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Tempelhof y Tablada

En  1909, en una explanada que con el tiempo sería rodeada por Berlín, el francés Armand Zipfel realizó la primera exhibición aérea de la historia, a la que siguió otra de Orville Wright. Aquellos vuelos marcaron el destino de los terrenos, donde se construyó la primera pista de lo que sería el aeropuerto de Tempelhof.
Un decenio más tarde accedió al poder en Alemania el nazi Hitler, el cual convirtió Tempelhof en otro símbolo del poderío del Tercer Reich. Al concluir las obras encomendadas entre 1937 y 1941 a Erns Sagebiel bajo la planificación y supervisión del arquitecto del régimen, Albert Speer, la terminal aeroportuaria era el edificio más grande del mundo, sólo superado luego por el Pentágono, en Washington.
Esta imponente terminal y las alas adyacentes que formaban un cuarto de círculo y permitían a los aviones llegar casi al pie de los pasajeros, causan aún la admiración de arquitectos como Norman Foster, que calificó Tempelhof como “la madre de todos los aeropuertos”. 

EL PUENTE AÉREO

Como es sabido, tras la derrota nazi en la II Guerra Mundial, Alemania y su capital, Berlín, fueron repartidas entre las cuatro superpotencias victoriosas (Estados Unidos, Unión Soviética, Francia e Inglaterra), y el aeropuerto de Tempelhof quedó, providencialmente, bajo el control aliado, en concreto de Estados Unidos.
El 26 de junio de 1948, en pleno auge de la denominada ‘guerra fría’, la Unión Soviética del genocida Stalin bloqueó  las rutas terrestres y fluviales de acceso a Berlín como medida de presión para que los aliados le cedieran el control de los sectores bajo su mando.
Completamente aislados y rodeados por la zona ‘roja’  en manos de los soviéticos, dos millones y medio de berlineses no tenían forma alguna de abastecerse de alimentos, medicinas y otros productos básicos, pero tan sólo una semana después de establecido el bloqueo Estados Unidos comenzó a usar el céntrico aeropuerto de Tempelhof como base de despegue y aterrizaje de aviones solidarios, que lanzaban en paracaídas las provisiones sin las que los habitantes de Berlín Oeste habrían muerto de hambre.
Aviones de todos los países aliados se sumaron al que ha sido el mayor ‘puente aéreo’ de la historia, mientras en el aeropuerto se trabajaba sin descanso para construir dos nuevas pistas en tiempo récord (tres y cinco meses). En los dos años que duró el bloqueo hasta que Stalin se dio por vencido, gracias a los 280.000 vuelos realizados desde Tempelhof y dos pequeños aeródromos complementarios se lanzaron sobre la población de Berlín 2,3 millones de toneladas de alimentos, carbón para cocinar y calefacción y medicinas. Particularmente famosos se hicieron entre los niños los aparatos Douglas DC-3 llamados ‘Candybombers’, que les lanzaban golosinas y chocolate. La foto de las criaturas con las manos alzadas al cielo esperando las chocolatinas es considerada un documento histórico de la ciudad.

ABOCADO AL CIERRE

El aeropuerto de Tempelhof salvó Berlín y quedó convertido para siempre en un símbolo heroico de resistencia y en la memoria sentimental de los berlineses, pero su misma ubicación estratégica en el centro de la capital acabó progresivamente trocándose en la causa que abocó a su cierre.
Por la proximidad de los edificios a las pistas, los nuevos y cada vez más grandes aviones comerciales no podían aterrizar en él y tenían que ser desviados a aeródromos del extrarradio. Su explotación devino en ruinosa y se decretó su cierre para 2004.
La oposición de los berlineses a tal medida por todo lo que significaba para ellos el aeropuerto lo impidió, pero el déficit era insostenible. En 2007, de los 20 millones de pasajeros de los aeropuertos berlineses, tan sólo 350.000 tuvieron como destino Tempelhof, reservado únicamente a vuelos chárter y avionetas.
La clausura del complejo aeroportuario, de 380 hectáreas de superficie (la dehesa del aeródromo sevillano de Tablada mide 367), no pudo lograrse hasta el 31 de octubre de 2008,  previo referéndum no vinculante en que 580.000 ciudadanos de un censo electoral de 2,4 millones votaron a favor de su supervivencia.

PRESIONES INMOBILIARIAS

Inmediatamente, el Ayuntamiento del Berlín reunificado y capital del, otra vez pese a todos los fantasmas históricos,  país más poderoso económicamente de Europa recibió todo tipo de presiones para convertir Tempelhof en el mayor negocio inmobiliario de todos los tiempos en Alemania. Ahí es nada: 380 Has.  de suelo libre en pleno centro de la ciudad.
Sin embargo….

Hace ahora poco más de un año, 200.000 berlineses se dieron cita en las pistas y terminales del aeropuerto más antiguo de Europa para festejar por todo lo alto, con cometas y fuegos artificiales, su reconversión en el mayor parque público de la ciudad.
Seis kilómetros de pistas de despegue y aterrizaje de aviones son desde entonces circuitos para ciclistas, patinadores y deportistas urbanos. Se han habilitado 2,5 hectáreas de terreno para encender barbacoas y cuatro para que los berlineses paseen sus perros con plena libertad.
La terminal aeroportuaria, que en su día fue el mayor edificio del mundo (1.200 metros de longitud y 290.000 m2 de superficie), es ahora escenario de todo tipo de actividades, como el festival de moda ‘Bread & Butter’ y el ‘Berlin Music Week’, que cada septiembre congrega en la capital germana a miles de jóvenes europeos.
Al leer la historia del mítico aeropuerto berlinés me acordé, no sé por qué, de otro aeródromo sevillano no menos mítico.
Tempelhof, verde. ¿Y Tablada?

Una es poco

El Ayuntamiento presidido entonces por Monteseirín adjudicó en enero de 2010, por 956.926 euros, el sistema de cámaras de vigilancia  de los automóviles que accedieran al Casco Antiguo, fundamental para la aplicación a partir de diciembre del Plan Centro.

Tras la llegada de Zoido, el área de Movilidad ha descubierto que Monteseirín, con claros fines electoralistas, dejó de tramitar multas desde finales de marzo de 2011, cuando ya se habían impuesto en los tres meses de vigencia del Plan un total de 7.285 sanciones y, peor aún, que el máximo índice de fiabilidad alcanzado por el sistema de vigilancia -y en una sola cámara- era del 86,5%, cuando el pliego técnico exigía un mínimo del 97%.

Esta es sólo una de las 18 irregularidades detectadas en el sistema, que podrían obligar al Ayuntamiento a devolver en torno a medio millón de euros por multas ilegales, con el coste añadido en tiempo y dinero para subsanar los efectos de tal cúmulo de despropósitos.

Según el contrato, la empresa operadora del sistema es responsable de cualquier fallo durante dos años (el plazo expira dentro de cinco meses), pero mientras los servicios municipales estudian cómo proceder, el Pleno ya ha acordado por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre “un fraude de principio a fin”, en palabras del portavoz del gobierno, Francisco Pérez.

