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Zoido le regala un contrato de 680.000 euros al Betis para compensarle sus deudas

El dinero a cambio de servicios desconocidos equivale al 70% de la deuda con la Hacienda municipal

Antes el Consistorio le aplicó quitas suplementarias a la judicial por valor de 123.947 euros

 

El Consejo Rector de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado un convenio entre el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y el presidente del Betis, Miguel Guillén, por el que el Consistorio aplica unas generosas quitas, superiores a las contempladas en el convenio de acreedores de la entidad verdiblanca y en el que figura por adeudarle el club heliopolitano casi 1,4 millones de euros tras no pagar desde 2008 tributos como el IBI, IAE, sellos del coche e ICIO. Además, el alcalde se ha comprometido en el convenio marco con el Betis a adquirir servicios ofrecidos por la entidad verdiblanca, los cuales no se especifican, por valor de 170.000 euros anuales durante un cuatrienio y con los que el Betis se compensará el 70% de la deuda tributaria pendiente con el Ayuntamiento después de las quitas que le ha aplicado. En contraste, los sevillanos han pagado 16 millones de euros más durante el mandato de Zoido sólo por los recargos aplicados en el IBI.

El Betis adeudaba 1.395.574,98 euros al Ayuntamiento por tributos impagados desde el año 2008, por lo que el Consistorio acabó incluido en el convenio firmado con la entidad de Heliópolis tras la aprobación por la Justicia del concurso de acreedores, en virtud del cual se vio obligado a aplicarle una quita del 50% sobre los créditos ordinarios/subordinados.

Sin embargo, durante la tramitación del convenio de colaboración acordado entre Zoido y Guillén, la Intervención del Ayuntamiento detectó que la Agencia Tributaria Municipal tomó como referencia de la deuda reconocida la cantidad de 1.350.571,08 euros, es decir 45.003,90 euros menos de la cuenta. Asimismo, detectó que la Agencia Tributaria no aplicó los debidos recargos a la hora de calcular la quita del 50% emanada del convenio judicial y que en vez de trabajar sobre una base de 456.388,03 euros había estimado otra inferior, siempre favorable al Betis, por valor de 377.443,20 euros. La diferencia, pues, era de 78.944,83 euros en este sentido.

La Agencia Tributaria se escudó en cuestiones burocráticas, en discordancias de fechas con la sentencia judicial y en compensaciones de oficio para justificar estas minoraciones, que suman 123.947 euros, con lo que al final, entre unas cosas y otras, la deuda que el Ayuntamiento le exigía al Betis ha pasado de casi 1,4 millones de euros a tan sólo 973.127,88 euros.

Tras esta quita global por 422.447,10 euros, Zoido y el presidente del Betis, Miguel Guillén, han acordado un convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento y el club por el que éste pagará su deuda de la siguiente forma: 135.011,68 euros en el plazo de 6 meses; 153.577,66 euros en los tres próximos años, sin recargo de intereses (un subtotal de 460.672,99 euros); y el resto, 377.443,21 euros, se lo fracciona el Ayuntamiento, también sin interés legal alguno siquiera, una parte durante ocho años (desde 2013 hasta 2020), y otra parte durante otros ocho años, a contar una vez abonada la primera cuantía de este tramo (entre 2021 y 2018).

Además de otorgar estas extraordinarias facilidades de pago sin recargo alguno, que el Ayuntamiento atribuye a las exigencias del convenio judicial y no a una decisión propia, Zoido se ha comprometido con Guillén en el convenio a comprarle al Betis “determinados servicios y recursos”, que se concretarán a principios de cada año, por valor de 170.000 euros anuales desde 2013 hasta 2016, con lo que el Ayuntamiento desembolsará al Betis un total de 680.000 euros.

En virtud del punto 3.3 del convenio, el Consistorio procederá a compensar de oficio estos 170.000 euros anuales con la deuda tributaria del Betis, por lo que al final los 973.127,88 euros que debe el club heliopolitano se verán reducidos en la práctica a 293.127,88 euros y con facilidades de pago en cómodos plazos sin intereses hasta el año 2028.

Conejos en la chistera

El pasado viernes se celebró el debate sobre el estado de la ciudad. La fecha no ha podido ser peor elegida por el alcalde, aunque tenga su lógica a modo de examen al final del curso político. Si hubiera tomado como referencia el final del año natural y antes de las vacaciones de Navidad no tendría tan cerca dos hitos que permiten establecer odiosas comparaciones: el aniversario de la toma de posesión de Zoido como alcalde, el 11 de junio, y la celebración de los debates sobre el estado de los once distritos, a modo de prólogo del gran debate y que ha permitido  obtener una visión de Sevilla mediante la yuxtaposición de las radiografías de cada una de las partes en que está dividida.

Viva Sevilla ha ofrecido un análisis socioeconómico de cada distrito y, previamente, un amplio informe en el ecuador del mandato de Zoido, en el que quedaba claro el incumplimiento de la mayor parte de las 135 promesas de su  programa para las municipales de mayo de 2011, desde los 29 aparcamientos (no ha hecho ninguno) hasta el pabellón cubierto en Los Bermejales con pistas de nieve artificial, pasando por centros cívicos y deportivos, guarderías, comisarías de Policía, mercados y hasta centros de salud.

PROGRAMA AL 70%

Pese a la evidencia del contraste entre lo prometido y la realidad, el alcalde y el grupo del PP proclamaron impertérritos en vísperas del 11 de junio que habían cumplido el 60% de su plan para Sevilla. Sin falsa modestia, algunos concejales han subido aún más el listón en los recientes debates de distrito: el delegado de Bellavista-La Palmera, Rafael Belmonte, evaluó en un 70% el cumplimiento del programa, y Francisco Pérez, delegado de Triana, en un 63%.

