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El negocio del Metro

Al igual que Tussam, el Metro también perdió viajeros en 2013, según el balance divulgado este fin de semana por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. En ambos casos, las dos Administraciones responsables de la tutela del servicio que prestan los autobuses y el suburbano tildan la caía de usuarios de “consolidación” o “mantenimiento”, tanto por la natural propensión de los políticos a camuflar la realidad y no reconocer datos negativos como por la constatación de que podría haber sido mucho peor por causa de la crisis económica y no lo ha sido,  y porque las cifras de Sevilla son las menos malas en comparación con las de los transportes públicos de otras urbes del país.

El Metro sevillano transportó 13,9 millones de viajeros en números redondos en 2013, lo que supone un descenso del 1% en comparación con el año anterior, cuando según la Consejería de Fomento el conjunto de ferrocarriles suburbanos españoles perdió un 5,1% de usuarios en el mismo periodo.

En el balance de los dos últimos años, el Metro ha perdido en nuestra ciudad y su alfoz un millón de pasajeros por efecto fundamentalmente de la crisis económica, como revela la estadística: mientras la demanda ha crecido  durante los fines de semana y los festivos (entre un 1,26% y un 9,05%), ha bajado significativamente en los días laborables (-4,14%). La existencia de casi 300.000 parados en el conjunto de Sevilla, de los que unos 90.000 corresponden a la capital, también se nota en el transporte colectivo.

LA CIFRA DE REFERENCIA

Hay que destacar que los 14 millones de viajeros constituyen la cifra mínima que para la sociedad gestora del Metro marca la rentabilidad de la compañía. Por debajo de esa cantidad se encienden las alarmas; por encima, se garantiza la viabilidad de la empresa, hasta el punto de que los salarios de los trabajadores van ligados al número de viajeros transportados.

Pese a que en 2013 se ha bajado por primera vez de la cifra de referencia, las cuentas anuales de la sociedad concesionaria, que tiene aún varios meses por delante para depositarlas en el Registro Mercantil, volverán a arrojar beneficios por cuarto año consecutivo (la explotación del Metro se inició en abril de 2009), ya que aunque la construcción de esta primera línea estuvo plagada de incidencias graves (el desplome de la viga sobre la SE-30; el hundimiento en la Puerta de Jerez, con el kiosco de prensa incluido…) y de una enorme desviación presupuestaria (de 461,2 millones de euros se pasó a 658 millones, un 42,67% más) que le han quitado las ganas a la Junta de volver a insistir en la fórmula de la colaboración público-privada para la construcción de las futuras líneas, la explotación de este sistema de transporte ha sido un éxito económico: en el peor de los años se ha cumplido el 99,15% de la estimación inicial de la concesionaria y el ejercicio se ha cerrado también con números negros.

UN BUEN NEGOCIO

Conclusión: el Metro de Sevilla está siendo un buen negocio para las empresas que se adjudicaron en su día la concesión (la UTE Sacyr, Dragados/ACS, CAF, Gea 21 y dos que luego acabaron vendiendo su participación, Rus y Tuzsa). Tan buen negocio está siendo que Globalvía, una compañía participada por Bankia y la constructora FCC (perdió hace 12 años el concurso convocado por la Junta al presentar la oferta más cara, 470 millones, que paradójicamente fue la más realista de todas a la luz de los sobrecostes posteriores), acaban de comprar por 157 millones de euros todas las acciones de la compañía concesionaria salvo la participación que el Gobierno autónomo posee a través de la Agencia de Obra Pública de Andalucía. Esta mantiene un 11,7% del capital social para vigilar desde dentro del Consejo de Administración la gestión de la línea 1, pese a que podría haber ingresado 20,8 millones de euros con su venta en estos momentos de restricciones económicas.

La venta se ha saldado con unas plusvalías del 33% para los accionistas originales (69,5 millones de euros para ACS y 58,3 millones para Sacyr), un dato elocuente de la rentabilidad lograda con la concesión tan sólo cuatro años y nueve meses después de la entrada en servicio del Metro.

DESCALIFICACIÓN

Sorprendentemente, o quizás no, Zoido ha reaccionado a la operación declarando que la Junta de Andalucía ha privatizado el Metro y acusando por tanto a las dos formaciones de izquierda (PSOE e IU) que sustentan al Gobierno andaluz y constituyen su oposición en el Ayuntamiento de traicionar su ideología de apuesta por lo público.

La declaración del alcalde es preocupante por una parte y demuestra falta de reflejos políticos por otra. Es preocupante porque no obedece a la verdad y refleja o la desinformación de Zoido, grave en todo un alcalde de la capital de Andalucía y líder de la oposición regional, o que su obsesión por confrontar a toda costa con la Junta le hace cometer errores de bulto. Ya dio muestra de ello cuando se obcecó en presencia de los empresarios sevillanos en llevarle en público la contraria al presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, al sostener que el puerto depende de la Junta en vez del Gobierno central.

En el caso del Metro, Zoido ha demostrado que ni siquiera se había leído los periódicos para enterarse de los detalles de la operación de venta de las acciones. Justamente ha ocurrido lo contrario de lo declarado por el alcalde: la Junta es la única accionista que no ha vendido su participación y, por lo tanto, se mantiene la presencia institucional en el capital de la sociedad gestora del Metro.

PRIVATIZACIONES

Curiosamente, el reproche infundado de Zoido a la Consejería de Fomento proviene de un alcalde que se ha caracterizado por hacer con profusión lo que ahora critica sin base a la Junta: entregar numerosos centros del Instituto Municipal de Deportes, los mercados del Barranco y de la Puerta de la Carne, la estación de Cádiz….. y hasta la ribera del Guadalquivir por Torneo a empresas privadas.

En un partido de centro-derecha como el PP y al que encarna el alcalde en Sevilla, las privatizaciones responden a su ideario político. Por tanto, en pura lógica, ¿qué tendría que haber dicho Zoido de la operación de compraventa de acciones entre empresas privadas en el seno de la sociedad gestora del Metro?

Desde su perspectiva, todo lo contrario de los términos en que se ha expresado, siempre en función del programa y del ideario del PP en pro de la iniciativa privada. Zoido y su portavoz parlamentarios en temas de infraestructuras, Jaime Raynaud, vienen abogando por la fórmula de la colaboración público-privada (la misma con la que se construyó la línea 1 del Metro) para dar un impulso a los grandes proyectos pendientes en Sevilla (tres líneas del suburbano, rondas para el tráfico, conexión del AVE con el aeropuerto…) y en Andalucía y rescatar al sector de la construcción frente al parón inversor de la Consejería de Fomento por la necesidad de recortar el déficit público. El alcalde, además, dijo en su día que si la Junta no tenía dinero para invertir en nuevas líneas de Metro, él traería compañías que estarían dispuestas a continuarlas.

SIN VISIÓN

Pues bien, pese a que el desembarco de Globalvía y a sus 157 millones de euros de inversión en el Metro para quedarse con la explotación de la línea 1 podría haber sido presentado por Zoido como un aval a sus tesis y a las de su partido sobre la bondad de la fórmula de inversión y la existencia de inversores privados dispuestos a apostar por la ciudad, al tiempo que una demostración de la fortaleza de la marca Sevilla para atraer grandes capitales, Zoido ha sido incapaz de proyectar esa visión ante la opinión pública.

Y es que como el alcalde parece no ver más allá de la Gavidia, los mercadillos y los veladores, siempre en función de los intereses de los comerciantes, ha perdido una gran oportunidad de publicitar que la compra del Metro constituiría un aval del mercado al modelo que él propugna para las infraestructuras en Sevilla y en Andalucía y de que hay inversores privados para acometer nuevas líneas.