PSOE e IU, los partidos gobernantes en la etapa anterior y como tales promotores del Plan Centro y contratantes del sistema presuntamente fraudulento, han votado a favor de la comisión propuesta por el PP pero, paradójicamente, denostando su creación, lo cual es un contrasentido.

Espadas y Torrijos subrayan con asombro que es la primera vez que un gobierno impulsa una comisión de investigación (su asombro quizás provenga de que esa práctica democrática lleva años vetada por el rodillo socialista en el Parlamento andaluz) y que con ella Zoido demuestra que aún no se ha quitado el ‘chip’ de oposición, porque se empeña en seguir controlando lo que hizo el Consistorio anterior en vez de pasar página y gobernar el presente pensando en el futuro.

Sorprende que dos formaciones empeñadas en remover la guerra civil con la ley de la Memoria Histórica y las últimas medidas de Griñán al cabo de 75 años de aquella contienda fratricida felizmente superada con la reconciliación  que supuso la  Democracia, exijan ahora que no se someta al escrutinio del nuevo Ayuntamiento la nefasta gestión plagada de sombras y despilfarro de Monteseirín, cuando continuamente saltan nuevos escándalos y va ‘in crescendo’ el ‘agujero’ económico dejado con su política de tierra quemada, tal como ya anticipamos conforme a sus antecedentes en la Diputación.

Al dar cuenta durante el traspaso de poderes de que en tan sólo cinco meses se había gastado ya el 90% del presupuesto, Monteseirín dijo con total cinismo que era “la costumbre” en un año electoral. Ahora se descubre que no sólo casi agotó el dinero disponible para todo 2011, sino que también dejó un remanente negativo de tesorería de 31,4 millones de euros en 2009 y de 50,9 millones en 2010. ¿Acaso no sería conveniente investigar la forma en que Monteseirín generó este ‘default’ municipal?

El penúltimo (a poco que se escarbe a buen seguro saldrán más) escándalo conocido ha sido el del cobro por personal de confianza (¿?) de PSOE e IU a vecinos del Sur y San Pablo-Santa Justa de una ‘tasa de reserva’ en los autobuses que los llevaban de excursión a la playa, pese a que todos los gastos corrían previamente por cuenta de las respectivas Juntas de Distrito.

A esa ‘tasa’ se unía otra, cobrada a escote en el interior de los autocares, para pagar sobre la marcha el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, pese a que también estaba incluido en los gastos. Con estas prácticas irregulares se habrían recaudado a lo largo de los últimos años varias decenas de miles de euros de los que no existe asiento contable y tan sólo en estos dos distritos. ¿Acaso no sería conveniente crear otra comisión para investigar si este ‘modus operandi’ era generalizado en todos los distritos y no sólo en los viajes recreativos, sino también en la prestación de otros servicios gratuitos?

¿Qué decir del escándalo de las cuentas de Giralda TV, la ‘caja tonta’ creada por Monteseirín a su mayor gloria  y que en su corta existencia ya ha precisado de una inyección de casi 7,8 millones de euros para tapar un ‘agujero’ contable al que, según denunciaba el PP cuando estaba en la oposición, habrían contribuido los costes artificialmente inflados y las duplicidades de gastos en beneficio de ciertas productoras ‘patas negra’ afines ideológicamente a Monteseirín?

¿Sabemos realmente cuánto han costado a la ciudad las ‘setas’ de la Encarnación? Recuérdese que el Consejo Consultivo de Andalucía no avaló que el Ayuntamiento asumiera el último sobrecoste (más de 30 millones de euros) y que había informes del secretario municipal planteando la exigencia de responsabilidades, pero el Consistorio aprobó ese pago merced al voto de calidad (¿?) de Monteseirín. Este prometió abrir una investigación cuando se acabaran los trabajos para no interferir en su ejecución y…..hasta hoy.

Por mucho que Espadas y Torrijos sostengan que con la  comisión de investigación sobre el Plan Centro el nuevo Gobierno se dedica a hacerle oposición al anterior, su creación está más que justificada.

La cuestión de fondo no es ésa, sino por qué, a la vista de tantos escándalos, sólo se ha creado una.

 

Sí pero no

El portavoz de la Oposición, Espadas, tachó la derogación del Plan Centro de “imposición” y medida “objeto de campaña electoral”. Es una “imposición” en la misma medida en que lo fue su aprobación por Monteseirín, y es “objeto de campaña electoral” ‘a posteriori’ por cuanto supone el cumplimiento del programa con el que el alcalde concurrió a las municipales.

Desmintiendo la cínica frase del socialista Tierno Galván de que las promesas electorales se hacen para no cumplirlas (de este tipo de actitudes deviene el desprestigio de la clase política), Zoido ha sido consecuente al derogar el Plan y en este sentido se diferencia de los políticos que  hacen lo contrario de lo que dijeron.

Se ha intentado que  incumpliese su programa electoral esgrimiendo un sondeo de tan sólo 440 encuestas telefónicas del Centro Andaluz de Prospectiva  en el que el 53,8% de los encuestados se mostraba a favor del Plan. Ese porcentaje son 236 sevillanos, frente a los 166.000 que apoyaron el programa de Zoido en las urnas. Quienes citan el sondeo obvian un dato revelador: en el ditrito Centro, el sufridor/beneficiario del Plan, sólo cuatro de cada diez encuestados se muestra partidario de mantenerlo. Es decir, apoyan el Plan desde fuera quienes menos se ven afectados por sus medidas.Monteseirín dio alas a los sectores contrarios a la limitación del tráfico, una tendencia irreversible en Europa, al aplicarla de forma precipitada e improvisada, marca de la casa, y sin haber creado previamente las alternativas de transporte y aparcamientos  que habrían permitido su implantación sin división social.El clamoroso fracaso en la construcción de 60 aparcamientos en el entorno del Centro es la mejor demostración de su huida hacia adelante. A ello hay que añadir que, al contrario que en la mayoría de las ciudades europeas con planes similares, no existe un Metro que penetre en el casco antiguo, sino que lo bordea. También los autobuses dejaron de acceder hasta lugares estratégicos como la Encarnación y la Magdalena.

La reordenación del tráfico se ha hecho de tal forma que para trasladarse de un punto a otro  del casco antiguo primero hay que salir a la Ronda. Los taxistas ponían como ejemplo una carrera de la calle Feria a la Alameda. Otrosí, los sentidos únicos obligan a tener que circular por la periferia para llegar desde ciertas zonas del Centro hasta la Macarena.

La pretensión de los impulsores del Plan de que los conductores y los profesionales podían realizar una gestón en tan sólo 45 minutos era irreal, hasta el punto de que fontaneros y electricistas han preferido dejar de hacer pequeñas reparaciones en el Casco Antiguo por temor a sanciones de 70 euros si sobrepasaban el tiempo de estacionamiento.

