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El «coliving»

Espadas importa de Pamplona un proyecto de vivienda y lugar de trabajo para la Gavidia

En Navarra se mantiene la titularidad pública mientras en Sevilla se va hacia la privatización

 

El “mapping” quedará por siempre asociado a Zoido y el “coliving” podría identificarse con Espadas merced al nuevo uso mixto que ha propuesto para la Gavidia, más allá y/o no sólo exclusivamente hotelero o deportivo (gimnasio). Este horrendo palabro es un nuevo anglicismo que nos invade cuando en nuestra lengua española tenemos una hermosa palabra que significa exactamente lo mismo: convivencia.

Quienes no recuerdan las convivencias estudiantiles de antaño (dada la crispación existente  en todos los ámbitos de nuestra sociedad es posible que hayan pasado de moda) dicen que el “coliving” lo inventaron los americanos de Silicon Valley, en California. Los emprendedores de eso que ahora llamamos “start-up” sufrían por aquellos lares el típico problema de la falta y encarecimiento de la vivienda. Las empresas consolidadas, con el fin de atraer el talento o de no perderlo, empezaron a ofrecer no sólo empleo, sino también sitios para que los nativos digitales pudieran vivir.

En el Valle del Silicio los jóvenes dominadores de la nueva economía digital convirtieron esos espacios vitales en extensiones del trabajo: seguían pensando y desarrollando sus ideas en las viviendas que les habían sido asignadas unas junto a otras. Al final se crearon comunidades de individuos que a partir del intercambio de proyectos y de experiencias fundaban sus propias compañías. Como los americanos lo miden todo, una consultora ha calculado recientemente que la economía “coliving” va a generar 40.000 millones de dólares en el año 2022.

 

MODELO PAMPLONICA

 

Espadas ha confesado que ha copiado la idea del “coliving” de Pamplona, una idea que además está recién sacada del horno. El pasado 20 de noviembre, la Fundación Universidad-Sociedad (dependiente de la Universidad Pública de Navarra) y el Ayuntamiento de Pamplona anunciaron la convocatoria denominada “Más Pamplona-Iruña: coliving-emprendimiento y laboratorio urbano”, con el fin de promover el desarrollo de modelos de negocio innovadores en un edificio de propiedad municipal (sería, salvando las distancias, el equivalente a nuestra Gavidia) sito en el número 59 de la calle Mayor de la ciudad, donde se ha previsto construir once plazas para residentes, una de ellas reservada a personas con movilidad reducida.

Según la declaración de intenciones de la Universidad y de la Corporación municipal, “con este nuevo espacio se va a potenciar la colaboración entre entidades públicas y privadas, asociaciones, ONGs, emprendedores y ciudadanos en general para satisfacer necesidades relativas a la ciudad a través de proyectos de emprendimiento viables y sostenibles, con un impacto positivo tanto desde el punto de vista social como económico. A la vez servirá para atraer y retener talento y posicionará la marca Pamplona como ciudad inteligente que dota a la ciudadanía de herramientas de innovación en el desarrollo de su futuro”.

 

LABORATORIO

 

El proyecto incluye un “laboratorio ciudadano” que será dirigido por la Fundación universitaria y en el que se fomentará el encuentro entre distintos agentes e instituciones para trabajar en las líneas estratégicas de la urbe. El laboratorio se complementará con el trabajo de “observatorio ciudadano”, centrado en identificar líneas de apoyo al emprendimiento, la transferencia de conocimiento con otros proyectos y la obtención de posibles líneas de financiación.

Las personas seleccionadas para el “coliving” pamplonica podrán residir gratuitamente en el edificio durante un año, plazo ampliable a dos más, aunque en este periodo prorrogado ya deberían pagar un alquiler. Formarán parte del “laboratorio ciudadano” que albergará el inmueble regentado por la Universidad, donde se trabajará en oportunidades de mejora de Pamplona y de sus habitantes.

 

COPIA

 

El Ayuntamiento sevillano ha calcado tan bien las bases de la convocatoria navarra que dice buscar para la antigua comisaría de la Gavidia personas con proyectos de emprendimiento innovadores en el ámbito de la “smart city” (ciudad inteligente), la economía circular, la innovación social y las industrias creativas y culturales. Además, fomentará que estos proyectos puedan asociarse a problemas urbanos identificados por los sevillanos, de manera que puedan resolverse a través de iniciativas de emprendimiento social y empresarial. Las personas seleccionadas podrán residir gratuitamente en la futura Gavidia durante un año.

Como se ve, es la traslación del proyecto de Pamplona a Sevilla, un plagio, ahora tan de moda, justificado cuando se trata de importar buenas ideas que estén funcionando fuera. Como decía cierto catedrático, la mayor parte de las veces el secreto del éxito consiste en copiar lo que ya hacen otros bien más que en quebrarse la cabeza pensando en inventar algo nuevo.

 

Hasta aquí las similitudes. A partir de aquí, las diferencias.

 

RASGOS DIFERENCIALES

 

La primera es que mientras Espadas quiere privatizar la Gavidia para que sea la iniciativa privada la que mediante un uso terciario de parte del edificio (no sabemos en qué medida)  financie el “coliving”, el Ayuntamiento de Pamplona mantiene la titularidad pública de su edificio y lo destina íntegramente (645 m2 útiles, que equivalen al 8,64% de los 7.462 m2 que tiene la Gavidia) a este proyecto de emprendimiento.

Mientras el alcalde de Sevilla busca una empresa privada a la que vender el edificio de la Gavidia, el Ayuntamiento de Pamplona ha forjado una alianza con la Universidad (¿no la preconizaba Espadas cuando llegó a la Alcaldía?) para que gestione y tutele el proyecto.

Y mientras Espadas consigue dinero de Bruselas para rehabilitar la Fábrica de Artillería  pero no para la Gavidia, por falta de proyecto para la antigua comisaría (la prueba es que copia el de Pamplona), el Ayuntamiento navarro ha conseguido que la Obra Social de La Caixa le financie parte del suyo.

Así pues, el Consistorio pamplonica nos ha demostrado que puede transformar su particular Gavidia en un motor de innovación económica y social desde lo público, mientras que el de Sevilla tiró la toalla desde el minuto uno y sólo aspira a que algún privado le quite el “muerto” de encima.

Dije en el debate que sobre el futuro de la antigua comisaría organizó Comisiones Obreras el pasado 30 de enero que se si planteara la enajenación de la Gavidia a un particular, como estrategia de ciudad en pro de su diversificación económica (hoteles creo que no nos faltan precisamente) apostaría por un uso vinculado a la economía digital 4.0 o por la instalación de una aceleradora de “start-up”.

El “coliving” importado por Espadas de Pamplona va en esta segunda línea, por lo que me alegro, pero habrá que esperar a ver aparece una empresa que lo materialice y si la copia que se haga supera en tamaño (645 m2) al modelo original navarro o se queda reducida a un mero remedo en miniatura. Tiempo al tiempo.

El puerto y las muñecas Barbie

El director del puerto de Sevilla auguró que algún día muñecas como la Barbie se imprimirían en 3D

Ese día ya ha llegado: así crean sus muñecas la antigua CEO de Mattel y el fabricante de Mariquita Pérez

 

En la III Jornada de Logística Portuaria, el director del puerto de Sevilla, Angel Pulido, habló sobre la necesidad de hacer una nueva reflexión para no perder competitividad en un mercado en el que “la ralentización -afirmó- del transporte marítimo es un hecho y en el que la digitalización de los puertos toma especial relevancia, pero también en base a las tendencias de la economía mundial como, por ejemplo, la irrupción de la economía 4.0 y, con ella, las impresoras 3D”.