Y en esto Zoido llega al debate sobre el estado de la ciudad y afirma que ya ha cumplido el 70% de sus promesas. Del 60% del 11 de junio hemos pasado al 70% en menos de mes y medio. A este exagerado ritmo, Zoido puede dar por concluido su mandato en menos de cinco meses, pues en tal lapso de tiempo podrìa proclamar que ha cumplido el 100% del programa y que ya no le quedaría nada más que hacer, con lo cual a partir de enero de 2014 podría concentrarse única y exclusivamente en su rol de presidente del PP andaluz, por más que no sea previsible que para entonces tampoco haya construido ninguno de los 29 aparcamientos, las pistas de nieve artificial de Los Bermejales, los centros cívicos y demás.

Así, sin cortarse lo más mínimo, entró Zoido al debate, en el que no aludió a los 89.000 parados sevillanos, pese a su famosa promesa de convertirse en el ‘alcalde del empleo’ (12.000 parados más que cuando él llegó a la Alcaldía), ni a las 1.000 VPO que iba a construir cada año para los 16.600 sevillanos inscritos en la lista de espera de Emvisesa.

DESCRÉDITO

Zoido reeditó viejas promesas de, digamos, segunda generación, como la de un Plan de Empleo que ya prometió en 2012 y  que dijo presentaría a la vuelta de las vacaciones del año pasado, en septiembre, y del que a las puertas de un nuevo septiembre aún no se tiene noticia.

También hizo otra con pocos visos de credibilidad, como el anuncio de la adjudicación de las obras del edificio puente de Los Pajaritos a una nueva empresa, tras declararse la anterior en concurso de acreedores, para iniciar también en septiembre el realojo de 96 familias del barrio e iniciar así el derribo de las primeras infraviviendas de esta zona deprimida de Sevilla. Y es que el anuncio de Zoido se produjo tan sólo 48 horas después de que su Delegación de Urbanismo adoptara la iniciativa de reducir de 250.000 euros a tan sólo 15.000 el presupuesto que estaba aprobado este año para la rehabilitación integral del barrio, con lo cual los vecinos han perdido ya toda confianza en el alcalde y sus promesas.

Tomar este acuerdo dos días antes del discurso de Zoido equivalía a sabotear el mensaje del alcalde y demuestra la descoordinación existente en el seno del PP, o bien que gobierna al pairo  de sus potenciales votantes, como si creyera  permanentemente asegurada la mayoría absoluta. Ahora, para recuperar el crédito perdido en Los Pajaritos, a Zoido no le queda otra que rematar el edificio-puente en septiembre como sea.

ANUNCIOS-SORPRESA

Consciente de su pobre balance de gestión en estos dos años, por más que pregone lo del 70% del programa cumplido (su discurso ha oscilado entre la petición de perdón del primer año por no haber podido hacer más a decir en el segundo que lo mejor está aún por llegar) y de que la oposición le iba a echar en cara todo lo incumplido de lo excesivamente prometido, Zoido tenía que sacarse en el debate varios conejos de la chistera.

El primer efecto-sorpresa relativo fue el anuncio de que antes de que concluya julio Sevilla contará con la primera Zona Franca fluvial de España, de lo que se colige que Hacienda dará luz verde a la solicitud del Ayuntamiento, conforme a un expediente al que no se ha permitido acceso a la oposición municipal y que, por lo que se ha filtrado, incluiría entre las empresas potencialmente interesadas en instalarse en la misma a algunas como Danone, algo ilógico  tras la decisión de la multinacional del yogur de darle el cerrojazo a su fábrica de Sevilla.

Zoido no ha aclarado si Bruselas ha dado también su obligado plácet a la solicitud y, por otra parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, declaró tras conocer las palabras del alcalde que, por su experiencia con la Zona Logística, estima que haría falta un año y medio para preparar los terrenos antes de que se pueda instalar la primera empresa, por lo que verosímilmente la Zona Franca no estará activa durante este mandato.

OFERTA DEL PRADO

El segundo conejo que el alcalde se sacó de la chistera tenía la apariencia de Ciudad de la Justicia en el Prado de San Sebastián, ya que los jueces -y Zoido lo es- no quieren irse ni a tiros a la proyectada por la Junta en Los Gordales. Zoido asegura que ya ha conseguido conformar una parcela de 220.000 m2 que ofrecer como alternativa a la del Gobierno autónomo, para lo cual ha añadido sobre el plano como futurible suelo judicial el antiguo solar del Equipo Quirúrgico, que pertenece a la Junta y cuyo destino es muy diferente: albergar un centro sanitario de alta resolución.

Está por ver qué dice la Consejería de Salud sobre esta apropiación por el procedimiento del tirón perpetrada por Zoido, aunque dadas las restricciones presupuestarias existentes hasta cabe dentro de lo posible que la consejera María Jesús Montero esté encantada con el favor que le haría el alcalde de librarla del compromiso de gastar parte de su presupuesto en un centro avanzado de salud en Sevilla. Al final va a resultar que quien boicotea a la capital de Andalucía no es la Junta, sino el propio alcalde en su afán de complacer a jueces y abogados y, de matute, a él mismo. En cualquier caso, de aceptar el consejero de Justicia y colega de Zoido, Emilio Llera, el ofrecimiento del Prado para la Ciudad de la Justicia habría que proceder a la modificación del PGOU, un lento trámite burocrático que, falta de dinero aparte, impediría que la primera piedra se pusiera en este mandato del alcalde.

