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El solsticio de Zoido

Hace casi un año por estas fechas, las crónicas periodísticas reflejaban que la primera Navidad con Zoido al frente del Ayuntamiento había servido para recuperar “el verdadero espíritu” con el que se celebra esta fiesta en la ciudad, y que el delegado de Empleo, Economía, Turismo y Fiestas Mayores, Gregorio Serrano, había presentado una guía de actividades  con la oferta cultural y de ocio denominada “En Sevilla se llama Navidad”, en clara referencia a la manera en que el anterior teniente de alcalde de Monteseirín, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), se había referido a esta celebración. Para Gregorio Serrano, aquella campaña, que incluía la de ‘En Sevilla como un Rey’, que dio lugar a otra gran polémica y que popularmente fue conocida como la de ‘los Reyes vagos’, difundía el disfrute de “las tradiciones religiosas”, así como la riqueza artística y arquitectónica de la ciudad y su “inmensa” oferta cultural.

El lema ‘En Sevilla se llama Navidad” era, todavía cuatro años después, la respuesta del PP a una ocurrencia de Torrijos, expresada a mediados de noviembre de 2007, conforme a su militancia en el marxismo-leninismo y a su visión materialista de la historia, de que él prefería llamar a  la Navidad solsticio de invierno.
Ciertos medios interpretaron que el portavoz municipal de IU había propuesto cambiar la denominación de la Navidad por la de solsticio de invierno, y ello dio amplia munición a la artillería del PP y a la derecha mediática para fustigar de forma inmisericorde en aquel entonces al político comunista (subrayando expresamente esta adscripción ideológica) y ya, a partir de ese momento, a medida que se acercaba cada Navidad y el Ayuntamiento acababa enfrentado a los comerciantes del Centro, grandes beneficiarios ‘a posteriori’ de las políticas de Zoido, por la iluminación navideña y el reparto o no reparto de la factura de la misma, casualmente dependiente de la Delegación de Torrijos (Infraestructuras para la Sostenibilidad).

Como es sabido, nuestro planeta gira alrededor del sol, y por la inclinación del eje de la Tierra en su órbita alrededor del astro rey hay un momento en que el hemisferio Norte está más cerca de nuestra estrella y, por tanto, un día con más luz en todo el año (el del solsticio de verano, alrededor del 21 de junio), y otro en que el hemisferio Norte está más lejos y, por tanto, con un día de menos luz y la noche más larga (el del solsticio de invierno, en torno al 21 de diciembre).

Las culturas paganas festejaban el solsticio de invierno como la fecha del nacimiento del dios-sol, porque era justamente el momento en que la noche dejaba de crecer y la luz emprendía la senda de su triunfo sobre la oscuridad hasta el cénit del verano.

Sabido es también que la Iglesia Católica, con el fin de facilitar la conversión al cristianismo de los pueblos paganos, instituyó la Natividad o fecha del nacimiento de Jesucristo el día 25 de diciembre, para hacerla coincidir al máximo posible con el solsticio de invierno y para que  así los pueblos bárbaros pasaran sin dificultad el tránsito de adorar al dios-sol al Dios verdadero.

OBVIANDO LA HISTORIA

Un no creyente como Torrijos estaba en su derecho de reconocer sólo el acontecimiento astronómico del solsticio de invierno, pero desde una perspectiva histórica su error consistió en tratar de obviar una realidad innegable: que durante 2.000 años, los países de tradición cristiana como el nuestro lo que festejan no es una efemérides astronómica, sino religiosa, en cuanto fecha tradicionalmente aceptada, fuera o no cierta, como la del nacimiento de Cristo, motivo por el que se iluminan las calles con un alumbrado especial y se celebran el resto de ritos navideños, que concluyen con el día de los Reyes Magos.

Y como el alumbrado navideño dependía de Torrijos, los elementos ornamentales de la iluminación especial  al llegar estas fechas con el anterior mandato eran objeto de las mayores críticas. Para empezar, se extendió el dicho de “¡Feliz solsticio de invierno!”, en vez de “¡Feliz Navidad!”, para desgastar la posición política e institucional de Torrijos.

Luego, en las redes sociales y en opiniones expresadas en ciertos medios de comunicación, se ironizaba sobre los motivos del alumbrado navideño sevillano bajo la responsabilidad del ex-primer teniente de alcalde: “¿Qué motivos tendrá el alumbrado de este año? ¿La hoz y el martillo? ¿Marx, Lenin yEngels? ¿La escuadra y el compás?”.

Los motivos puramente geométricos, los renos y los cristales de nieve como alegorías luminosas de la Navidad utilizados durante la época de Torrijos eran automáticamente identificados con su ateísmo y asociados a su celebración del solsticio de invierno en vez de al nacimiento de Cristo.

EL ARZOBISPO SE PRONUNCIA

Cuando el año pasado, ya con Zoido de alcalde, el arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, censuró a quienes vaciaban de sentido cristiano la Navidad, los medios de comunicación volvieron la vista atrás y a interpretar que las palabras del pontífice sevillano se referían a Torrijos, ya que en su carta pastoral del 22 de diciembre de 2011 decía, entre otros extremos, que “también este año serán muchos los que convertirán estas fechas en la celebración del solsticio de invierno”, y que “con ello se intenta vaciar de contenido estos días santos, convirtiéndolos en vacaciones blancas, en las fiestas del consumismo y el derroche”.

