Archivo de la etiqueta: viviendas

La pirámide de Maslow

Sevilla tiene 24.000 viviendas al borde de la ruina y 63.000 sin siquiera ascensor

Los políticos, en vez de cubrir las necesidades básicas, sólo hablan de grandes obras

 

Abraham Maslow fue un psicólogo humanista estadounidense que acuñó la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas: las personas, a medida que satisfacen sus necesidades básicas, van desarrollando otras más elevadas hasta llegar, teóricamente, a su autorrealización.

Como las necesidades pueden ser ordenadas conforme a la importancia que tienen para el bienestar personal, la representación gráfica de esa jerarquía se suele hacer en forma de pirámide (desde las básicas hasta las espirituales), de ahí que la teoría del psicólogo neoyorquino sea conocida como la pirámide de Maslow.

Muy resumidamente, las necesidades prioritarias y que conforman la base de la pirámide son, por pura lógica, las fisiológicas. El portavoz del grupo municipal de IU, Daniel González Rojas, que no sabemos si ha leído a Maslow, las resume en su frase “pan, techo y trabajo”. Efectivamente, las necesidades más vitales del ser humano son comer, beber y tener un refugio donde guarecerse de las inclemencias meteorológicas. Según Maslow, hasta que no se han cubierto las necesidades de este nivel todas las demás son secundarias.

El segundo nivel serían las necesidades de seguridad, en todos los órdenes de la vida: la seguridad física de índole personal y familiar (la salud) y social (de orden público garantizado, para que no te asalten o te maten por la calle).

El tercer nivel de la pirámide serían las necesidades de afiliación, o sea las que tienden a superar los sentimientos de soledad mediante la formación de una familia y la integración en la sociedad a través de la pertenencia a una iglesia, las cofradías, un club social, un club deportivo…

Ascendiendo por la pirámide psicológica llegamos al cuarto nivel, donde estarían las necesidades de reconocimiento social (reputación, fama, premios…), a partir de (o que trae como consecuencia) la autoconfianza y la satisfacción con uno mismo, por el hecho añadido de gozar de la consideración por parte de la sociedad en la que se ha producido la integración.

Y en el vértice de la pirámide se encontrarían las necesidades de autorrealización personal, de desarrollo espiritual, de buscar el cumplimiento de una misión, de hallar el sentido de la propia existencia, de darse al prójimo, de trascender lo material porque todas las necesidades en ese ámbito llevan ya tiempo cubiertas.

 

APLICACIÓN SOCIAL

 

La pirámide de Maslow se refiere a la jerarquía u orden de prioridades de las necesidades humanas. ¿Y si la aplicamos a la escala de toda una sociedad, como en nuestro caso Sevilla? Si trasladamos y superponemos la pirámide a Sevilla como ciudad, ¿qué necesidades deberían ser satisfechas primero antes de pasar al siguiente nivel?

Vemos que nuestros políticos, con el alcalde a la cabeza, generalmente suelen hablar de las grandes infraestructuras como la prioridad de Sevilla: que si las tres líneas pendientes del Metro (un coste de al menos 3.700 millones de euros) o, para empezar, del tramo Pino Montano-Prado de San Sebastián de la línea 3 (700 millones de euros); que si la SE-40 y sus túneles bajo el río Guadalquivir (más de 500 millones de euros sólo para estos últimos); que si la Ciudad de la Justicia no se sabe bien todavía dónde (al menos 100 millones de euros); que si la prolongación del tranvía hasta Santa Justa (23,4 millones del tendido más 16 millones para los tranvías), que si…..

Mientras nuestros dirigentes sólo hablan de inversiones multimillonarias en grandes infraestructuras y se colocan por tanto en la parte alta de la pirámide en la jerarquía de las necesidades de Sevilla, hace tan sólo unos días el Ayuntamiento presentó un estudio sobre el estado de las viviendas de nuestra ciudad que revela que hay 24.236 que precisan de rehabilitación y que, de ellas, 18.573 se encuentran en estado deficiente, malo o ruinoso.

