Debido a la rendición de Breda de Zoido, comerciantes, hoteleros y hosteleros piensan que todo el monte es orégano y que la ciudad está a su servicio. De ahí deriva la ocurrencia de la Asociación de Hoteleros de que se dedique la Feria cada año a una ciudad que tenga “puntos de conexión”. Según los hoteleros, a los que se les entiende todo, hay que “conjugar” (verbo de moda que declina el alcalde hasta con la torre Pelli) los intereses de los sevillanos con una “dimensión comercial”, eufemismo que significa sus propios intereses. No hay nada más antitético: la fiesta, ocio, con el no-ocio latino, del que deriva la palabra ‘negocio’. La Feria derivó del negocio ganadero inicial al ocio, y no es cuestión de invertir ahora el sentido de 165 años de historia. Además, como su nombre indica, la Feria es de Sevilla, no de Sevilla para Madrid, Zaragoza o cualquiera otra ciudad con estación de AVE; de a ver si viniendo más gente ellos hacen más caja. Los hoteleros, en su afán de lucro, han acabado confundiendo la Feria con Isla Mágica o ‘Sevilla son sus pueblos’.
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La margarita de Zoido
El debate sobre la torre Pelli, que algunos, como José Luis Manzanares en las páginas de El Mundo, tratan de reorientar a su terreno, me recuerda la historia de los campesinos a cuenta de un burro:
-¿Eh? ¡Oiga! ¡Que ese burro se ha metido en mi trigal!
-Pero…. ¡si está capado!
-¿Y qué tienen que ver los c…. con el trigo?
A Sevilla han venido los inspectores de Icomos y han dicho:
-Hay que frenar las obras del rascacielos y revisar su altura porque al afectar al paisaje histórico, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias pone en peligro la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.
-Pero…¡si da de comer a Sevilla! (replica el presidente de Ayesa).
Desvía así la atención sobre la cuestión de fondo, pero aunque es muy fácil hacer demagogia con un tema tan delicado como el pan de las personas, veamos la auténtica realidad. Los 600 trabajadores en la torre y los 1.000 a los que indirectamente ocupa, según las cifras de Manzanares, equivalen al 0,17% de la población activa de Sevilla. Esta ‘ración alimenticia’ supone su construcción, a pesar de la cual el paro no deja de crecer (8.075 desempleados más en enero, con la torre a toda máquina).
LA SEGURIDAD JURÍDICA
A Manzanares, al igual que a mí, le parece absolutamente digna tanto la postura del partidario como la del detractor de la torre, porque “todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión”. Y añade: “Lo provinciano no es eso, sino pretender que un proyecto, una inversión con licencia, se pare, con el riesgo de que aquí no venga un inversor nunca jamás sin otra sustentación que la de una opinión”. E insiste: “una vez que se da la licencia, el proyecto debe ir a misa….¿hay algún ayuntamiento del mundo democrático que pararía una obra con licencia por miedo al vacío?”.
Respuesta: Sí. ¿Dónde? En la misma Sevilla. ¿O es que ya no recuerda que apenas llegado Monteseirín a la Alcaldía en 1999 lo primero que hizo (y sin polémica previa como la de Zoido con la torre, ni debate, ni aviso, ni nada de nada), sólo por, como diría Torrijos, “tufillo de venganza” contra Soledad Becerril, fue paralizar la obra recién iniciada del edificio de Moneo en el Prado?
Y Moneo era premio Pritzker, equivalente al Nobel en Arquitectura. Y Dragados, la constructora más importante del país. ¿Alzaron la voz entonces Manzanares y la CES contra aquella quiebra de la seguridad jurídica? Silencio, como en la frase de Bertolt Brecht, que aún no han venido por mí y no es cuestión de señalarse ante el Poder.
Y SIGUIERON INVIRTIENDO
Y, ¿no vino un inversor nunca jamás a Sevilla? Hagamos memoria de todas las empresas que han invertido desde 1999 hasta hoy, empezando por la propia Dragados, involucrada desde 2003 en el Metro. Una gran empresa prefiere llegar a acuerdos extrajudiciales con la Administración y no enfrentársele, porque sabe que a la larga pierde. Basta con que no la contrate más.
