“Inauguramos hoy un magnífico espacio, en el centro histórico de Sevilla, que abre las puertas al progreso económico y al desarrollo de un sector de la ciudad que estaba en franca decadencia. Este proyecto, concebido en época de bonanza económica y concluido en una de crisis, 
es una excelente herramienta para la creación de actividad económica y empleo. Los beneficios económicos que Metropol Parasol va a traer a la ciudad superarán, en un solo año, la inversión acometida”. Así habló Monteseirín el 27-3-2011 en la inauguración de las ‘Setas’ de la Encarnación. Aludía a un supuesto estudio citado en junio de 2010 por el delegado de Urbanismo, Manuel Rey, según el cual el Metropol tendría un impacto económico, directo e indirecto y en sólo un año, de 369 millones de euros.
Pues ni 102.043.776 euros, dinero pagado por el Ayuntamiento hasta este año por su construcción, ni esos 369 millones augurados por Rey.
Veinte meses después, la concesionaria y constructora, Sacyr, exige al Consistorio 35.178.876 euros por las pérdidas sufridas ante la falta de negocio y quiere devolverlo mediante la resolución del contrato.
Por más que Sacyr exija que se la compense por sus supuestas pérdidas, de las cifras conocidas hasta la fecha se colige lo contrario. La construcción del Metropol al menos ha debido de ser un buen negocio. El Ayuntamiento de Monteseirín valoró inicialmente su ejecución en 51,2 millones de euros, de los que el gobierno local aportaba a fondo perdido 25.421.166 euros, y la empresa, 25.778.834. A cambio de esta cantidad, Sacyr explotaría durante 40 años el denominado ‘Espacio Encarnación’, que incluye toda la antigua plaza más la sede de la Delegación municipal de Hacienda.
Siempre con las salvedades a que obliga el oscurantismo mantenido con esta polémica obra, Sacyr habría facturado finalmente al Ayuntamiento (modificados de obra y otros) por valor de entre 63 y 72 millones de euros, quedando un resto de entre 4,3 y 8,5 millones del Antiquarium en función de lo que se haya imputado finalmente a los planes 8.000, de Zapatero, y Proteja, de la Junta de Andalucía.
LOS CINCO ARGUMENTOS
La petición de resolución del contrato y de abono de una compensación de 35 millones de euros la basa Sacyr en:
1) Pérdidas por el acceso gratis de los sevillanos al mirador: Primero se dijo que había exigido 180.000 euros anuales a Monteseirín por permitir el libre acceso de los nativos a la cubierta, en cumplimiento de la demagógica promesa del ex-alcalde y de su 
valido, Manuel Marchena, de “democratizar las vistas de Sevilla”, de las que hasta entonces, según ellos, sólo podían gozar los ricos desde los miradores de sus casas-palacio. Ahora se ha publicado que la estimación de la compensación podría ascender a 264.000 euros. Se tiene constancia de una factura mensual presentada por Sacyr por valor de 30.189 euros, lo que significaría una compensación anual de 362.269 euros.
La disparidad podría deberse a la variación con el tiempo en las previsiones de visitas y precios de las entradas. Inicialmente el objetivo era recaudar un millón de euros/año por 400.000 visitas anuales a un precio de 2,5 euros cada una. La última noticia al respecto habla de unos ingresos de 600.000 euros, de los que 450.000 se imputarían a los sevillanos y el resto a los turistas.
Esta previsión ya denotaría el fracaso del Metropol como el gran polo de atracción turística con que Monteseirín lo presentó, y ello pese a que se ha introducido el ‘Antiquarium’ en el circuito del Alcázar para derivar turistas hacia la Encarnación. Teóricamente, a medida que pase el tiempo el mirador de las ‘Setas’ debe de perder interés para los sevillanos una vez que lo hayan conocido, como ha ocurrido con Isla Mágica, la Catedral, la Giralda…. por lo que no tiene mucho sentido (sí, el de cobrarle al Ayuntamiento) imputarle a la ciudad el 75% de las visitas y sólo el 25% a los turistas.
2) Retraso en la entrega del inmueble de la Delegación de Hacienda: Sí, pero Monteseirín pactó con Sacyr que el Ayuntamiento se lo alquilara durante cinco años por 60.000 euros/mes. Contrato extraordinario para la empresa, que se ahorró el coste de la rehabilitación (2,7 millones) y se garantizó una renta mensual en plena crisis inmobiliaria, caída de alquileres y oficinas vacías por exceso de oferta.
3) Repercusión del coste de explotación a los placeros menor de lo pactado: Si le salvó políticamente la cara a Monteseirín para propiciar el traslado de aquéllos y justificar así la obra misma, sería porque tendría bastantes buenas razones para ello. En todo caso, es su problema haberlo aceptado y, además, no considera el valor comercial de la reversión de los puestos ya abandonados por sus titulares en estos dos años.
