Torrijos anunció el pasado fin de semana que dimitirá como concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla después del debate sobre las Ordenanzas Fiscales y los Presupuestos de la ciudad para 2014, con lo que, a lo más tardar en enero, el portavoz de la coalición de izquierdas pondrá fin a un decenio de presencia en la vida municipal.
Según sus propias palabras, aunque está convencido de su inocencia, se va para que los dos procesos judiciales en que se ha visto envuelto (imputado por el supuesto desvío de fondos en la Fundación DeSevilla y la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla) no perjudiquen las perspectivas electorales, en alza, de IU: “No cabe duda -ha afirmado- de que la repercusión y el tratamiento de los temas judiciales puede perjudicar, sin merecerlo ni estar justificado, la imagen de mi fuerza política y puede debilitarla. Doy un paso al lado para evitar que el proyecto transformador de IU sea agredido utilizando mi nombre”.
EMPUJADO
Pero esa “agresión”, por emplear la misma palabra que Torrijos, la vendría sufriendo desde hace más de dos años, cuando se produjo su primera imputación, sin que en todo este tiempo Torrijos se hubiera visto empujado a la dimisión, como ahora, lo cual se habría debido a varios factores:
1) La posición menos flexible que la de Diego Valderas del nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que no quiere que ningún imputado judicial ocupe un cargo público en representación de la coalición.
2) La soledad política en que se ha visto Torrijos como consecuencia de los ‘nuevos tiempos’ en su formación, evidenciada en el hecho de que ningún responsable de peso en IU le acompañó en el camino a su última comparecencia judicial, al contrario de lo que ocurrió en la primera. Podría decirse que el aún portavoz del grupo municipal “ha entendido el mensaje”.
3) La prohibición, por las normas internas de IU y que Torrijos no ha conseguido cambiar para convertirse en excepción, de repetir como candidato en la lista para las elecciones municipales por cuarta vez consecutiva (ya lo fue en 2003, 2007 y 2011). Torrijos, pues, es en este sentido un político amortizado: representa el pasado y no el futuro para la coalición, y realmente su desgaste personal por motivos judiciales, justo o injusto, acabaría repercutiendo en las expectativas electorales de su coalición, la cual, con su adiós, suelta lastre, por decirlo en términos náuticos.
4) A un año y medio de las elecciones municipales de 2015, la forzada (por la nueva dirección regional) dimisión de Torrijos permite a IU disponer de suficiente margen de tiempo para foguear a su futuro alcaldable y que el electorado vaya poniéndole cara y no sea un desconocido. Aunque dada la singularidad de los procesos internos de la coalición puede ocurrir cualquier cosa, de momento quien más probabilidades tiene de sustituir a Torrijos es el coordinador local, José Manuel García.
PERVERSIÓN POLÍTICA
Pero una cosa es que Torrijos dejase el cargo al finalizar normalmente el periodo de cuatro años por el que fue elegido concejal por los ciudadanos y otra muy distinta que lo haga presionado por la dirección de su formación política por su imputación en dos causas judiciales y conforme a la doctrina de IU de que toda imputación debe suponer la dimisión del responsable así señalado ante la opinión pública.
Los propios partidos políticos, al establecer la ‘pena del Telediario’ para quienes hacen el ‘paseíllo’ camino de los Juzgados a prestar declaración ante el juez como imputados, han acabado pervirtiendo el sentido original de esta figura jurídica y sin respetar la presunción de inocencia de aquéllos; al contrario, sin mediar siquiera una condena que justifique la exigencia posterior de responsabilidades también políticas además de las penales, el imputado acaba convertido ‘a priori’ en un presunto culpable, sobre todo si milita en otra facción dentro del propio partido y que no es la corriente mayoritaria en esos momentos, o en otro partido político.
CONTRADICCIONES
En este sentido, el caso de Torrijos es paradigmático, visto desde dentro y desde fuera de IU. Desde dentro, porque Torrijos dimite por su doble imputación en los casos DeSevilla y Mercasevilla, pero sin haber sido condenado en sentencia firme siquiera, la misma semana en que el diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue condenado a siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad tras la ocupación de la finca militar ‘Las Turquillas’, en Osuna, en julio de 2012.
