La Copa Davis sigue provocando gastos extraordinarios al Ayuntamiento de Sevilla pese a que hace meses que se hizo balance oficial y supuestamente final del evento y se reconoció que se había saldado con un déficit de casi un millón de euros. En el último Pleno del año y que supuso también la despedida de Torrijos como concejal, la Delegación de Hacienda presentó por sorpresa y vía urgente un reconocimiento extrajudicial para el pago de 10.682,87 euros por el almacenamiento de la cubierta.
Aunque no ha desaparecido como la de la primera final disputada en nuestra ciudad, la cubierta de la segunda Copa Davis no ha dejado de deparar sorpresa en forma de gastos añadidos. Como se recordará, el gobierno de Zoido decidió comprarla, extraoficialmente por unos 880.000 euros, con el argumento de que la diferencia entre comprarla y alquilarla era de ‘sólo’ 200.000 euros y así la ciudad podría reutilizarla prácticamente casi gratis.
Según la reconstrucción estimada de los gastos, dada la habitual falta de transparencia del Ayuntamiento en ésta y otras materias, la Appes tuvo que hacerse cargo del almacenamiento de la estructura una vez terminada la final entre España y Argentina. Para ello, y a fin de evitar que fuera robada como su antecesora, decidió ponerla a buen recaudo en el interior de un recinto cerrado y vigilado como es el estadio de la Cartuja, previa firma de un contrato de alquiler de un año de duración (2012) con la Sociedad Estadio Olímpico, a razón de unos 971 euros mensuales.
Como fallaron las previsiones de reutilización por parte del Ayuntamiento, al concluir 2012 la Appes se negó a continuar pagando la factura del almacenamiento, pero la cubierta ha continuado desde entonces en los bajos del estadio de la Cartuja y generando gastos de un alquiler prorrogado tácitamente pero que nadie abonaba a lo largo de 2013 porque nadie quería asumir ese coste en sus cuentas.
El pasado 13 de diciembre, la jefa de servicio de Patrimonio emitió un informe en el que llegaba a la conclusión de que no era la Appes quien debía pagar las facturas, sino el propio Ayuntamiento, y tramitarlas como un reconocimiento de crédito. La Appes, por su parte, alegó que no siquiera había habido un pronunciamiento de la Corporación municipal sobre el destino de los bienes, un argumento que a buen seguro contribuyó a precipitar la decisión del gobierno local de reubicar la cubierta en el Parque de los Príncipes y desechar la idea de PSOE e IU con la primera cubierta de colocarla en Amate u otro barrio menos pudiente de la ciudad,
Una vez empezado el Pleno del pasado viernes, último de 2013, el Area de Hacienda sometió a su aprobación el expediente de reconocimiento extrajudicial “para el pago -decía textualmente la propuesta- de las facturas correspondientes (al) abono de arrendamiento de local para almacenaje de elementos que conforman la estructura de la cubierta que fue utilizada para la celebración de la Final de la Copa Davis 2011”.
Como acreedor figuraba la Sociedad Estadio Olímpico. El coste del almacenamiento, con IVA incluido, 10.682,87 euros, que pasa a engrosar la factura de la cubierta, un capítulo que aún no está cerrado, ni mucho menos.
La factura de la cubierta supera ya el millón de euros
El coste de la cubierta de la Copa Davis y de su reutilización en Sevilla supera ya el millón de euros según las estimaciones que pueden hacerse a partir del análisis de las cifras dispares que se han dado a lo largo de estos dos años, ya que se han barajado todo tipo de datos sin que exista aún una versión oficial y real. Se ha llegado a decir que la cubierta costó 880.000 euros y que a ello había que sumar otros 400.000 por su desmontaje.
La estimación a la baja y posiblemente más acorde a la realidad sería la siguiente: 429.000 euros por la compra; 22.334 por el almacenamiento durante dos años en los bajos del estadio de la Cartuja y 550.000 presupuestados para su futura reubicación en el Parque de los Príncipes. A salvo de que se produzcan otros imprevistos, de momento la factura asciende a 1.001.334 euros.
En el pleno del 27 de diciembre confluyeron el dictamen previo y obligado, aunque no vinculante, del Consejo Económico y Social (CES); los informes del interventor alertando de desequilibrios pasados y de riesgos futuros por excesivo endeudamiento, por lo que pedía hasta dos planes de saneamiento o económico-financieros; y los informes a su vez de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, para contrarrestar a unos y otro.
