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El Ayuntamiento de Sevilla exige a Fomento los accesos para Ikea aun sin Ikea

El Ayuntamiento de Sevilla considera que la renuncia de Ikea a construir una segunda tienda en Sevilla, concretamente en los terrenos de San Nicolás Oeste, no implica que automáticamente el Ministerio de Fomento se haya liberado del convenio firmado en su día para construir los accesos al futurible complejo comercial, esté o no esté la multinacional sueca, por lo que le exige el cumplimiento del acuerdo, que suponía una inversión superior a los 13 millones de euros.

Ikea, que llevaba desde 2008 con el proyecto de construir una segunda tienda en Sevilla pero con la idea de que le saliera gratis mediante las rentas que le generaran los comercios que se establecieran a su sombra (como un Aire Sur pero de su propiedad), no reparó en que para ello necesitaba de mucha más edificabilidad de la que le permitía el PGOU (la razón auténtica que ha frenado sus deseos), por lo que ha acabado tirando la toalla y comunicado su renuncia. También ha influido en que en estos ocho años de crisis económica los consumidores frecuentan más los comercios de proximidad que los situados en el extrarradio de las grandes urbes y que se han anunciado nuevos proyectos en el término municipal con tramitación urbanística ya más avanzada y que presumiblemente abrirán sus puertas a la par o incluso antes de lo que pudiera hacerlo esa segunda tienda en San Nicolás Oeste.

Uno de los obstáculos añadidos a su proyecto ha sido el de los accesos al mismo por carretera tras tumbar la Unión Europea el paso de la proyectada ronda intermedia SE-35, presentada públicamente como al servicio de la multinacional sueca, por medio del parque del Tamarguillo, con la que ni siquiera se había cumplido la previa y preceptiva exigencia de su evaluación de impacto ambiental.

Al fin de crear un acceso alternativo a la SE-35 que permitiera a los futuros clientes de la segunda tienda de Ikea llegar hasta la misma cuando se erigiera sobre los suelos de San Nicolás Oeste, el Ayuntamiento, presidido entonces por Zoido, y el Ministerio de Fomento, por Ana Pastor, firmaron en abril de 2015 un convenio mediante el cual el segundo se comprometió a reformar el enlace de la SE-20 y de la A-4, y el primero a asumir la titularidad -y por tanto los gastos de conservación- de la ronda Súper Norte, construida hace un cuarto de siglo para dar servicio a la Expo-92, y el muro de Defensa y la Avenida de la Raza, que formaban parte de la carretera Nacional 630.

La inversión comprometida por el Ministerio de Fomento era de 13.380.000 euros, de forma no proporcional y en tres anualidades (de 2015 a 2017), un dinero que no ha empleado todavía en lo que va de año, y no hay perspectiva de que lo libere el próximo ejercicio pero al que el Ayuntamiento no está dispuesto a renunciar.

Según fuentes municipales, el hecho de que Ikea esté presente o ausente en San Nicolás Oeste no es condición sine qua non para el cumplimiento del convenio, entre otras razones porque en el futuro puede aparecer otro operador comercial o lanzarse otro proyecto diferente, de ahí que el gobierno de Espadas exija al Ministerio el cumplimiento de su compromiso con Sevilla, para dar así la oportunidad a otro potencial inversor a desarrollar un proyecto alternativo en la ciudad.

Distribución de los 13 millones de euros

El convenio firmado en abril de 2015 establecía que el Ministerio de Fomento se comprometía a financiar una cantidad estimada inicialmente en 13,38 millones de euros (IVA incluido) con la siguiente distribución de anualidades:

  1. Reparación y acondicionamiento de la Avenida de la Raza: 180.000 euros en el año 2015.

  1. Redacción de los proyectos y control y vigilancia de la ejecución: 100.000 euros (2015); 400.000 (2016); 400.000 (2017). Total: 900.000.

     3)  Obras enlace SE-20 y A-4: 400.000 (2015); 4 millones (2016); 5,4 millones (2017). Total: 9,8 millones de euros.

    4) Obra ronda SE-20: 680.000 euros (2016); 5,9 millones (2017). Total: 6,8 millones.

Ikea, alfa y omega

Dentro de cinco días empieza a correr oficialmente el reloj político para la cita con las elecciones municipales del 24 de mayo, ya a tan sólo veinte días vista, por lo que a falta de un Pleno municipal extraordinario para la concesión de las medallas de la ciudad, el Pleno ordinario celebrado el pasado martes tuvo todo el ambiente de la despedida del mandato en que Zoido logró la mayoría más absoluta –veinte concejales- de un alcalde en la historia de la Democracia en Sevilla.

En ese último Pleno se acabó tratando sobre el mismo tema con el que Zoido inició su trayectoria como alcalde: la segunda tienda de Ikea, proyectada por la multinacional sueca en los terrenos de San Nicolás Oeste, sitos en el entorno del aeropuerto.

Con la fuerza moral y política de su arrolladora victoria en las urnas hace cuatro años, Zoido llegó a la Alcaldía prometiendo resolver poco menos que en un santiamén los problemas pendientes de la ciudad y, especialmente, los grandes proyectos que tenían un componente urbanístico, como el de la tienda de Ikea.

Por eso, de forma temeraria, anunció que en dos meses iba a desbloquear el proyecto de la multinacional nórdica, un bloqueo que achacaba a las disputas internas que hasta entonces habrían mantenido el PSOE e IU durante los últimos gobiernos de la coalición capitaneada por Monteseirín y Torrijos.

