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Dinero ‘de’ los mineros acabó en la póliza por el ERE del Grupo Joly

Por si no estuviera enrevesado el escándalo de los EREs que investiga la juez Mercedes Alaya y en cuyo sumario se hallan incluidas las ‘ayudas sociolaborales’ otorgadas con cargo al denominado ‘fondo de reptiles’ de la Junta de Andalucía a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, la cadena de periódicos Viva está publicando una serie de revelaciones al respecto, entre ellas la sorprendente información de que el exdirector general de Trabajo del Gobierno autonómico, Francisco Javier Guerrero, detrajo 300.000 euros que se habían librado para la asociación de mineros onubenses para trasvasarlos a los despedidos por el Grupo Joly.

Los enlaces a estas informaciones son los siguientes:

http://andaluciainformacion.es/sevilla/349642/el-fondo-de-reptiles-de-guerrero-financio-un-ere-del-grupo-joly/

http://andaluciainformacion.es/sevilla/350006/el-primer-plazo-del-ere-de-joly-salio-de-la-faja-piritica/

http://andaluciainformacion.es/sevilla/350338/la-jueza-alaya-ha-incluido-ya-en-el-sumario-de-los-ere-el-de-joly/

 

 

 

 

Insolidarias

Casi una semana después de que en horario laboral una turba se concentrara a  las puertas de la Audiencia para coaccionar a la juez Alaya en su investigación sobre la presunta implicación de líderes de UGT y CCOO en el escándalo de los ERE, (no) sorprende ya el silencio del potente lobby femenino, que probablemente con Amparo Rubiales al frente habría reaccionado de manera fulminante y solidaria en caso de que la víctima del escrache hubiera sido otra del mismo sexo como, un poner, la fiscal jefe. Y eso que Alaya no sólo fue denigrada digamos que ideológicamente con los gritos de ‘pepera’ e ‘inquisidora’, sino también por su condición de mujer al ser tachada de ‘fea’. En aquel contexto, el calificativo no tenía precisamente connotaciones estéticas, ni habría sido empleado en el género masculino en caso de que el acosado hubiera sido un juez varón. ¿Imaginan a los viriles sindicalistas atacando a, por ejemplo, Baltasar Garzón llamándole ‘feo’? Hubo, pues, una exhibición añadida de machismo, pero se ve que ese día el feminismo militante no estaba de guardia.

Sobrecostes

Si la juez Alaya ha puesto de moda el término ‘sobrecomisiones’ con los ERE, mucho antes Monteseirín puso el de ‘sobrecostes’. Alfredo era como Atila: obra en la que pensaba, obra que dejaba esquilmada las arcas públicas. Con él nunca crecían los brotes verdes, porque dejaba a su paso un desierto presupuestario y una montaña de deudas a sus sucesores. Sus faraónicas ‘Setas’ se presupuestaron en 51,2 millones y se terminaron con varios años de retraso y a un ‘sobrecoste’ similar, para dispararse hasta los 100 y pico de millones de euros. En vez de indemnizar a Sevilla por la demora y la desviación presupuestaria, Sacyr quiere cobrarse el triple de lo estipulado por el alquiler de las oficinas de la Hacienda municipal, a cuenta de otro ‘sobrecoste’ pactado verbalmente por Monteseirín con tal de que le acabaran su pirámide particular y le diera tiempo a inaugurarla antes de las elecciones. Zoido hace perfectamente al negarse a pagar contratos sin papeles. Una cosa es asumir la herencia del mandato anterior y otra muy distinta, las facturas debajo de las alfombras.

 

Los sindicatos, en los ERE de la Cuenca Minera

El diario La Razón publica en su edición del 21 de junio esta información firmada por M. González, de la que nos hacemos eco aquí por su interés para la Cuenca Minera onubense. Reza así:

“Las pruebas de cargo que llevan a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, a señalar que los sindicatos UGT y CC OO encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» a través de los ERE presuntamente fraudulentos –imponiendo «de manera arbitraria e ilegítima» el pago por su mediación y «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial»– se sustentan, declaraciones de los dueños de las mediadoras aparte, en numerosa documentación. Entre ella, el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, al que tuvo acceso LA RAZÓN, que indica que los sindicatos hacía y deshacían a su antojo, eligiendo y excluyendo mediadoras y porcentajes, entre otros conceptos. El protocolo fue redactado de forma manuscrita y posteriormente corroborado con membrete oficial. Este periódico ya avanzó en junio de 2011 los escritos de antiguos mineros de Tharsis en los que se señalaba que algunos prejubilados «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera».