Ahora que se cumple el XX aniversario de la Expo, las cinco sociedades de servicios que crearon bancos y constructoras para el 92 me confesaban que no tenían interés en acometer muchos de los ‘marrones’ a que las obligaba Pellón, pero que no tenían más remedio porque así funciona el sistema: hazme tal infraestructura y por este dinero en Sevilla por el supremo interés del Gobierno en quedar bien ante el mundo, que ya te daré una autopista, un pantano, un aeropuerto, un Metro…. en otra parte.
¿O es que acaso a Manzanares no le han dado la obra de la torre Pelli para compensarle por haberle frustrado su inicial proyecto de Puerto Triana, que además chocaba contra el PGOU entonces vigente al demandar más edificabilidad comercial de la permitida? El principio de la seguridad jurídica se invoca o cuestiona según convenga.
LUZ Y TAQUÍGRAFOS
Zoido le ha ‘comprado’ a Manzanares su argumento de que la torre “no se puede parar porque costaría un dineral” al decir que el Ayuntamiento no tiene fondos para indemnizar a Cajasol. ¿Y cómo sabe el alcalde –y Manzanares- que el Consistorio no tiene dinero para frenar el rascacielos si aquí nadie ha cuantificado objetivamente, partida por partida y concepto por concepto, el coste de la presunta indemnización? Zoido, que prometió ser el alcalde de la “luz y taquígrafos”, no ha dado cifra alguna. ¿Por qué?
No hace falta dinero. Se puede compensar en suelo. Recuérdese el antecedente del traslado de la edificabilidad a la Buhaira para compensar por la paralización de la torre diseñada por Pérez Escolano en la Plaza de Armas. Otro ejemplo también de Sevilla.
La plataforma ‘Túmbala’, que tiene recurrida la licencia urbanística de la torre Pelli, sostiene que el coste de frenarla ahora es de cero euros, porque como la parcela sobre la que se alza mide 41.400 m2 permitiría sobradamente que en otras zonas de la misma se pudiera materializar la edificabilidad que se ‘perdiera’ en la torre si se recortara su altura. Y da una solución gratis: incrementar en dos plantas la altura de los dos ‘edificios podio’ que se construyen a sus pies y así no habría lucro cesante ni perjuicio para Cajasol.
Según Icomos, la torre pone en peligro la Sevilla Patrimonio de la Humanidad. La ciudad no está obligada a permanecer en el exclusivo club del Patrimonio Mundial, pero si quiere seguir ha de cumplir sus reglas. Si, por el contrario, valora más el pan para hoy que significa la torre y no sufrir publicidad negativa como el reportaje del ‘Guardian’, que se salga. Zoido no puede perder más tiempo y oportunidades deshojando la margarita. Debe optar entre el rascacielos y la Unesco, entre el ladrillo y el patrimonio, porque gobernar es elegir.
Sevilla perdió el AVE
A mediados de los 80, una consultora recibió del Gobierno presidido por Felipe González el encargo de sondear la opinión sobre el proyecto de construir una línea ferroviaria de alta velocidad similar a la del TVG francés y a la del tren-bala japonés. La pregunta del millón, si era más lógico tenderla entre Madrid y Sevilla pensando en la por entonces futurible Expo-92 o entre las dos ciudades más ricas, importantes y pobladas de España, Madrid y Barcelona, para luego conectarla con Europa.
Contra la lógica económica, demográfica (clientela potencial), internacional (acercamiento a Europa) y hasta política (satisfacción del nacionalismo catalán), González decidió que el primer AVE uniera Madrid con Sevilla a través de un nuevo acceso ferroviario a Andalucía, distinto de Despeñaperros (Brazatortas) y con vía de ancho internacional y no ibérico.
Una leyenda apócrifa cuenta que González obró así consciente de que, más tarde o más temprano, la alta velocidad tendría que prolongarse hasta Barcelona, pero que, dado el multimillonario coste de la infraestructura y de los trenes, si entonces daba prioridad al eje Madrid-Cataluña, Sevilla y Andalucía volverían a quedar preteridas durante decenios.
AGRAVIO COMPARATIVO
Como nuestro país carecía de conocimiento suficiente para abordar un proyecto que revolucionaría el ferrocarril (el AVE se convirtió hasta en un atractivo turístico ‘per se’, por el mero placer de viajar a 300 Kms/hora), dos multinacionales, una francesa –Alstom-, y otra alemana –Siemens- fueron las encargadas de materializarlo, no sin maletines de por medio.
