Zoido dice que habrá que prever nuevas medidas para evitar que los vándalos vuelvan a decapitar la estatua alegórica de Híspalis en la fuente de la Puerta de Jerez. ¿Cómo que nuevas? Habría bastado con prever alguna tan antigua como el vallado perimetral del monumento, igual que en otras ocasiones en que el Sevilla o la Selección conquistaron algún título, pero esta vez el alcalde se quedó ‘in albis’ y fue pasado por encima por el ‘desmadre’ en la bulla por ‘La Roja’. Gobernar es prever y en una ciudad donde los estudiantes han empaquetado en plan Christo (el artista norteamericano de origen búlgaro) la estatua de Santa Angela de la Cruz y los vándalos habituales robado el violín a la de Mozart a las puertas del Maestranza y embadurnado de pintura las de Curro Romero y Cayetana de Alba, habría que haber previsto medidas de seguridad para la fuente de Brackembury, pero para eso no se puede estar yendo de la Ceca a la Meca y hay que tener la cabeza puesta en Sevilla y no tanto pensando en la FEMP, las Cinco Llagas y las ‘peleítas’ malagueñas en el seno del PP.
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El convenio de Marchena
Uno de los recientes hitos de la era Zoido ha sido el acuerdo en Emasesa para revisar el convenio colectivo firmado, ya en plena crisis económica (año 2009), por Manuel Marchena como gerente y con una vigencia de tres años (2011) prorrogables. A pesar de que la empresa municipal no figuraba en el Plan de Ajuste por operar como sociedad anónima, al final, para que no quede marcada ante la opinión pública y el resto del Ayuntamiento, ha sido obligada a aplicar la reducción salarial del 5% durante 2012.
El gobierno local considera que este recorte tendrá en Emasesa menos impacto que en otras áreas municipales, dado el generoso convenio colectivo autorizado por Marchena -el cual se puso a sí mismo un sueldo de 168.392 euros anuales- y que el PP decidió revisar en cuanto llegó al Consistorio, colocó a Jesús Maza al frente del ‘holding’ municipal y conoció su verdadera situación.
UN CALENDARIO MUY PARTICULAR
Una de las sorpresas con el convenio colectivo de Marchena fue ver que la jornada de trabajo se había fijado en 1.575 horas/año, con lo cual, según se contabilizaran 52 semanas ó 48 (sin las vacaciones), la media semanal oscila entre 30,28 y 32,81 horas de trabajo, cuando el debate se centra en incrementar las horas laborales de 35 a 37,5.
El calendario laboral que se encontró Jesús Maza tiene la particularidad de añadir a los festivos nacionales y locales (día de San Fernando y el Corpus), otros cuatro: el viernes de Feria (permite así gozar de tres días seguidos de descanso), el 5 de enero y el 24 y 31 de diciembre, con lo que en los tres últimos casos se propician dos días consecutivos de libranza. Un trabajador normal goza de 14 festivos al año; los de Emasesa, 18.
PAZ SOCIAL ‘C0MPRADA’
La política de Monteseirín y Marchena durante los 12 años de mandato socialista consistió en ‘comprar’ la paz social firmando unos convenios colectivos al margen de la crisis económica y que han contribuido a agravar el balance global del Consistorio, hasta el punto de que la propia Emasesa, la joya de la corona del ‘holding’ municipal, tenía una previsión de pérdidas de 4 millones de euros cuando Jesús Maza tomó el timón de la misma a mitad de 2011. Gracias a que adoptó medidas de recorte de gastos para paliar los excesos de Marchena, los números rojos quedaron finalmente reducidos a dos millones.
El convenio autorizado por el valido de Monteseirín incluye todo tipo de pluses, premios y complementos que multiplican con creces el salario base del personal, ya que a las doce mensualidades se añaden cuatro pagas extraordinarias que oscilan, según categorías profesionales y meses, entre 3.061 y 5.889 euros para los técnicos; entre 2.977 y 3.248 euros para los subalternos y entre 2.926 y 3.872 euros para los obreros.
PAGAS Y PREMIOS
Independientemente de la categoría laboral, Marchena aprobó una paga lineal en la nómina del mes de enero que ascendió a 715 euros en 2009; 737 euros en 2010 y 1.000 euros en 2011. Por otra parte, a fin de favorecer el incremento de la productividad de la plantilla, estableció otra paga en el mes de mayo, también independiente de la categoría laboral, por el siguiente importe: 384 euros en 2009; 737 euros en 2010 y 1.000 euros en 2011. El único requisito para cobrarla consistía en asistir a los cursos de formación de Emasesa.