El undécimo encarcelado de la trama de los ERE, José González Mata, administrador de Uniter, señaló que los sindicatos supervisaban todo el proceso con «sus brokers», ITG y Atlantis. El dueño de la mediadora indicó, y así lo constatan los documentos de la Faja Pirítica, UGT y CC OO, que auditaban las pólizas, decidían la asesoría que se contrataba. Como contraprestación, las empresas de González Mata destinaron 3.253.031 euros a los sindicatos y la aseguradora Vitalia, 4.291.384 euros, según sostiene Alaya.El protocolo del ERE de la Faja Pirítica fue realizado en reunión de «las federaciones estatales» del ramo de la minería de CC OO y UGT «con la dirección general de Trabajo». En el documento, se descarta para la operación a BBVA y BSCH «por no aceptación de las condiciones de fiscalidad», «quedando para la toma de decisión las aseguradoras Vitalicio y La Estrella». A continuación, se acuerda la parte del «negocio» –otro término utilizado por Alaya– que gestionará cada compañía, quedándose Vitalicio con «Riotinto» y La Estrella con el resto, incluyendo a «los colectivos históricos». El acuerdo señala a «la Dirección General de Trabajo» como «interlocutor válido» por parte de la Admistración. «La operación y seguimiento de los planes de prejubilación, por acuerdo de las partes, será llevado a cabo por don José González Mata, quien coordinará la misma», subraya el documento, en coincidencia con lo declarado por el imputado acerca de que las plataformas sindicales imponían los criterios. El acuerdo está firmado por Daniel Soto, por parte de FIA-UGT; Rafael Varea Nieto, de FM-CC OO; y el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El dinero de las pólizas, según la juez, procedía del Fogasa, por lo que la señalada financiación sindical procedería de fondos públicos. En el caso de la Faja Pirítica, Alaya habla de 4,5 millones defraudados en el ERE por parte de las mediadoras. El coste global en «corretaje innecesario» se eleva a 51,5 millones de euros. Las empresas que mediaban en los ERE abonaban un 0,5% a los sindicatos y un 1% en el caso de empresas muy grandes.

Según la Guardia Civil, Uniter cobró 2,3 millones en cheques de los trabajadores de la Faja Pirítica. Los fondos transferidos, pagos que no han sido declarados por Uniter ni por la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, mantendrían «una procedencia pública», según el informe de la UCO. Así, las mediadoras presuntamente recibían comisiones por una doble vía. De un lado, las asociaciones de trabajadores controladas por los sindicatos. Por otro, de las aseguradoras encargadas de las pólizas. Sería el caso del ERE de la minería onubense. Parte de estos fondos los transferiría Uniter al despacho Estudios Jurídicos Villasís, donde estuvo trabajando el «conseguidor» Juan Lanzas. La juez habla del pago de 2,7 millones por parte de Uniter. De aquí, según la Guardia Civil, los fondos se repartirían entre Guerrero, empresas pantallas del propio Lanzas, sociedades del ex chófer del que fuera director general de Trabajo o el señalado por éste y por la Guardia Civil como camello, «Goyo» Martínez Piñero.

El entonces secretario general de UGT en Andalucía Manuel Pastrana y el vigente en CC OO, Francisco Carbonero, figuraban como presidente y vicepresidente de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, que se constituyó el 18 de noviembre de 2003 con la dirección del Estudio Jurídico Villasís. El expediente de la Faja Pirítica fue promovido, según González Mata, por Francisco García Martínez, ex viceconsejero de Empleo, conocido como «Paquillo», del clan de Jaén; por lo que la Administración andaluza tampoco habría estado al margen del papel protagonista de los sindicatos en el presunto fraude. Según el dueño de Uniter, y como ratifican los documentos a los que accedió este diario, eran los sindicatos y la Junta quienes confeccionaban las listas de prejubilados. Las mediadoras, elegidas por las plataformas sindicales en un círculo perverso, «no preguntaban» porque pensaban «que los sindicatos podían meter a quien quisieran como tomadores de las pólizas». El ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín declaró que las comisiones a CC OO y UGT eran «una auténtica forma de presión» y que si no se les pagaba «no se hacía la operación». «Cuando he estado con los directores generales he visto una relación enormemente fluida con los sindicatos», testificó Albarracín.