Monseñor Asenjo criticaba “la ambientación navideña de nuestras ciudades y de nuestros hogares” porque “se prescinde del misterio que en estos días celebramos: se sustituye el belén por el árbol de Navidad; los Reyes Magos, por un Paá Noel sin referencias religiosas, signos todos ellos de la secularización de la Navidad”.
El arzobispo aseguraba que “el despojamiento  del sentido religioso” también se manifiesta en el lenguaje, pues la palabra Navidad, que significa natividad o nacimiento del Señor, se sustituye por la palabra fiesta, más inocua y menos comprometedora. Así -continuaba- ‘felices Pascuas’ se sustituye por ‘felices fiestas’, un circunloquio que evita reconocer que el corazón de la Navidad es nuestro encuentro en el Señor”.

SIN SÍMBOLOS RELIGIOSOS

Pues bien, pese a todas las críticas que durante cuatro años -y aun ahora- se hicieron al alumbrado navideño ‘laico’ de Torrijos por su falta de simbología religiosa que aludiera al nacimiento de Cristo, ha resultado que el del primer año de Zoido como alcalde y también el de este segundo año obedecen a las mismas características que los del político de Izquierda Unida.

El mayor exponente de esta Navidad en esta línea van a ser las grandes lámparas como de salón con que se están adornando las calles Tetuán y Sierpes, a las que se unen las enormes bolas de colores de la calle Rioja, los encajes de la Avenida y las figuras geométricas de la Campana.

En la iluminación navideña de Zoido como alcalde, más espectacular por su colorido y por su diseño que las tristes y apagadas de Torrijos por su afán en utilizar lámparas de tipo LED para ahorrar energía, hay esa similar falta de iconografía religiosa por la que tanto se criticó al socio de Monteseirín.

Y entre las novedades que se anuncian para este año figuran un árbol gigantesco (otro de esos símbolos de secularización tan criticados por el arzobispo Asenjo y no un belén más grande que el habitual bajo el arquillo del Ayuntamiento)  además de otra proyección sobre la fachada de las Casas Consistoriales, nieve artificial y hasta un posible tren turístico.

De lo que se colige que entre el ateo Torrijos y el ferviente católico Zoido no hay apenas diferencias temáticas e iconográficas a la hora del alumbrado especial, mismamente como si ambos estuvieran celebrando una fiesta en vez de la Pascua y el solsticio de invierno en lugar de la Navidad.

Zoido llega tarde

El suicidio, el día 9, de la exedil socialista Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada de su piso en Baracaldo multiplicó la indignación ciudadana y obligó a Rajoy a anunciar una propuesta de paralización temporal de los desalojos que negociarían a partir del lunes, día 12, PP y PSOE. Zoido, oportunista, vio la ocasión de aparecer como el adelantado de la nueva política que se estaba fraguando e hizo un doble anuncio el domingo 11.

Tras hacerse la foto en plan gabinete de crisis con sus delegados de Urbanismo y Asuntos Sociales y el gerente de Emvisesa, comunicó la paralización de los desahucios en curso por la Empresa Municipal de la Vivienda. Previamente había propuesto a Griñán un pacto antidesahucios, en estos términos: “que se olvide de la demagogia y se siente de verdad con el PP, como ha ofrecido Mariano Rajoy a nivel nacional, para buscar la salida al problema. No se trata de ser demagogo -añadió-, se trata de tener rigor”. Y más tarde instó a la Junta a que, a través de la Empresa Pública del Suelo, mostrara su disponibilidad a paralizarlos.

 

FRENAZO YA EN JUNIO

 

 

El rigor y la falta de demagogia invocados por Zoido en un asunto tan delicado han brillado por su ausencia en su caso, pues como líder de la Oposición y parlamentario autonómico no debía ignorar que a finales de junio la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció en el Parlamento andaluz que había dado la orden de frenar todos los lanzamientos previstos en el parque de viviendas de la Junta, a pesar de que sólo se han producido 16 de carácter administrativo en el último cuatrienio en las 46.000 VPO que gestiona en régimen de alquiler. “No se va a utilizar esta práctica -aseguró- contra quienes se encuentren en una situación desesperada y no puedan hacer frente, por causas justificadas, a la renta de alquiler establecida”.

Elena Cortés insistió en que no se privaría de una vivienda social a las familias afectadas por sobreendeudamiento o que contaran entre sus miembros a personas dependientes, una medida con la que cinco meses más tarde ha coincidido la patronal bancaria al anunciar una moratoria de dos años en los lanzamientos de viviendas “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.

Además, la consejera subrayó que sería muy exigente a la hora de velar por que las viviendas públicas no se queden vacías, con lo cual se adelantaba a la demanda ahora planteada, al cabo de cinco meses, por Zoido. Y el 1 de octubre inauguró en Sevilla la primera de las ocho oficinas de intermediación contra los desahucios y en la que un equipo de administrativos, trabajadores sociales y letrados asesoran gratuitamente a las potenciales víctimas de desalojos.

 

LIQUIDACIÓN DE OTAINSA

 

 

En el frente sevillano, la falta de visión de Zoido en este asunto, convertido luego en clamor nacional, quedó de manifiesto cuando sólo llevaba tres meses en la Alcaldía y su delegado de Urbanismo, Vílchez, decidió el desmantelamiento de la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa) y la asunción de sus funciones por la Gerencia de Urbanismo. A la vista de lo sucedido en estos catorce meses (1.613 desahucios en la capital y provincia sólo en el primer semestre de 2012) no parece que la Gerencia haya suplido con eficacia a Otainsa.