 

SIN VISIÓN TÉCNICA

 

Fue un craso error por su parte, a consecuencia de un gran desconocimiento del urbanismo y del derecho urbanístico, parcelas fundamentalmente técnicas y sometidas a procedimientos reglados y de lenta tramitación administrativa que no pueden acelerarse introduciendo un reactivo de tipo político.

El urbanismo tiene sus tiempos, máxime en un sistema jurídico garantista como el nuestro, que obliga a someter a información pública cada fase, en línea con el derecho a la participación ciudadana reconocido por nuestra Constitución y que, por la crisis del sistema, los partidos políticos se esfuerzan ahora en incentivar mucho más que antes. Ninguna fuerza osaría cuestionar los procedimientos establecidos.

Por eso resulta aún más sorprendente el desconocimiento mostrado por Zoido sobre el área más esencial de la administración local, que se expresa y desarrolla a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este documento, calificado como ‘la Biblia de la ciudad’, marca y condiciona todo lo que se puede hacer –y no hacer- en la urbe durante su periodo de vigencia.

Esta subestimación del urbanismo no ha sido exclusiva de Zoido, sino proverbial en el PP de Sevilla, como ya demostró Soledad Becerril al dejarlo en manos del PA de Rojas Marcos cuando gobernó en coalición con los andalucistas, que se vieron teniendo entre las manos el gran instrumento de poder municipal.

Zoido, pese a provenir del mundo jurídico, haber sido delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y Andalucía y líder de la oposición municipal en los cuatro años previos, no pareció aprender de la etapa de Soledad Becerril, mantuvo una visión meramente política del urbanismo –como si las cuestiones en esta parcela pudieran acelerarse o ralentizarse por el designio de los gobernantes- y nombró delegado y gerente de Urbanismo a Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo, respectivamente, dos personas con buena voluntad pero ajenas por completo a este mundo.

EL PEOR MOMENTO

Además, desembarcaron en las caracolas de la Cartuja en una de sus peores por no decir la peor época reciente. El estallido de la crisis inmobiliaria, con el hundimiento de los ingresos por licencias de obra ante la casi nula actividad constructora, había dejado bajo mínimos las arcas de la Gerencia, ya esquilmadas por la dupla Monteseirín/Marchena, que hasta se gastó el dinero del PGOU para los nuevos desarrollos urbanísticos en obras faraónicas como las Setas de la Encarnación (140 millones de euros).

Por ende, las imputaciones judiciales de la juez Alaya en las diversas ramas del caso Mercasevilla, entre ellas la venta de los suelos a una filial de Sando, causaron un miedo cerval entre los técnicos de Urbanismo a sobrepasar cualquier límite a la hora de mover papeles en el departamento, con lo que se extremaron aún más las exigencias de documentos y el agotamiento de los plazos, sin que dos neófitos como Vílchez y Leopoldo tuvieran la capacidad y los conocimientos precisos para cambiar la dinámica de funcionamiento de la Gerencia.

Frente al optimista anuncio de Zoido en 2011 de que él iba a desbloquear en dos meses el proyecto de Ikea gracias a la existencia de un gobierno local con mayoría absoluta que no tuviera que hacer concesiones a un socio de coalición, como había venido ocurriendo en la ciudad desde hacía veinte años, pronto empezó a imponerse la cruda realidad técnica del urbanismo, mucho más compleja en sus normas, plazos y garantías legales.

JUNGLA POR DESBROZAR

En realidad, el proyecto de Ikea era como una jungla que había que desbrozar a machetazos para avanzar. El alcalde descubrió que la multinacional sueca pretendía dar un pelotazo a la vieja usanza, con una recalificación urbanística a la carta y gracias a la cual, con un exceso de edificabilidad de 41.00 m2 en números redondos, construir un cinturón de tiendas alrededor de la suya como gancho y con cuyas rentas financiar de forma gratuita su segundo proyecto en Sevilla.

Por los terrenos de San Nicolás Oeste cruzaba una vía pecuaria que había que deslindar primero y desafectar después (los problemas de recalificar como urbanos unos suelos rústicos de toda la vida), con todo lo que ello implicaba de informes, exposiciones públicas, alegaciones, procesos de aprobación administrativa, publicación en boletines oficiales…

La propia normativa urbanística imponía sucesivas aprobaciones del preceptivo Plan Parcial, con aportación a los expedientes de los informes sectoriales y alegaciones también de organismos oficiales, alguno de los cuales (Dirección General de Carreteras) fue incluso negativo para los intereses del Ayuntamiento.

Y como guinda del pastel, la supeditación del proyecto a su conexión con una vía rápida de comunicación, la SE-35, pintada sobre una zona verde cual era el parque del Tamarguillo, financiado con fondos europeos, razón por la que Bruselas abrió un dictamen motivado al Gobierno de España, máxime tras el precedente del derribo de la biblioteca de la Universidad por haberse erigido sobre los jardines del Prado.

Y SIGUE

La resolución de toda esta maraña administrativa y urbanística, en la que estaban implicados también el Gobierno de la nación y la Unión Europea y no sólo la Junta de Andalucía, sobre la que siempre ha puesto el foco el Ayuntamiento, le ha ocupado a Zoido los cuatro años de este mandato. La historia, sin embargo, aún no ha terminado, ni mucho menos, porque se estima que todavía le pueden quedar un par de años de trámites urbanísticos (por ejemplo, los proyectos de reparcelación y urbanización), y de otro tipo para  la construcción de la conexión alternativa a la SE-35.