Pulido destacó que actualmente empresas como Amazon ya imprimen los libros en sus almacenes logísticos conforme llega un pedido, “por lo que no sería de extrañar -añadió- que en el futuro las (muñecas) Barbie se fabriquen en el momento con impresoras 3D”, un hecho que a su juicio transformará los stocks y dará paso a una mayor importancia de las  materias primas.

El director del puerto sevillano se quedó corto, porque su vaticinio de futuro es ya presente. Jill Barad fue directiva (ejerció como consejera delegada durante tres años) de Mattel, la empresa estadounidense fabricante de las muñecas Barbie, y contribuyó a que fuera uno de los juguetes más famosos del mundo y a que la compañía pasara de una valoración de 200 millones de dólares a 2.000 millones. Como los inversores se acostumbraron a esta multiplicación extraordinaria del valor de sus acciones, el año en que no se cumplieron sus expectativas la acabaron despidiendo por la “módica” indemnización de 50 millones de dólares.

Pues bien, Jill Barad constituyó años después una empresa llamada Possibility Place que empezó captando 10 millones de dólares para materializar su proyecto Avatars, consistente en imprimir en 3D muñecas personalizadas con la cara del cliente, a razón de 40 dólares (precio de lanzamiento). Sólo en el primer fin de semana vendió 600 muñecas y declaró: “Siempre quise personalizar muñecas, pero en mi época al frente de Mattel no hallé la tecnología adecuada (la impresión 3D)”.

EL CASO ESPAÑOL

Y de la Barbie, a la popular muñeca española Mariquita Pérez, que fabrica la compañía Look Real y que ahora personaliza gracias a la impresión tridimensional a imagen y semejanza de la antigua jefa de Mattel tras llegar a un acuerdo con la multinacional HP, la cual tiene su división mundial para el desarrollo de esta tecnología en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), donde ha patentado un sistema propio ultrarrápido denominado Multi Jet Fusion.

Si un cliente desea una muñeca con el rostro de, por ejemplo, su hija, basta con que envíe al fabricante de Mariquita Pérez una foto frontal y otra de perfil de la cara de la niña. La empresa con sede en Onil (Alicante) modela las imágenes mediante un programa informático especial para darles un aspecto idealizado, crea un fichero en formato STL (con el que generalmente trabajan las impresoras tridimensionales) y lo envía por Internet a HP en Sant Cugat. Empezaron su colaboración de una forma experimental y ahora el fabricante alicantino ya puede enviar a la multinacional hasta 250 caras diferentes a la vez para que HP  imprima en 3D dos tandas de muñecas para esos centenares de clientes. Siguen experimentando y avanzando en el logro de una personalización cada vez más perfecta, hasta el punto de que las muñecas parecen tan de carne y hueso como cualquier niña.

DEL PROTOTIPO A LA FÁBRICA

Además de lo dicho por Ángel Pulido en el sentido de que con esta tecnología en el futuro serán más valiosas las materias primas “in situ”, la revolución va a consistir en que ya no hará falta importar las mercancías fabricadas mediante mano de obra más barata en China porque será más rentable imprimirlas en origen o donde más convenga con el mero envío de un fichero STL por Internet (como el fabricante de Mariquita Pérez) y que el valor volverá a radicar en la tecnología y también en el diseño, que será uno de los factores diferenciales.

Item más, la impresión 3D, que al principio sólo servía única y exclusivamente para la creación rápida de prototipos antes de proceder a la fabricación en serie con otras tecnologías se está convirtiendo a pasos agigantados en una nueva forma de producción en sí misma.

Así, una empresa de Nueva York llamada Voodoo Manufacturing ha creado un nuevo concepto de factoría, intermedia entre la producción de prototipos y la producción en serie, con 160 sencillas impresoras 3D de escritorio (coste total, 320.000 dólares) que pueden imprimir hasta 160 productos diferentes o 160 unidades del mismo artículo y para lotes de hasta 10.000 unidades.

STRATASYS EN SEVILLA

Volvamos a Sevilla. Hace unos días, la multinacional Stratasys, compañía líder mundial en soluciones de tecnología aditiva aplicada, informó de que una empresa que vio la luz en Alcalá de Guadaíra en 2002, Indaero Tecnigrab, se ha asegurado nuevos negocios con varios proveedores de primer y segundo niveles (Tier 1 y Tier 2) de Airbus gracias a la incorporación de una impresora 3D Stratasys Fortus 450 mc Production.

Por decirlo de forma muy resumida, con esta tecnología Indaero realiza útiles para el sector aeroespacial de forma un 66% más rápida que con otros sistemas (mecanizados, fresadoras), con un 75% menos de peso y a un coste inferior en un 50%., como ha demostrado con una pieza para la cola del helicóptero Airbus NH90.

Impresoras 3D de Stratasys son también las que se utilizan en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla para imprimir réplicas de corazones de pacientes que sufren cardiopatías congénitas y que son usadas por los cirujanos para ensayar previamente las intervenciones quirúrgicas y alcanzar un mayor grado de precisión en el quirófano. Resultado: si hace medio siglo sólo sobrevivía el 25% de los recién nacidos con cardiopatías, ahora hasta un 90% llegan a la edad adulta.

 

Por cierto que Andreas Langfeld, vicepresidente de Ventas de Stratasys para Europa, Oriente Medio y África, ha confirmado su presencia la próxima primavera de 2018 en Sevilla para hablar sobre impresión 3D en la Andalucía Digital Week, que se celebrará en Fibes y donde se abordará la denominada economía 4.0.

 

TAMBIÉN EL PP

 

Por todo esto no es de extrañar que el Partido Popular haya presentado hace unos días una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se creen departamentos de impresión 3D en todos los hospitales de España, con el fin de que produzcan instrumental, réplicas, prótesis y, en el futuro, hasta tejidos y órganos para trasplantes.

Y tampoco es de extrañar que la nueva patronal DigitalES (Asociación Española para la Digitalización), constituida hace una semana y presidida por el ex ministro Eduardo Serra nazca dedicando uno de sus cinco grupos de trabajo a la impresión tridimensional.

En un mundo que camina sin retorno hacia la digitalización, no desespero en que el ultimátum al alcalde Espadas para que en tres meses defina el uso de la Gavidia y que le ha dado en Sevilla el portavoz (Beltrán Pérez) del mismo partido que en Madrid ha pedido departamentos de impresión 3D en los hospitales, vaya en el sentido de convertir la antigua comisaría en un centro tecnológico, de esos que tanta falta nos hacen, y no para añadir más estrellas hoteleras o comerciales al sector turístico, porque de éstas  tenemos para dar y repartir.

Cal y arena

El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado una de cal y otra de arena al Ayuntamiento de Sevilla al emitir un dictamen favorable a su pretensión de modificar puntualmente el PGOU para recalificar la antigua comisaría de la Gavidia y convertirla en un centro comercial, y otro negativo a una operación similar para construir un gran parking subterráneo en la Alameda de Hércules, dos proyectos que han contado con la oposición de la Junta de Andalucía a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Artístico.

En su día, la Comisión informó negativamente sobre la recalificación de la Gavidia por entender que supondría “una alteración sustancial de la ordenación estructural” dispuesta en el Plan General de Ordenación Urbana para el Casco Antiguo. En el capítulo XIII de la Memoria de Ordenación del Plan se aboga por fomentar el pequeño y mediano comercio en el Centro (el comercio calificado de “especializado” o tradicional), frente a la competencia de las grandes superficies.

Según el razonamiento de la Comisión, la conversión de la Gavidia en otro gran centro comercial frente al que ya existe de El Corte Inglés, podría suponer “una merma considerable para la puesta en valor (del comercio especializado o tradicional), además de introducir nuevas tensiones no previstas estructuralmente”.