A Zoido le va a acabar pasando lo que decían de Arafat: nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad.

Repunte del paro en Sevilla capital, con 90.826 desempleados en enero

El número de parados sube en 2.449 en el último mes, el 90% de ellos en el sector Servicios

Es el cuarto peor dato en los tres años del mandato de Zoido como ‘alcalde del empleo’

En el balance interanual, de enero a enero, se han perdido 1.396 puestos de trabajo

La evolución es aún peor en la provincia, con 7.585 parados más hasta un total de 258.384

Sevilla capital ha vuelto a rebasar el fatídico listón de los 90.000 parados durante el mes de enero de 2014, al engrosar la lista de desempleados 2.449 sevillanos más, con lo que el total asciende ahora a 90.826, según los datos oficiales registrados en las oficinas del Servicio de Empleo, antiguo INEM, y que ha divulgado el Ministerio que dirige la onubense Fátima Báñez. En el conjunto de la provincia, el incremento porcentual ha sido aún mayor y el número de parados se sitúa en 258.384, 7.585 más que en el mes anterior, diciembre de 2013.

Ni la prolongación del efecto navideño hasta una cuarta parte del mes de enero con la festividad de la Epifanía ni la inauguración de la temporada de las rebajas de invierno han servido de freno al desempleo en una ciudad como Sevilla, cuya economía se basa cada vez más en el turismo dentro del sector Servicios, ya que 2.449 sevillanos han engrosado la lista del paro y se dispara de nuevo el número total de desempleados hasta los 90.826, con lo que se sobrepasa la barrera psicológica y real de los 90.000, con un incremento porcentual de un + 2,77% en el mes de enero en comparación con el de diciembre.

En el balance interanual de enero de 2013 a enero de 2014, el desempleo en la capital ha afectado a 1.396 personas más (+ 1,56%), por lo que tampoco cabe recurrir a este dato para interpretar la existencia de un cambio de tendencia en el medio plazo y la visualización de brotes verdes en la economía local.

Los indicios de recuperación económica que se anuncian desde el Gobierno tampoco se han notado en Sevilla capital, sino todo lo contrario: este repunte del paro en enero de 2014 respecto del mes anterior, que ha afectado a 2.449 personas, es veinticinco veces superior al que se registró en enero de 2013 respecto de diciembre de 2012, cuando sólo hubo 98 parados más y no se preveía entonces una mejora de la situación económica  como de la que se viene hablando en los últimos tiempos.

EL CUARTO PEOR

Enero, pues, se confirma como un mal mes para el empleo, y en Sevilla capital mucho más, ya que estos 90.826 parados suponen el cuarto peor mes de los casi tres años de mandato de Juan Ignacio Zoido, el cual prometió convertirse en ‘el alcalde del empleo’.

Sólo ha habido treses meses peores que este enero desde que Zoido es alcalde: noviembre de 2012, con 91.627 desempleados; febrero de 2013, con 91.398, y marzo también del año pasado, con 91.037. El alcalde no ha podido cumplir aún su promesa de incrementar los puestos de trabajo en Sevilla con una política de alfombra roja a los inversores privados, ya que hasta la fecha el balance arroja 14.137 parados más desde que fue investido regidor de los destinos de la ciudad.

La clave de este pésimo enero radica en el sector Servicios, donde se ha concentrado la inmensa mayoría de los nuevos parados: 2.202 del total de los 2.449, o sea el 90%, cuando hace un año, en enero de 2013, ese incremento en comparación con diciembre de 2012 fue de 691 desempleados, tres veces menos. Por tanto, se vuelve a constatar que ni siquiera el mejor diciembre turístico de los últimos tiempos en Sevilla prolonga sus efectos en el empleo una vez que se apagan y desmontan las luces de la Navidad pasada la Cabalgata de los Reyes Magos. Hoy por hoy, Sevilla carece de un modelo económico alternativo que sirva de estímulo y contrapeso a la preponderancia del turismo.

Así, el sector Servicios es el que dispara el paro en la ciudad, con 61.814 desempleados. El desempleo ha crecido en todos los sectores menos en la Construcción (-36) y el colectivo Sin empleo anterior (-15), y queda ahora desglosado así: Agricultura, 1.356 parados; Industria, 6.256; Construcción, 9.187; Servicios, 61.814, y Sin Empleo Anterior, 12.213.

SÓLO LOS MENORES DE 20 AÑOS

Por sexos, el paro afecta a 48.600 mujeres ( +1.422) y a 42.226 hombres (+ 1.027).

La estadística por edades refleja que sólo ha habido un descenso de parados entre los menores de 20 años, probablemente por tratarse del colectivo al que suelen hacerse los contratos más precarios, en formación o en prácticas, mientras que se ha incrementado el número de desempleados en los restantes segmentos de edad, especialmente entre quienes se encuentran en la franja de los 30 a los 34 años, en plena madurez. Del total de nuevos parados, en este colectivo se registra la cuarta parte del total. Le sigue en de quienes cuentan entre 25 y 29 años.

El desglose de parados por edades es el siguiente: menos de 20 años, 1.441 desempleados ( -28); de 20 a 24 años, 7.231 (+224); de 25 a 29 años, 9.575 (+361); de 30 a 34 años, 10.971 (+516); de 35 a 39 años, 12.055 (+349); de 40 a 44 años, 11.586 (+314); de 45 a 49 años, 12.539 (+288); de 50 a 54 años, 10.938 (+255); de 55 a 59 años, 8.981 (+82), y mayores de 59 años, 5.509 (+88).

PROVINCIA

En el conjunto de la provincia de Sevilla el paro afecta en enero a 258.384 personas, tras haber ingresado en las listas del desempleo 7.585, lo que supone un +3,02%. Proporcionalmente el paro ha crecido más en la provincia que en la capital (+ 2,77%). Sin embargo, al contrario que en Sevilla capital, donde en el cómputo interanual (enero a enero) el desempleo ha afectado a 1.396 personas más, en el conjunto de la provincia el balance del año ha supuesto una bajada del paro en 628 personas.

Este enero ha sido pésimo incluso cuando se le compara con el balance enero de 2013/diciembre de 2012. Entonces la subida del paro afectó a 4.157 personas y ahora han sido 7.585 (un 82% más que entonces).

Del total de 258.384 parados de la provincia, 133.715 son mujeres y 124.669, hombres.

Por sectores, el número de desempleados es el siguiente: Agricultura, 15.655; Construcción, 35.813; Industria, 21.677; Servicios, 155.655, y Sin Empleo Anterior, 29.615.

Entre la realidad y el deseo

El anuncio de Susana Díaz de reactivar el sector de la construcción llegó al tiempo que la Gerencia de Urbanismo anulaba el convenio con Noga, que ha dejado sin hacer 2.110 viviendas en Sevilla Este

La juez Alaya cree que la prórroga en 2006 del acuerdo con Noga fue para compensarlo por no haberle adjudicado los suelos de Mercasevilla pese a que ofertó 158 millones de euros por los 106 millones de Sanma
El anuncio parlamentario de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que va a constituir una Mesa de Trabajo para activar la construcción sostenible en la comunidad autónoma (en realidad, existe una Mesa de la Construcción desde hace un par de años al menos, sin que se le conozca actividad o utilidad) por el hecho de que la mitad de los parados proviene del estallido de la burbuja inmobiliaria coincidió con la decisión de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla de anular el convenio con el grupo Noga para la erección de 2.100 viviendas en Sevilla Este.

Volvemos a movernos en la cernudiana dicotomía entre la realidad y el deseo, en un contexto socioeconómico en el que se dejan sentir las presiones de quienes abogan por potenciar la economía del ladrillo como método expeditivo de rebajar las altas tasas de paro en Andalucía y, por extensión, de Sevilla en cuanto provincia con mayor número de desempleados en la región.