ORDEN DE PRIORIDADES

¿No situaba acaso Maslow el refugio, o sea un techo bajo el que cobijarse, en la base misma de su pirámide? Conforme a la jerarquización de las necesidades, la rehabilitación de esas 24.236 viviendas, con toda la creación de empleo que supondría en nuestro sector de la construcción y en las industrias auxiliares, debería ser para el Ayuntamiento una prioridad mucho más importante que iniciar la línea 3 del Metro o prolongar el tranvía hasta Santa Justa, conforme al principio de Maslow de que no se debe subir del nivel en la pirámide sin previamente haber satisfecho las necesidades del nivel precedente. ¿Qué es más básico e importante, tener un parque de viviendas en perfecto estado de revista y en que vivan dignamente todos los sevillanos o dedicar 700 millones al Metro y dejar 24.236 viviendas al borde de la ruina?

Más demoledor aún es el dato de ese mismo estudio elaborado para el Plan Municipal de Vivienda 2018-2023 de que tenemos 63.435 edificios de cuatro o más plantas sin ascensor, con todo lo que eso supone de menor calidad de vida para sus habitantes y de graves problemas en caso de imposibilidad física y a medida que faltan las fuerzas conforme pasan los años y se va envejeciendo. El grupo constructor Praysa redactó un informe el pasado verano en el que cifró en más de 100.000 las personas sin ascensor en Sevilla, de las que 10.500 tienen algún tipo de incapacidad y más de 7.000 sufren problemas de movilidad reducida. Singular fue el caso de la vecina del Polígono de San Pablo que no había podido salir de su piso en trece años, hasta que le instalaron un elevador en el bloque.

El pasado mes de julio, la Gerencia de Urbanismo abrió un periodo para solicitar ayudas para la colocación de ascensores y para el desarrollo de medidas de accesibilidad en el parque de viviendas más antiguo, con una cuantía de 850.000 euros, más otros 250.000 para complementar las actuaciones de otras Administraciones (por ejemplo, la Junta de Andalucía) en esta línea.

MÁS DE MIL AÑOS

¿Cuánto cuesta instalar un ascensor en un edificio antiguo que no lo tiene? Obviamente, depende de muchos factores. Cada inmueble es un caso distinto. En foros especializados del sector se estima que colocar un ascensor pequeño con seis paradas puede rondar los 30.000 euros, en función de los acabados interiores y exteriores. Otras fuentes hablan de al menos 50.000 euros. Si tomamos el primer precio, el más barato, el 1,1 millones de euros de la convocatoria de la Gerencia de Urbanismo daría para instalar 37 ascensores, en números redondos. Pues bien, a este ritmo se tardarían 1.714 años en dotar de ascensor a esos 64.435 edificios carentes de este equipamiento básico.

Si aplicamos la pirámide de Maslow a la jerarquía de necesidades de Sevilla, ¿acaso no se deduce por pura lógica cuál debe ser el orden de prioridades de la ciudad, su Plan Estratégico? ¿Debemos pensar en gastar 700 ó 3.700 millones de euros en una medio línea o una red de Metro antes que en dotar de ascensores a 63.435 viviendas y a 100.000 sevillanos que no lo tienen?

Cuando era senador y líder de la oposición municipal, Espadas propuso un plan para crear empleo en la Sevilla por entonces de los 90.000 parados (ahora 74.277, según la estadística oficial del pasado septiembre) dotando de aislamiento al mayor número de edificios posible y financiando la operación con el ahorro energético que se conseguiría. Ahora que es alcalde, ¿no se le ocurre un plan para crear empleo rehabilitando esos 24.236 inmuebles en mal estado y dotando de ascensores a los 63.435 en los que sus vecinos han de subir las escaleras a pie, con lo que de paso satisfaría una necesidad básica del primer nivel de la pirámide y elevaría notablemente la calidad de vida de tantos sevillanos?