 

DEFICIENCIAS

 

Prueba de las deficiencias del Plan es que el propio Espadas había propuesto  su modificación para que se incrementara el tiempo de circulación de 45 a 60 minutos, la disminución del horario restrictivo en una hora (desde las 8 a las 21), la introducción de permisos especiales para los profesionales y bonificaciones para los familiares de los residentes en el  Centro y trabajadores y clientes de los parkings.

Además, Monteseirín ha hecho un uso torticero del Plan, como demuestra el hecho de que entre diciembre, fecha de su inicio, y marzo  impuso 7.000 multas a infractores y que a partir de primavera dejó de tramitar sanciones porque faltaban dos meses para las elecciones de mayo y no era cuestión de irritar a los votantes.

Por eso tiene razón Zoido cuando dice que ‘de facto’ Monteseirín ya había derogado el Plan, aunque como los automovilistas no lo sabían se siguieron comportando como si siguiera vigente. Pese a sus deficiencias, el Plan ha cumplido el objetivo de reducir la afluencia de vehículos, como reconoce el nuevo director de Movilidad: “Desde 2007 a 2011 se ha producido un descenso del 48% del tráfico de vehículo particulares a la zona Centro de Sevilla”. Un informe de la anterior Delegación realizado en  febrero estimaba que se había pasado de unos 200.000 vehículos diarios a 97.900. De esta cantidad, 22.000 sobrepasaban el límite de tiempo. Además, esta disminución del tráfico habría redundado  en la eliminación de 3.800 toneladas de CO2.

Es indudable, pues, que la reducción del tráfico ha mejorado la calidad de vida en el Centro (menos contaminación, menos ruido, más seguridad) y que si Zoido tenía razones (su programa electoral) para derogarlo, Espadas, Torrijos y los 23 colectivos  que han abogado por su mantenimiento previa corrección de sus errores también tenían argumentos  para defenderlo, en línea con las políticas internacionales de movilidad. Cabe preguntarse hacia dónde va el sentido de la historia, si por que los coches sigan tomando el centro de las ciudades o al contrario.

Una vez cumplida su promesa, el reto de Zoido debe consistir en crear cuanto antes las condiciones que permitan disfrutar de un Centro sin automóviles. En su apresurada derogación del Plan por la misma vía del decreto con que Monteseirín lo implantó (pese a lo cual, un error político al darle munición a la Oposición por sustraerse al debate), sorprende su anuncio de que estudiará la alternativa después del verano, cuando se suponía que la debería tener más que estudiada desde su etapa en la oposición. Las asignaturas troncales nunca deben dejarse pendientes para septiembre.

 

El modelo de ciudad

El  presidente de Gaesco, Miguel Rus, ha aprovechado la polémica sobre la recalificación de Ikea para exigir que se cambie el PGOU. A su juicio, el Plan General “ha provocado una paralización en el sector parecida a la de Marbella”, pese a que “hay demanda” y a que Sevilla “no tiene problema de stock de viviendas”.

Según Rus, “el PGOU se aprobó en un momento en el que sólo se pensaba en cómo recortar el crecimiento desmedido del sector inmobiliario. Ahora –añade- tenemos las mismas normas o más, la misma inflexibilidad que pusimos para frenar el sector, cuando lo que hace falta hoy es lo contrario: reactivar y facilitar a los pocos empresarios que quieran implantar su proyecto, invertir y generar riqueza”.

La patronal intenta hacer creer que el Plan coarta el desarrollo de Sevilla con otros argumentos similares, como que sólo ha sido ejecutado en un 2%: “Si en cinco años –afirma Rus- no se hizo ningún bordillo es que algo no funciona”. ¿Puede decirse con seriedad que un Plan que ha reservado suelo para 55.000 viviendas y del que aún quedan por desarrollar 13 millones de m2 de terreno industrial está frenando la construcción? ¿Quién si no los promotores y constructores deben desarrollar ese 98% pendiente?

El problema no es el PGOU, sino que los constructores todavía no se creen que la dorada –para ellos- época de la burbuja inmobiliaria ha terminado. Rus queda en evidencia cuando dice que Sevilla no tiene problemas de ‘stock’  justo cuatro días antes de que el Ministerio de Fomento difundiera que hay 18.803 viviendas nuevas sin vender. No digamos las usadas, de las que la banca tiene para dar y repartir como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias.

Las  catorce inmobiliarias más grandes del país sólo han vendido en el primer semestre 900 pisos. ¿Dónde está la demanda de que habla Rus en una nación que anualmente construía más viviendas que Alemania, Francia e Inglaterra juntas –ahora sobran dos millones de pisos-, con cinco millones de parados, sin desgravación fiscal por compra de vivienda que siga inflando la burbuja, sin ayudas a la VPO por la falta de fondos de las Administraciones y sin financiación hipotecaria por la delicada situación de la Banca?

En los cinco años del PGOU, los promotores sólo desarrollarán –y porque el Ayuntamiento les adelanta 14 millones de euros- dos bolsas de suelo: Hacienda del Rosario (Gabriel Rojas) y Palmas Altas Sur (Metrovacesa). Pero esta última empresa  ha comunicado a la CNMV que suspende el desarrollo de nuevos proyectos residenciales ante el deterioro del mercado inmobiliario: en el primer trimestre sólo logró ‘prevender’ trece pisos. ¿También esto es culpa del PGOU y de su supuesta inflexibilidad? Y todavía Rus aboga  por construir en Tablada. Si se hubieran hecho pisos en la dehesa, ¿cuántos estarían hoy vacíos y qué ruina no habrían causado a los compradores a crédito y a la banca financiadora.

El PGOU ha calificado suelo de sobra y está aún por desarrollar. El problema de fondo es que los promotores y constructores, insaciables, quieren  recalificaciones a gogó para que con el exceso de edificabilidad sus inversiones les salgan gratis. ¿No era el riesgo el factor diferencial de los empresarios y la razón que justificaba su lucro?

Ikea exige 41.400 m2 más de edificabilidad para un parque comercial en torno a su segunda tienda frente al aeropuerto. Con su ‘efecto llamada’, pese a que lo niegue Zoido, ha abierto la veda y ahora se acumulan las exigencias de recalificaciones a la carta. Isla Mágica pide que sus 45.000 m2 en la Cartuja, con 1.700 m2 de uso comercial,  se le recalifiquen para poder construir sin limitación más áreas comerciales y lúdicas. El Sevilla F.C., beneficiario ya de dos recalificaciones (el Nervión Plaza es fruto de la primera), plantea una tercera para colmatar aún más una zona ya saturada de comercios. El Betis, al que se le regaló una zona verde de Heliópolis para comercios y hoteles, también quiere más en línea con el Sevilla, aunque sea a costa de embutir en ladrillo el Benito Villamarín. Primark plantea otra operación comercial en la Gavidia. Altadis, que cerró la fábrica de tabacos más antigua del mundo, pretende que le cambien la calificación industrial …..

