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Exprimir el Alcázar

El alcaldable del PSOE, Juan Espadas, ha presentado en esta precampaña electoral su programa para el Alcázar, algo destacable porque es raro hallar precedentes de que nuestros políticos hayan pensado en un plan específico para el primer monumento civil de Sevilla: patrimonio de la Humanidad, palacio real en uso más antiguo de Europa, impresionante conjunto monumental -14.000 m2 construidos y casi 70.000 m2 de jardines- y un maná turístico para la ciudad junto con la Catedral.

De las muchas propuestas del actual líder de la oposición destacan dos en especial:

Revisar acuerdos y/o normas que obligan a desviar el superávit que consiga el Alcázar cada año al Ayuntamiento, para sufragar gastos corrientes. Muy gráficamente, ha declarado que no se pueden dedicar los fondos que genere el monumento a pagarle la factura de la luz al Consistorio y que hay que destinar al menos una parte a inversiones de mejora del propio Alcázar.

2) Adelantar el horario de apertura a las 9 de la mañana, implantar el horario de verano (de 9:30 a 19 horas) ya desde el mes de marzo y hasta octubre, e iniciar un día semanal de visitas nocturnas.

CONTROVERSIA ECONÓMICA

El uso del dinero del Alcázar para fines distintos a los patrimoniales o para espacios distintos al propio conjunto monumental ha provocado controversias desde que, hace unos diez años, Monteseirín impuso una reforma de los estatutos del Patronato que lo gestiona para que incluyera entre sus fines la conservación de las Casas Consistoriales, a la que se uniría años después también la gestión del Antiquarium de las ‘Setas’ de la Encarnación.

Aquella primera medida provocó la dimisión como patronos de la exalcaldesa Soledad Becerril y de Vicente Lleó, catedrático de la Hispalense, casi más por las formas -la decisión no llegó a someterse a votación en el Patronato, que se limitó a hacer una especie de asentimiento- que por el fondo, aun cuando ambos eran partidarios de no alterar el ‘statu quo’ y de que los fondos recaudados por las visitas turísticas (recuérdese que los vecinos de Sevilla capital entran gratis) revertieran única y exclusivamente en el propio monumento.

Frente a esta corriente, digamos purista, existe otra digamos ecléctica, partidaria de que parte del dinero recaudado, pero no todo, en el Alcázar sirva para restaurar y poner en valor como activos patrimoniales y económicos de la ciudad los bienes inmuebles y muebles de propiedad exclusivamente municipal. No incluyen los eclesiásticos, universitarios y de otras Administraciones Públicas, sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Sevilla es, tras la Iglesia, el segundo mayor propietario de bienes inmuebles de Andalucía, buena parte de ellos con gran valor histórico-artístico.

RICOS Y POBRES

Al antiguo director-conservador del Alcázar, José María Cabeza, distinguido con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por, especialmente, los 18 años de modélica labor al frente del palacio sevillano, cabría englobarlo en esta tendencia por su teoría del ‘monumento rico, monumento pobre’.

Cabeza abogaba, y sigue abogando, por que el dinero del ‘monumento rico’ llamado Alcázar contribuya a rehabilitar el resto del patrimonio municipal, desde las Casas Consistoriales (este año financia con 181.987 euros la tercera fase de la restauración de la fachada) hasta la Fábrica de Artillería, pasando por el monumento a Bécquer del parque de María Luisa.

Parece un contrasentido que mientras en las cuentas bancarias del Patronato del Alcázar se acumulan de 9 a 10 millones de euros de superávit, que le generan bastantes miles de euros de intereses cada mes, haya desde edificios a bienes muebles municipales deteriorándose por falta de dinero o que por una pugna entre el Ayuntamiento y la Junta por 100.000 euros para una cámara acorazada en el Museo Arqueológico los sevillanos lleven más de medio siglo sin poder ver el Tesoro del Carambolo.

ACUERDO PLENARIO

Y al Patronato del Alcázar todavía le quedan 9 ó 10 millones de euros en los bancos después de que el Ayuntamiento aprobara durante el mandato de Monteseirín un plan económico-financiero de reequilibrio, en virtud del cual se transferirían 6,8 millones de euros del monumento a la tesorería municipal.

A este dinero se le sumaron más tarde otras dos partidas, de forma que todos los grupos políticos (PP, PSOE e IU) aprobaron ya durante el mandato de Zoido sacar un total de 7.567.078 euros del Alcázar para la Hacienda municipal, siendo entonces (septiembre de 2012) sólo una parte mínima (300.000 euros) para la rehabilitación de la fachada de las Casas Consistoriales.

Y hay más. El Patronato del Alcázar, por las normas antidéficit de la Administración de Rajoy, no puede destinar ahora el superávit que aún genera cada año, ni el acumulado, a acometer nuevas rehabilitaciones en el monumento patrimonio de la Humanidad más allá de las obras previstas en su plan anual, con lo cual se está dando la paradoja de que el conjunto palaciego genera cada vez más caja por el incremento de las visitas, pero esa mayor presión turística provoca un ‘estrés’ al edificio, que no se puede paliar por la imposibilidad de mover el dinero.

Por tanto, para evitar el superávit del palacio, que acaba en la caja del Ayuntamiento, la primera medida que habría que adoptar sería incrementar los presupuestos de restauración en el Alcázar, con lo cual el dinero no saldría de allí.

MONUMENTO FRÁGIL

El conjunto monumental, por la calidad de sus materiales -peor que los de la Catedral-, su propia configuración con patios abiertos y casi siete ha. de jardines es muy frágil y precisa de cuidados y atención permanentes.

José María Cabeza acuñó la metáfora del palacio como un viejecito achacoso al que hay que administrar cada día una cucharadita de jarabe pero al que no hay que someter a grandes intervenciones quirúrgicas porque por su delicado estado de salud no las soportaría.

Sin embargo, esa fragilidad se está obviando por el afán de abrir el Alcázar cada vez más horas y de captar cada vez más turistas. Zoido destacó a principios de año que en 2014 se batió el récord histórico de visitas, con 1.350.000 en números redondos. A ello ha contribuido su apertura los siete días de la semana. Por presión de las empresas organizadoras de cruceros se empezó a abrir excepcionalmente a las 9 en vez de a las 10:30 los días de arribada de cruceristas. Ahora, Espadas quiere convertir la excepción en norma y, además, empezar a abrir por las noches, porque interesa al sector hotelero usar el Alcázar como gancho para que los turistas se queden a pernoctar en sus establecimientos.

Pero, ¡cuidado!. Los siete días de apertura a la semana actuales, más el adelanto horario y las visitas nocturnas van contra la conservación de un monumento tan frágil y la práctica habitual en los grandes conjuntos patrimoniales y museos internacionales de cerrar un día a la semana para dejar que ‘respiren’ y acometer con tranquilidad las labores de conservación que siempre precisan.

Piénsese, por ejemplo, en la dificultad de aplicar tratamientos fitosanitarios con sustancias peligrosas a las plantas de los jardines con los turistas por medio a casi todas horas, o cómo su presencia condiciona o impide las labores de restauración, fontanería, carpintería, limpieza, traslados….

El Alcázar ha sido tomado tan en vano que un turoperador se permitió la osadía de organizar un sorteo de un lote de champán entre los turistas en el Salón de los Tapices. Se están confundiendo e invirtiendo los términos: una cosa es que el Alcázar tenga su programa de actividades culturales de nivel y que éste redunde en beneficio del sector turístico y otra muy distinta que el sector turístico lo quiera convertir en una prolongación de sus hoteles y restaurantes poniéndolo al servicio de sus intereses.

De tanto exprimir el Alcázar se corre el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro.

Bullas de Navidad

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“La bulla no siempre es sinónimo de compras e incluso en ocasiones puede ser contraproducente para el negocio”. Estas palabras del presidente de los comerciantes sevillanos, Tomás González, al referirse durante el puente de la Constitución a la masificación del Centro cuando llega el final de año han sido asumidas por su colega y presidente de Alcentro, Enrique Arias, en su pública petición de traslado del ‘mapping’ desde la plaza de San Francisco a la de España.