El ‘antilógico’ AVE Madrid-Sevilla en vez del ‘natural’ Madrid-Barcelona, englobado dentro del ‘paquete’ de la Expo-92, fue otro de los motivos del agravio comparativo contra Sevilla que ha condicionado en los últimos veinte años las inversiones públicas en nuestra ciudad y provincia, hasta el punto de que sólo en uno de estos ejercicios la media invertida por habitante superó la media nacional. Tres lustros después de clausurada la Muestra, el déficit inversor sufrido por Sevilla ya superaba los 6.000 millones de euros, cifra casi equivalente a toda la invertida en el conjunto de Andalucía (y no sólo en Sevilla) previamente al 92.
El mensaje implícito era que como Sevilla había gozado de unas inversiones sin parangón (el dinero destinado a preparar Barcelona y Cataluña para las Olimpiadas de aquel mismo año jamás fue cuestionado), había que medio cerrarle el grifo público a partir de entonces .
La mayor virulencia contra la Expo y sus supuestos privilegios provino del País Vasco y de Málaga. Cuando Rojas Marcos lanzó la idea de organizar unos Juegos Olímpicos contando con las infraestructuras legadas por el 92, Arzallus, por entonces presidente del PNV, montó en cólera y planteó públicamente que si Sevilla iba a tener “una Expo todos los años”. Curiosamente, es la misma expresión que usa el alcalde malagueño, Francisco de la Torre, cada vez que Zoido habla de una ley de capitalidad para nuestra ciudad. “Eso equivaldría –ha dicho- a regalarle una Expo cada año”.
ESCUELA DE APRENDIZAJE
La línea del AVE Madrid-Sevilla, justificada por la Exposición Universal, se inauguró el 14 de abril de 1992. Durante más de un decenio fue la única existente y, por tanto, el banco de pruebas donde se ensayaron todo tipo de mejoras y donde España aprendió a crear su propia tecnología de la alta velocidad.
Gradualmente se fueron batiendo récords uno tras otro y cuando se superaron los 356 kilómetros/hora y la velocidad comercial se fijó en 300 Kms/hora, el tiempo de viaje entre las dos ciudades se redujo de las casi tres horas iniciales a poco más de dos.
En pura lógica, el monopolio sevillano de la alta velocidad debería haber generado alrededor de Sevilla toda una industria ferroviaria avanzada equivalente a la del A400M en la aeronáutica, pero quizás por no alimentar aún más la leyenda negra antisevillana se dejó escapar una oportunidad histórica , y el ‘Know how’ acumulado en la explotación de la línea y la operación del AVE se fue transfiriendo a todo el país, a medida que al cabo de once años se inició la construcción de nuevos tendidos, hasta el punto de que hoy España es la nación europea con más kilómetros de alta velocidad abiertos (2.600) y en construcción (1.800), y un referente mundial, puesta de ejemplo por Obama.
FUERA DE SEVILLA
Mientras Zoido quiere buscar un futuro industrial en el nonato Plan Estratégico, será Málaga, y no Sevilla, la que, en una de las últimas decisiones
del Gobierno Zapatero, albergue en la vega de Antequera el anillo de ensayos de la alta velocidad más grande del mundo, con 55 Kms. de longitud y capacidad para probar prototipos que alcancen los 520 Kms./hora, cuando ninguno de los existentes permite superar los 270. Además, tendrá otros tres anillos para distintos anchos y tipos de trenes, e incluso para Metro y tranvía. El proyecto requerirá más de 400 millones de euros y generará 7.000 empleos.
El pasado día 14 de enero, gracias a la experiencia adquirida desde 1992, un ‘pool’ de empresas españolas se adjudicó el mayor contrato de nuestra historia en el extranjero: la construcción en Arabia del ‘AVE de los peregrinos’ entre Medina y La Meca por 6.737 millones de euros, con una exportación de tecnología nacional por 2.700 millones. El AVE ‘de la Expo’ retorna así el equivalente, e incluso más, de lo que costó.
Paradójicamente, gran parte de esos petrodólares recalarán en el País Vasco (Talgo fabricará sus trenes en Alava) y en Málaga (Renfe Integria haría lo propio en Los Prados), los dos territorios más críticos con la Expo y con Sevilla.
Pero la leyenda negra continúa.
