El alcalde inició el año, que no el curso político, convocando una conferencia de prensa en la que compareció flanqueado por Juan Bueno y Francisco Pérez. El anuncio suscitó cierta expectación, sobre todo porque Zoido había dicho con motivo de su segundo aniversario en la Alcaldía que “lo mejor está por llegar” y porque pocos meses después habló de importantes proyectos en ciernes para la ciudad que aún no podía desvelar. Se pensó, pues, en que había llegado el momento decisivo, con las elecciones municipales de 2015 en lontananza, de anunciar a los sevillanos la inminente ejecución de algunos de esos magnos proyectos mantenidos en la reserva hasta ahora por aquello, quizás, de los famosos ‘flecos’, pero la montaña volvió a parir un ratón.
Zoido se presentó ante los medios para divulgar una carta a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en versión corregida y aumentada de la remitida a Griñán cuando apenas había tomado posesión como alcalde (hace de ello dos años y siete meses) con las reivindicaciones del Ayuntamiento de Sevilla a, o más bien contra, la Junta de Andalucía.
TRES ERRORES
Además de sobre la misiva a la presidenta, en ese acto o en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el alcalde aún también presidente del PP andaluz habló de otros temas, y cometió tres errores. Uno de ellos fue cuando en referencia al proyecto de reforma de la ley del Aborto declaró que en su partido había libertad de voto y ausencia de consignas, para a continuación reconocer que alguna vez se había dado el caso de una llamada de atención por haber pulsado el botón de voto equivocado en el Parlamento. Si hay libertad de voto en el PP no puede haber botón equivocado, porque lo uno implica lo contrario y es la confesión inconsciente de que existen consignas previas.
El segundo error fue evaluar en “cientos de miles” los empleos que se crearían en Sevilla en caso de desbloquear la Junta los supuestos proyectos pendientes. Una exageración típicamente andaluza pero que no cabe en la boca de un político serio que se precie. Esos pretendidos centenares de miles de empleos no se crearon ni con la Expo.
Y el tercero, simbolizar en la Ciudad de la Justicia la lista “interminable” de proyectos supuestamente bloqueados por la Junta en Sevilla, para a continuación añadir que enviaría el sábado siguiente (por el 11 de enero) su propuesta de (re)ubicación de la misma. Si el Ayuntamiento no ha propuesto aún ninguna alternativa, ¿cómo puede sostener desde hace dos años y medio que la Junta bloquea la Ciudad de la Justicia? ¿No será más bien al revés? Porque el único proyecto realmente existente al respecto es el de la Junta en Los Gordales y el que lo cuestiona, empecinado en que no se haga allí, es el Ayuntamiento.
REVELACIÓN PÚBLICA
El mayor error de todos por parte de Zoido fue difundir públicamente el contenido de los 16 folios de su carta a la presidenta de la Junta. Tradicionalmente se entiende que una carta no es propiedad del remitente, sino del destinatario, y que además este medio de comunicación epistolar queda en la esfera de lo privado entre quien lo escribe y quien lo recibe.
El alcalde rompió todas las reglas no escritas de cortesía en materia epistolar al divulgar el contenido de la misiva antes siquiera de que llegara a manos de su destinataria, Susana Díaz. La presidenta no es que se tuviera que enterar por la prensa de su contenido, sino, para colmo, por las redes sociales. Y es que Zoido se dedicó a continuación a tuitear en los 140 caracteres extractos del escrito, en términos como éstos: “@_susanadiaz confío en el compromiso con sevilla del nuevo gobierno andaluz. Te acabo de enviar una carta con el objeto de vernos pronto”; “Los sevillanos me preguntan si sus hijos tendrán una red de metro completa @_susanadiaz tengo que trasladarte esta pregunta”…
Este comportamiento tan frívolo es más propio de un candidato de la oposición en campaña electoral (el papel en el que Zoido se siente más cómodo, siempre yendo a la contra y descargando en otros su responsabilidad) que el del alcalde de la capital de Andalucía desempeñando su rol institucional. Ello le dio pie a Susana Díaz a plantear ante los asistentes a su conferencia posterior en la antigua Audiencia que qué opinaría de ella Rajoy si se pusiera a enviarle tuits preguntándole cuándo iba a nombrar al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
El ejemplo sería extrapolable a cualquier alcalde de gran capital. ¿Quién actuaría con su presidente de comunidad autónomo como lo ha hecho Zoido con la presidenta de la Junta? Nadie se imagina al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, imitando a Zoido en sus relaciones con la Junta, porque fundamentalmente basa su éxito en la discreción. Así consiguió llevarse el museo Pompidou tras varios años de negociación en secreto, mientras que a Zoido le pierde el populismo, salvo que entendamos esta actuación pública como una gran maniobra de distracción perfectamente diseñada.