Estas “nuevas tensiones no previstas” aludirían al ‘efecto llamada’ que sobre el tráfico privado provocaría otra superficie comercial (Primark ha sido generalmente señalada como principal candidata a hacerse con el edificio) cuando con el actual se llegaba a colapsar la calle Baños, única vía cercana de penetración al Centro, si bien el colapso ha quedado bastante mitigado a raíz del advenimiento de la crisis económica y la caída del tráfico privado.

DOS RAZONES

El Consejo Consultivo, sin embargo, ha informado favorablemente a la solicitud de modificación del PGOU en el caso de la Gavidia por, esencialmente, dos razones:

  1. No se va a producir una pérdida de equipamiento público: Recuérdese que la antigua comisaría está calificada en el Plan General como Suelo de Interés Público y Social (SIPS), destinado a albergar equipamientos para la colectividad (colegios, bibliotecas, centros cívicos…) en un distrito como el del Casco Antiguo no precisamente sobrado de ellos, debido al alto coste del suelo y a su propia trama urbana.

Antes de cambiar el uso urbanístico (recalificación) de la antigua comisaría, o simultáneamente,  Ayuntamiento tendría que compensar esa pérdida de suelo para equipamiento con el ofrecimiento de una superficie equivalente y en el mismo distrito. No le valdría ofertar suelos nuevos en distritos diferentes, ya que entonces los vecinos del Casco Antiguo quedarían discriminados en comparación con el resto de ciudadanos.

Para equilibrar la balanza de la recalificación, el Ayuntamiento ha tenido que ofrecer otras en sentido contrario y sin que al final disminuya la superficie para equipamiento en el balance. A cambio de la Gavidia, el Consistorio recalificará para SIPS el antiguo Registro de la calle Pajaritos y los bajos municipales del mercado del Arenal.

La demostración de que sin esta compensación el Consejo Consultivo no habría dado su visto bueno a la operación es que, en paralelo, le ha tumbado al Ayuntamiento su propuesta de recalificación de varias parcelas sitas en la calle Muro de los Navarros de SIPS a suelo residencial justamente porque en este caso no se ha preocupado de ofrecer compensación urbanística alguna.

  1. La segunda razón del Consultivo para informar favorablemente la recalificación e la Gavidia es el deterioro acelerado en el estado de conservación de un edificio que es intocable por estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC) pero que lleva años abandonado, desde que el Ministerio del Interior dejó de usarlo como comisaría y luego lo vendió al Ayuntamiento.

El Consistorio, además, viene gastando más de 36.500 euros anuales en contratar un servicio de seguridad, control y vigilancia privado del inmueble, para prevenir más actos vandálicos.

El Consejo Consultivo, pues, ha sido sensible al argumento municipal de que compensando el SIPS de la Gavidia con otros lugares sitos en el Casco Antiguo era necesario evitar, por una parte, la ruina del inmueble y, por otra, hacer caja con su venta para poder afrontar otras necesidades de la ciudad en un contexto de restricción del gasto público y de reducción de ingresos debido a la crisis.

Si la Junta no pone reparos al dictamen y da vía libre a la recalificación, quedará por ver si hay empresas interesadas en la compra de la antigua comisaría y la operación no queda desierta como ha ocurrido con otros proyectos municipales (aparcamientos, Costurero de la Reina, Paseo del Arte, museo de las tradiciones…), y comprobar también en qué precio se valora, si a la baja o no, para tratar de darle salida cuanto antes.

NO AL PARKING

El Consultivo, por el contrario, ha hecho suyos los argumentos de la Comisión de Patrimonio al dictaminar en contra de la modificación puntual del PGOU para construir un gran aparcamiento subterráneo en la relativamente cercana Alameda de Hércules, un proyecto que no figuraba en el programa electoral de Zoido y que buena parte de los vecinos -opuestos al mismo- ha vinculado siempre a la venta de la Gavidia, como una especie de paquete conjunto que sirviera para dar salida comercial a la antigua comisaría.

Dicho de otro modo, el parking no estaría pensado tanto en satisfacer las necesidades de los residentes (nadie lo había pedido) como de la gran superficie que se instalara en la Gavidia, dado que este inmueble carece de aparcamiento propio y de posibilidades de construirlo por su colindancia con el existente en la plaza de la Concordia.

El Consejo Consultivo entiende que para construir ahora un parking en la Alameda, en cuyas obras de reurbanización se tardaron casi dos años y se gastaron 8 millones de euros según algunas estimaciones, habría que modificar estructuralmente el PGOU, que veta la ejecución de más estacionamientos en el Casco Antiguo para derivarlos a su periferia. Por tanto, Zoido no puede recurrir a una mera modificación puntual del Plan, sino a la redacción de uno nuevo en el que plasme su propio modelo de ciudad si es que quiere cambiar el del gobierno anterior.

PROVISIONALIDAD

Además, el Consejo destaca que el Ayuntamiento no ha sido capaz de razonar una justificación para esta recalificación más allá de que se ha retrasado la ejecución la red de transporte público prevista en el PGOU y de que se trataría de un parking provisional hasta que aquélla se materialice.

Urbanísticamente, la tesis no puede ser más endeble: no se puede otorgar una licencia de obras provisional para un parking que obligaría a poner de nuevo patas arriba el bulevar durante meses, si no años, y a un coste millonario para, posteriormente, volver a hacer lo mismo con el fin de enterrarlo una vez que se construyera el Metro.

Sería un sinsentido urbanístico (no es ése el fin de las licencias provisionales de obra) y económico, por lo que la pretendida provisionalidad sería a la postre un subterfugio para colar un parking estructuralmente irreversible y cuya construcción iría, por estimular el tráfico privado con el ‘efecto llamada’, en detrimento de la demanda creciente del transporte público de la empresa municipal Tussam, con lo que al final el Ayuntamiento acabaría actuando contra sus propios intereses.

Semana Santa versus Alameda

El  Consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobó en pleno Miércoles Santo modificaciones puntuales del PGOU que permitan construir aparcamientos rotatorios en el Casco Antiguo (fundamentalmente, en la Alameda de Hércules) y recalificar para usos comerciales la Gavidia. La aprobación incluye la documentación complementaria exigida por la Junta de Andalucía tras la remisión de un expediente incompleto a principios de año, pese a que el Ayuntamiento lleva hablando del tema prácticamente desde el inicio del mandato y denunciando el supuesto boicot del Gobierno andaluz, cuando oficialmente no ha planteado hasta ahora la recalificación de la antigua comisaría.

La nueva estrategia del Consistorio consiste en justificar la construcción de aparcamientos rotatorios en el Casco Antiguo con la tesis de que la falta de transporte público impide su vertebración; una vez que se subsane esa deficiencia, los aparcamientos rotatorios dejarían de tener sentido como tales y se ofrecerían a los residentes, con lo cual cabe calificarlos como una medida provisional, una especie de solución intermedia.

PLANES NO EJECUTADOS

La Gerencia de Urbanismo cita en su informe todas las medidas no ejecutadas en la política de transporte prevista anteriormente, tales como:

-El Metro: De las cuatro líneas de que se iba a componer la red de Metro de Sevilla, sólo se ha construido una, la primera, que además únicamente bordea el Centro (estaciones de Puerta de Jerez y del Prado de San Sebastián), pero sin penetrar en su interior.

-Tranvía: Sólo se ha ejecutado al 40%, ya que no se ha realizado la conexión con la estación de Santa Justa ni se ha extendido la red hasta la Plaza de Armas.

-Microbuses: De las líneas proyectadas (Puerta de Jerez-Alameda; Plaza Nueva-Santa Justa; Prado-Macarena; Triana-La Cartuja; La Palmera-Macarena) no se ha puesto en servicio ninguna.

-Intercambiadores metropolitanos de transporte: En el Prado y en Santa Justa, de los que no hay noticias.