Lo comerciantes ya no se sienten beneficiados por el gentío que se acumula a espaldas del Ayuntamiento para contemplar gratuitamente -ésa es la clave de todo- las proyecciones tridimensionales sobre la fachada plateresca de las Casas Consistoriales, sino que empiezan a sentirse perjudicados por el exceso de bulla, en línea con las tesis de su presidente.

A su juicio, la masificación acaba teniendo un efecto disuasorio entre los potenciales compradores, que no se sienten cómodos ni para llegar a los establecimientos -por las restricciones al tráfico privado y un transporte público abarrotado-, ni para salir de los mismos cargados con las bolsas de las compras. Además, los comerciantes se quejan de que por la gran afluencia de público y por los tapones humanos que se forman en el entorno del ‘mapping’, queda cortado durante los prolegómenos, las proyecciones y el desalojo de la plaza el acceso a las calles comerciales colindantes.

A ello añaden los problemas de seguridad que se plantean ante una posible incidencia grave por el colapso de calles que deberían ser las vías naturales de evacuación, cuando en la memoria colectiva ha quedado el recuerdo del pánico colectivo registrado durante la Madrugada del año 2000, en que quedó hecho trizas el mito del ‘saber estar’ de los sevillanos en las bullas.

PLAZA DE ESPAÑA

Por estas razones abogan por el traslado del ‘mapping’ a un sitio más abierto, amplio y bien comunicado con el Centro, por la cercanía de paradas de autobús, tranvía y Metro, como es la Plaza de España, pero tampoco sin dejar sin actividades de ocio la plaza de San Francisco ni exclusivamente la Navidad para las proyecciones del espectáculo tridimensional. Quieren que haya ‘mapping’ también en otras épocas del año, como las fiestas primaverales, pero nada dicen de dónde saldría el dinero para sufragar ese segundo ‘mapping’ ni que estén dispuestos a patrocinarlo.

El pronunciamiento de los comerciantes parece haber abierto la veda contra el ‘mapping’, el proyecto-estrella de Zoido para la Navidad. Portavoces de los vecinos del Salvador-Cuesta del Rosario-Alfalfa se han sumado a la petición del traslado del ‘mapping’ fuera del Casco Antiguo, en estos términos: “Si fuera una semana, lo podríamos soportar, pero la Navidad ya dura más de un mes y no podemos. Se ha complicado todo. Hay que estudiar otras opciones para sacar actividades del Centro. Sin ‘mapping’ el público va a seguir viniendo. Nadie ha pensado en la vida diaria de los residentes. Ni siquiera el alcalde, cuando ha hecho balance de la Navidad, ha tenido unas palabras para nosotros por lo que tenemos que soportar”.

El líder de la oposición, Juan Espadas, también ha metido baza en la polémica al hablar de la conveniencia de diversificar la oferta de ocio navideño a otros barrios, como Triana o Los Remedios, y descentralizarla, al considerar que el eje constituido por la plaza de San Francisco, la Encarnación y el bulevar de la Alameda “han tocado techo”.

Al igual que comerciantes y vecinos, Espadas cree que la plaza de San Francisco ya no es el lugar idóneo para el ‘mapping’ porque la aglomeración de espectadores supone la existencia de una serie de riesgos, ante lo cual hay que revisar las medidas de seguridad. El alcaldable socialista va incluso más lejos al pedir que se estudien alternativas al ‘mapping’.

A FAVOR

Hasta cronistas muy afines al alcalde se han alineado con la propuesta de traslado del ‘mapping’ a la plaza de España y sólo el presidente de la Asociación de Hosteleros, Pedro Sánchez Cuerda, se ha pronunciado en contra de quitar “lo que funciona”. Afirma que al menos para su sector se ha notado “muchísimo” la afluencia de público, condición ‘sine qua non’ para la existencia de un negocio.

El alcalde, al que ha debido de sorprender esta rebelión anti ‘mapping’, ha mostrado su disposición al diálogo con todos los sectores afectados, al tiempo que ha subrayado el “acierto” de su estrategia, por el reconocido aumento por parte de comerciantes, hosteleros y hoteleros, del consumo en el Centro durante las fiestas navideñas.

Zoido tiene el suficiente olfato político como para comprender por el malestar vecinal y de los comerciantes que ya no vale esa estrategia de incentivar la masificación y presentarla desde el Ayuntamiento, incluso inflando cifras hasta extremos inverosímiles (las supuestas 300.000 personas, cifra equivalente a casi media Sevilla, para ver el paso del heraldo de la Cabalgata), como un éxito político.

Se ha llegado a un arriesgado punto de saturación a costa de ofrecer un espectáculo que por ende ya no resulta gratis a la ciudad, por cuanto la empresa municipal Emasesa ha tenido que aportar 159.720 euros ante la falta de suficientes patrocinadores externos. Y la saturación puede acabar teniendo un efecto ‘boomerang’, contrario al pretendido, al convertir el Centro en un sitio incómodo y bullanguero, de imposible disfrute con tranquilidad para el paseo y el turismo de compras, el lema con el que la ciudad se presenta este año en Fitur.

EL PRECEDENTE DE ‘CURRO’

Sin embargo, Zoido tiene a su favor la ausencia de un espacio alternativo al ‘mapping’. A falta de un pronunciamiento de los técnicos de Acciona Producciones y Diseño, la empresa responsable de las proyecciones, no parece que la plaza de España sea un sitio tan idóneo como la plaza de San Francisco para acoger el ‘mapping’, por varias razones a primera vista: no hay una gran pared uniforme sobre la que realizar la proyección, dada la existencia de la arcada inferior abierta, al contrario que los arcos ‘ciegos’ del Ayuntamiento; el espacio separador delante de la arcada, que se une al de la ría, con lo que el público queda muy distanciado, y también la vegetación y algunos árboles, aunque sean de bajo porte.

El único precedente de espectáculo multimedia que recordamos en este escenario fue el de la presentación de la mascota de la Expo-92, Curro, el 20 de abril de 1990, pero muy diferente del ‘mapping’ actual, ya que se compuso de rayos láser, fuentes cibernéticas, luz, música, pasacalles, audiovisuales y fuegos artificiales. Curro fue encarnado por un actor que, disfrazado de ángel, descendió desde una de las torres de la plaza de España, de unos 60 metros de altura, hasta una terraza donde se ubicaban los músicos. Se dijo entonces que acudieron 40.000 personas.

¿Y SAN TELMO?

Un posible espacio alternativo, más céntrico todavía, bien comunicado por el Metro y el tranvía y donde no se causaría molestias al comercio, sería la explanada y fachada del palacio de San Telmo, lo que obligaría a un acuerdo Ayuntamiento-Junta de Andalucía, de momento bastante improbable.

A falta de alternativas y salvo dictamen en contrario de los expertos, cabría mantener el ‘mapping’ en su emplazamiento actual pero acotando provisionalmente, ordenando por completo y dotando de suficiente vigilancia el espacio de la Plaza de San Francisco, para evitar los actuales riesgos de la masificación ante una eventual incidencia que pudiera desatar un pánico colectivo.

Habría que acometer esa reordenación aunque sólo fuera por razones de seguridad y aunque implicara reducir el aforo de forma significativa, ya que no se trata de conseguir cuanta más afluencia de público mejor, sino de recuperar el sentido de la medida que caracterizaba a Sevilla y que se está perdiendo a pasos agigantados, desde con los veladores hasta con el ‘mapping’.

Como decía Paracelso, solamente la dosis determina que una cosa sea buena o mala. Entre todos debemos reflexionar hasta qué punto es beneficiosa o perjudicial esta sobredosis de bulla por Navidad.

El año electoral

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El almanaque de 2015 tiene una fecha aún más marcada en rojo que las demás: el domingo 24 de mayo, en que se celebrarán las décimas elecciones municipales de la historia tras la restauración de la Democracia en nuestro país y de aquellos comicios locales de 1979, en que por el juego de alianzas políticas Luis Uruñuela salió elegido como el primer alcalde de la era moderna en Sevilla.

Aunque mayo quede relativamente lejos en el calendario y parezca que aún faltan 137 días para la cita con las urnas, en realidad la campaña electoral va a empezar desde hoy mismo, tras el paréntesis navideño y la previa celebración del último Pleno municipal en 2014. En el mismo se aprobaron unos Presupuestos claramente enfocados hacia las elecciones, con anuncio de congelación o bajada de tasas e impuestos para contentar al esquilmado contribuyente.