Zoido, obstinado, atribuyó a los supuestos impagos de la Junta la imposibilidad de diseñar y aplicar un Plan de Empleo municipal (cambio en su discurso; antes sostenía que no tenía competencias), pese a que no condicionó a la presunta deuda autonómica ni su promesa de convertirse en el ‘alcalde del empleo’ cuando aún estaba en la oposición, ni la de formular el nonato Plan a la vuelta del verano en su primer debate sobre el estado de la ciudad como alcalde. Desde entonces han pasado un par de regresos del verano, pero el Plan de Empleo ni existe ni se le espera, mientras que la ciudad ha superado la barrera de los 90.000 parados.
Emvisesa para acometer la ampliación de Fibes pese a no ser su objeto social (otra de las ocurrencias impuestas por Monteseirín para sus megalómanos proyectos, como el desviar a las ‘Setas’ de la Encarnación la ‘hucha’ del PGOU) y que debe subrogarse el Consistorio, máxime tras la creación de una nueva sociedad (Contursa) cuyo fin expreso es la gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones.
¿Y qué ocurre después? Pues que según la estadística del CES, la deuda del Ayuntamiento ha vuelto a crecer bajo el mandato de Zoido y pese a los recortes y el plan de ajuste: 482 millones en 2012 y los citados 495 en 2013, con el miedo del interventor de que haya que contabilizar 580 millones en 2014.
Sin embargo, el Pleno municipal de diciembre va a dejar en evidencia tanto al interventor como a la delegada de Hacienda, debido a las facturas pendientes de pago que elevan las delegaciones de Cultura (por el ICAS) y de Movilidad. Cultura pide el reconocimiento extrajudicial de créditos por servicios y suministros prestados por empresas y que en conjunto suponen 56.664,43 euros.
En el Patronato se formaron dos grandes bandos: el de los partidarios de no enterrar los restos, cuya consecuencia sería la materialización del proyecto de exhibirlos al público en una especie de cripta cubierta, al modo del Antiquarium bajo el mercado de la Encarnación, y el de quienes, por el coste de materializar el proyecto y las restricciones impuestas por el Plan de Ajuste debido a la crisis económica, abogaban por esperar a tiempos mejores, por lo que la consecuencia lógica sería el enterramiento para preservar los testimonios del pasado y evitar su deterioro por las inclemencias meteorológicas y el riesgo de expolios.
En los últimos años, el Patronato del Real Alcázar ha promovido una intensa campaña de excavaciones arqueológicas en el Patio de Banderas, donde de hecho se ubicaría el primitivo acceso al recinto fortificado. En este enclave, pero en 1974, el arqueólogo Manuel Bendala Galán había descubierto unos restos arquitectónicos de época medieval que él atribuía entonces a una antigua basílica paleo cristiana.
«No hemos encontrado la basílica que Manuel Bendala Galán pensaba que estaba en este entorno», ha dicho no obstante el arqueólogo director del Real Alcázar. Las ruinas más recientes halladas en el yacimiento, según Tabales, corresponden al viario público y los alzados de un barrio de la antigua medina islámica, restos datados estos últimos en el siglo XI después de Cristo. En resumen, para el equipo arqueológico el valor de los vestigios hallados en el Patio e Banderas es que los estratos muestran restos de la historia de Sevilla en un mismo lugar desde el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo XXI de nuestra era.
Según las fuentes consultadas, en Sevilla se han tapado anteriormente restos arqueológicos de igual o superior valor a los hallados en el Patio de Banderas, en cuyas excavaciones no se ha encontrado material que suponga un gran gancho para los visitantes, como sería el caso de los mosaicos romanos bajo el mercado de la Encarnación, sino sólo muretes y segmentos estratigráficos que no suponen una justificación taxativa para la fuerte inversión proyectada, máxime cuando el Ayuntamiento ni siquiera ha conseguido todavía del Gobierno de la nación la cesión de la casa del Patio de Banderas donde instalar el centro de interpretación y conectarla mediante un túnel a cinco o seis metros de profundidad con la futurible cripta. Ello equivaldría a empezar la casa por el tejado.
la Pescadería y preservada a modo de cripta. Aunque se dijo en su momento que sería uno de los hitos turísticos para enlazar el Alcázar con las ruinas halladas bajo la Encarnación, lo cierto es que la cisterna ha acabado abandonada a su suerte y sólo se abre al público en contadas ocasiones, como alguna Noche en blanco por la cultura.
Si, pese a ser el propietario de esa maravilla de la orfebrería, el Ayuntamiento no está dispuesto a sufragar siquiera el 50% de una factura de 145.000 euros, más difícil sería para Zoido justificar un gasto en tiempos de crisis de 3,5 millones de euros (daría para poder exhibir durante 24 años el Tesoro del Carambolo y 48 años si el coste de la vigilancia lo paga a medias la Junta de Andalucía) que podrían tener un uso alternativo más rentable turística y culturalmente para la ciudad.
