Juan Ignacio Zoido, el mismo que abominaba de la torre Cajasol (¿por qué la llaman torre Pelli, si el pobre rico de César Pelli no es más que un mandado?) y ahora se ha convertido en su defensor ante la Unesco, se ha rendido también ante las ‘Setas’ de la Encarnación. Ha lanzado una campaña de promoción turística de nuevo con los Reyes Magos/Vagos de protagonistas, y en vez de sacar a Melchor, Gaspar y Baltasar posando ante, por ejemplo, nuestro Patrimonio de la Humanidad en peligro (la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias), el Parque de María Luisa, la Plaza de España, la antigua Fábrica de Tabacos, el Salvador, el Barrio de Santa Cruz, la Macarena…… aparecen en el spot ante el Metropol/Parasol, el mayor símbolo del despilfarro, con el coste oficial de 102 millones de euros sin contar todo lo gastado en enterrar el proyecto previo del PA. Zoido, como abogado defensor del rascacielos y propagandista de las ‘Setas’, ha acabado convirtiéndose en el padre putativo (no se escandalicen: consulten el Diccionario de la Academia) de los iconos de Monteseirín.
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Desde hace tres años, la Unesco viene dando avisos a España sobre la afección del rascacielos a los tres monumentos sevillanos patrimonio de la Humanidad (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias), sin que ni el Gobierno, ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento se hayan dado por enterados.
En Sevilla se han despreciado los informes de Icomos diciendo que era una especie de ONG del Patrimonio, un grupo de amiguetes sin poder ni influencia en la Unesco. Craso error, porque en la Convención de París de noviembre de 1972 y en virtud de la cual se creó el Patrimonio Mundial, Icomos figura en el artículo 8.3 como la voz consultiva para el patrimonio cultural, y la UICN para el natural.
España no sólo suscribió en mayo de 1982 la Convención del Patrimonio Mundial, sino que fue mucho más lejos cuando el 18-4-2002 firmó con la Unesco un convenio especial pensando en países del Tercer Mundo para identificar más bienes destinados al Patrimonio Mundial, prestar asistencia técnica a otros Estados para asegurar su protección y, paradójicamente, fortalecer la gestión de los bienes ya declarados como tales, “especialmente a través de una nueva confirmación, si fuese necesaria, de los límites del área bajo protección del Patrimonio Mundial y de la revisión del marco de gestión de dicho patrimonio”.
Tras la inclusión del Patrimonio mundial sevillano en la ‘lista negra’ de la Unesco, Zoido se ha caído del caballo y sufrido una súbita conversión. Podría haber dicho que hasta aquí nos han llevado los delirios faraónicos de Monteseirín y Marchena, con la complicidad de Montaner y Pulido; que él ha intentado paralizar el rascacielos temiendo que pasara lo que ha ocurrido pero que su antecesor, aprovechando el verano y las triquiñuelas legales, lo ha dejado jurídicamente atado de pies y manos; y que no va a pagar 200 millones de euros por frenar la obra a cambio de dejar arruinada Sevilla por generaciones. En lugar de hacer eso, el Ayuntamiento de quien quería paralizar la torre Pelli para que Sevilla no perdiera su título de Patrimonio de la Humanidad se ha erigido en su paladín y proclamado que no afecta al patrimonio y da mucho empleo. O sea, que Zoido le ha comprado el argumentario enterito a Monteseirín & Cía. para celebrar su primer año en el Ayuntamiento ‘del cambio’. ¿Qué cambio? Si acaso el de la veleta, que ha pasado de la Giralda a la Plaza Nueva.
A pesar del homenaje que con motivo del XX aniversario le organizó la SER, Felipe González no fue el padre espiritual de la Expo, sino que, como San Pablo camino de Damasco, se cayó del caballo y pasó de principal objetor a su apóstol. Socialistas de aquella época recordaban cómo tardaron ocho meses desde el primer Ayuntamiento de la Democracia, merced al impulso de Rodríguez Almodóvar como primer teniente del alcalde Uruñuela, en vencer la inicial oposición del presidente a seguir la aventura de la Expo, que sobre el papel se había iniciado con la petición formal del Consistorio hispalense el 26 de enero de 1981. Hay que ponerse en su lugar: España venía de una asonada golpista y de unos Pactos de la Moncloa, y González decía que no había dinero para tamaña empresa. Así se mantuvo en sus trece, hasta que, quizás por la influencia de Guerra, que vio la Expo como pretexto para relanzar el país ante el mundo, el 15-6-1983 su Gobierno presentó ante el BIE el proyecto conjunto con EEUU. Luego, quien se cayó del caballo fue Chicago y Sevilla se quedó con la exclusiva.