El radar del alcalde siguió sin detectar la gravedad del drama, del que venía alertando la oposición. En el Pleno del 30 de marzo, Espadas propuso “frenar los 3.500 desahucios” por impago de hipotecas e instó a Zoido a que adoptara una batería de medidas urgentes que ayudaran a “minimizar el tremendo impacto que están provocando los desahucios y contrarresten los efectos del paro en Sevilla”. El PP votó en contra argumentando que el PSOE “llega a los sitios tarde y mal porque no ha hecho nada y ahora viene a decir que lo que se hace no es suficiente”.

El 9 de abril, el PSOE volvía a la carga a cuenta de los desahucios por Emvisesa en la barriada La Estrella, Pino Montano, y pedía una moratoria de hipotecas de tres años para personas del perfil de los desahuciados por la empresa municipal: en paro, con menos jornada laboral o menos ingresos y/o con dependientes a su cargo.

 

CIEN AVISOS EN SAN JERÓNIMO

 

 

En el Pleno de septiembre, el gobierno local se negó a activar un servicio municipal de atención a los potenciales desalojados de forma que se pudiera estudiar cada caso en concreto, así como un plan de alquiler a precios asequibles gestionado por Emvisesa.

En octubre, Torrijos (IU) destapó que Emvisesa había enviado un centenar de cartas intimidatorias a adjudicatarios de sus viviendas en San Jerónimo, en las que les avisaba de que si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonaban las deudas pendientes o los recibos atrasados de la comunidad, se darían por resueltos los contratos y se les abriría de inmediato un proceso judicial de desahucio.

Zoido tuvo ahí su gran oportunidad de haber paralizado los desahucios en Sevilla y logrado proyección nacional antes de que la iniciativa partiese de la Moncloa en Madrid tras el suicidio de Baracaldo, pero se limitó a decir que se trataba de “trámites administrativos” y a hablar de “sensibilidad” para con los afectados. El resto de la historia es conocido: la ola de indignación ciudadana obliga a Emvisesa a frenar el primer desahucio previsto en San Jerónimo y a ofrecer una salida digna al inquilino horas antes de la intervención judicial, y sólo cuando el alcalde conoce la reacción de Rajoy trata de aparecer como el gran precursor frenando a Emvisesa y reconociendo que había 600 inquilinos en riesgo de ser expulsados.

Tanto en Andalucía como en Sevilla, Zoido llegó demasiado tarde.

 

Oportunistas

El Zoido que ahora anuncia la paralización de los desahucios por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda es el mismo que permitió hasta hace unos días que Emvisesa enviara noventa  notificaciones de expulsión de sus hogares a adjudicatarios de sus pisos y el que, según subraya el PSOE, hace un mes votó en el Pleno del Ayuntamiento en contra de una moción socialista que proponía echarle el freno a los desalojos y la adopción de medidas sociales de apoyo a los inquilinos con problemas económicos por causa de la crisis. Pero el partido de Rubalcaba es también el que en el mes de marzo votó en las Cortes, junto con el PP, en contra de una propuesta de Izquierda Plural para acabar con los abusos de las entidades financieras y para que se aceptaran las donaciones de pago de las viviendas, como en los países anglosajones, para liquidar las deudas acumuladas y que no se mantengan incluso tras el desahucio. Si ahora unos y otros se han caído del caballo y se han convertido a la causa antidesahucios no ha sido por convicción previa, sino por mero oportunismo político.

 

Gol a la Junta, autogol a Sevilla

La celeridad con que Zoido (tan sólo horas después de hacerse, sonriente, la foto con los directivos de La Caixa que le comunicaron la renuncia a instalar el Caixafórum en el antiguo astillero medieval de Sevilla) envió una carta al consejero de Cultura para exigirle la rehabilitación de las Atarazanas, el plan director de usos a que se vaya a destinar el edificio y un calendario de ejecución por una consejería que, debido a los recortes, carece de capacidad inversora alguna, demuestra que el alcalde ha utilizado el monumento como arma arrojadiza contra el Gobierno autónomo, que le negó la recalificación de la Gavidia, y como un nuevo elemento de confrontación.

Dicho de otro modo, al propiciar con sus dilaciones urbanísticas la coartada que necesitaba La Caixa para desistir de su proyecto en el Arenal, Zoido, como bien ha interpretado el consejero Luciano Alonso, pensaba que le estaba metiendo un gol a la Junta de Andalucía, sin reparar en el autogol que le marca a Sevilla, ya que la ciudad pierde una inversión de 25 millones de euros en la rehabilitación de las Atarazanas, otra comprometida por La Caixa con el Gobierno autónomo de 4 millones de euros anuales durante 75 años (un total de 300 millones) y todo el efecto económico inducido que habría tenido para el casco histórico la ubicación del gran centro cultural de La Caixa en este privilegiado espacio de Sevilla.

