a tal efecto quizás nos habríamos ahorrado el escándalo Mercasevilla.
Si no fuera verídico, como habría dicho Paco Gandía, parecería un chiste del serio humorista sevillano o de Gila: Mellet, el exgerente de Mercasevilla, se ha querellado contra los empresarios del grupo La Raza que, por indicación de un alto cargo de la Junta al que acudieron a contarle lo que les estaba pasando, grabaron la conversación en que aquél, presuntamente, les exigió el pago de comisiones ilegales. Saltó así el escándalo Mercasevilla, que en sus distintas ramificaciones, cual cerezas entrelazadas saliendo de un cesto, ha acabado destapando el de los ERE, los intrusos, los falsos prejubilados…. Sostiene Mellet que los empresarios han incurrido en un delito contra la intimidad y de violación de secretos. Pero, ¿qué quería, que le hubieran avisado de que le iban a poner una grabadora por delante para que les repitiera eso de que les pagara 450.000 euros en comisiones? ¿Y que hubieran guardado un silencio cómplice porque la exigencia, obviamente, era secreta? Si no fuera cierto la presentación de la querella, parecería un chiste, el chiste de Mellet.
Zoido, juez de profesión, alcalde y palangana confeso, declaró el otro día que no tendrá inconveniente alguno en acudir al palco del Sevilla F. C. (equipo del que creo recordar presidió hasta una especie de peña) y sentarse junto a Del Nido, ya que, en su opinión, “no hay que precipitarse, porque la presunción de inocencia es para todos y hay que respetarla”. Recordemos que Del Nido ha sido condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, inhabilitación y pago de 2,7 millones de indemnización por cooperación necesaria en los delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos, aunque haya recurrido luego la sentencia. Tiremos de hemeroteca. Abril de 2011. Torrijos es imputado en el caso Mercasevilla. Reacción de Zoido: “Estar imputado es, de por sí, algo muy grave, pero por una venta irregular de unos terrenos, por pura especulación, es más grave todavía”. El hoy alcalde mostró entonces su “asombro” por que “no suceda nada”, y dijo del político de IU lo siguiente: “No pregona con el ejemplo. De una vez por todas tiene que asumir su responsabilidad”.
La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, dice tras el varapalo del Supremo a la Junta en el caso de los ERE -con origen en Mercasevilla- que la voluntad de Griñán es remitir a la juez Alaya el 100% de las actas del Consejo de Gobierno “sin excluir ni una coma, porque no tiene absolutamente nada que ocultar”. Y si no tiene qué ocultar ni hay materia reservada en unas actas que por naturaleza deben ser públicas en una Democracia que sale reforzada por esta sentencia y por la batalla de la juez, ¿por qué se ha resistido como gato panza arriba durante meses a entregar los papeles y montó el numerito de los viajes de ida y vuelta en los armarios blindados hasta el Juzgado? De perdidos, al río, se habrá dicho Griñán, que quiere aparecer ahora marchando el primero por la senda de la transparencia. Según Mar Moreno, en el fondo la Junta ha procedido así por una mera cuestión de fuero. ¿Y qué fuero defendía si no era el de parapetarse tras un secreto oficial decretado por ella misma? Ahora los papeles tendrán que salir del armario. Al final, ni fuero ni huevo.