En este marco venimos escuchando desde el advenimiento de Zoido a la Alcaldía las voces de quienes propugnan una reforma del Plan General de Ordenación Urbana con el argumento de que falta suelo para atender la demanda de nuevas viviendas, cuando resulta que en el PGOU vigente hay aún terreno calificado para poder alzar aún decenas de miles de pisos, pero a la hora de la verdad no aparecen los promotores y constructores que -dicen- estarían llamando a las puertas del Ayuntamiento para levantar nuevas promociones inmobiliarias.

ANULACIÓN

Un nuevo ejemplo palmario lo hemos tenido con la anulación del convenio urbanístico suscrito el 16 de febrero de 2006 con varias empresas del grupo Noga (Inmobiliaria Osuna) para la construcción de 2.161 viviendas en Sevilla Este, el mismo barrio en el que la Fundación de la CEA ha sido incapaz de terminar y entregar 583 VPO a sus compradores, pese a que éstos habían adelantado el dinero. Un escándalo que ha acabado con la imputación de Santiago Herrero y varios directivos más de la patronal y, a la postre, provocando la dimisión de aquél como presidente.

En el caso del grupo Noga, llueve sobre mojado, porque mucho antes de 2006 ya arrastraba el incumplimiento de los compromisos adquiridos para la erección de viviendas, un incumplimiento cuya consecuencia obligada era la retirada de los permisos por parte del Ayuntamiento y la imposibilidad de construir. ¿Por qué, entonces, se le prorrogó esa potestad en 2006?

La juez Mercedes Alaya, en virtud de un informe redactado por la Guardia Civil en 2013, estima que esa prórroga acordada durante el mandato de Monteseirín como alcalde tenía como objetivo encubierto compensar al grupo Noga por la adjudicación a su rival Sanma (filial del grupo Sando) de los suelos de Mercasevilla, pese a que ésta había ofrecido por los mismos 106 millones de euros y aquél, 158 millones. El Consistorio dio los terrenos a Sanma aun perdiendo 52 millones de euros (casi 9.000 millones de las antiguas pesetas) en la operación.

Y siendo tan ostensible la diferencia económica entre una oferta y otra, la pregunta que se hizo la juez Alaya era cómo entonces el grupo Noga no había planteado ningún recurso contra la decisión adoptada en Mercasevilla.

COMPENSACIÓN

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a la conclusión en un informe elevado a la juez de que la posterior firma del convenio con Inversiones Noga, Inonsa e Inmobiliaria Osuna, mediante el cual se ampliaba el plazo para edificar en Sevilla Este durante ocho años más y se dejaba sin efecto la inclusión de las 36 parcelas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas suponía un gran beneficio, que cabía entender como una compensación por no recurrir el concurso sobre los suelos de Mercasevilla.

Sin embargo, el grupo Noga tampoco ha aprovechado esta segunda oportunidad, ya que se comprometió en 2006 a edificar en Sevilla Este 2.161 pisos y en los ocho años transcurridos desde entonces sólo ha terminado 51 (el 2,36% del total planificado), pese a que en este periodo todavía se ha beneficiado de dos prórrogas más. Ha dejado sin iniciar 2.110 viviendas y tampoco ha hecho efectivo el aval de 221.963 euros como garantía económica ante el posible incumplimiento del deber urbanístico de edificar, como finalmente ocurrió.

EN BLANCO

Los casos de Noga y de la Fundación de la CEA no son las excepciones. Recuérdese que, anteriormente, la Gerencia de Urbanismo tuvo que declarar desierto el concurso público que convocó para construir 220 viviendas protegidas en una parcela de la Hacienda del Rosario porque no se presentó empresa alguna. Las condiciones no eran aparentemente demasiado gravosas: adelanto del 5% de un importe total de 3,8 millones de euros.

A ello hay que sumar otros concursos desiertos relacionados con la construcción, como el del chalé de Villa Encarnita en Nervión, pese a la libertad total de usos dada por Urbanismo a quien se quedara con el inmueble; los relativos a la construcción de sendos parkings en el Prado de San Sebastián y la plaza de San Martín de Porres;  la imposibilidad de sacar adelante por falta de interesados y/o de financiación 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, y el encefalograma plano de la Empresa Municipal de la Vivienda, incapaz de lanzar una sola promoción en lo que va de mandato de Zoido.

En el balance hay que incluir la decisión política adoptada en su día por la Gerencia de Urbanismo de suspender en toda la ciudad el plazo para cumplir el deber de edificar en fincas declaradas en ruinas y en solares destinados a otros usos diferentes al residencial, con carácter retroactivo hasta el 10 de mayo de 2010 porque -se argumentaba- “lo que inicialmente se consideró una circunstancia aislada para las fincas de uso residencial se ha convertido en una tónica general”.

REHABILITACIÓN

En este panorama, por lo que a Sevilla y en materia de viviendas se refiere, la idea de Susana Díaz de reanimar el sector de la construcción cuidando de despojarla de sus connotaciones especulativas y transformando su actividad en sostenible devuelve al primer plano de la actualidad aquel plan en el que coincidieron en el Senado dos políticos de signo ideológico opuesto, como son la ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), y el portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, lo cual demuestra que si se recuperara el espíritu de la Transición sería posible lograr consensos en políticas básicas en vez de perder el tiempo en estériles confrontaciones que dejan al margen las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Ana Pastor y Juan Espadas coincidieron en apostar por la rehabilitación y la dotación de eficiencia energética -máxime tras el continuo incremento de la factura de la luz- del envejecido parque de viviendas actual.

En la propuesta de Espadas, orillada luego por el partido en el Gobierno, se tomarían como proyecto piloto los 3.500 pisos del Polígono de San Pablo para, mediante su readaptación con  financiación público-privada, relanzar la construcción en Sevilla capital, crear empleo, ahorrar una energía cada vez más cara y mejorar las condiciones de vida de miles de sevillanos.

 

Zoido adjudicó el Portal de la Transparencia mediante contratación directa

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, presentó el pasado 9 de enero el denominado Portal de la Transparencia, al que se accede desde la página web municipal con el objetivo, según su propia declaración, de cumplir con la ley al respecto y de que los ciudadanos puedan realizar una “auditoría permanente” del Ayuntamiento para recuperar la confianza en la Administración. Paradójicamente, el Portal de la Transparencia fue adjudicado de forma directa por el Consistorio sin que hasta el momento hayan primado las “luces y taquígrafos” de que tanto suele hablar Zoido.

Tratándose de un Portal de la Transparencia, lo más lógico habría sido que el Consistorio hubiera publicitado al máximo cualquier convocatoria relacionada con el mismo y que ésta hubiera aparecido en cuantos más Boletines oficiales mejor, pero hay que bucear para poder hallar su génesis y encontrarla sólo en la plataforma de contratación del propio Ayuntamiento, para iniciados, donde el año pasado la Dirección General de Administración Pública e Innovación sacó a licitación un contrato denominado ‘Servicio de Asesoramiento técnico y consultoría para la elaboración de una estrategia municipal de transparencia’, por un importe de 17.900 euros, IVA incluido, a fin de no superar el límite de los 18.000. Como fecha máxima de presentación se dio la del 17 de mayo de 2013, a las 14 horas.

