Las cuentas de Isla Mágica en 2010, aprobadas de forma oficial, muestran que el Parque Temático vuelve a perder dinero (¿lo ganó alguna vez?), a razón de 3,6 millones de euros, y que su facturación bajó un 13% pese a los ímprobos esfuerzos de su plantilla, dignos de todo encomio. Cajasol ha evitado el concurso de acreedores inyectándole casi 10 millones, pero ya no está dispuesta a poner más dinero (lleva 34 millones), máxime desde que es Banca Cívica y está en Bolsa. La única solución ‘imaginativa’ que circula es, cómo no, otra recalificación urbanística. Fuentes de Cajasol indicaban a una querida colega que el Ayuntamiento tendría que aceptar usos comerciales en el Parque Temático, ya que existe un exceso de oficinas en Sevilla. Por el inconsciente habla la verdad. Si Cajasol admite que hay exceso de oficinas, ¿qué sentido tiene entonces gastarse 300 millones de euros en la torre Pelli, sita tan sólo a unos 2.000 metros de Isla Mágica, para ofertar más oficinas a un mercado saturado y sin demanda por la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria?
Archivo por meses: septiembre 2011
La primera evaluación
Zoido ha cruzado su primer Rubicón como alcalde, esa frontera artificial convenida entre políticos y periodistas de los 100 días de mandato y que sirve para poner fin al periodo graciable otorgado a los mandatarios y empezar a hacer balances.
Cien días en un mandato de 1.460, equivalentes a cuatro años (hasta casi mediados de 2015) no son muchos pero son más de lo que parece si se considera que ya han supuesto casi el 7% del tiempo para Zoido en la Plaza Nueva.
El análisis de esta primera etapa ha de tener en cuenta la situación heredada de Monteseirín, ciertamente desastrosa; el cumplimiento de las promesas y del programa electoral y el grado de cambio, a mejor o peor, experimentado por la ciudad.
Se ha acusado a Zoido de ser una especie de Jano bifronte que lo mismo ejerce de alcalde que de opositor, tanto al gobierno de Monteseirín por inercia como a la Junta. En el primer caso, por denunciar públicamente al menos una vez cada tres días (y serían por tanto más de 30) algún despilfarro, desmán, escándalo, irregularidades…. de la corporación anterior. En el segundo, por recordar a Griñán en la famosa carta de los siete folios al menos 16 ó 17 asuntos en los que la Junta no ha cumplido aún con Sevilla.
Zoido no puede hacer borrón y cuenta nueva cuando cada día descubre partidas inexistentes o agotadas, facturas multimillonarias sin pagar (en algunos casos desde hace años), sobrecostes en todas las obras pendientes de rematar (desde los pasos subterráneos hasta Fibes), fundaciones y entidades en bancarrota, el 90% del presupuesto de inversiones gastado…. porque esa herencia recibida condiciona su margen de maniobra, mucho más limitado de lo que él preveía.
Cien días después de su aterrizaje en el Consistorio, el alcalde dice que aún no ha tenido tiempo de evaluar la auténtica situación financiera existente porque cada día se topa con una sorpresa, pero estima que la deuda real de la corporación y sus empresas será de unos 700 millones de euros.
Ahora anuncia que en un año habrá contenido el gasto y saneado las arcas públicas, justo en un escenario de crisis, caída de los ingresos y promesa de bajada de impuestos y de, por ejemplo, reinstaurar desde enero la gratuidad del bonobús para los mayores de 65 años (más gasto municipal por transferencias a Tussam). Este tipo de promesas, como la de que iba a resolver en julio el caso Ikea (y ya estamos en septiembre) pueden tener un peligroso efecto ‘boomerang’.
CASCADA DE PROMESAS
La Oposición le ha contabilizado 714 promesas. Se recordará que el hoy alcalde incluso llegó a calcular el coste en tiempo y dinero de los proyectos a que daría prioridad en cada uno de los once distritos de la ciudad. En la mayoría de los casos se trataba de obras y medidas ejecutables en un plazo de entre mes y medio y dos meses y a un coste de entre unos 40.000 euros y 330.000.