Los partidos políticos, tanto los presentes en el Consistorio como los aspirantes a obtener representación municipal, van a actuar a partir de hoy en clave electoralista, en un periodo en el que la Corporación va a funcionar casi con el piloto automático, habida cuenta del escaso tiempo disponible para ganarse el favor del electorado.

EN LONTANANZA

Si nos situamos en la fecha del 24 de mayo y movemos las agujas del reloj en sentido inverso al discurrir del tiempo, divisaremos el siguiente panorama cronológico:

-Cita con las urnas, el 24 de mayo de 2015.

-Jornada de reflexión, el 23 de mayo.

-Inicio de la campaña electoral, el 8 de mayo.

-Feria de Abril: contando el viernes de Preferia, se prolonga realmente desde el día 17 al 26 de abril.

-Y doce días antes de la Preferia, concretamente el 5 de abril, concluye la Semana Santa, que se iniciará el 29 de marzo, Domingo de Ramos.

Así pues, entre el período preelectoral oficial propiamente dicho y los de influencia de los dos grandes festejos de la primavera sevillana, la Semana Santa y la Feria, sólo quedarán como días útiles 24 jornadas en este mes de enero, 28 en febrero y otras tantas en el mes de marzo: un total de 80 días, de los cuales incluso habría que descontar sábados y domingos como días laboralmente inhábiles.

En estos 80 días netos los líderes políticos y sus respectivos partidos deberán afinar al máximo sus actuaciones y la redacción de su programa de promesas, amén de no cometer errores irreparables, para tratar de afrontar con las máximas posibilidades unas elecciones municipales que se celebrarán en Sevilla con alguna importante novedad respecto de anteriores convocatorias.

DOS EDILES MENOS

La esencial es el menor número de concejales en liza: 33 en lugar de 31, debido a la pérdida de población sufrida por Sevilla en el Padrón Municipal de Habitantes registrado a diciembre de 2014, en el que se basará el censo electoral. Nuestra ciudad ha caído por debajo de la barrera de los 700.000 residentes al pasar de los 700.169 que había en el año 2013 a los actuales 696.676 ( – 3.493).

La traducción electoral son dos concejales menos, pero esta cifra tampoco es una novedad. De hecho, hasta el año 1991 el Ayuntamiento estuvo compuesto por 31 ediles y no fue hasta 1995, por el incremento de población habido tras la celebración en 1992 de la Exposición Universal, se dio el salto a 33. Con la vuelta a 31 en este 2015 se dará la curiosa circunstancia de que de las diez corporaciones municipales de la Democracia, cinco habrán tenido 31 capitales y otras cinco, 33.

La mayoría absoluta para gobernar, bien en solitario, bien en coalición, quedará establecida en 16 concejales, uno menos que hasta ahora, cuando eran precisos 17.

¿A quién beneficia teóricamente más este descenso de ediles? hay interpretaciones para todos los gustos, desde que Zoido tendrá más fácil la reelección por necesitar menos votos prestados de los barrios sociológicamente de izquierda que con su apoyo en 2011 le otorgaron su histórica mayoría absoluta de 20 concejales, hasta que por la hipotética imposibilidad de que la historia se repita dos veces el alcalde tendría más cara la repetición en el sillón de la Alcaldía.

LA EXTRAPOLACIÓN

Hace un año, cuando se veía venir que Sevilla iba a bajar de 700.000 habitantes y por tanto se quedaría con 31 ediles ya nos preguntamos si la configuración política de la corporación actual habría sido diferente con dos concejales menos. Dicho de otra manera: ¿a qué partido político habría beneficiado y a cuál perjudicado electoralmente una corporación con un número inferior de capitulares?

En un mero ejercicio de política-ficción, si extrapolamos los votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones municipales (mayo 2011) a una corporación con 31 ediles en vez de con 33, paradójicamente la cuota de poder entre los partidos no habría variado, pese a que el PP habría perdido dos ediles, pero no su mayoría absoluta. El Ayuntamiento resultante habría sido del mismo color político que el actual, con estos resultados:

PP: 49,3% de los votos y 18 concejales.

PSOE: 29% de los votos y 11 concejales.

IU: 7,1% de los votos y 2 concejales

PA y UPyD no habrían obtenido concejal alguno.

CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES

Recalquemos que este ejercicio de ficción política no es más que una extrapolación de la que no pueden extraerse conclusiones orientativas, ya que las elecciones se producen en circunstancias diferentes siempre, como demuestra el hecho de que hace un año nadie podía imaginar el fenómeno de Podemos y su tremendo impacto en la sociedad española y en todos los sondeos posteriores tras su repentina irrupción en las elecciones al Parlamento Europeo. Incluso a tan sólo 137 días de las elecciones municipales tampoco se puede augurar su influjo en las votaciones, habida cuenta de que por el momento su estrategia consiste en no participar de forma directa en los comicios, si bien su recién elegido líder en Málaga ya ha abogado por separarse de esa línea oficial y concurrir con su sello en vez de dar su apoyo a agrupaciones electorales u otras formaciones de nuevo cuño que están formándose en el seno de la izquierda.

Asimismo, pueden influir otros factores, como la participación/abstención. Hace falta un edil menos (16) para obtener la mayoría absoluta, pero si por una polarización política u otras razones se registra una mayor participación electoral, harán falta muchos más votos que antes para la obtención de esos 16 concejales que permiten a un partido gobernar en solitario sin necesidad de coaliciones.

VISTA ATRÁS

¿Qué nos dice la historia?

Pues que el PP ha podido gobernar incluso con la mitad (10) de los concejales que ahora pero formando parte de una coalición con los andalucistas por dos veces (en una el alcalde fue Rojas Marcos y en la otra, Soledad Becerril), pero que una vez desaparecido el PA como partido bisagra, capaz de girar a la derecha o a la izquierda según las circunstancias, y dividido el Ayuntamiento en dos grandes bloques ideológicos (PSOE e IU a la izquierda; PP a la derecha), el PP ha necesitado romper su techo electoral con creces para poder gobernar en solitario, ya que en esa situación carece de potencial pareja de baile.

Esa fue la hazaña de Zoido en 2011, merced a ese voto que pidió prestado para acabar con la era de los escándalos que protagonizó Monteseirín, pero sin la ayuda de ese voto sociológico de izquierdas que le catapultó hasta los 20 ediles nunca antes el PP superó el umbral de los 15, que es uno menos de los 16 necesarios para gobernar en solitario, de ahí que ante la ‘a priori’ mayor posibilidad de juego de alianzas del PSOE en el espectro de la izquierda, Zoido se vea obligado a poner toda la carne en el asador en una campaña electoral que no va a empezar en el mes mayo, sino a partir de hoy mismo.

Las ‘ronchas’ de Monteseirín

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La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha acordado el acatamiento de dos nuevas sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Sevilla, que le obliga al abono de 989.000 euros correspondientes a certificaciones y revisiones de precios e intereses de demora de contratos de obras realizadas en 2005 y 2006, durante el segundo mandato de Monteseirín como alcalde.

El ‘agujero’ para las cuentas de Urbanismo podría haber sido aún mayor si no hubiera decidido presentar un recurso contra otra sentencia condenatoria por valor de 436.000 euros y relativa a unas obras en la barriada Juan XXIII que datan de hace nueve años, por la misma época que las anteriores.

Así pues, sólo por estas tres sentencias estaban en juego 1.425.000 euros en concepto de facturas pendientes que al cabo de tres años y medio del mandato de Zoido no parece que vayan a ser todavía las últimas del ‘legado’ de Monteseirín a Sevilla y a su sucesor.

Según Urbanismo, en los tres últimos ejercicios presupuestarios ha tenido que afrontar el pago de “elevadísimas cuantías” como consecuencia de que en el gobierno anterior no se realizaron los pagos por certificaciones de obras ordinarias o finales, revisiones de precios, intereses de demora y, más sorprendente aún, intereses de intereses.

RISTRA DE FACTURAS

Las deudas derivan de los proyectos de ejecución de carriles-bici, reforma y acondicionamiento de la Alameda de Hércules, remodelación de las plazas del Pan, la Alfalfa y la Pescadería (el proyecto ‘La piel sensible’) y las relativas al Plan de Barrios. Se observa, pues, que el gobierno anterior no sólo se gastó, fundamentalmente en las ‘Setas’ de la Encarnación, el dinero de los convenios del PGOU destinado a la infraestructuras de los nuevos desarrollos urbanos -si el tema no ha estallado aún ha sido por el parón provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria-, sino que también dejó a deber parte de las obras de sus proyectos-estrella.

