Por primera vez hay plazas vacantes en capitales como Huelva y se prevé un descenso del número de opositores
El nuevo consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, y el presidente del Colegio Notarial de Andalucía, Antonio Ojeda, han mantenido contactos para revisar la Demarcación notarial y reducir el número de notarías existentes para ajustarlas a la situación de crisis económica, muy diferente a la de la anterior revisión. Esta se efectuó cuando aún estaba vigente el ‘boom’ inmobiliario. Andalucía es la comunidad autónoma con más notarios (unos 600) de España, aunque paradójicamente Cataluña le gana en número de notarías abiertas al público.
Menacho y Ojeda están de acuerdo en propiciar una revisión de la Demarcación notarial con carácter general y no sólo para el ámbito andaluz, habida cuenta de que los notarios constituyen un cuerpo nacional implantado en todo el territorio, y sin perjuicio de la colaboración de las Autonomías con competencias por su Estatutos para participar en esta reestructuración. Cada cinco años se realiza una revisión parcial de la Demarcación notarial y cada decenio se efectúa de forma general, para ajustar el número de notarías a la evolución económica, al incremento de población y a una mejor prestación de este servicio público. En el año 2000 se produjo el hecho excepcional de la fusión de los corredores de comercio (unos 700) en el cuerpo único de notarios, con lo que de golpe se llegó a frisar las 3.000 notarías en todo el país.
En 2005 se iniciaron los trabajos preparatorios de la revisión de oficio correspondiente a 2007 y se crearon entre 250 y 300 nuevos despachos justo en vísperas del estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la actual crisis económica (2008).
NOTARÍAS EN CRISIS
La integración de los corredores de comercio unida a las notarías de nueva creación y la caída en la actividad económica han provocado que, por primera vez, haya notarías vacantes en capitales de provincia o comunidad autónoma como Barcelona (media docena de plazas sin ocupar), Huelva (dos desde hace más de un año) y Sevilla (no hay previsto relevo para una notaría que va a desaparecer). En Andalucía la crisis ha afectado también a las ciudades medias, con dos o tres notarías muy consolidadas de toda la vida y donde ya no hay volumen de negocio para una cuarta, e incluso a las radicadas en municipios pequeños, incluso del orden de 3.000 habitantes pero que por su radio de influencia daban servicio a una población cuatro o cinco veces mayor.
Según estimaciones del Consejo General del Notariado, la actividad en los despachos se ha reducido entre un 30% y un 70% respecto de la etapa anterior a la crisis, por lo que hay bastantes notarías en pérdidas.
Antonio Ojeda, el presidente de los notarios andaluces, afirma que, dado que las notarías no se pueden cerrar por tratarse de un servicio público, los despachos más golpeados por la crisis se han acogido a la legalidad vigente para capear el temporal con medidas como reducción de jornada y/o sueldo, expedientes de regulación de empleo y despidos con indemnización, algo impensable en el imaginario colectivo. “Llevo 44 años de notario –asevera Ojeda- y he sufrido la crisis del petróleo, la de los años 80 y la de la postExpo-92, pero ninguna puede comparársele en gravedad a la que ahora estamos padeciendo”.
Como el notario que pierde dinero no puede cerrar la notaría por tratarse de un servicio público, su única válvula de escape es optar a uno de los varios concursos de traslado que organiza el Ministerio a lo largo del año para cubrir las bajas que se producen por fallecimientos y jubilaciones (entre 30 y 40 vacantes de promedio por ambas causas) y su personal es absorbido por otras notarías o acaba en el paro.
Las oposiciones a notario son de las más dura que existen, ya que el tiempo medio de preparación de los aspirantes es de unos 6 años, y sin garantía de obtener plaza. Esta dureza y la crisis económica ya auguran un descenso en el número de opositores en la próxima convocatoria, prevista para antes de final de año. Según Antonio Ojeda, mientras que en 2008/2009 se preparaban unos 1.200 opositores en Andalucía, ahora la cifra se ha reducido a unos 700, en un fenómeno de autorregulación de la profesión.
Pese a esta situación, la profesión de notario (que aúna la condición de funcionario, profesional del Derecho y empresario de su propio negocio, que tal es una notaría) mantiene incólume su prestigio social, hasta el punto de que aporta un plus de prestigio e importancia a los municipios donde se radican, como prueba el hecho de que alcaldes de pueblos sin notaría (casos de Coripe y Benalup) han pedido al Ministerio y a la Consejería de Justicia que doten plazas de notario en sus respectivas localidades.