Otra retribución que llamó poderosamente la atención de Jesús Maza y su equipo ha sido el premio contra el absentismo. Otra vez con el declarado fin de mejorar la productividad y de luchar contra la apatía laboral, Marchena autorizó un premio bimestral (cada dos meses) consistente en el abono de siete sueldos/base diarios en las nóminas de febrero, abril, julio, agosto, octubre y diciembre. La suma de estos siete días de sueldo cada dos meses se acababan convirtiendo a final de año en 42 días, casi una paga y media extra más que añadir a las cuatro anteriores. Y según la cláusula negociada por Domingo Vera en nombre de Marchena, como mínimo cada empleado debía percibir el 66% de un sueldo base en cada bimestre.
TARJETA MÉDICA PRIVADA
Además de pluses de nocturnidad, penosidad , festivos, de asistencia/rendimiento y de turnos (4,08 euros), en Emasesa se cobra el denominado ‘plus volante’ por conducir los coches de la empresa (de 3,56 a 4,13 euros); el de ‘pantalla’, por trabajar con un ordenador (3,10 euros diarios); el de lectura de contadores (0,29 euros por cada uno que exceda de los 200 diarios) y el de cobro de recibos en ventanilla a los usuarios (el 0,25 por mil de las cantidades cobradas en efectivo, garantizándose un mínimo de 60 euros/mes, equivalentes a 720 euros/año) y en los centros oficiales (el 2 por mil de la recaudación).
Marchena también autorizó desde anticipos de 600 euros para las vacaciones, convertidos en la práctica es un préstamo a interés cero y descontables a razón de 50 euros/mes en las nóminas del año siguiente, hasta la dotación de un fondo con 150.000 euros para créditos/vivienda a un 1,5% de interés, y ayudas para el estudio de los hijos a todos los niveles (desde 200 euros para la EGB hasta 470 euros para cursar carreras universitarias).
Y como parece que Marchena no tenía mucha confianza en la sanidad pública andaluza, autorizó que se contratara con una empresa privada especializada una tarjeta sanitaria para todos los empleados (ahora son 148) y sus familias, a fin de que gozaran de asistencia médica y descuentos especiales por valor de 9.000 euros anuales.
Por éstas, y muchas otras razones, Zoido tenía especial interés en que Emasesa se adhiriera al menos al Plan de Ajuste, pues como ha expresado Asunción Fley, “sanear el Ayuntamiento es cosa de todos”·
* Texto completo del convenio colectivo firmado en la época de Manuel Marchena:Convenio colectivo Emasesa
A la piqueta
El TSJA no se ha dejado engatusar, como tampoco los vecinos, por el ‘regalo envenenado’ de la Hispalense y ha decretado la completa demolición a sus expensas de los pilares de la biblioteca y la reposición de los jardines del Prado a su estado original. ‘Regalos envenenados’ llamaba Cassinello a los pabellones de la Expo que los Participantes querían legar a España al final del 92, porque aquel altruismo escondía la intención de ahorrarse los gastos de la demolición, obligada por el Reglamento de la Muestra. La Hispalense, con su oferta de convertir los muñones de cemento en unos jardines colgantes de Babilonia y en miradores para pájaros, no pensaba ni en los vecinos ni en Sevilla, sino en ella misma: ahorrarse la vergüenza y, sobre todo, el coste del derribo. No ha colado su plan porque está más que calada tras seis años de pleitos con unos vecinos a los que en su soberbia amenazó con exigirles 10.000 euros por cada día de parón a su obra faraónica. Con la decisión del TSJA impera la justicia y el sentido común. Lo contrario habría sido primar la ilegalidad.
Sevilla, en la lista negra de la Unesco
“Un escenario realista es que Sevilla entre, tras la reunión de Brasilia, en la lista de ciudades con Patrimonio en peligro. Y podría ocurrir que, en el peor de los casos, expulsaran a Sevilla”. Estas premonitorias palabras fueron pronunciadas el 28-6-2010 por Víctor Fernández Salinas, vicesecretario en España del Icomos, tras comprobar que la torre Cajasol seguía adelante pese a la primera advertencia dada en junio de 2009, en la misma Sevilla, por la XXXIII Conferencia del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco.
