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El Sur no existe

El alcaldable socialista, Juan Espadas, visitó el barrio de Las Huertas de San Pablo, donde anunció que si es elegido alcalde en mayo, desde junio la ciudad contará «por fin» con un plan de empleo propio diseñado por el Ayuntamiento y con recursos municipales para crear empleo, teniendo entre sus ejes el impulso de proyectos para la rehabilitación de viviendas en colaboración con otras administraciones. «Hay recursos, hay posibilidades y lo vamos a hacer. Porque el Ayuntamiento debe ser el motor económico de la ciudad, y lleva casi cuatro años sin serlo», aseveró.    

En este sentido, el candidato socialista citó el Plan de Construcción Sostenible de la Junta y subrayó que se trata de una muestra de «cómo es posible impulsar un plan de empleo que permita crear oportunidades para muchas personas y contribuir a la reactivación económica y a apoyar al sector de la construcción».

Espadas estaba poniendo de ejemplo el Plan de Construcción Sostenible sin saber que, para financiarlo, el Gobierno andaluz había detraído los fondos destinados a la rehabilitación de, entre otros barrios desfavorecidos, el Polígono Sur de Sevilla.

¿Qué garantías de rehabilitar barriadas con la ayuda de la Junta puede dar el alcaldable del PSOE si los teóricos fondos están supeditados a la estrategia de Susana Díaz pese al mensaje populista y en favor de los más afectados por la crisis que lanza la presidenta? Dicho de otro modo, Díaz ha dejado sin discurso a Espadas y ha ratificado la sensación que tienen los habitantes del Polígono Sur  de que ellos, pese a reivindicarse como parte de Sevilla, en realidad están en el último lugar de las preocupaciones de los gobernantes.

IMPULSO A LA CONSTRUCCIÓN

El caso lo desveló Izquierda Unida el mismo día del anuncio de Espadas sobre su futurible plan de empleo basado en la rehabilitación de viviendas, una de las parcelas responsabilidad de la coalición de izquierdas con Elena Cortés al frente, hasta que Susana Díaz decidió disolver el Parlamento, convocar elecciones anticipadas y formar un Gobierno en funciones monocolor socialista.

IU ya acusó a la presidenta de haberse apropiado de su Plan de Construcción Sostenible, que tenía preparado Elena Cortés, para presentarlo como si fuera una iniciativa suya en la precampaña electoral, en un acto con los empresarios del sector. Aunque unos y otros se atribuyan la paternidad de la idea, en realidad el primero que preconizó estas medidas con un enfoque centrado en el ahorro de energía a través de la rehabilitación fue el propio Espadas, al inicio de la legislatura de Rajoy y cuando él era aún senador.

El año pasado, ya el Gobierno de coalición PSOE-IU dotó una convocatoria para la renovación de acristalamientos, aislamiento de viviendas, colocación de toldos y similares con 124 millones de euros, a fin de reactivar la construcción. Este año, el denominado Plan de Construcción Sostenible ha sido dotado con 74,5 millones de euros, pero con la particularidad de que el próximo 22 de marzo se celebrarán elecciones autonómicas y de que el Gobierno andaluz quería capitalizar políticamente a toda prisa el reparto de las subvenciones.

REPARTO RÉCORD

Así fue cómo el 11 de febrero los 74,5 millones de euros destinados a la rehabilitación de viviendas se repartieron en tan sólo ocho horas a través de la Agencia Andaluza de la Energía y merced, según la versión oficial, a una aplicación telemática que permitió soportar hasta 4.300 conexiones simultáneas por parte de las 7.000 empresas que a tal fin están acreditadas por la Consejería de Innovación.

En una demostración de que cuando la Administración tiene interés político en un asunto, no hay problema burocrático, la Junta repartió en una sola jornada 74,5 millones de euros entre 14.500 proyectos de rehabilitación (la subvención máxima era de 18.000 euros) distribuidos por las ocho provincias.

Sin embargo, había un ‘pequeño’ problema: la falta de dinero suficiente para nutrir estas subvenciones en ese tiempo récord. ¿Cómo solucionarlo?

Una de las medidas habría consistido, según han denunciado instaladores, en derivar 34 millones de euros procedentes de la similar convocatoria del año pasado. Pese al tiempo transcurrido, la Junta ha estado retrasando en todo lo posible el pago de las subvenciones, escudándose en razones como defectos de forma en las certificaciones de obras, con lo cual deja a los pies de los caballos a las pymes afectadas por los impagos.

Y otro de los métodos ha consistido en lo que vulgarmente se dice ‘desvestir un santo para vestir a otro’: recurrir al dinero destinado a la rehabilitación de las barriadas más desfavorecidas de la comunidad autónoma.

FONDOS EUROPEOS

Como gestora del programa desde la Consejería de Fomento y Vivienda, IU ha informado de que la UE había concedido, a través de los fondos Feder, 15,5 millones de euros a la Junta para la rehabilitación de viviendas en barrios degradados, en el típico programa que se complementa con fondos de otras Administraciones del país beneficiario.

Para el Polígono Sur se había programado la rehabilitación completa de varios conjuntos de inmuebles de la barriada Martínez Montañés; la mejora de espacios comunes y autorreparación de interiores en 32 bloques y diversas actuaciones en áreas urbanas y zonas verdes.

En conjunto, el plan iba a beneficiar a 816 viviendas, con una inversión global de 5,3 millones de euros, de los que unos 3,5 millones debían emplearse en este año.

Tras la convocatoria de elecciones anticipadas, el dinero de este programa ha sido trasvasado por la Junta al Plan de Construcción Sostenible, con el fin de proceder a la aprobación de las subvenciones por valor de 74,5 millones de euros en tan sólo ocho horas.

La Consejería de Medio Ambiente, que asumió las competencias de Fomento, ha recurrido al pretexto de los “problemas técnicos” para tratar de esquivar la espinosa cuestión del desvío del dinero destinado al Polígono Sur y otras zonas de actuación especial como Marismas del Odiel (Huelva) , Las Moreras (Córdoba), El Saladillo (Algeciras), El Puche (Almería) y Almanjáyar (Granada).

SIN FECHA

Según la titular de este departamento, María Jesús Serrano, se están “ultimando” los detalles técnicos para actuar en los barrios desfavorecidos, pero no ha podido dar fecha alguna. Esta “ultimación” de detalles técnicos para rehabilitar las viviendas del Polígono Sur contrasta con la celeridad (tan sólo ocho horas) con que se han repartido los 74,5 millones de euros del Plan de Construcción Sostenible, cuando justamente por la situación de vulnerabilidad y marginación, la prioridad política y económica debería haber sido el Polígono Sur y el resto de barriadas marginadas de Andalucía.

El mensaje que reciben los vecinos del Polígono Sur no puede ser más desesperanzador, al verse preteridos de nuevo por las Administraciones Públicas -en este caso, por la Junta- poco tiempo después de que representantes de las mismas se reunieran con la Comisionada para evaluar las actuaciones realizadas y pendientes en estos diez años de vigencia del plan de regeneración e integración de la barriada en Sevilla.

No sólo sigue pendiente la construcción de las miles de veces demandada y prometida comisaría de Policía, el soterramiento de las vías del tren y, entre otros, la conexión con el parque del Guadaíra, sino que también se paraliza ‘sine die’ y se desvía el dinero destinado a rehabilitar 816 viviendas porque para la Junta es más prioritario por interés electoralista repartir el dinero entre 14.500 proyectos por toda Andalucía.

El desvío de los fondos incrementa el sentimiento de marginación de los vecinos del Polígono Sur, asesta un golpe a la credibilidad del plan de empleo basado en la rehabilitación de viviendas presentado por Espadas y da un nuevo argumento a Zoido en sus denuncias de que la Junta maltrata a Sevilla.

 

Exprimir el Alcázar

El alcaldable del PSOE, Juan Espadas, ha presentado en esta precampaña electoral su programa para el Alcázar, algo destacable porque es raro hallar precedentes de que nuestros políticos hayan pensado en un plan específico para el primer monumento civil de Sevilla: patrimonio de la Humanidad, palacio real en uso más antiguo de Europa, impresionante conjunto monumental -14.000 m2 construidos y casi 70.000 m2 de jardines- y un maná turístico para la ciudad junto con la Catedral.

De las muchas propuestas del actual líder de la oposición destacan dos en especial:

  1. Revisar acuerdos y/o normas que obligan a desviar el superávit que consiga el Alcázar cada año al Ayuntamiento, para sufragar gastos corrientes. Muy gráficamente, ha declarado que no se pueden dedicar los fondos que genere el monumento a pagarle la factura de la luz al Consistorio y que hay que destinar al menos una parte a inversiones de mejora del propio Alcázar.