Marcha atrás
El también alcalde de Sevilla, súper Zoido, anunció entre trompetas del Apocalipsis que paralizaría la torre Cajasol si ponía en peligro la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Pues, como habría dicho Caracol el del Bulto, esos cojones en Despeñaperros, ya que a la hora de la verdad Zoido ha acabado pasteleando con Pulido y diciendo que hay que compaginar todos los intereses en juego: el patrimonio de la Caja y el Patrimonio de la Humanidad. A eso se le llama freno y marcha atrás, como a lo que tan aficionado era Monteseirín, con lo que va a tener razón el Barómetro de Pascual de que aquí no ha cambiado nada. Porque a ver cómo se conjuga (el verbo usado a su vez por Pulido) la exigencia del Icomos de detener la obra y recortar la torre con el desafío de Cajasol de rematarla hasta el final. Preso de sus contradicciones, Zoido ha acabado creando una comisión para escaparse por la tangente, conforme al consejo de Napoleón: “Si quieres que algo se haga, nombra un responsable; si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.
Demagogia
En el peloteo político en que unos y otros han convertido la Copa Davis llama la atención la demagogia en el debate parlamentario del diputado socialista Antonio Núñez y del consejero de Turismo, Luciano Alonso, los cuales se escandalizaron por el gasto de 80.000 euros en viajes en coche y compararon los desembolsos con los ‘Oscar’ de Hollywood. Al margen de que las partidas presupuestarias son, con el efecto IPC, equivalentes a las de 2004, cuando la Davis la organizaron Monteseirín y Torrijos (y aunque ganó España ellos perdieron la cubierta de 1,4 millones de euros), sorprende el asombro de Luciano ante un acontecimiento ‘Vip’ como es éste, que obliga a un trato ‘Vip’ a sus protagonistas, máxime cuando él ha viajado a costa del Presupuesto público a todo tipo de ferias turísticas (Madrid, Berlín, Londres) donde corren los langostinos a cuenta nuestra y preconiza que Andalucía debe captar turistas de alto poder adquisitivo antes o mejor que los de mochila y alpargata. En el debate sobre la Copa Davis al consejero de Turismo se le ha visto el pelo de la dehesa.
El lucro cesante
Zoido reiteró en el encuentro ‘Nueva Economía’ que no pondrá en riesgo la declaración de Sevilla como Patrimonio de la Humanidad y, lo más significativo, añadió en presencia del presidente de Cajasol, promotora de la torre Pelli, que “ni la Caja permitirá que la ciudad la perdiese”, aunque la entidad financiera sigue insistiendo en que el rascacielos es “muy positivo” para la ciudad (Pulido ‘dixit’).
El alcalde, pues, apunta a un hipotético (subrayo lo de hipotético) escenario en que el Ayuntamiento declararía lesiva para el interés público la licencia de obras e iniciaría la negociación para indemnizar a Cajasol, un supuesto para el que se ha barajado una cifra de 200 millones de euros por lucro cesante.
Pero antes de llegar a ese extremo hay que preguntarse hasta qué punto es “muy positivo” para la propia Cajasol y Sevilla el rascacielos y si tiene lógica económica, al margen de cómo se haya otorgado la licencia y del debate patrimonial.
Cuando Pulido anunció en 2007 que el proyecto de torre de 178 metros diseñado por César Pelli sería el que se construiría en la Cartuja, con una cifra de inversión elevada dos años más tarde por la consultora Deloitte hasta 353 millones de euros, aún nos hallábamos en pleno ‘boom’ inmobiliario.
El ‘boom’ en realidad era una burbuja que estalló con la quiebra de Lehman Brothers en 2008 por las hipotecas-basura, las cuales desvelaron el desmedido riesgo inmobiliario asumido por las entidades financieras.
Ya en plena crisis, Cajasol difundió en marzo de 2009 el estudio de Deloitte para acallar la oposición a la torre: con su construcción se iban a crear más de 4.000 empleos en Sevilla; en su primer año generaría más de 561 millones de euros y mantendría 11.327 puestos de trabajo; en el segundo, 795 millones y 16.106 empleos; y en el noveno, 1.351 millones y 27.910 empleos.
El rascacielos lleva meses en construcción (se ha rematado ya en una cuarta parte) pero el paro no deja de crecer en Sevilla: un 7,47% más que hace un año y 217.689 personas afectadas. Por tanto, su efecto en el empleo (los anunciados 4.000 puestos de trabajo se habrían tenido que notar) no ha sido el estimado o se ha diluido.