Desde hace tres años, la Unesco viene dando avisos a España sobre la afección del rascacielos a los tres monumentos sevillanos patrimonio de la Humanidad (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias), sin que ni el Gobierno, ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento se hayan dado por enterados.
A LA TERCERA, LA VENCIDA
No ocurrió tras la Conferencia de Brasilia (2010), ni la de París (2011), donde en cada una de ellas la Unesco seguía exigiendo informes sobre la evolución de la torre, pero presumiblemente va a ocurrir en la próxima de San Petersburgo. Conforme a la primicia de EL MUNDO, se votará la inclusión de los monumentos sevillanos en la ‘lista negra’ del Patrimonio en peligro y si el rascacielos no es paralizado antes del 15 de agosto y rebajado en altura antes de 2014, Sevilla perderá su título de Patrimonio de la Humanidad, un desprestigio equiparable a la expulsión de la ciudad alemana de Dresde en junio de 2009 (Omán renunció antes de que la echaran para poder realizar prospecciones petrolíferas en el hábitat del oryx).
Por tanto, tras tres años de avisos nadie en Sevilla puede llamarse a engaño ni rasgarse las vestiduras ante un procedimiento que muestra un claro paralelismo con el de Dresde. También la ciudad germana fue advertida en 2006 de que si no renunciaba a construir un puente en el valle del río Elba se le retiraría el prestigioso título del que gozaba desde 2004. Los alemanes contestaron con el mismo argumento que ha hecho ahora suyo Zoido, el alcalde que proclamaba que no permitiría que la torre Cajasol pusiera en peligro la condición de Patrimonio de la Humanidad de Sevilla y que se comprometió ante el Icomos a anular de inmediato la licencia para paralizar las obras: el proyecto del puente era legal y, además, había sido votado en un referéndum.
UN DEBATE SUPERADO
El puente podría ser legal, pero como a juicio de la Unesco rompía el paisaje histórico que a lo largo de 18 kilómetros incluía desde el centro de la ciudad hasta palacios barrocos y jardines, Dresde fue expulsada en 2009, a los tres años del primer aviso, justo el mismo tiempo dado a Sevilla para que rectificara con la torre Cajasol, infructuosamente.
En Sevilla se han despreciado los informes de Icomos diciendo que era una especie de ONG del Patrimonio, un grupo de amiguetes sin poder ni influencia en la Unesco. Craso error, porque en la Convención de París de noviembre de 1972 y en virtud de la cual se creó el Patrimonio Mundial, Icomos figura en el artículo 8.3 como la voz consultiva para el patrimonio cultural, y la UICN para el natural.
Y, al igual que en Dresde, los informes del Icomos sobre la torre Cajasol y Sevilla dicen que lo más importante es la protección del paisaje histórico de la ciudad en que se hallan incardinados la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, y no sólo la de estos tres monumentos aislados, fuera de su entorno. Quienes sostienen lo contrario alegando que el rascacielos no afecta directamente a los tres bienes del Patrimonio Mundial nos retrotraen al debate patrimonial de los años 70 y 80 en Sevilla, cuando se tranquilizaban las conciencias protegiendo edificios aislados (tampoco, como prueba el libro sobre la Arquitectura Civil sevillana, convertido en prueba de cargo sobre el valor de lo demolido) o incluso sólo elementos de los mismos (la portada) mientras la piqueta se ensañaba con el conjunto del caserío histórico, dejando descontextualizados a aquéllos.
DE PROTECTOR A INFRACTOR
Por extensión, el concepto de afección indirecta también se contempla en la Convención de París, ya que el artículo 6.3 especifica que cada uno de los Estados signatarios se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural. Y el artículo 11.4 determina que en la ‘lista del Patrimonio Mundial en peligro’ se incluirán los bienes que estén amenazados “por peligros graves y precisos” como “proyectos de grandes obras públicas o privadas”, una casuística en la que se engloba la torre Cajasol.