A pesar de que entre esa fecha y la presentación pública del Portal de la Transparencia por el alcalde ha mediado un plazo de ocho meses que cuestionaría la urgencia como argumento para recurrir a este procedimiento de licitación sin publicidad más allá de la plataforma municipal, el gobierno local eligió como forma expeditiva de adjudicación la contratación directa, sin que hasta la fecha se conozca qué empresas aspiraron al proyecto, si se invitó a algunas y a qué número e identidad y, sobre todo, el adjudicatario del contrato de los 17.900 euros. A este ocultismo contribuye el hecho de que el Portal de la Transparencia está inserto en la página web municipal, a modo de extensión de la misma, sin que al pie figure su creador.

Mientras la Corporación adjudica de esa forma tan poco transparente el contrato de elaboración del Portal de la Transparencia, el alcalde dio todo un discurso en pro de poner en conocimiento de la ciudadanía cualquier aspecto de la gestión de los asuntos públicos. El alcalde reconoció durante la presentación del portal que que actualmente existe un aumento de la «desafección» del ciudadano hacia la política y los políticos, por lo que consideró «crucial que seamos nosotros, los servidores públicos, los que demos un paso adelante y constituyamos un ejemplo para restaurar el buen nombre de la política». «No concibo otra manera de gobernar que con cercanía y transparencia, con las ventanas abiertas a la luz y a los taquígrafos en nuestro quehacer diario,  porque somos una inmensa mayoría -añadió- los políticos que no tenemos nada que ocultar, los que creemos ciegamente en nuestra labor de servicio público, y por eso somos sin duda los más interesados en recuperar la dignidad de ser político».

  El alcalde afirmó que consideraba la transparencia  como un elemento «fundamental», porque «a mayor nivel de transparencia y normas de buen gobierno, mayor será la fortaleza de las instituciones -aseveró- y mejor será la fiscalización de la actividad pública y la regeneración democrática», generando «más confianza». «El Ayuntamiento ha querido reforzar el compromiso del presente mandato con principios de ética pública, eficiencia, calidad de servicios públicos, rendición de cuentas a la ciudadanía y mejor gestión municipal», concluyó.

Cerámica maldita

Definitivamente, el Ayuntamiento gobernado por Zoido tiene gafe para la cerámica, a la luz de los acontecimientos ocurridos durante su mandato con todo lo relacionado con un azulejo, un mural o un plato, como de nuevo ha vuelto a ponerse de manifiesto en los últimos días al descubrirse la gran cantidad de erratas, faltas de ortografía y nombres geográficos incorrectos en el mural sobre la cuenca del Guadalquivir instalado en el muelle de Nueva York y el anuncio de un nuevo retraso en la inauguración del Centro Cerámico Triana.

El museo sobre la cerámica sevillana, cuyos principales alfares se ubicaron históricamente en el antiguo arrabal, es un proyecto inserto en el Plan Turístico de la ciudad, uno de los pocos ámbitos, por no decir el único, donde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han sido capaces de hallar un espacio de cooperación en vez de confrontación, quizás por la participación en el mismo de la Confederación de Empresarios como tercer socio. La Junta financia las actuaciones al 60% y el Consistorio en el 40% restante. El eje articulador del mismo es la revalorización del entorno del río: muelle de Nueva York, centro de recepción de visitantes en los bajos del Paseo Alcalde Marqués del Contadero, pantalanes en la dársena…..

NUEVO RETRASO

El denominado Centro Cerámico Triana se iba a inaugurar, ya por entonces con un retraso acumulado de un año conforme a las previsiones, en el verano de 2012, al completarse el primer ejercicio de Zoido como alcalde. Desde entonces ha pasado año y medio y se han aventurado otras posibles fechas para la apertura, anuncios todos incumplidos; la semana pasada, tras la visita a las instalaciones en la antigua fábrica de Cerámica Santa Ana del consejero de Turismo, Rafael Rodríguez; de la delegada municipal de Cultura, Mar Sánchez Estrella, y del presidente de la Comisión de Turismo de la CES, Pedro Sánchez Cuerda, se ha retrasado un mes más la apertura de unas instalaciones que han costado hasta la fecha 4,2 millones de euros y que la ciudad lleva ya casi dos años sin rentabilizar.

El nuevo pretexto oficial es que los técnicos municipales necesitan más tiempo para restaurar piezas procedentes del museo de Artes y Costumbres Populares y del convento de Santa Clara que el Ayuntamiento quiere exponer al público junto a piezas cedidas por la Junta de Andalucía, el Gobierno y el ceramófilo Vicente Carranza, un gran mecenas que ya donó la colección que se exhibe en los cuartos altos del Alcázar pero que ahora se siente tan dolido por el trato recibido de la actual corporación que anunció la práctica ruptura de relaciones con el Consistorio y su ausencia en la inauguración del museo trianero.

SITUACIONES INSÓLITAS

Las tribulaciones de Vicente Carranza con Sevilla son similares a las que sufre otro mecenas cultural, Mariano Bellver, en su intento de años de donar su colección de pintura, para la que la ciudad de numerosos inmuebles históricos vacíos no halla un sitio adecuado, algo que parece increíble y que parece sólo puede ocurrir en una urbe como la nuestra.

Uno de los más importantes, por no decir el principal, coleccionistas de cerámica de España logró, tras años y años de espera y numerosas promesas incumplidas e intrigas hasta de película (hubo que organizar un viaje relámpago en AVE a Córdoba, como terreno neutral, para sofocar uno de tantos escándalos al respecto en la era Monteseirín) que por fin, y en nombre de su fallecido hijo, el Ayuntamiento anterior aceptara la donación de los fondos sevillanos de su gran colección de cerámica, acumulada a lo largo de su vida (es un hombre casi nonagenario).

BOICOT

Pero hasta el último minuto fue la ciudad cicatera con tan valioso legado, ya que las cuatro salas del Alcázar prometidas para albergarlo y exhibirlo de forma permanente fueron reducidas a tres  por el boicot del entonces alcaide del Alcázar, Rodríguez Galindo, a la palabra dada por Monteseirín. Mientras que la cuarta estancia ha quedado sin un uso mejor y Zoido tampoco ha cumplido su promesa de abrirla cuando llegara a la Alcaldía, se trató de contentar al mecenas con otra promesa: que parte de los fondos que allí supuestamente no cabían se mostrarían en el futuro museo de la cerámica de Triana.

Vicente Carranza, por amor a Sevilla pese a su nascencia manchega y fidelidad a la memoria de su hijo, volvió a confiar en los políticos y en que unas 70 piezas de su colección serían contempladas por los visitantes en el Centro Cerámico Triana.

Sin embargo, en otro cambio de criterio municipal sobre la marcha, de aquellas 70 piezas excepcionales sólo se van a exponer 21. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia del mecenas artístico es que el Ayuntamiento ha ignorado tres valiosas piezas de sus fondos, como la decena de paneles cerámicos de un metro cuadrado del siglo XVI, para exhibir en su lugar productos de la fábrica de Pickman, que a su juicio de experto ni son tan valiosas ni guardan vinculación con Triana.

MONTAÑO AL RESCATE

Vicente Carranza, pues, se siente preterido y humillado por la Delegación municipal de Cultura pese a haber legado a la ciudad unos fondos de valor incalculable, una circunstancia que no ha pasado inadvertida para la oposición municipal. Paradójicamente, la antecesora de Mar Sánchez Estrella como delegada de Cultura, Maribel Montaño, ha retomado las relaciones con el gran mecenas, pese a los desencuentros de antaño, y podría ser la persona clave para lograr la presencia de un coleccionista que se disputarían otras ciudades de España en la inauguración del museo trianero y que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz tenga con él algún gesto de reconocimiento y especial gratitud. Susana no sólo haría honor a sus orígenes y vecindad en Triana, donde se alza el museo, sino también saldría al quite para paliar la falta de tacto del Ayuntamiento.