BAJADA DE IMPUESTOS

El mayor conejo que de la chistera se sacó Zoido fue el retorno a otra promesa incumplida de su programa pero que achacó a la obligatoriedad de someterse a los dictados del Gobierno para reducir el déficit público: bajar los tributos municipales durante 2014, todos excepto el sello del coche, que se mantendría igual. Según Zoido, ello es ahora posible porque se ha controlado el déficit municipal, con lo cual la prioridad de su gobierno no es ya el pago de las deudas a los bancos, sino poner dinero a disposición de las familias y los emprendedores con una menor presión fiscal.

La paradoja del anuncio de Zoido es que esta política de incentivos a las familias y las empresas que ahora preconiza como posible es la misma que viene propugnando desde hace meses la oposición municipal. Cuando a principios de año los tres grupos del Ayuntamiento se reunieron para otro frustrado Pacto por el Empleo, Espadas (PSOE) propuso al gobierno local que propiciara la contratación de 3.600 parados mediante subvenciones y exenciones fiscales a pymes y autónomos, aunque ello supusiera la renuncia a unos ingresos de 4,6 millones de euros en concepto de impuestos y tasas: benificación del 95% en el IBI, IAE, ICIO y ocupación de vía pública.

Torrijos (IU), en sus alegaciones a las Ordenanzas Fiscales de este año, propugnó una rebaja del 10% en el tipo de gravamen del IBI para compensar el “tremendo subidón” -dijo- por la aplicación del Real Decreto del Gobierno central pero que reportó al Ayuntamiento unos ingresos extra de 8 millones de euros. Asimismo, propuso bonificaciones de entre el 20% y el 50% en el IAE para las pymes y del 30% en el ICIO.

La respuesta del Ayuntamiento a través de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha sido siempre que no se podían atender estas demandas de la oposición, y más aún la rebaja del IBI, porque era “ilegal”. O sea, que cuando lo proponen Espadas y Torrijos no se puede, pero cuando lo anuncia Zoido, a pesar de que el Gobierno de Rajoy ha prorrogado el gravamen complementario del IBI hasta 2015, Asunción Fley deja de ser la dama de hierro de las cuentas y se aplica el lema de Obama: “Yes, we can”.

El Ayuntamiento ‘extravía’ documentos clave del ‘enchufismo’ en los talleres

La Delegación de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, cuyo titular es Beltrán Pérez, ha comunicado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 14 que sólo ha hallado en las dependencias del distrito Triana un sobre con información general de la empresa adjudicataria de los talleres del mismo, pero no el resto de la documentación, la cual podría probar casos de enchufismo como los que en su día denunció el Grupo Socialista y que obligaron a Zoido a forzar la dimisión de cinco enchufados que eran familiares de concejales del PP.

El Ayuntamiento ha informado al juez de que, en apariencia, no hay indicio de robo de documentos en el distrito Triana, por lo que dice haber dado las instrucciones oportunas para que se revisen todas y cada una de las dependencias a fin de hallar la documentación solicitada por el Juzgado y relacionada con un recurso contencioso administrativo presentado por el grupo municipal Socialista.

A principios de 2012, tan sólo siete meses después del acceso de Zoido a la Alcaldía, el grupo Socialista denunció que familiares, militantes, representantes del PP en Juntas Municipales y Consejos Escolares, exmiembros de candidaturas del partido y, por entonces, cargos políticos de Nuevas Generaciones y del propio partido en el gobierno municipal habían sido ‘enchufados’ en los talleres municipales de distrito de Sevilla y en puestos de coordinadores, con sueldos que incluso podían rondar los 18.000 euros. Según la denuncia socialista, había al menos siete delegados de distrito implicados de forma directa en este tipo de contrataciones a dedo.

Rendido ante la evidencia de los hechos, el alcalde forzó la dimisión (aunque desde el PP se presentó la decisión como “renuncias voluntarias”) de la novia y la prima del delegado del distrito Sur, José Luis García; el cuñado del delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, el mismo que ahora reconoce que ha ocupado de forma esporádica la VPO que le adjudicaron hace ocho años; la hermana del diputado provincial, Luis Paniagua, y la prima del delegado de Empleo, Gregorio Serrano.

Estas cinco salidas no fueron consideradas suficientes por el PSOE, que decía haber detectado una treintena de ‘enchufados’, por lo que exigió a Zoido el acceso a todos los expedientes, para analizar quiénes eran los beneficiarios de los mismos. Tras la negativa recibida, pese a las promesas de ‘luces y taquígrafos’ tan reiteradamente proclamadas por el alcalde, el grupo municipal Socialista interpuso a finales de julio de 2012 un recurso contencioso administrativo, que fue admitido a trámite.

Desde entonces ha pasado un año sin que el Ayuntamiento haya entregado la información completa requerida, ya que en las escasas ocasiones  en que ha atendido las demandas del juez o bien ha faltado información en los expedientes, o bien ha comunicado que habían quedado como piezas separadas de los mismos los sobres de la licitación y valoración de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, o sea, justo la información por la que se puede acceder al personal con nombres y apellidos que cada empresa propone para optar a la ejecución del contrato. Esta es la información sustancial que el gobierno de Zoido oculta, ya que luego no había obligación de presentar facturas detalladas con nombres y apellidos.

Ikea: Sin novedad en el frente

Cuando a última hora del jueves 11 de julio el Ayuntamiento anunció para el día siguiente una rueda de prensa del alcalde y de su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, para comunicar novedades sobre la segunda tienda de Ikea, pensamos que tras dos años mareando la perdiz y acusando a la Junta de Andalucía de boicotear un proyecto que Zoido no se ha cansado de calificar como trascendental para Sevilla, el Consistorio iba a anunciar por fin y poco menos que la fecha de colocación de la primera piedra del complejo comercial.

Pero, conforme al dicho “vísperas de mucho, días de nada”, Zoido y Vílchez abundaron en la ceremonia de la confusión en que han sumido este proyecto, por su afán de convertirlo en instrumento de confrontación política con la Junta de Andalucía.