Según la doctrina de IU, Gordillo debería haber dimitido ‘ipso facto’ como diputado y alcalde, pero el nuevo coordinador general, el mismo que ha presionado para la marcha de Torrijos, descarta la salida de aquél al estimar, sin ser juez, que su condena es “injusta”. El condenado se queda y el no condenado se va. Como se ve, la doctrina de IU también tiene sus excepciones, según convenga.
Y desde fuera de IU, porque es sabido que el PP, que señaló a Torrijos como la ‘bestia negra’ en su estrategia de debilitar al gobierno de Monteseirín por su flanco más débil agitando el espantajo comunista para evitar así la repetición de la coalición postelectoral y propiciar el acceso de Zoido a la Alcaldía, tiene sólo en la comunidad de Valencia 100 imputados en sus filas, sin que les haya exigido la dimisión.
UN PRECEDENTE
¿Y si Torrijos fuera declarado inocente en las causas en que está inmerso? Recordemos: no todo imputado o procesado es acusado, ni todo acusado resulta condenado o culpable, aunque los políticos se comportan (según sus intereses) como si lo fueran.
El caso por antonomasia es el del primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), en la Transición. Once de los trece trabajadores de una empresa textil de su propiedad, Pekus, le pusieron una querella criminal por entender que había simulado su venta al antiguo gerente con el pretendido fin de defraudar sus derechos. Demetrio Madrid fue imputado por la Justicia y de inmediato el entonces líder de la oposición regional, José María Aznar, exigió su dimisión.
El presidente castellano-leonés confesó años después que fue un ingenuo al pensar que su dimisión como presidente autonómico (año 1986) le serviría para que resplandeciera su honorabilidad en los tribunales y que una vez demostrada su inocencia podría volver a concurrir a las elecciones autonómicas en 1987. Fue un ingenuo porque por la lentitud de la Justicia (es conocido el adagio de que una Justicia lenta no es Justicia) el juicio no se celebró hasta diciembre de 1989. Hasta entonces sufrió un calvario personal y político, le volvieron la espalda sus propios correligionarios y Aznar -merced a aquella crisis política- ganó las elecciones regionales y desde el trampolín de la Presidencia de Castilla y León dio el salto a la política nacional y al liderazgo del PP.
El ‘apestado’ Demetrio Madrid fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables. El Tribunal falló no sólo que no había habido venta simulada, sino que el ex-presidente había mantenido abierta durante varios años una empresa que sólo le provocaba pérdidas, pese a lo cual y la nula actividad de la compañía abonaba los salarios de la plantilla de su bolsillo hasta el punto de poner en peligro el patrimonio familiar y sus ingresos como presidente de la Junta.
Un hombre ejemplar, víctima de una cacería política, sin que se respetase su presunción de inocencia ni se le devolviese la posición perdida ni se le procurara una reparación en ningún sentido. La lección que debió extraerse, y que no se ha extraído, del caso de Demetrio Madrid es que ni imputado ni procesado equivale a culpable.
CONDENA PREVIA
Sentado este principio, Torrijos ha dimitido demasiado tarde, porque lo debería haber hecho por otra causa y no por las dos en que ahora se le imputa. Debió haberse ido hace más de dos años, cuando fue condenado por el Juzgado de lo Social Número 6 por acoso laboral a la directora de la 
Oficina de la Bicicleta, Josefa García Jaén, que se había negado a acatar unas órdenes suyas que “no eran viables” legalmente. Vamos, que eran ilegales. Según la sentencia, quedó probado que Torrijos participó en una “actuación vulneradora de los derechos fundamentales”.
Que un líder de una coalición como IU, que se dice de izquierdas y defensora de los trabajadores, haya sido condenado por acosar y vulnerar los derechos de una trabajadora es, además de impresentable, antiestético y antiético y razón más que suficiente para que entonces, y no ahora, IU le hubiera exigido su acta de concejal.