Sólo en los dos últimos años Urbanismo ha abonado 4.940.363 euros en obras impagadas (principal más intereses) y realizadas durante el anterior mandato.

Sin embargo, Monteseirín, con el desahogo que le caracterizaba, llegó hasta el extremo de declarar antes de abandonar el Ayuntamiento que él se iba sin dejar facturas en los cajones, al contrario de lo que le había ocurrido cuando accedió al poder en el año 1999, en directa alusión al gobierno de coalición PP-PA de Soledad Becerril y Alejandro Rojas Marcos.

Tanto los hechos posteriormente conocidos como la trayectoria política anterior del predecesor de Zoido no contribuyen a dar crédito a sus palabras, al menos en la parte correspondiente a su supuesto legado inmaculado a su sucesor.

ETAPA EN DIPUTACIÓN

Ya ocurrió lo mismo en la Diputación, de la que Monteseirín fue presidente hasta que dio el salto a la Plaza Nueva, impulsado por el aparato del PSOE, que ordenó a la militancia votar contra la candidatura de Borbolla y por tanto a favor del entonces titular de la corporación provincial como candidato del partido a la Alcaldía en las elecciones municipales.

Se produjo así una situación insólita durante el año que faltaba hasta los comicios, con Borbolla como político interino y amortizado y Monteseirín buscando protagonismo para darse a conocer ante los votantes de la capital con todo tipo de actos, aunque esa autopromoción apoyada fundamentalmente desde el Patronato Provincial de Turismo por su acólito Marchena supusiera una política presupuestaria de tierra quemada en la Diputación, que sufrió su sucesor al encontrar las arcas vacías.

‘VACAS GORDAS’

Monteseirín llegó al Ayuntamiento cuando la ciudad aún digería los excesos de gasto motivados por la Expo-92, pero de inmediato, con la suerte política que le ha acompañado a lo largo de su carrera, se encontró con la época dorada de la economía española (1999-2008), que no aprovechó para ponerse al día con los proveedores del Ayuntamiento.

Se recuerda que empresas constructoras reclamaron el pago por entonces aún pendiente de obras del paso inferior de la calle Arjona y desde su gobierno se les instó a que siguieran teniendo paciencia o que reclamaran por la vía judicial, pero con el recordatorio expreso de la típica tardanza de la Justicia en España y el mensaje implícito de lo que a la hora de contratar con el Ayuntamiento podía suponer mantener contra el mismo un pleito en los tribunales.

Pese a haber gozado de las ‘vacas gordas’ y de que gracias al PGOU y el ‘boom’ inmobiliario las arcas municipales ingresaron más dinero que nunca anteriormente, Monteseirín no dejó los cajones libres de facturas para Zoido, como alardeó antes de su marcha, sino todo lo contrario, ya que estuvo ocultando, camuflando o dejando de pagar deuda hasta el final.

CAJONES LLENOS

Un ejemplo paradigmático fue el de Emasesa, a cuyo frente había puesto a su hombre de confianza, Manuel Marchena. Al inicio del año en que Zoido ganó las elecciones, en la empresa de aguas sólo figuraba una deuda de 401.738 euros a proveedores. Diez días antes de la toma de posesión de Zoido como alcalde, afloró de pronto una deuda por valor de 10.110.154 euros que se había mantenido oculta hasta entonces.

Además, la corporación de empresas municipales (la Agrupación de Interés Económico) que dirigía también Marchena por encargo de Monteseirín, tenía unas deudas acumuladas por valor de otros 17 millones de euros: 13,5 millones en la red Hispalnet; 2,4 millones en la red de comunicación Secora; 1,5 millones en gastos comunes con Emasesa; 1,3 millones de los pasos subterráneos del Tamarguillo y la avenida Bueno Monreal….

No se había pagado la factura de la luz en los dos años anteriores, por lo que la deuda con Endesa ascendía a 5 millones de euros, y tampoco la parte correspondiente al Ayuntamiento por la bonificación a las tarifas del Metro, que ascendía a 17 millones de euros, más obras por arreglo de calles y demás que todavía ahora está pagando Urbanismo y con intereses.

Si a ello se le suma el pago de la certificación teóricamente final por las obras de las ‘Setas’ de la Encarnación y que ascendió a 11.619.047 euros, el coste de la ‘lápida’ dejada por Monteseirín y que ha debido afrontar el gobierno de Zoido ha superado los 40 millones de euros.

Esta cantidad duplica con creces los 18,9 millones de euros de la partida prevista para inversiones reales en el Presupuesto del Ayuntamiento para el próximo año 2015.

La comisión

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La Ejecutiva local de IU ha acordado que su grupo municipal solicite la creación de una comisión de investigación sobre todas las contrataciones del Ayuntamiento con la empresa Fitonovo, presuntamente la principal implicada en la trama de corrupción del caso Madeja/Enredadera, por el que la juez Alaya ha imputado a, entre otros, el hasta ahora portavoz de la propia IU, José Manuel García, ya dimitido; el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo, y el exconcejal del PP y exdirector del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña.

IU, que reconoce que se ha visto seriamente perjudicada por las acusaciones e imputaciones, en éste y otros casos -aunque afirma que no se sostienen-, pretende que salga a la luz toda la verdad “caiga quien caiga”; que se depuren las responsabilidades políticas, “tanto la que pudieran afrontar el anterior gobierno local como el actual”, y que se adopten medidas encaminadas a evitar en el futuro un nuevo escándalo de estas características y a garantizar un mayor control en las contrataciones públicas.

Según la coalición de izquierdas, se debe aprobar esta comisión de investigación “por responsabilidad y por coherencia”, como “un ejercicio de higiene democrática”, ya que hay intranquilidad y alarma social entre los ciudadanos.

Sostiene que no hay ninguna interferencia con el procedimiento judicial existente ni son incompatibles, ya que la comisión de investigación puede funcionar en paralelo y, cuando finalice su trabajo, aportar sus conclusiones a la Justicia. Para IU, es probable que el procedimiento judicial dure varios años y que en ese periodo abandonen la vida municipal muchos de los actuales concejales, por lo que la comisión “es absolutamente imprescindible para despejar dudas e incertidumbres sobre lo ocurrido en torno a los contratos de Fitonovo y para elevar conclusiones que mejoren nuestra capacidad de reacción ante casos como éste”.

APOYO DEL PSOE

¿Cuál ha sido la respuesta del resto de grupos municipales?

El portavoz socialista, Espadas, la ha apoyado aun reconociendo la “complejidad” de su creación y funcionamiento ante el desarrollo en paralelo de un proceso judicial. El líder de la oposición estima que el objetivo de la comisión sería poner “luz y taquígrafos” en los contratos municipales con Fitonovo en los distintos mandatos, porque “hay que aclarar cualquier tipo de responsabilidad en el Ayuntamiento, tanto anteriores como en la etapa actual”.

Para los socialistas, que subrayan la necesidad del consentimiento del PP por tener la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, de crearse la comisión debería estar presidida por el presidente del Pleno municipal y concejal de Relaciones Institucionales, Javier Landa, que a su juicio “ha dado muestras de tener una actitud de equilibrio y de respeto a los distintos grupos en las sesiones plenarias”.

Y ha añadido Espadas: “No vamos a consentir que se reedite la comisión de investigación del Plan Centro, en la que el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Pérez, actuaba como juez y como parte”.

RECHAZO DEL PP

Precisamente el aludido, Francisco Pérez, es quien ha dado la respuesta del grupo municipal del PP, y se ha agarrado para ello a la investigación judicial en curso para rechazar la propuesta de IU. Afirma el portavoz del gobierno local que esta iniciativa es una “argucia personal” de su hasta ahora portavoz, José Manuel García, con el fin de “distraer la atención”, y que la comisión de investigación ya está abierta en el Prado de San Sebastián: “Esa es la mejor comisión de investigación”, concluyó Pérez, en clara alusión a la sede del Juzgado cuya titular es Mercedes Alaya.