    2)   Adelantar el horario de apertura a las 9 de la mañana, implantar el horario de verano (de 9:30 a 19 horas) ya desde el mes de marzo y hasta octubre, e iniciar un día semanal de visitas nocturnas.

CONTROVERSIA ECONÓMICA

El uso del dinero del Alcázar para fines distintos a los patrimoniales o para espacios distintos al propio conjunto monumental ha provocado controversias desde que, hace unos diez años, Monteseirín impuso una reforma de los estatutos del Patronato que lo gestiona para que incluyera entre sus fines la conservación de las Casas Consistoriales, a la que se uniría años después también la gestión del Antiquarium de las ‘Setas’ de la Encarnación.

Aquella primera medida provocó la dimisión como patronos de la exalcaldesa Soledad Becerril y de Vicente Lleó, catedrático de la Hispalense, casi más por las formas -la decisión no llegó a someterse a votación en el Patronato, que se limitó a hacer una especie de asentimiento- que por el fondo, aun cuando ambos eran partidarios de no alterar el ‘statu quo’ y de que los fondos recaudados por las visitas turísticas (recuérdese que los vecinos de Sevilla capital entran gratis) revertieran única y exclusivamente en el propio monumento.

Frente a esta corriente, digamos purista, existe otra digamos ecléctica, partidaria de que parte del dinero recaudado, pero no todo,  en el Alcázar sirva para restaurar y poner en valor como activos patrimoniales y económicos de la ciudad los bienes inmuebles y muebles de propiedad exclusivamente municipal. No incluyen los eclesiásticos, universitarios y de otras Administraciones Públicas, sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Sevilla es, tras la Iglesia, el segundo mayor propietario de bienes inmuebles de Andalucía, buena parte de ellos con gran valor histórico-artístico.

RICOS Y POBRES

Al antiguo director-conservador del Alcázar, José María Cabeza, distinguido con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por, especialmente, los 18 años de modélica labor al frente del palacio sevillano, cabría englobarlo en esta tendencia por su teoría del ‘monumento rico, monumento pobre’.

Cabeza abogaba, y sigue abogando, por que el dinero del ‘monumento rico’ llamado Alcázar contribuya a rehabilitar el resto del patrimonio municipal, desde las Casas Consistoriales (este año financia con 181.987 euros la tercera fase de la restauración de la fachada) hasta la Fábrica de Artillería, pasando por el monumento a Bécquer del parque de María Luisa.

Parece un contrasentido que mientras en las cuentas bancarias del Patronato del Alcázar se acumulan de 9 a 10 millones de euros de superávit, que le generan bastantes miles de euros de intereses cada mes, haya desde edificios a bienes muebles municipales deteriorándose por falta de dinero o que por una pugna entre el Ayuntamiento y la Junta por 100.000 euros para una cámara acorazada en el Museo Arqueológico los sevillanos lleven más de medio siglo sin poder ver el Tesoro del Carambolo.

ACUERDO PLENARIO

Y al Patronato del Alcázar todavía le quedan 9 ó 10 millones de euros en los bancos después de que el Ayuntamiento aprobara durante el mandato de Monteseirín un plan económico-financiero de reequilibrio, en virtud del cual se transferirían 6,8 millones de euros del monumento a la tesorería municipal.

A este dinero se le sumaron más tarde otras dos partidas, de forma que todos los grupos políticos (PP, PSOE e IU) aprobaron ya durante el mandato de Zoido sacar un total de 7.567.078 euros del Alcázar para la Hacienda municipal, siendo entonces (septiembre de 2012) sólo una parte mínima (300.000 euros) para la rehabilitación de la fachada de las Casas Consistoriales.

Y hay más. El Patronato del Alcázar, por las normas antidéficit de la Administración de Rajoy, no puede destinar ahora el superávit que aún genera cada año, ni el acumulado,  a acometer nuevas rehabilitaciones en el monumento patrimonio de la Humanidad más allá de las obras previstas en su plan anual, con lo cual se está dando la paradoja de que el conjunto palaciego genera cada vez más caja por el incremento de las visitas, pero esa mayor presión turística provoca un ‘estrés’ al edificio, que no se puede paliar por la imposibilidad de mover el dinero.

Por tanto, para evitar el superávit del palacio, que acaba en la caja del Ayuntamiento, la primera medida que habría que adoptar sería incrementar los presupuestos de restauración en el Alcázar, con lo cual el dinero no saldría de allí.

MONUMENTO FRÁGIL

El conjunto monumental, por la calidad de sus materiales -peor que los de la Catedral-, su propia configuración con patios abiertos y casi siete ha. de jardines es muy frágil y precisa de cuidados y atención permanentes.

José María Cabeza acuñó la metáfora del palacio como un viejecito achacoso al que hay que administrar cada día una cucharadita de jarabe pero al que no hay que someter a grandes intervenciones quirúrgicas porque por su delicado estado de salud no las soportaría.

Sin embargo, esa fragilidad se está obviando por el afán de abrir el Alcázar cada vez más horas y de captar cada vez más turistas. Zoido destacó a principios de año que en 2014 se batió el récord histórico de visitas, con 1.350.000 en números redondos. A ello ha contribuido su apertura los siete días de la semana. Por presión de las empresas organizadoras de cruceros se empezó a abrir excepcionalmente a las 9 en vez de a las 10:30 los días de arribada de cruceristas. Ahora, Espadas quiere convertir la excepción en norma y, además, empezar a abrir por las noches, porque interesa al sector hotelero usar el Alcázar como gancho para que los turistas se queden a pernoctar en sus establecimientos.

Pero, ¡cuidado!. Los siete días de apertura a la semana actuales, más el adelanto horario y las visitas nocturnas van contra la conservación de un monumento tan frágil y la práctica habitual en los grandes conjuntos patrimoniales y museos internacionales de cerrar un día a la semana para dejar que ‘respiren’ y acometer con tranquilidad las labores de conservación que siempre precisan.

Piénsese, por ejemplo, en la dificultad de aplicar tratamientos fitosanitarios con sustancias peligrosas a las plantas de los jardines con los turistas por medio a casi todas horas, o cómo su presencia condiciona o impide las labores de restauración, fontanería, carpintería, limpieza, traslados….

El Alcázar ha sido tomado tan en vano que un turoperador se permitió la osadía de organizar un sorteo de un lote de champán entre los turistas en el Salón de los Tapices. Se están confundiendo e invirtiendo los términos: una cosa es que el Alcázar tenga su programa de actividades culturales de nivel y que éste redunde en beneficio del sector turístico y otra muy distinta que el sector turístico lo quiera convertir en una prolongación de sus hoteles y restaurantes poniéndolo al servicio de sus intereses.

De tanto exprimir el Alcázar se corre el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro.

El voto ‘prestado’

 

 

Las últimas elecciones y los Barómetros Socioeconómicos apuntan a que Zoido pueda

retener San Pablo y defender ante el PSOE el distrito Este y Macarena

El PSOE se mantendría en Cerro-Amate y Macarena Norte y se le abren oportunidades en Triana y algo menos en Nervión y Bellavista

 

Zoido ganó las elecciones municipales de 2007 frente a Monteseirín y se impuso en seis de los once distritos de la ciudad, pero no fue suficiente su minoría mayoritaria para acceder a la Alcaldía al reeditarse el pacto de gobierno entre PSOE e IU. Por éso, para las elecciones locales de mayo de 2011 pidió el voto ‘prestado’ de distritos que habían apoyado hasta entonces a la izquierda y eran considerados tradicionales graneros de votos socialistas.

La mayoría absoluta de Zoido en 2011 se cimentó en el trasvase de votos de tres distritos que cuatro años antes habían otorgado su confianza a Monteseirín (Este-Alcosa-Torreblanca; Macarena; San Pablo-Santa Justa), el hundimiento socialista en todos, incluidos los dos únicos que retuvo (en Cerro-Amate perdió casi 17 puntos; en Macarena Norte, casi 8), y en un avance generalizado que se tradujo al final en 166.040 votos (el 49,3%) frente a los 99.168 del PSOE (29,4%).

A menos de cuatro meses ya para las elecciones municipales de mayo se plantea la cuestión de si Zoido será capaz de mantener ese voto ‘prestado’ (pura terminología política y periodística, ya que cada elector es dueño de su sufragio y ningún partido puede arrogarse su propiedad) de los distritos que viraron del rojo al azul para garantizarse la reelección o si bien Espadas está en condiciones de revertir la situación.

Los elementos de juicio para este análisis son las elecciones celebradas desde entonces (generales en 2011; autonómicas en 2012; europeas en 2014) y la evolución de la opinión registrada por el Barómetro Socieconómico en estos cuatro años.

Con todos los matices y salvedades sobre la idea de que no cabe extrapolar resultados de comicios diferentes ni de que las opiniones reflejadas en los sondeos sean inmutables, lo que queremos ver en la sucesión de elecciones y en los Barómetros es la tendencia que se ha venido dibujando en estos cuatro años en todos y cada uno de los distritos.