ESTRATEGIA POLÍTICA
Al revelar públicamente la misiva, por más que supiera que su comportamiento acabaría irritando a la presidenta de la Junta, y tuitearla ‘urbi et orbi’, Zoido multiplicó los ecos, en su estrategia de volver a señalar al Gobierno autónomo como el responsable de la situación de Sevilla en vez de el Ayuntamiento por su propia inacción o por la falta de proyectos, para redirigir así hacia San Telmo en vez de a la Plaza Nueva a ese 80% de sevillanos que según el Barómetro de Antares piensa que la ciudad no ha cambiado o ha ido a peor bajo su mandato.
El alcalde se dispersa en exceso en su escrito. Le plantea a la presidenta medio centenar de reivindicaciones (16 folios) de todo tipo, aunque no sean de su competencia o las tenga compartidas con el Gobierno de la nación (al omitirlo en esos casos, por ser de su mismo partido, pierde credibilidad), en vez de concentrarse en pocas y sólo en las que tenga manifiestamente razón, como es el caso de la primera de ellas: qué pasa con las Atarazanas cuando se va a cumplir un año de la marcha de La Caixa tras entregar 10 millones de euros a la Junta para un proyecto alternativo al de Vázquez Consuegra del que sigue sin saberse nada.
Con tanta dispersión y confusión, sin un orden de prioridades, Zoido pierde eficacia y al final el bosque no deja ver los árboles. El alcalde dice entender en su escrito “la situación económica que atravesamos todas las Administraciones”, ante lo cual la Junta podría responderle que como justamente por éso el Gobierno le ha transferido 1.600 millones de euros menos y le obliga a recortar en todo tipo de capítulos, por ello no hay dinero para el Metro, la Ciudad de la Justicia y tantas demandas de la lista de Zoido, pero no por esta realidad el alcalde deja de insistir en sus reivindicaciones habituales, por lo que al final la imagen que proyecta es la de que la Junta bloquea Sevilla.
CONTRADICCIONES
El alcalde exige ayuda del Gobierno autónomo para los museos de Bellas Artes y Arqueológico, cuando son de titularidad compartida con el Estado, al que nada reclama. Curiosamente, dice poner todos sus recursos a disposición de Susana Díaz para recuperar el Arqueológico, cuando hubo que retirar el Tesoro del Carambolo porque ni pagaban a medias la factura del vigilante. Zoido también añade que “la restauración de Santa Catalina es una obligación de los responsables gubernamentales”. Se equivoca. Es responsabilidad legal de su propietaria, la Iglesia de Sevilla. Pero si así piensa, ¿cómo le pide dinero a la Junta si él mismo no ha presupuestado un solo euro para ese templo en las Cuentas del Consistorio? Donde sí tiene razón Zoido es en denunciar el abandono por la Junta del conservatorio Cristóbal de Morales. También reclama el pago de ayudas comprometidas ¡hace 10 años!, como 100.000 euros de la Copa del Mundo de golf.
De los 16 folios, seis y medio se centran en la denuncia de recortes, impagos y/o retrasos en las ayudas a programas de política social y empleo o carencias que afirma ha tenido que suplir el Ayuntamiento: dependencia, zonas de transformación social, ayudas a domicilio, alimentación infantil, inmigrantes, drogodependientes… Más que probablemente el alcalde tenga razón en sus reivindicaciones, máxime cuando la Junta no ha librado hasta hace poco una partida para parte de los atrasos en dependencia, pero siempre le cabe argumentar que son consecuencia de los recortes que sufre a su vez del Gobierno y que parte de las reivindicaciones del alcalde ya no tienen sentido conforme a la reforma de la Administración Local.