‘SEGUNDA APROBACIÓN’

El primer mensaje transmitido por el alcalde y su delegado de Urbanismo es que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento había acordado por la vía de urgencia la segunda aprobación provisional del Plan Parcial SUS-DMN-03 ‘San Nicolás Oeste’, donde se ubicará la segunda tienda de la multinacional sueca.

¿Segunda aprobación provisional de un Plan Parcial? Reflexionemos sobre el sentido de esta expresión, que no puede ser más incoherente. Jurídica y urbanísticamente existe la aprobación inicial, la provisional y la definitiva de un Plan Parcial, pero como hemos dicho en anteriores ocasiones, los documentos urbanísticos no pueden equipararse a las actualizaciones o versiones de los programas informáticos y sistemas operativos. Puede haber versiones 1.0, 2.0, 3.0…..etcétera de material informático, pero jurídicamente no existe un Plan Parcial Ikea.1, Ikea.2, Ikea.3…. y así sucesivamente.

Entonces, ¿por qué Zoido y Vílchez hablaron de segunda aprobación provisional del Plan Parcial sin que nadie reparara en la contradicción inherente a la terminología expresada? Muy fácil: porque como Zoido se ha apropiado políticamente del proyecto de la multinacional sueca -pese a datar del mandato anterior- , lo ha convertido en una de las banderas de su mandato y, por tratar de establecer un claro contraste con la lentitud que achacaba a Monteseirín, prometió desbloquearlo en virtud del ‘efecto Zoido’ en un par de meses, por todos esos factores ya ‘vendió’ anteriormente ‘la moto’ en su celeridad administrativa de que había aprobado provisionalmente el Plan Parcial.

Y como pese a esa supuesta aprobación el proyecto seguía aparentemente bloqueado y nadie veía que la situación cambiara en lo más mínimo, el discurso del alcalde durante todo este tiempo se basaba en el boicot de la Junta de Andalucía a los proyectos de Sevilla.

LA PRIMERA APROBACIÓN

Si tiramos de hemeroteca, comprobamos que hace ahora justamente un año, el 13 de julio de 2012, el Ayuntamiento ya anunció a través del portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, que la Junta de Gobierno Local había resuelto aprobar provisionalmente el Plan Parcial de ‘San Nicolás Oeste’, el cual comprendía un total de 1.431.254 m2 del sector Norte de Sevilla, entre la carretera nacional IV y Valdezorras.

Según explicó entonces en rueda de prensa Francisco Pérez, la aprobación provisional se produjo tras la estimación parcial de las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción sobre la indefinición de la forma y de la altura concreta de los edificios, trazado urbano y posición concreta de la parcela donde se instalará la multinacional sueca, lo que obligaba a Urbanismo a detallar tales extremos.

También dijo entonces el portavoz del gobierno local que el Ayuntamiento no había admitido otras alegaciones de los ecologistas, como la denuncia de un exceso del 15% respecto al tope máximo de edificabilidad permitida.

La conclusión es obvia: no hay jurídicamente una segunda aprobación del Plan Parcial, sino que la anunciada el pasado fin de semana es realmente la aprobación provisional del Plan porque no podía realizarse este trámite administrativo sin la incorporación de los documentos que faltaban hace un año y que no se han podido incluir en el expediente hasta ahora.

Por tanto, lo que en puridad se aprobó hace un año no fue la versión provisional del Plan Parcial, sino la alegación de los ecologistas y la solicitud de los informes sectoriales de obligado cumplimiento, que han tardado un año en añadirse al expediente.

INFORMES SECTORIALES

Y, sorpresa, entre esos informes que han tardado un año (recordemos que en paralelo el Ayuntamiento ha tardado lo mismo en iniciar el deslinde de las vías pecuarias que cruzan ‘San Nicolás Oeste’, trámite sin el cual tampoco se podía avanzar urbanísticamente) hay no sólo varios de la Junta de Andalucía, cuya supuesta tardanza contribuía a alimentar la idea del ‘boicot’ puesta en circulación por el Ayuntamiento, sino también del Gobierno de la nación, extremo sobre el que Zoido se ha cuidado mucho de decir nada, pese a que técnicamente sería según sus acusaciones tan boicoteador de Ikea como el Gobierno andaluz.

En este año transcurrido, el Ayuntamiento ha tenido que resolver las “incidencias técnicas” planteadas por organismos estatales como la Dirección General de Aviación Civil, la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y, por parte de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Comercio, la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico y la Dirección General de Carreteras.

Ha habido, por tanto, tres organismos estatales y tres autonómicos implicados en la tramitación del Plan Parcial de Ikea durante el último año, por lo que en caso de haber existido un boicot al proyecto, como ha dicho reiteradamente Zoido, habría que repartirlo al 50% entre el Estado y la Junta.

El segundo mensaje lanzado por Zoido y Vílchez es que “el expediente ya está completo por parte municipal”. Pues va a ser que tampoco, con lo cual mucho nos tememos que el alcalde se haya preparado el terreno para seguir acusando a la Junta de Andalucía de boicot a Ikea, luego de boicot a Sevilla.

APROBACIÓN CONDICIONADA

Y es que entre los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento hace un año, el 13 de julio de 2012, consta expresamente que se condiciona la aprobación definitiva del Plan Parcial a la previa redacción del Proyecto de Construcción de la Ronda Urbana SE-35, tramo: Avda. Emilio Lemos-Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes), que definirá la construcción del enlace entre la A-4, la SE-35 y la SE-20 e incorporará la definición técnica de una conexión desde el citado enlace SE-35-A-4 al viario estructurante del sector SUS-DMN-03”.