Al menosprecio de la figura del gran mecenas ceramófilo ha unido el Ayuntamiento, en este caso de forma compartida con la Junta de Andalucía en cuanto signatarios los dos del Plan Turístico, la falta de supervisión del gran mosaico de cerámica (20 x 6,4 metros de azulejos) sobre la cuenca del Guadalquivir montado sobre el suelo del muelle de Nueva York e inaugurado a finales de 2013 tras un gasto de 51.000 euros. Ni los técnicos municipales ni los autonómicos, sino ciudadanos anónimos y la asociación Sevillasemueve, se percataron de la gran cantidad de errores de todo tipo contenidos en un mosaico destinado a resaltar ante nativos y turistas la vinculación de Sevilla con el río que vertebra Andalucía.

UN ERROR TRAS OTRO

Causa rubor ver en el mosaico términos como Dos Hernanas, Pílas, Guadaimar, Bembezar, Coria del Rio (sin acento al igual que Benacazon) y Canal del Valle Inferior del Bajo Guadalquivir (unidos dos en uno), máxime cuando en su día se concibió con una proclamada finalidad ‘didáctica’.

A ese descubrimiento de los defectos del mosaico hay que unir días antes la demolición sin previo aviso y para indignación de los vecinos por parte del Ayuntamiento del mural de cerámica sito a la entrada de la urbanización de Santa Clara y que desde hacía más de 60 años constituía el símbolo con el que se identificaban los residentes.

Y todavía resuenan los ecos de la polémica por el intento, frustrado gracias a la oposición de numerosos colectivos de ciudadanos, del Consistorio de alicatar con azulejos, fabricados para colmo en Valencia, la zapata de Triana con un mural indicativo de la existencia del arrabal, como si precisara de un mosaico de gran tamaño ( 3,5 x 12 metros) que adultera la imagen típica del Altozano para situar esa histórica collación.

El concurso por Villa Encarnita, también desierto

Nadie se interesa por el chalé de Nervión, con un precio de salida de medio millón de euros

El fracaso se suma a los de los parkings, el Costurero de la Reina y la plataforma web

Urbanismo permitía desde rehabilitar el chalé a demolerlo y alzar pisos de renta libre

 

El Ayuntamiento ha decidido cancelar la reunión de la mesa de contratación, prevista para el próximo 20 de enero, para la venta en concurso público del conocido chalé ‘Villa Encarnita’, sito en el barrio de Nervión, por la falta de licitadores. El concurso, pues, queda desierto al igual que otros anteriores como los de los parkings subterráneos en el Prado y San Martín de Porres, el alquiler del Costurero de la Reina, la plataforma web para emprendedores y otros relacionados con la construcción de viviendas.

A finales de 2013, la Gerencia de Urbanismo adoptó, con el voto en contra de la oposición, el polémico acuerdo de enajenar el conocido chalé de propiedad municipal ‘Villa Encarnita’, que fue adquirido por la Corporación en el mismo año del estallido de la guerra civil, 1936, e incorporado al patrimonio municipal de suelo en 1989.

Se trata de una finca de 391,75 m2 de superficie, dentro de la cual se alza el chalé. Está calificada como edificación suburbana de uso residencial y cuenta con una edificabilidad en el PGOU vigente de 861,85 m2. El gerente de Urbanismo, Alberto de Leopoldo, justificó la decisión de vender la finca para vivienda libre por las siguientes razones:

1) La VPO en manos municipales está garantizada, no sólo por las obligaciones de cesión del 10% o de los porcentajes establecidos en los convenios urbanísticos, sino también por el aprovechamiento resultante de los acuerdos de concertación urbanística en el marco del Plan Impulsa. Este argumento provocó la indignación del PSOE, que recordó el incumplimiento de la promesa de alcalde de erigir 1.000 VPO por año durante su mandato, pese a lo cual ponía má suelo en el mercado para vivienda libre con Villa Encarnita.

2) Hay que poner en el mercado cuanto antes el chalé -continuaba el gerente- a fin de que se acometa su rehabilitación o su demolición y nueva planta, a la vista de su estado de conservación y a fin de evitarle costes de mantenimiento al Ayuntamiento y su eventual ocupación ilegal por terceros.

3) Dado el momento en que se encuentra actualmente el mercado inmobiliario, es preciso crear un marco suficientemente atractivo para la iniciativa privada, teniendo en cuenta la circunstancia de su enclave (el de Villa Encarnita) en la ciudad consolidada, en un barrio tradicional (Nervión), así como su tamaño reducido y el limitado número de viviendas que le asigna el planeamiento, que permite construir al promotor sin necesidad de acudir a una gran inversión por su parte.

Por eso el Ayuntamiento daba todas las facilidades posibles, desde la rehabilitación del chalé como vivienda unifamiliar a su demolición para la edificación en su lugar de viviendas de nueva planta, y además sin establecer límite alguno a su precio de venta o de alquiler.

Pese a todas estas facilidades y al precio de venta fijado, en sólo 508.715,58 euros más IVA, ningún promotor inmobiliario ni comprador particular se ha interesado por participar en el concurso público convocado por el Ayuntamiento, otro más que queda desierto durante el mandato de Juan Ignacio Zoido.

 

La carta a Susana

El alcalde inició el año, que no el curso político, convocando una conferencia de prensa en la que compareció flanqueado por Juan Bueno y Francisco Pérez. El anuncio suscitó cierta expectación, sobre todo porque Zoido había dicho con motivo de su segundo aniversario en la Alcaldía que “lo mejor está por llegar” y porque pocos meses después habló de importantes proyectos en ciernes para la ciudad que aún no podía desvelar. Se pensó, pues, en que había llegado el momento decisivo, con las elecciones municipales de 2015 en lontananza, de anunciar a los sevillanos la inminente ejecución de algunos de esos magnos proyectos mantenidos en la reserva hasta ahora por aquello, quizás, de los famosos ‘flecos’, pero la montaña volvió a parir un ratón.

Zoido se presentó ante los medios para divulgar una carta a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en versión corregida y aumentada de la remitida a Griñán cuando apenas había tomado posesión como alcalde (hace de ello dos años y siete meses) con las reivindicaciones del Ayuntamiento de Sevilla a, o más bien contra, la Junta de Andalucía.

TRES ERRORES

Además de sobre la misiva a la presidenta, en ese acto o en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el alcalde aún también presidente del PP andaluz habló de otros temas, y cometió tres errores. Uno de ellos fue cuando en referencia al proyecto de reforma de la ley del Aborto declaró que en su partido había libertad de voto y ausencia de consignas, para a continuación reconocer que alguna vez se había dado el caso de una llamada de atención por haber pulsado el botón de voto equivocado en el Parlamento. Si hay libertad de voto en el PP no puede haber botón equivocado, porque lo uno implica lo contrario y es la confesión inconsciente de que existen consignas previas.

El segundo error fue evaluar en “cientos de miles” los empleos que se crearían en Sevilla en caso de desbloquear la Junta los supuestos proyectos pendientes. Una exageración típicamente andaluza pero que no cabe en la boca de un político serio que se precie. Esos pretendidos centenares de miles de empleos no se crearon ni con la Expo.

 

Y el tercero, simbolizar en la Ciudad de la Justicia la lista “interminable” de proyectos supuestamente bloqueados por la Junta en Sevilla, para a continuación añadir que enviaría el sábado siguiente (por el 11 de enero) su propuesta de (re)ubicación de la misma. Si el Ayuntamiento no ha propuesto aún ninguna alternativa, ¿cómo puede sostener desde hace dos años y medio que la Junta bloquea la Ciudad de la Justicia? ¿No será más bien al revés? Porque el único proyecto realmente existente al respecto es el de la Junta en Los Gordales y el que lo cuestiona, empecinado en que no se haga allí, es el Ayuntamiento.