Los notarios no sólo están sufriendo la crisis económica en sus propias carnes, sino que también están siendo solidarios con el resto de la sociedad y soportando y aplicando tarifas mucho más baratas por disposición del Gobierno, según asegura el presidente de los notarios andaluces, Antonio Ojeda.
“Nuestros aranceles –asegura Ojeda- datan del año 1989 y desde entonces se han tocado siempre a la baja. En mayo de 2010 incluso nos ordenaron una rebaja del 5%, pero nos debemos a la sociedad y colaboramos con todos los Gobiernos, sin distinción política alguna”.
LOS NOTARIOS DEBERÁN VOLVER A LOS ORÍGENES
El presidente del Colegio Notarial de Andalucía y decano de Sevilla, el onubense Antonio Ojeda, asegura que quien quiera ser notario para enriquecerse cuanto antes “está muy equivocado”. Ojeda, que ingresó en la profesión en el año 1967, dice que no sabía si iba a ganar mucho o poco dinero, y que su motivación fue lo atractivo de una función que le permitía estar en contacto permanente con la realidad y con los problemas de la gente, con independencia para organizar su propio despacho y con la alta misión de velar por la seguridad jurídica del tráfico mercantil.
Hace 44 años, cuando se inició en la profesión, Antonio Ojeda aún conoció la España predominantemente rural, en la que iba a comenzar el despegue del turismo y de la construcción, con un auténtico ‘boom’ inmobiliario en los años prodigiosos del 94/95 hasta 2007. El desarrollo urbanístico en las grandes ciudades, con la construcción de los barrios para la población inmigrante, llevaba implícita la financiación bancaria, por lo que las hipotecas se convirtieron durante muchos años en el pilar de las notarías.
Ahora, con el fin por bastante tiempo del ‘boom’ inmobiliario, los notarios deberán volver a sus orígenes, a notarías clásicas sustentadas en el Derecho de familia (las herencias) y el Derecho mercantil. Aunque haya menos notarías, el servicio estará perfectamente atendido en Andalucía con 600 notarios merced al avance en las comunicaciones por carretera e Internet.
Los notarios fueron de los primeros en apostar por las nuevas tecnologías. Pueden solicitar certificados de última voluntad, del Registro de Seguros, certificaciones catastrales….y luego presentar unas escrituras por vía telemática en el Registro de la Propiedad y el Mercantil en cinco minutos. Antonio Ojeda presume de que pueden constituir empresas ‘exprés’ en una sola mañana, frente a quienes hablan de la complejidad burocrática de crear una sociedad en España. Aún más: en una gran capital andaluza le pueden decir al cliente que va a comprar un inmueble si está al día en el pago del IBI, gracias al uso de las nuevas tecnologías.
TARIFAS REBAJADAS DESDE EL 2000
Los notarios no sólo están sufriendo la crisis económica en sus propias carnes, sino que también están siendo solidarios con el resto de la sociedad y soportando y aplicando tarifas mucho más baratas por disposición del Gobierno, según asegura el presidente de los notarios andaluces, Antonio Ojeda.
“Nuestros aranceles –asegura Ojeda- datan del año 1989 y desde entonces se han tocado siempre a la baja. En mayo de 2010 incluso nos ordenaron una rebaja del 5%”
La cantinela del PP desde que llegó al Ayuntamiento con sus veinte concejales por banda es que Monteseirín no sólo había dejado una deuda de 700 millones de euros, sino que también había casi agotado los Presupuestos para todo el año 2011. A título de ejemplo, la nueva corporación citó dos casos sangrantes: sólo había 8.000 euros en caja para afrontar el arreglo de los colegios antes del inicio del curso y 200.000 euros para todos los parques, una cifra tan insuficiente que algunos como el del Tamarguillo, Miraflores y Guadaira quedarían abandonados a su suerte en pleno verano.