Y éste es el perfil que aparece, lo cual no significa que vaya a mantenerse necesariamente el próximo 24 de mayo:

 

  1. Casco Antiguo: En las municipales de 2007 ya votaba mayoritariamente al PP, con casi el triple de sufragios que al PSOE. La tendencia ha seguido igual, con un pico del 63,61% en las elecciones de 2011, pero con una caída de casi 23 puntos en las pasadas europeas, en las que los socialistas obtuvieron incluso peor resultado (un punto menos) que en las últimas municipales. En paralelo, si se compara el Barómetro de 2012 con el de enero de 2015, en este distrito sube en un punto y medio la proporción de quienes piensan que sevilla ha mejorado con Zoido y baja en un 0,3% la de quienes opinan lo contrario. Elecciones y Barómetro, pues, apuntan una tendencia a favor del PP.

 

2) Cerro-Amate: El distrito donde Monteseirín ganó con más votos en 2007 (el 62,42%) y uno de los dos únicos fieles al PSOE en 2011, aunque con un gran bajón (45,45%). Ha votado socialista en todas las elecciones desde entonces, pero sin el nivel anterior. El Barómetro refleja que es el más crítico con Zoido: baja en 14 puntos el número de quienes piensan que Sevilla ha mejorado en estos cuatro años y sube en un 18,1% el de quienes opinan que ha empeorado. El PP subió 9 puntos en las municipales de 2011, pero después ha ido cayendo lentamente hasta hundirse en las europeas hasta el tercer puesto (11,40%), superado por IU (13,01). Tendencia clara a favor del PSOE.

 

3) Este-Alcosa-Torreblanca: Uno de los tres distritos ‘del’ PSOE que ‘prestó’ su voto a Zoido hace cuatro años pero que luego ha votado siempre a los socialistas, mientras que el PP retrocedió progresivamente al nivel de 2007 y cayó a la mitad en las europeas. Pero, atención, el Barómetro refleja que es el distrito donde más se piensa que la ciudad ha mejorado con Zoido en estos cuatro años: sube en 21,8 puntos la proporción de los que así lo creen y en sólo 1,90 puntos los que piensan que está peor, y baja en un 23,70% la de quienes estiman que está igual (dato a la postre positivo para Zoido). El gran contraste entre los resultados de las elecciones posteriores y las opiniones en el Barómetro arroja dudas sobre la tendencia en un distrito clave por su peso demográfico y electoral en la ciudad: 72.452 personas con derecho a voto en las últimas municipales, el 13,24% del total. Aquí puede estar la gran batalla de las próximas municipales.

4) Los Remedios: El feudo tradicional del PP, que siempre ha superado o frisado el 80% de los votos, salvo en las europeas (63%). El PSOE apenas ha recuperado algo desde el 8,53% de 2011. El Barómetro registra un curioso empate: no se ha movido la proporción de los que piensan (45%) que la ciudad ha mejorado en estos cuatro años y de los que opinan que ha empeorado (12,5%). Tendencia clara pro PP.

 

5) Macarena: Otro de los distritos ‘socialistas’ que apoyaron a Zoido hace cuatro años y que al igual que el distrito Este luego ha vuelto a votar al PSOE, pero con entre 3 y 5 puntos menos que antaño (-10 puntos en las europeas). El PP ha experimentado una evolución similar pero en negativo y más acentuada (-20 puntos en las europeas). Sin embargo, al igual que en el Este, el Barómetro refleja que sube en un 6,9% la proporción de quienes piensan que Sevilla ha mejorado con Zoido y baja en nada menos que un 20,6% la de quienes creen que ha empeorado y también baja en un 18,1% la de quienes opinan que sigue igual. Se plantea, pues, un escenario con dudas, dado el contraste entre los resultados electorales y el Barómetro.

 

6) Macarena Norte: El otro distrito ‘socialista’ que no sucumbió a la apisonadora de Zoido hace cuatro años, aunque el voto del PSOE cayó entonces en 15 puntos (del 58,52% al 43,13%). Con la excepción de las europeas, donde también ganó, el PSOE se ha aproximado aquí a los niveles de antaño y el PP ha ido perdiendo apoyo gradualmente hasta hundirse en las europeas, donde fue superado también por IU y Podemos. El Barómetro refleja que baja en un 0,6% quienes piensan que Sevilla ha mejorado en este cuatrienio y también en un 1,5% los que creen que ha empeorado. Sube un 5,6% el número de quienes no ven cambios. Estos datos ligeramente favorables a Zoido no parecen compensar la clara tendencia proPSOE de los últimos resultados electorales.

 

7) Nervión: El segundo feudo del PP, siempre aquí por encima del 63% y frisando el 70% de los votos en 2011, con la excepción de las europeas, donde perdió 20 puntos. El PSOE no ha vuelto a superar los 20 puntos (22,29%) de 2007. Pero atención al Barómetro: sólo un 1% más piensan que Sevilla ha mejorado con Zoido y, por contra, sube en un 11,3% el número de quienes creen en el distrito que la ciudad va a peor. No parece que vaya a peligrar la tendencia pro PP, pero sus votantes esperaban más del alcalde.

 

8) Bellavista: El PP viene ganando siempre desde 2007, aunque ha perdido 5 puntos en los sucesivos comicios y 22 en las europeas. El PSOE ha recuperado 6 puntos desde 2011, con la excepción de las europeas, donde cayó por debajo del nivel de las últimas municipales. El Barómetro muestra que sube en un 15% el número de quienes piensan que Sevilla ha mejorado en estos cuatro años, pero también hay una subida del 11,3% entre quienes opinan que empeora. La tendencia es favorable al PP, pero como en Nervión el distrito esperaba más.

9) San Pablo-Santa Justa: El tercer distrito que se ‘pasó’ a Zoido en 2011, aunque aquí las fuerzas estuvieron más igualadas en 2007, con una diferencia de sólo dos puntos que invirtió el PP cuatro años después con un 48% de los votos frente al 31% del PSOE. Desde entonces los socialistas han ido recuperando seis puntos y el PP perdiéndolos pero sin dejar de ganar, hasta que el PSOE se impuso en las europeas por 15 puntos. El Barómetro, sin embargo, revela que este distrito es el tercero en subida del número de gente que piensa que Sevilla ha mejorado con Zoido (+11,4%), cuando la subida de quienes piensan que ha empeorado es sólo del 3%. La tendencia apunta al PP.

 

10) Sur: Distrito donde gana el PP desde 2007, incluidas las Europeas. En el Barómetro hay un pequeño toque de atención a Zoido, ya que el número de quienes piensan que Sevilla ha empeorado (+5,9%) en estos cuatro años supera al de quienes opinan lo contrario (+2,6%), pero la tendencia general parece favorable al PP.

 

11) Triana: Otro distrito ‘del’ PP en todas las elecciones , incluidas las europeas, y con un margen de entre 11 y más de 20 puntos sobre el PSOE, pero atención al Barómetro: ha caído en un 10,4% el número de quienes piensan que Sevilla ha mejorado y ha subido en un 7% el de quienes piensan que está peor, un descontento que dibuja un escenario con más incertidumbre para el PP y que abre una ventana de oportunidad inesperada para el PSOE.

 

La madeja de IU

En la campaña para las elecciones municipales del año 2003, Monteseirín, que aspiraba a la reelección como alcalde y que durante el mandato anterior se había visto sometido al ‘abrazo del oso’ de los andalucistas del PA como incomodísimos socios de gobierno, repitió una y otra vez una frase/lema -se dice que inspirada por José Caballos- que caló en el electorado por un estado de ánimo y opinión abonado para otorgarle credibilidad: “el urbanismo bajo sospecha”.

Dado que era la época del ‘boom’ inmobiliario y de los pelotazos urbanísticos en la ciudad, propiciados por las recalificaciones de suelo, y que la Delegación de Urbanismo era el gran coto privado del PA en aquel gobierno de coalición, la acusación genérica y sin pruebas concretas lanzada por el alcalde-candidato fue clarísimamente interpretada por los electores como dirigida contra los andalucistas en exclusiva y pese a que Monteseirín era el máximo responsable del Ayuntamiento y de aquella coalición. La frase hizo fortuna y el PA se hundió en los comicios.