Aunque Zoido prometió que la Copa Davis no costaría ni un solo euro a los sevillanos porque se iba a financiar mediante patrocinios privados, las expectativas en este sentido no se cumplieron y el balance arrojó unas pérdidas de un millón de euros en números redondos. Mientras se clarificaban las cuentas de ingresos y gastos y el resultado final ante la opinión pública, hubo que afrontar el ‘agujero’ tenístico pidiendo un crédito de un millón de euros a Cajasol, con un plazo de seis meses (mayo de 2012) y al llamativo interés -por elevado- del 7%, que generaría unos pagos de 35.000 euros. A este coste hubo que añadírsele 3.407 de comisión de apertura, 395 en concepto de caja de seguridad y 348,39 de notaría.
Pero el expediente municipal seguía empantanado y sin aprobarse, ya que sufrió dos grandes parones debido a informes técnicos contrarios, por lo que no acabó aprobándose hasta el pasado mes de octubre. En el ínterim vencía la prórroga del crédito y no había manera de librar el dinero desde la Hacienda municipal para afrontar el pago. ¿Solución? Volver a prorrogar el crédito, ya por segunda vez y, obviamente, con La Caixa. Y también se actuó como si se tratara de un préstamo nuevo, ya que hubo que afrontar 10.000 euros como comisión de apertura y otro corretaje, esta vez de 357,89 euros. Con un interés al 7% anual, el coste se incrementó en 47.022 euros.
Al llegar a la Alcaldía, Alejandro Rojas Marcos, todo un animal político y dotado de un sexto sentido para su oficio, se aplicó la máxima clásica de “si no puedes con tu enemigo, únete a él”, y dio luz verde en 1994 a un convenio de colaboración con la Asociación de Parados Mayores de 40 años (PM-40), en virtud del cual se crearon los Vovis o Voluntarios Vigilantes de Sevilla.
Como se recordará, a consecuencia del Plan de Ajuste y la denominada ‘tasa de reposición cero’, el Ayuntamiento se ha ahorrado durante estos dos años y medio de mandato 19 millones de euros al dejar sin cubrir las plazas pendientes en la plantilla municipal y sin contratar tampoco a nadie para suplir a los que se iban jubilando. El resultado es que hay unas 900 plazas vacantes, por lo que el trabajo o no se hace (casos de las bibliotecas municipales que no abren por las tardes) o recae sobre el personal superviviente.
Sin embargo, UGT, CCOO, Csif y hasta el Sindicato de Bomberos han denunciado que el Consistorio ha reclutado a los parados de larga duración para que en vez de acudir a los barrios marginados ocupen las vacantes libres como consecuencia del Plan de Ajuste y hagan labores propias de los funcionarios y del personal laboral municipal. Así, los contratados temporalmente fueron desembarcados en la Imprenta Municipal, la Comisaría de la Policía Local de La Ranilla, el Registro de la calle Pajaritos, la nave de mantenimiento del polígono Calonge…. y puestos desde a limpiar las dependencias hasta archivar papeles.
No obstante, el 30 de septiembre se había publicado en la página web municipal un documento en el que se enumeraban todos los talleres que se van a organizar y los nombres y apellidos de los monitores que los van a impartir. El informe había sido elaborado por una persona al servicio de la anterior empresa que organizó los talleres 2012-2013, y otro personal de la misma informaba a los vecinos sobre los cursos y recogían las solicitudes para la inscripción, todo ello sin que se hubiera fallado todavía el concurso público convocado a tal efecto.
La delegada de Hacienda, Asunción Fley, defendió el nuevo salario de Ojeda con el argumento de que asumía también la Dirección General de Recursos Humanos tras la destitución de su antiguo titular, con lo que al fusionar los dos cargos en uno solo el Ayuntamiento se ahorrará en realidad 30.000 euros, ya que el sueldo de la doble directora pasa de sus antiguos 75.000 a 105.000.
En este sentido, la posición defendida por Juan Espadas, el portavoz municipal socialista, es que los 31 directivos y/o altos cargos del Ayuntamiento y sus empresas cobren en 2014 no más que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, cuya retribución ha quedado fijada en 59.831,24 euros anuales.