¿Es la salida a la crisis multiplicar los centros comerciales en una ciudad que ya tiene 25 grandes superficies y regalar edificabilidad a tutiplén? ¿Hay que cambiar el PGOU continuamente para acoger sólo y exclusivamente proyectos comerciales cuando según el Instituto de Estadística de Andalucía las ventas en las grandes superficies han caído un 6,3% en mayo?

Volvamos al ejemplo de Ikea: la recalificación de 41.400 m2 que pretende en San Nicolás sería a costa de detraer esa edificabilidad de la prevista para la implantación de empresas de servicios avanzados. Si se van colmatando los espacios y ocupándolos con lo primero que venga -como ocurrió en la Cartuja por el ‘horror vacui’, y ahora falta espacio para la Tecnópolis-  nos quedaremos sin suelo de calidad que ofrecer a otros inversores que no sean meramente del comercio, porque sólo con una economía diversificada y no con un monocultivo (ladrillos y centros comerciales no han impedido que tengamos más de 70.000 parados) se resiste mejor la crisis.

Para eso se redacta un PGOU: para planificar el futuro. Si el Plan se cambia continuamente por los intereses de unos y de otros, significa que Sevilla carece de modelo económico y de modelo de ciudad.

 

 

 

Ikea y la zanahoria del empleo

El 8-9-2008 se produjo en Sevilla el ‘atasco perfecto’. Duró diez horas. Miles de automovilistas que acudieron a Ikea en Castilleja quedaron atrapados en un caos causado por el efecto llamada de la tienda sueca y el correspondiente tapón en la autovía de Huelva, progresivamente extendido a la SE-30 y a la autovía de la Plata.

Aquel desastre obligó a abrir nuevas vías de acceso a la cornisa, como el de Coca de la Piñera (noviembre de 2009) y a diseñar en adelante un operativo especial de la Guardia Civil y las Policías Locales de los pueblos colindantes dentro del escaso margen de maniobra que permitía la ratonera en que la ubicación de Ikea ha convertido un punto estratégico cual es el acceso a y la salida de Sevilla, fruto de la desastrosa o nula planificación urbanística en la mayor parte del alfoz ante la inopia de la Junta de Andalucía.

El caso Ikea y la habitual saturación de tráfico en el área metropolitana han demostrado la vital importancia de la ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico, plasmado este último en Normas Subsidiarias y Planes Generales como el PGOU de Sevilla.

El Plan General hispalense, aprobado en 2006, se caracterizó durante su redacción por un espíritu de participación ciudadana (las mesas del PGOU) y de consenso político que no siempre pudo alcanzarse. Una de las grandes bolsas de suelo  incluidas en el Plan fue la de San Nicolás, sita frente al aeropuerto y pensada como una zona productiva de primer orden, hasta el punto de que sólo se reservó espacio para 429 viviendas y un área a comercial complementaria (107.600 m2), y se destinó el resto de los 219.574 m2 edificables a empresas y servicios avanzados.

Dado el éxito de su tienda en Castilleja, Ikea proyectó hace casi diez años una segunda y puso sus ojos sobre San Nicolás. Obsérvese que pudo haber alegado al PGOU durante su tramitación en demanda de mayor edificabilidad comercial, pero no lo hizo. Calló y otorgó.

Sólo años después ha presentado un Plan Parcial en el que, con una política de hechos consumados, plantea un complejo comercial con 41.400 m2 más de edificabilidad comercial de la autorizada en el PGOU. No sólo eso. Según el informe de  los técnicos de la Gerencia, ni siquiera ha entregado un estudio de tráfico e infraestructuras que avale la viabilidad del macrocomplejo y trata de eludir la obligación legal de cesión del aprovechamiento urbanístico que resultaría de la recalificación a la carta que pretende con el único argumento  de una inversión de 228 millones de euros y la creación de 4.000 empleos.

VALLADOLID COMO EJEMPLO

Casualmente, en estos días se habla del mayor centro comercial que Ikea va a inaugurar en España, concretamente en Valladolid y para Navidad, con una inversión de 200 millones. Su tienda dispondrá de 34.700 m2 y dará empleo a 250 personas, a razón de un empleado por cada 139 m2. El resto del complejo (100.000 m2 en total) se abrirá en primavera, con 125 locales en alquiler. Tomando como referencia la ratio superficie comercial/empleado de Ikea, en caso de una ocupación plena  se generarían 469 empleos más, con lo que en conjunto  podría haber  719 puestos de trabajo. Si extrapolamos al que se quiere ahora implantar en Sevilla (un 49% mayor), éste crearía  unos 1.100 empleos (pero por cada empleo, habitualmente precario, creado en las grandes superficies se suelen perder 2,5  en el comercio tradicional).

 

Amenazando subliminalmente con irse con la inversión a otra parte, el consejero delegado de Ikea, Mikael Ohlsson, usó el ‘The Wall Street Journal’ para lanzar un recado al Ayuntamiento de Sevilla y a otros nueve: Ikea está preparada para construir “mañana” mismo , pero se lo impide la regulación del Urbanismo en España.

 

 

Inexacto, al menos en Sevilla. En los 107.600 m2 de edificabilidad de San Nicolás caben tres Ikeas como el de Valladolid, que es el mayor de España, y por tanto podría construirse mañana mismo como alardea el señor Ohlsson. Al plantear ahora, y no cuando se estaba tramitando el PGOU, una tienda de su marca con 72.000 m2 (42.000 sobre rasante y el resto en sótano) y un centro comercial anexo con 163.000 m2 (107.000 sobre rasante) que construirá, gestionará y explotará “con la filosofía Ikea”, es porque con ese exceso de edificabilidad de regalo municipal pretende que el alquiler o la venta de los locales sufrague la instalación de este segundo Ikea, que así les resultaría gratis.

Cuando el macrocomplejo colapse las carreteras por la afluencia de compradores desde Córdoba y la Campiña, que luego los contribuyentes paguen las soluciones alternativas al problema generado por el ‘pelotazo’ urbanístico.

Es lógico que el Ayuntamiento no quiera perder la inversión, pero no que se rinda incondicionalmente a los suecos presentando como una simple modificación del PGOU lo que sería una recalificación en toda regla;  remitiéndose a una futurible reforma legal (una aberración jurídica, porque sólo puede aplicarse la norma vigente);  confundiendo la cuestión urbanística con la comercial;  volviendo al modelo del ladrillo y las grandes superficies (25 ya en Sevilla) en vez de apostar por una economía diversificada, y reinstaurando un urbanismo a la carta de infausto recuerdo que supondría abrir la veda a cualquier especulador. Del ‘ancha es Castilla’ pasaríamos al ‘ancha es Sevilla’.

Si Ikea amenaza con irse, ya vendrán otros. A los suecos cabe decirles lo mismo que aquel jornalero andaluz al cacique de turno: “En mi hambre mando yo”.

 

 

Quince años de vacas flacas

Celis, exdelegado de Urbanismo, ha declarado a El MUNDO, entre otras cosas, lo siguiente:

 

1) “Las setas no se han pagado con impuestos de los ciudadanos, sino por los empresarios del ladrillo, que cuando se aprobó el PGOU (2006) pusieron algo más de 200 millones de euros en base a los aprovechamientos que tenían para hacer viviendas”.