Por tanto, este dinero no contribuye a la sostenibilidad porque no queda ninguna planta viva. Al contrario, es un gasto suntuario, un lujo en las actuales circunstancias. Y no sólo el nuevo Ayuntamiento ha incurrido en esta práctica, sino también la corporación anterior con Eva Patricia Bueno al frente de Parques y Jardines, cuando se gastaron grandes partidas en plantas y en siembras efímeras. Esta tendencia que aún se mantiene entre nosotros y aumentada por el nuevo Ayuntamiento ha sido ya corregida en otras ciudades europeas y, en España, en Barcelona, por su elevado coste, insostenible en un escenario de crisis y cuando la política generalizada es la de ahorrar como sea para reducir el déficit público. En congresos de jardinería se está constatando que los expertos abogan por trabajar a favor de la Naturaleza y no forzando su ritmo con la implantación de flores fuera de temporada u obtenidas en invernaderos a un elevado coste, por lo que propugnan la siembra en los jardines públicos de especies vivaces. Estas permanecen en el terreno tras su floración habitual, que ofrecen de nuevo a la temporada siguiente, por lo que así no hay que gastar dinero año tras año en la compra de macetas que sólo duran unas semanas.
Ante esta disputa política, me pregunto en cuánto valorarían el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta un evento que:
Actualmente se están desarrollando infinidad de aplicaciones basadas en la energía solar, desde la moda (bolsos, gorros, guantes y ropa con células solares flexibles y lavables que generan energía para recargar el móvil, el iPad y demás) hasta la informática (ordenadores solares que no necesitan ser enchufados); desde la sanidad (hospitales móviles abastecidos por el sol) hasta la agricultura (minietiquetas solares para el seguimiento del ganado mediante radiofrecuencia) y el transporte, ámbitos en que las noticias, al margen de las termosolares, se producen fuera de Sevilla y donde no es que estemos perdiendo terreno, es que no hemos entrado aún en ellos.
Los turistas japoneses caminaban confiadamente por la Avenida de la Constitución al tiempo que apuntaban sus cámaras fotográficas hacia lo alto, a la Giralda y los arbotantes de la Catedral; por eso no repararon en que se iban metiendo de lleno en una extensa ristra de cagajones frescos, con las consecuencias imaginables. ¿Qué imagen de Sevilla pregonaron luego en Japón? En todas las ciudades turísticas que conozco –y son algunas- los coches de caballos circulan con pañales, vulgo ‘dodotis’, y las calles no están alfombradas de excrementos secos de equinos ni emanan insoportables efluvios. El nuevo Ayuntamiento, con un criterio que responde al sentido común del que carecen algunos, ha anunciado que impondrá pañales a los équidos. Los cocheros, que llevan veinte años boicoteando la medida en plan vasco (“se acata, pero no se cumple”), vuelven a oponerse con argumentos tan peregrinos como el de que el problema lo causan las yeguas por excretar como excretan. Pues entonces la solución es muy sencilla: que los coches sean, como su nombre indica, de caballos.
Las obras de Fibes van camino de superar en coste (si no lo han hecho ya) a las setas de la Encarnación. Una auditoría de la Cámara de Cuentas eleva la factura a casi 113 millones de euros, cuando el Ayuntamiento de Monteseirín sólo había previsto financiación por 78 millones. ¿A qué se debe esta desviación? La Dirección Facultativa ha tratado de justificarse con una perla lingüística: se han producido unas obras adicionales, aprobadas por “el devenir inexcusable”. Osea, que aquí se adjudica una obra por un presupuesto equis y al final (¿tendrá final esta historia interminable, digna de Michael Ende?) ya vamos por equis más 35 millones, como si esta desviación fuera fruto de una fatalidad y no consecuencia de los caprichos de última hora del arquitecto, de imprevistos previsibles o bajas temerarias para hacerse con el contrato, que ya pagará al que le toque. Y en eso llegó Zoido y mandó parar y no pagar hasta que no se revisen las facturas una por una. También el Ayuntamiento, en justa reciprocidad con las constructoras, puede invocar “el devenir inexcusable”.
…y tiro porque me toca, ha dicho Zoido. Si el PSOE denunció que el Ayuntamiento dejó de pagar la cuota anual de 46.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) justo en vísperas –hay que tener poco ojo clínico- de que el alcalde fuera elegido su presidente, ahora el PP ha revelado que Monteseirín nunca pagó la cuota de la filial andaluza de la FEMP, la FAMP, en sus doce años de mandato. Y no podía alegar ignorancia de sus obligaciones porque venía de ser su presidente antes de acabar como alcalde de Sevilla. Lo más significativo es que la FAMP guardó silencio sobre esos impagos durante cuatro trienios justo hasta un mes antes de las pasadas elecciones municipales, cuando ya se preveía el relevo en la Alcaldía y la deuda acumulada ascendía a casi 400.000 euros de vellón. En las facultades de Periodismo se enseña que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Con Monteseirín, igual: la noticia no es que no pague nunca, sino que alguna vez haya pagado algo (premio Pulitzer al que lo descubra).
