El 8-9-2008 se produjo en Sevilla el ‘atasco perfecto’. Duró diez horas. Miles de automovilistas que acudieron a Ikea en Castilleja quedaron atrapados en un caos causado por el efecto llamada de la tienda sueca y el correspondiente tapón en la autovía de Huelva, progresivamente extendido a la SE-30 y a la autovía de la Plata.
Aquel desastre obligó a abrir nuevas vías de acceso a la cornisa, como el de Coca de la Piñera (noviembre de 2009) y a diseñar en adelante un operativo especial de la Guardia Civil y las Policías Locales de los pueblos colindantes dentro del escaso margen de maniobra que permitía la ratonera en que la ubicación de Ikea ha convertido un punto estratégico cual es el acceso a y la salida de Sevilla, fruto de la desastrosa o nula planificación urbanística en la mayor parte del alfoz ante la inopia de la Junta de Andalucía.
El caso Ikea y la habitual saturación de tráfico en el área metropolitana han demostrado la vital importancia de la ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico, plasmado este último en Normas Subsidiarias y Planes Generales como el PGOU de Sevilla.
El Plan General hispalense, aprobado en 2006, se caracterizó durante su redacción por un espíritu de participación ciudadana (las mesas del PGOU) y de consenso político que no siempre pudo alcanzarse. Una de las grandes bolsas de suelo incluidas en el Plan fue la de San Nicolás, sita frente al aeropuerto y pensada como una zona productiva de primer orden, hasta el punto de que sólo se reservó espacio para 429 viviendas y un área a comercial complementaria (107.600 m2), y se destinó el resto de los 219.574 m2 edificables a empresas y servicios avanzados.
Dado el éxito de su tienda en Castilleja, Ikea proyectó hace casi diez años una segunda y puso sus ojos sobre San Nicolás. Obsérvese que pudo haber alegado al PGOU durante su tramitación en demanda de mayor edificabilidad comercial, pero no lo hizo. Calló y otorgó.
Sólo años después ha presentado un Plan Parcial en el que, con una política de hechos consumados, plantea un complejo comercial con 41.400 m2 más de edificabilidad comercial de la autorizada en el PGOU. No sólo eso. Según el informe de los técnicos de la Gerencia, ni siquiera ha entregado un estudio de tráfico e infraestructuras que avale la viabilidad del macrocomplejo y trata de eludir la obligación legal de cesión del aprovechamiento urbanístico que resultaría de la recalificación a la carta que pretende con el único argumento de una inversión de 228 millones de euros y la creación de 4.000 empleos.
VALLADOLID COMO EJEMPLO
Casualmente, en estos días se habla del mayor centro comercial que Ikea va a inaugurar en España, concretamente en Valladolid y para Navidad, con una inversión de 200 millones. Su tienda dispondrá de 34.700 m2 y dará empleo a 250 personas, a razón de un empleado por cada 139 m2. El resto del complejo (100.000 m2 en total) se abrirá en primavera, con 125 locales en alquiler. Tomando como referencia la ratio superficie comercial/empleado de Ikea, en caso de una ocupación plena se generarían 469 empleos más, con lo que en conjunto podría haber 719 puestos de trabajo. Si extrapolamos al que se quiere ahora implantar en Sevilla (un 49% mayor), éste crearía unos 1.100 empleos (pero por cada empleo, habitualmente precario, creado en las grandes superficies se suelen perder 2,5 en el comercio tradicional).
Amenazando subliminalmente con irse con la inversión a otra parte, el consejero delegado de Ikea, Mikael Ohlsson, usó el ‘The Wall Street Journal’ para lanzar un recado al Ayuntamiento de Sevilla y a otros nueve: Ikea está preparada para construir “mañana” mismo , pero se lo impide la regulación del Urbanismo en España.
Inexacto, al menos en Sevilla. En los 107.600 m2 de edificabilidad de San Nicolás caben tres Ikeas como el de Valladolid, que es el mayor de España, y por tanto podría construirse mañana mismo como alardea el señor Ohlsson. Al plantear ahora, y no cuando se estaba tramitando el PGOU, una tienda de su marca con 72.000 m2 (42.000 sobre rasante y el resto en sótano) y un centro comercial anexo con 163.000 m2 (107.000 sobre rasante) que construirá, gestionará y explotará “con la filosofía Ikea”, es porque con ese exceso de edificabilidad de regalo municipal pretende que el alquiler o la venta de los locales sufrague la instalación de este segundo Ikea, que así les resultaría gratis.
Cuando el macrocomplejo colapse las carreteras por la afluencia de compradores desde Córdoba y la Campiña, que luego los contribuyentes paguen las soluciones alternativas al problema generado por el ‘pelotazo’ urbanístico.
Es lógico que el Ayuntamiento no quiera perder la inversión, pero no que se rinda incondicionalmente a los suecos presentando como una simple modificación del PGOU lo que sería una recalificación en toda regla; remitiéndose a una futurible reforma legal (una aberración jurídica, porque sólo puede aplicarse la norma vigente); confundiendo la cuestión urbanística con la comercial; volviendo al modelo del ladrillo y las grandes superficies (25 ya en Sevilla) en vez de apostar por una economía diversificada, y reinstaurando un urbanismo a la carta de infausto recuerdo que supondría abrir la veda a cualquier especulador. Del ‘ancha es Castilla’ pasaríamos al ‘ancha es Sevilla’.