 

 

Celis trata de hacer creer a los sevillanos que el dinero empleado en las ‘setas’ no ha salido de la caja común  y por lo tanto no han supuesto un despilfarro. Su tesis se sustenta en un par de sofismas, como el de que los empresarios no son también ciudadanos y que su aportación dineraria parezca voluntaria y desinteresada  en vez de venir impuesta por el Plan General y las leyes urbanísticas.

 

El exdelegado ha aclarado una cuestión esencial: que los promotores inmobiliarios entregaron más de 200 millones de euros. Y es que en la última etapa de Monteseirín, a medida que crecía el escándalo por el sobrecoste de las ‘setas’, el Consistorio rebajaba a 172 millones el dinero de la denominada ‘hucha del PGOU’, cuando otrora se habló de una recaudación de entre 230 y 240 millones como fruto de la firma de entre 55 y 70 convenios urbanísticos.

 

Por tanto, atendiendo a Celis, hay entre 28 y 68 millones de euros ‘desaparecidos’ en el triángulo de las Bermudas municipal, razón más que suficiente para realizar la auditoría anunciada por Zoido y de la que nada se sabe.

 

 

2) “Ese dinero estaba tipificado por ley en qué cosas se podía gastar, que era en grandes infraestructuras. El destino que se ha dado a esos fondos responde a lo estipulado, si no estaríamos hablando de que habría sido ilegal”.

 

 

El PGOU, que debe atenerse a la legalidad, dice con su farragoso lenguaje tecnocrático que el dinero de los convenios firmados con los ‘empresarios del ladrillo’ se destinará “a la ejecución de (atención) los nuevos sistemas generales de la ciudad y, de forma preferente, al establecimiento del sistema general de espacios libres, el viario y desvíos de encauzamiento de la red hídrica, financiando así parte de las actuaciones atribuidas al Municipio de conformidad con la programación y Estudio Económico Financiero del nuevo Plan”.

Está taxativamente claro: dinero para las carreteras, viales, aceras, zonas verdes, equipamientos, canalizaciones y demás dotaciones necesarias para construir los nuevos barrios previstos en el PGOU durante los próximos 15 años, no para las ‘setas’ de la Encarnación, el ‘paseo marítimo’ de la Alameda, la Plaza de España, los carriles-bici…. en la Sevilla consolidada y/o en el Centro como escaparate de la ‘grandeur’ de Monteseirín.

 

 

3) “No podemos construir una carretera (en alusión a la SE-35) que vaya de ningún sitio a ninguna parte”.

 

 

Curiosamente, Celis aplica a la SE-35 el dicho popular sobre el tranvía de Monteseirín y obvia  todos los argumentos a favor de esa vía de comunicación dados en su día por el propio Ayuntamiento como vía clave para descongestionar el saturado tráfico de la ciudad y eje articulador de nuevos desarrollos urbanísticos previstos en el PGOU. Y si no se podía construir la carretera, ¿por qué se gastaron 1,4 millones de euros en diseñarla? ¿No es acaso otra muestra más de despilfarro del dinero?

 

 

4) “No se pueden tener 200 millones de euros parados en una cuenta corriente esperando tiempos mejores”.

 

 

Pero a los empresarios les decía todo lo contrario, les mentía, como ha vuelto a recordar el presidente de Gaesco, Miguel Rus: “Cada vez que pedíamos un desglose de los fondos se nos decía que el dinero estaba a buen recaudo en una cuenta corriente”.

 

Si, según Zapatero, España merecía un Gobierno que no mintiera a sus ciudadanos, ¿qué decir en Sevilla del Ayuntamiento de Monteseirín, Marchena y Celis, que no sólo mintió sobre los dineros del PGOU sino que también ocultó a los sevillanos los informes sobre los problemas técnicos de las ‘setas’, para cuya construcción se han desviado 65 millones de euros aportados por los promotores inmobiliarios para la expansión de la ciudad?

 

 

5) “Se ha acordado mediante un compromiso por escrito, que queda fijado para el futuro que una vez que los empresarios vayan desarrollando esos suelos, el Ayuntamiento, de sus recursos propios, invertirá en la infraestructura necesaria para ello”.

 

 

Celis calla que ante la amenaza de los empresarios de querellarse contra Monteseirín por estafa tras el desvío del dinero, el Consistorio tuvo que firmarles un documento en el que reconocía implícitamente la irregularidad de su actuación y se comprometía a no pedirles ni un euro más y a asumir el coste de las infraestructuras futuras. Por tanto, serán los sevillanos quienes con sus impuestos tapen el ‘agujero’ dejado por Monteseirín.

 

El último sofisma de Celis es decir que una vez que los empresarios desarrollen los suelos, el Ayuntamiento invertirá en la infraestructura necesaria. ¡Si es justamente al revés! Hasta que no se hayan desarrollado los sistemas generales no se puede autorizar ningún desarrollo urbanístico nuevo.

¿Y con qué dinero, si Monteseirín se lo ha pulido todo? Según los datos logrados por el colega Carlos Mármol, de los 172 ó 240 millones de euros del PGOU, sólo quedan 1,5 millones.

 

Sevilla tenía repleta la ‘hucha’ del PGOU para impulsar la construcción (VPO, por ejemplo) y crear empleo en esta hora de crisis, pero en vez de imitar a la hormiga de la fábula, el alcalde-‘cigarra’ Monteseirín  ha dejado vacía la hucha y condenado a la ciudad a quince años de ‘vacas flacas’.

 

 

 

Pacto por Sevilla

Tan sólo 10 días después de su investidura, Zoido se ha reunido con Espadas y Torrijos para proponerles un Pacto por Sevilla, centrado en 15  puntos pero con agenda abierta a nuevos temas.

Los asuntos sobre los que fraguar un acuerdo serían: 1) El empleo; 2) Más policías locales (al menos 300); 3) Descentralización administrativa en pro de los distritos; 4) Transparencia y participación; 5) Ley de Capitalidad; 6) Reprogramación del PGOU y erradicación del chabolismo y la infravivienda; 7) Mejora de los colegios; 8) Red completa y subterránea de Metro y Ciudad de la Justicia; 9) Transporte público y parkings; 10) Ampliación de la plantilla de Tussam y de carriles-bici; 11) Eliminación de barreras arquitectónicas; 12) Tablada verde; 13) Más política social; 14) Potenciar la marca Sevilla; 15) Inversiones en los barrios.

 

UN PRECEDENTE

 

La iniciativa recuerda a otra similar de  Monteseirín, que el 1 de septiembre de 2005 propuso un Pacto por Sevilla a Rauynaud (PP) y Villar (PA) también de carácter abierto y con diez puntos.

