La Gerencia de Urbanismo llevó al Pleno del Ayuntamiento una propuesta más de modificación del PGOU, en concreto en el ámbito de la Fábrica de Contadores, para satisfacer en este caso una solicitud de la empresa Inmobiliaria del Sur.
Urbanismo ha dado luz verde a la propuesta de incremento en un 10,84% del número total de viviendas permitidas en esa zona por el Plan General, con lo que se pasaría de 158 a 176. Lo significativo es que todas las nuevas viviendas autorizadas, 18, serían de renta libre, las que reportan mayor beneficio a los promotores privados, mientras que no se incrementa en número de las de protección oficial, que sigue fijado en 80 tras la aplicación de las últimas disposiciones normativas y pese a que Zoido prometió en su campaña electoral que construiría más de mil VPO cada año para los 16.600 sevillanos que están en lista de espera de una vivienda pública.
Un edil del PP fue reconvenido en un Pleno, no recuerdo si por Torrijos, por decir Distrito La Palmera-Bellavista en vez de al revés, conforme a la denominación oficial “tras el trabajito -dijo el concejal de IU- que había costado”. Desde las Ordenanzas Municipales del 16-09-1919, las calles se numeran partiendo desde el acceso más próximo al antiguo centro, hoy la calle José Gestoso. Por tanto, conforme a la tradición y la geografía (proximidad no sólo al centro, sino también al Norte, punto cardinal de referencia universal), habría que citar como primer componente de cada distrito compuesto el barrio más cercano a José Gestoso y no el más lejano. La excepción es Bellavista-La Palmera, donde se ha invertido el orden por imposición de PSOE e IU: ha primado la ideología (el barrio de izquierdas) sobre la geografía. En pura (i)lógica, el gobierno local debería cambiar el nombre de los restantes distritos. Así, para ser políticamente correctos, pasarían a llamarse Torreblanca-Alcosa-Este, Santa Justa-San Pablo y Amate-Cerro. ¿No le parece a usted, Zoido Juan Ignacio?
Fernando Mendoza, premio nacional por su restauración de la iglesia del Salvador; José García-Tapial, antiguo arquitecto municipal, y José María Cabeza, exconservador del Real Alcázar y director, entre más de 350 obras, de la restauración de la Giralda, exigen en una alegación presentada ante la Gerencia de Urbanismo la retirada del estudio de viabilidad presentado por la empresa privada Feria de Sevilla para la construcción en el entorno de la Torre de la Plata de lo que Zoido ha denominado ‘Museo de las Tradiciones de Sevilla’, por “ser incompleto documentalmente, de legalidad dudosa, contrario al planeamiento vigente, no tratarse de un auténtico equipamiento, inviable técnicamente, por provocar daños irreversibles al patrimonio monumental, afectando además a la coherencia y respeto de un entorno histórico y con un canon de ocupación inaceptable”.
En un escrito demoledor, tres de los mayores expertos en la arquitectura de nuestra ciudad afirman que el proyecto incumple esencialmente el planeamiento urbanístico de Sevilla al pretender gestionar como privado un suelo destinado a equipamiento público y para otros fines muy distintos, lo cual obligaría a modificar el Plan Especial de la Casa de la Moneda.
Por tanto, para García-Tapial, Mendoza y Cabeza, “bajo una excusa supuestamente cultural se pretende, sobre un suelo público destinado a cubrir las carencias de equipos urbanos, construir lo que conocemos como “tablao flamenco” o “sala rociera”. Las salas expositivas -añaden- sólo sirven para poner en situación al visitante para las actuaciones que luego va a presenciar. Por eso cuando, en el estudio económico de la propuesta, menciona a los posibles competidores comerciales cita, en primer lugar, los “tablaos” del Arenal, Los Gallos o el Palacio Andaluz”.
equipamientos?¿Fiscalmente también?¿Debe propiciar el Ayuntamiento sobre su propio suelo esta competencia desigual con otros empresarios?. A escasos metros, en el Paseo del Marqués del Contadero -continúan-, está el Ayuntamiento terminando un Centro de Atención al Visitante que coincide con muchos de los contenidos de esta propuesta, pero desde un enfoque decididamente público. ¿Para qué destinar este suelo municipal a un uso ya cubierto en las inmediaciones, estando la ciudad tan falta de otros servicios? ¿No sería preferible, por ejemplo, albergar aquí los servicios municipales que hoy, desafortunadamente, ocupan la propia Torre de la Plata, el Horno y otros espacios singulares de la propia Casa de la Moneda?”.