El alcalde sólo ha materializado uno de estos proyectos en los barrios, el más barato: la desratización del parque Luca de Tena (Nervión), a un coste estimado de 5.000 euros. El resto tendrá que esperar a que con los nuevos Presupuestos para 2012 haya dinero. Este dato da idea de que gran parte de los planes de choque elaborados cuando estaba en la Oposición se han dado de bruces contra a falta de recursos y de que gobernar no va a ser tan fácil como podía pensar merced al masivo apoyo recibido y a los veinte concejales del PP.
‘LOW COST’ POLÍTICO
En esta situación Zoido está cumpliendo promesas de bajo coste, como la supresión del Plan Centro de tráfico, la vuelta de la Oposición (ahora PSOE e IU) a los consejos de las empresas municipales, la constitución de la Mesa del Empleo, la reducción de altos cargos en los organigramas, la supresión de chiringuitos partidistas como la fundación DeSevilla…..
Y está supliendo la falta de medios y de otras iniciativas de mayor calado con sus clásicos ‘zafarranchos’, para los que le basta con la movilización general del personal y de la maquinaria municipales, infrautilizados en la etapa de Monteseirín: de limpieza (desde el Vacie hasta las murallas de la Macarena, pasando por los parques y jardines), contra los ‘gorrillas’, contra las prostitutas, contra la doble fila…..
Ha sabido recitificar errores, como el de la retirada de los bancos de la Alameda y la expulsión de asociaciones de consumidores (ejemplo, Facua) de las empresas municipales. Ha incurrido en otros, como la falta de alternativa al Plan Centro, que iba a presentar en septiembre; la eliminación de la Oficina de la Bicicleta, el nombramiento de un cuestionado Defensor del Ciudadano y el viaje ‘promocional’ a Madrid por la visita del Papa. Y ha sido incapaz aún de devolver las prometidas fianzas de 1.000 euros por las plazas de los parkings nunca construidas, resolver el bloqueo de Ikea y la paralización de Fibes (en aras, todo sea dicho, de la transparencia de las cuentas), y de atraer o generar proyectos para lo que ha proclamado es su máxima prioridad: crear empleo.
Será en enero, con los nuevos Presupuestos y al cabo de seis meses, cuando Zoido ya no podrá ampararse por más tiempo en la herencia recibida. Aunque aún le condicione, los sevillanos ya no querrán oír apelaciones al pasado, sino soluciones para el presente y el futuro. Le quedarán entonces unos 1.250 días de mandato para cumplir sus más de 700 promesas: una cada menos de dos días.
En esta primera evaluación podría decirse que progresa adecuadamente pero que en algunos aspectos necesita acelerar.
Mejor callado
Espadas ha reprochado a Zoido que no haya organizado ni acudido como alcalde a un acto de inauguración oficial del paso subterráneo de las avenidas Bueno Monreal y La Palmera y que lo haya puesto en servicio sin más, sin ninguna pompa y circunstancia con música triunfal de Edward Elgar. Según el líder de la Oposición municipal, esta inauguración clandestina se ha debido a que “el PP no quiere que los sevillanos identifiquen que es una obra que lleva la marca socialista”. ¿Será ingenuo (con perdón) Espadas? Mira que quejarse de que los ciudadanos sigan sin asociar la marca PSOE a un túnel que se presupuestó en 5,8 millones de euros y que ha acabado costando 9 millones (una desviación del 55%); que se iba a abrir a principios del año 2010 (última de las sucesivas fechas anunciadas) y que ha acabado poniéndose en servicio con un año y medio de retraso. ¿Existe algún motivo para sentirse orgullosos de la gestión de Monteseirín y Fran Fernández? Hay ocasiones (y son ya demasiadas), Juan, en que lo mejor para la marca PSOE y para ti son los sonidos del silencio.
Una empresa sevillana suspendió pagos cada tres días
Sevilla fue la quinta provincia española por número
de firmas en situación concursal en agosto
El sector financiero y el de servicios fueron los más
azotados por la crisis este verano
La crisis económica ni siquiera ha dado una tregua durante el mes vacacional por excelencia, agosto, en la provincia de Sevilla, convertida en la quinta de España por número de empresas que presentaron procesos concursales: once, una cada tres días. En Andalucía sólo Cádiz y Granada, con nueve cada una, se le aproximan, mientras que Almería y Córdoba tuvieron un respiro, sin ninguna compañía que se declarara en lo que antiguamente se conocía como suspensión de pagos.