 

MEGALOMANÍAS

 

El pasado curso hemos vivido la polémica, propia de una sociedad subdesarrollada, por los colegios de nuestros hijos carentes de aire acondicionado en pleno siglo XXI, con temperaturas superiores a 30 grados en sus aulas por ser la nuestra una ciudad tórrida y cada vez más afectada por el cambio climático. ¿Imaginamos en la fría Alemania colegios sin calefacción? Pues bien, ¿en qué nivel de la pirámide de Maslow colocaríamos este problema irresuelto de la falta de climatización? ¿Y el de las bibliotecas cerradas por las tardes por falta de personal? ¿No es acaso una necesidad básica de una sociedad contar con una buena red de bibliotecas para elevar el nivel cultural de sus habitantes y que habría que satisfacer antes que seguir subiendo nivel tras nivel hasta la cúspide de la pirámide gastando los recursos en otras cosas menos esenciales?

La pirámide de Maslow aplicada a Sevilla y a la política local es un magnífico instrumento para calibrar el orden real de nuestras prioridades como ciudad y medir el grado de sensibilidad social o de megalomanía de nuestros gobernantes. ¿Atienden los básico o lo superfluo?

Un alcalde con sensibilidad social y sentido común no se habría gastado, como hizo Monteseirín,  138 millones de euros, detraídos además del dinero destinado a los barrios, en levantar las prescindibles Setas de la Encarnación teniendo una ciudad con más de 70.000 parados, 24.000 viviendas al borde de la ruina y 63.000 sin ascensor. En su megalomanía se colocó en el vértice de la pirámide cuando en la vida real Sevilla aún tiene los pies de barro.

El Alcázar y el Acuario

El teórico número dos de Zoido, delegado del Real Alcázar y de Relaciones Institucionales y presidente del Pleno municipal, el catedrático Javier Landa, proclamó hace unos días que el Consistorio hispalense “nunca ha renunciado ni renuncia” a conseguir la cesión de las casas vinculadas al que es considerado el palacio real en uso (residencia oficial de los Reyes de España cuando vienen a Sevilla) más antiguo de Europa: el Alcázar.

Landa ha calificado esta pretensión de “reivindicación histórica”, ya que todas las viviendas ubicadas en el Patio de Banderas están incluidas en el Plan Especial de Protección del Sector 6 del Conjunto Histórico de la ciudad, el cual, dicho sea de paso, aún sigue pendiente de aprobación a estas alturas del siglo XXI.

El delegado del Alcázar ha sido taxativo al insistir en que en ningún momento el gobierno de Juan Ignacio Zoido ha pensado en renunciar a las viviendas, sino todo lo contrario: “Siempre hemos trabajado -ha aseverado- con el ánimo de conseguir que estas casas sean devueltas a Sevilla”.

ANTECEDENTES

Este pronunciamiento público de Javier Landa se ha producido después de una serie de acontecimientos previos. El pasado mes de julio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó, entre otras muchas en Sevilla capital y provincia, la enajenación de seis viviendas de la Judería sevillana mediante subasta pública y en el marco del Plan de Racionalización de Bienes, publicado entonces por Viva Sevilla.

Estas viviendas estaban claramente vinculadas a las murallas del palacio real sevillano y el anuncio de subasta por parte del Gobierno central motivó que el portavoz del grupo municipal socialista, Juan Espadas, recordara el viejo litigio que mantiene la ciudad de Sevilla con el Ejecutivo de la nación, haya sido del color político que haya sido, desde que durante la II República el ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, le cedió mediante un Decreto el Alcázar y sus jardines.

Tal como han recordado cuatro exalcaldes sevillanos durante la Democracia (Luis Uruñuela, del PA; Manuel Del Valle, PSOE; Alejandro Rojas Marcos, PA; Alfredo Sánchez Monteseirín, PSOE), el Ayuntamiento hispalense de 1931 aceptó la cesión por parte del Ministerio de Hacienda, pero la consideró incompleta porque no incluía las viviendas y huertas que históricamente habían estado ligadas al Alcázar, de ahí que dejara pasar un tiempo sin inmatricular el palacio, en espera de que el Gobierno central corrigiera y ampliara aquella cesión.