Han pasado menos de seis años, pero vale la pena recordar la lista del antecesor de Zoido para ver cómo han variado los ‘grandes temas’ de la ciudad en este tiempo: 1) Mejora de las formas entre Gobierno y Oposición; 2) Revisión del papel de la Junta de Portavoces; 3) Apostar por una segunda modernización; 4) Lograr un consenso en la representación institucional fuera de Sevilla; 5) Evitar actitudes xenófobas y racistas; 6) Transporte público; 7) La sequía; 8) La fusión de El Monte y Caja San Fernando; 9) El desarrollo de los nuevos distritos; y 10) El Consejo Social.

De la comparación se aprecia que sólo hay un punto coincidente, el relativo a tráfico y movilidad, y tres más o menos equiparables: los distritos (antes, el desarrollo de los nuevos; ahora, la descentralización en su favor), la representación institucional fuera de Sevilla (ahora, más o menos, la marca Sevilla) y la mejora de la relación entre Gobierno y Oposición (asociable ahora a la transparencia y la participación).

 

DEL ‘NO’ AL ‘QUIZÁS’

 

 

La Oposición a Monteseirín se negó a aceptar aquel Pacto por Sevilla, si bien mostró su disposición a dialogar sobre algunos puntos concretos. Raynaud y Villar coincidieron en criticar la actitud “sumisa” del alcalde frente al Gobierno y la Junta, y el primero subrayó la falta de coherencia por la inversión en el Metro: “En tiempos del PP –dijo- se exigían los 219 millones de euros y ahora no”.

Populares y andalucistas entendieron que la intención oculta de Monteseirín era que renunciaran  a su labor de control y calificaron la propuesta como “una cortina de humo para esconder los problemas reales de la ciudad”.

Por el contrario, ahora Espadas y Torrijos, aun subrayando el primero que “la oposición nunca puede dar cheques en blanco al gobierno, y menos al inicio del mandato”, han valorado la iniciativa de Zoido y mostrado su disposición a lograr acuerdos. .

¿Son acaso más dúctiles en la oposición el PSOE e IU que el PP y el PA?

No necesariamente, pero hay unas enormes diferencias entre Monteseirín y Zoido que explican el fracaso del primero y la probabilidad de éxito del segundo en el mismo empeño. La esencial es que mientras Monteseirín  estaba ya marcado por los escándalos en el ecuador de su segundo mandato, con casos como el desalojo a golpe de billetes de los chabolistas de Los Bermejales y el de las facturas falsas en el distrito Macarena, Zoido, en el inicio de su andadura mantiene todo su crédito político; mientras Monteseirín tenía que apoyarse en Torrijos porque estaba en minoría y debía hacer concesiones, Zoido goza de la mayoría absoluta más amplia de la Democracia en Sevilla y, por tanto, no necesita ni formular un Pacto ni que la Oposición se lo avale, porque puede imponer su programa aplicando el rodillo de sus veinte concejales y pasando por encima de PSOE e IU.

Pudiendo hacerlo, no lo ha hecho. Item más, mientras que a él el PSOE e IU lo dejaron fuera de los Consejos de Administración de las empresas municipales (Mercasevilla, sin ir más lejos), ya ha ofrecido a Espadas y Torrijos no uno, sino dos puestos en esos consejos  desde los que fiscalizar la actuación del gobierno, con lo cual ya está aplicando el punto 4º de este Pacto por Sevilla y demostrando su voluntad de llegar a un acuerdo de mínimos sin condiciones previas, con una generosidad insólita. Entre el talante de Monteseirín y el de Zoido, de momento hay un abismo.

 

 

MARGEN PARA EL ACUERDO

 

La lista de Zoido tiene la virtud de que es casi totalmente suscribible por Espadas y Torrijos. ¿Cómo no estar de acuerdo en luchar contra el paro, el chabolismo y la inseguridad o por los colegios, los barrios y la marca Sevilla? ‘A priori’, los únicos temas de aparente disenso serían la reivindicación de una red subterránea de Metro y de la reubicación de la Ciudad de la Justicia (pondría a Espadas en la tesitura de enfrentarse a la Junta), reformar el PGOU de Monteseirín y hasta la Ley de Capitalidad de Sevilla, que podría tener un efecto ‘boomerang’ para el propio Zoido frente al resto de alcaldes de capitales andaluzas, todos del PP.

Y, como ha dicho Espadas, es perfectamente posible que los tres grupos estén de acuerdo en las grandes líneas de política general y luego no con su gestión concreta, pero al menos la oferta de Zoido abre un amplio campo a una oposición predestinada a ser laminada en cada Pleno y demuestra el propósito del alcalde de gobernar como si no tuviese la mayoría absoluta.

 

 

La servilleta de Zoido

Zoido anunció en su discurso de investidura como nuevo alcalde que procurará moderar gradualmente la presión fiscal que sufren los sevillanos porque, a su juicio, la aplicada hasta ahora supera la media de la vigente en las grandes ciudades españolas  sin que ello redunde en unos servicios de excelencia en la capital de Andalucía. De ahí deriva su obsesión por que las Delegaciones Municipales den una respuesta rápida y eficaz a las demandas cívicas, a fin de cumplir su objetivo de que “Sevilla funcione”.

Inmediatamente, el líder de la Oposición, el socialista Espadas, rechazó la idea de Zoido y la calificó como “la cuadratura del círculo”. En su opinión, el recorte presupuestario no cuadra con la necesidad de obtener ingresos que, ahora más que nunca, tienen los ayuntamientos por causa de la crisis económica.

Sin  embargo, la cuadratura del círculo es posible, tal como se demuestra en una servilleta expuesta en una vitrina del ‘Brookings Institution’ de Washington. La historia de la servilleta, o más bien la servilleta que ha pasado a la historia de la Economía, tiene su origen en una cena celebrada en el restaurante ‘Two continents’ de la capital federal norteamericana en los años 70 del pasado siglo.

A la mesa se sentaron, entre otros, el economista Arthur Betz Laffer; el periodista Jude Wonninski, del ‘Wall Street Journal’, que luego daría fe del suceso, y Dick Cheney, entonces jefe de Gabinete del presidente Gerald Ford y posteriormente vicepresidente con George Bush.

Laffer, profesor de la Universidad de Los Angeles, había inspirado en California la denominada ‘Proposición 13’, consistente en una rebaja del impuesto sobre el patrimonio, y en esa cena discutía con Cheney sobre la presión fiscal, como ahora discuten Zoido y Espadas a través de los medios de comunicación.

En un momento dado, el profesor sacó un bolígrafo del bolsillo para tratar de explicarse mejor y, no teniendo papel a mano sobre el que escribir, agarró una servilleta sobre la que trazó lo que ha pasado a la posteridad como ‘la curva de Laffer’.

El docente angelino dibujó una ‘U’ invertida: un diagrama en el que colocó el tipo de impuesto en el eje de las abscisas y la recaudación fiscal en el de las ordenadas. Para no extendernos en detalles, diremos de forma resumida que, según su teoría, si los impuestos suben de forma continua (en la hipótesis extrema podrían gravar el 100% de la renta) llegará el momento en que los contribuyentes dejen de pagar, porque les será más rentable el fraude o dedicarse a la holganza que invertir o trabajar para que al final se lo lleve todo Hacienda.