El número de empresas en concurso de acreedores en toda España al finalizar el mes de agosto ha seguido en aumento pese a la ralentización económica que supone el periodo vacacional o precisamente por eso, y asciende ya a 3.924, con un incremento del 15,41% respecto al mismo periodo del año anterior (3.400). Los 268 procesos concursales de agosto han supuesto un 16,02% más que en agosto de 2010.
Según un análisis realizado por el grupo CESCE, los sectores más golpeados siguen siendo la construcción (el 21,97% de todas las empresas en concurso) y la industria manufacturera (el 19,16% del total).
Por comunidades autónomas, aunque Andalucía no es la peor parada del país en números absolutos, sí es la que registra un mayor incremento de empresas en situación concursal, ya que de las 323 con que cerró todo el año 2010 ha pasado en tan sólo los primeros ocho meses del año en curso a 439, es decir, 116 más.
De estas 439 compañías andaluzas en proceso concursal en 2011, 45 han caído en esta situación a lo largo de agosto, y Sevilla ha liderado la estadística autonómica con 11.
En la provincia sevillana el verano ha golpeado especialmente a las entidades del sector financiero y a las compañías de servicios a otras firmas, con cuatro procesos concursales. El siguiente sector en esta estadística negra ha sido el de transportes y comunicaciones, con dos compañías en situación concursal, y ya con una empresa cada uno, el de transformados metálicos, la construcción, otras industrias manufactureras, el comercio y otros servicios.
Capitalidad
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha montado otra escandalera tras conocer la carta de siete folios que su colega, correligionario y no sé si también amigo Zoido le remitió a Griñán para pedirle además de todo lo pedido una ley de Capitalidad para la capital de Andalucía, que dice el Estatuto de Autonomía es Sevilla aunque en la Costa del Sol no se lo quieran creer y sigan anclados en la leyenda negra del centralismo sevillano como los anglosajones en la de la Inquisición. El regidor malagueño, aparte de proclamar que su ciudad se ofrece a ejercer de capital gratis, ha descalificado la iniciativa de Zoido argumentando que eso sería como regalarle a Sevilla una Expo permanente. En medio de esta trifulca dialéctica por la que Málaga se reafirma de vez en cuando gracias a nosotros, alerta Galadí de que Ikea se puede ir a Córdoba. Zoido reconoce que la multinacional sueca tiene otras ofertas y añade que Sevilla tiene ventaja “por ser la capital de Andalucía”. Así le da Juan Ignacio balas a Francisco de la Torre para que siga disparando a Sevilla.
Doctrina Aguayo
Zoido, que a su calidad de alcalde une la de diputado autonómico, aprovechó el otro día que el Guadalquivir aún pasa por Sevilla pese a que lo gestiona la Junta, para desglosar en el Parlamento andaluz la deuda del Ejecutivo de Griñán con la ciudad por impago de tributos al Ayuntamiento: un total de 8,6 millones de euros. El alcalde se indignó por que mientras los sevillanos pagan religiosamente sus tributos, el Gobierno autonómico no se hace el aludido ni aunque le manden al cobrador del frac. Y en eso salió al quite de Griñán su ahijada política y consejera de Hacienda por la gracia de aquél, Carmen Martínez Aguayo, que sentó jurisprudencia con una frase para la posteridad, similar a la de la mano invisible de Adam Smith: “Para que exista una deuda debe estar reconocida también por el que debe pagar”. Ergo si no se reconoce una deuda, ¡no existe! Genial. La doctrina Aguayo está cosechando infinidad de adeptos desde su formulación parlamentaria. No es de extrañar que el Banco de España haya revelado que la tasa de morosidad ha crecido ya hasta casi el 7%.