OCHENTA AÑOS

Hasta el 30 de diciembre de 1935 no la elevó el Consistorio a escritura pública, con lo cual en la inscripción registral sólo se pudieron inmatricular el Real Alcázar y sus jardines, pero no las casas del Patio de Banderas y otras de la Judería, ni las huertas tradicionales. A a lo largo de los 80 años transcurridos desde entonces, las corporaciones municipales y alcaldes que se fueron sucediendo antes de la llegada de Zoido a la Plaza Nueva mantuvieron ante el Gobierno de la nación la exigencia de la ciudad de lograr no sólo el Alcázar y sus jardines, sino también el caserío adosado o vinculado al mismo y que se consideraba parte del conjunto arquitectónico. Y es que, a diferencia de otros palacios reales que suelen hallarse desconectados físicamente de su entorno y se erigen solitarios en medio de un gran espacio libre a su alrededor para que realce aún más su preponderancia como símbolo del poder, el Alcázar sevillano se integra en la trama urbana por tres de sus cuatro lados y no emerge con una imponente silueta para que destaque su carácter real.

Como un hecho insólito y excepcional, los cuatro alcaldes democráticos citados han remitido una carta a Juan Ignacio Zoido en la que le instan a que solicite al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que ceda de forma gratuita a la ciudad de Sevilla las casas que históricamente estuvieron vinculadas al Alcázar y que incluyó en el mes de julio entre los bienes que se pretende sacar a subasta antes de que acabe el año.

Si ello ya no fuera posible, los ex-alcaldes recomiendan a Zoido  que, como alternativa, se conceda al Ayuntamiento el derecho de tanteo y/o retracto sobre estos inmuebles (permitirle adquirirlos antes que otros pagando por ellos el mismo precio o bien ‘a posteriori’ y en esas mismas condiciones una vez transmitidos a terceros) y que se convoque una reunión extraordinaria del Patronato del Real Alcázar “para que se adopten las resoluciones que en Derecho procedan”.

RESPALDO

La carta de los exalcaldes ha supuesto un espaldarazo para Juan Espadas, que a mediados de octubre alertó sobre la subasta y ya alertó a Zoido que optara por “una posición frontal y beligerante contra la decisión de Montoro y de Rajoy de hacer caja a costa de lo que desde 1931 se ha entendido como bienes que pertenecen a Sevilla”, y anunció la presentación de una propuesta para que todos los grupos políticos del Ayuntamiento apoyaran de forma unánime la petición de paralización de la venta y de culminación de cesión gratuita de los inmuebles a la ciudad.

Espadas, además, no se dejó llevar por sus posiciones ideológicas, ya que entre sus exigencias de recuperación patrimonial para Sevilla incluyó también una vivienda del Patio de Banderas que ha acabado en manos de la Junta de Andalucía, para que el Gobierno autonómico haga lo mismo que el central y lo transfiera al Consistorio.

MORALEJAS POLÍTICAS

La reivindicación de las casas del entorno del Alcázar, aun siendo de carácter histórico y patrimonial, no deja de tener bastantes lecturas políticas, todas negativas para Zoido, a saber:

1) No fue capaz en su momento de frenar la inclusión de los inmuebles en las subastas del Ministerio de Hacienda, pese a que el ministro, Cristóbal Montoro, es diputado del PP por Sevilla y el alcalde alardea de tener hilo directo con él.

2) Una vez incluidas las casas en la subasta pública, no ha tenido reflejos políticos para exigir su paralización y ha dejado que una causa histórica de la ciudad la abandere el líder de la oposición, Juan Espadas, en vez de él mismo como alcalde.

3) No ha tenido reflejos, ni él ni Landa, para que al menos fuera el Patronato del Real Alcázar, el organismo de notables y capitulares municiapales que vigila la gestión del monumento, Patrimonio de la Humanidad, el que en su defecto se significara ante el Ministerio.