URBANISMO
El otro gran capítulo de la carta es el urbanístico, en el que Zoido culpa a la Junta del bloqueo de proyectos que ni siquiera ha presentado, como la Ciudad de la Justicia y Altadis, y la desafectación de vías pecuarias en casos como el de Ikea, cuando el propio Consistorio era el competente para iniciar los trámites de deslinde y lo hizo con años de retraso. El alcalde insiste en presentarle a la presidenta de la Junta proyectos urbanísticos pese a los dictámenes negativos previos de los organismos autonómicos por no atenerse al PGOU, como la Gavidia y los parkings rotatorios en el Centro y el Prado, con el argumento de que son necesarios ante la falta de Metro, pese a que ello no haya sido óbice para que sus potenciales beneficiarios, los comerciantes, hayan visto lleno el casco antiguo durante la Navidad.
Más que una carta en busca de comprensión y acuerdos, Zoido ha redactado un memorial de supuestos agravios que ha publicitado por todos los medios porque su fin último era seguir señalando a la Junta como la boicoteadora de proyectos que en algunos casos no existen aún (Altadis) y en otros chocan contra las disposiciones del PGOU porque Zoido no ha tenido el valor de modificarlo por completo para mostrar su modelo de ciudad o, a la vista de su trayectoria en este tiempo, su falta de modelo.
En efecto, la capital aragonesa es la única de las tres españolas (junto con Las Palmas de Gran Canaria y Málaga) que no pierde población en 2013, queda ahora con 682.004 habitantes y está a tan sólo 18.165 de igualar a Sevilla. Tiene muchas probabilidades de sobrepasarla demográficamente antes de que lleguemos al primer cuarto de este siglo XXI.
Cabe preguntarse si la configuración política de la corporación actual habría sido diferente con 31 que con 33 concejales. Dicho de otra manera: ¿a qué partido político beneficia y a cuál perjudica electoralmente que Sevilla tuviera 700.000 habitantes o menos y perdiera dos concejales? Es imposible saberlo, porque las circunstancias son distintas en cada elección y los votantes no se comportan de la misma manera.
Legalmente, Sevilla no perdería la condición de municipio de gran población, ya que esta figura se instauró en la Ley 57/2013, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en la misma se define como tales a los municipios con población superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de población superior a 175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas y los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. Y es evidente que Sevilla sigue cumpliendo todos estos parámetros.
La financiación en virtud de la Ley de Haciendas Locales sólo se vería significativamente afectada si la población bajara de 75.000 habitantes, para lo cual haría falta literalmente una hecatombe. En cualquier caso, estos parámetros no son fáciles de estimar ‘a priori’, ya que dependen de su regulación en los Presupuestos Generales del Estado, en los de la Comunidad Autónoma, en las liquidaciones de las Cuentas Generales de estas dos administraciones, etcétera, y a partir de la aplicación de unas fórmulas matemáticas.
Según Zoido, si en Sevilla vivía menos gente “es porque los sevillanos se van huyendo de una ciudad con más impuestos, con viviendas más caras y con peores servicios. Monteseirín ha conseguido hacer de Sevilla –añadió- una ciudad incómoda, cara y con una vivienda a la que sólo pueden acceder unos pocos”, por lo cual no había que quedarse cruzado de brazos, sino plantear un programa de medidas (su campaña ‘Me quedo en Sevilla’) que propiciara la vuelta de los sevillanos y el freno del éxodo’.
en régimen de compra. También abogó por la creación de centros residenciales destinados a un alquiler temporal, económico y con un tiempo de disfrute máximo de cinco años, “para que puedan rotar y así esta medida pueda llegar al mayor número de sevillanos; estos centros serían como residencias universitarias, que permitirían a los jóvenes emanciparse a bajo precio”.