Fibes, las segundas ‘setas’ de Monteseirín
“La obra de Fibes se adjudicó por 66 millones de euros y ya vamos por 100, por lo que no estamos dispuestos a seguir desembolsando dinero sin ningún control presupuestario”, ha dicho el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, tras exigir a la UTE Acciona-Heliopol-Inabensa que construye la ampliación del Palacio de Congresos una explicación exhaustiva sobre los 12 millones de euros que quiere cobrar como sobrecoste.
A esta cantidad se añaden otros 12 millones pendientes de pago, por lo que el difrendo entre el Ayuntamiento y las empresas ha provocado la ralentización/paralización de las obras y amenaza con dirimirse en los tribunales y eternizar un proyecto que se anunció en mayo del año 2000. Con Fibes se cumple una vez más la maldición que pesa sobre Sevilla de que ninguna gran obra verá la luz antes de un decenio, con la excepción de la que se preveía la más improbable de todas para estar en plazo: la Expo (1984-1992). En abril de 2002, el Ayuntamiento presidido por Monteseirín y la Diputación aprobaron el coste de la ampliación de Fibes para acoger congresos de hasta 3.000 personas: 39 millones de euros. La mitad la aportarían ambos organismos y la otra mitad –se dijo- la Junta mediante fondos Feder. Esos 39 millones se han convertido ya en 100.
El paralelismo con las ‘setas’ es evidente. En su día, Monteseirín valoró la ejecución del Parasol en 51,2 millones de euros. Dos modificados y varios años de retraso después el coste ‘oficial’ se había elevado a más de 80 millones, que han superado los 100 si se contabilizan todas las partidas conexas y superan con creces esa cifra si se agregan los 32,3 millones de euros de la aportación en especie a Sacyr del edificio de la Delegación municipal de Hacienda durante 40 años.
MUCHO MÁS QUE UNA AMPLIACIÓN
La clave de los retrasos y los sobrecostes en Fibes es que no se trata de una ampliación, que hubiera sido suficiente para cumplir el objetivo de disponer de un espacio para congresos multitudinarios a un coste razonable en dinero y tiempo, sino de la construcción de un nuevo Palacio que envuelve el original, porque en el programa del exalcalde, que se gastó en obras ‘emblemáticas’ hasta los 100 millones y pico de la ‘hucha’ del PGOU, figuraba la resolución de las asignaturas pendientes (a su juicio) de la ciudad para pasar él así a la historia: rellenar los ‘vacíos’ urbanos del Prado (la biblioteca universitaria) y la Encarnación (las ‘setas’), incorporar la ‘modernidad’ con un rascacielos en la Cartuja, legar un nuevo auditorio…. Y todo con la firma de arquitectos ‘de marca’, costara lo que costara.
Cuando en julio de 2003 el jurado del concurso de ideas convocado al efecto aprobó la ‘Propuesta rojo y plata’ presentada por Vázquez Consuegra, el entonces delegado municipal de Economía, Celis, declaró que el nuevo edificio se convertiría en un “símbolo” en el futuro. La ‘grandeur’ de Monteseirín no podía conformarse con una obra funcional (39 millones de euros podían dar mucho de sí en ese sentido) y rápida de ejecución, sino que exigía iconos, emblemas, símbolos asociados a su mandato y a su vanidad y justificados con el argumento de que todo debía estar a la altura de Sevilla.
Vázquez Consuegra diseñó un auditorio de madera y aluminio con capacidad para 3.590 personas sentadas, un escenario de 600 m2, cabinas de traducción, salas VIP, cafetería y guardarropa. Un edificio multiusos con restaurante (2.500 m2) y 18 salas polivalentes. Una pasarela cubierta de uso expositivo para certámenes comerciales de 3.000 m2 que debía conectar con el edificio antiguo, más un aparcamiento subterráneo de cinco plantas para 800 vehículos y un parking en superficie para 30 autobuses.
PRESUPUESTO IRREAL
Las obras debían comenzar en 2004 y terminarse en el verano de 2006. No se puso la primera piedra hasta enero de 2008 y aunque fueron adjudicadas en 66,1 millones de euros, Monteseirín ya sabía que era un presupuesto irreal, porque incluso antes, el 13 de octubre de 2007, pidió al Estado que financiara con 30 millones el proyecto y ya se lo valoró a Madrid en 94,9 millones.