Si Ikea amenaza con irse, ya vendrán otros. A los suecos cabe decirles lo mismo que aquel jornalero andaluz al cacique de turno: “En mi hambre mando yo”.
La Universidad Pablo de Olavide ha inaugurado un jardín de plantas aromáticas, medicinales y culinarias de libre acceso a todos. Me recuerda, en pequeñito (1.000 m2 y unas 50 especies) al ‘Jardin des Plantes’ de París (23,5 Has. y 4.500 variedades sólo en su Escuela Botánica), con similar fin didáctico. Uno, a orillas del Guadaira; otro, a orillas del Sena. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, poeta al igual que su paisano Juan Ramón, no ha podido cantarlo mejor, con estas bellas palabras: “Un jardín que se lee, se estudia; un jardín que se huele, se saborea; y un jardín que cura”. Sí, el jardín de la UPO tiene efectos curativos sobre las heridas causadas por la otra universidad sevillana a todos los que amamos las plantas y los árboles, por haber mutilado los Jardines del Prado para construir una biblioteca que pudo erigir en cualquier otro sitio sin necesidad de hurtarnos un trozo de ese parque. Si no toda, al menos parte de la mancha de mora dejada por la Hispalense se ha quitado con esta mora verde, que te quiero verde, de la Olavide.
El caso de la tienda de Ikea frente al aeropuerto se reduce, ‘grosso modo’, a que los suecos quieren que por su bella cara se cambie el PGOU y por arte de magia se les regalen 41.400 m2 de edificabilidad más que la prevista, para ellos envolver su comercio con un cinturón de locales de alquiler a otras marcas, con cuyas rentas les saldrá gratis la inversión en Sevilla. El cambio del uso principal del suelo (del empresarial actual a comercial) y su magnitud obligan a una recalificación en toda regla, pero como la palabra suele implicar un ‘pelotazo’ urbanístico, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, trata de camuflar la operación como una simple modificación puntual del PGOU. Vílchez fue subdelegado del Gobierno en Cádiz, donde se habrá impregnado de la retranca del Beni, al que cuando le preguntaron si había trincado dijo una de sus frases más famosas: “Mu poquito; casi ná”. Pues Vílchez, igual. Cuando le preguntan si va a recalificarle a Ikea, a pesar de que son 41.400 m2 sale en plan Beni de Cádiz: “Mu poquito; una modificación puntual nada más”.
Santiago Herrero, que pese a ser miembro de cierta Academia de Medio Ambiente aún se maneja en su particular ‘lucha de clases’ entre el desarrollo económico y la conservación de la Naturaleza sin percatarse de que la conservación es el desarrollo mismo, ha reconocido que “no tiene sentido económico haber hecho la esclusa sin haber resuelto el tema del dragado”. ¿Y por qué no lo dijo en el momento procesal oportuno? El Lazarillo de Tormes, maravillado de que su amo, ciego, supiera que se estaba comiendo las uvas de tres en tres, le inquirió por la razón de su gran sabiduría. Respuesta de aquél: “Porque yo me las estaba comiendo de dos en dos y tú guardabas silencio”. El presidente de la patronal nada dijo sobre este sinsentido económico mientras los empresarios se embolsaban los más de 160 millones de euros que han costado las obras y de paso ponían a la opinión pública ante una política de hechos consumados para que la breva del dragado se les diera por añadidura. Una vez que se han comido el racimo de uvas, Santiago Herrero ya ha podido romper su silencio.
Atención a la nueva moda que está causando furor y que es más peligrosa aún que las ruedas de prensa sin preguntas de los políticos, que digo yo que eso no será una rueda periodística, sino un monólogo como el de Lola Herrera en ‘Cinco horas con Mario’.Recordarán que Monteseirín se enteró de su defenestración como alcalde por un teletipo de Europa Press en vez de por un motorista como en los tiempos de Franco, un mensajero de Seur o un telegrama en mano presidido por una cruz en señal de R.I.P. Pues ahora, el aún gerente de Tussam, que ha tenido que lidiar con la peor época de la empresa bajo las despilfarradoras directrices de Monteseirín, se ha enterado de que le van a cortar la cabeza merced a una de esas charletas de Zoido en Facebook. Así que usted y yo, quizás antediluvianos miembros de la Galaxia de Gutemberg, podemos estar tan tranquilos sin saber que acaso en este mismo momento estén doblando las campanas por nosotros en ese tam-tam digital que es Internet. Creo que me voy a dar de alta en el Twitter de Pedro J. Ramírez. Por lo que pueda pasar.