Algo más de un decenio después, no es sólo un departamento como entonces la Gerencia de Urbanismo el que está bajo sospecha, sino todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, después de que en el sumario de la operación Madeja la juez Alaya haya acusado a PSOE e IU de financiarse en Sevilla entre 2003 y 2011 mediante, supuestamente,  sobornos pagados por la empresa Fitonovo a cambio de adjudicaciones de contratos (entre uno y siete millones de euros el primero y 155.000 euros la segunda); de que el administrador de la compañía citara la supuesta petición de Gregorio Serrano, primer teniente de alcalde, de construir gratis un parque infantil valorado en 150.000 euros para el cuartel de Montequinto,  y de que el entonces jefe del Servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores, exigiera presuntamente 350.000 euros para sus técnicos y para financiar la campaña del PP, extremos que todos los señalados niegan con vehemencia.

HASTÍO DE LA SOCIEDAD

Pese a que en nuestro ordenamiento jurídico rige el derecho a la presunción de inocencia y a que la figura de la imputación equivale sólo a la de una investigación judicial que puede acabar en un procesamiento o ser levantada, como ha ocurrido hace unos días en el caso de varios imputados por la presunta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, el hastío de la sociedad por los reiterados escándalos de corrupción en toda España ha provocado la aplicación de una ‘política preventiva’ por parte de algunas formaciones a la hora de exigir la dimisión de los señalados por Alaya.

Y en este clima, la formación más perjudicada está siendo IU en el Ayuntamiento. Primero, porque la juez no ha imputado a ningún concejal ni cargo orgánico del PP, más allá del exedil y luego director del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña -destituido de manera fulminante por Zoido-  y un técnico como el jefe del servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores. Y segundo, porque el imputado del PSOE en la operación Madeja es Manuel Gómez Lobo, antiguo concejal de Vía Pública y responsable del distrito Macarena en la etapa de Monteseirín como alcalde pero que no volvió a formar parte de la lista electoral socialista tras la renovación acometida y el inicio de una nueva etapa con Juan Espadas, el cual ya pagó en las urnas los platos rotos por Monteseirín.

DIMISIÓN DE GARCÍA

Si IU es la que más está sufriendo las consecuencias de la operación Madeja es porque mantuvo a su vieja guardia tras haber gobernado ocho años en coalición con el PSOE, mediante la dupla Monteseirín-Torrijos, una era plagada de escándalos como el de Mercasevilla con sus diversas ramificaciones y que han acabado salpicándola de lleno.

El hasta ahora portavoz municipal de la coalición, José Manuel García, se ha visto obligado, tras los mensajes lanzados desde la dirección regional y federal, a presentar su dimisión al ser imputado por presunto fraude y cohecho en el caso Madeja. La juez le acusa, tanto a él como a Torrijos, de haber intervenido para que IU recibiera comisiones ilegales de Fitonovo por valor de 155.000 euros a cambio de la adjudicación de once contratos para la instalación de césped artificial en campos de fútbol en el gobierno anterior, cuando García era delegado de Deportes.

El problema añadido es que García había asumido la portavocía municipal tras la previa dimisión de Torrijos, que a su vez acumula tres imputaciones, por los casos Mercasevilla, Fundación DeSevilla y Madeja. Así pues, en tan sólo un año (de noviembre de 2013 a noviembre de 2014), el electorado sevillano ha asistido a la dimisión de dos portavoces de IU, Torrijos y García.

EL PEOR MOMENTO

Además, la otra edil de la coalición, Josefa Medrano, también tuvo problemas con la Justicia y llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Foxá, aunque finalmente salió absuelta. Ahora pesa sobre ella la espada de Damocles de una posible investigación judicial sobre el ERE de Altadis, por el que recibió una póliza de prejubilación. Y en la lista electoral figura otro imputado, Carlos Vázquez, en el caso del presunto desvío de un millón de euros de la Fundación DeSevilla.

De los polvos de la era Monteseirín vienen ahora estos lodos en el peor momento para IU, cuando se ve sobrepasada por la izquierda por el auge de Podemos y por nuevos movimientos como Ganemos, con el que pretende un proceso de integración en función de cómo queden preservadas sus señas de identidad.

Se integre o no, IU se ve abocada a una profunda renovación a tan sólo seis meses de las elecciones municipales por no haber sabido o querido hacerla hace cuatro años, siguiendo el ejemplo del PSOE con Espadas.

La coalición siempre ha confiado en su suelo electoral, que en el peor de los casos (año 1991) no bajó de 19.000 votos y dos concejales, pero desde su mejor resultado al margen de las primeras elecciones democráticas en la Transición (1995, con 45.416 sufragios y cuatro ediles) ha perdido el 47% de los votos y la mitad de los concejales, con la agravante de que el voto de izquierdas se puede dispersar en nuevas alternativas que antes no existían.

La presunta vinculación de la coalición o de algunos de sus representantes con el escándalo Madeja de corrupción política puede suponer un golpe de gracia para una coalición sin banquillo y sin tiempo para fabricarlo, y teniendo en cuenta el precedente del PA, que pasó de 92.417 votos, 9 ediles y estar en el gobierno municipal  a verse fuera del Ayuntamiento en tal sólo un decenio, en una purga de sus pecados políticos.

IU, sencillamente, se está jugando la supervivencia en Sevilla.

 

El ‘tasazo’

La basura, en el sentido metafórico y en el real, domina la política en los últimos tiempos. En Sevilla hemos tenido varios ejemplos recientes. Primero fue la polémica, de alcance nacional, por la norma del Ayuntamiento de imponer multas de 750 euros a quienes rebuscaran en los contenedores. Posteriormente, por el vertedero clandestino de basura que hace la vida imposible a los vecinos de Padre Pío y La Plata. Y en el Pleno extraordinario del pasado martes para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de 2015, surgió la denuncia por el portavoz del PSOE, Juan Espadas, del denominado ‘tasazo’ a los institutos públicos: la decisión del gobierno de Zoido de cobrarle la tasa de la basura a los IES, que provocó un debate cargado de trasfondo ideológico.

Espadas denunció que la Hacienda municipal ya ha enviado a los directores de los aproximadamente 65 institutos oficiales de educación secundaria un oficio en el que se les conmina a pagar la tasa por la recogida de basuras, de la que se sobreentendía que estaban exentos porque nunca antes se les había exigido.

El periodo de gracia ha sido dado por liquidado, y puede que incluso con efectos retroactivos. La Hacienda municipal les ha exigido a los directores que acrediten mediante certificado el número de alumnos matriculados, a fin de calcular la cantidad de residuos que podrían generar y pasarles el recibo al cobro, con la advertencia de que si en un plazo de diez días no ‘regularizan’ su situación se dará traslado de las actuaciones a la Agencia Tributaria.

BRONCA POLÍTICA

La terminología empleada denota incluso la posibilidad de exigir el pago con efectos retroactivos por un periodo de cuatro años. Se estima que por este concepto los IES podrían tener que pagar entre 700 y 1.000 euros anuales, cantidad que se cuadruplicaría si se les obligara a pagar el último cuatrienio. En resumen, el Ayuntamiento ingresaría entre 50.000 y 200.000 euros por este concepto.

La iniciativa del gobierno, desvelada por Espadas, derivó en una bronca política en el Pleno que, de paso, sirvió para fijar las posiciones ideológicas de cada uno.

El alcalde defendió la medida con el argumento de que todos los sevillanos son iguales ante la ley y que 158 centros privados y concertados pagan la tasa de la basura, mientras que la Junta de Andalucía, responsable última de los IES,  es la única que no la abona.

Por su parte, el portavoz del PSOE recordó que la ley exime de pagar a los centros de enseñanza públicos y que cada euro que se destine a pagar la basura es un euro que se retira de la educación pública. La réplica del alcalde fue inmediata: “Usted lo que quiere es que la Junta no pague y tengan que hacerlo los ciudadanos”.

FISCALIDAD DE LA BASURA

La medida demuestra, al igual que el año pasado, cómo la Hacienda municipal trata de compensar o resarcirse de los anuncios de rebaja fiscal que públicamente hace el alcalde de cara al electorado. Dinero que el Ayuntamiento deja de ingresar por las decisiones políticas de Zoido, dinero que la delegada de Hacienda, Asunción Fley, busca por otras vías. Y la basura parece darle bastante juego.

El año pasado se inventó la tasa a los locales vacíos, sin reparar en que si estaban vacíos no generaban residuos que recoger y porque por efecto de la crisis económica sus propietarios, sufridores de las consecuencias, no habían podido colocarlos en el mercado inmobiliario.

La tasa provocó un gran malestar en la patronal, especialmente en los empresarios agrupados en la sectorial de la construcción, Gaesco, ya que además de soportar la devaluación de sus inmuebles invendidos y los gastos financieros correspondientes, se encontraron con el imprevisto de tener que pagar por los locales comerciales desocupados y construidos en los bajos de los bloques de viviendas.

También se produjeron situaciones esperpénticas, como pasar al cobro recibos por tasa de basura a casetas de la electricidad, repetidores de telefonía y similares, en los que jamás podría registrarse una actividad comercial. Cualquier punto señalado en el Catastro era motivo suficiente para que la Delegación de Hacienda notificara un recibo.