Al margen del incumplimiento de la promesa de Zapatero en aquel mitin del Paraguas sobre la participación del Estado en la financiación; de que la Junta sólo aportó 17 millones y 3 la Diputación, y de que Emvisesa ha tenido que cargar con un crédito de 58,7 millones de euros que deberá pagar hasta el año 2022 para poder continuar las obras desde hace año y medio hasta ahora, al margen de todo eso y de la soledad financiera en que ha sido dejado el Ayuntamiento socialista por sus Gobiernos amigos (en Madrid y Sevilla), lo peor es que al final de este largo decenio de proyectos y ejecución del macroFibes, Sevilla ha retrocedido 97 puestos en el ranking de ciudades organizadoras de congresos internacionales.
Según la clasificación de la International Congress and Convention Association, elaborada con la información de más de 6.000 asociaciones que celebraron el año pasado 9.170 congresos, Sevilla ocupó el puesto 196 del mundo, el 104 de Europa y el séptimo de España, tras ser superada por Bilbao y Málaga. Hemos retrocedido internacionalmente al nivel de ciudades medianitas como Padua, Innsbruck y Essen.
Diecinueve años después de la Expo , todavía no hemos logrado el nivel de ocupación y de tráfico aéreo para el que se dimensionó entonces el aeropuerto de San Pablo. ¿Cuánto tardaremos en un escenario de crisis económica internacional en rentabilizar los 100 millones –por ahora- de euros y los once años invertidos en el nuevo Fibes?
100 días
Zoido ha cumplido 100 días de alcalde, el periodo de gracia otorgado a todos los políticos tras su toma de posesión. Y yo me pregunto: ¿quién si no ellos mismos se han concedido ese –otro más- privilegio de invulnerabilidad como Aquiles, talón aparte? Miren a su alrededor o a sí mismos:¿a usted le dieron 100 días de bula en su empresa? ¿O al maestro en el nuevo curso? ¿O al médico en el hospital? Cien días es ¡casi un tercio del año! Fíjense en lo que puede pasar tras las próximas elecciones autonómicas de marzo o abril. Quien las gane va a empalmar los 100 días de gracia con las vacaciones de verano. Total, intocables hasta septiembre. ¡Medio año! Noli me tangere. Esto de la política sí que es Jauja. Tal como está el patio es un lujo o una estupidez darles una indulgencia plenaria de 100 días a quienes se presentaron –voluntariamente además- como unos salvadores y no precisamente como unos becarios aprendices. Aunque viendo cómo ha dejado Monteseirín Sevilla y las telarañas en las cuentas municipales, Zoido a lo mejor precisa no 100 días de gracia, sino 300.
La Junta tardó más de 9 años en desdoblar el canal de La Minilla
Una obra programada en 1997 para Marchena no se terminó hasta 2008
Demoledora fiscalización de la Cámara de Cuentas a la Agencia del Agua
La ejecución de la política hidráulica de la Junta de Andalucía está plagada de retrasos, desviaciones presupuestarias, descontrol e irregularidades, según demuestra el reciente informe sobre la fiscalización realizada por la Cámara de Cuentas a la Agencia Andaluza del Agua en el periodo 2005-2009 y el seguimiento a quince proyectos de un total de 138 en diversas provincias andaluzas encomendados a Egmasa como brazo ejecutor del Gobierno autonómico.
La Cámara de Cuentas ha constatado que los plazos otorgados por la Junta a sus empresas instrumentales, ya fueran Egmasa o Giasa, para la ejecución de sus obras hidráulicas ha sido incumplido en todos los expedientes fiscalizados, hecho que pone en cuestión su eficacia y las razones para su creación. El tiempo de realización de las obras ha sufrido un incremento del 113,97% con respecto al contemplado en los contratos, y dentro de este retraso generalizado llaman especialmente la atención algunos casos singulares.
La estación de aguas residuales de Marchena (Sevilla) fue programada por la Junta en 1997, pero hasta 2003 no inició Giasa las obras, que luego tardaron cinco años (2008) en concluirse. Entre el encargo de desdoblamiento de la primera fase del canal de la Minilla, que abastece de aguas al área metropolitana de Sevilla, y su ejecución transcurrieron 9 años y 4 meses.