El debate patrimonial sobre el proyecto de cripta en el Patio de Banderas se ha producido justo una semana después del desalojo de la iglesia de San Roque por la rotura del cordón inferior de las cerchas metálicas que soportan las cubiertas y que implican el riesgo de un derrumbamiento inminente. Salvar San Roque cuesta 500.000 euros, siete veces menos que mostrar los restos hallados en el Patio de Banderas.
Con los 3,5 millones de euros de la cripta del Patio de Banderas se podría multiplicar por siete la intervención en la rehabilitación de Artillería, que podría servir de inmenso contenedor cultural para la ciudad (desde museos a todo tipo de equipamientos) y convertirse en un foco de atracción lejos de los trillados circuitos habituales en torno a los tres monumentos Patrimonio de la Humanidad.
Sin embargo, por el conjunto de tasas y otros ingresos, el IMD recaudará realmente 2 millones de euros menos en números redondos (pasa de 6,7 millones en 2013 a 4,7 millones en 2014), una caída del 29,57%, debido a la política de privatizaciones de centros deportivos que está llevando a cabo el Consistorio y cuya consecuencia es la obtención de menos recursos (una muestra, el centro deportivo Fundición, en el Casco Antiguo, que reportará casi 400.000 euros menos en 2014).
Mientras la factura telefónica sube en un 474%, la compra de productos de limpieza y aseo baja de los 52.093 euros actuales a tan sólo 6.000, una caída del 868% que no se corresponde con la factura de las tareas de limpieza, que sólo baja en 33.995 euros al pasar de 961.748 a 927.752 euros. En resumen, el IMD va a gastar en teléfono 108 veces más que en productos para mantener limpios los centros deportivos.
debido esencialmente al proyecto de instalación de la cubierta de la Copa Davis en el Parque de Los Príncipes, que cuenta con un presupuesto de 550.000 euros. El desglose de las inversiones es el siguiente:
El alcalde se lamentó, no obstante, de que mientras el Ayuntamiento de Málaga ha sabido invertir en tiempos de bonanza económica, “nosotros estamos pagando aún proyectos de esa época, como las Setas o Fibes, que no se pueden destinar a uso museístico”. Zoido no desaprovechó la ocasión para culpar de nuevo a la Junta, de la que dijo “está aportando poco en Sevilla y mucho en Málaga”, y le pidió que desbloquee la construcción de un museo en las Atarazanas.
Cuando Zoido hizo este anuncio, las Setas de la Encarnación llevaban casi cinco años en obras, hasta el punto de que Monteseirín las inauguró ya casi acabadas el 27 de marzo de 2011 por aquello de que eran el icono de su último mandato, y el actual alcalde era consciente de las modificaciones presupuestarias que habían tenido que aprobarse en los Plenos municipales para rematarlas y que dispararon su coste a más de 100 millones de euros. Lo mismo cabe decir sobre las obras de Fibes. Por tanto, el alcalde no puede ahora llamarse a engaño sobre su promesa electoral de convertir el mercado de la Puerta de la Carne en el equivalente a un Pompidou, cuanto más de que albergara una sede del museo parisino. Esto denota una vez más la escasa seriedad de Zoido, por hacer promesas infundadas económicamente y por incumplir al menos el 70% del programa con que concurrió a las elecciones.
Y, sin embargo, ¿qué ha hecho el alcalde? Pues traicionar su programa electoral y en vez de invertir fondos municipales en la restauración, obrar al revés: privatizar el antiguo mercado de la Puerta de la Carne al sacarlo a concesión -tan sólo dos semanas antes de que Málaga anunciara el fichaje del Pompidou- para su reconversión en otro mercado gourmet y reservándose para usos culturales municipales tan sólo 200 m2 del espacio y únicamente durante 73 días del año. A eso ha quedado reducida la promesa de Zoido de un Pompidou sevillano, sin que haya influido nadie (¿o también va a echarle la culpa a la Junta de Andalucía?) en su decisión: ha preferido destinar el antiguo mercado a gastronomía para ricos en vez de al arte contemporáneo.
¿Y cuánto le cuesta traerse el Pompidou al Ayuntamiento de la Costa del Sol? Pues un millón de euros al año por un periodo de cinco, en concepto de canon, alquiler o como queramos llamarlo. Un millón de euros en una operación de esta envergadura, con los réditos que puede reportar a la ciudad al potenciar su ya amplia oferta museística (el Picasso y el Thyssen, entre otros), no es tan gravoso. Equivale al coste del alumbrado de Navidad de Sevilla más el de instalar en el Parque de los Príncipes la cubierta de la Copa Davis. Pero, claro, cada ciudad demuestra con sus obras y proyectos cuál es su modelo urbano y cuáles sus prioridades.
Contrastan las palabras de Zoido con las de Francisco de la Torre tras conocer las declaraciones de aquél: “Yo siempre me alegraré de cualquier avance en Granada, Sevilla o Córdoba, por decir alguna ciudad andaluza”. Antes eran los políticos sevillanos los que se mostraban con altura de miras hacia Málaga frente al victimismo de los malagueños y ahora empieza a ser al revés, lo cual no deja de ser significativo a la vez que preocupante.
A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.
El pasado 28 de noviembre, Zoido entregó las llaves de sus nuevos pisos a 50 de los 147 adjudicatarios de VPO promovidas por Emvisesa en el Polígono Aeropuerto, algunos de ellos con entre 10 y 20 años de tiempo inscritos en las listas de espera. Sin embargo, ninguna de estas viviendas han sido promovidas durante el mandato de un alcalde que prometió 4.000.
En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.
Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.
Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.
Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.
Este año, el contrato principal de la Gerencia asciende a los citados 447.750 euros. A esta cantidad hay que sumar los gastos en alumbrado que se realizan a través de los distritos y de los que hemos podido tener constancia oficial, sin descartar la posibilidad de que existan otras partidas aún no identificadas.
La factura de la Navidad se incrementará con el ‘mapping’ (sólo los costes eléctricos del espectáculo multimedia ascendieron en 2012 a casi 10.000 euros), para el que todavía el Ayuntamiento no ha anunciado un patrocinador oficial, belenes, árboles y actos de todo tipo que sufragan los distritos.
En plena crisis económica, con recortes a la inversión en obras públicas por doquier debido a las órdenes del Gobierno de España de reducir como sea el déficit público, el alcalde es perfectamente consciente de que exigir una inversión de 3.700 millones de euros de la Junta en Sevilla capital, cantidad que supera en diez veces el presupuesto de la Consejería de Fomento para las ocho provincias de Andalucía, equivale a pedir la Luna de Valencia. Todo da igual, en aras de mantener el discurso de que la Junta maltrata a Sevilla.
¡Qué casualidad! El oportunismo político de Zoido se demuestra una vez más cuando disfraza de prudencia y paciencia lo que no ha sido más que silencio calculado para no hablar del Metro a lo largo del casi año y medio en que ha ejercido también como presidente regional del PP y con el fin de no malquistarse con los alcaldes de Málaga y Granada, militantes del PP, que aspiran a ver concluidas las obras de sus primeras líneas de Metro. Si tan defensor de Sevilla se proclama ahora, cabe preguntarse cómo no ha tenido arrestos desde julio de 2012 de enfrentarse a Málaga hablando de discriminación a Sevilla por los dineros consignados en los Presupuestos para la capital de la Costa del Sol. Sólo recupera ese discurso una vez que ya se asume por él mismo, su partido y la opinión pública que deja la Presidencia regional del PP para centrarse en exclusiva en la Alcaldía de Sevilla y le da igual lo que puedan pensar en la zona oriental de la comunidad autónoma porque ya no tiene que obrar con disimulo alguno.
Lo que calla el alcalde de Sevilla es que son las partidas necesarias para acabar la primera línea del Metro malagueño, al igual que las destinadas a rematar también la obra de la primera línea del suburbano de Granada, mientras que Sevilla lleva disfrutando de su línea 1 desde el año 2009 y la Junta ha destinado 658 millones de euros a su construcción y 48 millones en cada ejercicio desde entonces (200 millones en números redondos) en subvencionar la explotación para que a los sevillanos les cueste más barato el billete de su Metro.
que se construya en nuestro término municipal. Así se respetó y así se plasmó en el acuerdo de septiembre de 2005 entre el Gobierno central y el autonómico, en virtud del cual el primero pagó el 100% del trazado de la línea 1 del Metro a su paso por Sevilla (176 millones de euros) y el 33% de los tramos que se extienden hasta Dos Hermanas y el Aljarafe (42 millones), sin contar el material móvil.
Tanta confianza suscita el Ayuntamiento entre los inversores privados que Zoido ha sido incapaz de encontrarlos para los concursos públicos que ha tenido que declarar desiertos en los casos de los aparcamientos subterráneos de Martín de Porres y el Prado de San Sebastián (unos 6 millones de euros cada uno), Museo de las Tradiciones (retirado), el Costurero de la Reina (25.000 euros anuales), la Plataforma Digital para Emprendedores (59.290 euros) y 220 VPO en la Hacienda del Rosario (3,8 millones de euros).
cada turno de palabra.