REVELACIÓN PÚBLICA

El mayor error de todos por parte de Zoido fue difundir públicamente el contenido de los 16 folios de su carta a la presidenta de la Junta. Tradicionalmente se entiende que una carta no es propiedad del remitente, sino del destinatario, y que además este medio de comunicación epistolar queda en la esfera de lo privado entre quien lo escribe y quien lo recibe.

El alcalde rompió todas las reglas no escritas de cortesía en materia epistolar al divulgar el contenido de la misiva antes siquiera de que llegara a manos de su destinataria, Susana Díaz. La presidenta no es que se tuviera que enterar por la prensa de su contenido, sino, para colmo, por las redes sociales. Y es que Zoido se dedicó a continuación a tuitear en los 140 caracteres extractos del escrito,  en términos como éstos: “@_susanadiaz confío en el compromiso con sevilla del nuevo gobierno andaluz. Te acabo de enviar una carta con el objeto de vernos pronto”; “Los sevillanos me preguntan si sus hijos tendrán una red de metro completa @_susanadiaz tengo que trasladarte esta pregunta”…

Este comportamiento tan frívolo es más propio de un candidato de la oposición en campaña electoral (el papel en el que Zoido se siente más cómodo, siempre yendo a la contra y descargando en otros su responsabilidad) que el del alcalde de la capital de Andalucía desempeñando su rol institucional. Ello le dio pie a Susana Díaz a plantear ante los asistentes a su conferencia posterior en la antigua Audiencia que qué opinaría de ella Rajoy si se pusiera a enviarle tuits preguntándole cuándo iba a nombrar al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

El ejemplo sería extrapolable a cualquier alcalde de gran capital. ¿Quién actuaría con su presidente de comunidad autónomo como lo ha hecho Zoido con la presidenta de la Junta? Nadie se imagina al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, imitando a Zoido en sus relaciones con la Junta, porque fundamentalmente basa su éxito en la discreción. Así consiguió llevarse el museo Pompidou tras varios años de negociación en secreto, mientras que a Zoido le pierde el populismo, salvo que entendamos esta actuación pública como una gran maniobra de distracción perfectamente diseñada.

ESTRATEGIA POLÍTICA

Al revelar públicamente la misiva, por más que supiera que su comportamiento acabaría irritando a la presidenta de la Junta, y tuitearla ‘urbi et orbi’, Zoido multiplicó los ecos, en su estrategia de volver a señalar al Gobierno autónomo como el responsable de la situación de Sevilla en vez de el Ayuntamiento por su propia inacción o por la falta de proyectos, para redirigir así hacia San Telmo  en vez de a la Plaza Nueva a ese 80% de sevillanos que según el Barómetro de Antares piensa que la ciudad no ha cambiado o ha ido a peor bajo su mandato.

El alcalde se dispersa en exceso en su escrito. Le plantea a la presidenta medio centenar de reivindicaciones (16 folios) de todo tipo, aunque no sean de su competencia o las tenga compartidas con el Gobierno de la nación (al omitirlo en esos casos, por ser de su mismo partido, pierde credibilidad), en vez de concentrarse en pocas y sólo en las que tenga manifiestamente razón, como es el caso de la primera de ellas: qué pasa con las Atarazanas cuando se va a cumplir un año de la marcha de La Caixa tras entregar 10 millones de euros a la Junta para un proyecto alternativo al de Vázquez Consuegra del que sigue sin saberse nada.

Con tanta dispersión y confusión, sin un orden de prioridades, Zoido pierde eficacia y al final el bosque no deja ver los árboles. El alcalde dice entender en su escrito “la situación económica que atravesamos todas las Administraciones”, ante lo cual la Junta podría responderle que como justamente por éso el Gobierno le ha transferido 1.600 millones de euros menos y le obliga a recortar en todo tipo de capítulos, por ello no hay dinero para el Metro, la Ciudad de la Justicia y tantas demandas de la lista de Zoido, pero no por esta realidad el alcalde deja de insistir en sus reivindicaciones habituales, por lo que al final la imagen que proyecta es la de que la Junta bloquea Sevilla.

CONTRADICCIONES

El alcalde exige ayuda del Gobierno autónomo para los museos de Bellas Artes y Arqueológico, cuando son de titularidad compartida con el Estado, al que nada reclama. Curiosamente, dice poner todos sus recursos a disposición de Susana Díaz para recuperar el Arqueológico, cuando hubo que retirar el Tesoro del Carambolo porque ni pagaban a medias la factura del vigilante. Zoido también añade que “la restauración de Santa Catalina es una obligación de los responsables gubernamentales”. Se equivoca. Es responsabilidad legal de su propietaria, la Iglesia de Sevilla. Pero si así piensa, ¿cómo le pide dinero a la Junta si él mismo no ha presupuestado un solo euro para ese templo en las Cuentas del Consistorio? Donde sí tiene razón Zoido es en denunciar el abandono por la Junta del conservatorio Cristóbal de Morales. También reclama el pago de ayudas comprometidas ¡hace 10 años!, como 100.000 euros de la Copa del Mundo de golf.

De los 16 folios, seis y medio se centran en la denuncia de recortes, impagos y/o retrasos en las ayudas a programas de política social y empleo o carencias que afirma ha tenido que suplir el Ayuntamiento: dependencia, zonas de transformación social, ayudas a domicilio, alimentación infantil, inmigrantes, drogodependientes… Más que probablemente el alcalde tenga razón en sus reivindicaciones, máxime cuando la Junta no ha librado hasta hace poco una partida para parte de los atrasos en dependencia, pero siempre le cabe argumentar que son consecuencia de los recortes que sufre a su vez del Gobierno y que parte de las reivindicaciones del alcalde ya no tienen sentido conforme a la reforma de la Administración Local.

URBANISMO

El otro gran capítulo de la carta es el urbanístico, en el que Zoido culpa a la Junta del bloqueo de proyectos que ni siquiera ha presentado, como la Ciudad de la Justicia y Altadis, y la desafectación de vías pecuarias en casos como el de Ikea, cuando el propio Consistorio era el competente para iniciar los trámites de deslinde y lo hizo con años de retraso. El alcalde insiste en presentarle a la presidenta de la Junta proyectos urbanísticos pese a los dictámenes negativos previos de los organismos autonómicos por no atenerse al PGOU, como la Gavidia y los parkings rotatorios en el Centro y el Prado, con el argumento de que son necesarios ante la falta de Metro, pese a que ello no haya sido óbice para que sus potenciales beneficiarios, los comerciantes, hayan visto lleno el casco antiguo durante la Navidad.

Más que una carta en busca de comprensión y acuerdos, Zoido ha redactado un memorial de supuestos agravios que ha publicitado por todos los medios porque su fin último era seguir señalando a la Junta como la boicoteadora de proyectos que en algunos casos no existen aún (Altadis) y en otros chocan contra las disposiciones del PGOU porque Zoido no ha tenido el valor de modificarlo por completo para mostrar su modelo de ciudad o, a la vista de su trayectoria en este tiempo, su falta de modelo.

‘Me quedo en Sevilla’

El dato revelado al finalizar 2013 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de que, conforme a la actualización del Padrón, Sevilla ha perdido 2.186 habitantes a lo largo del pasado año y se queda con 700.169, a tan sólo un paso de bajar de la cifra redonda de los 700.000, ha provocado preocupación general y suscitado todo tipo de comentarios sobre si se trata de un indicador de un declive con consecuencias políticas, económicas y hasta de rango, por el riesgo de perder la calificación como ‘gran urbe’ y de ser adelantada como cuarta de España por Zaragoza.