El recurrente problema de las inundaciones en Andalucía se comprende ahora mejor al observar la ejecución de la obra de defensa contra las avenidas en Marinaleda (Sevilla). Se preveía un plazo de ejecución inicial de 8 meses, que acabaron convertidos en 38. Para un simple colector en Añora (Córdoba) se necesitaron 15 meses, cuando el plazo era de cuatro.
En el contrato de ejecución de la obra de refuerzo del ramal oriental, abastecimiento a la comarca sevillana del Aljarafe, se establecía un plazo de ejecución de once meses. Pasaron 59 hasta que las infraestructuras fueron recepcionadas.
La Cámara de Cuentas achaca como primera causa de estas dilaciones a la lenta, compleja y prolija tramitación de los contratos, agravada en algunos casos por la concesión de prórrogas que son aprobadas una vez transcurrido y agotado el plazo de ejecución. Incluso se han incrementado los plazos de terminación de las obras sin que en muchas ocasiones conste en los expedientes las prórrogas aprobadas.
En las obras de mejora de la regulación del abastecimiento a Bujalance, Cañete de las Torres y Villanueva del Rey (Córdoba), transcurrido el plazo de ejecución de nueve meses se autorizó una prórroga de medio año. Al final, el plazo real de ejecución fue de 22 meses. El depósito de cabecera de abastecimiento a Partaloa y Arboleas (Almería) pasó de los siete meses iniciales a diecinueve. En la obra de refuerzo del ramal oriental de abastecimiento a la comarca del Aljarafe (Sevilla) se concedieron dos prórrogas, una de dos meses y otra de cinco, otorgada esta última cuando había expirado la primera. El plazo de ejecución aprobado pasa de los once a dieciocho meses, pero el plazo real transcurrido desde la orden de inicio hasta la recepción de la obra es de veintinueve.
La dilación en la tramitación de los expedientes tiene como principal consecuencia la desactualización de los precios de adjudicación. Así, el refuerzo del ramal oriental de abastecimiento al Aljarafe acaba con un sobrecoste del 9,42%. El mismo día en que se firma el contrato para realizar las conducciones principales del ramal Este para el abastecimiento de la Costa del Sol occidental se incluye una adenda en la que se recoge la revisión de precios “dado el tiempo transcurrido desde la preadjudicación”, con un incremento del 13%.
La mitad de los contratos fiscalizados presentan bajas que superan el 20% de los precios de licitación, y en las obras de reparación del canal de la Minilla (8ª fase) este porcentaje es del 35. El caso contrario es el de las obras de defensa contra las inundaciones en Marinaleda, cuyo importe final supuso un aumento del 60% del presupuesto de licitación, aun cuando no se permitía la revisión de precios.
DEFICIENCIAS Y ERRORES
Examinando los motivos que se aducen en algunos expedientes para la aprobación de las modificaciones, la Cámara de Cuentas observa que, entre otras causas, se alude a la inadecuada o disconforme conceptuación de la cimentación en el proyecto originario, la errónea calificación de las características y capacidad de los terrenos, la inexistencia de cálculos estructurales y geotécnicos, etcétera.
A juicio de la Cámara, estos aspectos difícilmente cabe encuadrarlos en los conceptos de ‘necesidades nuevas’ o ‘causas técnicas imprevistas’ surgidas durante la ejecución de los contratos, sino que obedecen a errores, indefiniciones o imprevisiones de los proyectos originarios.
Para justificar el modificado de la ‘adecuación’ e integración ambiental del entorno del río Guadalete en Arcos de la Frontera (Cádiz), con un sobrecoste del 19,85%, desde la Agencia del Agua se dictaminó que faltaba información geotécnica y cálculos estructurales en el proyecto original. Algo similar ocurrió en el desdoblamiento del canal de la Minilla, donde ‘a posteriori’ se dedujo que lo reflejado en el proyecto difería de la actuación a realizar, por lo que fue necesario incrementar el balance de tierras y adaptar la traza a la topología real.