Sin proyecto redactado de la ronda intermedia SE-35 no se podrá aprobar definitivamente el Plan Parcial del que depende Ikea. El Ayuntamiento no encargó su redacción hasta el 25 de octubre de 2012, en concreto a la consultora VS Ingeniería y Urbanismo, a la que dio de plazo cuatro meses. Este plazo fue prorrogado hasta junio pasado y podría haber sido prorrogado de nuevo hasta el próximo otoño, retraso por tanto imputable al propio Ayuntamiento y a la empresa que seleccionó para el proyecto.

Por ende, Zoido reconoció hace unos días que a este retraso se había añadido el de un documento responsabilidad de la Dirección General de Carreteras del Estado, sin el cual no se puede firmar el convenio con el Ministerio de Fomento para la financiación de las obras. Curiosamente, Zoido tampoco ha acusado a la Dirección General de Carreteras de boicotear a Sevilla en todos estos meses al imposibilitar con su demora el avance administrativo de la autovía sin la cual no podrán llegar los clientes hasta Ikea.

El último mensaje de Zoido y Vílchez es que ahora sólo falta que la Junta de Andalucía emita su informe y se apruebe el Plan definitivo, que supondrá la creación de 4.000 puestos de trabajo (empezó hablando de 2.000). “Si la Junta paraliza ésto, no tendría justificación”, ha sentenciado el alcalde.

Pues también podría tenerla: en el caso de que el Plan Parcial contraviniera las determinaciones del Plan General. Vamos a ver cómo casa el Plan las desorbitadas pretensiones iniciales de Ikea con las limitaciones impuestas por el PGOU de que las superficies comerciales no pueden superar el 49% de una unidad urbanística. Ahora bien, si según el alcalde el informe de la Junta no es vinculante, ¿por qué se preocupa por si lo rechaza? ¿Y si resulta que sí lo es?

 

El edil de la VPO no consignó la nuda propiedad de su primer piso

El delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, ha tenido la oportunidad de plasmar en su Declaración de Bienes ante el Ayuntamiento la concordancia de su situación personal y la patrimonial como mero nudo propietario de su primera vivienda, pero ha ratificado justoi lo contrario, con lo cual tiene una situación jurídica poco defendible en relación con la VPO de Pino Montano.

La polémica existente sobre la VPO adjudicada en 2005 por Emvisesa al hoy delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, se basa en dos aspectos distintos, habiendo adquirido más relevancia hasta ahora el segundo. En este sentido, ha quedado acreditado por el propio testimonio del edil que él ha utilizado “de forma esporádica” la vivienda pública y que incluso ha acogido en ella, aunque negando que haya sido en forma de alquiler, a una señora mayor a la que identifica como su cuidadora de muchos años. La normativa obliga al uso no esporádico, sino de forma habitual, de una VPO, y a no cederla de ninguna manera.

Ese uso esporádico del piso por parte del edil es incluso puesto en duda entre algunos de sus vecinos, que nunca lo han visto por allí. Además de estos dos factores, existen las once notificaciones dirigidas a Juan García Camacho en el BOP de Sevilla desde 2008 a la fecha por parte de cuatro organismos oficiales distintos, los cuales nunca lo encontraron en su VPO de Pino Montano.

El primer aspecto de la polémica ha quedado en un segundo plano, pero no es menos importante: García Camacho solicitó la VPO pese a que ya era propietario, junto con su esposa, de otra vivienda, en Parque Flores. El edil atribuye esta circunstancia a que para entonces se había roto la convivencia familiar y tras dejar el disfrute del piso a su ex-mujer e hijos no tenía ningún sitio donde vivir.

Jurídicamente, pues, García Camacho se habría convertido en lo que se denomina ‘nudo propietario’, esto es, dueño de una vivienda de la que no podía disfrutar al no tener ya su posesión por haberla cedido a su exmujer. Sería el mismo caso que el del propietario que alquila un piso: tiene la nuda propiedad, pero el derecho a disfrutarlo lo tiene el inquilino.

Sin embargo, el delegado del distrito Norte no refleja tal circunstancia, de atenernos a sus propias declaraciones, en la Declaración de Bienes realizada ante el Ayuntamiento, a pesar de que el Consistorio le ofrece esa opción a la hora de rellenar el formulario correspondiente. García Camacho cumplimenta la Declaración y especifica en la clase del bien que su primer piso es un inmueble urbano y no rústico. Y en cuanto al tipo de derecho que tiene sobre el mismo, se le brindan cinco posibilidades: pleno dominio, nuda propiedad, multipropiedad, derecho de uso y disfrute y concesión administrativa.

El concejal, pudiendo especificar la nuda propiedad para mantener la concordancia con el relato que ha venido ofreciendo, no lo hace, sino que especifica que mantiene el pleno dominio (al 50%, como ocurre en todos los matrimonios en régimen de gananciales) de un piso desde el 24 de febrero de 1994 hasta hoy. Y aún más: el valor catastral de esa primera vivienda (40.849,78 euros) supera al de la VPO (36.001,41 euros) que le fue adjudicada por Emvisesa en, también un mes de febrero, Pino Montano en 2005.

Jurídicamente, pues, García Camacho era y sigue siendo propietario de una vivienda cuando solicitó la VPO y como tal propietario se beneficiaría económicamente en caso de su hipotética venta.

 

Motor gripado

Cuando Zoido accedió a la Alcaldía de Sevilla hace ahora casi 25 meses pensaba en un escenario socioeconómico condicionado por los recortes al déficit público que había impuesto la Unión Europea al conjunto de las Administraciones españolas y por la herencia de deudas a los proveedores y el ‘agujero’ en las empresas municipales dejados por Monteseirín. Por tanto, la idea del alcalde consistía en tender ‘alfombras rojas’ a los inversores privados que aparecieran por Sevilla o fueran captados desde el Ayuntamiento y crear las condiciones para favorecer la actividad económica del tejido de pequeñas y medianas empresas de la ciudad con medidas como la puesta a cero del contador de deudas con los proveedores, la rebaja en las tasas y tributos municipales y la eliminación de trabas burocráticas a la creación de empresas y apertura de nuevos negocios.