Una vez más, se observa el doble discurso de los partidos políticos según se hallen en el gobierno o la oposición, en una institución o en otra o que los afectados en cualquier causa o escándalo sean sus propios militantes o los de terceros.

El argumento de Francisco Pérez para rechazar una comisión de investigación política sobre el caso Madeja en el Ayuntamiento porque ya hay abierta una judicial choca frontalmente con la postura del PP en el Parlamento de Andalucía, donde sostiene todo lo contrario.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

El PP presentó a finales de septiembre en la Cámara autonómica una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, que en aquel momento investigaban no uno, sino cinco jueces en otras tantas provincias andaluzas.

La entonces secretaria general, Dolores López Gabarro, lamentó el “pacto de silencio” de PSOE e IU sobre este escándalo y los acusó de estar “compinchados” contra los andaluces si no votaban a favor de que se creara la comisión.

Los populares andaluces han exigido en el Parlamento autónomo la creación de decenas de comisiones de investigación sobre los más variados casos, a pesar de que estuvieran abiertas causas judiciales: los expedientes de regulación de empleo (EREs), Mercasevilla, venta fraudulenta de suelos en Atarfe, Astapa (desfalco de 60 millones de euros), la Faffe, los cursos de formación….

En 2009, el entonces secretario general, Antonio Sanz, declaraba que el Parlamento tenía “la obligación” de crear comisiones de investigación sobre los escándalos, y recordaba que en 15 años no se había creado ninguna, a pesar de que el PP había solicitado más de cien.

El pasado 17 de febrero, el PP (A) registró una petición de comisión de investigación sobre las subvenciones a la formación con unos argumentos similares a los que ahora emplea IU para propugnar la de Fitonovo en el Ayuntamiento: “Sería bueno llegar al fin de la verdad -declaró Ana María Corredera, vicesecretaria de Organización-, y ahí es donde se va a retratar el Gobierno del bipartito, y si quiere transparencia o todo queda en palabrería y marketing”.

EL PLAN CENTRO

Francisco Pérez tendrá difícil justificar el porqué la doctrina del PP es pedir continuamente comisiones de investigación en el Parlamento andaluz, incluso sobre casos bajo investigación judicial, mientras se niega ahora a que se constituyan en el Ayuntamiento, cuando Zoido, que se ha presentado a sí mismo ante los sevillanos como el paladín de las “luces y taquígrafos”, no tuvo inconveniente en que se creara la comisión sobre el Plan Centro.

¿Cómo explicarles a los sevillanos que la contratación de una veintena de cámaras de videovigilancia para el plan de tráfico de Monteseirín merecía la creación de una comisión de investigación y no las contrataciones, bajo sospecha de soborno, a Fitonovo, a la que se habrían adjudicado al menos 29 millones de euros en el actual Ayuntamiento y cuando el dueño de la compañía ha declarado que uno de los imputados también le pidió comisiones para, presuntamente, pagarle la campaña electoral a los populares?

La propuesta de IU pone a prueba el discurso de Zoido y del PP sobre la transparencia en el Consistorio, esa transparencia que le exige a Susana Díaz en el Parlamento cuando le reprocha sus negativas a comisiones de investigación, y máxime cuando el PP no tiene nada que perder porque los imputados en el caso Fitonovo están en las filas de IU y del PSOE. Insistir en el rechazo colocaría al grupo municipal de Zoido en la incómoda posición de aparecer como el único interesado en la estrategia de la ocultación.

Cuando una fuerza política no tiene nada que temer no le importa que otras enchufen el ventilador.

La madeja de IU

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En la campaña para las elecciones municipales del año 2003, Monteseirín, que aspiraba a la reelección como alcalde y que durante el mandato anterior se había visto sometido al ‘abrazo del oso’ de los andalucistas del PA como incomodísimos socios de gobierno, repitió una y otra vez una frase/lema -se dice que inspirada por José Caballos- que caló en el electorado por un estado de ánimo y opinión abonado para otorgarle credibilidad: “el urbanismo bajo sospecha”.

Dado que era la época del ‘boom’ inmobiliario y de los pelotazos urbanísticos en la ciudad, propiciados por las recalificaciones de suelo, y que la Delegación de Urbanismo era el gran coto privado del PA en aquel gobierno de coalición, la acusación genérica y sin pruebas concretas lanzada por el alcalde-candidato fue clarísimamente interpretada por los electores como dirigida contra los andalucistas en exclusiva y pese a que Monteseirín era el máximo responsable del Ayuntamiento y de aquella coalición. La frase hizo fortuna y el PA se hundió en los comicios.

Algo más de un decenio después, no es sólo un departamento como entonces la Gerencia de Urbanismo el que está bajo sospecha, sino todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, después de que en el sumario de la operación Madeja la juez Alaya haya acusado a PSOE e IU de financiarse en Sevilla entre 2003 y 2011 mediante, supuestamente, sobornos pagados por la empresa Fitonovo a cambio de adjudicaciones de contratos (entre uno y siete millones de euros el primero y 155.000 euros la segunda); de que el administrador de la compañía citara la supuesta petición de Gregorio Serrano, primer teniente de alcalde, de construir gratis un parque infantil valorado en 150.000 euros para el cuartel de Montequinto, y de que el entonces jefe del Servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores, exigiera presuntamente 350.000 euros para sus técnicos y para financiar la campaña del PP, extremos que todos los señalados niegan con vehemencia.

HASTÍO DE LA SOCIEDAD

Pese a que en nuestro ordenamiento jurídico rige el derecho a la presunción de inocencia y a que la figura de la imputación equivale sólo a la de una investigación judicial que puede acabar en un procesamiento o ser levantada, como ha ocurrido hace unos días en el caso de varios imputados por la presunta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, el hastío de la sociedad por los reiterados escándalos de corrupción en toda España ha provocado la aplicación de una ‘política preventiva’ por parte de algunas formaciones a la hora de exigir la dimisión de los señalados por Alaya.

Y en este clima, la formación más perjudicada está siendo IU en el Ayuntamiento. Primero, porque la juez no ha imputado a ningún concejal ni cargo orgánico del PP, más allá del exedil y luego director del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña -destituido de manera fulminante por Zoido- y un técnico como el jefe del servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores. Y segundo, porque el imputado del PSOE en la operación Madeja es Manuel Gómez Lobo, antiguo concejal de Vía Pública y responsable del distrito Macarena en la etapa de Monteseirín como alcalde pero que no volvió a formar parte de la lista electoral socialista tras la renovación acometida y el inicio de una nueva etapa con Juan Espadas, el cual ya pagó en las urnas los platos rotos por Monteseirín.

DIMISIÓN DE GARCÍA

Si IU es la que más está sufriendo las consecuencias de la operación Madeja es porque mantuvo a su vieja guardia tras haber gobernado ocho años en coalición con el PSOE, mediante la dupla Monteseirín-Torrijos, una era plagada de escándalos como el de Mercasevilla con sus diversas ramificaciones y que han acabado salpicándola de lleno.

El hasta ahora portavoz municipal de la coalición, José Manuel García, se ha visto obligado, tras los mensajes lanzados desde la dirección regional y federal, a presentar su dimisión al ser imputado por presunto fraude y cohecho en el caso Madeja. La juez le acusa, tanto a él como a Torrijos, de haber intervenido para que IU recibiera comisiones ilegales de Fitonovo por valor de 155.000 euros a cambio de la adjudicación de once contratos para la instalación de césped artificial en campos de fútbol en el gobierno anterior, cuando García era delegado de Deportes.

El problema añadido es que García había asumido la portavocía municipal tras la previa dimisión de Torrijos, que a su vez acumula tres imputaciones, por los casos Mercasevilla, Fundación DeSevilla y Madeja. Así pues, en tan sólo un año (de noviembre de 2013 a noviembre de 2014), el electorado sevillano ha asistido a la dimisión de dos portavoces de IU, Torrijos y García.

EL PEOR MOMENTO

Además, la otra edil de la coalición, Josefa Medrano, también tuvo problemas con la Justicia y llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Foxá, aunque finalmente salió absuelta. Ahora pesa sobre ella la espada de Damocles de una posible investigación judicial sobre el ERE de Altadis, por el que recibió una póliza de prejubilación. Y en la lista electoral figura otro imputado, Carlos Vázquez, en el caso del presunto desvío de un millón de euros de la Fundación DeSevilla.