El caso de Ikea sería extrapolable a muchos otros proyectos de índole urbanística que el alcalde pensaba se desbloquearían o activarían, según los casos, por la simple formulación de un designio político del gobierno municipal, como si los procedimientos reglados pudieran desvanecerse de la noche a la mañana: la Gavidia, Altadis, Sevilla Park, el Caixaforum en las Atarazanas, el complejo comercial de Decathlon en la isla de la Cartuja, el museo de las Tradiciones junto a la Torre de la Plata, el Paseo de las Artes en Torneo, la Ciudad de la Justicia en el Prado, un nuevo puente en la Cartuja, un nuevo parking al margen del PGOU en la Alameda y en las naves de la calle Becas….

Se comprende,  pues, que por el desgaste sufrido durante estos cuatro años, Maximiliano Vílchez, que reconoció que se planteó su dimisión, no repita en la lista de Zoido para las próximas elecciones municipales: de él han dependido las dos áreas en las que el alcalde ha sufrido más sinsabores, el urbanismo y (polémicas por los arboricidios y las podas de árboles a mansalva) y el medio ambiente.

 

 

De la SE-35 a la SE-20

Una confusa nota de prensa informaba de la decisión del Consejo de Ministros del viernes de autorizar el convenio de colaboración firmado el 18 de marzo en Sevilla entre la titular del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido. Según la información difundida el día en que la ministra estuvo en Sevilla, el objetivo del convenio consistía en ejecutar los accesos a los terrenos de San Nicolás Oeste, suelos rústicos cuyos dueños son grandes propietarios y promotoras inmobiliarias y que Monteseirín recalificó en el PGOU de 2006 para usos lucrativos, de manera que pudieran albergar, entre otros futuribles proyectos, la segunda tienda de la multinacional sueca Ikea.

Al tratarse hasta entonces de suelos meramente rústicos, allí no hay infraestructuras ni accesos viarios, que teóricamente correspondería pagar a los dueños, ya que serán quienes obtengan las grandes plusvalías derivadas de su transformación para acoger fundamentalmente usos terciarios: grandes superficies comerciales como la proyectada por Ikea, complejos de oficinas, hoteles…

Sin embargo, los propietarios y promotores confiaban en beneficiarse de la denominada ronda intermedia SE-35, una carretera también prevista en el PGOU de Monteseirín y que su gobierno justificó por la necesidad de mejorar las conexiones viarias de la zona Noreste de Sevilla, como los barrios de Alcosa y de Sevilla Este.

INTERESES PRIVADOS

Por tanto, el objetivo declarado de esta carretera de índole urbana era vertebrar la parte Norte de la ciudad y, como efecto indirecto al bordear en parte los terrenos de San Nicolás Oeste por uno de sus lados más estrechos, facilitar el acceso a éstos. Toda obra pública debe proyectarse en función del interés general y no pensando en el beneficio que pueda suponer para una empresa privada. Aun así, ya desde los tiempos de Monteseirín se empezó a pervertir el proyecto de la SE-35 al presentarlo como la carretera de acceso a la segunda tienda de Ikea, cual si fuera una condición ‘sine qua non’ impuesta por la multinacional para construir no ya sólo su segunda tienda, sino también un complejo comercial alrededor por su ‘efecto llamada’ y con cuyos alquileres financiar aquélla aun cuando careciera de edificabilidad suficiente para tal propósito. Ello dio lugar en su día a enormes presiones si el desarrollo del Plan General no se adecuaba a tal objetivo.

En resumen, la multinacional sueca quería más edificabilidad de la permitida para, con el exceso de lucrativo, pagar la erección de la segunda tienda, y por ende se construiría con dinero público (coste estimado del primer tramo, 50 millones de euros) una carretera, la SE-35, para llevarle hasta sus puertas a los futuros clientes. Una jugada redonda.

CRUZANDO EL PARQUE

Aparte de ser proyectada como una vía metropolitana que se extendería a municipios limítrofes, cuando no figuraba así en el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Area de Sevilla ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Sevilla (Potaus), y por tanto carecía de marco legal en que sustentarse con tal dimensión, la SE-35 tenía otro grave pecado original del que, sin ser escuchados (como suele ser habitual; recuérdese si no lo acaecido con la ilegal biblioteca universitaria sobre una zona verde en el Prado), alertaron vecinos y ecologistas: la carretera la habían pintado los redactores del PGOU, dirigido por el arquitecto Manuel Angel González Fustegueras, cruzando por el parque del Tamarguillo.

Este parque sobre la cabecera del arroyo de infausto recuerdo por la trágica riada que provocó en la segunda mitad del pasado siglo, era fruto de la regeneración de antiguas escombreras y se había ido conformando a partir del año 2000 gracias a las subvenciones (unos 30 millones de euros) de la Unión Europea.

Los vecinos pidieron desde el principio algo que parece de sentido común: que ninguna carretera cruzara por medio del parque, sino que lo rodeara, aunque ello supusiera construir varios kilómetros más de vía, pero los redactores del PGOU optaron por la peor y más fácil solución del camino más corto, aunque supusiera dividir en dos trozos el Tamarguillo y afectara a restos arqueológicos, arroyos, lagunas, huertos y arboleda.

SIN REVISIÓN

Este dislate urbanístico, como tantos otros de la era Monteseirín, fue el que halló Zoido cuando accedió a la Alcaldía en 2011. El nuevo alcalde podría haber revisado los proyectos (por ejemplo, modificando el PGOU para cambiar el trazado de la SE-35 y que no cruzara por el Tamarguillo) o esperado a ver cómo se resolvían las quejas de ecologistas y vecinos ante Bruselas, pero hizo todo lo contrario.