En esta línea, el gobierno municipal se acogió al plan de pago a proveedores aun a costa de suscribir nuevos préstamos con la banca, que acabarán lastrando de nuevo las cuentas municipales, sobre todo en futuros mandatos y agilizó la concesión de licencias basándose en las declaraciones responsables de los promotores, pero en vez de reducir la presión fiscal acabó creando nuevas tasas y tributos. Además, la dilación en los pagos por parte del Consistorio está empezando a llenar de nuevo los cajones con nuevas facturas pendientes con proveedores.

ORDENANZAS FISCALES

Como se recordará, el proyecto de Urbanismo de Ordenanzas Fiscales para 2013 preveía subidas de hasta el 100% en algunos casos, pero tras el escándalo suscitado y la indignación de los empresarios, el Consistorio tuvo que retroceder, no sin antes aprobar siete nuevas tasas, con figuras sacadas de la chistera como cobrar por la solicitud de estudios previos a la Gerencia, la prórroga de las licencias urbanísticas, protección arqueológica, declaración de la calificación de vivienda protegida, emisión de informes de declaración de situación de fuera de ordenación….

Para ponerse al día con los proveedores, a los que Monteseirín había dejado a deber más de 59 millones de euros, el Ayuntamiento se adhirió al Real Decreto Ley 4/2012 y suscribió dos operaciones de crédito por esa cantidad, con la que saldar casi 3.000 facturas pendientes, pero a costa de incrementar la deuda viva  hasta los 480 millones de euros, 28 millones más que un año antes, y de afrontar el pago de intereses por más de 20 millones de euros. Sin embargo, al cierre del ejercicio de 2012 el gobierno de Zoido había vuelto a las andadas y sólo la corporación municipal, sin sus empresas, tenía operaciones pedientes de pago por valor de 39 millones y con un periodo medio de pago de 83 días.

Además, Zoido no ha tenido apenas oportunidades de desplegar su ‘alfombra roja’ ante grandes inversores privados. Al contrario, ha asistido impotente a la deslocalización de empresas como Panrico, Cargill y Danone; ha propiciado con su actitud complaciente o de falta de reflejos la pérdida de proyectos como el Caixafórum en las Atarazanas y el Decathlon en la Cartuja, y se ha obcecado en sus confrontaciones urbanísticas con la Junta de Andalucía para tener argumentos con que justificar la revisión del PGOU. Los proyectos empresariales en ciernes datan casi todos del mandato anterior (segunda tienda de Ikea, mercado gourmet en el antiguo mercado del Barranco, Ciudad de la Imagen en el Higuerón…) y en la mayoría de los casos no se concretarán hasta el final de su mandato o incluso después.

LA IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO

En este marco de recesión económica, caída del consumo, paro desbocado (más de 89.000 desempleados en la ciudad) y apenas inversión del sector privado, adquiere muchísima más importancia de lo que ‘a priori’ Zoido imaginó al llegar a la Alcaldía la inyección de dinero que el Ayuntamiento puede hacer en la economía local a través de la ejecución del Presupuesto del Consistorio y de sus organismos y empresas. Dicho de otro modo, en ausencia de grandes inversiones privadas, el Ayuntamiento queda como el principal motor de la economía sevillana. Sin embargo, ese motor está al ralentí o incluso gripado, a la luz del grado de ejecución del Presupuesto municipal revelado recientemente por el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz.

Según el balance del edil para el primer semestre del año en curso, de los 83 millones de euros existentes para inversiones o transferencias de capital entre el Consistorio y la Gerencia de Urbanismo, se han autorizado gastos o iniciado expedientes  por importe de 18 millones (el 21%), pero de este dinero tan sólo se han invertido realmente en la práctica 4,3 millones (el 5%).

La delegada municipal de Hacienda, Asunción Fley, descalifica al edil socialista con el argumento de que el Consistorio, al contrario que los anteriores, sólo contabiliza como inversión el proyecto que esté plenamente ejecutado , por lo que en la documentación oficial no aparecen aún como materializadas muchas inversiones que están en la recta final.

DOCUMENTOS CONTABLES

La ejecución presupuestaria consta de varias fases, y cada vez que administrativamente se activa o se culmina una de ellas los Servicios municipales van emitiendo documentos contables que dan continuidad a los procedimientos, hasta que se concluye el proceso con el pago final. Siguiendo el hilo de las tramitaciones se puede llegar hasta el ovillo del Presupuesto, y ésto es lo que ha hecho el edil Antonio Muñoz, utilizado para ello los propios documentos del Consistorio.

El balance que ha realizado el portavoz adjunto socialista es aún más preocupante si se tiene en cuenta que merced a su mayoría absoluta y al trabajo de Asunción Fley en su elaboración, los Presupuestos para este año fueron aprobados con antelación suficiente para que entraran en vigor en enero y, además, no incluían previsiones irreales, como en la etapa de Monteseirín, de vincular inversiones a la venta de inmuebles municipales, como antaño ocurría con el mercado del Arenal.

El Presupuesto del Ayuntamiento y de sus organismos y empresas se convertía así en el principal instrumento para tratar de dinamizar la economía de Sevilla en plena crisis, pero si a mitad de año su grado de ejecución es aún mínimo y no hay inyección de dinero municipal en la ciudad, toda Sevilla se resiente y sufre las consecuencias de la falta de gestión del Consistorio.