España no sólo suscribió en mayo de 1982 la Convención del Patrimonio Mundial, sino que fue mucho más lejos cuando el 18-4-2002 firmó con la Unesco un convenio especial pensando en países del Tercer Mundo para identificar más bienes destinados al Patrimonio Mundial, prestar asistencia técnica a otros Estados para asegurar su protección y, paradójicamente, fortalecer la gestión de los bienes ya declarados como tales, “especialmente a través de una nueva confirmación, si fuese necesaria, de los límites del área bajo protección del Patrimonio Mundial y de la revisión del marco de gestión de dicho patrimonio”.
España, pues, preconizaba para otros lo que no ha hecho en Sevilla y que también le reprocha la Unesco: no haber ampliado el entorno protegido del casco histórico para evitar amenazas como la torre Cajasol, ese icono de 178 metros de altura que según Monteseirín y Marchena iban a poner a Sevilla directamente en la modernidad y que ha acabado poniéndola en la lista negra de la Unesco y a la altura del Tercer Mundo.
Un caso de espionaje en Minas de Riotinto
El diario ‘online’ El Confidencial publica en su edición del 7 de junio de 2012 una información con el título ‘La agencia que espió a López del Hierro ‘hackeó’ al CEO de Minas de Riotinto’, fechada en Barcelona y redactada por Antonio Fernández, que por su interés para los vecinos de la Cuenca Minera onubense transcribimos a continuación:
@Antonio Fernández. Barcelona 07/06/2012 (06:00h)
La trama de investigadores que traficaban con datos confidenciales pinchó el verano pasado el ordenador del consejero delegado de Minas Río Tinto (MRT), Carlos Estévez Ruiz de Castañeda, antes de que la empresa Emed Tartessus presentase una denuncia por estafa y falsedad contra él. Otro de los ordenadores intervenidos ilegalmente pertenecía a Miguel Ángel Ortega, director financiero. La empresa Vertex, la misma que espió a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, en el restaurante Ten con Ten, fue la encargada de realizar los pinchazos, según los documentos que constan en el sumario de la Operación Pitiusa a los que ha tenido acceso El Confidencial.
El objetivo del espionaje era enterarse de los pasos que daba la cúpula de Minas Río Tinto y, para ello, necesitaban conocer los contenidos de los correos electrónicos recibidos y enviados por los directivos. “No me enteré de nada. Sólo hubo una cosa curiosa, pero fue en el verano de 2010. Alguien entró en la casa y se llevó mi ordenador personal y otros aparatos electrónicos, pero no le dimos importancia. Como consejero delegado de Minas de Río Tinto, no me di cuenta de ningún espionaje”, señala Carlos Estévez a El Confidencial.
El empresario señala que “si pincharon mi ordenador, lo más importante que se habrán llevado es el expediente enterito de los ERE falsos de Río Tinto, que me negué a firmar porque aquello era una chapuza. Ya no es que hubiera intrusos [personal ajeno a la empresa], que los había aunque fuesen pocos. Lo más grave es que pretendían dar coeficientes reductores por trabajos en la minería a personas que jamás habían bajado a un pozo. Estos coeficientes reductores se daban por las condiciones de trabajo insalubres de los mineros, pero pretendían aplicarlos a personal de oficinas o de administración. Por negarme a firmar los expedientes, tuve muchos problemas personales y políticos”.
El empresario reconoce que en el momento en que le fue pinchado el ordenador mantenía un pleito con Emed Tartessus. “No me extrañaría que hubiesen intervenido mi ordenador, porque alguna de la gente que trabaja para Emed no me inspira ninguna confianza y les creo capaces de cualquier cosa. Durante los últimos años, han ido a por mí personalmente, interponiendo muchas denuncias. No es que fuesen contra la empresa Río Tinto, sino que iban contra mí”, añade Estévez.
El propietario de Vertex, Juan Manuel Olivera, por su parte, dejaba entrever en las conversaciones intervenidas con orden judicial que había sido contratado para espiar a Carlos Estévez por una persona de la cúpula de Emed.
El litigio que Emed tenía con MRT venía de lejos. Esta última había vendido en el 2005 los terrenos donde se asientan las minas a la empresa Matesur Andévalo, que también está controlada por hombres de confianza de Carlos Estévez. En el 2007, Matesur cedió los terrenos a Emed Tartessus, pero la transferencia formal no se llegó a realizar, ya que la transmisión debe ejecutarse directamente por la Junta de Andalucía. El año pasado, la comisión liquidadora cerró un acuerdo con Rumbo 5.0 para la adquisición de los derechos mineros. Esta compañía es, a su vez, propietaria de parte de los terrenos. Pero para la operación no tuvieron en cuenta a Emed. Es más: en septiembre, directivos de Emed intentaron acceder a los terrenos en que se encuentran las balsas mineras pero no los dejaron entrar. A principios de 2012, finalmente, Emed interpuso una querella contra Carlos Estévez por estafa y falsedad.