De los polvos de la era Monteseirín vienen ahora estos lodos en el peor momento para IU, cuando se ve sobrepasada por la izquierda por el auge de Podemos y por nuevos movimientos como Ganemos, con el que pretende un proceso de integración en función de cómo queden preservadas sus señas de identidad.

Se integre o no, IU se ve abocada a una profunda renovación a tan sólo seis meses de las elecciones municipales por no haber sabido o querido hacerla hace cuatro años, siguiendo el ejemplo del PSOE con Espadas.

La coalición siempre ha confiado en su suelo electoral, que en el peor de los casos (año 1991) no bajó de 19.000 votos y dos concejales, pero desde su mejor resultado al margen de las primeras elecciones democráticas en la Transición (1995, con 45.416 sufragios y cuatro ediles) ha perdido el 47% de los votos y la mitad de los concejales, con la agravante de que el voto de izquierdas se puede dispersar en nuevas alternativas que antes no existían.

La presunta vinculación de la coalición o de algunos de sus representantes con el escándalo Madeja de corrupción política puede suponer un golpe de gracia para una coalición sin banquillo y sin tiempo para fabricarlo, y teniendo en cuenta el precedente del PA, que pasó de 92.417 votos, 9 ediles y estar en el gobierno municipal a verse fuera del Ayuntamiento en tal sólo un decenio, en una purga de sus pecados políticos.

IU, sencillamente, se está jugando la supervivencia en Sevilla.

El Ayuntamiento de Sevilla es dueño de parte del suelo que ocupa el vertedero ilegal de Padre Pío

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El Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo, que controla la Gerencia de Urbanismo, revela que el Ayuntamiento de Sevilla es propietario de al menos parte del terreno convertido en vertedero desde el que la quema de residuos provoca graves problemas a los vecinos de Padre Pío y La Plata, pero el Consistorio se escuda en que se halla geográficamente en el término de Alcalá de Guadaíra para no intervenir.

El delegado del distrito Cerro-Amate, José Miguel Luque, y el portavoz municipal del grupo de IU, José Manuel García, han polemizado en la última semana sobre la situación de los vecinos de Padre Pío y La Plata, afectados por la intensa humareda que desprende en un vertedero ilegal cercano la quema de cables de cobre robado para extraerles el metal. Además de escenario de la quema de cables, el vertedero es una escombrera donde se acumulan todo tipo de residuos, con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente y el riesgo para la salud de los residentes cercanos.

El portavoz de IU acudió hace días a la zona a escuchar las quejas de los desesperados vecinos, tras lo cual criticó al gobierno municipal “por no querer saber nada del estercolero y recurrir a distintas excusas con el fin de no intervenir sobre el terreno”.

Según García, Zoido debe “dejar de mirar a otro lado” y llevar a cabo “cuanto antes” la limpieza y recuperación de un espacio “actualmente abandonado e inundado de montañas de basuras”.

Por su parte, el delegado del distrito Cerro-Amate, José Miguel Luque, acusó al portavoz de IU de intentar engañar a los vecinos de Padre Pío y a los sevillanos por denunciar la existencia de un vertedero ilegal, “ya que éste -afirmó- pertenece al término municipal de Alcalá de Guadaíra, y el Ayuntamiento de Sevilla no tiene competencias para actuar sobre el problema”.

Estima Luque que tan sólo una pequeña parcela del terreno figura en el Catastro y no es en la que se producen los problemas de escombros y quemas, “y además -añadió- está confirmado que también es término de Alcalá de Guadaíra”.

La ubicación geográfica, sin embargo, no exime a ningún propietario que resida en otro término municipal de desatender sus obligaciones de mantener limpia de residuos su propiedad.En este sentido, el Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo, que controla la Gerencia de Urbanismo, refleja que el Ayuntamiento de Sevilla posee parte del terreno de la discordia.

La ficha urbanística recoge que el suelo, denominado Carretera Polígono El Pino y ubicado en el Cercado del Pozo, es un solar del Distrito Cerro-Amate inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra, incluido en el PGOU de 2006 y con una valoración económica de 130.157,29 euros.

El solar, calificación que ya abre una expectativa urbanística, no es una pequeña parcela si se tiene en cuenta que mide 17.650 m2, el equivalente a casi dos campos de fútbol.

El ‘tasazo’

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La basura, en el sentido metafórico y en el real, domina la política en los últimos tiempos. En Sevilla hemos tenido varios ejemplos recientes. Primero fue la polémica, de alcance nacional, por la norma del Ayuntamiento de imponer multas de 750 euros a quienes rebuscaran en los contenedores. Posteriormente, por el vertedero clandestino de basura que hace la vida imposible a los vecinos de Padre Pío y La Plata. Y en el Pleno extraordinario del pasado martes para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de 2015, surgió la denuncia por el portavoz del PSOE, Juan Espadas, del denominado ‘tasazo’ a los institutos públicos: la decisión del gobierno de Zoido de cobrarle la tasa de la basura a los IES, que provocó un debate cargado de trasfondo ideológico.

Espadas denunció que la Hacienda municipal ya ha enviado a los directores de los aproximadamente 65 institutos oficiales de educación secundaria un oficio en el que se les conmina a pagar la tasa por la recogida de basuras, de la que se sobreentendía que estaban exentos porque nunca antes se les había exigido.

El periodo de gracia ha sido dado por liquidado, y puede que incluso con efectos retroactivos. La Hacienda municipal les ha exigido a los directores que acrediten mediante certificado el número de alumnos matriculados, a fin de calcular la cantidad de residuos que podrían generar y pasarles el recibo al cobro, con la advertencia de que si en un plazo de diez días no ‘regularizan’ su situación se dará traslado de las actuaciones a la Agencia Tributaria.

BRONCA POLÍTICA

La terminología empleada denota incluso la posibilidad de exigir el pago con efectos retroactivos por un periodo de cuatro años. Se estima que por este concepto los IES podrían tener que pagar entre 700 y 1.000 euros anuales, cantidad que se cuadruplicaría si se les obligara a pagar el último cuatrienio. En resumen, el Ayuntamiento ingresaría entre 50.000 y 200.000 euros por este concepto.

La iniciativa del gobierno, desvelada por Espadas, derivó en una bronca política en el Pleno que, de paso, sirvió para fijar las posiciones ideológicas de cada uno.

El alcalde defendió la medida con el argumento de que todos los sevillanos son iguales ante la ley y que 158 centros privados y concertados pagan la tasa de la basura, mientras que la Junta de Andalucía, responsable última de los IES, es la única que no la abona.

Por su parte, el portavoz del PSOE recordó que la ley exime de pagar a los centros de enseñanza públicos y que cada euro que se destine a pagar la basura es un euro que se retira de la educación pública. La réplica del alcalde fue inmediata: “Usted lo que quiere es que la Junta no pague y tengan que hacerlo los ciudadanos”.

FISCALIDAD DE LA BASURA

La medida demuestra, al igual que el año pasado, cómo la Hacienda municipal trata de compensar o resarcirse de los anuncios de rebaja fiscal que públicamente hace el alcalde de cara al electorado. Dinero que el Ayuntamiento deja de ingresar por las decisiones políticas de Zoido, dinero que la delegada de Hacienda, Asunción Fley, busca por otras vías. Y la basura parece darle bastante juego.

El año pasado se inventó la tasa a los locales vacíos, sin reparar en que si estaban vacíos no generaban residuos que recoger y porque por efecto de la crisis económica sus propietarios, sufridores de las consecuencias, no habían podido colocarlos en el mercado inmobiliario.

La tasa provocó un gran malestar en la patronal, especialmente en los empresarios agrupados en la sectorial de la construcción, Gaesco, ya que además de soportar la devaluación de sus inmuebles invendidos y los gastos financieros correspondientes, se encontraron con el imprevisto de tener que pagar por los locales comerciales desocupados y construidos en los bajos de los bloques de viviendas.

También se produjeron situaciones esperpénticas, como pasar al cobro recibos por tasa de basura a casetas de la electricidad, repetidores de telefonía y similares, en los que jamás podría registrarse una actividad comercial. Cualquier punto señalado en el Catastro era motivo suficiente para que la Delegación de Hacienda notificara un recibo.