El alcalde se lamentó, no obstante, de que mientras el Ayuntamiento de Málaga ha sabido invertir en tiempos de bonanza económica, “nosotros estamos pagando aún proyectos de esa época, como las Setas o Fibes, que no se pueden destinar a uso museístico”. Zoido no desaprovechó la ocasión para culpar de nuevo a la Junta, de la que dijo “está aportando poco en Sevilla y mucho en Málaga”, y le pidió que desbloquee la construcción de un museo en las Atarazanas.
Cuando Zoido hizo este anuncio, las Setas de la Encarnación llevaban casi cinco años en obras, hasta el punto de que Monteseirín las inauguró ya casi acabadas el 27 de marzo de 2011 por aquello de que eran el icono de su último mandato, y el actual alcalde era consciente de las modificaciones presupuestarias que habían tenido que aprobarse en los Plenos municipales para rematarlas y que dispararon su coste a más de 100 millones de euros. Lo mismo cabe decir sobre las obras de Fibes. Por tanto, el alcalde no puede ahora llamarse a engaño sobre su promesa electoral de convertir el mercado de la Puerta de la Carne en el equivalente a un Pompidou, cuanto más de que albergara una sede del museo parisino. Esto denota una vez más la escasa seriedad de Zoido, por hacer promesas infundadas económicamente y por incumplir al menos el 70% del programa con que concurrió a las elecciones.
Y, sin embargo, ¿qué ha hecho el alcalde? Pues traicionar su programa electoral y en vez de invertir fondos municipales en la restauración, obrar al revés: privatizar el antiguo mercado de la Puerta de la Carne al sacarlo a concesión -tan sólo dos semanas antes de que Málaga anunciara el fichaje del Pompidou- para su reconversión en otro mercado gourmet y reservándose para usos culturales municipales tan sólo 200 m2 del espacio y únicamente durante 73 días del año. A eso ha quedado reducida la promesa de Zoido de un Pompidou sevillano, sin que haya influido nadie (¿o también va a echarle la culpa a la Junta de Andalucía?) en su decisión: ha preferido destinar el antiguo mercado a gastronomía para ricos en vez de al arte contemporáneo.
¿Y cuánto le cuesta traerse el Pompidou al Ayuntamiento de la Costa del Sol? Pues un millón de euros al año por un periodo de cinco, en concepto de canon, alquiler o como queramos llamarlo. Un millón de euros en una operación de esta envergadura, con los réditos que puede reportar a la ciudad al potenciar su ya amplia oferta museística (el Picasso y el Thyssen, entre otros), no es tan gravoso. Equivale al coste del alumbrado de Navidad de Sevilla más el de instalar en el Parque de los Príncipes la cubierta de la Copa Davis. Pero, claro, cada ciudad demuestra con sus obras y proyectos cuál es su modelo urbano y cuáles sus prioridades.
Contrastan las palabras de Zoido con las de Francisco de la Torre tras conocer las declaraciones de aquél: “Yo siempre me alegraré de cualquier avance en Granada, Sevilla o Córdoba, por decir alguna ciudad andaluza”. Antes eran los políticos sevillanos los que se mostraban con altura de miras hacia Málaga frente al victimismo de los malagueños y ahora empieza a ser al revés, lo cual no deja de ser significativo a la vez que preocupante.
A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.
En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.
Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.
Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.
Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.
cada turno de palabra. 
Me llega un tuit del alcalde en el que da todo su apoyo y ánimo a los trabajadores de El Correo de Andalucía, “que -dice- defienden su empleo y la continuidad de un diario centenario”. Me indigna tanta hipocresía. La situación del decano de la prensa se vuelve contra la política de comunicación de Zoido y su arbitrario reparto de la publicidad institucional, que debería regirse por criterios objetivos (EGM, OJD…). Mientras que a su boletín oficial, que ha ocultado que cobraba sobresueldos, lo ha recompensado con casi 650.000 euros, patrocinios por otras vías aparte, al Correo y a otros los ha dejado a dos velas, cuando no los ha excluido por su línea crítica. ¿Cuántos anuncios de las Santas de Zurbarán ha puesto Zoido en El Correo? ¿O cuántos sobre la renovación de las casetas de la Feria de Abril y la información pública de las Ordenanzas Fiscales? Con que sólo se hubiera atenido a su cuota de lectores y de mercado en el reparto del pastel, quizás Zoido habría contribuido a prolongar la vida del periódico en vez de lamentarse farisaicamente por su agonía.