Un hacker muy rico
En medio de esa batalla, se produjo la interceptación de los ordenadores de los directivos de MRT. Para llevar a cabo los pinchazos, Olivera recurrió a un antiguo compañero suyo de trabajo, Matías Bevilacqua, con fama de ser uno de los mejores expertos informáticos del sector de la investigación, lo que en lenguaje común y corriente se denomina hacker. Ambos habían coincidido en la empresa Cybex hasta hace pocos años. Bevilacqua llegó a ser responsable de I+D+i de esa empresa hasta que decidió independizarse y montar su propia compañía en Barcelona.
Durante los dos últimos años, Matías Bevilacqua trabajó varias veces para Olivera: se han encontrado cuatro transferencias de dinero por valor de 14.486 euros desde el año 2010 que salieron de una cuenta del dueño de Vertex hacia las cuentas del hacker.
Tras su detención, los agentes encontraron en poder de Bevilacqua unos 280.000 euros en efectivo. La justificación de Matías fue sorprendente: aseguro que procedía de fondos reservados del Ministerio de Defensa, ya que le habían contratado para desarrollar un sistema de interceptación de correos informáticos. No obstante, la cantidad incautada está ahora bajo control judicial. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión de los hechos de Bevilacqua, pero el hacker evitó ponerse al teléfono.
El sueldo de los mineros prejubilados, en peligro
Antonio Salvador y Sebastián Torres, dos de los mejores periodistas andaluces, han publicado el pasado domingo 27 de mayo de 2012 en el diario El Mundo que unos 1.700 prejubilados andaluces no cobrarán ya este mes sus prestaciones debido a los impagos que mantiene la Junta con las aseguradoras con las que se formalizaron sus pólizas, a las que adeuda más de 270 millones de euros. Ambos periodistas, los mayores expertos en el escándalo de los ERE, han podido conocer en fuentes de toda solvencia que Vidacaixa, BBVA y Generali han tomado esta determinación cansadas de las promesas incumplidas por parte de la Consejería de Empleo y por la falta de un interlocutor en la Administración autonómica que afronte el problema para buscar una solución. Se trata de uno de los asuntos que Manuel Recio ha dejado en herencia al nuevo responsable político de Empleo, Antonio Ávila.
Los prejubilados que se verán afectados por la decisión de las compañías de no pagar ya las rentas desde este mes son los antiguos mineros de Río Tinto, El Marquesado, Minas de Almagrera, Bolsa de Tharsis, Minas de Alquife y Mina de Herrerías; los ex trabajadores de las bodegas jerezanas Willians&Humbert, González Byass, Zoilo Ruiz-Mateos y del consejo regulador del Vino de Jerez, así como los antiguos empleados de Pickman, Grupo Joly, Arteferro, Promi, la industria naval de Cádiz, la industria auxiliar y los inválidos de Delphi, y Calderinox.
El plante de las aseguradoras se produce por la inexistencia de un calendario de pagos por parte de la Junta, que se comprometió a realizar una transferencia el pasado mes de abril a fin de garantizarse la paz en vísperas de las elecciones autonómicas del 25 de marzo. La Consejería de Empleo ha vuelto a incumplir una vez más su promesa.
El pago de esta mensualidad sólo se llevaría a cabo si la Junta formaliza de urgencia una transferencia de unos 40 millones de euros, cantidad con la que se reduciría la deuda acumulada al haber adelantado las aseguradoras el dinero y se garantizaría el abono durante unos meses a la espera de un nuevo ingreso en el último cuatrimestre del año. De cumplir su anuncio las compañías, se daría el caso de que los beneficiarios de pólizas de seguros de rentas financiadas por la Junta no sólo no cobrarían su prestación, sino que tendrían que adelantar el importe correspondiente al convenio especial con la Seguridad Social.