VUELTA DE TUERCA

Ahora, la delegada da una vuelta de tuerca más al colocar en su lupa fiscal a los IES y obligar al alcalde a respaldar su política recaudatoria frente al líder de la oposición, ya que no se podía permitir el lujo de desautorizarla en un Pleno municipal, aunque este respaldo político contribuye a alimentar la imagen de voracidad fiscal de su gobierno: se une a la ampliación de la zona azul y a las multas por la rebusca en los contenedores y contrarresta el discurso de Zoido de que este Ayuntamiento ha rebajado la presión fiscal a los sevillanos.

Espadas citó con fundamento la legislación existente, que teóricamente permitiría mantener la exención del cobro de tasas a los centros públicos de enseñanza. Así, el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, especifica en su artículo 21 (supuestos de no sujeción y de exención) lo siguiente: “Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria”.

Y, por otra parte, es cierto que cada euro que los IES destinen a pagar la basura es un euro que se retira de la educación pública, ya que la Junta asigna a cada instituto una cantidad para gastos corrientes, partida de la que ahora habrá que detraer en conjunto unos 50.000 euros.

EXCEPCIONES

Para defender a su delegada de Hacienda, Zoido lanzó el mensaje de que como todos los sevillanos son iguales ante la ley, todos han de pagar, sin excepciones. La realidad demuestra que este principio no siempre se cumple. Sin ir más lejos, recuérdese cómo el Ayuntamiento se exonera a sí mismo de pagar y pasar la ITE de sus edificios mientras obliga a los ciudadanos a abonar la correspondiente inspección.

Más ejemplos los puede encontrar el alcalde en las propias Ordenanzas Fiscales que se sometían a aprobación en el Pleno, ya que el Ayuntamiento, mientras pone en su punto de mira a los institutos, exime de pagar la tasa de la basura a los kioscos de menos de 20 m2, y bonifica con un 20% en el IBI a los empresarios que se instalen en la Zona Franca, cuando ya por el hecho de radicarse allí sus mercancías no pagan impuestos, con lo cual se les otorgan dos ventajas añadidas. Y, por otra parte, ¿pasa el recibo de la tasa de la basura a todas las parroquias de Sevilla al igual que dice lo va a hacer con todos los institutos porque todos son iguales ante la ley?

EQUIPARACIÓN

El segundo mensaje de Zoido fue el de equiparar a los centros de enseñanza privados con los públicos, cuando los primeros son negocios mercantiles con ánimo de lucro, legítimo pero se trata de negocios al fin y al cabo creados para ganar dinero aunque sea con la educación, y los IES son un servicio público que satisfacen el derecho y el deber de la educación de todos los ciudadanos, rasgo diferencial esencial por el que la ley les exime hasta del pago del IBI.

La diferencia que no han comprendido Fley ni Zoido es que mientras la tasa de basura de los centros privados de enseñanza la pagarán sólo los padres que pueden permitirse una educación con mayores recursos tecnológicos y de todo tipo para sus hijos, la de los institutos públicos la acabarán pagando, en cuanto contribuyentes, todos los sevillanos, aunque ellos piensen que la pagará la Junta de Andalucía.

El accidente de la calle Betis

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La oposición municipal exige responsabilidades políticas al delegado del distrito Triana, Francisco Pérez, y al de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, por considerar que la muerte de la joven estudiante polaca, tras precipitarse al vacío desde el poyete de la calle Betis cuando se hacía un ‘selfie’ o captaba imágenes del puente de Triana con su móvil o una cámara, se podría haber evitado si el Ayuntamiento hubiese atendido los requerimientos de los vecinos y de la Policía Local.

La afirmación de que el accidente se podría haber evitado es una hipótesis que nunca podrá demostrarse. Habría dependido de dos factores: la forma de actuar de la joven (no se ha aclarado todavía si se subió al poyete o al pretil, si sufrió un mareo o dio un traspiés, si se colocó de espaldas o frente al puente…) y la (s) medida (s) que pudiera haber adoptado el Consistorio o la Administración competente, otra cuestión que no ha quedado clara porque como suele ocurrir cuando acaece una tragedia, que todos lamentamos, las Administraciones Públicas se tiran la pelota unas a otras para tratar de justificar su inacción.

JUNGLA ADMINISTRATIVA

Así, el Ayuntamiento sostiene que su competencia se limita al espacio comprendido entre la mitad de la calle y las viviendas, mientras que la otra mitad, más el poyete y el muro del Altozano, corresponderían a Patrimonio del Estado. Item más, como el puente de Triana es un Bien de Interés Cultural que goza de protección integral y de una franja de respeto de 50 metros a su alrededor (en la que estaría comprendido el punto donde se produjo el accidente), nada habría podido hacerse sin el permiso de la Junta de Andalucía y de la Autoridad Portuaria. Esta se ha defendido alegando que sólo es competente sobre la lámina de agua, y tanto el Gobierno andaluz como Patrimonio del Estado niegan que en algún momento se les haya consultado o solicitado permiso para haber adoptado alguna medida cautelar.

Para rizar el rizo, el alcalde ha afirmado que al tratarse del área de respeto del puente, un BIC, el Ayuntamiento no puede modificar el pretil con ningún elemento de protección añadida que altere tanto su fisonomía como la perspectiva y visión del mismo, por lo que la única actuación factible hasta este momento ha consistido en incrementar de dos a siete el número de carteles de metacrilato adosados al respaldo del poyete y con la leyenda ‘es peligroso subirse y sentarse en el respaldo’.

Esta aseveración también es cuestionada desde la Junta de Andalucía con el argumento de que hay que anteponer la seguridad de las personas a cualquier otra consideración, pero que para poder pronunciarse al respecto necesita que se presente un proyecto de intervención a la Consejería de Cultura, el cual tampoco existe.

DE BANCO A POYETE

Hasta donde me alcanza la memoria, el banco de piedra corrido a lo largo de parte de la calle Betis ha existido desde hace decenios, aprovechando como respaldo la parte superior del muro del Altozano, sin que nunca, que yo recuerde, se produjera un accidente similar al sufrido por la joven polaca. Cierto es que a consecuencia de las sucesivas obras y reformas realizadas en la calle, el nivel del suelo se ha ido elevando hasta reducir de forma acusada la altura del banco de piedra, por lo que ahora ya es muy difícil sentarse en el mismo con las piernas en ángulo recto.

El lenguaje también refleja esta evolución, ya que en el habla andaluza la palabra poyete se usa para denominar a un banco de menor tamaño. Ahora, el banco de piedra emerge tan sólo unos 20 centímetros del nivel de la calle, pero ello no quiere decir que anteriormente, con su altura original (un banco no es demasiado elevado) no resultase fácil subirse al mismo y al pretil y colocarse en situación de riesgo, como presuntamente le habría ocurrido a la estudiante polaca.

La persona que pasee normalmente por la calle y respete la separación del pretil que impone la anchura del banco, más la altura de aquél ( siempre ha sido la misma, unos escasos 50 centímetros), no se pone en situación de riesgo y al mismo tiempo puede disfrutar del paisaje del río y de la visión del puente y de la otra orilla.

INFORTUNIO

Para precipitarse al vacío desde 7 metros de altura, con la mala fortuna de impactar con la cabeza contra el mínimo muelle existente al pie de la zapata, la estudiante polaca debió de subirse, presuntamente, al banco y/o al pretil, pese a las advertencias de peligro en los carteles.

Por tanto, no cabría exigirle al Ayuntamiento responsabilidad política por una conducta ajena presuntamente imprudente y contra el sentido común, y de cuyo riesgo se alerta en siete carteles a lo largo del pretil. Como reza el adagio jurídico, el causante de la causa es el causante del mal causado. En este caso, está claro que quien se colocó en situación de riesgo de caer fue la desafortunada joven polaca, la causante de la causa.

MAYOR PELIGRO

Ahora bien, desde la realización de las reformas urbanísticas en la calle, la elevación del nivel del suelo y la paralela disminución de la altura del banco de piedra hasta quedar reducido a un mero poyete, se ha incrementado la percepción de peligro, porque ahora es más fácil que antes subirse al banco y al pretil o asomarse desde éste al río.