-Cintas transportadoras: Entre la Puerta de Jerez y la Plaza Nueva, que tampoco se han puesto en servicio.

VIEJOS PROYECTOS

Urbanismo vuelve a recordar las tres líneas de Metro que faltan y cuyo coste estimado es al menos de 3.750 millones de euros, una quimera en tiempos de crisis y justo cuando el propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, declara que “no es el momento de grandes proyectos, nadie los hace”.

En cuanto a la ampliación del tranvía, el PP fue siempre escéptico sobre la conveniencia de un medio de transporte en el que Monteseirín se gastó 80 millones de euros y que se limita a replicar en superficie parte del mismo trazado en subterráneo de la línea 1 del Metro (Puerta de Jerez-San Bernardo). Una vez en el gobierno municipal, tampoco ha mostrado el menor interés por extenderlo hasta Santa Justa y Plaza de Armas, pese a lo cual ahora utiliza los viejos proyectos de Monteseirín, que ha desechado o relegado al olvido, para tratar de justificar el parking rotatorio en la Alameda como apoyo al futurible complejo comercial en la Gavidia.

Lo mismo podría decirse de las seis líneas de microbuses: si no existen es por decisión del propio Ayuntamiento, que tiene la potestad de implantarlas a través de Tussam, la empresa municipal de transportes. Por tanto, el Consistorio le reprocha a la Junta algo que sólo es imputable a él mismo. No parece ‘a priori’ muy justificable la implantación de esta red de microbuses ideada en los tiempos de Monteseirín a la luz de la experiencia con alguna otra y con las líneas de autobuses de barrio creadas por razones políticas en tiempos de Blas Ballesteros como delegado de Transporte y que fueron una ruina para Tussam. Por más que Urbanismo las saque ahora a colación, la empresa municipal hace bien en dejarlas aparcadas mientras no se justifiquen económicamente cuando hay líneas tradicionales que conectan distintos barrios de la ciudad y que son estructuralmente deficitarias.

Más sorprendente aún es que se pretenda justificar el parking rotatorio de la Alameda con la falta de un tapiz rodante -como el de los aeropuertos- entre la Plaza Nueva y la Puerta de Jerez, una mera idea expuesta en un concurso público sin compromiso alguno y cuya materialización en todo caso, y pago de la correspondiente factura más el de la energía y su mantenimiento, correspondería al Ayuntamiento.

MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL

El argumentario de Urbanismo es bastante endeble para camuflar como medida puntual y transitoria lo que no es más que una modificación estructural del PGOU, ya que implicaría volver a poner patas arriba la Alameda durante un par de años y tirar a la basura los millones de euros gastados durante su completa y desafortunada remodelación (le ha dado un aspecto equivalente al de los paseos marítimos de Benalmádena e Islantilla) por el gobierno de Monteseirín.

El informe de la Gerencia ha coincidido con el del Real Automóvil Club de Cataluña sobre la movilidad en España y Europa y que revela que, a pesar de la drástica caída en el tráfico por la crisis económica, Sevilla es la tercera ciudad española con más atascos, causa por la cual los sevillanos pierden 16 horas/año en sus coches (en 2010 perdían 57,5 horas). Construir aparcamientos rotatorios en el Centro supondría generar un efecto llamada, como el clásico de la Gavidia hasta la calle Baños y Torneo, que agravaría aún más la saturación del tráfico rodado, pese al alivio que ha experimentado en estos años de recesión.

Asimismo, mientras la Gerencia redactaba su informe, en París se celebraba una cumbre sobre Transporte, Salud y Medio Ambiente entre los ministros europeos del ramo. Según los datos expuestos, en Europa se producen anualmente unos 500.000 muertos por contaminación, en su mayor parte generada por la circulación rodada, y 90.000 por accidentes de tráfico.

La Conferencia abogó por seguir el ejemplo de Copenhague, en la que el transporte por bicicleta supone el 26% del total. Mientras internacionalmente se apuesta por un modelo con cada vez menos coches, Sevilla va en dirección contraria tratando de crear infraestructuras de apoyo y fomento del automóvil privado.

LA ALTERNATIVA DEL CESS

El tercer elemento paralelo al informe de la Gerencia de Urbanismo ha sido el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) a la Ordenanza de Circulación. Los agentes sociales (empresarios, sindicatos, vecinos, consumidores y usuarios) han planteado al Ayuntamiento una alternativa a sus parkings rotatorios en el Centro y que evitaría la penetración de automóviles en el Casco Antiguo: ‘áreas verdes’ de aparcamiento en la periferia, conectadas con la ciudad por lanzaderas de Tussam, sobre todo en horas-punta y siguiendo el exitoso modelo del Charco de la Pava durante la Feria. A esta zona, que junto con la Banqueta del río permitió estacionar 40.000 coches cuando la Expo-92, se le podría unir, según el CESS, el entorno del estadio de la Cartuja. Esta alternativa redundaría además en beneficio de la cuenta de resultados de la empresa municipal de transportes.

Urbanismo eligió un Miércoles Santo para elevar sus tesis sobre la necesidad de aparcamientos rotatorios en el Centro por la falta de transporte público que otorgue conectividad a esta parte de la ciudad, sin reparar en que el Plan de Tráfico municipal por Semana Santa desmonta sus argumentos.

RÉCORD DE TUSSAM

Recuérdese que desde el Viernes de Dolores al Lunes de Pascua se blinda el Centro al tráfico con cortes totales de circulación en distintos puntos desde las 8 de la mañana a las 2 de la madrugada, y cortes parciales en función de las cofradías, con importante afección al acceso y uso de los aparcamientos existentes y a la mayor parte de la zona azul. Además, este año el Ayuntamiento ha dificultado aún más el uso del coche privado al eliminar las plazas de aparcamiento que existían en el Paseo de Colón y prohibir estacionar en la trasera de Plaza de Armas.

En el peor escenario posible para el coche privado y los aparcamientos existentes en el Centro (privados, públicos y rotatorios como los de Albareda, Gavidia, San Pablo….) y con la afluencia de centenares de miles de personas para ver las procesiones de Semana Santa, los autobuses de Tussam habían transportado entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo 1.468.953 pasajeros, cifra que supone 171.141 más que en el mismo periodo del año anterior (+ 13,2%) y la demostración de que la conectividad está asegurada de sobra con el transporte público actual, sin necesidad de aparcamientos rotatorios que, por otra parte, restarían usuarios a la empresa municipal e irían finalmente en detrimento del propio Ayuntamiento.

Zoido, sin argumentos en la Alameda

La primera gran decisión de Zoido tras asumir la Alcaldía el 11 de junio de 2011 fue la derogación del Plan Centro de restricciones al tráfico en el Casco Antiguo, que había aprobado el gobierno anterior presidido por Monteseirín. Para acallar las protestas de los partidos de la oposición y de los sectores ciudadanos contrarios a que el coche volviera a enseñorearse de las calles del Centro sin ningún control, el alcalde prometió  a finales de julio de aquel año la redacción de un nuevo Plan de Movilidad. El factor diferencial de este Plan en relación con el precedente era que debía ser fruto de un proceso participativo de todos los sevillanos, al contrario de lo que, a juicio del gobierno del PP,  había ocurrido con el anterior durante la coalición PSOE-IU en el Ayuntamiento: era consecuencia de una imposición de las fuerzas de izquierda a quienes no compartían su misma ideología.

El nuevo Consistorio gobernado por el PP pregonaba que el alcalde se había limitado a cumplir su promesa electoral de derogar el Plan Centro para, una vez retrotraídos a la situación anterior, partir de cero y tratar de lograr un consenso participativo en el diseño de las políticas de movilidad en la ciudad, de forma que nadie se sintiera excluido, como había ocurrido en la etapa de Monteseirín como alcalde.