En julio de 2011, apenas tres semanas después de su toma de posesión, anunció que ese mismo mes iba a resolver los problemas urbanísticos para el nuevo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses, y achacó la situación de bloqueo a supuestas discusiones entre PSOE e IU en el gobierno de Monteseirín, cuando en su opinión la solución consistía “en una firma que faltó en el anterior mandato”.

Una vez más, el discurso oficial no vinculaba la SE-35 a la mejora de la conexión de los barrios de Alcosa y Sevilla Este, sino a favorecer la implantación de la segunda tienda de Ikea, como si fuera una cuestión de Estado para la ciudad, cuando la plantilla que mantenía hasta 2011 en su centro de Castilleja de la Cuesta era de 372 empleados. Más o menos el mismo número que podía esperarse de otro equivalente en San Nicolás Oeste.

DINERO DE LOS BARRIOS

En mayo de 2012, el gobierno local retiró 29,1 millones de euros del Plan de Barrios de la ciudad ante -aseveró- la necesidad de atender “con carácter ineludible” la financiación de un tramo de la SE-35 entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008.

Cuatro meses más tarde, el 23 de septiembre de 2012, Zoido firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio para la construcción del tramo citado de la SE-35, con un coste estimado de 50 millones de euros y en virtud  del cual el Ayuntamiento aportaría 37,5 millones y el Ministerio, 12,5. El alcalde declaró al respecto: “Este tramo dará servicio al suelo en el que se pretende desarrollar el macroproyecto liderado por Ikea, que daría lugar a miles de puestos de trabajo no sólo a la hora de la construcción, sino también en el ejercicio de determinada actividad comercial en el entorno”.

A cambio de su aportación y de construir un nuevo enlace entre la SE-35 y la A-4, el Ministerio le transferiría al Ayuntamiento la titularidad -y por tanto los costes de conservación- de la SE-20 (ronda Súper Norte) y de dos tramos de la N-630.

El siguiente paso se produjo en julio de 2013, con la aprobación provisional del Plan Parcial de San Nicolás Oeste.

FRENAZO DE BRUSELAS

En febrero de 2014 se supo que la Unión Europea, atendiendo las quejas de vecinos y ecologistas, había incoado un expediente sancionador a España por el proyecto de la SE-35 a través del parque del Tamarguillo y por supuesta vulneración del procedimiento de calificación ambiental, una decisión que suponía dejar en suspenso ‘sine die’ la ronda intermedia.

Y fue entonces, y sólo entonces, cuando el Ayuntamiento, al cabo de dos años y medio de la toma de posesión de Zoido como alcalde, empezó a pensar en un plan ‘B’, en una solución alternativa tras todo ese tiempo perdido.

La solución alternativa es el objeto del convenio firmado el 18 de marzo en Sevilla por Zoido y Ana Pastor y ratificada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Consiste en construir una compleja rotonda en la SE-20 (ronda Súper Norte) y un enlace a la A-4 para facilitar el acceso a la futura tienda de Ikea y los suelos de San Nicolás Oeste (sitos entre Valdezorras, el aeropuerto de San Pablo y el parque del Tamarguillo), que serán financiados por Fomento con un coste de 13,2 millones de euros. Según la referencia del Consejo de Ministros sobre el convenio, el Ayuntamiento asume la titularidad de la ronda Súper Norte, muro de defensa y prolongación de la avenida de la Raza y empezará aportando 180.000 euros para reparar y acondicionar esta última.

Este convenio pone de manifiesto que había soluciones técnicas alternativas a la SE-35 para no cruzar por el parque del Tamarguillo y que por no ejecutar alguna de ellas desde el principio se van a perder al menos seis años (se necesitarán dos más para el proyecto y ejecución); que el dinero que iba a destinar Fomento a la SE-35 como carretera para mejorar las conexiones del sector Norte y Este de Sevilla se asigna ahora sólo a resolver el problema de los accesos a Ikea, una empresa privada; y que el Ayuntamiento cargará de por vida con la factura del mantenimiento, que hasta ahora correspondía a Fomento, de la SE-20, muro de defensa y avenida de La Raza, lo que puede suponer un coste millonario (se hizo una estimación de 2,5 millones de euros cada lustro sólo en reposición del firme de la Súper Norte).

Como decía  Cassinello sobre los pabellones de la Expo que los países querían entregar a España al final de la Muestra para ahorrarse así los costes del derribo, la transferencia de las carreteras de Fomento al Ayuntamiento suponen un “regalo envenenado” para Sevilla.

 