La pareja
Tras mirar en los cajones y debajo de las alfombras del Ayuntamiento y de las empresas y organismos municipales durante ocho meses, Zoido ha encontrado de la era Monteseirín facturas pendientes de pago a proveedores por valor de 59.683.446 euros. La cifra en pesetas da más cabal idea de hasta dónde llegó la marea del despilfarro con el inspector médico metido a alcalde: unos 10.000 millones en números redondos. Cada año de Alfredo en la Alcaldía la deuda se engordaba en 827 kilos de media. Visto de otra manera, Monteseirín le ha dejado a cada sevillano como recuerdo de su paso por Plaza Nueva una lápida de 85 euros. Del conjunto de entes municipales, el más moroso con los proveedores ha sido la Gerencia de Urbanismo, con 17,5 millones de euros, un tercio del total de los impagados del Consistorio. Como se recordará, Monteseirín puso la Gerencia en manos de su valido, Manuel Marchena, con el argumento de que era tan buen gestor que el sueldo que cobraba le parecía poco. O sea que Marchena ha cobrado 170.740 euros por hacerle el mayor agujero al Ayuntamiento.
La perpetua
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el proyecto de ley de Transparencia de las Administraciones Públicas, que incluye una modificación del Código Penal para incorporar el “delito contra el buen gobierno”. Una nueva pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público se aplicará a los gerifaltes que incurran en un gasto sin haberlo presupuestado antes. Tiro de hemeroteca. Poco antes de las elecciones que dieron la victoria a Zoido, Monteseirín aprobó el reconocimiento extrajudicial de pagos pendientes a proveedores desde los tiempos de Maricastaña por valor de 15 millones de euros, o sea, gastos para los que no había consignadas partidas en los Presupuestos del Ayuntamiento. Y en sus mandatos anteriores había ido acumulando otros 21 millones de euros en gastos a hurtadillas de las Cuentas y que afloraba de los cajones o de debajo de las alfombras cuando ya no tenía más remedio. De lo que se infiere que si esta norma hubiera estado vigente en su época, Alfredo haría años ya que habría sido condenado a inhabilitación perpetua.
‘Ad hominem’
En el baloncesto hay normas ‘ad hominem’, contra grandes jugadores para frenar su dominio en facetas del juego. Casualmente, o no, tres pívots de los Lakers fueron víctimas de cambios de reglas: George Mikan (llamado Mr. Basketball porque el baloncesto era él); Wilt Chamberlain (el súper hombre de los records, 100 puntos –cuando no había canastas de tres- y 55 rebotes en un partido) y Lew Alcindor, alias Kareem Abdul-Jabbar, por cuya causa la Liga Universitaria prohibió dar mates porque le tenía comida la moral a sus rivales de tanto machacar la canasta. En Economía, Magdalena Alvarez incluyó en la Ley de Cajas andaluza una enmienda ‘ad hominem’ para cargarse al presidente de Cajasur, Miguel Castillejo. A Monteseirín también le han hecho un convenio ‘ad hominem’ (sólo para él) que le permite un dorado exilio en Madrid. La diferencia entre los pívots de la NBA y Castillejo con Monteseirín es que aquéllos fueron todos víctimas del cambio de la norma y éste, exclusivo beneficiario. Por eso Alfredo entrará en el ‘Hall of Fame’ sí, pero en el de los enchufados.
Rector ni-ni
Al contrario que el PNV, cuya máxima frente al Gobierno era “se acata pero no se cumple”, el nuevo rector de la Hispalense, Antonio Ramírez de Arellano, ha declarado estar dispuesto a “acatar y cumplir” la demoledora sentencia del TSJA y del Supremo sobre la ilegal biblioteca de inspiración marchenera y monteseirinesca erigida en mala hora en el Prado por la Universidad que debe dar ejemplo. Pero a continuación añadió que trabaja en las alegaciones a la demanda vecinal de que se ejecuten ya los doce o no sé cuántos fallos judiciales a su favor en estos años de lucha. O sea, que el nuevo rector, compadre con Luque de la criatura concebida por la arquitecta Zaha Hadid en una zona verde, que te quiero verde, del Prado de todos hace lo contrario de lo que dice, pues si prepara alegaciones significa que no tiene intención de tirar ese esqueleto de cemento que cada día que pasa le cuesta un pico en vigilancia a los contribuyentes. Total, como dijo un día que ese dinero era de la Junta y no de la US…. Con Arellano nos ha salido un rector ni-ni: ni acata ni cumple.