4) Retraso de 10 meses (febrero 2012) del pago de la última certificación de obra (11,6 millones): Sabido es que Monteseirín inauguró el Metropol antes de que estuviera terminado con tal de hacerse la foto él y no Zoido.
5) Inversión no amortizada y lucro cesante al haberse fijado unos mínimos con Monteseirín que no se han cumplido: Sacyr hizo su Plan de Negocio, no se lo hizo Monteseirín. El riesgo es inherente a la aventura empresarial. Si no se han cumplido sus previsiones es que estaban mal hechas y lo que ahora pretende es socializar las pérdidas.
Si se hubieran superado esas previsiones y Sacyr hubiese ganado 35 millones más de la cuenta, ¿los habría compartido con el Ayuntamiento o se los habría repartido a sus accionistas?
Este fue el inicio de un galimatías jurídico irresoluble. Para corregir la situación, el anterior Consistorio acabó firmando un convenio privado con Equipark que alteraba los contratos, pese a que veinte meses antes el secretario y el interventor municipales alertaron sobre su ilegalidad por vulnerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya que lo procedente habría sido rescatar los proyectos y convocar un nuevo concurso.
Apenas un mes después de su toma de posesión como alcalde, durante una visita el 13 de julio de 2011 al Centro de Formación y Empleo San Fernando, Zoido anuncia que ya ha dado instrucciones a las Delegaciones de Movilidad y Urbanismo para reintegrar “inmediatamente” las fianzas de 1.000 euros a los afectados por los parkings pendientes desde 2006, y “no porque lo diga el Defensor del Pueblo, sino porque es de Justicia”.
Hace un año, el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó en el mismo sentido de que el Ayuntamiento carecía de título jurídico habilitante para exigir a la empresa la devolución de las fianzas, al tratarse de una cuestión contractual entre sujetos privados de la que, además, ya estaban tratando los tribunales. Desautorizó la pretensión de Zoido de resolver el contrato de los 13 parkings para, con los avales, devolver el dinero, ya que éste tenía un carácter finalista y, por ende, estimó que debía ser el Consistorio el que indemnizara a Equipark por haberle adjudicado el 53,8% de las obras sobre terreno ajeno.
Amparo Rubiales ha reconocido que su bufete percibió a finales del año 2009, cuando aún ella era miembro del Consejo de Estado, pagos periódicos de 6.000 euros de Nueva Rumasa, la empresa de José María Ruiz Mateos. Unos medios dicen que los abonos eran mensuales y otros que semanales, y que podrían haber ascendido a casi 55.000 euros. La actual presidenta del PSOE (A) defiende la legalidad de su actuación y justifica el cobro de tan sustanciosas minutas por su intermediación ante el Ayuntamiento de Sevilla en la era Monteseirín o bien ante el de La Rinconada, también gobernado entonces por su partido, para que le concediesen licencia urbanística a Ruiz Mateos. Sin entrar en esas mismas disquisiciones de Miguel Ángel Vázquez sobre la diferencia entre legalidad, ética y estética (en 2009 ya estábamos en plena crisis), yo, en plan ingenuo, planteo como simple ciudadano si para pedir una licencia municipal hay antes que pasar por la caja de ciertos despachos. ¿Será acaso ésta la famosa pregunta del millón (de las antiguas pesetas), o sea, de los 6.000 euros?
Ante la amenaza de huelga en Lipasam y Mercasevilla, el Ayuntamiento amaga con divulgar los abusos en las empresas municipales. Y filtra algunos botones de muestra: desde horarios laborales que acaban a las 13 horas los viernes hasta el derecho (¿?) de que un pariente ‘herede’ el empleo de un jubilado en Lipasam, en plan feudal, como si se tratara de una monarquía sindical hereditaria. De Juzgado de Guardia. Y, sin embargo, el gobierno local dice que no va a revelar estos privilegios, a costa de los contribuyentes y pese a la que está cayendo, “por responsabilidad y por facilitar el diálogo”. ¿Responsabilidad? ¡Cobardía!, para no enfrentarse a los sindicatos, cómplices de este régimen contrario a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos para optar a un empleo público, como ya dictaminó el Defensor del Pueblo en el caso de Tussam. El gobierno de los 20 concejales no tiene el valor de acabar con estos abusos y prefiere seguir haciendo la vista gorda. ¿En qué consistía el cambio de Zoido? Como en ‘El Gatopardo’, de Lampedusa, en que todo siga igual.
Me he leído las 23 páginas de la nueva Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines Públicos en el municipio de Sevilla que ha redactado el gobierno de Zoido y que no han suscitado excesivo entusiasmo, sino más bien lo contrario, entre las asociaciones protectoras de las zonas verdes. El problema no son las Ordenanzas, donde teóricamente se protege todo lo protegible, se prohíbe todo lo prohibible y se sanciona todo lo sancionable, sino el desprecio al árbol innato en nuestro incivismo y que acabarán por convertirlas, como las anteriores, en papel mojado.