Sevilla bluf

El fin de semana se celebró el I Festival de Blues de Sevilla, loable iniciativa que podría
complementarse con uno paralelo sobre Bluf, definido por la Academia como un montaje
propagandístico que, una vez organizado, se revela falso.
Veamos unos ejemplos. El Ayuntamiento lleva casi dos años y medio denunciando el
supuesto boicot de la Junta a la nueva tienda de Ikea y exigiendo su desbloqueo. Una de las
razones por las que no avanzaba la tramitación administrativa era que no se había procedido al
deslinde de las vías pecuarias que cruzan el suelo elegido por los suecos.
Urbanismo presenta las Ordenanzas Fiscales y, según la información oficial, incorporan
por primera vez la asunción por parte de la Gerencia del cobro de la tasa por la ejecución de
deslindes de vías pecuarias, una competencia que -se reconoce- fue asumida por esta
Delegación el 6 de julio de 2012. Lo sustantivo no es que el Ayuntamiento diga que aplicará la
misma tasa que cobraba la Junta de Andalucía, sino que es desde hace 14 meses el
responsable del deslinde sin el cual no se podía construir Ikea, pese a lo cual el aparato
propagandístico municipal culpaba y sigue culpando de cualquier dilación al Palacio de San
Telmo.
¿Y qué me dicen del dragado? Con más ríos de tinta que agua lleva a veces el
Guadalquivir se han escrito durante años los informes y declaraciones inspirados o vertidas
directamente por ciertos lobbies locales para tratar de justificar esta vindicación ‘histórica’, la
cual también ha tomado por bandera Zoido, el cual le montó al ministro de Agricultura y Medio
Ambiente una ‘cumbre’ a tal efecto en su propio despacho de Madrid.
Arias Cañete, que no quiere pasar a la historia como quien acabó con el cultivo del arroz
en el Bajo Guadalquivir y salinizó la marisma de Doñana, ha recordado que las condiciones
para ejecutar el dragado se marcaron en una DIA de hace diez años pero que el Puerto de
Sevilla aún no ha hecho nada. Más que asustar, añado yo, con que se van a perder los fondos
europeos. Será por su causa. No ha presentado ni siquiera el proyecto, pero las fuerzas vivas
llevan un decenio en campaña con el único argumento de que como ya se gastaron 130
millones en la esclusa….
Al puente del ‘Cachorro’, construido en seco, lo calificaron como el de ‘los leperos’
porque primero fue el puente y después el río. Un símil popular igualmente aplicable a la
esclusa, por el riesgo de que a este paso haya esclusa pero se tarde decenios en cumplir los
requisitos para realizar el dragado.

Boicot

Juan Ignacio Zoido lleva dos años dando la tabarra con la cantinela de que la Junta de Andalucía le está boicoteando el proyecto de la segunda tienda de Ikea, a pesar de que el alcalde no ha presentado todavía ningún papel ante la ventanilla del Gobierno autónomo que le hayan podido rechazar. Por el contrario, quien no deja de ponerle pegas, y además con cierta parsimonia en el envío de los informes, es la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental, dependiente del Ministerio de Fomento. A los chicos de Ana Pastor se les ponen los pelos de punta con tan sólo pensar en que Ikea les pueda crear en otro punto cardinal de Sevilla otro ‘atasco perfecto’ como aquel que al Oeste colapsó la ciudad y el Aljarafe hace unos años. Para colmo, cuestionan un tramo de la SE-35 que, oh casualidad, es distinto al único cuya redacción había encargado el Ayuntamiento y que lleva más prórrogas que los partidos España-Italia. O sea, que en el caso de Ikea, por muchas maniobras de distracción que en dirección a la Junta haga, el alcalde está siendo víctima del ‘fuego amigo’.

Reválida

Cuando Max Vílchez, neófito en política y recién desembarcado en la Delegación de Urbanismo, quiso saltarse unos cuantos trámites para acelerarle el Ikea del aeropuerto a Zoido, Espadas dejó en evidencia su desconocimiento de la legislación urbanística y alardeó de que él sí se la sabía al dedillo por haber sido cocinero antes que fraile: consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Vílchez se mordió la lengua y aprendió la lección. Tanto ha aprendido en estos casi dos años que el otro día, cuando desde el equipillo de guardia del PSOE le instaron a que destinara parte del sobrante de 20 millones de la Gerencia a revitalizar los polígonos industriales, el delegado se dio el gustazo de recordarle en plan ‘profe’ a los Pavones sin Zidanes de Espadas que “el dinero recaudado por la venta de patrimonio municipal de suelo tiene que dirigirse obligatoriamente a retroalimentar el patrimonio municipal de suelo”. Max dejó a Espadas ‘touché’, nunca mejor dicho, y pasó su particular reválida. Zoido ya tiene en Vílchez delegado de Urbanismo.

La alfombra roja de Zoido

La ‘fuga’ de Decathlon, de la que se culpan el Ayuntamiento y la Junta, pone en evidencia las contradicciones del gobierno local y ha dado munición al presidente de la CES, Miguel Rus, para su sonada andanada contra Zoido.

El alcalde y su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, sostienen que si el Consistorio ha iniciado ahora y no antes la modificación puntual del PGOU para permitir en la Cartuja comercios como el ya dejado escapar de la multinacional francesa ha sido por:

1) La Junta lo tenía bloqueado porque debía darle luz verde.

2) El Gobierno autónomo no dijo anteriormente que aprobaría la modificación.

3) El proyecto había sido desechado por Monteseirín.

MODIFICACIÓN DEL PGOU

Argumentos inconsistentes. Conociendo al personaje, que  se dedica a enviar mensajes por las redes sociales reivindicando la paternidad de cuanto inaugura Zoido, es muy improbable que Monteseirín le hubiera dado largas a Decathlon cuando podía arrogarse un nuevo proyecto para Sevilla, de una marca con gran gancho popular y que habría reactivado el denostado Estadio pseudo Olímpico, otra de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad y un reto para él como el Prado (biblioteca), la Encarnación (‘Setas’) y el rascacielos (torre Pelli).

Afirmar que la Junta bloqueó Decathlon porque debía autorizar la modificación del PGOU equivale a responsabilizarla también del bloqueo de Ikea, que se hallaba en una situación similar. Si el Ayuntamiento jamás vinculó la solución del problema de la multinacional sueca a la postura que pudiera tener el Gobierno autónomo, tampoco puede hacerlo en este caso. Si el Consistorio no tramita la modificación del Plan, la Junta no tendrá ocasión de darle luz verde o roja. Es elemental.

