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Mi paisano Manolo

Manolo ya era un zagalón cuando mis padres decidieron enviarme a un internado de la capital para que estudiara el Bachillerato. Yo aún no había cumplido los once años. Aunque distante poco más de 50 kilómetros de mi pueblo, aquella urbe provinciana sin pretensiones me pareció tan lejana como si estuviera en el fin del mundo, allí donde Julio Verne situó el faro de una de sus novelas. 

Mi paisano Manolo ya llevaba en aquel colegio, similar al que inspiró a Vaz de Soto su libro ‘El infierno y la brisa’, varios cursos, así que mis progenitores me encomendaron a su protección frente a la jauría humana compuesta por otros doscientos aprendices, oriundos de los municipios más insospechados. Sólo con enterarse del lugar de procedencia de muchos de ellos ya se podían situar en el mapa los pueblos de la provincia y aprender sin libros ni maestros la primera lección de geografía, como si se tratara del método de Paulo Freire.

 

De vez en cuando mi paisano Manolo se sentaba junto a mí en el alféizar de una ventana, extraía de uno de sus bolsillos una armónica e interpretaba melodías llenas de nostalgia que nos transportaban a ambos a nuestro añorado pueblo, sito en las estribaciones de Sierra Morena, nuestro común y miltoniano paraíso perdido, como el Moguer del niñodiós Juan Ramón, para el que, como a nosotros, cada casa era palacio y catedral cada templo.

Pasaron los años, entonces tan lentos y ahora a la velocidad de la luz, y mucho antes siquiera del cierre de la mina de la que dependía la economía local mi paisano Manolo tomó el mismo camino que otros 800.000 andaluces que en Cataluña acabaron formando la denominada “novena provincia”: el doloroso camino de la emigración.

Manolo lleva en Barcelona decenios, pero no vive allí, aunque lo parezca. En realidad, como en la canción de Luis Aguilé que él podría tocar con su armónica, su corazón lo sigue teniendo en nuestro blanco pueblo andaluz, donde aún conserva la casa familiar, como los historiadores dicen que los judíos expulsados de Sefarad conservan las llaves de sus viviendas, confiando en regresar algún día, aunque ese día se cuente ya por siglos.

Mi paisano Manolo, al igual que otros hijos de nuestro pueblo tan exiliados económicos como él, procura volver para reencontrarse con sus raíces al menos una vez al año, con motivo de la Feria estival, pero no siempre puede. Es más, cada vez puede menos. Ya se sabe: que si el trabajo, que si los hijos que le nacieron en aquella tierra extraña, que si los nietos que le atan cada día más…

Aun así, contra viento y marea, Manolo mantiene en pie su casa en el pueblo, a 1.100 kilómetros de Barcelona, una de esas casas tan denostadas por los políticos, porque para éstos no está llena de amor; de esa infancia que es la patria del hombre; de proustianos recuerdos de pestiños y torrijas; de las voces de abuelos, padres y hermanos; de vivencias, ilusiones, sueños y también de lágrimas; de tantas cosas sin las que Manolo no entendería su existencia y no se entendería la existencia de Manolo. Sí, la casa de mi paisano está maldita a ojos de los políticos sin alma porque para ellos es una mera vivienda vacía, una inútil vivienda desocupada durante años y años, por lo que dicen que deben buscar fórmulas fiscales para castigarle, a él y a otros propietarios como él, por no ponerla en el mercado ( en venta o alquiler) y no generar, según ellos, ninguna actividad económica. Opinan que es como aquellos bienes en manos muertas de la Desamortización de Mendizábal.

Cuando voy al pueblo casi siempre paso por delante de la casa aparentemente cerrada y aparentemente vacía de Manolo. Aparentemente, porque como suele ocurrir en nuestros pueblos andaluces la vecina, ya octogenaria, de toda la vida tiene las llaves que le dejó Manolo y periódicamente abre la vivienda para que se oree, la inspecciona y da parte telefónico a Barcelona de cualquier mínima incidencia. En mi pueblo los vecinos se cuidan unos a otros y cuidan de sus cosas, incluso -o más- las de los ausentes. Allí se practica desde siempre eso que ahora los modernos de las ciudades, pensando en que han descubierto América, llaman con anglicismos raros, como “coliving”, “cohousing” y palabros por el estilo.