4) Han sido los exalcaldes y no los Servicios Jurídicos municipales ni el Patronato del Real Alcázar los que le han señalado la posible solución jurídica (el derecho de tanteo y retracto) al problema creado por el anuncio de subasta.

5) Queda en la opinión pública la impresión de que Zoido, con su pasividad e inhibición, ha antepuesto su condición de disciplinado militante del PP y obediente con el Gobierno de Rajoy a la de alcalde de Sevilla y, como tal, obligado a ser el primer defensor de los intereses de la ciudad.

6) Vuelve a proyectar la imagen de que carece de influencia en Madrid, por más que sea también el presidente del PP en Andalucía. El indudable sacrificio a que se ha sometido él mismo como persona y a la ciudad por el tiempo extra dedicado al partido en la región, en detrimento de Sevilla y de su vida personal y familiar, no le ha servido para conseguir compensaciones para la urbe por parte del Gobierno de la nación.

ANTÍTESIS

Por ende, en coincidencia con la reactivación de la reivindicación de las casas ligadas al Alcázar, Zoido acudió a conocer la marcha de las obras del Acuario en el muelle de las Delicias y a presentar con sus responsables el proyecto (cuarto ya), que había estado paralizado desde hacía 13 años por los problemas financieros y de otra índole de todos los promotores anteriores.

Y hubo de reconocerse públicamente ante los sevillanos que si el Acuario se abre por fin el año que viene va a ser porque la Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA, ha financiado la mitad de la obra, que cuesta al menos 6 millones de euros, ante el cierre del grifo del crédito por parte de los bancos.

Corolario: mientras Zoido no deja de alabar al Gobierno ‘amigo’ del PP en Madrid y de pregonar sin descanso que la Junta maltrata a Sevilla y boicotea sus proyectos, Rajoy y Montoro le subastan las casas del Alcázar y, por contra, Susana Díaz da el dinero para que Sevilla tenga su Acuario.

 

Balance cero

Como los sevillanos habían estado pagando recargos, tasas, impuestos (o como se le llame a que el Poder te meta la mano en el bolsillo) hasta casi las vísperas de la Expo 92 pero por la lápida de la Expo del 29, para desterrar los miedos a que se repitiera la historia, apenas ser nombrado comisario de la Muestra Olivencia anunció que su objetivo era el ‘balance cero’. Algo inexistente o heterodoxo según los puristas de la economía (los mismos que ven brotes verdes donde los demás sólo un erial) pero que entendimos hasta los más torpes de Letras. Pues después de Olivencia (los 20.000 millones en números rojos se los imputaron a Pellón), el único que va camino de repetir el dichoso anuncio es Zoido. El alcalde prometió en su programa mil VPO cada año y en vez de las tres mil viviendas (sin doble sentido) que debería llevar ya en su tercer año de mandato ha conseguido que Emvisesa no haya promovido ninguna. Cero absoluto. ¿Zoido ‘for president’ de la Junta de Andalucía? ¡Qué va! Lo que en verdad le iría a Zoido sería que lo nombraran comisario de la próxima Expo.

 

Pirineos

Max Vílchez, el apagafuegos del alcalde aunque sea a costa de imputar la quema de contenedores a quien convenga, investigará para averiguar cómo es posible que la niña no la de Rajoy, sino la de Monteseirín, y Francisco Javier Guerrero, el ‘niño de los ERE’, vivan como propietaria y de alquiler, respectivamente, en el mismo edificio a precio tasado de la Buhaira, del que nadie sabía nada de los pisos que se iban a construir salvo quienes sabían todo lo que había que saber. ¿Investigará Maximiliano sólo este inmueble? Mi barrio está lleno de estupendos edificios de protección oficial y el delegado de Urbanismo se asombraría si viera los BMW, Mercedes y otros coches de alta gama que pueblan los garajes, y los sonoros apellidos de los beneficiarios de los pisos. ¿Cómo es posible que  niños de papá tengan una VPO por carecer teóricamente de rentas para aspirar a una en el mercado libre y sí el suficiente poder adquisitivo para un coche de gran cilindrada que puede hasta valer más que el piso? Al final va a resultar cierto éso de que Africa empieza en Pirineos.