PROMESA INCUMPLIDA

Pues bien, casi dos años después de formulada aquella promesa, tanto la oposición como colectivos ciudadanos, cansados de esperar, han empezado a demandarle a Zoido su cumplimiento,  y están dispuestos a abrir un frente de batalla contra el gobierno del PP, máxime tras la adopción de dos decisiones vinculadas entre sí: la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia como zona comercial (actualmente, el suelo que ocupa está calificado como superficie de interés público y social o SIPS, y el edificio, protegido como un Bien de Interés Cultural) y la derogación de la prohibición de construir aparcamientos rotatorios en el Centro, con lo cual se daría cobertura legal al futurible parking subterráneo en la Alameda de Hércules. Y es que el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, incurrió en un lapsus freudiano durante el Pleno municipal y confesó que el estacionamiento en el bulevar estaba relacionado con la recalificación de la antigua comisaría de Policía.

El Grupo Municipal Socialista ha logrado que en la Junta Municipal del distrito Casco Antiguo se apruebe la comparecencia del delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello, para que explique de una vez por todas sus planes de tráfico para el Centro, ya que cuando se acerca el ecuador del mandato de Zoido el único plan existente es, justamente, la ausencia de plan alguno y la mera adopción de medidas puntuales cuando llegan las fechas señaladas de Semana Santa y Navidad. O sea, lo mismo que se ha hecho durante toda la vida. En puridad, las novedades aplicadas son los dos coches ponemultas en servicio, cuando antes había uno solo, y la mayor actuación de la Policía Local y de la grúa multando y retirando vehículos para cumplir el objetivo recaudatorio de los 25 millones de euros en sanciones a final de año.

La solicitud del PSOE en la Junta de Distrito no parece que preocupe en absoluto a la mayoría gobernante, por cuanto hace casi un año se aprobó prácticamente la misma exigencia y el delegado Demetrio Cabello aún no se ha dignado comparecer para rendir cuentas sobre su política de movilidad, pese a la promesa inicial de Zoido y a sus continuas apelaciones a las “luces y taquígrafos”.

PLATAFORMA CIUDADANA

Mayores dolores de cabeza puede producirle al alcalde y su equipo la movilización acordada por las 26 asociaciones y colectivos ciudadanos que se integran en la Plataforma No Parking Alameda, cuyo pistoletazo de salida será fijado por la asamblea que ha sido convocada para el próximo miércoles, a las 7 de la tarde, en el Centro Vecinal Pumarejo.

La movilización ciudadana es la respuesta de la Plataforma a la aprobación provisional por parte del Pleno municipal, en su reunión del pasado 22 de febrero, de la modificación del Plan General que permitirá la construcción de aparcamientos rotatorios en el Centro y, por lo tanto, también en la Alameda de Hércules, el objetivo indisimulado declarado por el gobierno de Zoido para que preste servicio fundamentalmente al nuevo centro comercial que pretende implantar en la Gavidia, edificio que carece de estacionamiento propio.

El Ayuntamiento resucita un proyecto que, como ha recordado en estas páginas el arquitecto José García-Tapial, ya fue incluido en el PGOU del año 1962 (2.500 plazas distribuidas en cinco plantas) y rechazado por los ciudadanos, la mayoría de los partidos políticos y el Colegio de Arquitectos en los albores de la Transición.

MEDIO SIGLO ANTES

García-Tapial, rememorando la frontal oposición de aquel entonces, ha aseverado lo siguiente: “Hoy tenemos muchos más datos que entonces para desaconsejar este tipo de propuesta. Como la segura aparición de restos arqueológicos. O el riesgo que para el caserío próximo supondría alterar el curso fluvial subterráneo que aún subsiste. O las numerosas plazas vacantes aún en el vecino aparcamiento municipal de Mendigorría. ¿Se han estudiado todos estos aspectos? ¿Cómo se compatibilizaría, por ejemplo, el acceso de vecinos, carga y descarga, transporte público y usuarios del aparcamiento rotatorio por la angosta calle Calatrava, ya hoy congestionada?”.

Igualmente, la Plataforma ciudadana considera que la construcción de un aparcamiento subterráneo y rotatorio en la Alameda plantearía problemas geotécnicos y de destrucción del arbolado y que su posterior explotación provocaría la saturación de los accesos y limitaría el amplio uso que ahora tiene este espacio.

A su juicio, existen alternativas más coherentes, simples y austeras para favorecer la accesibilidad al Centro, como el fomento del transporte público -primando los autobuses de Tussam en vez de los coches privados-, la potenciación de los itinerarios con prioridad peatonal -manteniendo los carriles-bici- y la construcción de los inconclusos aparcamientos en el borde del Casco Histórico, a pesar de que los de carácter rotatorio existentes en el Centro registran un bajo grado de ocupación.

La Plataforma estima que, desde que derogó el Plan Centro, el gobierno local actúa de forma errática, por la falta de un modelo global, y que los cambios en la política de movilidad son contrarios a las determinaciones del PGOU vigente, a las directrices estatales y europeas y a la tendencia en las ciudades de nuestro entorno.

PLAN DE ACCIÓN

Por ello, los 26 colectivos ciudadanos plantean de entrada las siguientes actuaciones:

-Solicitud a la Junta de Andalucía de que no apruebe con carácter definitivo las modificaciones del Plan General y, por el contrario, que declare la Alameda Sitio Histórico.

-Presentación de un recurso en vía judicial contra el acuerdo del Pleno del 22 de febrero de 2013.

-Campaña informativa entre los vecinos de la ciudad sobre las alternativas al aparcamiento subterráneo y rotatorio en la Alameda.

-Reclamación de la elaboración participativa del Plan de Movilidad prometido por el alcalde.

-Acción de ocupación del espacio público y defensa de su uso peatonal.

DOCUMENTO MUNICIPAL

Paradójicamente, el gobierno de Zoido ha remitido a la Junta de Andalucía un estudio de movilidad para justificar la recalificación comercial de la antigua comisaría de la Gavidia que supone el mejor alegato contra el parking en la Alameda.

Según el Ayuntamiento, la apertura de un centro comercial en la Gavidia sólo generaría 1.605 desplazamientos más a la semana, debido al gran número de establecimientos ya existentes en la zona, desde grandes almacenes (El Corte Inglés) hasta pequeños y medianos comercios.

El Consistorio subraya la existencia de varios aparcamientos públicos en el intercambiador de transportes de la estación Plaza de Armas, los carriles-bici, los itinerarios peatonales, las paradas de autobuses en la citada plaza amén de las del Duque y Magdalena, más la del tranvía en la Plaza Nueva, para llegar a la conclusión de que la mitad de los 1.605 desplazamientos se realizarían en transporte público;  el 40%,  de forma no motorizada (a pie o en bicicleta) y sólo un 10% en automóvil privado.

Ese 10% supone, por tanto, tan sólo 160 desplazamientos en coche privado semanalmente o, lo que es lo mismo, 27 por cada día de la semana de apertura del centro comercial. Y, ¿está justificado levantar la Alameda para que albergue en sus entrañas 27 coches diarios?

En su afán por minimizar el impacto sobre el tráfico de un centro comercial en la Gavidia, el Ayuntamiento se ha quedado sin argumentos para justificar el parking rotatorio en la Alameda de Hércules.

La alfombra roja de Zoido

La ‘fuga’ de Decathlon, de la que se culpan el Ayuntamiento y la Junta, pone en evidencia las contradicciones del gobierno local y ha dado munición al presidente de la CES, Miguel Rus, para su sonada andanada contra Zoido.

El alcalde y su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, sostienen que si el Consistorio ha iniciado ahora y no antes la modificación puntual del PGOU para permitir en la Cartuja comercios como el ya dejado escapar de la multinacional francesa ha sido por:

1) La Junta lo tenía bloqueado porque debía darle luz verde.