1) Director-gerente de Fibes 150.000 euros
Me llega un tuit del alcalde en el que da todo su apoyo y ánimo a los trabajadores de El Correo de Andalucía, “que -dice- defienden su empleo y la continuidad de un diario centenario”. Me indigna tanta hipocresía. La situación del decano de la prensa se vuelve contra la política de comunicación de Zoido y su arbitrario reparto de la publicidad institucional, que debería regirse por criterios objetivos (EGM, OJD…). Mientras que a su boletín oficial, que ha ocultado que cobraba sobresueldos, lo ha recompensado con casi 650.000 euros, patrocinios por otras vías aparte, al Correo y a otros los ha dejado a dos velas, cuando no los ha excluido por su línea crítica. ¿Cuántos anuncios de las Santas de Zurbarán ha puesto Zoido en El Correo? ¿O cuántos sobre la renovación de las casetas de la Feria de Abril y la información pública de las Ordenanzas Fiscales? Con que sólo se hubiera atenido a su cuota de lectores y de mercado en el reparto del pastel, quizás Zoido habría contribuido a prolongar la vida del periódico en vez de lamentarse farisaicamente por su agonía.
Los niños que jugaban al fútbol en las calles del madrileño barrio del Pilar fueron sus conejillos de Indias. Les dio a probar todo tipo de combinaciones de ingredientes y sólo cuando la mayoría de ellos coincidieron en señalar la que más les gustaba de todas supo que había dado con la fórmula, la cual tradujo en un lema comercial: ‘El secreto está en la masa’. Había nacido Telepizza.
Tras frustrarse, por impopular, la idea de implantar el copago policial, la oposición descubrió en el Pleno de las Ordenanzas celebrado el pasado 30 de octubre que el secreto de Fley estaba en la tasa….. de la basura, en la Ordenanza reguladora de la recogida de residuos. Así, se suscitó un debate entre lingüístico y técnico, de esos que espantan a los no iniciados, pero que justamente por la aversión que suscitan permiten que en caso de no producirse los tecnócratas como Asunción Fley, fichada para la política por Zoido, acaben camuflando sus medidas y que éstas no se perciban hasta que sus consecuencias no se hacen evidentes, ya demasiado tarde.
edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, como en alojamientos, edificios, locales, establecimientos e instalaciones de todo tipo, cuyo uso catastral no sea residencial en los que se ejerzan o puedan llegar a ejercerse actividades comerciales, industriales, profesionales artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias públicas o privadas”.
La tesis de Asunción Fley no parece muy consistente: los camiones de Lipasam siguen pasando por la calle donde se haya clausurado un negocio y por tanto el local comercial está ya vacío, pero los operarios no recogen ninguna basura procedente de los mismos ni cajas vacías de cartón, no le prestan ningún servicio técnicamente hablando, sencillamente porque el comerciante o el profesional ya ha echado el cierre por la crisis y lo único que queda es un cartel sobre la luna del escaparate o en la puerta con el anuncio de ‘se vende’ o ‘se alquila’. Los centenares de locales afectados por el cerrojazo seguirán generando derechos de cobro de la tasa de basura para Hacienda aunque no generen ninguna renta para sus propietarios, los cuales en muchos casos han invertido en ellos los ahorros de toda una vida.
Como medida defensiva, el propietario al que se le quede vacío un local comercial podría tratar de darle de baja en el Catastro para así librarse del tasazo de Fley, pero la delegada ya ha previsto tal posibilidad y ha modificado también la Ordenanza para asegurarse seguir cobrando por la basura durante el tiempo que el Catastro tarde en hacer la modificación y hasta tanto el propietario no presente una declaración fehaciente del cambio.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, ha convocado un concurso público para contratar el suministro de material promocional del Parque de María Luisa. El espacio verde por excelencia de la ciudad cumple un doble aniversario: los 120 años (2013) de su donación a Sevilla por la infanta María Luisa de Borbón y los 100 años (2014) de su apertura como tal al público.