BANDAZOS URBANÍSTICOS

La falta de criterio y de modelo de ciudad de Zoido, que ha pasado de oponerse a la torre Pelli a defenderla ante la Unesco y, ahora, a llenarla de contenido con el Caixafórum al apoyar su traslado desde las Atarazanas, se pone de manifiesto de nuevo con estos antiguos astilleros que datan del siglo XIII. El alcalde es capaz, sin inmutarse, de decir sí y no y blanco y negro a lo mismo. Cuando tan sólo unos días antes de la decisión de La Caixa trascendió que su íntimo enemigo, el alcalde malagueño Francisco de la Torre, negociaba con la entidad catalana a la vista de las pegas urbanísticas que al Caixafórum se le ponían en Sevilla, Zoido declaró: “Málaga, como siempre, que reivindique lo que le parezca oportuno, pero hay que decir que no hay otro enclave igual a las Atarazanas para desarrollar un Caixafórum”. No hay otro enclave igual, pero cuando días después La Caixa lo abandona en beneficio de su torre Pelli, a la que Zoido se oponía cuando aún no era alcalde, declara que “es un día muy importante para Sevilla”.

Sobre el proyecto de Vázquez Consuegra para las Atarazanas y sobre la figura del propio arquitecto se ha dicho de todo, tanto a favor como en contra. Los conservacionistas y la Fundación Atarazanas se han opuesto a su diseño de Caixafórum por entender que suponía la adulteración del monumento, y al final Zoido, de forma más o menos explícita, ha hecho suyo este argumento cuando dijo durante la polémica con Málaga que el proyecto “podía tener correcciones que no pusieran en peligro ni el monumento ni su entorno, declarado Patrimonio de la Humanidad”, como dando a entender que había una exigencia de modificación por parte de la Unesco tras la controversia por el rascacielos de la Cartuja.

LA UNESCO SE DESMARCA

Ese argumento ha sido rechazado de plano por Icomos, el órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio histórico, que al contrario que en el caso de la torre Pelli, a la que se oponía frontalmente, nunca ha llamado la atención sobre el proyecto de Vázquez Consuegra para las Atarazanas. El secretario general de Icomos España y profesor de la Hispalense, Víctor Fernández Salinas, ha declarado al respecto: “Salvo que se pretendiera hacer un rascacielos en las Atarazanas, este asunto nada tiene que ver con el Patrimonio de la Humanidad”.

Desmentido el argumento patrimonial de última hora, independientemente de lo que cada uno piense sobre el proyecto y que no es objeto de este análisis, el único intento de justificación que le ha quedado al Ayuntamiento en este tiempo para boicotear el Caixafórum en las Atarazanas  por identificarlo como un proyecto de la Junta a la que devolver políticamente el golpe por, a su juicio, el boicot del Gobierno autónomo a su proyecto de conversión de la Gavidia en un centro comercial, era de índole urbanística: si hacía falta o no la redacción de un Plan Especial previo a la concesión de la licencia de obras.

Recordemos brevemente la génesis del proyecto. Las Atarazanas estaban en manos del Ejército, que había levantado sobre sus cubiertas durante el siglo pasado una serie de instalaciones militares, cuando la Junta se las compró por algo más de 3,7 millones de euros hace una veintena de años. El Gobierno andaluz había invertido 8 millones de euros en su rehabilitación -cantidad manifiestamente insuficiente, habida cuenta la magnitud del edificio, de 7.200 m2 de planta- hasta que La Caixa, en su política de implantación en Andalucía y Sevilla frente a las Cajas sevillanas (El Monte y Caja San Fernando, unidas luego en Cajasol), se interesó por el inmueble para ubicar en el mismo un Caixafórum, a modo de escaparate de su Obra Social y Cultural. Hasta tal punto tuvo interés la entidad catalana, que la Junta modificó la ley para poder ampliarle el plazo de concesión: de 50 a 75 años.

EL PLAN ESPECIAL

Fue La Caixa, y no la Junta, la que, con las Atarazanas ya en su poder, convocó un concurso restringido de arquitectura al que invitó a diez estudios españoles, y en octubre de 2009 eligió como proyecto ganador al del sevillano Guillermo Vázquez Consuegra. El arquitecto redactor del PGOU de Sevilla, el jerezano Miguel Angel González Fustegueras, había introducido en el Plan General un mecanismo de salvaguarda para los bienes de interés cultural (BIC), con el fin de que cualquier intervención en los mismos contara siempre con la aprobación de la Junta de Andalucía  a través de la Comisión de Patrimonio. Ese mecanismo era el Plan Especial. Sin embargo, en la práctica, el Consistorio no venía exigiéndolo si comprobaba que la Junta autorizaba previamente los proyectos de rehabilitación de los BIC, como ha ocurrido con las intervenciones en el castillo de San Jorge y los conventos de Santa Paula y de las Teresas, entre otros ejemplos.

Parece obvio: si el objeto del Plan Especial es conseguir la luz verde de la Junta y ésta ya lo ha dado, no tiene sentido exigir la redacción de un Plan, con gasto añadido de tiempo y dinero, para que la Junta autorice lo que ya ha autorizado.

Cuando La Caixa tramitó la licencia de obras ante Urbanismo en octubre de 2010 y aún gobernaba Monteseirín, desde la Gerencia se le dijo que con el aval de la Junta resultaba innecesario perder medio año en redactar un Plan Especial. El proyecto de Vázquez Consuegra pasó un primer examen de la Comisión de Patrimonio del Gobierno autónomo, que le exigió al arquitecto mayores precisiones sobre las cubiertas, precisiones que fueron incorporadas al proyecto de ejecución, mucho más detallado que un Plan Especial.