En efecto, la capital aragonesa es la única de las tres españolas (junto con Las Palmas de Gran Canaria y Málaga) que no pierde población en 2013, queda ahora con 682.004 habitantes y está a tan sólo 18.165 de igualar a Sevilla. Tiene muchas probabilidades de sobrepasarla demográficamente antes de que lleguemos al primer cuarto de este siglo XXI.

Hay que subrayar que, de momento, Sevilla aún se mantiene con más de 700.000 habitantes, pero hay que atender la señal de alarma que avisa de que estamos a punto de caer por debajo de esa cifra. La primera consecuencia sería de índole política. Siempre que supere los 700.000 habitantes la ciudad mantendrá los 33 concejales actuales. Ahora bien,  en el momento en que quedase con 700.000 justos o menos de esa cantidad perdería dos ediles (se quedaría con 31), ya que el artículo 179 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que se asignarán  25 concejales por hasta 100.000 habitantes  y uno más por cada otros 100.000 o fracción, añadiendo uno más cuando el resultado final fuese par.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS

Con la población actual le corresponderían los 25 concejales por hasta 100.000, más 6 por hasta 700.000, más 1 por la fracción de 169,  más el último por ser el resultado par, a fin de facilitar la gobernación con un número impar de ediles (33) que permita una mayoría absoluta, ya que con 32 (número par) podría generarse una ingobernabilidad por teóricos empates en las votaciones.

Cabe preguntarse si la configuración política de la corporación actual habría sido diferente con 31 que con 33 concejales. Dicho de otra manera: ¿a qué partido político beneficia y a cuál perjudica electoralmente que Sevilla tuviera 700.000 habitantes o menos y perdiera dos concejales? Es imposible saberlo, porque las circunstancias son distintas en cada elección y los votantes no se comportan de la misma manera.

En un mero ejercicio de política-ficción, si extrapolamos los votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones municipales (mayo 2011) a una corporación con 31 ediles en vez de con 33, paradójicamente la cuota de poder  entre los partidos no habría variado pese a que el PP habría perdido dos ediles, pero no su mayoría absoluta. El Ayuntamiento resultante habría sido  del mismo color político que el actual, con estos resultados:

PP: 49,3% de los votos y 18 concejales.

PSOE: 29% de los votos y 11 concejales.

IU: 7,1% de los votos y 2 concejales

PA y UPyD no habrían obtenido concejal alguno.

GRAN CIUDAD

Pese a que se ha admitido comúnmente que Sevilla perdería su condición de gran urbe si bajara de los 700.000 habitantes, técnicamente es una falsa creencia, aunque psicológicamente, y máxime si es rebasada por Zaragoza con el tiempo, la ciudad se lo tomaría como una pérdida de rango en la clasificación, máxime en estos tiempos en que se admite cada vez más que son las ciudades y no los países las que compiten en una especie de Liga mundial por la captación de grandes proyectos y la proyección universal de su ‘imagen de marca’.

Legalmente, Sevilla no perdería la condición de municipio de gran población,  ya que esta figura se instauró en  la Ley 57/2013, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en la misma se define como tales  a los municipios con población superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de población superior a 175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas y los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. Y es evidente que Sevilla sigue cumpliendo todos estos parámetros.

FINANCIACIÓN

La tercera gran consecuencia con la que se ha especulado es la económica. A menos habitantes, menos transferencias ‘per cápita’ de recursos por parte de las Administraciones estatal y autonómica. Se ha estimado que de entrada la ciudad va a perder 400.000 euros por esta regresión demográfica, un dinero que no sería nada despreciable, por cuanto equivale casi al coste del alumbrado navideño de un ejercicio, según las cifras oficiales facilitadas en su día al respecto por el Ayuntamiento.

No parece que a tenor de las actuales cifras del padrón, pese a la pérdida de habitantes sufridas, la repercusión económica vaya a ser notable, ya que Sevilla sigue ostentando todas las calificaciones como ciudad que vimos anteriormente.

La financiación en virtud de la Ley de Haciendas Locales sólo se vería significativamente afectada si la población bajara de 75.000 habitantes, para lo cual haría falta literalmente una hecatombe. En cualquier caso,  estos parámetros no son fáciles de estimar ‘a priori’,  ya que dependen de  su regulación en los Presupuestos Generales del Estado, en los de la Comunidad Autónoma, en las liquidaciones de las Cuentas Generales de estas dos administraciones, etcétera, y a partir de la aplicación de unas fórmulas matemáticas.

Las consecuencias prácticas, al menos de momento, de la pérdida de población sufrida no son tan graves como al principio se pensaron, pero no por ello la caída en 2.186 habitantes en tan sólo un año deja de ser preocupante. Esta mengua no se ha producido de la noche a la mañana. Cabe deducir que se ha ido produciendo una acumulación sucesiva de bajas en el padrón y que ‘alguien’ en el Ayuntamiento tendría que haber detectado el fenómeno que se estaba produciendo y reaccionado sobre la marcha con medidas paliativas para evitar o contrarrestar la sangría demográfica. Sin embargo, ya hemos visto que no ha sido así. Nadie se ha percatado de nada hasta que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la cifra revisada y disparado la alarma.

REACCIÓN OFICIAL

¿Y cuál ha sido la reacción oficial del Ayuntamiento? Zoido le ha restado importancia. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que la población empadronada caiga por debajo de la barrera de los 700.000 habitantes, el alcalde señaló que la población de la ciudad lleva dos décadas moviéndose en torno a esa cantidad: “Esa cifra de 700.000 habitantes, arriba o abajo, lleva en la ciudad las últimas dos décadas”.

Sin embargo, muy distinta fue su reacción cuando a final de 2007 se conoció el padrón actualizado y que Sevilla se había quedado en 699.145 habitantes, tan sólo 1.024 menos que ahora. Ocho días después, Zoido, por entonces líder de la oposición, anunciaba el lanzamiento de la campaña ‘Me quedo en Sevilla’, para frenar lo que calificaba como “éxodo de la población”. En una intervención ante el Comité Ejecutivo Regional del PP (A), el hoy alcalde  dijo: “Desgraciadamente, en Sevilla se ha producido un éxodo masivo e innecesario que  ha dado un mazazo al censo, el cual ha bajado de la barrera psicológica de los 700.000 habitantes. Esto demuestra que mientras en España otras ciudades despegan, Sevilla se ancla, al tiempo que el descenso de habitantes supone menos inversiones para la ciudad….”.

 Según Zoido, si en Sevilla vivía menos gente  “es porque los sevillanos se van huyendo de una ciudad con más impuestos, con viviendas más caras y con peores servicios. Monteseirín ha conseguido hacer de Sevilla –añadió- una ciudad incómoda, cara y con una vivienda a la que sólo pueden acceder unos pocos”, por lo cual no había que quedarse cruzado de brazos, sino plantear un programa de medidas (su campaña ‘Me quedo en Sevilla’) que propiciara la vuelta de los sevillanos y el freno del éxodo’.

PLAN DE CHOQUE

Zoido anunció que reclamaría a Monteseirín que se dirigiera “a donde corresponda” y trabajara para levantar en Sevilla 20.000 viviendas, con un cupo del 50% para los jóvenes. De estas 10.000, 3.000 tendrían que ser en régimen de alquiler (1.500 con opción a compra) y las 7.000 restantes en régimen de compra. También abogó por la creación de centros residenciales destinados a un alquiler temporal, económico y con un tiempo de disfrute máximo de cinco años, “para que puedan rotar y así esta medida pueda llegar al mayor número de sevillanos; estos centros serían como residencias universitarias, que permitirían a los jóvenes emanciparse a bajo precio”.