Por un puñado de votos

El pasado 6 de enero se conoció una sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 15, en virtud de la cual un matrimonio sevillano era condenado a un año de cárcel por haber construido una vivienda de 85 m2, un establo-gallinero y una cimentación para una piscina sin licencia y en un terreno no urbanizable de Utrera.
Tres días después, una mujer de 37 años era condenada por el Juzgado de lo Penal Nº 12 a seis meses de prisión por haber edificado, también sin licencia, una casa de dos plantas en una zona de viñedos de Lebrija, de forma tan ostentosa que llamaba desde lejos la atención al destacar sobremanera entre el resto de construcciones.
Como decía Luis Aragonés después de las derrotas en el fútbol, a estos condenados también se les habrá quedado cara de tontos al ver el 10 de enero cómo el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba un decreto de regularización (eufemismo para no hablar de legalización) de entre 250.000 y 300.000 viviendas construidas sin permiso y sobre suelo no urbanizable en toda la región.

INTERESES ELECTORALES

Edificaciones tan ilegales como las de estos sevillanos eran amnistiadas por el Gobierno autónomo, mientras que ellos podían acabar entre rejas al igual que todos los que estando en una situación similar han sido condenados por la Justicia, más atenta en los últimos tiempos a las ilegalidades urbanísticas, siquiera para resolver parte de las decenas de denuncias elevadas por el Seprona.
¿Por qué unos sí y otros no? ¿En qué ha radicado la diferencia para ser condenado o amnistiado? Pues, sencillamente, en que el mismo Consejo de Gobierno que adoptaba la decisión de indultar las 300.000 viviendas ilegales pendientes era el que recibía del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la notificación interna de que las elecciones autonómicas se iban a convocar el próximo 25 de marzo.
La diferencia ha radicado, pues, en la convocatoria de unos comicios en que el PSOE se juega el ser o no ser en el último bastión que le queda frente a la marea azul del PP y el mantenimiento del poder y las prebendas asociadas de que ha disfrutado en los 30 años de la Autonomía. Por tanto, el indulto urbanístico aprobado casi en simultáneo a la convocatoria electoral y del que se beneficiarán 300.000 propietarios de construcciones ilegales y sus familias (multiplíquese el efecto por cuatro como promedio) equivale a congraciarse con al menos un millón de andaluces, potenciales votantes el 25-M.

INHIBICIÓN

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, declaró tras el Consejo de Gobierno que el decreto regularizador urbanístico era “un ejercicio de realismo”, consistente en adaptar la realidad física a la jurídica, con el objetivo de “acotar un fenómeno del pasado que se ha venido desarrollando durante muchos años”. Se le olvidó decir que con la complicidad, por acción u omisión, de la Junta de Andalucía y de ella misma, como puede dar fe quien suscribe.
A principios del año 1995 denuncié tanto ante la Consejería de Obras Públicas como ante el Defensor del Pueblo una gran explanación con maquinaria pesada en suelo rústico de Zalamea la Real para acometer ilegalmente la construcción sobre 4.760 m2 de lo que luego se revelaría una instalación industrial, extremo reconocido por el informe que al respecto trasladó la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo al Defensor, el cual la indujo a que, por subrogación, ejerciera sus competencias en defensa de la legalidad urbanística.
El Defensor tuvo que dirigirse en varias ocasiones a la Dirección General de Urbanismo para instalarla a a actuar contra aquella ilegalidad, y sólo a finales de año su titular se dignó contestar diciendo que iba a realizar un nuevo análisis de la situación al objeto de iniciar, en su caso, las actuaciones de disciplina urbanística. Aquel organismo de la Junta, cuya titular era Josefina Cruz Villalón, se inhibió durante meses, y así al final se consolidó la obra ilegal. Gracias a su dejación en aquel caso, la realidad física de una construcción iniciada fuera de la norma acabó con cobertura jurídica, exactamente lo mismo que ahora, sólo que 300.000 obras ilegales después.