La famosa servilleta

Por el contrario, si la presión fiscal baja a partir de un nivel muy elevado, como reacción aumentarán la inversión, el consumo, el empleo y la renta disponible de los ciudadanos y, por ende, la Administración recaudará más dinero al haber mayor actividad económica.

Laffer pretendía demostrar con su ya famosa curva en la servilleta que no por subir la presión fiscal necesariamente se recauda más dinero, y viceversa: no por bajar los impuestos se recauda menos.

El problema, empero, es que la curva no es una fórmula exacta, porque hay que averiguar de forma empírica cuál es el momento en el que se logra la máxima recaudación posible y si la economía se encuentra en un lado o en el otro de la ‘U’ invertida. En caso de errar en la apreciación, una bajada de impuestos sí puede implicar  un descenso en la recaudación en vez de al contrario.

 

DE REAGAN A ISLANDIA

 

La aplicación de la teoría de Laffer ha tenido efectos dispares. Reagan fue uno de sus más entusiastas seguidores y decretó una rebaja general de impuestos en EEUU, pero como en paralelo multiplicó los gastos militares (la llamada ‘guerra de las galaxias’) para presionar a la Unión Soviética, el déficit público se le disparó. En su segundo mandato rectificó, moderó los gastos y obtuvo un cierto éxito.

Antes de la actual crisis financiera y de sentar en el banquillo de los acusados a su ex primer ministro por no haber sabido evitar el ‘crash’ de la banca, Islandia se apuntó también a la curva de Laffer. Entre 1991 y 2001 el tipo impositivo islandés fue reduciéndose gradualmente del 45% al 18% y la Hacienda del país nórdico, en vez de recaudar menos acabó triplicando sus ingresos.

El tiempo y la experiencia acumulada han enseñado que para que la curva de Laffer que a su manera y con sus palbras  trata de aplicar Zoido tenga éxito es condición ‘sine qua non’ contener el gasto público en paralelo a la reducción de la presión fiscal.

El anuncio de Zoido es estimulante porque obligaría al Ayuntamiento a aplicarse a sí mismo una variante de la clásica definición económica: sus necesidades de gasto no pueden crecer de forma infinita a partir de los limitados recursos económicos de los ciudadanos, y menos justamente en una época de crisis como la actual, al peor de la historia reciente. Para Zoido, lo más fácil sería seguir el camino trillado de incrementar la presión fiscal con el pretexto de que Monteseirín le ha dejado las arcas vacías, pero está optando por la senda más difícil, algo ya digno de encomio.

Y extraña que Espadas critique a Zoido por moverse entre la curva de Laffer y la cuadratura del círculo, porque al fin y al cabo el líder de su partido y presidente del Gobierno, Zapatero, ya proclamó en el año 2003 que “bajar los impuestos es de izquierdas”.

Al final, Zoido hasta le va a arrebatar también esa bandera al PSOE.

 

 

 

Los minutos de la basura

La expresión ‘minutos de la basura’ fue acuñada en la NBA para definir la situación en un partido cuando la ventaja de uno de los equipos es tal que se considera insalvable, por más que reste tiempo de juego. Entonces, los entrenadores admiten el resultado, sientan a sus estrellas y les regalan los minutos que quedan a los suplentes y promesas.

Con la toma de posesión de la nueva corporación presidida por Zoido, en Sevilla han concluido los ‘minutos de la basura’ políticos desde el 22-M, un periodo de transición en el que la  tradición impone que el gobierno saliente no adopte ninguna decisión que ate al nuevo y se limite a mantener el funcionamiento de los servicios básicos.

Sin embargo, el dúo Monteseirín-Torrijos no ha desperdiciado ni un solo segundo en su afán de eliminar el mayor rastro posible de sus facturas, dejar ‘patatas calientes’ a Zoido y colocar a sus afines. Para ellos no ha habido minutos suficientes para maquillar su etapa final, pese a que, temiendo su derrota, se pusieran a la tarea con bastante antelación.

 

COLOCACIÓN DE AFINES

 

Tan sólo tres días antes de que Zoido fuera investido alcalde, el gobierno PSOE-IU entregó en propiedad 36 plazas de jefaturas en diversos departamentos sin haber convocado previamente, como era costumbre, un concurso de traslado entre el personal, concurso al que solían optar funcionarios que en algunos casos llevaban años esperando la oportunidad. Entre los nuevos jefes de la noche a la mañana figuran los de negociado de los once distritos. El teórico personal de confianza de los nuevos delegados del PP es en realidad el personal de confianza de Monteseirín y Torrijos, caballos de Troya para la corporación entrante.

Casualmente, según han revelado en estas mismas páginas Antonio Salvador y Sebastián Torres, entre los nuevos jefes figuran una sobrina de Torrijos, un hijo del exconcejal socialista José Gallardo y una hija del jefe de Personal.

Esta maniobra se une al del Instituto Municipal de Deportes, en manos de IU, dos días antes de las elecciones. El comité de empresa denunció que había activado cuatro bolsas de trabajo elaboradas “a la medida de los perfiles de la gente que se quiere colocar”. Al no tratarse de pruebas teóricas o prácticas, sino de requisitos y condiciones puntuales, “se han instaurado baremos muy definidos y ajustados al currículum de ciertas personas, para que sólo ellas puedan entrar, esté la corporación que esté gobernando, la que sale o la que entra”. Y quince días antes, la Delegación de Hacienda contrató como nueva directora de un departamento a una destacada militante socialista del Cerro del Aguila, afín al cesante Francisco Fernández.

 

 

 

 

 

 

CAJONES LLENOS DE FACTURAS

 

 

En previsión de la derrota que venían augurando los sondeos, Monteseirín y Torrijos han pisado a fondo el acelerador de la habitualmente lenta maquinaria burocrática para vaciar cajones llenos de facturas desde tiempo inmemorial por contratos adjudicados a dedo y para regularizar la situación contable de organismos como la fundación DeSevilla.

En sendos Plenos convocados en vísperas electorales (el 28 de abril y el 13 de mayo) lograron que se aprobara el pago de facturas pendientes por valor conjunto de unos 15 millones de euros. El método utilizado, el reconocimiento extrajudicial de deudas, es un procedimiento previsto para casos excepcionales y/o urgentes pero que PSOE e IU han convertido en práctica habitual en sus ocho años de mandato, hasta el punto de que por esta vía han dado salida a unos 50 millones de euros al margen del Presupuesto.

Antes del 22-M  han pagado por conceptos tales como la compra de mil discos de cantes republicanos (10.620 euros); el viaje a Madrid de un grupo de bolivianos que querían inscribirse en el censo electoral (1.400 euros); un estudio sobre participación ciudadana (35.000 euros); un seminario al que fue invitado Juan Espadas (20.000 euros) y, algo harto significativo, también se aprobó la detracción del dinero destinado al pago de la luz, el agua, el gas y el teléfono del IMD (más de 500.000 euros), a riesgo de que le corten por impago estos servicios básicos, para tapar los agujeros generados por IU en la fundación DeSevilla.