INFORMES FAVORABLES

En enero de 2012, cuando Zoido llevaba ya siete meses de alcalde, el director técnico de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Salazar, en línea con la doctrina seguida hasta entonces por el departamento, emitió un informe favorable a la tramitación de la licencia de obras “sin necesidad de redactar y tramitar un nuevo documento de planeamiento”. Es, pues, con el gobierno de Zoido cuando se ratifica que no hay necesidad de Plan Especial para otorgar la licencia al Caixafórum en las Atarazanas. Y gracias a este documento, el Colegio de Arquitectos da su visado al proyecto de Vázquez Consuegra.

Por tanto, cuando en febrero de 2012 La Caixa pide definitivamente la licencia de obras, se daban ‘a priori’ todas las condiciones favorables para otorgarla en un proceso que además es reglado y que no puede estar al capricho de los gobernantes: debe darse licencia si se cumplen las condiciones y no darse si no se cumplen. Y se cumplían en aquel entonces: visto bueno de la Comisión de Patrimonio, informe favorable de la Gerencia de Urbanismo, y visado del Colegio de Arquitectos.

Pero en paralelo o casi a continuación se van a producir varios acontecimientos que cambiarán el curso de esta historia. Por una parte, la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía se opone a la modificación del PGOU de Sevilla para avalar jurídicamente dos proyectos del Ayuntamiento presidido por Zoido: un parking subterráneo en la Alameda de Hércules y la venta de la antigua comisaría de La Gavidia para su conversión en centro comercial.

GIRO DE LOS ACONTECIMIENTOS

Casualidad, coincidencia u otra cosa, desde Urbanismo se emite otro informe, contrario al del mes de enero, en el que se concluye que La Caixa debe redactar un Plan Especial para las Atarazanas si quiere conseguir la licencia de obras, lo cual suponía una demora mínima de seis meses más. La lectura política quedaba clara: como Zoido entiende que la Junta le boicotea sus proyectos urbanísticos, el Ayuntamiento boicotea en correspondencia el proyecto del Caixafórum en un monumento propiedad de la Junta.

Y, por otra parte, el 26 de marzo de 2012 La Caixa compra Banca Cívica, y con ella Cajasol y todos sus activos -incluida la faraónica torre Pelli- por 977 millones de euros. La entidad catalana ya no necesita gastarse 25 millones de euros en las Atarazanas, más 300 millones en los próximos 75 años, para disponer de un escaparate ante Sevilla, porque Sevilla toda es ya territorio conquistado comercialmente con la absorción de su hasta entonces rival local, Cajasol.

Confluyen a partir de ese momento los dos intereses, el político de Zoido de devolverle el golpe urbanístico a la Junta, y el económico de La  Caixa de ahorrarse 325 millones de euros en las Atarazanas y de rellenar el vacío de la torre Pelli con el Caixafórum para dotarlo de un gancho comercial con el que incentivar la venta futura de oficinas en el rascacielos.

En medio, sacrificada a los intereses de unos y de otros, Sevilla.

Farolas

Dicen que en cumplimiento de una promesa, más postelectoral que electoral, Zoido va a gastarse 150.000 euros en reubicar en parques del extrarradio las farolas de la Alfalfa, la Pescadería y el Pan y sustituirlas por las tradicionales de estilo fernandino, como las del Salvador. Particularmente, nunca me gustó el mobiliario urbano de Monteseirín en el Centro, por creer que desentonaban claramente con su entorno, aunque respeto a quienes opinen lo contrario, pero aunque pudiera apoyar esta decisión del alcalde me parece perfectamente aplazable a otro momento sin las angustias económicas del presente. En una ciudad en la que se acaba de rebasar la barrera de los 90.000 parados y donde se han recortado o eliminado partidas de carácter social como el bonobús solidario con el argumento de la crisis, destinar 150.000 euros a cambiar de sitio unas farolas que aún funcionan supone, además de un gasto superfluo,  incurrir en una absoluta confusión sobre el actual orden de prioridades. La decisión de Zoido en plena crisis es tan antiestética como las propias farolas.

 

El pollo de Asunción

Se le atribuye a Mark Twain, considerado como el padre de la moderna literatura norteamericana, la frase de que hay tres clases de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. En el imaginario popular, la comprensión de la estadística deriva de la metáfora sobre el pollo, según la cual si de dos personas una se come dos pollos y la otra ninguno, la estadística hará la media y dirá que se han comido un pollo cada una de ellas.

La estadística fue parodiada hasta por los hermanos Marx en una de sus películas. El genial Groucho entraba en escena vestido como un médico y diciéndole a una enfermera: “Señorita, tengo mucha prisa. Déme una media de la temperatura de todos mis pacientes”.

El pasado viernes el gobierno local tiró de medias matemáticas y de la estadística en el Pleno en el que aprobó con su mayoría absoluta, previa aceptación de tres enmiendas del PSOE, las Ordenanzas Fiscales para el año 2013. La delegada de Hacienda, Asunción Fley, defendió el proyecto con el argumento de que, “matemáticamente”, han sido “congelados” los impuestos.

El término “congelación” en materia fiscal es sumamente equívoco, porque si originalmente estaba perfectamente claro y significaba que no había variación en el coste de un servicio o en la cuantía de un impuesto o tasa, posteriormente la clase política, especialmente durante la era Monteseirín, empezó a utilizarlo como sinónimo del IPC. Mientras que el ciudadano pensaba
que aquéllos no iban a subir de un año para otro porque oían decir a los políticos que quedaban congelados, en realidad éstos habían acordado una subida equivalente a la del coste de la vida previsto por el Instituto Nacional de Estadística o el Gobierno en sus previsiones macroeconómicas.