 

CONCESIÓN POR 40 AÑOS

 

Recapitulemos. La Sociedad Estadio Olímpico convocó en 2008 un concurso para la implantación de empresas en una parcela colindante a la instalación deportiva. No hubo ningún interesado, pero después  llegó Decathlon con un proyecto de una tienda complementada por una piscina climatizada, un gimnasio y pistas para el pádel y otros deportes, para lo que necesitaría 15.000 m2 de edificabilidad (la décima parte que Ikea). La inversión estimada era de 18 millones de euros y crearía 160 empleos.

En el verano de 2008, desde Urbanismo se le dijo que podía ser viable siempre que se ajustase a los requisitos del PGOU y a los de la Junta para las grandes superficies comerciales. En marzo de 2009, la Sociedad Estadio Olímpico adjudicó a Decathlon la explotación del terreno (un derecho de superficie por un plazo de 40 años), condicionada a la obtención de licencia de obras y al ‘nihil obstat’ del Gobierno autónomo. La compañía reservó el suelo en enero de 2010 mediante el pago de una fianza de 200 euros diarios. El convenio la obligaba al abono de 440.000 euros/año a la Sociedad Estadio Olímpico, a cuyo Consejo de Administración pertenece el Ayuntamiento, que por tanto ha estado informado desde el principio del tema. Ese mismo año, la Junta dictaminó que por incluir una gran superficie comercial el proyecto de Decathlon debía adaptarse al PGOU vigente.

DOBLE DISCURSO

Por tanto, al igual que con Ikea, o la empresa se adaptaba al Plan General o éste se modificaba para ajustarse a sus pretensiones mediante un procedimiento cuya tramitación debía incoar Urbanismo.

Hay constancia de al menos dos ‘cumbres’ en la Gerencia, ya con Zoido en la Alcaldía: diciembre de 2011 y febrero de 2012. Mientras nada trascendía a la opinión pública del proyecto de Decathlon, el de Ikea aparecía continuamente en los medios. El gobierno local insistía en la necesidad de no ponerle cortapisas urbanísticas a la multinacional sueca porque a los proyectos empresariales había que extenderles una alfombra roja.

Mientras, a Decathlon se le decía todo lo contrario: su proyecto era urbanísticamente irrealizable y no se le daba tampoco la opción de cambiarle el PGOU, como se ha hecho para Ikea, la Gavidia y el parking en la Alameda. En junio de 2012 Decathlon tiró la toalla, la Sociedad  Estadio Olímpico tuvo que devolverle los más de 100.000 euros que le había entregado como  reserva y perdió una expectativa de negocio de 18 millones de euros por el canon (sin IPC), y Sevilla a su vez una inversión de cuantía similar y 160 empleos.

EL MUNDOBASKET

 

En doce meses, el ‘desbloqueador’ Zoido fue incapaz de buscarle una solución a Decathlon. ¿Por qué? Atemos cabos. El 15 de enero de 2012, seis meses antes de que la firma francesa se fuera aburrida por el Ayuntamiento, un medio local publicó: “La Gerencia de Urbanismo lleva meses negociando, a través de la Federación Española de Baloncesto, un proyecto que permitiría a Sevilla contar con un nuevo pabellón para el Mundobasket de 2014 y que después de ese evento deportivo se convertiría en un espacio multiusos en el que se mezclaría la actividad deportiva y musical con la de ocio y comercial. Este nuevo edificio estaría ubicado en la Cartuja, junto al Estadio Olímpico…El solar cumple los requisitos del proyecto: tener unos 30.000 m2 para parking y en torno a 70.000 de superficie construida en el edificio. Urbanismo estaba de acuerdo……”.

Sí, de acuerdo con el proyecto de la Federación, que amadrinaba a una empresa israelí, mientras daba largas a Decathlon. Sin embargo, en agosto de 2012 el grupo inversor israelí renunció a su proyecto, por lo que el Mundobasket tendrá que jugarse en San Pablo, y sólo después de la espantá de los hebreos y de dejarse escapar Decathlon el Ayuntamiento ha movido ficha para modificar el PGOU.

Así ha sido cómo Zoido perdió la oportunidad de extender su alfombra roja.

 

Ikea dinamita el discurso de la ‘Gran Sevilla’

Si aún proyectaran las películas premiadas en los Oscar, quizás más de un sevillano decidiría ir a verlas a multicines como Metromar, Abaco o Al Andalus También podría haber optado ayer sábado por un día de compras en Airesur, acercarse a ver gangas en el ‘Factory’ del aeropuerto, buscar  ‘gadget’ electrónicos en el Mediamarkt de la autovía del 92, ver la nueva oferta de MerKmueble al pie de la carretera de Huelva, hacer deporte en el Sato del polígono Pisa, darse una vuelta por el ‘outlet’ de La Cartuja en la antigua ruta a Mérida, llevar a los niños a la bolera del Megaocio, comprar productos ‘made in Germany’ en el Lidl frente a la arrocería de Herba o acabar la tarde en un asador argentino del extrarradio.
Cada día, miles de sevillanos se desplazan con total naturalidad para comprar, comer, trabajar, vestirse, practicar deporte o divertirse  en cualquiera de los sitios citados sin reparar en el hecho, o no darle mayor importancia, de que radican en Castilleja de la Cuesta, Mairena del Aljarafe, Bormujos, La Rinconada, Bollullos de la Mitación, Salteras, San Juan de Aznalfarache o cualquiera de los otros 46 municipios del área metropolitana, eso que los políticos llaman la ‘Gran Sevilla’.