VUELTA DE TUERCA

Ahora, la delegada da una vuelta de tuerca más al colocar en su lupa fiscal a los IES y obligar al alcalde a respaldar su política recaudatoria frente al líder de la oposición, ya que no se podía permitir el lujo de desautorizarla en un Pleno municipal, aunque este respaldo político contribuye a alimentar la imagen de voracidad fiscal de su gobierno: se une a la ampliación de la zona azul y a las multas por la rebusca en los contenedores y contrarresta el discurso de Zoido de que este Ayuntamiento ha rebajado la presión fiscal a los sevillanos.

Espadas citó con fundamento la legislación existente, que teóricamente permitiría mantener la exención del cobro de tasas a los centros públicos de enseñanza. Así, el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, especifica en su artículo 21 (supuestos de no sujeción y de exención) lo siguiente: “Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria”.

Y, por otra parte, es cierto que cada euro que los IES destinen a pagar la basura es un euro que se retira de la educación pública, ya que la Junta asigna a cada instituto una cantidad para gastos corrientes, partida de la que ahora habrá que detraer en conjunto unos 50.000 euros.

EXCEPCIONES

Para defender a su delegada de Hacienda, Zoido lanzó el mensaje de que como todos los sevillanos son iguales ante la ley, todos han de pagar, sin excepciones. La realidad demuestra que este principio no siempre se cumple. Sin ir más lejos, recuérdese cómo el Ayuntamiento se exonera a sí mismo de pagar y pasar la ITE de sus edificios mientras obliga a los ciudadanos a abonar la correspondiente inspección.

Más ejemplos los puede encontrar el alcalde en las propias Ordenanzas Fiscales que se sometían a aprobación en el Pleno, ya que el Ayuntamiento, mientras pone en su punto de mira a los institutos,  exime de pagar la tasa de la basura a los kioscos de menos de 20 m2, y bonifica con un 20% en el IBI a los empresarios que se instalen en la Zona Franca, cuando ya por el hecho de radicarse allí sus mercancías no pagan impuestos, con lo cual se les otorgan dos ventajas añadidas. Y, por otra parte, ¿pasa el recibo de la tasa de la basura a todas las parroquias de Sevilla al igual que dice lo va a hacer con todos los institutos porque todos son iguales ante la ley?

EQUIPARACIÓN

El segundo mensaje de Zoido fue el de equiparar a los centros de enseñanza privados con los públicos, cuando los primeros son negocios mercantiles con ánimo de lucro, legítimo pero se trata de negocios al fin y al cabo creados para ganar dinero aunque sea con la educación, y los IES son un servicio público que satisfacen el derecho y el deber de la educación de todos los ciudadanos, rasgo diferencial esencial por el que la ley les exime hasta del pago del IBI.

La diferencia que no han comprendido Fley ni Zoido es que mientras la tasa de basura de los centros privados de enseñanza la pagarán sólo los padres que pueden permitirse una educación con mayores recursos tecnológicos y de todo tipo para sus hijos, la de los institutos públicos la acabarán pagando, en cuanto contribuyentes, todos los sevillanos, aunque ellos piensen que la pagará la Junta de Andalucía.

Promesas ‘boomerang’

En plena polémica por el rebrote de la movida y/o de las ‘botellonas’ en la Alfalfa, el Arenal y la Alameda de Hércules, el Ayuntamiento tuvo la ocurrencia de tratar de contrarrestar las informaciones negativas con la filtración de otros datos aparentemente positivos pero que han tenido un efecto ‘boomerang’, porque sólo han servido para recordar que otro problema sigue irresuelto y para devolverlo al primer plano de la actualidad: las 20.000 multas impuestas a los ‘gorrillas’ durante el mandato de Zoido.

El Consistorio suele reaccionar ante cualquier asunto conflictivo recurriendo a su particular Eurostat estadístico, para arrojar una catarata de cifras con las que demostrar que no ha permanecido de brazos cruzados, sino todo lo contrario, como a su juicio prueban los datos.

La diferencia es que esta vez no había ocurrido nada extraordinario que obligara a tirar de los cuadros de Excel, por lo que se trataba de una maniobra de distracción: frente a la ineficacia, por relajación -admitida públicamente-, ante la movida, imagen de eficacia ante los ‘gorrillas’.

CASCADA DE MULTAS

Y así se filtraron los datos de que desde que se inició el mandato actual se han interpuesto 19.815 denuncias contra los ‘guardacoches’ y se ha detenido a 17 individuos relacionados con estas prácticas vulneradoras de las Ordenanzas, 8 de ellos extranjeros en situación irregular en España. Desde que se activó el plan específico contra los ‘gorrillas’, en febrero de 2012, el número de denuncias ha sido de 13.889 (un 41% de las mismas en Bami y su entorno; casi un 23%, en Nervión; y un 17%, en el distrito Macarena).

El balance estadístico sólo ha servido para remover las estancadas aguas del estanque y generar una onda expansiva de turbulencias, ya que se ha registrado una inusual unanimidad entre los medios de comunicación, fuera cual fuera su espectro ideológico, y la oposición a la hora de apostillar que el problema de los ‘gorrillas’ sigue persistiendo en las calles y que su número es equivalente o incluso superior al que había hace casi cuatro años, al inicio del mandato.

Juan Espadas, el líder de la oposición, lo resumió en una sola frase: “La cuestión es que los ‘gorrillas’ siguen ahí”. Añadió el portavoz socialista que “se dice a cuántos se multa, no a cuántos se consigue cobrar las multas”.

CAMPAÑA ELECTORAL

Por su parte, el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, sobre el que de golpe han vuelto a caer los problemas de las ‘botellonas’ y los ‘gorrillas’, ha reaccionado diciendo que el gobierno de Zoido “es el único que ha actuado con determinación tanto contra los ‘gorrillas’ como contra el ‘botellón’, tras muchos años de permisividad total del anterior gobierno socialista”.

Y ha añadido: “Preferimos que la oposición nos critique porque no hemos conseguido erradicarlo todavía a que los ciudadanos nos digan que no estamos haciendo nada por solucionarlo. Nadie duda hoy en día de que este gobierno le ha plantado cara a ambos fenómenos”.

La tesis de Juan Bueno sería absolutamente irreprochable si no fuera por un gran matiz: Zoido les dijo a los ciudadanos durante la campaña electoral, e incluso antes, que él iba a acabar con los dos problemas, no que fuera únicamente a intentarlo. Ese fue el factor diferencial de Zoido para ganarse la confianza de los sevillanos, que así le otorgaron la mayor mayoría absoluta que se recuerde, 20 ediles: prometer la solución a problemas que llevaban años enquistados y frente a los que habían fracasado sus predecesores, pese a que todos intentaron resolverlos con Ordenanzas o tratando de regularizar la actividad (PM-40).

SIN VARITA MÁGICA

Como hemos dicho en anteriores ocasiones, Zoido levantó tales expectativas al prometerles a los sevillanos prácticamente todo lo que estaban deseando oír (desde ser el alcalde del empleo hasta acabar con los ‘gorrillas’) que corre el riesgo de que esa enorme ilusión que suscitó (recuérdese cómo fue aclamado en su primera procesión del Corpus)  se troque en frustración colectiva a la hora de la rendición de cuentas al final del mandato: podría resultar que el alcalde no tenía la varita mágica que tomó forma en el imaginario colectivo.

Ese sentimiento de frustración por los grandes problemas irresueltos (paro, ‘botellonas’, ‘gorrillas’) es el que ya empieza a proyectar la oposición, en palabras de Espadas: “Zoido apuesta por soluciones que no resuelven el problema, como la ampliación de la zona azul, pero no ha planteado una solución integral. Creía tener la varita mágica para las cosas en un par de meses y, ahora, debería reconocer que las cosas no eran tan fáciles ni él ha tenido capacidad para resolverlas. Los ‘gorrillas’ no ha encontrado solución en este mandato tampoco”.

INSOLVENCIA

La elevadísima cantidad de denuncias (casi 20.000) interpuestas es justamente la demostración de la persistencia del problema, prueba de que se puede multar una y otra vez a los miembros de este colectivo de desclasados sin que por ello dejan de acosar a los conductores una y otra vez: sólo han sido pagadas 405 de las 19.815 sanciones  (el 2%) cursadas por los agentes de la autoridad.

En otras circunstancias, los datos habrían sido calificados de un gran éxito, porque nunca antes se había logrado por ningún gobierno local cobrarle una multa a un ‘gorrilla’, pero cuando el propio Zoido puso tan alto el listón, con la promesa de erradicar el problema al 100%, ese 2% de sanciones cobradas y la vuelta a las andadas de los ‘guardacoches’ no se considera trascendente.