ZANAHORIA FISCAL

Asunción Fley puso por delante de los sevillanos la zanahoria de la presunta congelación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (el popularmente conocido como ‘sello’ del coche), el de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) ….. para tratar de justificar así, “matemáticamente”,  la subida de la mayor parte de las tasas y la creación de nuevas figuras tributarias, no precisamente para “congelar” los ingresos municipales, sino para incrementarlos, por mucho que tratara de camuflar la medida recurriendo a la estadística, como en el típico ejemplo del pollo.

A título de muestra, oficialmente el Ayuntamiento dice haber congelado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles , pero como ha eliminado la bonificación existente por domiciliación del pago a través de entidades bancarias, los miles y miles de sevillanos que habían recurrido a este método en beneficio tanto suyo como del Ayuntamiento (por ahorro de costes y mayor recaudación) verán en la práctica cómo el IBI se les incrementa.

Decisiones como ésta tienen un efecto disuasorio sobre los contribuyentes en una sociedad como la sevillana, tradicionalmente benevolente con aquellos que incumplen sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y que históricamente se han beneficiado del calamitoso sistema -o más bien, falta de sistema- de la Hacienda local desde los no tan lejanos tiempos de los recaudadores que actuaban en su nombre a cambio de jugosas participaciones en las cantidades que lograban cobrar.

TASA DE MOROSIDAD

La ineficacia municipal en este sentido ha sido de tal magnitud que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar en el último decenio más de 379 millones de euros, de los que considera ya incobrables 56 millones.

Justamente para combatir esta morosidad y ganar tiempo para reorganizarse internamente con la creación de una Agencia Tributaria propia, el Consistorio lanzó hace años una campaña entre los sevillanos para incentivar mediante una pequeña bonificación, descendente con el paso del tiempo, la domiciliación bancaria del pago de los tributos. De esta manera, los contribuyentes se libraban de la tentación de caer en el olvido de no pagar o de hacerlo fuera de plazo, con los consiguientes recargos, y la Hacienda municipal no sólo se garantizaba el cobro del dinero, sino también de hacerlo en el plazo más favorable para la Tesorería y se ahorraba los costes administrativos -de personal y papeleo- de emprender acciones contra los olvidadizos y morosos de larga duración (publicando los exhortos en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla).

Salvo error u omisión, el Ayuntamiento ha modificado 37 de las 44 Ordenanzas Fiscales preexistentes, con una subida media del 3% según Asunción Fley, la delegada municipal de Hacienda, que incluso llegó a decir que así se cumplía la promesa electoral de Zoido de bajar los impuestos en Sevilla porque este promedio era inferior al del IPC del pasado mes de septiembre, que fue del 3,5%. Sin embargo, la oposición ha subrayado que la Hacienda municipal ha tomado como referencia arbitraria el dato que recoge la media de marzo del último decenio por ser el más beneficioso para el Consistorio, no para los contribuyentes.

LOS SERVICIOS BÁSICOS

Independientemente de esta circunstancia, lo significativo no es que el Ayuntamiento rebaje la media estadística de la suma de impuestos/tasas congelando o subiendo poco una cantidad de tributos por servicios escasamente utilizados por los sevillanos (como podría ser la expedición de un documento en las caracolas de la Gerencia de Urbanismo), si no, y aquí radica la clave de la cuestión, la subida que ha aplicado a los servicios básicos o más demandados por los ciudadanos, como son las tarifas de Tussam (una media del 5%, superior por tanto a ese IPC del 3,5% citado por Asunción Fley como referencia), las de la zona azul y la grúa (un 6%) y la utilización de las instalaciones deportivas del IMD (hasta un 7%).

Y aún más significativo es que este encarecimiento del transporte público y  del uso de los espacios colectivos (también a los polémicos veladores se les ha aplicado una subida bastante apreciable) se haya realizado en un contexto de aguda crisis económica, con más de 90.000 parados en la ciudad, y pese a la promesa del alcalde de no subir los impuestos porque su doctrina económica consistía en hacer lo contrario, bajarlos,  para estimular así la actividad económica y porque así, a mayor crecimiento de la riqueza y del PIB sevillanos, mayores acabarían siendo por tanto los ingresos en las arcas municipales.

Y el tercer elemento significativo, ignorado por el gobierno local, ha sido el dictamen contrario y unánime, por primera vez en la historia del organismo, del Consejo Económico y Social de Sevilla, el órgano consultivo del Ayuntamiento y en el que están presentes los agentes sociales de la ciudad, que llevan al Consistorio la voz de la calle, la voz de la sociedad.

POR UNANIMIDAD

La Confederación de Empresarios de Andalucía, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, organizaciones de consumidores como Facua y UCE, CEPES, asociaciones de vecinos y expertos aprobaron por unanimidad un dictamen contrario al proyecto de Ordenanzas Fiscales redactado por Asunción Fley.

El CESS dictaminó en contra de esa subida media del 3% en tasas y precios públicos, tan invocada por la delegada de Hacienda , porque a su juicio carecía de lógica si el objetivo era el de acercar la referencia del incremento de las Ordenanzas a la realidad, porque tomaba como referente el IPC interanual de los últimos diez años en vez del de los últimos cuatro, el periodo de la crisis económica, ya que en este caso la subida tendría que haber sido de sólo el 1,8%.