* http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2744680/local+andalucia/el-protocolo-de-la-faja-piritica-muestra-el-po#.UcRf0D55Nw8

 

 

El sueldo de los mineros prejubilados, en peligro

Antonio Salvador y Sebastián Torres, dos de los mejores periodistas andaluces, han publicado el pasado domingo 27 de mayo de 2012 en el diario El Mundo que unos 1.700 prejubilados andaluces no cobrarán ya este mes sus prestaciones debido a los impagos que mantiene la Junta con las aseguradoras con las que se formalizaron sus pólizas, a las que adeuda más de 270 millones de euros. Ambos periodistas, los mayores expertos en el escándalo de los ERE, han podido conocer en fuentes de toda solvencia que Vidacaixa, BBVA y Generali han tomado esta determinación cansadas de las promesas incumplidas por parte de la Consejería de Empleo y por la falta de un interlocutor en la Administración autonómica que afronte el problema para buscar una solución. Se trata de uno de los asuntos que Manuel Recio ha dejado en herencia al nuevo responsable político de Empleo, Antonio Ávila.

Los prejubilados que se verán afectados por la decisión de las compañías de no pagar ya las rentas desde este mes son los antiguos mineros de Río Tinto, El Marquesado, Minas de Almagrera, Bolsa de Tharsis, Minas de Alquife y Mina de Herrerías; los ex trabajadores de las bodegas jerezanas Willians&Humbert, González Byass, Zoilo Ruiz-Mateos y del consejo regulador del Vino de Jerez, así como los antiguos empleados de Pickman, Grupo Joly, Arteferro, Promi, la industria naval de Cádiz, la industria auxiliar y los inválidos de Delphi, y Calderinox.

El plante de las aseguradoras se produce por la inexistencia de un calendario de pagos por parte de la Junta, que se comprometió a realizar una transferencia el pasado mes de abril a fin de garantizarse la paz en vísperas de las elecciones autonómicas del 25 de marzo. La Consejería de Empleo ha vuelto a incumplir una vez más su promesa.

El pago de esta mensualidad sólo se llevaría a cabo si la Junta formaliza de urgencia una transferencia de unos 40 millones de euros, cantidad con la que se reduciría la deuda acumulada al haber adelantado las aseguradoras el dinero y se garantizaría el abono durante unos meses a la espera de un nuevo ingreso en el último cuatrimestre del año. De cumplir su anuncio las compañías, se daría el caso de que los beneficiarios de pólizas de seguros de rentas financiadas por la Junta no sólo no cobrarían su prestación, sino que tendrían que adelantar el importe correspondiente al convenio especial con la Seguridad Social.

Ser o estar

Dicen que el gran ausente en el Pleno del Parlamento andaluz donde Griñán pronunció su discurso de investidura presidencial fue su antecesor y excompañero de butaca en los cines del fin de semana, Manuel Chaves. Para compensar tan significativa ausencia y chupar cámara en su defecto, allí estaba él, Alfredo Sánchez Monteseirín. El enchufado por cagalástima de María Jesús Montero en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid se aplicó a sí mismo el lema del proyecto docente que desarrolla (o desarrollaba, vete a saber) en la capital de España, ‘Salud en todas las políticas’, y, haciendo de tripas corazón, acudió a aplaudir en el antiguo hospital de las Cinco Llagas al que lo defenestró de la Alcaldía de Sevilla mediante el famoso teletipo de Europa Press. Hay que tener poca dignidad y estar mendigando un carguillo para ir a rendir pleitesía a tu verdugo, por si te premia con una migaja y dejas así de ser un cesante, un mero ‘ex’. Y con su habitual torpeza política, apareció en la foto de los periódicos junto a Ramón Díaz. El que a un mal ERE se arrima…..