Generalmente, los ‘gorrillas’ ni pagan ni suplen el importe de la multa (120 euros) con trabajos sociales, por tratarse habitualmente de personas insolventes, excluidos sociales y sin trabajo u oportunidad de tenerlo en una ciudad con casi 90.000 parados.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Nos enfrentamos a un problema social de una compleja solución, que no puede resolverse  con miles y miles de multas, enfocadas hacia las consecuencias y no hacia las causas, salvo que se recurra a un despliegue policial disuasorio prácticamente las 24 horas del día en sus zonas de actuación, como Bami.

La decisión de implantar la zona azul en todas y cada una de las calles de este barrio, colindante con la ciudad sanitaria Virgen del Rocío y cercano a varias consejerías de la Junta y al campus universitario de Reina Mercedes, sólo ha servido para espantar temporalmente a los ‘gorrillas’, que retornan en las horas ‘valle’ en que no está activa, y durante las noches y los fines de semana, y para soliviantar a los empleados del hospital y de las consejerías y a  los estudiantes de la Hispalense, más los comerciantes.

En un caso, aquéllos no pueden afrontar el pago cada hora de estacionamiento regulado; en otro, éstos ven cómo los potenciales clientes no se detienen a comprar en sus establecimientos porque tratan de salir cuanto antes de la zona azul para no pagar más por aparcar.

PICARESCA

La zona azul hasta se ha convertido en un negocio para algunos residentes que ya tenían una plaza de garaje y que ahora la alquilan porque se han podido beneficiar del bono anual por aparcar en el estacionamiento regulado en superficie, mientras que para los comerciantes está siendo una ruina, ya que sus ventas han caído en un 40% desde que se implantó la medida antes del verano.

Casi el 73% de los comerciantes de Bami se han adherido ya a la plataforma creada contra la zona azul, en una demostración de que no había tanta unanimidad en el barrio a la hora de pedir esta regulación de los aparcamientos como sostenía el Consistorio.

Y ésa es la peor noticia para el gobierno: ver que su remedio contra los ‘gorrillas’ acabe siendo considerado peor que el problema que trataba de solucionar y que se una contra sus políticas de movilidad uno de los colectivos que han constituido la base electoral de Zoido, los comerciantes.

Ruedas de molino

Los Presupuestos de Rajoy para Sevilla son inferiores en 100 millones a los

últimos de Zapatero pero merecen elogios en el PP sevillano

El PSOE local dio su apoyo a las cuentas de Zapatero para Sevilla pese a

un ‘tijeretazo’ por la crisis de 265 millones de euros

 

El túnel del tiempo fue una popular serie televisiva de ciencia-ficción que se emitió en numerosos países, entre ellos España, hace más de 40 años y que permitía a sus protagonistas viajar a épocas pretéritas. Tenían, por tanto, la posibilidad de cambiar el curso de la historia desde el conocimiento previo para ellos (‘a posteriori’ realmente) de lo que iba a ocurrir, pero sin que al final pudieran modificar el curso de los acontecimientos.

Viajemos en el túnel del tiempo que supone la hemeroteca no a siglos ni a milenios del pasado, sino al relativamente reciente año 2010, el último en que un Gobierno de Zapatero aprobó unos Presupuestos Generales del Estado, vigentes en 2011, ya que tras su aplastante victoria en las elecciones del 20 de noviembre de este último año el PP de Mariano Rajoy sustituyó al político leonés en la Moncloa.

Recuérdese aquel contexto político y económico. Zapatero, que durante el ‘boom’ inmobiliario había alardeado de que España jugaba en la ‘Champions’ de Europa y que a no tardar mucho tiempo daría el ‘sorpasso’ y adelantaría a la mismísima Alemania que le insuflaba el dinero a través de los fondos de la UE, había despertado de repente de su ilusorio y fugaz sueño al darse de bruces contra la realidad que destapó la crisis, provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en septiembre de 2008.

POLÍTICA DE RECORTES

Tan sólo dos años después, en mayo de 2010, Obama le llamó desde Estados Unidos para asegurarse de que aplicaría drásticos recortes económicos a fin de reducir el galopante déficit público español y que nuestra economía no se hundiera como la griega y arrastrara al resto de la Eurozona. Posteriormente llegaría la imposición de Angela Merkel y del Banco Central Europeo (aquella carta que Zapatero hurtó al Parlamento) de una reforma de la Constitución que pusiera un techo presupuestario forzoso al déficit y la deuda pública. La reforma contó con el apoyo decidido de Rajoy, el cual, emulando a Alemania, ya había lanzado una iniciativa en tal sentido en junio de 2010.

Las tijeras pasaron a presidir la acción del Gobierno, que practicó recortes por doquier. En este ambiente presentó en otoño de 2010 el Gabinete socialista de Zapatero los Presupuestos para 2011, en que se consignaron 435 millones de euros para la provincia de Sevilla.

Según hicieran las cuentas el PSOE sevillano o la patronal CES, la inversión per cápita era de 227 ó 224 euros, cuando la media andaluza ascendía a 351 y la nacional, a 357.

DESGLOSE

Entre otras partidas, en aquellos Presupuestos se destinaron 82,5 millones de euros para la ronda de circunvalación SE-40; dinero para el tercer carril de la A-49; 77,9 millones para la conexión ferroviaria Sevilla Cádiz en alta velocidad; 30,4 millones para el aeropuerto; 41,1 millones para el puerto; aparte, 49 millones para líneas ferroviarias, especialmente el Cercanías del Aljarafe; 600.000 euros para el museo de Bellas Artes y 300.000 para el Arqueológico.

¿Cómo reaccionó el PP, que estaba entonces en la oposición? Por boca de Soledad Becerril y Ricardo Tarno calificó los Presupuestos de “recorte brutal” para Sevilla, ya que según sus cuentas la provincia quedaba relegada al puesto 42 en gasto por habitante.

Particular hincapié hicieron ambos políticos en que con los 82,5 millones para la SE-40 la nueva ronda de circunvalación sería inaugurada en el año 2025, ya que esa partida constituía sólo un 5% de los 1.400 millones que costaba. “Va a terminar en 2025, al ritmo de Zapatero”, ironizaba Tarno. Asimismo, lamentaron que Cultura destinara tan sólo 300.000 euros a la renovación del museo Arqueológico y 600.000 a la ampliación del de Bellas artes, cuando éste era la segunda pinacoteca de España.

Becerril y Tarno calificaron el proyecto de Presupuestos como “un fraude de ley, una estafa”, por lo ficticio – a su juicio- de la previsión de ingresos y su imposibilidad de aplicación. Tarno concluyó diciendo que “lo que viene sobre el papel ya es vergonzoso” y anunciando que el PP ya había comenzado a trabajar en las enmiendas que defendería en el Congreso contra tal proyecto de ley.

EL PROYECTO ACTUAL

Volvamos al presente. Año 2014. El Gobierno del PP presenta su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015, en los que prevé una inversión de 335,5 millones de euros para Sevilla y su provincia, 100 millones menos que hace cuatro años con Zapatero, hasta el punto de que la inversión media  es de 174,4 euros por sevillano, frente 232 de media en Andalucía y 287,7 de la media nacional.

La partida para la SE-40 es de 37,6 millones de euros, 44,9 millones menos que en 2010 y equivalente al 2,68% del total de 1.400 millones que necesita la obra. Según decía Ricardo Tarno, cuando se le destinaba el 5% se tardaría hasta el año 2025 en terminarla. ¿Cuánto se tardará ahora con el 2,68%?

A la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz se le asignan 7,9 millones, la décima parte que hace cuatro años. A la red de Cercanías se le reservan 175.000 euros, 280 veces menos que en el año 2010. Al puerto se le reservan 67 millones, 25,9 más que entonces, y hay dinero para la duplicación de carriles en la N-IV (9 millones) y la SE-35 (4 millones) que entonces no se contemplaron, pero sólo 16 millones para el aeropuerto  (30,4 millones antaño) y nada para los museos sevillanos, que hace cuatro años contaron con partidas.

REACCIÓN

Sevilla ha perdido 100 millones respecto del momento en que Tarno vertía tan duras críticas contra Zapatero. ¿Qué dice ahora sobre los recortados Presupuestos de Rajoy? En rueda de prensa, Tarno y Juan Bueno han hablado de “la apuesta y el compromiso de Rajoy con las reivindicaciones de la provincia, con unos Presupuestos que pisan el acelerador del progreso, unas cuentas no expansivas sino reales, con bases sólidas para afrontar la recuperación….”.

Tarno incluso ha destacado el “avance” de la SE-40 y ha dicho respecto de la ausencia de inversiones en el museo de Bellas Artes que “no se puede presupuestar lo que no tiene proyecto”, sin aclarar entonces cómo hace cuatro años sí se pudieron presupuestar 600.000 euros para este museo y 300.000 para el Arqueológico.