2) El Gobierno autónomo no dijo anteriormente que aprobaría la modificación.

3) El proyecto había sido desechado por Monteseirín.

MODIFICACIÓN DEL PGOU

Argumentos inconsistentes. Conociendo al personaje, que  se dedica a enviar mensajes por las redes sociales reivindicando la paternidad de cuanto inaugura Zoido, es muy improbable que Monteseirín le hubiera dado largas a Decathlon cuando podía arrogarse un nuevo proyecto para Sevilla, de una marca con gran gancho popular y que habría reactivado el denostado Estadio pseudo Olímpico, otra de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad y un reto para él como el Prado (biblioteca), la Encarnación (‘Setas’) y el rascacielos (torre Pelli).

Afirmar que la Junta bloqueó Decathlon porque debía autorizar la modificación del PGOU equivale a responsabilizarla también del bloqueo de Ikea, que se hallaba en una situación similar. Si el Ayuntamiento jamás vinculó la solución del problema de la multinacional sueca a la postura que pudiera tener el Gobierno autónomo, tampoco puede hacerlo en este caso. Si el Consistorio no tramita la modificación del Plan, la Junta no tendrá ocasión de darle luz verde o roja. Es elemental.

 

CONCESIÓN POR 40 AÑOS

 

Recapitulemos. La Sociedad Estadio Olímpico convocó en 2008 un concurso para la implantación de empresas en una parcela colindante a la instalación deportiva. No hubo ningún interesado, pero después  llegó Decathlon con un proyecto de una tienda complementada por una piscina climatizada, un gimnasio y pistas para el pádel y otros deportes, para lo que necesitaría 15.000 m2 de edificabilidad (la décima parte que Ikea). La inversión estimada era de 18 millones de euros y crearía 160 empleos.

En el verano de 2008, desde Urbanismo se le dijo que podía ser viable siempre que se ajustase a los requisitos del PGOU y a los de la Junta para las grandes superficies comerciales. En marzo de 2009, la Sociedad Estadio Olímpico adjudicó a Decathlon la explotación del terreno (un derecho de superficie por un plazo de 40 años), condicionada a la obtención de licencia de obras y al ‘nihil obstat’ del Gobierno autónomo. La compañía reservó el suelo en enero de 2010 mediante el pago de una fianza de 200 euros diarios. El convenio la obligaba al abono de 440.000 euros/año a la Sociedad Estadio Olímpico, a cuyo Consejo de Administración pertenece el Ayuntamiento, que por tanto ha estado informado desde el principio del tema. Ese mismo año, la Junta dictaminó que por incluir una gran superficie comercial el proyecto de Decathlon debía adaptarse al PGOU vigente.

DOBLE DISCURSO

Por tanto, al igual que con Ikea, o la empresa se adaptaba al Plan General o éste se modificaba para ajustarse a sus pretensiones mediante un procedimiento cuya tramitación debía incoar Urbanismo.

Hay constancia de al menos dos ‘cumbres’ en la Gerencia, ya con Zoido en la Alcaldía: diciembre de 2011 y febrero de 2012. Mientras nada trascendía a la opinión pública del proyecto de Decathlon, el de Ikea aparecía continuamente en los medios. El gobierno local insistía en la necesidad de no ponerle cortapisas urbanísticas a la multinacional sueca porque a los proyectos empresariales había que extenderles una alfombra roja.

Mientras, a Decathlon se le decía todo lo contrario: su proyecto era urbanísticamente irrealizable y no se le daba tampoco la opción de cambiarle el PGOU, como se ha hecho para Ikea, la Gavidia y el parking en la Alameda. En junio de 2012 Decathlon tiró la toalla, la Sociedad  Estadio Olímpico tuvo que devolverle los más de 100.000 euros que le había entregado como  reserva y perdió una expectativa de negocio de 18 millones de euros por el canon (sin IPC), y Sevilla a su vez una inversión de cuantía similar y 160 empleos.

EL MUNDOBASKET

 

En doce meses, el ‘desbloqueador’ Zoido fue incapaz de buscarle una solución a Decathlon. ¿Por qué? Atemos cabos. El 15 de enero de 2012, seis meses antes de que la firma francesa se fuera aburrida por el Ayuntamiento, un medio local publicó: “La Gerencia de Urbanismo lleva meses negociando, a través de la Federación Española de Baloncesto, un proyecto que permitiría a Sevilla contar con un nuevo pabellón para el Mundobasket de 2014 y que después de ese evento deportivo se convertiría en un espacio multiusos en el que se mezclaría la actividad deportiva y musical con la de ocio y comercial. Este nuevo edificio estaría ubicado en la Cartuja, junto al Estadio Olímpico…El solar cumple los requisitos del proyecto: tener unos 30.000 m2 para parking y en torno a 70.000 de superficie construida en el edificio. Urbanismo estaba de acuerdo……”.

Sí, de acuerdo con el proyecto de la Federación, que amadrinaba a una empresa israelí, mientras daba largas a Decathlon. Sin embargo, en agosto de 2012 el grupo inversor israelí renunció a su proyecto, por lo que el Mundobasket tendrá que jugarse en San Pablo, y sólo después de la espantá de los hebreos y de dejarse escapar Decathlon el Ayuntamiento ha movido ficha para modificar el PGOU.

Así ha sido cómo Zoido perdió la oportunidad de extender su alfombra roja.

 

Perplejo

Antonio Rodrigo Torrijos ha mostrado su perplejidad  ante los primeros presupuestos municipales de la era Zoido por haberse incluido en los mismos la venta de la antigua comisaría de Policía de la Gavidia, “que –ha afirmado- no sólo depende del mercado, sino que ni siquiera está clara su legalidad, por sus implicaciones urbanísticas”.  El razonamiento de Torrijos sobre esos ingresos que en plan cien pájaros volanderos y todavía ninguno en mano ha contabilizado ya Asunción Fley sería impecable si el portavoz de IU no incurriera en una flagrante contradicción. Y es que el gobierno de coalición PSOE-IU de Monteseirín, del que él formaba parte como primer teniente de alcalde, también incluyó la venta de la Gavidia en sus Presupuestos desde al menos el año 2008, con el consiguiente fiasco ejercicio tras ejercicio. ¿Cómo es posible, pues, que un mismo proyecto de venta no tuviera ninguna salvedad a ojos de Torrijos cuando él lo apadrinaba como socio de Monteseirín y que ahora lo incluya en el  ‘urbanismo bajo sospecha’ cuando el que trata de venderlo es Zoido?

Cal y arena en los primeros Presupuestos de Zoido

Cuando se comparan los últimos Presupuestos de Monteseirín con los primeros de Zoido llama poderosamente la atención que, mientras en el capítulo de préstamos bancarios aparecían 9,9 millones de euros y en el de intereses financieros, 14,3 millones en las cuentas de 2011, para el nuevo año esas partidas se han disparado hasta 49,7 y 20 millones, respectivamente. Así pues, globalmente el alcalde socialista sólo tuvo necesidad de reservar 24,23 millones de euros para la banca, mientras que Zoido destina a las entidades financieras 69,73 millones, una diferencia de 45,5 millones de euros.

¿Quiere decir esto que Zoido va a incrementar el endeudamiento del Consistorio justo en las peores circunstancias económicas y cuando más difícil, y por tanto más caro, es acceder al grifo del crédito? Justamente lo contrario, y ésta es una de las claves que condicionan los Presupuestos  para 2012 por mor de, más que la herencia, la deuda recibida.