Campmany sostenía que los errores/erratas mejoraban un texto porque le daban nuevos e insospechados sentidos que se prestaban a todo tipo de interpretaciones. ¿Cómo cabe interpretar que en vísperas de la elección de Zoido como presidente de la FEMP el gobierno local decidiera no pagar la cuota anual de 46.000 euros? ¿Es presentable que el presidente de la FEMP sea un moroso de su propia institución? Zoido, que en la Oposición pedía una escoba para barrer el Ayuntamiento, se escuda en que ha habido un error humano en el barrido de las partidas suprimibles y se coló la de la FEMP. El PSOE exige explicaciones de por qué con Zoido ya presidente el gobierno local ha preparado una resolución restitutoria de la cuota suprimida, en la que figura “modificada con una anotación hecha a mano”. Anotaciones a mano para darse de baja o de alta de la cuota sin o tras percatarse de que Zoido iba a ser propuesto para presidente. Pero, ¿quién (des)coordina aquí? Al alcalde, al contrario que a Campmany, no le cabe la coartada de echarle la culpa a los duendes de la imprenta.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y las terminales mediáticas del Gobierno han montado una escandalera tras denunciar que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, debe el IBI de decenas de edificios públicos, una deuda que según Granado puede provocar retrasos en el abono de las pensiones. El Gabinete manchego levantó las alfombras dejadas por Barreda tras 30 años del PSOE en el poder y vio que las facturas pendientes por IBI como herencia recibida ascendían a 1.176.488 euros. Granado, apocalíptico e integrado, tronó que no existen antecedentes de esta dimensión y que estos impagos no tienen justificación alguna. ¿Que no hay antecedentes de esta dimensión? Hace tan sólo unos días, Zoido desglosó en el Parlamento la deuda de la Junta de Andalucía, sus empresas y entes con el Ayuntamiento en concepto de IBI, sello del coche, tasa de basuras y otros: 8,6 millones de euros. Osea, siete veces más que Castilla-La Mancha. Si las pensiones están en peligro no será por el IBI impagado en Toledo, sino en Sevilla.
La barrida de partidas municipales para con los recortes pagar los 4,9 millones de la factura de la luz adeudada por Monteseirín desde hacía año y medio se llevó por delante no sólo la cuota de la FEMP, sino también 60.000 euros para UGT y CCOO. ¿A cuenta de qué? Pues de un subterfugio en forma de ‘Pacto Local por la Salud Laboral’ (Torrijos se pirraba por esto de los pactos locales) arbitrado por el gobierno ‘de progreso’ para eludir la sentencia del TSJA, que había declarado ilegal el acuerdo de someter a controles a las empresas contratistas del Ayuntamiento con la excusa de la siniestralidad. Ahora, gracias a la morosidad innata de Monteseirín (recuérdese la tira de años que estuvo sin pagar el sello del coche) hemos sabido de otra subvención trincada por los sindicatos. ¿Ven como entre ellos siempre hallaban una rendija de donde sacar dinerillo? Y yo me pregunto para qué pagar a los sindicatos por controlar la siniestralidad si para ello ya están los inspectores de Trabajo como, sin ir más lejos, José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía.
Las cuentas de Isla Mágica en 2010, aprobadas de forma oficial, muestran que el Parque Temático vuelve a perder dinero (¿lo ganó alguna vez?), a razón de 3,6 millones de euros, y que su facturación bajó un 13% pese a los ímprobos esfuerzos de su plantilla, dignos de todo encomio. Cajasol ha evitado el concurso de acreedores inyectándole casi 10 millones, pero ya no está dispuesta a poner más dinero (lleva 34 millones), máxime desde que es Banca Cívica y está en Bolsa. La única solución ‘imaginativa’ que circula es, cómo no, otra recalificación urbanística. Fuentes de Cajasol indicaban a una querida colega que el Ayuntamiento tendría que aceptar usos comerciales en el Parque Temático, ya que existe un exceso de oficinas en Sevilla. Por el inconsciente habla la verdad. Si Cajasol admite que hay exceso de oficinas, ¿qué sentido tiene entonces gastarse 300 millones de euros en la torre Pelli, sita tan sólo a unos 2.000 metros de Isla Mágica, para ofertar más oficinas a un mercado saturado y sin demanda por la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria?