El fundador y posterior presidente honorario del PP además de uno de los ‘padres’ de la Constitución, Manuel Fraga Iribarne, acuñó en su época de líder de la oposición a los gobiernos de Felipe González una de esas frases que ha perdurado en la memoria colectiva (como el “puedo prometer y prometo”, de Adolfo Suárez) pese al tiempo transcurrido. “Sólo aciertan cuando rectifican”, dijo para calificar los bandazos que de vez en cuando daba el socialista sevillano, pese a que éste gozaba de una mayoría absolutísima en las Cortes.
Si Fraga levantara la cabeza podría llegar a la conclusión de que aquella máxima suya es aplicable cada vez con más frecuencia a un prócer de su propio partido, el presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el cual no deja de rectificarse a sí mismo tras negar primero la mayor en temas de tanto calado como la rebaja del IBI (su delegada de Hacienda, Asunción Fley, decía que era imposible legalmente cuando quien lo planteaba era la oposición) y de los alquileres de Emvisesa, pero que luego, con la desenvoltura que lo caracteriza (recuérdese que iba a paralizar la torre Pelli cuando se hallaba en la oposición, para luego convertirse en su paladín una vez en la Alcaldía) pregonar como decisiones originales con el fervor del converso que se pone al frente de la manifestación.
RENTA SOCIAL
El pasado 8 de octubre, Zoido compareció en rueda de prensa junto con la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco; el de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, para anunciar la aprobación de un acuerdo en la empresa municipal de la vivienda en virtud del cual se aplicará una renta social a los inquilinos de promociones en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra que se encuentren en situación de emergencia social, una medida que se desarrollará con carácter “urgente y temporal”, para adaptarse a la situación de quienes tienen menos recursos.
Al día siguiente el alcalde vindicó la paternidad de la medida, ignorando de forma deliberada las reiteradas peticiones de la oposición en tal sentido desde hacía meses y señalando sin inmutarse que había sido un compromiso suyo desde el principio pero sin poder explicar cómo en tal caso llevaba casi dos años y medio sin cumplirlo: “El PP ha sido el único gobierno municipal -afirmó- que ha puesto alquileres gratis para quien acredite que no puedo pagar, pero si el PSOE dice que ha sido idea suya, pues que lo diga, pero no sé a quién van a terminar engañando”.
La hemeroteca, ese depósito de la memoria, pone siempre a cada uno en su sitio. Así, tirando de hemeroteca puede comprobarse que tan sólo una semana antes, en el Pleno municipal de septiembre, los socialistas volvieron a reiterar su solicitud de que se rebajaran los alquileres a los inquilinos en dificultades económicas, tal como luego, el 8 de octubre, acabó anunciando el alcalde.
NEGATIVA
Para rechazar la petición, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, respondió como si el PSOE hubiera planteado una medida de carácter general e independiente de las rentas y circunstancias de cada inquilino para, a partir de ahí, construir su discurso justificatorio de la negativa: “una rebaja general -dijo- del precio del alquiler de viviendas, incluso para aquellos que ahora siguen teniendo los mismos ingresos que cuando firmaron su alquiler, sería injusta y discriminatoria. Esa política, ellos (por los socialistas) no la aplican allí donde gobiernan, porque es pura demagogia, olvidando que Emvisesa la pagan todos los ciudadanos, que quieren que su dinero se administre bien para atender las verdaderas situaciones de necesidad. No podemos saltarnos la ley”.
El anuncio de la rebaja por parte de Zoido se produjo no sólo después de haberlo reiterado la oposición, sin éxito entonces, en el Pleno de septiembre, sino también de la carta que Juan Espadas remitió a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que le pidió que abriera una investigación sobre el grado de cumplimiento de sus recomendaciones y sobre la gestión de la vivienda protegida y vivienda social por parte del Ayuntamiento de Sevilla.
Espadas, entre otras muchas cuestiones, subrayó ante la Defensora del Pueblo que el gobierno local no concedía rebaja alguna de los alquileres a pesar de las circunstancias concretas de cada caso, y que tampoco estaba procediendo a recalificar viviendas sociales de venta para destinarlas a alquiler, a pesar de los acuerdos en tal sentido en el Pleno, de las recomendaciones de la propia Soledad Becerril y de que Emvisesa había reconocido la existencia de 184 viviendas en venta vacías.
Ha sido, pues, la oposición de PSOE e IU la que ha estado prácticamente desde los albores de este mandato insistiendo a Zoido en que modificara su política de vivienda y aplicara las medidas que ha tardado casi dos años y medio en adoptar, pese a lo cual el alcalde trata de aparecer ahora como el abanderado de las mismas. Prueba de esta improvisación es que el Ayuntamiento tardó tan sólo 24 horas en volver a rectificarse a sí mismo.
EL CAMBIO DEL IPREM
En la rueda de prensa con Dolores de Pablo, Maximiliano Vílchez y Miguel Contreras, tal como recogieron los medios de comunicación, el alcalde anunció que las unidades familiares sin ingresos sólo tendrían que afrontar el pago de la comunidad y de suministros como el agua y la luz, mientras aquellas cuyos ingresos no superen en una vez el valor del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) deberán pagar como máximo el 30% de los mismos, con un mínimo de 50 euros.
Dado que una vez el Iprem equivale a 532,51 euros, tanto PSOE como IU calificaron de insuficiente la medida, porque supondría que muchas familias en dificultades económicas no podrían acogerse a la bonificación y porque el límite establecido era aún más restrictivo, a la baja, que para los pisos sociales, donde se toma como indicador de 1,5 veces (796,53 euros) a dos veces el Iprem.
Y de nuevo el gobierno municipal hubo de rectificarse a sí mismo. El delegado de Urbanismo, Vílchez, saltó a la arena pública para sostener, conforme al manido argumento de que los medios habían malinterpretado al alcalde, que Zoido no iba a la zaga de Espadas y Torrijos porque el indicador que en realidad se tomaría como referencia sería 1,5 veces el Iprem (796,53 euros) y no una vez (532,51), con el fin de que el número de beneficiarios fuera mayor.
EL ERROR COMO EXCUSA
Mientras Vílchez enmendaba la plana al mismísimo alcalde culpando a la prensa, la página web 
oficial de Emvisesa le dejaba a su vez en evidencia a él mismo al establecer como condición para las bonificaciones a los alquileres el requisito que había anunciado Zoido: los ingresos familiares no superarían los 532,51 euros. Pillado otra vez en sus contradicciones, a Urbanismo ya sólo le quedaba alegar que se trataba de otro de sus ya clásicos “errores inmateriales”, el tercero de gravedad en el que ha tenido que ampararse desde el inicio del nuevo curso político.
Y con esa desenvoltura que le caracteriza para sostener primero una cosa y luego la contraria, Zoido también ha dicho con motivo de esta polémica sobre vivienda que su gobierno fue el primero de España que tomó la medida de que no iba a haber ningún desahucio en las viviendas de Emvisesa.
En este caso se le olvidó también decir que forzado por las demandas de la oposición y las protestas vecinales tras haber enviado la empresa municipal cartas de desahucio a cien familias en San jerónimo y el suicidio de varias personas desahuciadas en distintos puntos de España.
Y, una vez más, Zoido acertó cuando rectificó.
Como decía Fraga.
A efectos de cobro de las tasas, las veladas han sido clasificadas en función de su duración. En las que duran cuatro días, los titulares de casetas de un módulo pasarán a pagar de los actuales 197,04 euros a 216,74 euros (un + 9,99%), y los de dos módulos, de 345,73 a 380,30 euros (otro + 9,99%).
Así, invocando la necesidad de prevenir la legionelosis, que hasta ahora sólo ha provocado casos en torres de refrigeración de grandes establecimientos como un hotel de la Macarena, el Ayuntamiento cobrará 20 euros por el control de las piscinas de las comunidades de vecinos y de otro uso colectivo mediante un libro de registro de operaciones de mantenimiento.
La fauna da mucho juego a la corporación para 2014, tanto que se ha inventado una decena de nuevas tasas a cuenta de los animales. Hasta ahora cobraba 7,76 euros por la recogida de gatos en colonias, pero ha decidido fraccionar el servicio para crear así nuevas figuras. Hasta tres visitas para desarrollar esta labor supondrá el cobro de 40 euros; 15 euros por un desplazamiento y animal, y 8 euros por cada gato en colonia incontrolada.
Así, los sevillanos tendrán que pagar 5 euros por la expedición de certificaciones y acreditaciones de las actuaciones que haga la Policía Local para particulares, compañías de seguros, despachos de abogados…. sobre siniestros en bienes materiales (responsabilidad patrimonial) como caídas, lesiones, denuncias, obras, daños, inundaciones….
Independientemente de su impacto en la ciudad (mírese bajando el Aljarafe) y de la ‘jibarización’ de su icono por excelencia, la Giralda, el rascacielos se colocó en un punto estratégico tal (la entrada/salida a/desde Huelva/Aljarafe) que no podía sino agravar la congestión de tráfico que desde mucho antes ya sufría la urbe, como recuerda Ecologistas en Acción.
Al contrario que Monteseirín, que no dudó en paralizar la obra para un nuevo Ayuntamiento impulsado por Soledad Becerril en el Prado sin que las amenazas de Dragados surtieran efecto en su decisión, Zoido no tuvo agallas, pese a su oposición inicial, de frenar el rascacielos cuando llegó a la Alcaldía y se encontraba aún en sus inicios. Por más que le amenazaran oficiosamente con un pleito de 200 millones, ni por asomo se había producido tal perjuicio (en la nota de la licencia de obras se anunció que la inversión sería de 130 millones) y, por otra parte, ninguna entidad se arriesga a malquistarse con una Administración, máxime si ésta sabe jugar bien sus muchas cartas (recuérdese el precedente de Rojas Marcos paralizando la torre de Plaza de Armas).
Para paliar el caos de (in)movilidad que teme, al alcalde no se le ha ocurrido más que plantearle a la Junta una modificación del PGOU para sustituir la prevista pasarela peatonal entre la Puerta Real y la isla de la Cartuja por un puente de 280 metros y cuatro carriles para el tráfico rodado al servicio de la torre Pelli, entre la isla y la calle Torneo y embutido entre dos bienes protegidos como el monasterio de Santa María de las Cuevas y el Pabellón de la Navegación, con lo que se acrecentaría el impacto paisajístico asociado al rascacielos y se saturaría el tráfico aún relativamente fluido por la calle Torneo, que habría que cortar con rotondas de acceso al puente y semáforos.
Es curioso que el Gobierno local y sus afines se rasguen las vestiduras por la apuesta de la Junta por la bicicleta y el transporte colectivo como medios alternativos para llegar a la Cartuja cuando en su propuesta de modificación del PGOU el Consistorio ofrece la posibilidad de reservar la actual Pasarela de la Cartuja para usos peatonales y ciclistas exclusivamente. O sea, si lo dice la Junta es un escándalo, pero no si esa opción, más el puente para coches, la plantea Zoido, a pesar de que a la Cartuja se puede ir perfectamente andando desde el Centro, como preconiza el arquitecto Juan Ruesga, y de que en Sevilla se mueve ya más gente en bicicleta (72.000 desplazamientos diarios de media) que en el Metro (38.446).
En el mismo Pleno de septiembre se aprobó por la vía de urgencia el borrador del convenio para la construcción de forma definitiva de la comisaría de Policía en el Polígono Sur, prevista desde el convenio firmado hace años por Monteseirín con el ministro del Interior dentro de un paquete de cinco en distintos distritos de la ciudad y cuya necesidad, evidente desde siempre, se ha demostrado inaplazable después del tiroteo de este verano, en que murió una niña de tan sólo 7 años de edad.
Pues bien, los fondos asignados a Sevilla por el ministro Montoro en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 demuestran la escasa fuerza de Zoido a la hora de poner una pica en Madrid, en su doble condición de alcalde de Sevilla y de presidente del PP (A) y la escasa consideración de Montoro a la circunscripción por la que es diputado, ya que al proyecto-estrella de Zoido, la SE-35 para facilitar la apertura del segundo Ikea, sólo ha destinado un millón de euros, y cero euros para la Comisaría de Policía Nacional en el Polígono Sur y en cualquier otro distrito de la ciudad.
modificar previamente el Presupuesto de Urbanismo y detraerle cantidades destinadas inicialmente a obras en los barrios de la ciudad. Más o menos lo mismo que hizo Monteseirín para las Setas de la Encarnación, si bien en este caso en proporciones bastante menores.
Pues bien, pese a este carácter estratégico y los supuestos miles de empleos que va a generar la SE-35, la firma del convenio supuso cero euros en los Presupuestos para 2013 y tan sólo un millón para los de 2014, ¡únicamente el 8% del dinero comprometido por Fomento!, cuando Zoido había dado seguridades a Ikea de que todo estaría listo en 2014 para la apertura de su segunda tienda.
edificio de la Gavidia (para el que no se encuentra uso y cuya vigilancia ha llegado a costar 174.000 euros anuales), a cambio de que el Gobierno construyera cinco nuevas comisarías de Policía en Sevilla Este, Macarena, Nervión-San Pablo, Los Bermejales y el Polígono Sur.
Lo mejor del Presupuesto son los 20 millones de euros para rematar las conexiones con el pantano de Melonares, pero por la amenaza de perder el dinero de Bruselas, y entre lo que el alcalde no valora figuran los escuálidos 40.000 euros para el Cercanías, vital para descongestionar la isla de la Cartuja, y los cero euros para el Museo de Bellas Artes, pese a la cual Zoido ha declarado que las Cuentas para 2014 “recogen las necesidades prioritarias de Sevilla”.
El Consistorio ha enviado al Ministerio de Hacienda su marco presupuestario hasta el año 2016 (aunque en puridad su mandato se agota en 2015) en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y al objeto de supervisión de los objetivos de déficit público comprometidos con la Unión Europea.
Por otra parte, la Hacienda municipal espera una caída del 3,4% en el IAE y del 21% en el impuesto sobre plusvalías, algo lógico debido a la menor actividad económica por la crisis, pero lo sorprendente es que la recaudación del ICIO, que grava la construcción, suba en un 15% (de 8 millones a 9,2) cuando el sector está hundido y el tipo impositivo aplicado ya es el máximo posible. Asimismo, el Ayuntamiento espera recaudar un 29% más en 2014 por el sello del coche, estimación que no se corresponde con la promesa del alcalde de bajada fiscal generalizada.
Maza, el contrato era de 30.000 euros por un año pero con posibilidad de prórroga por otro periodo de 365 días, por lo que se incluyó la cantidad total del bienio cuando técnicamente sólo debió figurar la retribución de un solo ejercicio.
funcionen con la eficacia y precisión de ese reloj suizo puesto como metáfora por Zoido. Al contrario: la reiteración de supuestos errores de bulto que no detectan los servicios y empresas municipales pese a los medios y el numeroso personal de que disponen, mientras que sí lo hace la oposición y los medios de comunicación aunque sus recursos sean limitados denota, en el mejor de los casos, que la maquinaria administrativa falla de forma lamentable en una urbe en la que Zoido prometió despejar la chapuza, el enchufismo y los escándalos.
La comisaria de ese proyecto iba a ser la exalcaldesa Soledad Becerril y su directora y brazo ejecutivo la arquitecta Sol Cruz Guzmán, la misma que cuatro meses después de ser contratada (el 11 de marzo de 2013) como asesora técnico-económica especializada en búsqueda de convocatorias y ayudas para financiar inversiones (un perfil más propio de un economista que de una arquitecta) era nombrada miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (12 de julio) a propuesta del PP.
En su día, el Gobierno local trató de justificar la liquidación de Sevilla Global con, entre otros, el argumento de que carecía de sentido mantener su actividad por el ahorro que supondría la asunción de sus funciones por parte de la propia Delegación de Empleo y Economía. Mientras el Consistorio despedía al personal de esta empresa municipal estaba contratando a Soledad Cruz Guzmán y gasta dinero por partida doble: en el ERE de Sevilla Global y en el fichaje de asesores externos.
estos dos años”, a Salgueiro se le invita a marcharse pese a que hasta entonces se le habñia atribuido un papel esencial en la consecución de la Zona Franca.
Urbanismo presenta las Ordenanzas Fiscales y, según la información oficial, incorporan
Arias Cañete, que no quiere pasar a la historia como quien acabó con el cultivo del arroz
Espadas ha cogido a Max Vílchez no con el paso cambiado, sino repitiendo el mismo que el año pasado tuvo que refrenar cuando fue también pillado ‘in fraganti’ tratando de colarle a los señores del ladrillo una Ordenanza Fiscal que le habría permitido subirles hasta en un 100% las licencias de obras. Sin propósito de enmienda, ha intentado repetir la jugada, pero su movimiento ha sido detectado por el radar de los sociatas, cuyo líder se ha declarado en guardia permanente para lo que resta de mandato. Para salir del desaguisado, política y económicamente incorrecto, Vílchez se ha escudado en que los duendes de Urbanismo han provocado el ‘error material’ de que se repitiera en el proyecto de Ordenanzas para 2014 el texto que había sido retirado a última hora el año pasado, merced a la alegación de Miguel Rus, de la Ordenanza de 2013. Vamos, que ha cantado la gallina de que en las caracolas de la Cartuja se recurre sin rubor al ‘copiar y pegar’. En su escala y salvando las distancias, las Ordenanzas de Urbanismo equivalen al caso Minutas del Gobierno Zoido.