Cada día que pasa se conoce un nuevo detalle del proyecto de Ordenanzas Fiscales redactado por la Gerencia de Urbanismo para el próximo ejercicio de 2013. Iba a ser aprobado el pasado viernes, pero el gobierno local lo retiró ‘in extremis’ cuando conoció el rechazo suscitado después de que el PSOE desvelara el ‘tasazo’ que preparaba. El Plan preveía subidas de tasas por numerosos conceptos, y la creación de nuevas figuras impositivas o de cobros por servicios que hasta ahora han sido gratuitos. Así, a título de ejemplo, se pretendía incrementar el coste de las licencias de obras en un 100%, cobrar un mínimo de 120 euros por prorrogarlas, cuando hasta ahora se hacía sin coste alguno, y pasar de la gratuidad de la inspección arqueológica a exigir el abono de entre 1.200 y 3.900 euros.

A estas primeras medidas conocidas se han añadido posteriormente otras de las contenidas en el documento de 160 páginas preparado por los técnicos de Urbanismo. El sector de la hostelería, uno de los más mimados por Zoido, tendría que pagar con estas nonatas Ordenanzas una subida de entre el 5% y el 7% por las licencias de instalación de veladores, de los que ya hay más de 10.000 en las calles de la ciudad. Las tarifas llegaban hasta un alza del 9% cuando se trataba de licencias de carácter semestral.

TAMBIÉN LA SEMANA SANTA

Ni siquiera la Semana Santa escapaba a la voracidad fiscal del Ayuntamiento, que cobra al Consejo General de Cofradías 50.000 euros anuales por la ocupación de la vía pública con sillas y palcos para contemplar las procesiones y al que había previsto exigirle para el nuevo año el pago de un canon de 98.000 euros, casi un 100% más.
Tampoco se iban a librar los propietarios de viviendas y las comunidades de vecinos cuyos bloques tuvieran que pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Como se recordará, la Oposición pidió al gobierno local que dejara en suspenso esta obligación debido a que en una ciudad con 90.000 parados hay miles de casos de morosidad en las comunidades, con un incremento del 20% de impagos, según los datos del Colegio de Administradores de Fincas Urbanas.
El Ayuntamiento no sólo no ha accedido a esta petición, sino que había preparado una nueva tarifa añadida a las de las ITE vigentes de 95 euros. Su argumento para tratar de justificarla es que “encauza (sic) a contribuir financieramente el sostenimiento del servicio sin suponer una gran carga económica para los propietarios”. Oculta que esa apàrente pequeña aportación suplementaria para cada propietario, que por otra parte se suma a todas las subidas que viene sufriendo desde el estallido de la crisis (electricidad, gas, butano, gasolina, IVA…), supondría bastante dinero para las arcas municipales.

Esta batería de medidas fiscales abortadas en el último minuto, con creación de nuevas figuras impositivas y subidas de hasta el 100% en algunas de las existentes, se había preparado sin consulta previa a los sectores más directamente afectados, pese a que Zoido había prometido una rebaja impositiva en su programa electoral. Como Rajoy, al final está haciendo todo lo contrario de lo que preconizó.

CONFIANZA PERDIDA

Gaesco, la patronal sevillana de la construcción, se ha sentido traicionada por la corporación local, a la que ha retirado su confianza. Su gerente, Juan Aguilera, ha mostrado públicamente su estupor por la preparación en secreto de un Plan que atacaba directamente a uno de los sectores más castigados por la crisis económica debido al frenazo de la obra pública y de la privada. Si en esta situación se multiplican los costes de las licencias de obras, de la colocación de cubas en la calle, etcétera, etcétera, no se incentiva precisamente, sino todo lo contrario, la realización de trabajos de rehabilitación, único pequeño salvavidas que le queda.

Juan Aguilera, el gerente de Gaesco, se ha lamentado de que pese al espíritu de colaboración de su organización con la Administración y el permanente contacto con la Gerencia de Urbanismo, el Consistorio les hubiera ocultado el expediente.

Igualmente, los hoteleros dicen sentirse “enormemente sorprendidos al conocer por los medios de comunicación que se estuviera valorando una posibilidad tan descabellada como ésta sin consultarnos primero: iría contra toda lógica que el Ayuntamiento optara por asfixiarnos así”.

EL PRETEXTO DEL BORRADOR

Ante el rechazo generalizado al proyecto de nueva Ordenanza Fiscal, el Ayuntamiento ha reaccionado en dos tiempos, tras apresurarse a retirarlas de la circulación. En la primera fase argumentó que se trataba de un mero borrador que no debía confundirse con el documento definitivo. En la segunda, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha señalado públicamente al gerente de Urbanismo y exresponsable de Empresas Participadas de Cajasol, Alberto de Leopoldo, y a los técnicos de la Gerencia como responsables de esta iniciativa presuntamente unilateral: “Lo elaboraron los técnicos -ha declarado-. Ni el responsable político de Urbanismo, que soy yo, ni el alcalde, lo conocían”.

¿Alguien puede creerse que un documento de 160 folios con todo tipo de datos, que incluye informes de jefes de Servicio y que está referido a la materia más sensible por excelencia de una Administración, cuales son los impuestos, puede ser elaborado por el departamento más poderoso del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, por su cuenta y riesgo y al margen de cualquier directriz política del gobierno municipal? ¿Se han puesto acaso de acuerdo los casi 500 funcionarios de la Gerencia en perder su valioso tiempo concibiendo cómo subirle las tasas a los sevillanos en hasta un 100% e inventándose nuevas figuras impositivas mientras desatendían sus obligaciones habituales?

Naturalmente, la explicación de Maximiliano Vílchez carece de credibilidad, pero en su afán de exculparse frente a los sectores económicos más directamente afectados y ante todos los sevillanos no ha hecho sino empeorar aún más las cosas. Porque, como se dice popularmente, si admitimos pulpo como animal de compañía; si se admite como válida y verídica la explicación del delegado de Urbanismo, ello significa ni más ni menos que Zoido no gobierna en el Ayuntamiento, como prueba el hecho de que se adoptan iniciativas de este calado a sus espaldas y que lo dejan a los pies de los caballos ante la opinión pública sin que él se haya enterado previamente de nada.

AUTORIDAD CUESTIONADA

Y la Oposición y los ciudadanos pueden plantearse  cómo un alcalde que ignora hasta la cuantía de los impuestos que pretende cobrarle su Ayuntamiento a los ciudadanos podría aspirar a gobernar con solvencia toda Andalucía en caso de que, también como presidente del PP (A), su partido lo presentara como candidato a la Presidencia de la Junta. Si no controla ni su propio Ayuntamiento de Sevilla ni la Gerencia de Urbanismo ¿cómo va a controlar Andalucía entera? A esta deducción lleva la explicación dada por Vílchez sobre lo acaecido en la Corporación Local hispalense.

Una situación tan grave como ésta pone a Zoido en la tesitura de cortar cabezas de forma fulminante en la Gerencia de Urbanismo, por haberse diseñado en su seno y a sus espaldas una batería de medidas fiscales que ha soliviantado a los sevillanos y a los poderes fácticos de la ciudad. Si no hace nada y deja el ‘statu quo’ sería interpretado como la demostración de una falta de autoridad moral, derivada de haber utilizado a los técnicos como mera coartada (lo mismo que hacía Monteseirín) para no señalarse a sí mismo y a su gobierno como los artífices de unas medidas fiscales desproporcionadas (no estamos hablando de subidas acordes al IPC)  y contrarias a su propio programa electoral.

De prometer rebajar los impuestos a planear subirlos incluso en un 100%.