Deambulando machadianamente por la calle, al pasar por la puerta de Manolo se me ocurrió calcular cuánto le estará costando, por amor a su tierra andaluza, mantener la casa en el pueblo, a la que antes volvía una vez al año durante las fiestas patronales y ahora lo hace cada vez más de tarde en tarde. Veamos:

-La factura mensual de la compañía del agua, aunque no consuma nada, le cuesta 25 euros (300 euros/año).

-El recibo de la luz, aunque no encienda ninguna bombilla y sólo por una potencia normal de 3,3 Kw, 17 euros mensuales (204 al año).

-El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que le carga el Ayuntamiento y que él tiene domiciliado en una entidad financiera otrora andaluza y ahora tan catalana como allí donde se encuentra, asciende para una casa como la suya a unos 278 euros anuales.

-La tasa de residuos, 48 euros/año.

-El Ministerio de Hacienda la califica como una segunda residencia, ya que su vivienda habitual es la de Barcelona, por lo que le imputa en la declaración anual de la renta (IRPF) una renta presunta (vamos, como si estuviera ingresando dinero por un supuesto pero inexistente alquiler) de 500 euros, que le restan en el resultado final de su declaración.

Así pues, a mi paisano Manolo la casa que califican de vacía en el pueblo y que mantiene por amor y para no perder sus raíces, a la que sueña con volver antes que morirse lejos de Andalucía, le cuesta como mínimo 1.330 euros anuales.

 

Pero eso no es todo. Si además la tuviera asegurada, la compañía aseguradora le cobraría unos 130 euros anuales. Cada cinco años debe pasar la obligada inspección del butano, a razón de entre 60 y 80 euros. También cada cierto tiempo contrata a albañiles y/o pintores del pueblo para que revisen el tejado, encalen los muros exteriores e interiores y arreglen los desperfectos que surgen con el paso del los años y la acción de los elementos o le hagan algunas mejoras. A ello hay que añadir la compra de algún mobiliario nuevo, los consumos que hacen él y su familia cuando vienen…

Así que Manolo, aun a 1.100 kilómetros de distancia, da jornales a albañiles y/o pintores, contribuye a la cuenta de resultados de Giahsa, Endesa y Repsol y aporta a las arcas del Ayuntamiento y del Ministerio de Hacienda sin apenas disfrutar siquiera de los servicios públicos de su municipio de origen.

Por eso, cada vez que oigo a políticos demagogos hablar de imponer tasas específicas a los propietarios de viviendas vacías para penalizarlos fiscalmente, sin tener ni idea del esfuerzo económico que hacen aquéllos ni de su contribución al erario público, me acuerdo de mi paisano Manolo, el que a su pesar está censado en Barcelona, y me digo que a Manolo y a tantos como él no hay que imponerle una tasa, sino una medalla, la medalla de oro de la España vacía.



Íntimo adiós a Ricardo Gómez Ruiz, amigo y maestro

Se me ha ido, a los 83 años de edad, Ricardo Gómez Ruiz, mucho, muchísimo más que un maestro nacional de Zalamea la Real, su pueblo y el mío. Don Ricardo, porque en los pueblos los maestros llevan explícito el Don, proyectó su magisterio a muchos más ámbitos que el de los muros de un colegio y superó con creces el reduccionismo de aquellos que se refieren a los docentes populares en términos de simples “maestros de escuela”.

Ricardo era una escuela en sí mismo, un polifacético autodidacto, del que en propiedad podía decirse que “sabía de todo”. Sí, por ejemplo sabía de Biología más que muchos biólogos, como nos demostró, por si teníamos alguna duda, al redactar el capítulo ‘Notas biológicas’ de mi libro ‘Un pueblo por descubrir’, dedicado a Zalamea la Real. Sabía de geografía de la provincia de Huelva como el mejor geógrafo y en sus exploraciones por esos montes perdidos descubrió las últimas colonias de buitres negros de Aroche, a las que dedicó uno de sus libros y ayudó, comunicando su descubrimiento a la Estación Biológica de Doñana, a salvarlas de la extinción.