INCOMPETENCIA

Al amnistiar tal ingente cantidad de viviendas ilegales en la provincia de Sevilla (un informe del Defensor del Pueblo realizado en el año 2000 detectó 359 urbanizaciones ilegales en 42 pueblos sevillanos, sin contar las viviendas  diseminadas) y en las otras siete provincias  andaluzas, la Junta se está indultando también a sí misma de su escandalosa incompetencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, pese a haber dispuesto de las transferencias desde los albores de la Autonomía, hace 30 años.
Ha contado hasta con teledetección espacial, que le permitía identificar si en una finca se plantaban más cultivos de los declarados para cobrar las subvenciones de la UE, pero misteriosamente (¿?) el Gobierno andaluz era incapaz de ver cómo a escasos kilómetros incluso de su Consejería de Obras Públicas crecían urbanizaciones como la de Las Minas, en Castilblanco, ¡cinco veces más grande que todo el casco urbano del pueblo!
Frente a los honrados ciudadanos que han respetado las normas y pagado más caras sus viviendas por todos los costes urbanizadores, el papeleo y los impuestos, la Junta, con este decreto  regularizador, lanza el mensaje de que premia la ilegalidad y de que ésta queda impune.
Si para Enrique IV París bien valía una misa, para Griñán, San Telmo bien vale hacer la vista gorda sobre 300.000 viviendas ilegales.

El principio de Cela

El querido colega Javier Rubio se pregunta qué habría ocurrido si se hubieran empezado a construir en Tablada las 15.000 viviendas preconizadas por los señores del ladrillo, cuando sin poner un solo ídem en la antigua dehesa el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado 4.000 pisos sin vender en Sevilla y 20.000 en la provincia. La respuesta es que ahora habría 35.000 pisos vacíos más que añadir a los 113.248 igual de hueros (censo del INE, 2001) comprados durante la fiebre especuladora con el único fin de dar un pelotazo; o, casi peor aún, a medio construir como esas promociones a las que les invito pasen y vean entre Gelves y La Puebla o junto a Las Pajanosas. Cela tenía una máxima: esperaba diez años antes de comprar un libro de moda, por si para entonces había pasado la prueba del tiempo. Al urbanismo, donde se necesita un decenio para convertir el suelo rústico en ladrillo, habría que aplicarle el mismo principio del nobel gallego: dejar una década en el congelador las megalomanías de los PGOU y sin PGOU, a fin de ahorrarnos indeseados barquinazos.

‘Se vende’

Una copistería cualquiera de Reina Mercedes. Entra un cliente y, pidiendo perdón a los que aguardan  en la cola, hace una pregunta al encargado para ver si le merece la pena esperar: “¿Tiene carteles de ‘Se vende’?”. Respuesta tras el mostrador: “Pues se me han agotado, pero aún me quedan un par de ‘Se alquila’”. Agotados los ‘Se vende’. Hasta ese momento no tomo consciencia de la magnitud de la crisis: existe un mercado de cartelería industrial sobre venta de pisos cuyos dueños han quedado atrapados entre la hipoteca, el despido o la más pura voracidad especulativa, sin atender al consejo de que “el último euro que se lo gane otro”. Aún recuerdo la también verídica historia que me contaba un promotor: apenas instalar la caseta de obras y el cartelón de una promoción de viviendas se llegaron a pagar 3.000 euros ¡por ceder el sitio en la cola de los que iban a reservar pisos con el pago de una mera señal para luego darles el pase!. En muchas de esas viviendas vacías hoy cuelga el cartel de ‘Se vende’, como los que industrialmente se expiden en las copisterías.