En sentido inverso, si cada día 200.000 vehículos acceden desde el alfoz a Sevilla capital es porque decenas de miles de residentes en ésos y otros pueblos  vienen de igual modo a la metrópolis a trabajar, comprar, pasearse o divertirse, sin sentirse forasteros, sino como cualesquiera otros vecinos de la ciudad.

UNA CONURBACIÓN

La construcción de urbanizaciones de adosados y de barrios enteros a continuación o extramuros de los pueblos, han convertido Sevilla y su área metropolitana en una conurbación, donde millón y medio de personas comparten el mismo espacio físico, los equipamientos comerciales, culturales y de ocio y las infraestructuras, hasta el punto de que un macroatasco, como el famoso de Ikea, colapsa el tráfico en la capital y buena parte de su área de influencia.

Esta realidad se ha formado como un magma con irracional voluntad propia y se ha extendido como mancha de aceite, sin orden ni concierto, superando los tímidos intentos de las Administraciones por domesticarla, siempre a destiempo y con planes urbanísticos o de ordenación del territorio (Potaus) que no han pasado de meros diseños sobre el papel.

DOBLE CAPITALIDAD
El caso de Ikea en Sevilla capital ha demostrado que mientras los ciudadanos tienen más que asumida el área metropolitana y se mueven por ella como peces en el agua, el discurso político sobre la ‘Gran Sevilla’ ha saltado hecho añicos a las primeras de cambio.

Fue muy significativo que Zoido hiciera en su investidura como alcalde un alegato en defensa de Sevilla como capital de Andalucía y reclamara una ley específica de capitalidad y olvidara subrayar el rol de la urbe como genuina capital de su gran área metropolitana, que le aporta 800.000 habitantes más (1,5 millones en el global) y la dota de un peso demográfico y económico contra el que Málaga no puede competir por la primacía regional.

Por contraste, quizás por su experiencia previa como presidente de la Diputación, Monteseirín siempre hizo referencias en sus tomas de posesión al papel que debía jugar Sevilla  como representante y valedora de los municipios de su entorno.

ALCALÁ EN ESCENA

Ante las dificultades que está teniendo el Ayuntamiento sevillano para satisfacer las exigencias que en suelo y comunicaciones plantea desde hace meses Ikea para construir en San Nicolás Oeste un nuevo complejo comercial, el Consistorio hermano (¿o no?) de Alcalá de Guadaíra, dirigido por el socialista Gutiérrez Limones, divulgó que dispone de 3 millones de m2 de terrenos ya urbanizados al borde de dos vías estratégicas, la A-92 y la SE-40,  y con el Plan Parcial aprobado en fase inicial.

Limones advirtió que su ofrecimiento tenía por objeto “evitar que se pongan en peligro (7.000) puestos de trabajo por los problemas de Sevilla”, dado que en reiteradas ocasiones la multinacional ha amenazado con llevarse su inversión a otra parte. El alcalde de Alcalá, que ha esperado ocho meses a que Zoido solucionara en sus prometidos “quince días” el bloqueo de Ikea, ha actuado con visión metropolitana al declarar: “Aquí debe primar el interés general por encima de cualquier ayuntamiento y de cualquier color político, porque es una gran oportunidad para la provincia de Sevilla, y Alcalá tiene la posibilidad de que esta actuación se realice de inmediato”.

RIVALIDAD

No lo ha entendido así Zoido, que ha visto a Limones como un competidor “por oportunismo político” y a Alcalá como una amenaza para Sevilla en vez de cómo extensión de sí misma. Pidió en el Pleno a la Oposición formar un bloque común para “ir juntos” por el proyecto de Ikea frente a la ciudad del Guadaira. Hasta el portavoz socialista, Espadas, se ha alineado con él y contra su correligionario Limones, con el argumento de que el proyecto debe desarrollarse en la capital “al haber sido el PSOE el que logró traerlo a esta ciudad”. Se da la circunstancia de que Espadas ha sido consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio (¿?)  y, por tanto, se le suponía una visión supramunicipal y metropolitana y menos localista.

Probablemente, a los ciudadanos les resultará indiferente que el híper del mueble  se instale junto a la SE-35 o la SE-40, en término de Alcalá o de Sevilla, porque irán a comprar igual en un sitio que en otro, como ya lo hacen en el Ikea ‘de’ Castilleja.

Cualquier día los suecos anuncian que ni en Sevilla ni en Alcalá, que se van a Córdoba o a otra parte, pero la clase política seguirá con su pomposo discurso de la ‘Gran Sevilla’.

Capitalidad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha montado otra escandalera tras conocer la carta de siete folios que su colega, correligionario y no sé si también amigo Zoido  le remitió a Griñán para pedirle además de todo lo pedido una ley de Capitalidad para la capital de Andalucía, que dice el Estatuto de Autonomía es Sevilla aunque en la Costa del Sol no se lo quieran creer y sigan anclados en la leyenda negra del centralismo sevillano como los anglosajones en la de la Inquisición. El regidor malagueño, aparte de proclamar que su ciudad se ofrece a ejercer de capital gratis, ha descalificado la iniciativa de Zoido argumentando que eso sería como regalarle a Sevilla una Expo permanente. En medio de esta trifulca dialéctica por la que Málaga se reafirma de vez en cuando gracias a nosotros, alerta Galadí de que Ikea se puede ir a Córdoba. Zoido  reconoce que la multinacional sueca tiene otras ofertas y añade que Sevilla tiene ventaja “por ser la capital de Andalucía”. Así le da Juan Ignacio balas a Francisco de la Torre para que siga disparando a Sevilla.