Aunque nos separaban más de veinte años, gracias al privilegio de su amistad pude acompañarle en varias fantásticas excursiones: por antiguas minas abandonadas del Andévalo, que como el arpa de Bécquer están esperando alguna nueva compañía que las devuelva a la vida; bajando el curso del río Tinto por la vía del tren construido por los ingleses hasta el embarcadero de mineral en Huelva capital; yendo al singular cortado de Palanco, donde fantaseé con rehabilitar el abandonado poblado minero para usos turísticos y así reactivar la economía de nuestro pueblo y de la Cuenca de Riotinto; y por las orillas del río Odiel, en un precioso anticipo de lo que sería su libro sobre los molinos del otro gran río onubense, ese que abraza por el Oeste nuestro término municipal.

Ricardo Gómez Ruiz sabía también de historia, un saber que desparramó por diversos artículos (que deberían ser recopilados) en la Revista de Feria del Ayuntamiento y en otras publicaciones editadas en nuestro municipio y que trascendió el ámbito local al escribir hasta una  novela histórica, ‘Las murallas de Niebla’, distinguida con el premio Onuba.

Me hizo el honor de prologarle el cuarto (no cronológicamente) de sus libros, un proustiano ‘Zalamea íntima’, en el que volvió a hacer una demostración de sus amplios conocimientos, en este caso musicales y folklóricos, como buen hijo del añorado don Adriano, su padre y también maestro, cuyas notas pianísticas nos dejaban embobados a los chiquillos de su época. 

Así, libro a libro, artículo a artículo, Ricardo Gómez Ruiz  nos demostró a todos que no hacía falta vivir en una gran ciudad ni formar parte de ningún cenáculo para sentar cátedra, desde un pequeño pueblo de poco más de 3.000 habitantes sito en el corazón de la provincia de Huelva, sobre cualquier materia que se propusiese: Geografía, Biología, Zoología, Ecología, Minería, Folklore, Historia….

A pesar de su desencanto con tantas derivas y tantas cosas, me prestó una ayuda impagable en mi lucha en defensa del patrimonio colectivo de Zalamea la Real (ejidos, coladas y abrevaderos), cuya existencia negaron ciertos gobiernos locales que se hacían llamar socialistas. Con Ricardo y con otro maestro nacional (parafraseando a Alberti tengo que preguntarme dónde están los maestros zalameños y andaluces de ahora), Pastor Cornejo, los tres hicimos el gran mapa-póster en color de las antiguas vías pecuarias de Zalamea la Real, esas que no desespero puedan recuperar algún día nuevas generaciones de zalameños cuando busquen y descubran la verdad, manipulada  en beneficio de particulares intereses y para ocultar traiciones e ilegalidades.

A pesar de la diferencia de edad y de la relativa lejanía física, nunca faltaron, fueran o no fechas señaladas, las llamadas telefónicas para saber el uno del otro, hasta que un espeso manto de oscuridad se apoderó de su mente en los últimos años de su existencia y preferí no verlo así, sino recordarlo tal como era en plena lucidez, cuando me hacía partícipe de sus saberes sobre el medio natural y la naturaleza humana o caminábamos entre jaras y mortiños por los montes del Andévalo.

Se me fue y se nos fue Ricardo Gómez Ruiz a caminar por celestes senderos y a explorar la eternidad, pero permanece vivo en nuestra memoria; y en sus libros y artículos para todos aquellos que quieran impregnarse de sus conocimientos y descubrir tantos aspectos de la Zalamea de su tiempo y de la Zalamea de siempre.

Gracias por lo mucho que nos has dado, Ricardo.








Registros

Hacienda admite que no verificó la información que atribuía a la infanta Cristina la venta de trece fincas urbanas y rústicas y la Agencia Tributaria ha tratado de descargar la responsabilidad sobre los registradores de la propiedad. Estos, a su vez, han calificado de “ínfima” la posibilidad de que ellos puedan cometer error alguno.

No sólo Hacienda no comprueba la veracidad de los datos de los registradores y da por buena sin más cualquier notificación, sino que también alguno de éstos incurre en esa misma práctica. A las pruebas me remito en el caso del exalcalde de Zalamea la Real y exdiputado socialista Francisco Sánchez Moreno, que utilizó el coladero del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y la inopia del Registro para tramar una operación urbanística ilegal en beneficio de Anisados Arenas.

El entonces alcalde se inventó una finca en la que falseó el nombre, la calificación urbanística, la extensión….. y con el argumento de que no estaba aún inscrita acudió al Registro de la Propiedad, que la inmatriculó sin verificar ni un solo dato, pese a que los terrenos, ejidos comunales, constaban como tales en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento e ¡inscritos en el mismo Registro desde el año 1933!.

Pese a mis escritos al Registro y a la Dirección General del Notariado alertando de la usurpación de bienes comunales del pueblo, nada hicieron al respecto o, todo lo más, argüir que las acciones de la Administración tienen presunción de veracidad frente a los particulares. Recalificados los suelos como bienes de propios gracias a la cooperación/inhibición del Registro, el alcalde, conchabado con el industrial, organizó luego una permuta de suelos con aquél que permitió la construcción de una nueva fábrica de aguardiente. Tan plagada de ilegalidades estaba, que también con la cooperación necesaria de la Junta de Andalucía hubo que legalizarla  cambiando las Normas subsidiarias,  cuando lo que jurídicamente procedía era la demolición.

Posteriormente, el Consistorio comunicó al Registro que probablemente se había producido una doble inmatriculación de los terrenos, tal como yo venía denunciando, pero cuando la nueva fábrica ya estaba consumada. El Registro corrigió el ‘inocente’ error y así quedó ‘blanqueada’ la ilegalidad urbanística y la registral.

Si alguien vigila al vigilante, nunca tendrá la presunción de veracidad frente a éste y, en último extremo, como con la infanta, dirán que hubo un fallo humano. Pero pruebe a fallar el lector, a ver qué le ocurre.

Más información en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/

 

Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/

Luis Gómez Llorente, ‘in memoriam’

El pasado 5 de octubre murió en Madrid a los 73 años de edad Luis Gómez Llorente, exvicepresidente del Congreso de los Diputados, exsecretario de Formación del PSOE y ex profesor de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. Esta luctuosa noticia me retrotrae 35 años en el tiempo, cuando yo era entonces un joven veinteañero estudiante de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En un suelto de la revista Triunfo habíamos leído, tanto yo como algunos otros compañeros de aquella época, la noticia de la muerte en el exilio de México de un historiador socialista que había nacido en Zalamea la Real, nuestro pueblo natal: Antonio Ramos Oliveira. Ninguno teníamos noticia de la existencia de aquel personaje, y aquello fue motivo más que suficiente para tratar de reconstruir su biografía zalameña y, luego, de tributarle un homenaje reivindicativo de su memoria, tal como ya conté en una Revista de Feria de Zalamea. Y allí que aprovechando mi estancia estudiantil en la capital de España y con el entusiasmo y la ingenuidad propias de la edad, me dediqué a recabar apoyos en pro de la materialización de aquella idea de aquellos que pudieran tener alguna vinculación con Ramos Oliveira o motivo para adherirse al proyecto.

En el cartel diseñado para el homenaje, que se fijó para el domingo 10 de abril de 1977 (Domingo de Resurrección) en el escenario del cine ‘Ruiz Tatay’, figuraban el entonces redactor jefe de la revista ‘Triunfo’, el gran periodista onubense Víctor Márquez Reviriego, aunque se apuntó más bien para motivar al resto, ya que desde el inicio teníamos claro por sus ocupaciones de que iba a resultar prácticamente imposible su asistencia; Alfonso Guerra, que también se cayó, con más razones que las esgrimidas por Reviriego dado su esencial papel en el PSOE dirigido por Felipe González; Manuel Azcárate, el político comunista que había conocido a Ramos en su época de diplomático de Naciones Unidas, y Luis Gómez Llorente, entonces secretario de Formación del Partido Socialista.

Tras los abandonos de Reviriego y Guerra, en las semanas previas al acto público el cartero me trajo un telegrama a casa. Recuerdo que era un día lluvioso. Azcárate me comunicaba la imposibilidad de acudir a Zalamea la Real al homenaje. Sólo nos quedaba Luis Gómez Llorente, que fiel a su bonhomía, no faltaría a la cita, si bien yo estuve angustiado hasta el último minuto. Pegamos carteles por todo el pueblo, aunque muchos fueron arrancados. Y además se produjo un hecho inesperado: en la víspera, el 9 de abril de 1977, el Gobierno de Suárez legalizó el Partido Comunista de Santiago Carrillo, también recientemente fallecido. Aquel día pasó a la historia como el Sábado Santo Rojo. Y a la jornada siguiente, Domingo de Resurrección, estaba anunciado el homenaje, acto que se convirtió en motivo de fiesta y exaltación de las fuerzas políticas de izquierda en la Cuenca Minera de Riotinto sin que nadie se pudiera imaginar aquella circunstancia. Algunas viejas se persignaban por la calles y otros evocaban con temor la Guerra Civil sin saber que justo entonces empezaba la Transición de la España de la concordia.

¿Vendría o no vendría Gómez Llorente? ¿Qué ocurriría si no aparecía con toda aquella masa de gente esgrimiendo banderas rojas con la hoz y el martillo? Para alivio mío y del resto de amigos que con nuestro entusiasmo juvenil organizamos aquel homenaje sin prever sus posibles consecuencias, Gómez Llorente apareció con cierto retraso por la cuesta que desembocaba en el cine/teatro en un coche conducido por un tal Pepote Rodríguez de la Borbolla, según supimos después (Pepote acabaría de presidente de la Junta de Andalucía), y acompañado por Margarita Ramírez Montesinos, que había sido mi profesora de griego  en el Instituto La Rábida, de Huelva.

Luis Gómez Llorente dio una lección magistral sobre el escenario del teatro. Lementablemente, la persona encargada de grabar el acto y cuyo nombre omito siempre por no indignarme más, dijo que no pudo hacerlo porque….. se la había olvidado ponerle la cinta a la grabadora. Así no pudimos ni transcribir ni editar aquella conferencia, ya que Luis habló sin papeles. Al final se ganó una estruendosa ovación y la gente salió encantada tras agolparse para felicitarlo efusivamente. El firmó ejemplares de su libro ‘Aproximación a la historia del socialismo español’. Luego departimos en petit comité en una mesa del Permanente, sobrenombre del casino del pueblo, y me causó una impresión aún mejor que la que me había dado durante nuestros breves encuentros en la sede del PSOE en Madrid, que por entonces no estaba en la histórica calle de Ferraz, sino en la de García Morato, nombre del as de la aviación franquista con el que también había sido bautizado el complejo sanitario de Sevilla, hoy el ‘Virgen del Rocío’. Tal como se le ha calificado en alguna nota necrológica de estos días, era un hombre machadiano, coherente con sus ideas y viviendo conforme a sus convicciones y con una forma enormemente didáctica de hablar, cualidad de un gran profesor.

Nunca más mantuvimos nuevos contactos. Yo era aún un estudiante cuando ya ocupaba cargos de mucha mayor responsabilidad política y no quise molestarle, pero siempre guardaré en mi memoria el gesto que tuvo con un joven idealista que acudió a verle para pedirle que acudiera a un pueblo desconocido para él y  situado a 700 kilómetros de su lugar de residencia con objeto, incluso costándole el dinero el desplazamiento, de rendir homenaje a un historiador muerto en el exilio dos años antes. Por paradojas de la vida, él acabaría sumido en un exilio interior dentro del PSOE tras el abandono del marxismo por su partido, y refugiado en la enseñanza y dedicado a sus alumnos. Descanse en paz Luis Gómez Llorente.