Voy a obviar que previamente subió el IBI en un 10%, con lo cual la cuantía de la rebaja se reduce a un 3,41%, para darle la vuelta a la frase. Su decisión, coherente con su promesa electoral de bajar impuestos (ojo, sólo algunos), se produce con 89.000 parados en la ciudad, marco presupuestario que prevé una caída de la inversión municipal en un 40% hasta 2016, paralización o ausencia de grandes y medianos proyectos de inversión privada, cierre del grifo del crédito a empresas y emprendedores por la banca y creciente descapitalización humana por la emigración de personas con talento que aquí se ven en el paro y sin incentivos ni financiación para emprender.
Esta opción significaría reconvertir la frase de Zoido en esta otra: “para que ellos elijan en qué lo quieren invertir y puedan crearse nuevos puestos de trabajo”. Cambiar la palabra “gastar”, que significa emplear el dinero sin más propósito que el de consumir, por “invertir”, que consiste en emplear el dinero con un propósito de rentabilidad.
Como botón de muestra, la última de las citadas ha consolidado 25 empleos en las tecnologías de la información en tan sólo siete años y ya ha abierto delegaciones en Cataluña, País Vasco y Estados Unidos. ¿Cuántas Icinetic más podrían crearse en Sevilla, con la subsiguiente generación de empleo de calidad, si otros jóvenes con talento como sus promotores pudieran disponer de la financiación para su arranque, un crédito que ahora no encuentran en la banca?
la rebaja del IBI por su congelación y destinar ese dinero a constituir un fondo de inversión que sirva para la creación de empresas como paso previo para la generación de empleo en sectores como los que, según la consultora McKinsey, marcarán la economía en los próximos decenios, afectarán a millones de trabajadores y consumidores y propiciarán un negocio billonario: Internet móvil, programas informáticos ‘inteligentes’ (como los desarrollados en Sevilla por Indisys), Internet de las cosas, tecnología en la ‘nube’, robótica, vehículos autodirigidos, genómica, almacenamiento de energía (como hacen nuestras termosolares en Fuentes de Andalucía y Sanlúcar), impresión tridimensional, nuevos materiales, nuevas técnicas para extracción de gas y petróleo y energías renovables.
La sombra de Monteseirín es más alargada que la de la torre Pelli. Casi dos años y medio después de haber sido quitado del medio por el PSOE, con las consecuencias electorales que pagó el inocente Espadas, aún nos da motivos para recordarlo, por su particular modo de gestionar (es un decir) con su valido Marchena los asuntos públicos. El galeno que nunca utilizó fonendoscopio porque se metió a inspector para no pisar los ambulatorios promovió un Plan de Aparcamientos tal que cuando se descubrió la tostada resultó que buena parte de los mismos no se podían construir, porque había ofrecido suelo ¡de titularidad privada en vez de municipal! Como el chiste del que llevaba muchos años de alcalde y no sabía dónde estaba el Ayuntamiento. Ahora, Zoido, con el dinero de todos los sevillanos, tendrá que devolver un millón de euros a nuestros vecinos que, confiando en el (sin) alcalde anterior, anticiparon mil euros que volaron sobre el nido del cuco. Y, mientras tanto, Monteseirín en su dorado exilio de Madrid y haciéndose el loco con su coartada de “yo (sólo) soy médico”.
Casi coincidiendo con la exigencia del Consejo de Cofradías al Ayuntamiento de que se le aplique la tasa cero -por el negocio que genera en la ciudad- en vez de la de 12.000 euros por ocupación de la vía pública con las sillas en Semana Santa, se ha conocido que la Hermandad de la Lanzada le ha fijado una tasa de 100 euros diarios a la de Monte-Sión por ocupar la iglesia de San Martín para los cultos a su Dolorosa. Monte-Sión podría argüir para no pagar, aparte de la solidaridad entre iguales, que la afluencia de sus hermanos y de los devotos a la Virgen prestigia el templo de su colega y hasta genera mayor oportunidad de negocio por donativos al cepillo parroquial, velas, estampas y demás muestras de fervor. La Lanzada, sin embargo, sostiene que, y máxime en tiempos de crisis, debe contribuir a los gastos añadidos de luz y limpieza y al pago de las horas extra del capiller que su estancia en el templo provoca. Me da la impresión de que, con su argumentario, La Lanzada se ha adelantado a la respuesta que Gregorio Serrano está pensando darle a Carlos Bourrellier.