Los niños que jugaban al fútbol en las calles del madrileño barrio del Pilar fueron sus conejillos de Indias. Les dio a probar todo tipo de combinaciones de ingredientes y sólo cuando la mayoría de ellos coincidieron en señalar la que más les gustaba de todas supo que había dado con la fórmula, la cual tradujo en un lema comercial: ‘El secreto está en la masa’. Había nacido Telepizza.
Tras frustrarse, por impopular, la idea de implantar el copago policial, la oposición descubrió en el Pleno de las Ordenanzas celebrado el pasado 30 de octubre que el secreto de Fley estaba en la tasa….. de la basura, en la Ordenanza reguladora de la recogida de residuos. Así, se suscitó un debate entre lingüístico y técnico, de esos que espantan a los no iniciados, pero que justamente por la aversión que suscitan permiten que en caso de no producirse los tecnócratas como Asunción Fley, fichada para la política por Zoido, acaben camuflando sus medidas y que éstas no se perciban hasta que sus consecuencias no se hacen evidentes, ya demasiado tarde.
edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, como en alojamientos, edificios, locales, establecimientos e instalaciones de todo tipo, cuyo uso catastral no sea residencial en los que se ejerzan o puedan llegar a ejercerse actividades comerciales, industriales, profesionales artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias públicas o privadas”.
La tesis de Asunción Fley no parece muy consistente: los camiones de Lipasam siguen pasando por la calle donde se haya clausurado un negocio y por tanto el local comercial está ya vacío, pero los operarios no recogen ninguna basura procedente de los mismos ni cajas vacías de cartón, no le prestan ningún servicio técnicamente hablando, sencillamente porque el comerciante o el profesional ya ha echado el cierre por la crisis y lo único que queda es un cartel sobre la luna del escaparate o en la puerta con el anuncio de ‘se vende’ o ‘se alquila’. Los centenares de locales afectados por el cerrojazo seguirán generando derechos de cobro de la tasa de basura para Hacienda aunque no generen ninguna renta para sus propietarios, los cuales en muchos casos han invertido en ellos los ahorros de toda una vida.
Como medida defensiva, el propietario al que se le quede vacío un local comercial podría tratar de darle de baja en el Catastro para así librarse del tasazo de Fley, pero la delegada ya ha previsto tal posibilidad y ha modificado también la Ordenanza para asegurarse seguir cobrando por la basura durante el tiempo que el Catastro tarde en hacer la modificación y hasta tanto el propietario no presente una declaración fehaciente del cambio.
Como las coincidencias las carga el diablo, el Ayuntamiento ha tenido que atender a través del Servicio de Urgencias municipal que dirige la dama de hierro Asunción Fley un S.O.S. de Tussam y detraer casi 4,4 millones de euros del Presupuesto de la ciudad para pagarles las nóminas a los conductores de los autobuses a la misma vez, como habría dicho quien decirlo solía, que Aussa se comprometía a abonarle al Consistorio un canon anual de 1,5 millones por la explotación de la zona azul. Dado que Tussam tiene el 51% de las acciones de Aussa, en la teórica derrama societaria le correspondería desembolsar 765.000 euros. ¿Y cómo una empresa que no llega ni a fin de mes y necesita conectarse a la bombona de oxígeno de Plaza Nueva va a sacar para ese nuevo canon municipal? Para rizar el rizo de los despropósitos, ahora lo que faltaría sería que el gobierno de Zoido hiciera otra modificación del Presupuesto para aportarle a Tussam su parte alícuota en la adjudicación del concurso y pagarse a sí mismo a través de la empresa municipal de transportes el canon de la zona azul.