 

Porque, tal como descubrió en su día el colega Carlos Navarro, Monteseirín renegoció hasta por dos veces con los bancos la deuda municipal a fin de garantizarse un balón de oxígeno financiero en la última etapa de su mandato, pensando vanamente hasta casi el final que volvería a ser el candidato del PSOE. Por éso difirió a 2012  el pago en todo lo que pudo de deudas bancarias por valor de 272 millones de euros, aun a costa de que el Consistorio soportara luego intereses cercanos al 6%. Como, por otra parte, Monteseirín dejó los cajones llenos de facturas pendientes y tres años consecutivos (prácticamente su último mandato) de remanentes negativos de tesorería que también hereda Zoido, en este panorama “financieramente arrasado” (Gregorio Serrano ‘dixit’), la nueva Corporación ha redactado unas Cuentas con una previsión de 33 millones de euros de superávit (762 millones de ingresos frente a 728 millones de gastos) para absorber también el trienio monteseirinesco de déficits.

Y si a ello se le suma que se ha destinado una partida de 5 millones para pagar atrasos a lo proveedores –“las pymes serán las primeras en cobrar, para que no se pierdan puestos de trabajo”, declaró el alcalde-, se llega a la conclusión de que las Cuentas municipales están totalmente lastradas por el penoso legado de Monteseirín.

El superávit previsto se puede alcanzar por una doble vía: menores gastos y/o mayores ingresos. Los recortes se han aplicado fundamentalmente a la partida de Personal (un 4,16% menos) y a las transferencias a las empresas y organismos municipales (un 20% menos con la excepción política de Tussam, que recibirá 6 millones de euros más).

 

POLÍTICAS DE EMPLEO

 

Nueve de los doce millones ahorrados en sueldos corresponden a los Planes de Empleo que tradicionalmente sufragaba la Junta de Andalucía en forma de escuelas-taller y convenios para mejorar la preparación de los parados, subvenciones para cuya obtención es condición necesaria en un programa de cofinanciación que el Ayuntamiento hubiera consignado previamente las cifras en los Presupuestos.

La ausencia de partidas para estas políticas tradicionales de formación e inserción sociolaboral en una ciudad que camina hacia los 85.000 parados, y con el argumento de que no se esperan esas transferencias económicas por parte de la Junta de Andalucía, no parece coherente con la proclamación de Zoido de que su máxima prioridad es el empleo. Sobre todo porque no es verosímil que el sector privado vaya a ser la locomotora económica capaz de suplir a las Administraciones Públicas creando puestos de trabajo en Sevilla. La delegada de Hacienda, Asunción Fley, que se ha estrenado en estas lides, ha mantenido como línea argumental que, a diferencia de las Cuentas en la era de Monteseirín, los primeros Presupuestos de Zoido se caracterizan por ser realistas y no estar  ‘inflados’ con partidas como la de ‘ingresos imprevistos’.

Sin embargo, hay contradicciones en el discurso oficial, como la señalada por Juan Espadas de que se hayan incluido 30 millones de euros favorables al Ayuntamiento en la liquidación de la participación en los ingresos del Estado cuando, por la menor recaudación general debido a la crisis y a la caída de la actividad económica , en los últimos años la Corporación municipal ha tenido que devolver dinero al Gobierno.

Otra contradicción evidente es que la delegada no ha incluido ni un solo euro para el Metro, pese a que la Junta le reclama el pago de 23 millones de euros por la parte alícuota que le corresponde de los gatos de la línea 1 en 2010 y en 2011, a los que habría que sumar los del año próximo. La tesis municipal es que no se consigna partida alguna porque el Gobierno andaluz aún no se lo ha comunicado oficialmente, pese a que se celebró una reunión hace poco al respecto.

 

LA GAVIDIA COMO PRECEDENTE

 

Ello no es óbice para que, aun no habiendo sido oficialmente vendidos, el Consistorio sí haya incluido como ingresos 19,1 millones de euros por la enajenación  del edificio de la Gavidia (que deberá someterse previamente  a un complicado procedimiento administrativo, con el beneplácito de la Junta de Andalucía) y del edificio del Registro en la calle Pajaritos, y sin tener en cuenta  si esa valoración es acorde con la actual coyuntura del mercado inmobiliario, con precios hundidos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y si habrá ofertas por ellos.

En este sentido, Zoido ha acabado siendo tan poco realista como Monteseirín. Su predecesor también incluyó la Gavidia en los Presupuestos de 2009 y 2010. Tres años después, la antigua comisaría de Policía aún tiene colgado el cartel de ‘Se vende’.

El síndrome del jaramago

Zapatero ha presentado su proyecto de una economía sostenible basada  en Investigación+Desarrollo+innovación (I+D+i), un urbanismo a la medida del hombre frente a la voracidad del ladrillo, y las energías renovables. Esta iniciativa casi ha coincidido con la celebración en Sevilla de la investidura de Manuel Castells como doctor honoris causa por la Universidad Hispalense y del 40 aniversario de la creación del departamento de Genética por Enrique Cerdá. Ambos sabios llegaron procedentes de California, si bien uno se quedó y el otro se fue,  y los dos soñaron que la I+D+i  debía ser el motor de desarrollo de nuestra ciudad y que para eso era preciso dotarla de un recinto especial. Al margen de los balances sobre las 102 tesis doctorales y los 450 trabajos publicados en revistas científicas de los que se ha hablado ante la ministra Garmendia, una vasca que en su juventud vino a estudiar a Reina Mercedes atraída por el prestigio del departamento de Genética, Cerdá se ha alejado del triunfalismo oficial y ha sido muy crítico al declarar que a la ciudad no le importa la ciencia y que el verdadero apoyo a la misma habría sido que destinara 200 hectáreas para laboratorios o instalaciones universitarias.

Esas 200 hectáreas debieron ser el recinto de la Cartuja tras la Expo conforme al proyecto PINTA dirigido por Peter Hall y Manuel Castells, profesores entonces en Berkeley,  que concibieron una auténtica ciudad de la ciencia y la investigación cuyos resultados se transferirían al tejido productivo para su modernización tecnológica. Era la misma música que ahora, con otra letra, suena en la ‘economía sostenible’ de Zapatero, el cual pide diez años para ver los resultados de su apuesta. El proyecto PINTA, génesis de Cartuja 93, hubiera necesitado 20, 30 ó 40 años de maduración y ejecución, pero se habían creado tantas expectativas sobre el futuro posterior a la Expo que cuando los jaramagos colonizaron los solares dejados por el derribo de muchos pabellones nos entró el horror al vacío propio del barroquismo sevillano y el modelo se pervirtió.

Se dijo que jamás en la historia, y menos en una Andalucía subdesarrollada, se había concebido un espacio de tal magnitud sólo para las ‘batas blancas’ de los investigadores. Y, para combatir el síndrome de los jaramagos, se metió todo lo que se pudo meter y cuanto antes en la isla: el Parque Temático, empresas, servicios públicos, centros de investigación científica, centros tecnológicos, facultades, escuelas de negocios, centros formativos… por meter, se metió hasta la Policía Municipal y, ahora, hasta se rompe el tabú de las viviendas cuando se anuncian pisos para investigadores. Cartuja 93 ha acabado convertida en un batiburrillo, lejos del espíritu puro de aquella I+D+i que ahora pregona Zapatero como mágico instrumento contra la crisis. En Sevilla la pudimos haber tenido al por mayor, pero la minimizamos por miedo y falta de visión como la que tuvieron dos adelantados a su tiempo: Castells y Cerdá. En la tierra de María Santísima al final, como en la canción de Juan y Junior, siempre nos falta fe.

Por sus obras los conoceréis

El presupuesto es donde se materializa la política de un Gobierno. Éste puede proclamar su apoyo a la cultura, pero si luego en el presupuesto dota con más fondos  la construcción de campos de fútbol que  la de bibliotecas estará demostrando con hechos que tiene otras prioridades, conforme al dicho bíblico de “por sus obras los conoceréis”.