EL RIESGO INMOBILIARIO
El estallido de la ‘burbuja’ ha puesto de manifiesto la incoherencia de asumir un riesgo inmobiliario aún mayor con una obra de la magnitud del rascacielos y al coste de 353 millones de euros. El Banco de España ha levantado el velo de las Cajas, forzado por los tests de estrés impuestos por la UE al sector financiero, y el pasado enero aquéllas desvelaron su exposición al riesgo del ladrillo: 148.969 millones de euros en conjunto. Previamente, según publicó este periódico, Cajasol fue obligada por el Banco supervisor a integrarse en Banca Cívica debido a un ‘agujero’ estimado en mil millones de euros. Pues bien, la exposición de Cajasol/Banca Cívica al riesgo inmobiliario ascendía a 9.187 millones de euros.
La morosidad en el sector promotor e inmobiliario de Cajasol era del 16,5%, muy superior a la media de las entidades financieras. Cajasol/Banca Cívica tuvo que pedir una primera ayuda de unos mil millones de euros al FROB para paliar esta situación y sufragar, a un coste inicial de 327 millones de euros, la prejubilación de 1.100 empleados y el cierre de 116 sucursales para ahorrar costes, número que se sumó a las 200 oficinas clausuradas previamente.
La carta de Zoido al Gobierno en la que planteaba la asunción de responsabilidades por el rascacielos, es lógica a la luz de estos datos porque ¿tiene sentido que a través del FROB se inyecten mil millones de euros a Cajasol/Banca Cívica debido al riesgo inmobiliario contraído para que esta entidad incremente ese mismo riesgo destinando 353 millones de euros a construir una torre de oficinas? ¿Tiene sentido gastar por un lado 353 millones en un rascacielos mientras que por otro se aplian 327 millones del FROB a reducir la plantilla en 1.100 empleados? ¿Crea empleo Cajasol/Banca Cívica con la torre Pelli o más bien lo destruye para seguir construyéndola?
Tal como está la situación, ¿puede el rascacielos ser un gran negocio inmobiliario que reporte esos augurados beneficios a Cajasol/Banca Cívica y Sevilla? Confrontemos las expectativas con la realidad. En Madrid, con mucha más actividad económica que aquí, los cuatro rascacielos más altos de España (uno, de 250 metros) y que componen el ‘Business Area’ de la capital aún estaban vacíos en un 75% dos años después de su comercialización a entre 29 y 42 euros/m2.
BNP Paribas presentó EN 2010 un informe sobre el mercado inmobiliario sevillano según el cual la contratación de oficinas se redujo en un 37% en 2009 por tercer año consecutivo y había una superficie disponible de 174.000 m2, equivalente a dos veces y media la futura torre Pelli. Así pues, no sólo se ha hundido la demanda, sino también los precios, con varios años de reajuste a la baja (-10% en 2009).
Para que se pueda conceder una indemnización por lucro cesante la jurisprudencia exige: 1) que exista y pueda ser probado; y 2) que pueda determinarse la cuantía que se ha dejado de percibir.
¿Se han dejado de percibir acaso rentas por alquileres en la torre Pelli por valor de 200 millones de euros? No. ¡Si aún no hay tales oficinas!. Y ya hemos visto cómo de hundido está el mercado inmobiliario. Por tanto, salvo el valor tangible de lo construido físicamente, el resto de lo que rodea a la torre se basa en meras lucubraciones sobre el papel. Y en este caso el papel, al contrario de lo que se dice, no lo soporta todo.
La torre de la discordia
Zoido no quiere pasar a la historia como el alcalde en cuyo mandato Sevilla fue expulsada de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco a causa del rascacielos de la Cartuja, sobre el que ya aquélla ha dado dos avisos. Aunque la licencia fue otorgada por Monteseirín (mediante un procedimiento cuestionado ‘a posteriori’, por su oscurantismo, por los colectivos opositores), Zoido ha escrito a Gobierno y Junta para plantearles la hipótesis de que si por evitar la descalificación de Sevilla como Patrimonio de la Humanidad hubiera que revisar o anular la licencia del rascacielos e indemnizar a Cajasol (se habla de 200 millones de euros), ¿quién y bajo qué criterios debería asumir ese coste?