Esa percepción de peligro aumentado es la que trasladaron al Ayuntamiento tanto los vecinos, en mayo de 2012 (reunión del Consejo de Participación Ciudadana) y en junio de 2013 (Junta Municipal de Distrito), como la Policía Local (enero de 2013 y abril de 2014), ésta en sendos informes remitidos a la Gerencia de Urbanismo.

Y aquí es donde ya empiezan las contradicciones municipales, porque el delegado de Triana, Francisco Pérez, ha asegurado que fue él mismo el que dio traslado a la Delegación de Urbanismo de un acuerdo adoptado por unanimidad en la Junta de Distrito para que mejorara de alguna manera la seguridad del pretil y se aminorara el riesgo de caídas, un extremo que funcionarios de la Gerencia de Urbanismo han negado. Lo único que éstos reconocen es la recepción de los informes de la Policía Local, a raíz de los cuales -y no por la petición de los vecinos, tramitada supuestamente a través del Distrito- se habría incrementado el número de carteles de aviso de peligro de dos a siete.

Por tanto, si funcionarios de Urbanismo han dejado en evidencia los asertos del delegado de Triana, entonces sí cabría exigir responsabilidades políticas a Francisco Pérez, porque en tal caso habría mantenido una versión no acorde con la realidad y habría incumplido tanto los acuerdos de la Junta de Distrito como el mandato de Zoido de primar la participación ciudadana, unos ciudadanos que habrían tenido como respuesta a sus inquietudes la inhibición municipal.

Cal y arena

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El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado una de cal y otra de arena al Ayuntamiento de Sevilla al emitir un dictamen favorable a su pretensión de modificar puntualmente el PGOU para recalificar la antigua comisaría de la Gavidia y convertirla en un centro comercial, y otro negativo a una operación similar para construir un gran parking subterráneo en la Alameda de Hércules, dos proyectos que han contado con la oposición de la Junta de Andalucía a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Artístico.

En su día, la Comisión informó negativamente sobre la recalificación de la Gavidia por entender que supondría “una alteración sustancial de la ordenación estructural” dispuesta en el Plan General de Ordenación Urbana para el Casco Antiguo. En el capítulo XIII de la Memoria de Ordenación del Plan se aboga por fomentar el pequeño y mediano comercio en el Centro (el comercio calificado de “especializado” o tradicional), frente a la competencia de las grandes superficies.

Según el razonamiento de la Comisión, la conversión de la Gavidia en otro gran centro comercial frente al que ya existe de El Corte Inglés, podría suponer “una merma considerable para la puesta en valor (del comercio especializado o tradicional), además de introducir nuevas tensiones no previstas estructuralmente”.

Estas “nuevas tensiones no previstas” aludirían al ‘efecto llamada’ que sobre el tráfico privado provocaría otra superficie comercial (Primark ha sido generalmente señalada como principal candidata a hacerse con el edificio) cuando con el actual se llegaba a colapsar la calle Baños, única vía cercana de penetración al Centro, si bien el colapso ha quedado bastante mitigado a raíz del advenimiento de la crisis económica y la caída del tráfico privado.

DOS RAZONES

El Consejo Consultivo, sin embargo, ha informado favorablemente a la solicitud de modificación del PGOU en el caso de la Gavidia por, esencialmente, dos razones:

No se va a producir una pérdida de equipamiento público: Recuérdese que la antigua comisaría está calificada en el Plan General como Suelo de Interés Público y Social (SIPS), destinado a albergar equipamientos para la colectividad (colegios, bibliotecas, centros cívicos…) en un distrito como el del Casco Antiguo no precisamente sobrado de ellos, debido al alto coste del suelo y a su propia trama urbana.

Antes de cambiar el uso urbanístico (recalificación) de la antigua comisaría, o simultáneamente, Ayuntamiento tendría que compensar esa pérdida de suelo para equipamiento con el ofrecimiento de una superficie equivalente y en el mismo distrito. No le valdría ofertar suelos nuevos en distritos diferentes, ya que entonces los vecinos del Casco Antiguo quedarían discriminados en comparación con el resto de ciudadanos.

Para equilibrar la balanza de la recalificación, el Ayuntamiento ha tenido que ofrecer otras en sentido contrario y sin que al final disminuya la superficie para equipamiento en el balance. A cambio de la Gavidia, el Consistorio recalificará para SIPS el antiguo Registro de la calle Pajaritos y los bajos municipales del mercado del Arenal.

La demostración de que sin esta compensación el Consejo Consultivo no habría dado su visto bueno a la operación es que, en paralelo, le ha tumbado al Ayuntamiento su propuesta de recalificación de varias parcelas sitas en la calle Muro de los Navarros de SIPS a suelo residencial justamente porque en este caso no se ha preocupado de ofrecer compensación urbanística alguna.

La segunda razón del Consultivo para informar favorablemente la recalificación e la Gavidia es el deterioro acelerado en el estado de conservación de un edificio que es intocable por estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC) pero que lleva años abandonado, desde que el Ministerio del Interior dejó de usarlo como comisaría y luego lo vendió al Ayuntamiento.

El Consistorio, además, viene gastando más de 36.500 euros anuales en contratar un servicio de seguridad, control y vigilancia privado del inmueble, para prevenir más actos vandálicos.

El Consejo Consultivo, pues, ha sido sensible al argumento municipal de que compensando el SIPS de la Gavidia con otros lugares sitos en el Casco Antiguo era necesario evitar, por una parte, la ruina del inmueble y, por otra, hacer caja con su venta para poder afrontar otras necesidades de la ciudad en un contexto de restricción del gasto público y de reducción de ingresos debido a la crisis.

Si la Junta no pone reparos al dictamen y da vía libre a la recalificación, quedará por ver si hay empresas interesadas en la compra de la antigua comisaría y la operación no queda desierta como ha ocurrido con otros proyectos municipales (aparcamientos, Costurero de la Reina, Paseo del Arte, museo de las tradiciones…), y comprobar también en qué precio se valora, si a la baja o no, para tratar de darle salida cuanto antes.

NO AL PARKING

El Consultivo, por el contrario, ha hecho suyos los argumentos de la Comisión de Patrimonio al dictaminar en contra de la modificación puntual del PGOU para construir un gran aparcamiento subterráneo en la relativamente cercana Alameda de Hércules, un proyecto que no figuraba en el programa electoral de Zoido y que buena parte de los vecinos -opuestos al mismo- ha vinculado siempre a la venta de la Gavidia, como una especie de paquete conjunto que sirviera para dar salida comercial a la antigua comisaría.

Dicho de otro modo, el parking no estaría pensado tanto en satisfacer las necesidades de los residentes (nadie lo había pedido) como de la gran superficie que se instalara en la Gavidia, dado que este inmueble carece de aparcamiento propio y de posibilidades de construirlo por su colindancia con el existente en la plaza de la Concordia.

El Consejo Consultivo entiende que para construir ahora un parking en la Alameda, en cuyas obras de reurbanización se tardaron casi dos años y se gastaron 8 millones de euros según algunas estimaciones, habría que modificar estructuralmente el PGOU, que veta la ejecución de más estacionamientos en el Casco Antiguo para derivarlos a su periferia. Por tanto, Zoido no puede recurrir a una mera modificación puntual del Plan, sino a la redacción de uno nuevo en el que plasme su propio modelo de ciudad si es que quiere cambiar el del gobierno anterior.

PROVISIONALIDAD

Además, el Consejo destaca que el Ayuntamiento no ha sido capaz de razonar una justificación para esta recalificación más allá de que se ha retrasado la ejecución la red de transporte público prevista en el PGOU y de que se trataría de un parking provisional hasta que aquélla se materialice.

Urbanísticamente, la tesis no puede ser más endeble: no se puede otorgar una licencia de obras provisional para un parking que obligaría a poner de nuevo patas arriba el bulevar durante meses, si no años, y a un coste millonario para, posteriormente, volver a hacer lo mismo con el fin de enterrarlo una vez que se construyera el Metro.

Sería un sinsentido urbanístico (no es ése el fin de las licencias provisionales de obra) y económico, por lo que la pretendida provisionalidad sería a la postre un subterfugio para colar un parking estructuralmente irreversible y cuya construcción iría, por estimular el tráfico privado con el ‘efecto llamada’, en detrimento de la demanda creciente del transporte público de la empresa municipal Tussam, con lo que al final el Ayuntamiento acabaría actuando contra sus propios intereses.