Mientras el PP hace ‘un canto a Galicia’ a unos Presupuestos inferiores en 100 millones de euros a los peores de la era Zapatero para Sevilla, el PSOE, por boca de Verónica Pérez (secretaria provincial) y de Juan Espadas (alcaldable) los tachaban de “castigo” a Sevilla (¿les suena?) al no propiciar la entrada en servicio de ninguna de las grandes infraestructuras aún pendientes ni contemplar partidas para los museos, la ampliación del Cercanías de la Cartuja y la comisaría del Polígono Sur.

APOYO A ZAPATERO

Pero, ¿qué dijeron los socialistas en 2010 cuando por los recortes de Zapatero las partidas para Sevilla en los Presupuestos pasaron de los 700 millones del año anterior a los 435 millones?

Entonces el secretario provincial era Viera y su discurso justificativo del menor dinero dedicado a Sevilla por el Gobierno de Zapatero recuerda muy mucho al de Bueno y Tarno, otrora tan críticos con el PSOE, para apoyar las menguadas cuentas de Rajoy para la provincia.

Viera sostenía que en los Presupuestos de Zapatero se contemplaban partidas “para todos los proyectos que constituirán el soporte para el presente y el futuro de Sevilla, tanto en el ámbito de la movilidad como en su valor determinante para la economía”.

En estos ejercicios paralelos de reacciones del PP y PSOE, PSOE y PP,  a los Presupuestos Generales del Estado para Sevilla en 2010 y 2014 se observa que sus discursos son perfectamente intercambiables, ya sean insuficientes las cuentas públicas o se hayan visto recortadas, porque más allá de cualquier objetividad a la luz de unos datos económicos comparables entre sí prima ante todo la defensa partidista del Gobierno de turno, en función del color político de cada uno y acomodando la realidad a su ideología.

Reza el dicho de que el político debe desayunarse un sapo cada mañana. A ello habría que añadir que también debe comulgar con ruedas de molino cada otoño, cuando sus jefes presentan los Presupuestos. Ayer, lo que era negro, hoy es blanco. Y viceversa.

Espadas entró al trapo

Zoido decidió tras acceder a la Alcaldía nombrar como presidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento, vulgo Defensor del Ciudadano, a una persona muy singular, con un sentido entre quijotesco y mesiánico de la vida y que para irritación de los políticos no tiene pelos en la lengua, porque dice lo que siente sin pensar en las consecuencias de lo que dice: el comandante de Caballería en la reserva, José Barranca.

Los grupos municipales de PSOE e IU decidieron boicotearlo de inmediato con medidas como no participar en la Comisión y ausentarse de los Plenos en que aquél estuviera institucionalmente presente, por considerarlo un “protogolpista”.

Y es que Barranca, con la impulsividad propia de su carácter y quizás más con un sentido de adhesión personal y lealtad militar al superior jerárquico que otra cosa, tuvo la ocurrencia de enviar a dos periódicos locales una carta para solidarizarse con el teniente general Mena tras ser éste destituido a raíz del discurso que pronunció durante la Pascua Militar del año 2006.

LA CARTA

Mena, general jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército, advirtió de su discurso de las consecuencias que para aquélla podría tener la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña y dejó entrever, o más que entrever, que en el caso hipotético de que la Constitución fuera rebasada, el Ejército tendría vía libre para una actuación en defensa de la norma suprema.

Barranca reaccionó enviando la misiva, titulada ‘Mi respetado general’, a los periódicos y en la que, entre otras cosas, decía: “Hacía tiempo que me preguntaba cómo era posible que nadie dijera nada y mirase hacia otra parte ante la ruina moral en que este Gobierno ha sumido a nuestra nación….. Mi general, somos muchos los españoles que pensamos y estamos unidos a usted en estos momentos. Desde estas letras, mi respeto y mi apoyo más sincero….”. Barranca concluía su escrito con una petición de dimisión generalizada del Gobierno por “desleal” con la Constitución y la nación española, “la única hasta la llegada de los progresistas”.

QUEBRADERO DE CABEZA

En los tres años del mandato de Zoido, Barranca se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno municipal, que lo ha visto más como un aliado de la oposición por el tono de las críticas a la gestión y al estado de la ciudad que como el mero florero que este tipo de cargos son para la clase y el sistema políticos con el fin de aparentar que los ciudadanos tienen valedores independientes y fuera del control del aparato de los partidos.

Barranca es un verso suelto que va por libre y no se somete a nada ni nadie. Además, interpreta de modo muy particular y ‘sui generis’ su función, hasta el punto de que no se limita a recibir, enumerar y transcribir las quejas de los sevillanos en el típico Informe anual que eleva y presenta ante el Pleno, sino que cámara de fotos en ristre se pasea con ojos escrutadores por la ciudad y va tomando notas y recogiendo pruebas sobre lo que ve, para así formarse su propia opinión sobre el funcionamiento de los servicios municipales. El ciudadano José Barranca acaba formulando al Defensor José Barranca sus propias quejas además de o al margen de las que le envían los sevillanos, y luego las incluye en su Informe anual.

Barranca entiende que de esa forma actúa de oficio como Defensor y que está legitimado y tiene autonomía para hacerlo. Sonados son sus enfrentamientos con la Policía Local, a una minoría de cuyos integrantes achaca un comportamiento arrogante, y los taxistas del aeropuerto.

UN PROBLEMA

Al principio, el Defensor del Ciudadano, por su propia rareza, cayó simpático en las filas de un gobierno cómodamente instalado en su mayoría absoluta, pero a medida que se acercan las elecciones municipales y sus quejas sobre el funcionamiento del Ayuntamiento y del estado de la ciudad podían suponer munición para la oposición y calar en los votantes, Barranca pasó a convertirse en un problema. Ha sido sobre todo para el primer teniente de alcalde y presidente del Pleno, Javier Landa, de quien institucionalmente depende y al que por ser un político al que se da por amortizado para las próximas elecciones el PP encomendó la difícil misión de domeñar al rebelde militar.

El catedrático Landa, Reglamento en mano, vetó en primera instancia el Informe anual del Defensor con el argumento de que refleja más, o además, sus opiniones personales que las quejas de los sevillanos. El enfrentamiento entre ambos provocó un retraso en la presentación del Informe anual al Pleno y un principio de crisis al filtrarse a los medios de comunicación. El alcalde se vio entre dos fuegos por no desautorizar a ninguno de los dos y se intentó una solución salomónica que no dejara desairado a nadie.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

En este contexto se celebró hace unos días el Pleno en que el Defensor presentaba su Informe correspondiente a 2013. Los ediles de IU, coherentes con su posición de rechazo a Barranca, abandonaron sus puestos y se fueron. Sin embargo, en vez de hacer lo mismo en línea con lo acaecido en años anteriores, los socialistas de Espadas permanecieron en sus escaños. ¿Por qué modificaron su estrategia? Quizás porque esperaban contemplar -y sacar partido del mismo- el enfrentamiento entre Barranca y Landa.

Craso error. Espadas, en vez de quedarse sentado,  entró al trapo de las acusaciones de Barranca de que PSOE e IU actúan de forma conjunta con la Junta para boicotear a Sevilla. Y entonces el portavoz socialista continuó con una especie de cuerpo a cuerpo dialéctico con el Defensor del Ciudadano para acusarle de ejercer “un control político”  sobre la oposición pese a carecer de competencias para ello, recordarle que el PSOE no participaría en su Comisión y exigirle a Zoido su destitución.

El Pleno se convirtió, episodios con Landa aparte, en un rifirrafe entre Espadas y Barranca, para regocijo del PP, que pasó de presunto censor a presentarse como paladín de la libertad de expresión cuando Juan Bueno se permitió el lujo de acusar a Espadas de querer taparle la boca al Defensor mientras que el PP -dijo- escucha sus opiniones aunque no las comparta.

Los 265 expedientes de queja de los sevillanos por las multas, el ruido de los veladores, el vandalismo, la suciedad, etcétera, que habrían ocupado la sesión y los titulares de la prensa al día siguiente desaparecieron del debate y de la perspectiva de los sevillanos porque a Espadas se le ocurrió cambiar de estrategia política e ir al Pleno para decir que no cambiaría de estrategia pero entrando a la vez en un cuerpo a cuerpo con Barranca, por lo que los medios de comunicación transmitieron la imagen de un Pleno convertido en una bronca entre el Defensor y Espadas.

Así fue como Barranca dejó de ser el problema de Zoido y del PP para proyectarse como el problema de Espadas y del PSOE.