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en sintonía con el delegado del Gobierno, ha responsabilizado del problema exclusivamente al Ayuntamiento:“Lo que haya que decidir sobre eso recae sobre la Administración que concede la licencia, que no es la Junta de Andalucía”.
Al margen de otras consideraciones, la cuestión clave a la que alude la consejera es precisamente ésa: cómo la Junta, que ahora se lava las manos, creó las condiciones necesarias para que se construya este rascacielos y no otra cosa.
Siempre ha existido en Sevilla una ‘ley’ no escrita (como la Constitución británica o las alternancias continentales de las sedes olímpicas) en el sentido de que ningún edificio se aproximara, equiparara o superara en altura a la Giralda, el símbolo de la ciudad. En virtud de esa ‘ley’ se tumbó en los 90 el proyecto de torre de unos 30 metros de altura de Pérez Escolano en la Plaza de Armas.
El rascacielos en construcción es el último de varios proyectos en la explanada Sur de la Expo, cuyo primer exponente, ‘Puerto Triana’, incluía un lago circular para puerto deportivo y que fue promovido tras el 92 (gobierno local PP-PA) por los empresarios José Antonio Sáenz y José Luis Manzanares y El Monte. Aquéllos eran vistos desde la Junta y el PSOE como afines al PA, razón por la que sus sucesivas modificaciones del proyecto e incorporaciones de inversores para darle músculo financiero (Rodamco fue el último) nunca recibieron luz verde.
EL ‘CAMPANILE’
A la desesperada, ficharon a un arquitecto de la ‘gauche divine’ bien visto por el PSOE, hasta el punto de que Felipe González llegó a ‘pre’nombrarle comisario para la Expo antes que a Olivencia: Ricardo Bofill. Fue repudiado por las fuerzas vivas por el mero hecho de ser catalán, así que encomendándole este proyecto de alguna manera se reparaba el agravio cometido. El divo arquitecto presentó un diseño que incluía un ‘campanile’, una torre de 80 metros como hito del nuevo Puerto Triana.
En mayo de 2002, la Junta emitió un informe en el que advertía que el planeamiento sólo permitía en la zona una altura máxima de cinco plantas -y seis el de la ciudad- para usos terciarios (un máximo de 23 metros). Por tanto, concluía, “se está proponiendo una excepcionalidad a escala de ciudad de notable alcance en lo que respecta a las alturas”. A la vista de esta singularidad, la Junta decía que la construcción de la torre “debiera estar suficientemente analizada y justificada”. La consejera de Obras Públicas exigió además que el Ayuntamiento garantizara las inversiones con el fin de evitar la saturación del tráfico y recortar la edificabilidad.
También instó a optar por otra vía en caso de no querer reformarse el proyecto: tramitarlo en la revisión del nuevo PGOU, lo que podría significar una demora mayor. Por entonces los promotores llevaban 8 años esperando, por lo que cuando al año siguiente Monteseirín pactó con IU para librarse del PA tiraron la toalla y lo traspasaron todo a las Cajas, en manos del PSOE.
DESBLOQUEO
Y todo cambió. El Ayuntamiento, las Cajas y Agesa firmaron un convenio para desbloquear el proyecto “después de que el anterior –dijo Bueno Lidón- decayese (sic) por causas ajenas tanto al Ayuntamiento como a los promotores”.
Si antes la Junta instaba a esperar a la revisión el PGOU, ahora el convenio se tramitaría como modificación puntual del Plan entonces vigente con el fin de lograr un desarrollo más rápido del que supondría esperar a la aprobación del nuevo PGOU (al menos un año).
Monteseirín declaró que se haría un hito como la Torre Bofill “o algo parecido”, mientras que Carrillo, aún a su lado, expresó que el Ayuntamiento aplaudiría “todo lo que suponga un edificio en altura”, y animó a los promotores a que fueran valientes y “rompieran moldes”. Monteseirín atribuyó este “momento de éxito” a los cambios políticos producidos (la salida del PA).
Cuando trascendió que el “algo parecido” a la torre Bofill podía ser un rascacielos de 50 plantas y un máximo de 225 metros (finalmente rebajados a 178), el delegado de Cultura de la Junta ya no veía pega alguna a la altura. Bernardo Bueno declaró que el rascacielos no tendría problemas con las leyes de Patrimonio en ese sentido siempre que no tocara la lámina del río.