El hoy alcalde también propugnaba que el Ayuntamiento pusiera en marcha programas de alojamiento compartido entre personas mayores de edad, discapacitados y familias monoparentales: “Así –aseveró- los jóvenes resolverían su problema de residencia pagando un alquiler a bajo precio o gratuito a cambio de su ayuda a esas personas con problemas”.

Zoido ha tenido la oportunidad durante estos dos años y medio como alcalde de llevar a cabo las medidas que propugnaba para frenar el éxodo de población. No ha acometido ninguna, el éxodo ha continuado y ahora, frente al catastrofismo con que describía la situación con Monteseirín, dice que lo normal es que Sevilla pierda o gane habitantes según las épocas. Zoido en estado puro.

Zoido condena a los sevillanos a escuchar audios de hasta doce horas de los Plenos

Sustituye las actas transcritas de los debates por las grabaciones, que colgará en Internet

De las mini-actas a las audio-actas o las dos cosas. La solución adoptada por el gobierno de Zoido para sustituir las actuales -y fáciles de consultar- transcripciones de los debates y acuerdos plenarios pasa por colgar directamente en la página web municipal la grabación de los debates y que los ciudadanos se las avíen como puedan y hagan sus anotaciones a mano, al igual que los ediles de la oposición, amén de los del propio gobierno. Así se pueden encontrar frente a grabaciones de 12 horas, que es lo que vino a durar el último Pleno de 2013, en el que se aprobaron los Presupuestos para el próximo año.

La expresión del alcalde de que en el Ayuntamiento y los asuntos públicos imperarían “luces y taquígrafos” como señal de transparencia ha dado lugar a una deriva insospechada, la de convertir a todos los sevillanos interesados en seguir o/y consultar los debates/acuerdos plenarios en taquígrafos aficionados, puesto que ya no van a contar con las actas transcritas de los Plenos como hasta ahora. Esta medida se adopta con el pretexto de la falta de personal en el Negociado de Actas por la imposibilidad de cubrir vacantes debido al Plan de Ajuste, un problema que el equipo de gobierno podría resolver fácilmente declarando esencial ese servicio.

El nuevo procedimiento impuesto por el gobierno de Zoido es el del ‘audio-acta’, compuesto por una mini-acta en papel a modo de resumen y guía de los acuerdos e intervenciones en el Pleno y destinada a los concejales, más un archivo en audio en el que se recoge la grabación literal de todas las intervenciones de los ediles.

Con carácter previo a su aprobación, el borrador del acta se remitirá a los concejales por correo electrónico. Simultáneamente se les dará también acceso electrónico a una carpeta informática donde estará grabado el audio de la sesión. El equipo de gobierno exige que todos los grupos políticos faciliten el nombre, correo electrónico y teléfono de un máximo de dos personas, que serán las autorizadas informáticamente a acceder a la grabación.

Establece esta limitación de acceso de los concejales a las grabaciones literales de los Plenos cuando va a colgarlas íntegramente después en la web para todos los sevillanos.

Según el nuevo procedimiento establecido, se dice que al colgar en Internet el audio de las intervenciones plenarias de los concejales se amplía el objetivo de transparencia, “dado que los ciudadanos, junto con el acta comprensiva (eufemismo para denominar las mini-actas, en las que sólo se transcriben los acuerdos adoptados) de todos los acuerdos, van a tener acceso a la totalidad de las intervenciones, en su literalidad”.

TRANSPARENCIA-TRAMPA

Se trata, sin embargo, de una transparencia con efecto trampa, ya que al eliminar previamente (otra cosa muy distinta habría sido su mantenimiento) las transcripciones de los debates en las actas, como hasta ahora, se liquidan también éstas como documento público y de trabajo (para ediles, periodistas, investigadores, asociaciones de vecinos, interesados en cualquier asunto…) que facilitaba enormemente la búsqueda, seguimiento, descarga al ordenador y cualquier tipo de consultas de forma rápida.

A partir de ahora, esa consulta que podía hacerse en relativamente pocos minutos y por tato con una enorme ganancia de tiempo y comodidad en comparación con un fichero de audio, se sustituye por la grabación pura y dura de los Plenos, que en la era de Zoido llegan a durar hasta 12 horas, como ocurrió el viernes 27 de diciembre.

Así, tanto los concejales que quieran recabar datos expuestos o recordar intervenciones habidas en los Plenos y los ciudadanos a título particular tendrán que escuchar las grabaciones, hacer de taquígrafos y transcribir por sí mismos los pasajes que les interesen ‘a priori’, aunque quizás la temática abordada no aparezca en esa parte de la cinta. Una labor, pues, mucho más difícil, engorrosa y de larga duración, con lo que Zoido obstaculiza aún más la fiscalización de su gestión pero, éso sí, en nombre de las “luces y taquígrafos”.

Hacienda dejó pasar el año sin aprobar los estatutos de la Zona Franca de Sevilla

El Ayuntamiento aún no las tiene todas consigo para materializar el único proyecto-estrella con posibilidades que le queda a Zoido para el resto del mandato: la Zona Franca portuaria. El primer teniente de alcalde, Javier Landa, ha reconocido a preguntas del Grupo Socialista en el último Pleno del año 2013 que la Secretaría de Estado de Hacienda aún no ha aprobado de forma previa los estatutos del consorcio que debe gobernar el futuro recinto con un régimen económico especial, y, por otra parte, la nueva ley de Administración Local, publicada ayer mismo en el BOE, exige unos requisitos que hoy por hoy son de dudoso cumplimiento por parte del Ayuntamiento.

La disposición sexta de la Orden de Hacienda del 30 de agosto de 2013 , por la que se autoriza la constitución de la Zona Franca de Sevilla, establece que con carácter previo al inicio de sus actividades deberán aprobarse por el órgano competente los estatutos del consorcio y el reglamento de régimen interior. Javier Landa ha reconocido que la Secretaría de Estado de Hacienda aún no ha dado luz verde a los estatutos, pese a haber transcurrido cuatro meses desde la aprobación de la orden ministerial, la cual da un plazo de veinticuatro para la puesta en marcha del proyecto, so pena de declarar su caducidad.

El segundo motivo de preocupación es la entrada en vigor de la nueva ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada el 30 de diciembre de 2013 en el BOE, y una de cuyas disposiciones, en concreto la adicional novena, podría afectar directamente al proyecto de Zona Franca sevillana. Tanto es así, que el primer teniente de alcalde también reconoce en su respuesta al Grupo Socialista que el Ayuntamiento ha solicitado a la misma Secretaría de Estado de Hacienda un informe sobre sus posibles efectos y en la participación del Consistorio en el futuro consorcio.

En síntesis, la Disposición Adicional Novena establece que los ayuntamientos no podrán constituir ni participar, directa o indirectamente, en consorcios como en de la Zona Franca mientras dure el periodo de vigencia de su Plan de Ajuste.

Quizás pensando en el caso de Sevilla, durante la tramitación de la ley en el Senado se enmendó la norma añadiéndole un párrafo en el que se contemplaban excepciones: si en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior (habrá que entender ya que deberá ser tomado como referencia el de 2013) el ayuntamiento hubiese cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Con esta Disposición se comprende mejor la guerra desatada entre la delegada de Hacienda, Asunción Fley, y el interventor municipal, Braojos, y que quedó en evidencia con motivo del Pleno de Presupuestos. El interventor sostiene que el Ayuntamiento difícilmente cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y endeudamiento, por lo que ha instado a la redacción de sendos planes de saneamiento, frente al criterio de la delegada, totalmente opuesto y que los considera innecesarios.

En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, en su informe del tercer trimestre el interventor estableció el retraso en 74 días, 14 más que el máximo que permite la nueva ley: 60.