Se comprende, pues, por qué la Gran Exposición Iberoamericana, que iba a celebrarse en 1909, y luego en 1911, y después en 1914, no se inaugurara hasta 1929, y que, por más que le pese a Olivencia, cobre cuerpo en el imaginario colectivo la tesis de que si no hubieran mandado a Pellón desde Madrid y no hubiera convertido la Muestra en un ‘hecho exógeno’ a Sevilla, jamás se habría cortado la cinta inaugural a tiempo para el 92 por el tópico (¿o no?) de nuestra indolencia.
La opinión pública creyó que aquello iba a ser la reedición de la Expo, pero a pesar de que en torno al Lago original seguían en pie parte de los pabellones (autonómicos y el de España), equipamientos del gran evento (telecabina, tren monorraíl) y espectáculos (el del Lago, la Cabalgata), decenas de miles de sevillanos que acudieron el primer día juraron no volver para que la visión de aquel remedo no destrozara su recuerdo de la Exposición. Parte de la ‘leyenda negra’ de los jaramagos proviene de aquel entonces.
Aunque por la crisis -aún peor que la del 93- Zoido apueste por una conmemoración austera, digna y con el menor coste posible, cabe reprocharle su desidia al respecto, pues tomó posesión en junio y sí tuvo tiempo de captar una treintena de patrocinadores para la Copa Davis.
Es absolutamente falso que el Ayuntamiento no haya hecho nada para preparar el aniversario de la Exposición Universal, que se cumple el viernes. La semana pasada inició su particular homenaje a la Muestra imitando las prácticas de (in)comunicación de Pellón. Recuerdo que cada vez que publicaba un documento comprometedor para la Organizadora, inmediatamente sus asesores de la Burson Marsteller saltaban diciendo que aquel papel no era nada definitivo, sino sólo un borrador previo y sin importancia. Pues el Consistorio, igual. El jueves anunció mediante nota oficial el nuevo horario de cierres de las terrazas y las sanciones por los veladores, y tras la bronca de vecinos afectados por los ruidos y de los hosteleros que quieren más madera, reculó en 24 horas con la excusa de que se trataba sólo de un borrador, de “un punto de partida y un proceso que se acaba de iniciar”. ¿Y desde cuándo se envían notas oficiales sobre los borradores? Zoido lleva diez meses liado con el borrador de su proyecto para cambiar Sevilla. A ver cuándo lo acaba de pasar a limpio de una vez.
Un proverbio dice que cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo. Yo, más que mirar el dedo que señala los 178 metros de la torre Cajasol, sus 43 plantas, si afecta o no a la Giralda, el Alcázar y el Archivo de Indias y si por éso o a pesar de éso nos retirará la Unesco o nos mantendrá el título de Patrimonio de la Humanidad, miro la ‘lógica’ económica de gastarse 350 millones en un cilindro de oficinas con el mercado inmobiliario hundido y cuando el Banco de España obliga ya a Banca Cívica a provisionar 1.248 millones por su riesgo y/o pérdidas con el ladrillo. ¿No queríais que nos quitáramos del ladrillo? Pues toma, dos tazas con la torre Cajasol, que dirá Pulido. Y Mafo echándole paletadas de billetes al Frob para salvar las Cajas con nuestro dinero. Ahora, Banca Cívica amenaza con rebajarle el sueldo un 20% a sus trabajadores supervivientes y despedir a 1.500. Decían que por crear con las obras 1.500 empleos (indirectos y efímeros, no se olvide) la torre iba a dar de comer a Sevilla, pero han acabado poniendo a 1.500 trabajadores en la calle.
Fomento multa con 140.000 euros a Cajasol por poner en peligro el tráfico de aviones con los 178 metros de la torre Pelli y no pedir permiso previo a Seguridad Aérea. La Caja alega que, según el PGOU de 2006 y la Gerencia de Urbanismo, no precisaba permiso porque ese suelo no tenía servidumbre aeronáutica, hasta el punto de que ni Aviación Civil alegó contra el Plan. Si Aviación no dijo nada fue porque el gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, cuádruple imputado por la juez Alaya y al que Monteseirín le pagaba el sueldo récord de la historia del Ayuntamiento (168.392 euros), omitió en el PGOU que allí fuese a construirse rascacielos alguno, con lo que daba pista libre y rápida a lo que viniera después sin escrutinio ni objeción de Seguridad Aérea, que se encontraría con el hecho consumado de la torre a mayor gloria del alcalde cuando ya no tuviera marcha atrás. Si Fomento da la razón a esta denuncia de ‘Túmbala’ con la multa y afirma que la torre está fuera del ordenamiento jurídico, ¿cómo dijo Zoido tras revisar el expediente que todo se hizo de forma legal?