METROS DE ‘MODERNIDAD’
Y Monteserín hizo su particular silogismo: “Los edificios de gran altura son elementos consustanciales a las grandes ciudades. Sevilla es una gran ciudad que debe tener lo que tienen todas las grandes ciudades”.
Si hoy, por causa del rascacielos de 178 metros propiciado por la Junta e impulsado por un alcalde con complejo de inferioridad, peligra la Sevilla Patrimonio de la Humanidad no será por culpa de Zoido.
El rascacielos, al igual que las ‘setas’, irá ligado por siempre a su predecesor. Por eso no sé por qué le llaman torre Cajasol o torre Pelli, cuando debería ser conocido como torre Monteseirín.
Excesos
Las cuentas de Isla Mágica en 2010, aprobadas de forma oficial, muestran que el Parque Temático vuelve a perder dinero (¿lo ganó alguna vez?), a razón de 3,6 millones de euros, y que su facturación bajó un 13% pese a los ímprobos esfuerzos de su plantilla, dignos de todo encomio. Cajasol ha evitado el concurso de acreedores inyectándole casi 10 millones, pero ya no está dispuesta a poner más dinero (lleva 34 millones), máxime desde que es Banca Cívica y está en Bolsa. La única solución ‘imaginativa’ que circula es, cómo no, otra recalificación urbanística. Fuentes de Cajasol indicaban a una querida colega que el Ayuntamiento tendría que aceptar usos comerciales en el Parque Temático, ya que existe un exceso de oficinas en Sevilla. Por el inconsciente habla la verdad. Si Cajasol admite que hay exceso de oficinas, ¿qué sentido tiene entonces gastarse 300 millones de euros en la torre Pelli, sita tan sólo a unos 2.000 metros de Isla Mágica, para ofertar más oficinas a un mercado saturado y sin demanda por la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria?
Fanfarronada
Si para Jürgen Mayer de lo que estaba pendiente aquel domingo el mundo era de las setas de la Plaza Mayor (así ha rebautizado el ‘sin’ alcalde la Encarnación, como si fuera un vulgar remedo de la de Madrid o Salamanca), Monteseirín no quiso ser menos que su arquitecto de cámara (mortuoria) y bajo las grúas de su inacabado mausoleo faraónico (140 millones de euros lo contemplan) dijo esta fanfarronada para la posteridad: “Estamos teniendo el privilegio de asistir a la inauguración de la Sevilla del siglo XXI”. No, mire usted, señor (sin) alcalde: el siglo XXI entró en Sevilla con ocho años de adelanto cuando el 20 de abril de 1992 el Rey inauguró en la Cartuja la Exposición Universal. Esa Expo, aparte de convertir un erial donde había sólo un árbol en el evento que registró 42 millones de visitas, trajo el AVE, los ocho nuevos puentes, la liberación del tapón de Chapina, el nuevo aeropuerto, las nuevas rondas y tanta Modernidad, con mayúscula, que a su lado sus setas como presunto icono de una nueva era suena, aparte de a despilfarro, sencillamente a ridículo.
Arcadia
El Ayuntamiento del (sin) alcalde está dejando sin presupuesto a la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias, conocida vulgarmente como el Defensor del Ciudadano. La gráfica presupuestaria dibuja una línea sin un solo diente de sierra porque es tan descendente que cae en picado: 40.000 euros en 2008; 32.000 euros en 2010 y 23.000 en 2011. Esta última cifra está tan hipotecada por cargas de anteriores ejercicios y compromisos previos que se calcula que para el mes de mayo, cuando expire el tercer y último mandato del (sin) alcalde, se habrá alcanzado el cero absoluto, el cero patatero. Por no haber, no hay ni habrá un solo euro para el pago de una cerradura que adelantó de su bolsillo el Defensor ni para un mísero bonobús solidario de los que Torrijos carga en la cuenta de Tussam. También en este capítulo Monteseirín conseguirá la meta que no pudieron lograr en la Exposición Universal de 1992 ni Manuel Olivencia ni Jacinto Pellón: el balance cero. Y bien pensado, es absolutamente lógico que ocurra lo que tiene que ocurrir. La Comisión Especial de Quejas y Sugerencias ha de quedarse necesariamente sin presupuesto a partir del mes de mayo porque, habiendo alcanzado para entonces Sevilla la tierra prometida de la modernidad bajo el mandato de Alfredo, ya no habrá lugar para queja alguna.