El secreto está en la tasa

Cuenta la leyenda que Leonardo Fernández Pujals, el cual había conocido en Estados Unidos el ‘boom’ del reparto de comida a domicilio y en especial el de pizzas, se propuso emular en España aquel negocio de éxito, para lo cual dejó su cómodo puesto de directivo de una multinacional, hipotecó su casa para conseguir liquidez y empezó desde la nada las probaturas para fabricar pizzas antes de poder repartirlas.

Los niños que jugaban al fútbol en las calles del madrileño barrio del Pilar fueron sus conejillos de Indias. Les dio a probar todo tipo de combinaciones de ingredientes y sólo cuando la mayoría de ellos coincidieron en señalar la que más les gustaba de todas supo que había dado con la fórmula, la cual tradujo en un lema comercial: ‘El secreto está en la masa’. Había nacido Telepizza.

Asunción Fley, la delegada de Hacienda de Zoido que pasa por ser la dama de hierro y la ‘manostijeras’ municipal (por aquello de los recortes a troche y moche, salvo cuando se trata de subirle el sueldo hasta los 105.000 euros a su directora general), le ha dado un sinfín de vueltas al proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2014, para conciliar el mensaje propagandístico del alcalde de que supondrían la mayor rebaja impositiva de la historia de la Democracia con la necesidad de compensar de tapadillo y por otras vías la caída de ingresos que supondrá la congelación del IBI, previa subida del 10% en ejercicios anteriores.

Tras frustrarse, por impopular, la idea de implantar el copago policial, la oposición descubrió en el Pleno de las Ordenanzas celebrado el pasado 30 de octubre que el secreto de Fley estaba en la tasa….. de la basura, en la Ordenanza reguladora de la recogida de residuos. Así, se suscitó un debate entre lingüístico y técnico, de esos que espantan a los no iniciados, pero que justamente por la aversión que suscitan permiten que en caso de no producirse los tecnócratas como Asunción Fley, fichada para la política por Zoido, acaben camuflando sus medidas y que éstas no se perciban hasta que sus consecuencias no se hacen evidentes, ya demasiado tarde.

ANÁLISIS COMPARADO

Juan Espadas, el portavoz socialista, comparó la redacción de la Ordenanza Fiscal de las Basuras de 2013 y 2014 y reparó con alarma en, sobre todo, el artículo 6º, que ahora reza así: “Constituye el hecho imponible de la presente Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de gestión de residuos urbanos que se generen o que puedan generarse, tanto en viviendas y edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, como en alojamientos, edificios, locales, establecimientos e instalaciones de todo tipo, cuyo uso catastral no sea residencial en los que se ejerzan o puedan llegar a ejercerse actividades comerciales, industriales, profesionales artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias públicas o privadas”.

La diferencia esencial es que hasta ahora la tasa de la basura se cobra a viviendas y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades de cualquier tipo o sean utilizados a modo particular por el contribuyente, sea empresario, profesional o un simple vecino sin más, y que a partir de ahora, conforme a esta nueva redacción del artículo 6º la tasa de basura se cobrará tanto por la actividad que se realice en los locales comerciales, profesionales, industriales…. (en suma, los no destinados a vivienda o uso residencia) como por la actividad que pueda llegar a ejercerse en los mismos.

La conclusión es obvia: un local comercial o destinado a usos profesionales (despacho de abogados, por ejemplo) o de cualquier tipo que no sea para vivienda particular pagará la tasa de la basura aun cuando esté vacío; aun cuando no se desarrolle ninguna actividad en el mismo, ya que se grava por igual que allí no haya una actividad de tipo económico y esté ocupado por personas que generan residuos que deba recoger Lipasam como el hecho de que en un futurible pueda ser alquilado o comprado para instalar un nuevo negocio, ya que por definición un local que no es vivienda es porque va a ser utilizado de forma no residencial.

LA TESIS DE FLEY

La delegada de Hacienda sostiene que no ha cambiado nada, lo cual no se compadece entonces con la necesidad de haber modificado ocho artículos de la Ordenanza de 2013 y una decena de tarifas, sino que sólo se produce una especie de afinación en el criterio a la hora de cobrar la tasa: hasta hoy se tenía en cuenta la solicitud de alta que realizaba el promotor del negocio o el propietario del local comercial, pero con la nueva Ordenanza se toma como referente los datos del Catastro, el cual refleja la categoría del local, si es para uso residencial o no residencial. Con esta medida, según Fley, se simplifican los procedimientos y se combate mejor el fraude fiscal.

La delegada sostuvo en el Pleno que el servicio de recogida de basuras por Lipasam se sigue prestando, con independencia de que un negocio se haya cerrado o no, lo cual justificaría, a su juicio, la polémica redacción del artículo 6º.

La tesis de Asunción Fley no parece muy consistente: los camiones de Lipasam siguen pasando por la calle donde se haya clausurado un negocio y por tanto el local comercial está ya vacío, pero los operarios no recogen ninguna basura procedente de los mismos ni cajas vacías de cartón, no le prestan ningún servicio técnicamente hablando, sencillamente porque el comerciante o el profesional ya ha echado el cierre por la crisis y lo único que queda es un cartel sobre la luna del escaparate o en la puerta con el anuncio de ‘se vende’ o ‘se alquila’. Los centenares de locales afectados por el cerrojazo seguirán generando derechos de cobro de la tasa de basura para Hacienda aunque no generen ninguna renta para sus propietarios, los cuales en muchos casos han invertido en ellos los ahorros de toda una vida.

¿Y cuánto le puede costar al dueño mantener vacío, no precisamente por su voluntad sino por causa de la crisis, un local comercial? Pues en función de su superficie (de menos de 20 m2 hasta 500 m2) entre 96 euros y 1.245 euros anuales.

EL CATASTRO

El hecho imponible para el Ayuntamiento de Zoido – el mismo que hablaba de bajar impuestos, eliminar trabas administrativas y tender alfombras rojas a los inversores- ya no es el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, sino que un local no residencial esté calificado como tan en el Catastro, esté activo o inactivo, ocupado o vacío. Da igual porque va a pagar el ‘tasazo’ de la basura, en expresión de Espadas, sólo por el hecho de que por su puerta pase el camión de Lipasam y aunque no tenga nada que recoger.

Como medida defensiva, el propietario al que se le quede vacío un local comercial podría tratar de darle de baja en el Catastro para así librarse del tasazo de Fley, pero la delegada ya ha previsto tal posibilidad y ha modificado también la Ordenanza para asegurarse seguir cobrando por la basura durante el tiempo que el Catastro tarde en hacer la modificación y hasta tanto el propietario no presente una declaración fehaciente del cambio.

El informe técnico de la Delegación de Hacienda para justificar el cambio normativo revela que el objetivo del mismo es lograr un incremento de ingresos por valor de 2,184 millones de euros, lo cual permitirá “la financiación -puede leerse- de las bajadas previstas en los impuestos de plusvalía, ICIO e IAE, los beneficios fiscales otorgados en materia de fomento del empleo y hacer  frente a la financiación suficiente por la congelación generalizada de tasas  y precios públicos”.

COMPENSACIONES

Salta a la vista: Fley compensa por un lado con nuevos ingresos, en este caso por el ‘tasazo’ de la basura a los locales vacíos, las rebajas que por el suyo anuncia Zoido, aunque ello suponga una incoherencia para la ideología del PP y una increíble aproximación a las tesis de Izquierda Unida sobre la propiedad privada.

Las malas lenguas dicen que Torrijos no sufrió una lipotimia por el exceso de calor y la fatiga en el último Pleno municipal, sino por la emoción que le produjo comprobar el desplazamiento de Zoido hacia la izquierda en el espectro político: IU propuso antes del Pleno que se gravaran las viviendas vacías; el PP ha empezado por aprobar el ‘tasazo’ a los locales vacíos.

Como decía Fraga, la política hace extraños compañeros de cama.

 

Desahuciado

Un hombre de 62 años y enfermo del corazón vive desde hace días en la sede de una entidad benéfica del Polígono Norte tras haber sido desahuciado de su vivienda y haber caído en saco roto su petición de auxilio al Ayuntamiento. Inquirido al respecto, Zoido ha recomendado al afectado que acuda primero a los Servicios Sociales de su barrio para ser baremado (sic), y ha reconocido que supo de su situación en el mes de mayo, gracias a la lista de 40 casos de emergencia social que le entregó Juan Espadas y que él remitió de inmediato a la delegada Dolores de Pablo-Blanco, con el nulo efecto demostrado hasta ahora. O sea, que de las ingenuas declaraciones de Zoido se desprende que el alcalde se entera de los casos de exclusión social en la ciudad no por su gobierno, sino por el líder de su leal oposición. Llegados a este punto, la pregunta que cabe hacerse es por qué no nombra ya Zoido directamente a Espadas delegado de Asuntos Sociales, materia en la que se ve no le alcanza la micropolítica. Así al menos se enteraría de lo que pasa allende la ronda del Tamarguillo.