El jurado ha declarado culpable de cohecho en el caso Mercasevilla al exdelegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, una sentencia pendiente de ratificación por el juez y por las instancias judiciales superiores en la hipótesis de que sea recurrida. Si se confirmara, sería el primer alto cargo condenado por corrupción en los 30 años de historia de la Junta y se desmontaría el argumento de Griñán en contrario, eso de que jamás se había producido tal circunstancia. Lo significativo es que ahora tanto la Junta como el PSOE reniegan de Rivas y subrayan que ya no vive allí: dimitió de su puesto de alta responsabilidad y entregó el carné de militante, cuando su condena deriva justamente de sus actuaciones cuando era director general de la Consejería afectada por el escándalo de los EREs (Griñán lo mantuvo en el puesto aun estando imputado, en contra de su doctrina al respecto) y hombre fuerte del partido en Camas y de confianza de Viera cuando éste ocupaba la Secretaría General. A Rivas quiere hacerle el PSOE lo mismo que la UCI a Armstrong: borrarlo de la historia.
El Tribunal de Cuentas ha constatado irregularidades en el 100% de las obras del Plan ‘E’ en Sevilla durante el fin de ciclo de la dupla Monteseirín-Torrijos. Dice, entre otras perlas, que el gobierno ‘de progreso’ en ningún caso tuvo en cuenta el precio como criterio de adjudicación en los contratos de obra. Naturalmente. El Tribunal sólo entiende de economía, pero no de política, y, al igual que en el flamenco-fusión, el arte del (sin) alcalde anterior consistía en hacer economía-política o en convertir la economía en pura política. Monteseirín se atuvo a la frase de Machado de que sólo el necio confunde valor y precio, típico error en que incurren los organismos fiscalizadores, que no tienen en cuenta los condicionantes de la vida política. Ya que disparaba con pólvora del Rey, de lo que se trataba con el Plan ‘E’ era de poner en valor el dinero público contratando el máximo número de operarios posible para hacer chapuzas en las aceras. En su inocencia el Tribunal cree que se trataba de inflar las cuentas cuando en realidad se trataba de inflar los votos.
Casualidad o coincidencia, en el teatro Infanta Isabel de Madrid se está representando el espectáculo ‘¡Sin paga, nadie paga!’, revisión que el nobel italiano Darío Fo ha hecho de su comedia ‘Aquí no paga nadie’, escrita en 1974 y cuya temática se asemeja a los recientes asaltos a supermercados por la marcha jornalera comandada por Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado de IU y alcalde de Marinaleda: la crisis, el paro y la inflación empujan a un grupo de personas a llevarse los productos básicos de las estanterías de los supermercados. Fue una premonición de lo que pasó posteriormente en la realidad y, casi 40 años después, en la Andalucía de Griñán. El actor Pablo Carbonell perjura que su montaje fue concebido antes de la marcha del SAT y no como reacción oportunista tras el asalto al Mercadona, y que ha estado atento al cansancio sobre la política que impregna a los españoles. Ahora sólo falta que algún espacio escénico programe la obra en Sevilla para comprobar si el revisionismo de Darío Fo ha incorporado las últimas aportaciones de Sánchez Gordillo.
Zaplana ocultó que pagó el equivalente a 6 millones de euros a Julio Iglesias en 1997. El cantante reconoció ante un juez dominicano el 29 de mayo que cobró 990 millones de pesetas (5,95 millones de euros) a raíz de los contratos firmados en diciembre de 1997 con el Ivex, una cifra que supone 3 millones de euros más de lo que el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana (PP), aseguró haber pagado al artista por promocionar la Comunidad Valenciana.
Las dietas por servicios extraordinarios pagadas por Emasesa a sus conductores crecieron un 1704% entre el años 2007 y 2008, tras nombrar Monteseirín a su íntimo amigo, Manuel Marchena, gerente de la empresa municipal de aguas, la ‘joya de la corona’ de la corporación hispalense. Asimismo, los gastos en viaje sfuera de Sevilla de directivos se incrementaron en un 116% de un año para otro tras la llegada de Marchena, que acaparó la mayor parte de los desplazamiento, en una muestra de lo que haría a lo largo de los años siguientes hasta que salió de la compañía con la marcha del Ayuntamiento de su gran valedor y protector, tras ganar Zoido las elecciones municipales en mayo de 2011.
Zaragoza, coincidiendo con los preparativos o el periodo de celebración de la Exposición Mundial del Agua; Nueva York, en casual coincidencia con la maratón -una prueba atlética a la que Manuel Marchena tiene en un aprecio tan grande que incluso se calza las botas para correrla- de la ‘Gran Manzana’; China, Londres…. fueron algunos de los escenarios, nacionales e internacionales, a los que viajó Manuel Marchena como gerente de Emasesa con la excusa de presentar en el mercado el agua embotellada y saborizada bajo la denominación ‘Agua de Sevilla’.