Apenas conocerse las dos sentencias por las que el Tribunal Supremo ha desestimado las pretensiones del consorcio dueño de Tablada y ratificado su condición de no urbanizable, Torrijos instó a Zoido a que convocara a los portavoces de los grupos municipales y, después, a “todas las partes interesadas” para explorar posibles soluciones sobre la base de que el precio de los terrenos se valore como suelo rústico y no como urbanizable para, se presupone habida cuenta de su política al respecto cuando era socio de Monteseirín en el gobierno, avanzar en su idea de la expropiación con el fin de convertir la dehesa en un parque periurbano.

Recapitulemos. Primer concepto básico: Tablada siempre ha estado calificada como No Urbanizable. Prohibición de construir. Así lo disponía el PGOU de 1987 y así lo ratificó el Plan vigente, aprobado en 2006.

Los poderes fácticos de la ciudad, con sus habituales connivencias políticas, creyeron fácil cambiar con el devenir del tiempo esta calificación urbanística, por todo el enorme negocio que supondría. Por eso, las ya extintas Cajas sevillanas, El Monte y San Fernando, le compraron la dehesa, contra el derecho del pueblo de Sevilla al que debió haber revertido, al Ministerio de Defensa en 1997 por 30 millones de euros.

Tres años después, en pleno ‘boom’ inmobiliario, le dieron el pase al consorcio Tablada-Híspalis, un ‘pool’ de inmobiliarias y constructoras como Osuna, Sando, Noriega, Arenal 2000…. a cambio de 82 millones. A continuación, el consorcio, que no podía decirse engañado por el carácter rústico, inundable y no urbanizable de los terrenos que compraba, las valoró en libros en 210 millones de euros sin haber puesto un solo ladrillo. Así se gestan los pelotazos inmobiliarios.

Para tratar de justificar esta milagrosa multiplicación de los euros, se hicieron algunas transacciones de suelos entre ellas mismas a precios inflados, dando la apariencia de una cotización de mercado que era puro artificio y basada en la expectativa de lograr la recalificación.

Al no poder cambiar el Plan General, lo han intentado por la vía judicial, agarrándose a la puerta que les abrieron Monteseirín y Torrijos con su idea, un mero futurible no plasmado en el PGOU, de convertir Tablada en un parque periurbano mediante su expropiación a precio de suelo rústico, algo en lo que vuelve a insistir Torrijos.

Naturalmente, los señores del ladrillo, que se habían gastado 82 millones de euros en ese suelo rústico con la idea de multiplicar ‘ad infinitum’ cada euro llenando de pisos y más pisos Tablada (¿cuál habría sido en tal caso la magnitud del estallido de la burbuja inmobiliaria en Sevilla si se hubieran satisfecho sus pretensiones?), no han estado ni están dispuestos a entregársela al Ayuntamiento por los 7 millones de valoración realizada por este último.

Toda la batalla judicial que han mantenido en estos años y que han perdido finalmente, al menos en esta etapa (el ladrillo nunca duerme y se queda latente en espera de la próxima revisión del PGOU), tenía por objetivo que el suelo rústico fuera declarado urbanizable para propiciar así el pelotazo, de momento imposible por el estallido de la burbuja, o, como mal menor, que se incluyera dentro del sistema general de espacios libres, con adscripción al suelo urbanizable a efectos de su valoración. O sea, que los dejaran en posición de construir o de ser expropiados al precio que ellos consideren de mercado de un suelo urbanizable con tales expectativas, que ahora sencillamente se han desinflado por el crash inmobiliario. Expectativas, nulas.

Independientemente de todas las matizaciones hechas en las sentencias y de las posibilidades que abriría al justificar la condición de no urbanizable de Tablada por la inundabilidad (¿hasta allí donde alcance el agua?) pero también por la discrecionalidad política, el Tribunal Supremo rechaza las dos pretensiones del consorcio, y subraya: “En realidad es la propia entidad recurrente quien al propugnar la inclusión de los terrenos de Tablada en el sistema de espacios libres está pretendiendo que el Plan General incorpore un título habilitante para su expropiación, pues la clasificación que el instrumento de planeamiento les asigna no supone ni determina la expropiación”.

Y ahora viene Torrijos (más Espadas) y le hace el juego al consorcio Tablada-Híspalis al plantear de nuevo justamente su pretensión subsidiaria, la que en la sentencia le niega el Supremo: volver a hablar de expropiación al volver a hablar del parque periurbano.

¿Es urgente? La última propuesta conocida para la creación de un parque periurbano en la dehesa fue la elaborada hace un par de años por la Plataforma Tablada Verde y Pública, que propugna excavar allí un lago de 40 Has., dotarlo de playa fluvial al precio de 3 euros por acceso, escuela de hípica, carril-bici, parapentes, aeromodelismo, huertos…. al coste inicial estimado de 20 millones de euros y de 1,5 millones de mantenimiento anual.

En el actual escenario de crisis y recortes hasta en servicios básicos como la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte metropolitano, etcétera, es inoportuno plantear el parque periurbano en Tablada, que abriría otra vez la vía de la expropiación.

Además, desde que Monteseirín y Torrijos lanzaron esta idea se han ampliado considerablemente las zonas verdes mediante el plan de restauración hidrológico-forestal conveniado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que, con una inversión de 109 millones, ha permitido reforestar 425 Has. Las últimas, las 60 del parque del Guadaíra.

Y 425 Has. son más que las 367 de Tablada.