El gobierno de Monteseirín y Torrijos se presentó como “social y de progreso”, para atender a los sevillanos más desfavorecidos en virtud de los principios ideológicos de izquierda de PSOE e IU. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento aplica un tijeretazo a las partidas de Bienestar Social y Economía y Empleo para atender otros compromisos. Así, elimina un millón de euros de ayudas a domicilio, casi 40.000 de un centro de discapacitados, 139.000 euros de la partida sociocultural para la mujer, 32.000 de Participación Ciudadana, 21.000 de Educación, 85.700 de Innovación, 79.000 de Salud y Consumo, 1119.000 de Parques y Jardines….

Ese dinero detraído se destina al ‘agujero’ de Lipasam, al aparato propagandístico de Giralda Televisión y, nada menos que 413.000 euros, a promocionar el campeonato del mundo de basket de 2014. ¿Dónde queda el acento social en los presupuestos? Ahora las prioridades son otras: al Ayuntamiento ‘de progreso’ le importa más el baloncesto que las ayudas a domicilio.

Efecto llamada

La última ocurrencia del Ayuntamiento es anunciar la venta para centro comercial de la antigua sede policial de la Gavidia, comprada a módico precio al Estado para trasladar allí la Hacienda municipal desde la Encarnación una vez construidas las ‘setas’. Habrá incluso que modificar el PGOU, que califica el edificio como equipamiento público, para legitimar su privatización como complejo comercial, una maniobra que no pasará inadvertida al Gobierno, ya en pleito por los Gordales.

Si la política municipal se ha basado estos años en restringir el tráfico privado al centro y en rechazar proyectos equivalentes a éste en la Encarnación poniendo como ejemplo el ‘embudo’ de coches que se producía en la calle Baños y la ronda por el ‘efecto llamada’ del comercio en la Gavidia, ¿cómo ahora se pretende duplicar ese impacto con el equivalente a otro Corte Inglés? ¿Dónde quedan la coherencia y el modelo de ciudad de Monteseirín? Aquí, lo único que importa es hacer caja como sea.

De propietario a inquilino

Resumen del capítulo anterior del culebrón sobre las setas. En el Pleno extraordinario del 21 de julio, el Ayuntamiento aprueba ‘in extremis’ con el voto de calidad (¿?) del alcalde el segundo modificado del proyecto, que supone una aportación extraordinaria municipal de 30,47 millones de euros para culminar  la obra. Los voceros municipales reconocen a regañadientes que de los 51 millones iniciales se pasa a 89,6, si bien según las estimaciones desarrolladas anteriormente en esta página el coste real de la ‘operación Encarnación’ en que Monteseirín ha embarcado a los sevillanos ascendía a   123 millones de euros.

En ese Pleno y/o en declaraciones a los medios, Torrijos advierte de que no va a admitir ninguna desviación presupuestaria más y que no las refrendará con sus votos. Asimismo, dice contar con información reservada de que habrá más sobrecostes y que la obra no se acabará en el nuevo plazo (el quinto ya): diciembre de 2010.

DE ALQUILER EN SU PROPIA CASA

El Pleno se celebró el 21 de julio, y Monteseirín ocultó, igual que ocultó en 2007 los informes que decían que las setas eran técnicamente inviables, que estaba acabando de negociar con la empresa constructora Sacyr que el Ayuntamiento pasara de propietario del edificio de la Delegación de Hacienda en la Encarnación a inquilino y por un plazo de cinco años, tal como acordó la Junta de Gobierno reunida justamente al día siguiente del Pleno: el 22 de julio.

Como se recordará, ese pésimo jugador de billar que es el aún alcalde había ideado en 2005 la siguiente carambola: le regalaba 25 millones de euros a Sacyr y le otorgaba una concesión mercantil durante 40 años de toda la Encarnación, incluido el edificio de la Hacienda municipal, para que edificase las setas en el plazo de dos años por la ‘módica cifra’ de unos 51 millones de euros. Luego le compró al Ministerio del Interior la antigua y ruinosa comisaría de la Plaza de la Gavidia por 9,9 millones de euros y le cedió cinco solares para que construyera otras tantas comisarías, y con la Gavidia en sus manos trasladaría allí a los funcionarios de la Hacienda municipal antes de entregarle el inmueble a Sacyr para que lo rehabilitara, cosa que tampoco ha hecho, y lo alquilara para oficinas.

Cinco años después, las setas están por acabar, su presupuesto oficial casi se ha duplicado a costa de los sevillanos, Interior sólo ha construido una comisaría de las cinco, la Gavidia está más en ruina que antes y ahora hay que pagarle a Sacyr otro sobrecoste derivado de las setas en concepto de alquiler de un edificio del propio Ayuntamiento. ¿Cabe mejor metáfora de hasta dónde es capaz de llevar Monteseirín a Sevilla? La factura del alquiler será de 60.000 euros al mes, igual a 720.000 euros al año, igual a 3.600.000 euros en un lustro.

¿No decía Torrijos que no iba a admitir más sobrecostes?

BONIFICACIÓN A LOS PLACEROS

En el ínterin, los 39 placeros supervivientes del antiguo mercado se rebelan ante la pretensión de Sacyr de exigirles el pago global de 288.000 euros anuales  por ocupar las nuevas instalaciones debajo del Parasol, lo que supondría prácticamente el doble de lo que ahora abonan (de 360 euros mensuales a unos 615). Los placeros anuncian que no se van a dar por enterados de la exigencia porque pactaron con Urbanismo que la cuota mensual que tendrían que abonar no superaría el coste de mantenimiento.

Para evitar la ‘rebelión en la granja’ y más daños de imagen a su juguete preferido, el alcalde anuncia que el Ayuntamiento va a pagar ese sobrecoste porque, total, como ya destina 62.000 euros anuales al alquiler del mercado provisional el ‘statu quo’ no cambia. Una mentira más. Si Sacyr exige 288.000 euros y los 39 placeros pagan en conjunto 168.480 euros (360 euros/mes x12 meses), la diferencia a cargo del Ayuntamiento será de 119.520 euros/año. Esta cifra (sin contabilizar IVA ni IPC) supondrá 4.780.000 euros en los 40 años de concesión de las setas. Otra factura con la que no se contaba. ¿No decía Torrijos que no iba a admitir más sobrecostes?

DEMOCRATIZAR LAS VISTAS

Uno de los argumentos más demagógicos y falaces de Monteseirín, Marchena y compañía para justificar las setas era que así se democratizarían las vistas de Sevilla y la Giralda, “reservadas ahora sólo a los privilegiados que son dueños de una azotea en el Centro”, porque los sevillanos podrían subir gratis a lo alto del Parasol y solazarse viendo los tejados del caserío.

Los sevillanos no necesitan el Parasol para admirar el paisaje urbano cuando pueden hacerlo gratis desde lo alto de la Giralda, que lo duplica en altura.

Pues ahora Sacyr le exige al Ayuntamiento que le pague 180.000 euros anuales si quiere que los sevillanos tengan acceso a lo alto de las setas, ya que los turistas van a pasar por caja. Y si paga el Ayuntamiento, a la postre estamos pagando todos por, supuestamente, “democratizar” las vistas. ¿Dónde queda ahora la demagogia de Marchena? Pues bien, 180.000 euros (sin contar el IPC) en 40 años de concesión supondrán 7.200.000 euros.

Si sumamos los 3,6 millones del alquiler del edificio de la Hacienda municipal, los 4,78 millones de la bonificación a los placeros y los 7,2 millones por el acceso a las setas, veremos que los nuevos sobrecostes a futuro desde el 21 de julio ascienden a 15.580.800 euros y que el conjunto de la operación de las setas va ya por 138.580.800 euros.

Y menos mal que Torrijos decía que ni él ni IU iban a admitir más desviaciones presupuestarias.