Hay frases que las carga el diablo, como ésta con la que el periódico da la noticia de la incorporación del (ex) a un puesto de trabajo (¿?) en la Consejería de Salud: “Monteseirín es inspector médico de la Junta de Andalucía y, como tal, su destino natural habría sido la UVMI (Unidad de Valoración Médica de Incapacidades)…”. Si a Monteseirín le hubieran hecho en tiempo y forma una valoración de sus capacidades políticas en la UVMI, la ciudad se habría ahorrado el peor alcalde de su historia, porque se habría obtenido un diagnóstico precoz sobre su manifiesta incompetencia del principio de Peter para el desempeño de tan alta misión. Pero como aquí nadie vigila al vigilante, el (ex) se ha pasado veinte años sin bajarse del coche oficial y ahora, como padece síndrome postraumático politiquil, le han dispensado en la Consejería un trato de favor y dado un despacho como el de los asesores en vez de mandarlo a la UVMI, el destino natural de quien, tras pulirse los 200 millones de la hucha del PGOU y el 90% del Presupuesto en 5 meses, ha dejado a Sevilla en la UVI.
El delegado de Economía, Empleo, Mercados, Turismo y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, dice que no se puede perder la inversión de Ikea por “tecnicismos” urbanísticos. ¿A qué me recuerda ésto? A Jacinto Pellón ‘versus’ Manuel Olivencia en la Exposición Universal de 1992, donde el primero, con tal de que se hicieran las obras, pasaba por encima de los procedimientos garantistas que respetaba escrupulosamente el segundo, un prestigioso jurista. Y me recuerda a las subvenciones del ‘fondo de reptiles’ de la Junta, dadas al margen de cualquier procedimiento reglado. Los ‘tecnicismos’ sobre los que despectivamente habla Gregorio Serrano son las garantías en un Estado de Derecho. En este caso son informes negativos emitidos por funcionarios de la Gerencia de Urbanismo frente a las pretensiones de los suecos de pasarse el PGOU por el forro para que les den una recalificación a la carta y pegar un pelotazo urbanístico. ¿No decía Zoido que este Ayuntamiento iba a ser el del gobierno de los funcionarios? He aquí la prueba del nueve para demostrarlo. Nadie, ni siquiera Ikea, puede estar por encima de la ley, salvo que Sevilla quiera vender su dignidad por un plato de lentejas.
La página con las fotos de los 33 concejales que componen el nuevo Ayuntamiento de Sevilla y que llevan debajo un pie con una sola línea de texto sobre su titulación profesional bien podría pasar por la orla de la Facultad de Derecho de la Universidad en vez de por el retrato oficial del Consistorio, porque entre los ediles hay doce abogados y dos jueces. Osea, que el 42% de los capitulares han pasado por las mismas aulas que antaño Felipe González, Manuel Chaves, Rafael Escuredo, Manuel Del Valle, Manuel Clavero, Alejandro Rojas Marcos, Luis Uruñuela, Javier Arenas, Antonio Sanz y un largo etcétera de letrados de todo signo que han hecho de la Hispalense la mejor cantera nacional de la política, equivalente a la Masía barcelonista en el fútbol. Los egresados de este centro docente sevillano acaban antes en el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, las Cortes o el Gobierno de la nación que en un bufete, una notaría o en la Judicatura. Que se sepa, el de Sevilla es el único Colegio de Abogados de España que tiene como anexo medio Ayuntamiento (en Plaza Nueva).
El exdelegado ha aclarado una cuestión esencial: que los promotores inmobiliarios entregaron más de 200 millones de euros. Y es que en la última etapa de Monteseirín, a medida que crecía el escándalo por el sobrecoste de las ‘setas’, el Consistorio rebajaba a 172 millones el dinero de la denominada ‘hucha del PGOU’, cuando otrora se habló de una recaudación de entre 230 y 240 millones como fruto de la firma de entre 55 y 70 convenios urbanísticos.
El último sofisma de Celis es decir que una vez que los empresarios desarrollen los suelos, el Ayuntamiento invertirá en la infraestructura necesaria. ¡Si es justamente al revés! Hasta que no se hayan desarrollado los sistemas generales no se puede autorizar ningún desarrollo urbanístico nuevo.
De la polémica sobre el nombramiento de varios funcionarios como altos cargos y la morterada que van a cobrar, más aún que con Monteseirín (a quien Juan Ignacio se la dé, Asunción Fley se la bendiga), me llama la atención hasta el lenguaje administrativo para estas designaciones: “Excepcionar, en base a la ley, los siguientes puestos…”. ‘En base a’ es uno de esos latiguillos copiados por los tecnócratas del inglés. ‘Excepcionar’, aunque admitido por la Academia, es un palabro jurídico que viene a significar que se alega una excepción legal durante un juicio, pero lo suyo habría sido el verbo ‘exceptuar’. ¿Qué está denotando el uso de esta terminología en la nueva corporación dominada por abogados y presidida por un juez? La traslación del argot jurídico al lenguaje oficial, de lo que se infiere la ‘judicialización’ de la vida política municipal. Yo creo que en la RPT de los altos cargos de Zoido falta, como en las modernas Redacciones de los periódicos, un corrector de estilo, si se me permite ‘excepcionar en base a’ nuestra lengua la justificación del puesto.