 

 

 

 

El modelo de ciudad

El  presidente de Gaesco, Miguel Rus, ha aprovechado la polémica sobre la recalificación de Ikea para exigir que se cambie el PGOU. A su juicio, el Plan General “ha provocado una paralización en el sector parecida a la de Marbella”, pese a que “hay demanda” y a que Sevilla “no tiene problema de stock de viviendas”.

Según Rus, “el PGOU se aprobó en un momento en el que sólo se pensaba en cómo recortar el crecimiento desmedido del sector inmobiliario. Ahora –añade- tenemos las mismas normas o más, la misma inflexibilidad que pusimos para frenar el sector, cuando lo que hace falta hoy es lo contrario: reactivar y facilitar a los pocos empresarios que quieran implantar su proyecto, invertir y generar riqueza”.

La patronal intenta hacer creer que el Plan coarta el desarrollo de Sevilla con otros argumentos similares, como que sólo ha sido ejecutado en un 2%: “Si en cinco años –afirma Rus- no se hizo ningún bordillo es que algo no funciona”. ¿Puede decirse con seriedad que un Plan que ha reservado suelo para 55.000 viviendas y del que aún quedan por desarrollar 13 millones de m2 de terreno industrial está frenando la construcción? ¿Quién si no los promotores y constructores deben desarrollar ese 98% pendiente?

El problema no es el PGOU, sino que los constructores todavía no se creen que la dorada –para ellos- época de la burbuja inmobiliaria ha terminado. Rus queda en evidencia cuando dice que Sevilla no tiene problemas de ‘stock’  justo cuatro días antes de que el Ministerio de Fomento difundiera que hay 18.803 viviendas nuevas sin vender. No digamos las usadas, de las que la banca tiene para dar y repartir como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias.

Las  catorce inmobiliarias más grandes del país sólo han vendido en el primer semestre 900 pisos. ¿Dónde está la demanda de que habla Rus en una nación que anualmente construía más viviendas que Alemania, Francia e Inglaterra juntas –ahora sobran dos millones de pisos-, con cinco millones de parados, sin desgravación fiscal por compra de vivienda que siga inflando la burbuja, sin ayudas a la VPO por la falta de fondos de las Administraciones y sin financiación hipotecaria por la delicada situación de la Banca?

En los cinco años del PGOU, los promotores sólo desarrollarán –y porque el Ayuntamiento les adelanta 14 millones de euros- dos bolsas de suelo: Hacienda del Rosario (Gabriel Rojas) y Palmas Altas Sur (Metrovacesa). Pero esta última empresa  ha comunicado a la CNMV que suspende el desarrollo de nuevos proyectos residenciales ante el deterioro del mercado inmobiliario: en el primer trimestre sólo logró ‘prevender’ trece pisos. ¿También esto es culpa del PGOU y de su supuesta inflexibilidad? Y todavía Rus aboga  por construir en Tablada. Si se hubieran hecho pisos en la dehesa, ¿cuántos estarían hoy vacíos y qué ruina no habrían causado a los compradores a crédito y a la banca financiadora.

El PGOU ha calificado suelo de sobra y está aún por desarrollar. El problema de fondo es que los promotores y constructores, insaciables, quieren  recalificaciones a gogó para que con el exceso de edificabilidad sus inversiones les salgan gratis. ¿No era el riesgo el factor diferencial de los empresarios y la razón que justificaba su lucro?

Ikea exige 41.400 m2 más de edificabilidad para un parque comercial en torno a su segunda tienda frente al aeropuerto. Con su ‘efecto llamada’, pese a que lo niegue Zoido, ha abierto la veda y ahora se acumulan las exigencias de recalificaciones a la carta. Isla Mágica pide que sus 45.000 m2 en la Cartuja, con 1.700 m2 de uso comercial,  se le recalifiquen para poder construir sin limitación más áreas comerciales y lúdicas. El Sevilla F.C., beneficiario ya de dos recalificaciones (el Nervión Plaza es fruto de la primera), plantea una tercera para colmatar aún más una zona ya saturada de comercios. El Betis, al que se le regaló una zona verde de Heliópolis para comercios y hoteles, también quiere más en línea con el Sevilla, aunque sea a costa de embutir en ladrillo el Benito Villamarín. Primark plantea otra operación comercial en la Gavidia. Altadis, que cerró la fábrica de tabacos más antigua del mundo, pretende que le cambien la calificación industrial …..

¿Es la salida a la crisis multiplicar los centros comerciales en una ciudad que ya tiene 25 grandes superficies y regalar edificabilidad a tutiplén? ¿Hay que cambiar el PGOU continuamente para acoger sólo y exclusivamente proyectos comerciales cuando según el Instituto de Estadística de Andalucía las ventas en las grandes superficies han caído un 6,3% en mayo?

Volvamos al ejemplo de Ikea: la recalificación de 41.400 m2 que pretende en San Nicolás sería a costa de detraer esa edificabilidad de la prevista para la implantación de empresas de servicios avanzados. Si se van colmatando los espacios y ocupándolos con lo primero que venga -como ocurrió en la Cartuja por el ‘horror vacui’, y ahora falta espacio para la Tecnópolis-  nos quedaremos sin suelo de calidad que ofrecer a otros inversores que no sean meramente del comercio, porque sólo con una economía diversificada y no con un monocultivo (ladrillos y centros comerciales no han impedido que tengamos más de 70.000 parados) se resiste mejor la crisis.

Para eso se redacta un PGOU: para planificar el futuro. Si el Plan se cambia continuamente por los intereses de unos y de otros, significa que Sevilla carece de modelo económico y de modelo de ciudad.