En vez de rectificar su política fiscal conforme a las recomendaciones del CESS, el delegado de Economía, Gregorio Serrano, subrayó que este organismo ha emitido generalmente dictámenes contrarios a las Ordenanzas y los Presupuestos municipales y que como su carácter es meramente consultivo y no vinculante, el gobierno local haría lo que tuviera que hacer.

INDEPENDENCIA DE CRITERIO

Efectivamente, Gregorio Serrano tenía razón cuando recordaba que en los ocho años en que fue responsable en temas de Hacienda por el PP, el CESS prácticamente emitió dictámenes negativos, pero ello no le resta importancia al dato, sino todo lo contrario: revela su independencia de criterio respecto al gobierno de turno, y también cuando eran del PSOE e IU, con gran irritación de Monteseirín con el entonces presidente, José Vallés. En su sectarismo contra quien no opinara como él, el exalcalde esperaba un completo respaldo del CESS y de Vallés a sus políticas fiscales, habida cuenta de que éste había sido delegado de Hacienda, Patrimonio y Estadística con el socialista Manuel del Valle de alcalde, pero Vallés antepuso a su condición de socialista la de catedrático de Economía de la Universidad, su integridad moral y su independencia intelectual y acabó dejando el cargo antes que seguir soportando las presiones de Monteseirín.

Y lo que también demuestra la reacción de Gregorio Serrano de minusvalorar el papel del CESS es que la clase política desoye las voces críticas cuando se instala en el poder (bastaría comprobar qué decía Serrano sobre los dictámenes del CESS cuando se hallaba en la oposición y ahora) y que aquél y otros organismos consultivos no son a la postre más que floreros con que el sistema se adorna para aparentar una Democracia participativa y consultiva más ficticia que real.

El Thyssen como moraleja para el CaixaFórum

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, declaró el miércoles: “Seguro que habrá un CaixaFórum en Málaga”. Y añadió que desde su Ayuntamiento, “con insistencia, constancia, presión e interés”, se ha conseguido que La Caixa haya modificado los criterios que mantenía hasta ahora para decidir sobre la ubicación de este tipo de centros culturales dependientes de su Obra Social y que “en vez de ir en el orden de las Autonomías, es decir, uno por comunidad autónoma, se haga por orden de población”.

La nueva ofensiva del alcalde malagueño ante La Caixa para conseguir que instale un CaixaFórum en su ciudad ha coincidido con la paralización que sufre en Sevilla el proyecto diseñado por Vázquez Consuegra para las Atarazanas, tras el cambio de criterio (acertado, según exponía el ex alcalde socialista Manuel del Valle ) del Ayuntamiento hispalense con su nueva exigencia de redacción de un Plan Especial como condición ‘sine qua non’ para otorgar la licencia urbanística. Zoido teme que la Unesco, que a duras penas ha admitido la torre Pelli, pudiera retirar el título de Patrimonio de la Humanidad si el CaixaFórum acaba afectando visualmente de algún modo a la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar.

Por más que De la Torre trate de desvincular su ofensiva de las dificultades que sufre el CaixaFórum en Sevilla y remonta su pretensión a un decenio atrás, no sería la primera vez que el alcalde malagueño le arrebata un gran proyecto cultural a Sevilla o monopoliza lo que en principio iba a ser compartido con la capital hispalense.

Corría el año 2007 cuando Monteseirín filtró un acuerdo con Carmen Thyssen para la creación en Sevilla de un museo que albergaría parte de los fondos pictóricos de la baronesa y que se instalaría en alguno de los pabellones del 29 (Perú, Portugal o el Real de la Plaza de América) o en el convento de Santa Clara. Carmen Thyssen poseía por entonces más de 1.000 cuadros, entre los que -decía- destacaban las colecciones más amplias de telas de origen catalán y andaluz de los siglos XIX y XX, y había expresado su deseo de realizar préstamos gratuitos a museos de Cataluña y Andalucía.

“La colección española es muy extensa -declaró a finales de aquel año- y hay suficientes obras como para llevar a cabo tres museos” (uno en San Feliú de Guixols y dos más, en Sevilla y Málaga). Hasta llegó a hablarse de una visita de incógnito de la baronesa a Sevilla para evaluar personalmente los pabellones ofrecidos por Monteseirín e incluso otros espacios alternativos previamente inspeccionados por expertos de su confianza. En diciembre de 2007, la entonces delegada municipal de Cultura, Maribel Montaño, declaró: “la baronesa tiene todo el interés del mundo en este proyecto y, por lo tanto, vamos a hacer realidad que su colección andaluza de pintura venga a Sevilla”.

Pasaba el tiempo y el proyecto no avanzaba. Montaño dijo en una entrevista que el Ayuntamiento había iniciado algunas gestiones pero que, a petición de la propia Fundación Thyssen, las negociaciones se habían pospuesto hasta después de las elecciones generales de marzo de 2008, para sacarlas del “contexto electoral”, ya que éste podría acabar “entorpeciendo” la iniciativa. El 11 de septiembre de aquel año, la delegada municipal de Cultura volvió a referirse públicamente al futurible museo en estos términos: “Hemos contactado con ellos (la Fundación Thyssen) y hemos pedido una oferta, que no termina de llegar a la ciudad”.