* Luis Gómez Llorente, maestro socialista (Obituario publicado en el diario El País):

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/05/actualidad/1349437419_685106.html

 

*Luis Gómez Llorente, temible dialéctico y socialista cabal (Artículo de Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona en el diario El País):

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/08/actualidad/1349652474_321435.html

 

*Luis Gómez Llorente, un socialista clásico (Artículo de Antonio García Santesmases y Manuel de la Rocha Rubí en el diario El País):

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/09/actualidad/1349735457_720830.html

 

 

Por un puñado de votos

El pasado 6 de enero se conoció una sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 15, en virtud de la cual un matrimonio sevillano era condenado a un año de cárcel por haber construido una vivienda de 85 m2, un establo-gallinero y una cimentación para una piscina sin licencia y en un terreno no urbanizable de Utrera.
Tres días después, una mujer de 37 años era condenada por el Juzgado de lo Penal Nº 12 a seis meses de prisión por haber edificado, también sin licencia, una casa de dos plantas en una zona de viñedos de Lebrija, de forma tan ostentosa que llamaba desde lejos la atención al destacar sobremanera entre el resto de construcciones.
Como decía Luis Aragonés después de las derrotas en el fútbol, a estos condenados también se les habrá quedado cara de tontos al ver el 10 de enero cómo el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba un decreto de regularización (eufemismo para no hablar de legalización) de entre 250.000 y 300.000 viviendas construidas sin permiso y sobre suelo no urbanizable en toda la región.

INTERESES ELECTORALES

Edificaciones tan ilegales como las de estos sevillanos eran amnistiadas por el Gobierno autónomo, mientras que ellos podían acabar entre rejas al igual que todos los que estando en una situación similar han sido condenados por la Justicia, más atenta en los últimos tiempos a las ilegalidades urbanísticas, siquiera para resolver parte de las decenas de denuncias elevadas por el Seprona.
¿Por qué unos sí y otros no? ¿En qué ha radicado la diferencia para ser condenado o amnistiado? Pues, sencillamente, en que el mismo Consejo de Gobierno que adoptaba la decisión de indultar las 300.000 viviendas ilegales pendientes era el que recibía del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la notificación interna de que las elecciones autonómicas se iban a convocar el próximo 25 de marzo.
La diferencia ha radicado, pues, en la convocatoria de unos comicios en que el PSOE se juega el ser o no ser en el último bastión que le queda frente a la marea azul del PP y el mantenimiento del poder y las prebendas asociadas de que ha disfrutado en los 30 años de la Autonomía. Por tanto, el indulto urbanístico aprobado casi en simultáneo a la convocatoria electoral y del que se beneficiarán 300.000 propietarios de construcciones ilegales y sus familias (multiplíquese el efecto por cuatro como promedio) equivale a congraciarse con al menos un millón de andaluces, potenciales votantes el 25-M.

INHIBICIÓN

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, declaró tras el Consejo de Gobierno que el decreto regularizador urbanístico era “un ejercicio de realismo”, consistente en adaptar la realidad física a la jurídica, con el objetivo de “acotar un fenómeno del pasado que se ha venido desarrollando durante muchos años”. Se le olvidó decir que con la complicidad, por acción u omisión, de la Junta de Andalucía y de ella misma, como puede dar fe quien suscribe.
A principios del año 1995 denuncié tanto ante la Consejería de Obras Públicas como ante el Defensor del Pueblo una gran explanación con maquinaria pesada en suelo rústico de Zalamea la Real para acometer ilegalmente la construcción sobre 4.760 m2 de lo que luego se revelaría una instalación industrial, extremo reconocido por el informe que al respecto trasladó la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo al Defensor, el cual la indujo a que, por subrogación, ejerciera sus competencias en defensa de la legalidad urbanística.
El Defensor tuvo que dirigirse en varias ocasiones a la Dirección General de Urbanismo para instalarla a a actuar contra aquella ilegalidad, y sólo a finales de año su titular se dignó contestar diciendo que iba a realizar un nuevo análisis de la situación al objeto de iniciar, en su caso, las actuaciones de disciplina urbanística. Aquel organismo de la Junta, cuya titular era Josefina Cruz Villalón, se inhibió durante meses, y así al final se consolidó la obra ilegal. Gracias a su dejación en aquel caso, la realidad física de una construcción iniciada fuera de la norma acabó con cobertura jurídica, exactamente lo mismo que ahora, sólo que 300.000 obras ilegales después.