EL CENTRO DEL PROBLEMA

El embudo es especialmente preocupante en el caso de Urbanismo, la piedra donde reiteradamente está tropezando Zoido, el cual, para cortar este nudo gordiano, se piensa que la solución radica en cambiar el PGOU en vez de cambiar al equipo gestor, con dos neófitos en la materia al frente: Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo. La Gerencia sólo habría acometido inversiones por valor de 4,7 millones de euros. Por ende, hasta los distritos de la supuesta desconcentración municipal dependen de lo que se haga o deje de hacer en su sede de las caracolas de la Cartuja, ya que por la falta de capacidad técnica de aquéllos le acaban derivando el presupuesto que tienen asignado.

Y si a mitad de año no se han activado los procedimientos administrativos para ejecutar las inversiones pendientes, habrá que realizar un intenso sprint para llegar al final del ejercicio, cuando lo que habría interesado habría sido una lluvia fina inversora a lo largo de todo el año que repercutiera en el tejido productivo sevillano y contribuyera a mantener la actividad de nuestras empresas.

Por otra parte, si, como esgrime Asunción Fley, también ocurre que el grado de ejecución presupuestaria se está acompasando a la disponibilidad de los ingresos, ello denotaría que que la previsión en este capítulo no se ha ajustado a la realidad de Sevilla y se demostraría que no por mucho inventarse nuevas tasas y tributos se llena antes y más las arcas municipales.

Sobrecostes

Si la juez Alaya ha puesto de moda el término ‘sobrecomisiones’ con los ERE, mucho antes Monteseirín puso el de ‘sobrecostes’. Alfredo era como Atila: obra en la que pensaba, obra que dejaba esquilmada las arcas públicas. Con él nunca crecían los brotes verdes, porque dejaba a su paso un desierto presupuestario y una montaña de deudas a sus sucesores. Sus faraónicas ‘Setas’ se presupuestaron en 51,2 millones y se terminaron con varios años de retraso y a un ‘sobrecoste’ similar, para dispararse hasta los 100 y pico de millones de euros. En vez de indemnizar a Sevilla por la demora y la desviación presupuestaria, Sacyr quiere cobrarse el triple de lo estipulado por el alquiler de las oficinas de la Hacienda municipal, a cuenta de otro ‘sobrecoste’ pactado verbalmente por Monteseirín con tal de que le acabaran su pirámide particular y le diera tiempo a inaugurarla antes de las elecciones. Zoido hace perfectamente al negarse a pagar contratos sin papeles. Una cosa es asumir la herencia del mandato anterior y otra muy distinta, las facturas debajo de las alfombras.

 

San Pablo-Santa Justa, donde el paro afecta más a los jóvenes

El distrito San Pablo-Santa Justa ha visto un incremento global de su número de parados en 466 personas durante los dos años de mandato de Juan Ignacio Zoido, con lo que ahora el total de desempleados asciende a 4.623. De esta cifra, 2.246 son hombres, y 2.377, mujeres. Este distrito tiene mayor número de desempleados que su vecino Nervión (éste, 3.967), a pesar de contar con menor número de habitantes censados.

Por grupos de edad, destaca en San Pablo-Santa Justa el aumento porcentual de personas paradas menores de 25 años, un 17,79% (cuarto mayor incremento en los once distritos), con lo que el total de desempleados en este segmento juvenil asciende a 470. En el caso de los parados con edades comprendidas entre 25 y 44 años, el aumento del desempleo se sitúa en un 5,22%, hasta un total de 2.236. En el grupo de mayores de 45 años, el incremento ha sido del 17,39%, con lo que el número total es de 1.917 personas.

Por sectores de actividad, el distrito San Pablo-Santa Justa muestra en los Servicios un deterioro mayor del empleo que en el resto de sectores, ya que el aumento del paro es del 14,94%. En Industria y Construcción se observa una reducción del número de parados del 1,38% en el primer sector y un mantenimiento de las cifras absolutas (486) en el segundo.

En el análisis del comportamiento del empleo entre las personas registradas como paradas en el Servicio Público de Empleo que poseen estudios de FP grado superior y universitarios en este distrito, se observa que durante el bienio de Zoido ha habido un aumento del paro del 16,94%, hasta llegar a un total de 718 desempleados. Destaca en este aspecto el dato de que siendo este distrito bastante poblado (62.921 habitantes), sólo tiene mayor número de personas con formación superior que Los Remedios, distrito éste con un censo de población (25.038 habitantes) muy inferior.

El picudo negro arrasa ya pitas y aloes de Matalascañas

Al picudo rojo, que está arrasando las palmeras de Sevilla y del resto de España, se ha unido una nueva plaga, la del picudo negro (Scyphophorus acupunctatus), que según el exjefe del Servicio de Parques y Jardines de Sevilla, José Elías, ya se ha hecho notar en nuestra tierra y está acabando, por ejemplo, con las pitas y aloes en jardines de las urbanizaciones de la playa de Matalascañas, una de las más frecuentadas por los sevillanos.

Foto picudo negroEl picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus) es una especie de coleóptero polífago de la familia de los Curculionidae, propio de América. Es una de las principales plagas que atacan la yucca y varias especies de maguey (Agave spp., entre ellos el maguey pulquero (Agave salmiana) y el maguey azul (Agave tequilana), de los que se produce el mezcal y el tequila, respectivamente; el Agave americana, empleado como ornamental, y el Agave sisalana, empleado para la obtención de la fibra sisal. Su larva, conocida como «gusano rojo» o «gusano del maguey», es precisamente la especie que se emplea habitualmente para dar sabor al mezcal.