Tan sólo once días después, el 30 de septiembre de 2008, Carmen Cervera compareció en Málaga para firmar el convenio de creación de la Fundación que habría de regir los destinos de su museo malagueño y habló ante los medios de comunicación: “No creo que sea serio llevar a Sevilla -aseveró- un tipo de colección parecida cuando ya está cerrada la ubicación y la puesta en marcha del museo desde hace dos años”.

La baronesa destacó “el tesón” del alcalde Fancisco de la Torre para lograr la cesión de su colección a la ciudad malagueña hasta el año 2025, y añadió: “Nunca se ha llegado a un acuerdo firme y serio en Sevilla, mientras que en Málaga siempre han estado muy volcados encima mío para que tomase la decisión de traer la colección aquí”.

Y es que mientras en Sevilla esperaban sentados a que la baronesa acabara de deshojar la margarita del pabellón del 29 de su gusto, el alcalde malagueño se llevó a Carmen Cervera a que conociera las obras de restauración que estaba acometiendo en el Palacio Villalón, que le había ofrecido como sede para su museo, y además compró varias fincas aledañas para agregarlas al mismo y ampliar hasta 7.000 m2 la superficie expositiva.

Maribel Montaño, que se enteró del descarte de Sevilla por la prensa, calificó la decisión de la aristócrata de “sorprendente y desconcertante”, y la acusó de “haber jugado con las expectativas del Ayuntamiento de Sevilla” al haber mantenido y alimentado la esperanza de la creación de la pinacoteca con su frase “tengo cuadros para todos”.

Por cierto que tras aquella frustración el por entonces delegado de Cultura de la Junta, Bernardo Bueno, dijo que no merecía la pena llorar por la colección andaluza de la Thyssen en Málaga porque la del octogenario Mariano Bellver era “bastante mejor” y estaba dispuesto a donarla a Sevilla.

Por si le sirve de moraleja a Zoido, tres años después de aquella historia en que Málaga le ganó por la mano de Francisco de la Torre a Sevilla, seguimos sin CaixaFórum, sin museo Thyssen y sin museo Bellver.

Y todavía habrá quien le eche la culpa de todo ello al alcalde de Málaga.

 

Cobardía

Ante la amenaza de huelga en Lipasam y Mercasevilla, el Ayuntamiento amaga con divulgar los abusos en las empresas municipales. Y filtra algunos botones de muestra: desde horarios laborales que acaban a las 13 horas los viernes hasta el derecho (¿?) de que un pariente ‘herede’ el empleo de un jubilado en Lipasam, en plan feudal, como si se tratara de una monarquía sindical hereditaria. De Juzgado de Guardia. Y, sin embargo, el gobierno local dice que no va a revelar estos privilegios, a costa de los contribuyentes y pese a la que está cayendo,  “por responsabilidad y por facilitar el diálogo”. ¿Responsabilidad? ¡Cobardía!,  para no enfrentarse a los sindicatos, cómplices de este régimen contrario a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos para optar a un empleo público, como ya dictaminó el Defensor del Pueblo  en el caso de Tussam. El gobierno de los 20 concejales no tiene el valor de acabar con estos abusos y prefiere seguir haciendo la vista gorda. ¿En qué consistía el cambio de Zoido? Como en ‘El Gatopardo’, de Lampedusa, en que todo siga igual.

 

Larra se habría quedado corto en Sevilla

Un vecino de Sevilla llamado Alejandro Blanco Rodríguez pero que lo mismo podríamos ser usted o yo lleva seis años esperando que Urbanismo le resuelva una reclamación patrimonial por los daños sufridos en su automóvil a causa de un socavón en la vía pública. El Ayuntamiento intentó aburrirle exigiéndole incluso que aportara testigos de la incidencia. No se desanimó y le llevó cuatro. Y, desde entonces, la callada por respuesta. Y es que los 500 funcionarios de la Gerencia están demasiado ocupados redactando para el delegado de Urbanismo borradores de Ordenanzas Fiscales que rebrincan a la CES y que luego no se aplican. Por eso no han tenido aún tiempo de atender la ‘minucia’ de 69,33 euros de don Alejandro. Así funciona, es un decir, el sistema. Larra acuñó lo del ‘vuelva usted mañana’ para referirse a las ventanillas de la Administración. En Sevilla se habría quedado corto: por ahora van seis años. Y lo que queda.

Superviviente

Un juez ha descartado motivos políticos en el despido de la arruinada Fundación DeSevilla de Manuel Copete, uno de los últimos de Filipinas de Monteseirín y gran especialista en saltos no mortales: saltó del PTE al PCE, del PCE al PSOE, de los guerristas a los oficialistas, de los oficialistas a los críticos…en busca siempre del premio de un cargo. Su mayor salto a la fama se produjo durante su gestión, en plan marchenero pese a ser él de La Puebla de Cazalla, de la Bienal de Flamenco, a la que dejó un pufo de 700.000 euros. Total, como estos gestores siempre disparan con pólvora del Rey…Tras su brillante paso por la Bienal, Monteseirín lo refichó con un sueldo bruto de 5.300 euros/mes, o sea, 63.672/año, se supone que pagas extra aparte. La noticia coincide con la Encuesta de Estructura Salarial de España, del INE: el salario medio de un empleado público es de 29.811 euros brutos/año, y el de un trabajador del sector privado, de 21.232 euros. Cómparese la diferencia entre estar y no estar en el machito. Copete, político con mucho oficio….. y beneficio.