El dictamen de la Cámara es concluyente: “Teniendo en cuenta que el terreno sobre el que se ejecuta este tipo de actuaciones condiciona gran parte de su posterior ejecución, parece obvio que con carácter previo a la redacción de los proyectos de obra (y no con posterioridad a la aprobación del proyecto, ni tras la licitación de la obra) debiesen haberse efectuado las catas, ensayos, estudios geotécnicos o geológicos necesarios, que hubiesen permitido aportar un conocimiento adecuado de la naturaleza y características del terreno”.
LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
TRASPASÓ PANTANOS QUE NO ERAN SUYOS
El informe de la Cámara de Cuentas sobre la Agencia Andaluza del Agua enumera casos como los siguientes:
-En las relaciones de bienes de los Reales Decretos para el traspaso de las competencias hidráulicas a la Junta de Andalucía se incluyen algunas instalaciones que no existen sobre el terreno, así como otros bienes cuya titularidad no correspondía a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y que, por tanto, no debieron ser traspasados, como el embalse de Guadanuño (perteneciente al ayuntamiento de Córdoba), Abastecimiento a la Loma de Úbeda, y otras instalaciones pertenecientes a ‘Sociedad Mixta del Agua de Jaén’.
-Hay 1.200 parcelas de la CHG cuyo estado desconoce la Agencia del Agua, así como su uso, ocupación y utilidad para la Junta de Andalucía debido a la falta de documentación.
-Pese al tiempo transcurrido, la Agencia del Agua aún está esperando que el Estado le facilite información para poder cambiar en los Registros la titularidad de 41 pantanos.
-La mayoría de las instalaciones hidráulicas ejecutadas no se han incluido en el Inventario de Bienes de las respectivas corporaciones locales. Tampoco en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía.
-Las obras de adecuación e integración ambiental del río Guadalete en Arcos (Cádiz) se adjudicaron a una empresa cuya oferta entró en el Registro fuera del plazo establecido en el anuncio de licitación.
-Egmasa comunicó a la Agencia del Agua que las obras anteriormente citadas estaban concluidas en junio de 2009. Más de un año después aún no se había formalizado el acta de ocupación. Lo mismo ocurrió con la obra de la red arterial de la zona norte de El Puerto de Santa María (Cádiz).
-De las 138 obras gestionadas por Egmasa y fiscalizadas por la Cámara de Cuentas, en 65 de ellas todavía no se había liquidado al contratista en julio de 2010.
-La ejecución de la obra de defensa contra las inundaciones en Marinaleda (Sevilla) fue un desastre. Aparte del sobrecoste, en la inspección se comprobó que algunos tramos de la canalización estaban compuestos únicamente por tierras compactadas que habían cedido y se habían amontonado en el canal. En otros, placas finas de hormigón no debidamente ancladas también acabaron deslizándose. Todo ello supuso una acumulación de escombros que impedía el paso fluido del agua, y el estrechamiento de los caminos agrícolas colindantes. Al final se produjo el completo derrumbe de la canalización de las aguas. El ayuntamiento presidido por el parlamentario Sánchez Gordillo (Iu-Ca) se negó a recepcionar la obra.
Suicidios
Los científicos aún no han encontrado una explicación lógica al suicidio de las ballenas y de otros cetáceos. Unos lo atribuyen a lesiones en sus sistemas de eco localización, similares a los de los submarinos. Otros culpan a los ejemplares más viejos, que suelen ser los líderes de las manadas en la busca del alimento o en sus largas migraciones marítimas y que cuando pierden el sentido de la orientación acaban conduciendo al grupo a una inmolación colectiva en cualquier playa al azar. Mutatis mutandi, algo similar está acaeciendo en el PSOE con esa ocurrencia de nombrar a Monteseirín asesor sanitario de su tocayo Rubalcaba (“llamadme Alfredo”) y con visos de incluirlo en las listas para el Congreso de los diputados. ¡Pero si Monteseirín, que llevaba 30 años sin bajarse del coche oficial, no ha visto un fonendoscopio desde sus tiempos en la Facultad! ¡Monteseirín, fresco aún su último escándalo de las dietas cobradas en Emvisesa y el hombre que ha hundido al PSOE en Sevilla capital! Desde luego, algunos han perdido el norte y no sólo las ballenas suicidas.