 

EL ‘ATADO’ DE MARCHENA

 

 

El PP ha impugnado otra de las apresuradas decisiones de Marchena en  Emasesa: un contrato de 110 millones de euros para construir en cinco años la estación depuradora de aguas residuales ‘Norte’, tan cercana a La Algaba que el proyecto ha provocado manifestaciones en ese pueblo por temor a los olores.

Si en algunos casos PSOE e IU han procurado atar a Zoido, en otros le dejan sus ‘marrones’, como  la deuda de 7,7 millones acumulada en tan sólo dos años por Giralda TV, el aparato propagandístico montado por Monteseirín en plena crisis y que no iba a costar un solo euro a los sevillanos porque se autofinanciaría.

Y Monteseirín ha dejado además en un deliberado olvido su compromiso de que, cuando se acabaran las obras,  se depurarían responsabilidades por el retraso de cuatro años y el sobrecoste que ha elevado hasta 140 millones la factura de las  ‘setas’ de la Encarnación.

Pese al informe del secretario municipal abogando por que esas responsabilidades se depuraran previamente, a fin de que no fuera el Ayuntamiento el único en pagar por las irregularidades en la obra faraónica, Monteseirín se ha ido al final de rositas. Para mayor sarcasmo, con Marchena organizándole un autohomenaje en lo alto del Metropol Parasol  “por haber creado una Sevilla más justa y más avanzada”.

 

 

 

Farolas, bancos y catenarias

El sino de Zoido parece estar ligado al mobiliario urbano. Si preparó su asalto al Poder elevando a razón de estado desde el banco de Bellavista hasta la basura de El Vacie, ya como alcalde electo ha vuelto a situar en el centro de la escena política los elementos funcionales/decorativos de las plazas al anunciar su intención de retirar paulatinamente las  popularmente conocidas como farolas-ducha y bancos-Ikea que Monteseirín instaló en la Alfalfa, Pan y Pescadería por el proyecto de ‘La piel sensible’, eufemísticamente denominado de recuperación de estos espacios  cuando significó su completa transformación estética y un gasto global, incluyendo cambio del pavimento, superior a los 3 millones de euros.

El nuevo alcalde  cree hacerse eco de la opinión de gran parte de los sevillanos –sus veinte concejales avalan el refrendo mayoritario a sus postulados- al expresar su propósito de “recuperar la coherencia y la armonía en el casco histórico tras las improvisaciones” del gobierno PSOE-IU, por lo que repondrá las clásicas farolas fernandinas y los bancos de forja, bien cuando haya disponibilidad presupuestaria, bien cuando el deterioro de este mobiliario –muy acusado en el caso de los bancos de madera, material inapropiado para nuestro clima salvo que sea objeto de un mantenimiento continuo- así lo aconseje.

Según Zoido, en ningún caso se va a derrochar un solo euro, porque los elementos sustituidos se aprovecharán en otras zonas de la ciudad más acordes con su diseño vanguardista.

 

CASI 400.000 EUROS

 

 

Espadas, el líder de la Oposición, ha calificado el anuncio del nuevo alcalde de “despilfarro” porque a su juicio supone la sustitución de algo que no está en mal estado, cuando hay que atender otros asuntos más urgentes. Asimismo, ha criticado a Zoido por querer trasladar a otras zonas el mobiliario urbano que no le guste para el casco antiguo, con lo que está practicando una política “de escaparate”.

Las farolas y bancos objeto de esta controversia fueron instalados hace tan sólo cuatro años, pese a lo cual los segundos ya muestran evidentes señales de un acusado desgaste.

El gobierno saliente ha filtrado que sólo las 17 farolas-ducha y otros tantos bancos-Ikea en las tres plazas  costaron 390.000 euros, IVA incluido, un precio aparentemente excesivo para el escaso número de unidades adquiridas y su cuestionable calidad.

 

FAROLAS POR CATENARIAS

 

Espadas  ha olvidado la existencia de un precedente en la era de Monteseirín, el mismo que en otro de sus funambulismos políticos incumplió el rompedor proyecto de ‘La piel sensible’ cuando por miedo a las opiniones adversas que ya estaba suscitando la transformación de las plazas del centro decidió mantener la estética tradicional de la del Salvador.

En la primavera de 2008, Monteseirín, igualmente receptivo a las críticas por el impacto visual que causaban los rechonchos soportes en que se apoyaban las catenarias del tranvía a su paso por la Avenida, dio orden a Tussam de que los desmontara y sustituyera por unas farolas fernandinas  más altas de lo habitual y que merced a una ingeniosa idea del gerente, Carlos Arizaga, permitían el camuflaje de los cables del ‘Metrocentro’

El entonces vicepresidente de Tussam, Guillermo Gutiérrez, destacó que la empresa municipal de transportes había cumplido el mandato del alcalde “con mucha dificultad”, ya que “se ha tenido que reponer la cimentación en muchas de las farolas que ya lucen en este tramo (desde la Plaza Nueva hasta la catedral)”. Y añadió: “Desde el punto de vista estético hemos ganado bastante”.

Según Gutiérrez, los postes sustituidos se iban a reutilizar en el proyecto de ampliación del tranvía entre el Prado y San Bernardo primero, y, posteriormente, hasta Santa Justa, una reutilización de la que no se ha tenido noticia hasta ahora (para empezar, los nuevos postes son incluso de distinto color que los antiguos).

El coste de aquella operación de reposición de farolas en el Centro por razones exclusivamente estéticas y no por el deterioro de un material completamente nuevo fue de 700.000 euros, es decir, un 80% más caro de la que propugna Zoido tres años después para cambiar las farolas-ducha y los bancos-Ikea de tres plazas del casco antiguo.

 

MUTISMO HASTA HOY

 

¿Qué dijo entonces Espadas, correligionario de Monteseirín, y qué dijeron los adalides del diseño rupturista de ‘La piel sensible’ sobre esta sustitución de postes en perfecto estado por farolas  tradicionales? Absolutamente nada. Guardaron un total mutismo y no tacharon los trabajos de despilfarro, política-escaparate, agravio comparativo a los barrios por trasladarles en el futuro los postes que no se querían para el Centro ni aludieron a las necesidad  de atender con esos 700.000 euros otras prioridades más urgentes.

Tampoco dijo ni mú el delegado de Cultura, Bernardo Bueno, que ahora arguye  que para cambiar las farolas y los bancos hay que pedirle permiso a la Comisión de Patrimonio, la misma que estuvo igual de silente cuando Monteseirín cambió las farolas clásicas de la Avenida junto a la catedral (patrimonio de la Humanidad) por los horrendos soportes del tranvía primero y deshizo la operación después. ¿Cuándo vulneró la ley de Patrimonio, al principio o al final?

Estamos ante dos operaciones urbanísticas semejantes por criterios meramente estéticos. Por tanto, si no se condenó la primera, no hay razones objetivas para hacerlo con la segunda, salvo que se actúe por una sinrazón política.