Moneda, al romper su estética tradicional: “Quizás intentando subrayar formalmente la importancia que la actividad de “caseta de feria” tiene para el programa de este supuesto “museo de las tradiciones” -aseveran- la fachada se ha rematado con una serie de frontones triangulares alineados que dan la imagen exterior de media docena de casetas feriales adosadas, tras las que asoman otras cinco casetas más de mayor altura. Por supuesto -añaden-, la cubierta unitaria predominante históricamente ha sido sustituida por más de una docena de pequeñas e injustificadas minicubiertas a dos aguas, que ofrece más el aspecto de una villa turística que de una ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Los tres especialistas denuncian la confusión que introduce la Gerencia al presentar esta mera propuesta como un Anteproyecto, que en todo caso debe ser sometido a licitación pública; que el expediente está incompleto al no haber estudios e informes sobre tres apartados (faltan, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental y el de seguridad y salud en la obra), y que se trata de obtener, de forma dudosamente legal, tres concesiones, sobre una parcela edificable ( 1.121 m2) destinada a equipamiento público; una parcela destinada a espacio libre (978,69 m2) , y el subsuelo (éste, para parking con 72 plazas).
para explotar durante 40 años la parcela circular de Plaza de Armas y estiman que debería ascender al menos a 400.000 euros anuales.
Crónicas periodísticas han reflejado la visita de Zoido al Parque de María Luisa, previamente sometido a un zafarrancho de limpieza y a un lavado de cara, en los términos que a continuación se exponen. El alcalde anunció un plan para rehabilitar el Parque de cara al centenario de su cesión por la Infanta a la ciudad, que se conmemorará en 2014, pero sin ofrecer detalles sobre cómo y de dónde saldrán los fondos. El alcalde anunció que el Parque será escenario de actividades culturales, deportivas y escolares, sin precisar ninguna de ellas. El alcalde volvió a anunciar el programa para la vigilancia del recinto y de la Plaza de España, pero sin aportar fechas ni desarrollo pese a que los destrozos vandálicos vuelven a ser visibles en la obra de Aníbal González. O sea, lo mismo que ocurre en tantos otros aspectos y ocurrió en el reciente debate sobre el estado de la ciudad: anunció una rebaja generalizada de los impuestos pero sin concretar en qué cuantía. Me da la impresión de que en Sevilla hemos pasado de un sin alcalde (Monteseirín) a un alcalde sin (Zoido).
Juan Ignacio Zoido lleva dos años dando la tabarra con la cantinela de que la Junta de Andalucía le está boicoteando el proyecto de la segunda tienda de Ikea, a pesar de que el alcalde no ha presentado todavía ningún papel ante la ventanilla del Gobierno autónomo que le hayan podido rechazar. Por el contrario, quien no deja de ponerle pegas, y además con cierta parsimonia en el envío de los informes, es la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental, dependiente del Ministerio de Fomento. A los chicos de Ana Pastor se les ponen los pelos de punta con tan sólo pensar en que Ikea les pueda crear en otro punto cardinal de Sevilla otro ‘atasco perfecto’ como aquel que al Oeste colapsó la ciudad y el Aljarafe hace unos años. Para colmo, cuestionan un tramo de la SE-35 que, oh casualidad, es distinto al único cuya redacción había encargado el Ayuntamiento y que lleva más prórrogas que los partidos España-Italia. O sea, que en el caso de Ikea, por muchas maniobras de distracción que en dirección a la Junta haga, el alcalde está siendo víctima del ‘fuego amigo’.
La Subdirección General de Carreteras exigía que se reconociera expresamente que el futuro enlace entre la A4 y la SE-34 sería de titularidad municipal, salvo los ramales de conexión con la primera. Y en tal caso, había que garantizar que el nivel de servicio de estos ramales no se verá afectado por la conexión al nuevo enlace con los terrenos de San Nicolás, que comercialmente desarrollará Ikea. Si se produjeran atascos por esta circunstancia, “se deberán plantear las medidas oportunas para subsanarse”, exigía la Subdirección General de Carreteras.
¿Segunda aprobación provisional de un Plan Parcial? Reflexionemos sobre el sentido de esta expresión, que no puede ser más incoherente. Jurídica y urbanísticamente existe la aprobación inicial, la provisional y la definitiva de un Plan Parcial, pero como hemos dicho en anteriores ocasiones, los documentos urbanísticos no pueden equipararse a las actualizaciones o versiones de los programas informáticos y sistemas operativos. Puede haber versiones 1.0, 2.0, 3.0…..etcétera de material informático, pero jurídicamente no existe un Plan Parcial Ikea.1, Ikea.2, Ikea.3…. y así sucesivamente.
También dijo entonces el portavoz del gobierno local que el Ayuntamiento no había admitido otras alegaciones de los ecologistas, como la denuncia de un exceso del 15% respecto al tope máximo de edificabilidad permitida.