Dimisionario

Una de las leyendas negras de España, tan negra como las que levantan los guiñoles de Canal+ Francia sobre nuestros deportistas, es que aquí no dimite nadie y que ni con agua hirviendo se puede despegar a un carguillo de su sillón. La prueba de que no es más que eso, una leyenda, es Viera. O será que el resucitado y autoenterrado en sólo siete días es la excepción que confirma la regla, porque el ya ‘ex’ del PSOE local tiene un largo historial de espantadas y de tirarse al callejón. Primera dimisión, que recuerde: como delegado del Gobierno para dar el (a)salto al PSOE de Sevilla. Segunda: Viera ‘el breve’ le da con la puerta del Ayuntamiento en las narices a Monteseirín y abandona como concejal sin tiempo ni para calentar la silla. Tercera: se larga de Cartuja 93 para quedarse en el Parlamento andaluz. Cuarta: se va del PSOE de Sevilla cinco minutos antes de que lo eche Susana, sin respeto para esas canas. Ahora sólo le falta dimitir como diputado si la juez Alaya lo empura por los ERE, pero en tal hipótesis sospecho que se acabaría su carrera dimisionaria.

La juez Alaya investiga los ERE de la Cuenca Minera

La juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que invetiga las variadas ramificaciones del escándalo Mercasevilla (petición de comisiones ilegales a unos empresarios; adjudicación de unos terrenos a una empresa cuando había una oferta de otra superior en 60 millones de euros…), y dentro de las mismas los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha dictado un nuevo auto en el que exige al Instituto Nacional de Empleo el código de ocupación y los coeficientes reductores de la edad de jubilación (y en este caso de prejubilación) de los antiguos mineros de Riotinto y de otras explotaciones de la Franja Pirítica de Huelva, en atención a la penosidad y peligrosidad de su trabajo y aplicables a cada uno de los incluidos en una extensa lista de nombres que llena más de 22 folios.

La juez pide las pólizas de seguro que permitieron financiar las prejubilaciones de los mineros de Almagrera, Navan Resources, Herrerías, Nueva Tharsis y Minas de Riotinto. En este último caso, la magistrada exige los datos referidos además a veintiún mineros pensionados por invalidez absoluta. He aquí el auto completo de la juez:

* Auto Juez Alaya

Fuera del armario

La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, dice tras el varapalo del Supremo a la Junta en el caso de los ERE -con origen en Mercasevilla- que la voluntad de Griñán es remitir a la juez Alaya el 100% de las actas del Consejo de Gobierno “sin excluir ni una coma, porque no tiene absolutamente nada que ocultar”. Y si no tiene qué ocultar ni hay materia reservada en unas actas que por naturaleza deben ser públicas en una Democracia que sale reforzada por esta sentencia  y por la batalla de la juez, ¿por qué se ha resistido como gato panza arriba durante meses a entregar los papeles y montó el numerito de los viajes de ida y vuelta en los armarios blindados hasta el Juzgado? De perdidos, al río, se habrá dicho Griñán, que quiere aparecer ahora marchando el primero por la senda de la transparencia. Según Mar Moreno, en el fondo la Junta ha procedido así por una mera cuestión de fuero. ¿Y qué fuero defendía si no era el de parapetarse tras un secreto oficial decretado por ella misma?  Ahora los papeles tendrán que salir del armario. Al final, ni fuero ni huevo.

Subsistencia

El exalcalde socialista de El Pedroso y miembro del clan de la Sierra Norte, Rafael Rosendo, ha negado por escrito ante la juez Mercedes Alaya que sea un intruso en el ERE de la empresa Cydeplas y ha defendido que los 109.750 euros que percibió por una póliza avalada por la Junta de Andalucía fue una “renta de subsistencia” individual, de carácter extraordinario y legal. Según Rosendo, él ha recibido el mismo trato que cualquier otro trabajador en paro con problemas para acceder al mercado laboral por su avanzada edad, ya que cuando abandonó la Alcaldía  tenía 59 años. Si era una renta de subsistencia porque iba con una mano atrás y otra delante, ¿cómo ha podido devolver al cabo de cuatro años el dinero para aminorar una posible condena? Los dos millones de parados que en España no perciben ayuda gubernamental alguna habrán tomado buena nota de la declaración de Rafael Rosendo para, en cuanto frisen los 60 años, exigir el mismo trato igualitario que él: una rentita de 109.750 euros. Eso sí que es un puente hacia la jubilación y no el del  anuncio de Mapfre.