INCOMPETENCIA

Al amnistiar tal ingente cantidad de viviendas ilegales en la provincia de Sevilla (un informe del Defensor del Pueblo realizado en el año 2000 detectó 359 urbanizaciones ilegales en 42 pueblos sevillanos, sin contar las viviendas  diseminadas) y en las otras siete provincias  andaluzas, la Junta se está indultando también a sí misma de su escandalosa incompetencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, pese a haber dispuesto de las transferencias desde los albores de la Autonomía, hace 30 años.
Ha contado hasta con teledetección espacial, que le permitía identificar si en una finca se plantaban más cultivos de los declarados para cobrar las subvenciones de la UE, pero misteriosamente (¿?) el Gobierno andaluz era incapaz de ver cómo a escasos kilómetros incluso de su Consejería de Obras Públicas crecían urbanizaciones como la de Las Minas, en Castilblanco, ¡cinco veces más grande que todo el casco urbano del pueblo!
Frente a los honrados ciudadanos que han respetado las normas y pagado más caras sus viviendas por todos los costes urbanizadores, el papeleo y los impuestos, la Junta, con este decreto  regularizador, lanza el mensaje de que premia la ilegalidad y de que ésta queda impune.
Si para Enrique IV París bien valía una misa, para Griñán, San Telmo bien vale hacer la vista gorda sobre 300.000 viviendas ilegales.

La Junta de Andalucía hizo la vista gorda en las ilegalidades de la ITV de Zalamea

El diario ABC, que ya difundió una información sobre los ‘enchufados’ socialistas  en la ITV de Zalamea la Real, informa ahora (5 de diciembre de 2011, Página 34) de que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía desoyó denuncias urbanísticas sobre estas instalaciones industriales y que otorgó una licencia temporal a la empresa gestora, casualmente propiedad al 100% del propio Gobierno andaluz, para que se ubicara en una zona sin desarrollo urbanístico, lo cual suponía una vulneración de la ley, otra más protagonizada por la Junta y el entonces Ayuntamiento socialista zalameño. Ambas instituciones hicieron caso omiso a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Por su interés y por apuntar cómo se desprecia la legalidad urbanística en nuestra tierra, reproducimos la información divulgada por el rotativo sevillano:

“La ITV de Zalamea la Real, dependiente de la empresa pública de la Junta Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), ha estado envuelta en la polémica desde sus orígenes. A la denuncia, hecha pública días atrás por ABC, de que hasta cinco familiares directos de cargos socialistas trabajaban en las ITV de la provincia de Huelva, entre ellas la de Zalamea, hay que sumar que la instalación de esa estación en esa localidad pudo presuntamente vulnerar la legislación urbanística, tal como alertó el Defensor del Pueblo Andaluz a la Junta, que, sin embargo, no apreció irregularidad.

Josefina Cruz Villalón, actual consejera de Obras PúblicasLos hechos se remontan a mediados de la década de los 90 y podrían resumirse en que el Ayuntamiento de Zalamea, entonces en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía maniobraron para modificar el planeamiento urbanístico del municipio, con el objetivo de que Veiasa instalara una estación de ITV sin demora alguna, saltándose presuntamente la legalidad urbanística y pasando por alto las alegaciones de algún vecino. Esas denuncias llegaron a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y este las comunicó a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuya titular era entonces la actual consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz. Este departamento se comprometió a analizar la situación, pero no puso reparos a la instalación de la ITV.

Estas conclusiones se extraen de los escritos que planteó en 1995 un vecino de Zalamea a la Consejería de Obras Públicas y al Defensor del Pueblo Andaluz, en los que acusaba al Ayuntamiento de beneficiar a empresas amigas, en referencia a Veiasa y Anisados Arenas, mientras frenaba al resto de firmas interesadas en instalarse en el polígono industrial donde se ubicó la ITV.

Para facilitar que se instalara la estación el Ayuntamiento otorgó una licencia de obras temporal con carácter definitivo a la ITV, que se asentaría en un futuro polígono industrial, cuya legalidad estaba pendiente y condicionada a la aprobación por parte de la Junta del plan parcial de Zalamea la Real. Desde el Ayuntamiento se negó que las obras realizadas en el futuro polígono industrial fueran para facilitar la ITV.”

* Enlace: Informe Defensor del Pueblo

Informe Defensor del Pueblo ITV Zalamea la Real