Sin proyecto redactado de la ronda intermedia SE-35 no se podrá aprobar definitivamente el Plan Parcial del que depende Ikea. El Ayuntamiento no encargó su redacción hasta el 25 de octubre de 2012, en concreto a la consultora VS Ingeniería y Urbanismo, a la que dio de plazo cuatro meses. Este plazo fue prorrogado hasta junio pasado y podría haber sido prorrogado de nuevo hasta el próximo otoño, retraso por tanto imputable al propio Ayuntamiento y a la empresa que seleccionó para el proyecto.
Si la juez Alaya ha puesto de moda el término ‘sobrecomisiones’ con los ERE, mucho antes Monteseirín puso el de ‘sobrecostes’. Alfredo era como Atila: obra en la que pensaba, obra que dejaba esquilmada las arcas públicas. Con él nunca crecían los brotes verdes, porque dejaba a su paso un desierto presupuestario y una montaña de deudas a sus sucesores. Sus faraónicas ‘Setas’ se presupuestaron en 51,2 millones y se terminaron con varios años de retraso y a un ‘sobrecoste’ similar, para dispararse hasta los 100 y pico de millones de euros. En vez de indemnizar a Sevilla por la demora y la desviación presupuestaria, Sacyr quiere cobrarse el triple de lo estipulado por el alquiler de las oficinas de la Hacienda municipal, a cuenta de otro ‘sobrecoste’ pactado verbalmente por Monteseirín con tal de que le acabaran su pirámide particular y le diera tiempo a inaugurarla antes de las elecciones. Zoido hace perfectamente al negarse a pagar contratos sin papeles. Una cosa es asumir la herencia del mandato anterior y otra muy distinta, las facturas debajo de las alfombras.
todo el discurso de Zoido en estos dos años sobre que la Junta estaba bloqueando éste y otros grandes proyectos pendientes de ejecución en Sevilla era un puro artificio para ocultar la ineficacia del Ayuntamiento.
El caso Ikea es una metáfora del personaje público construido sobre la figura del alcalde, cuyo marketing electoral se basó en el pretendido ‘efecto Zoido’, como si él tuviera una varita mágica con que cambiar la realidad en un santiamén o de la noche a la mañana, bastando para ello únicamente la firma o un decreto de la Alcaldía.
Si Zoido está “desesperado” con los trámites marcados por la ley, que promueva su cambio (su partido tiene la mayoría absoluta para hacerlo) y que, además, exija mayor eficacia y celeridad a su Gerencia de Urbanismo, la responsable de haber tardado dos años en completar el procedimiento del deslinde de las vías pecuarias existentes en San Nicolás Oeste, el terreno rústico recalificado en su día (con beneficios potencialmente multimillonarios para sus dueños) y elegido por Ikea para su tienda. Y, claro, cuando el terreno es originalmente rústico existen muchas posibilidades de que estén afectados por vías pecuarias, como es el caso, una circunstancia que los propietarios, el Ayuntamiento y la propia Ikea no podían ignorar (bastaba con consultar las fichas del PGOU), así como tampoco la necesidad de proceder a su deslinde y desafectación previamente a colocar la primera piedra.
El inmueble citado resulta ser la antigua comisaría de la Policía Nacional de la Gavidia, cuya recalificación urbanística para que deje de ser futuro equipamiento social para los vecinos del Centro y se convierta en un centro comercial al que prestaría servicio el parking rotatorio y subterráneo de la Alameda pretende ahora el gobierno local. En algunos medios afines al Ayuntamiento se ha publicado que la Junta de Andalucía, a la que Zoido también culpa de bloquearle este proyecto suyo para Sevilla, no le dejaba al Consistorio vender el inmueble a un operador comercial (la multinacional irlandesa Primark siempre ha sonado entre los posibles candidatos).
2.000 m2 de los suelos de la antigua fábrica de Cruzcampo en Nervión para que Interior construya allí una de las dos comisarías pendientes, ya que en el Polígono Sur la cuestión está en vías de resolución.
Zoido se ganó el aplauso fácil de la claque de los asentamientos ilegales que, al reclamo de su llamada, acudió al salón de Plenos cuando aquél anunció que nadie pagará las multas impuestas por Urbanismo a un número indeterminado de vecinos y que oscilan entre los 18.000 y los 90.000 euros. El anuncio del alcalde-juez de que a partir de ahora hay barra libre con las multas es para llevarlo de forma permanente en la cartera a fin de mostrarlo cuando haya menester. Si los residentes en El Gordillo, Vista Hermosa y Camino de los Rojas son amnistiados por Zoido, ¿por qué deben pagar una sanción los dueños de los bares que ponen más veladores de la cuenta, los gorrillas de Bami, los jóvenes de las botellonas y los automovilistas que paran un momentito en doble fila a hacer un mandado, colectivos a los que el alcalde aplica todo el peso de la norma? A partir de ahora, cuando los agentes de la (dejación de) Autoridad traten de imponer nuevas multas, cualquier sevillano puede invocar el anuncio de Zoido en el Pleno: todos iguales ante la ilegalidad, ya que no ante la ley.