El insecto apareció por vez primera en España en el año 2007, en varios municipios de la provincia de Barcelona. A mediados del año 2012,  el departamento de Servicios y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jávea informó de que se había detectado este nuevo insecto que atacaba a las especies vegetales del término municipal de esta ciudad alicantina en zonas de Balcón al Mar, la ribera Gorgos y otros puntos del término, aunque era fácil que se hubiera extendido ya a otros puntos por entonces.

Así como el picudo rojo se alimenta de palmeras, el picudo negro ataca fundamentalmente los ágaves o piteras (Agave americana), aunque también pueden peligrar bajo su acción  las yucas (Yucca elephantipes) y los dragos (Dracena drago). El picudo negro se diferencia del rojo por su menor tamaño (2,8 centímetros) y, como su nombre indica, por su color negro.

Foto picudo negro en aloeEste insecto, llegado de México, es también voraz y puede acabar con una planta que identifica al paisaje andaluz como las piteras. Desde el punto de vista ecológico, la situación es bien distinta, ya que la pitera se considera una especie exótica, ajena al patrimonio natural autóctono andaluz y, de hecho, es retirada de los entornos protegidos.

Ahora bien, según José Elías, lo sorprendente es ver la devastadora imagen que ofrecen las plantas ornamentales de Aloe atacadas por el picudo negro . El Aloe se ha utilizado en muchos de los jardines de Andalucía por su gran resistencia a la sequía. La mayoría de las plantas procedían originalmente de África del Sur.

El picudo negro se beneficia de temperaturas elevadas con altos grados de humedad. Mide unos 280 milímetros y este tamaño lo convierte en el más grande de su especie. Aunque carece de alas, se desplaza con rapidez.

La hembra de este tipo de escarabajo pone entre 300 y 500 huevos, y es portadora de la bacteria Erwina carotovora, que ataca y corrompe a la pitera o agave principalmente, además de los Aloes, dragos, yucas, etcétera. La plaga es especialmente peligrosa para las zonas costeras andaluzas y españolas, ya que esta especie prospera sobre todo en los climas templados.

Foto picudo negro plantas aloeAdultos y larvas conviven juntos en el interior del tejido de la planta y la consumen para su desarrollo, de forma que el daño directo y las infecciones causadas por la proliferación de bacterias y podredumbre acaban con la planta.

El biólogo Sergio  Montagud ha advertido de la «necesidad acuciante» de realizar un seguimiento del avance del picudo negro para identificar las zonas afectadas y más sensibles a sus efectos.»Debido a que muchas de las plantas afectadas se encuentran cercanas o en el interior de núcleos urbanos, es aconsejable que las autoridades autonómicas y municipales pongan en marcha una red pública de alerta coordinada que permita la identificación del insecto y su control», ha manifestado el científico en este sentido.

Al respecto, agregó que en Norteamérica el picudo negro es desde hace muchos años «una plaga importante en cultivos de agave» —una planta utilizada para la destilación del tequila y otras bebidas alcohólicas— y ha subrayado que «se ha demostrado la eficiencia de los planes de control» desarrollados allí » mediante trampas específicas de captura de los insectos».

El panorama de los jardines  en la playa de Matalascañas  frente al ataque de este nuevo  inquilino es  muy preocupante y su propagación se convierte, tras la del picudo rojo en las palmeras, en un nuevo problema para la jardinería andaluza y los cultivos comerciales de Agaves.

 

Tercer carril

Un día antes de la operación salida de las vacaciones de verano, el Ministerio de Fomento procedió a la apertura al tráfico de cuatro kilómetros más del tercer carril de la autovía Sevilla-Huelva, el gran eje vertebrador del Aljarafe y encauzador de buena parte del éxodo de los sevillanos a las playas del litoral onubense.

El tercer carril de la A-49, denominación oficial de la autovía también conocida como la del V Centenario por el impulso recibido gracias a la Expo-92, es otro ejemplo de la maldición que pesa sobre Sevilla en materia de infraestructuras y grandes obras públicas, ya que los hados parecen conjurarse para que el tiempo se mida en decenios en vez de en años.

Desde que, merced a las reivindicaciones de una plataforma de ciudadanos hartos de los atascos kilométricos que se producían en los accesos a y salidas de Sevilla por el Oeste, se aprobó el ensanche de la autovía y se adjudicaron, en 2003, los primeros trabajos, ha pasado la década de rigor para que el tercer carril se extienda ahora desde la Pañoleta hasta la altura de Sanlúcar la Mayor y Benacazón.

En diez años sólo se han construido trece kilómetros, a un promedio de 1.300 metros anualmente, digno de un récord Guinness en lentitud de ejecución de una autovía. En el tiempo empleado en completar ese 1,3 kilómetros/año de cinta de asfalto, un caracol común de jardín habría recorrido 337 veces esa misma distancia. Nunca en otro sitio como en el tercer carril de la autovía Sevilla-Huelva se habría hecho realidad la fábula de la tortuga y la liebre, pero como todo es empeorable, es probable que esta marca sea batida por la velocidad de ejecución de la ronda de circunvalación SE-40.

Tanta dilación ha sufrido el avance de la ampliación del carril desatascador, que en estos diez años  ha dado tiempo a que tres presidentes del Gobierno consignaran alguna partidilla en los Presupuestos Generales del Estado para transfundirle el asfalto necesario: Aznar, Zapatero y Rajoy.

Por cierto que la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, la lió en la radio al declarar inaugurada la obra hasta Bollullos del Condado cuando quería referirse a Bollullos de la Mitación, pero en realidad era hasta Benacazón. Lo dicho, un lío. Sus lapsus geográficos denotan que una de las posibles candidatas por el PP a disputarle San Telmo a Susana Díaz necesita bastante menos despacho y más aplicarse la receta a la que durante años se atuvo Arenas para ganarle por primera vez al PSOE en la región: carretera y manta.