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Sevilla y Barcelona, 20 años después

Este año se celebra el XX aniversario de la Expo, aunque a mes y medio para el 12 de octubre, fecha de su clausura, el Ayuntamiento aún no ha organizado un solo acto conmemorativo. También Barcelona está de efemérides: los Juegos Olímpicos de 1992. En 1991, vísperas de ambos acontecimientos, Sevilla recibió entre 1 y 1,2 millones de turistas. En 2011, al cabo de cuatro lustros, tuvimos 2.238.852, el doble en números redondos. Barcelona ha pasado en el mismo periodo de 1,5 millones a 7.450.000: cinco veces más. La ciudad condal no se tenía hasta el 92 por una urbe turística, sino industrial. Sevilla, sí. Hoy, Barcelona, partiendo de una posición similar, más que la triplica turísticamente.

Sevilla resucitó en 1992 las exposiciones universales, consideradas un producto del pasado, como prueba que la previa se había celebrado en 1970 en Osaka (Japón). Sevilla reinventó el modelo, pero una vez clausurada la Muestra se desentendió del digamos ‘movimiento expositivo’. Ni siquiera convirtió uno de los pabellones de la Cartuja en museo de la Expo.

LA LLAMA OLÍMPICA

Aunque los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años en un sitio distinto, una vez concluidos los suyos Barcelona siguió ‘infiltrada’ en el movimiento olímpico al convertirse en consultores internacionales muchos de los gestores de su Olimpiada; creó el Museo Olímpico (dedicado a Samaranch); mantuvo vivo el ‘Anillo Olímpico’ de Montjuich, donde este año ha organizado el Mundial de Atletismo Junior y en 2013 albergará el Mundial de Natación, y, previamente, el Campeonato de Europa (2010) y el Campeonato del Mundo Indoor (1995), y donde las instalaciones, como el Palau Sant Jordi, albergan hasta congresos médicos, en contraste con nuestro Palacio de San Pablo; cada año la ciudad organiza además cerca de 350 eventos deportivos (¡casi uno diario!), con unos 250.000 participantes de media.
Es la primera urbe de Europa en practicantes deportivos y, en proporción a su población, la tercera del mundo. Además, con pleno apoyo de los empresarios (Joan Gaspart, expresidente del F. C. Barcelona, lidera el Consejo General de Turismo), aspira a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022, contra Jaca si es preciso (siete candidaturas fallidas). ¿Que en Barcelona no hay nieve? No importa: se ‘anexiona’ las estaciones de esquí pirenaicas, de ahí que la candidatura se denomine Barcelona-Pirineus: las pruebas al aire libre, a la montaña más o menos lejana; las pruebas bajo techo (hockey sobre hielo, patinaje y ‘curling’, además de la inauguración y clausura), al estadio de Montjuich y al Palau Sant Jordi.

EL F. C. BARCELONA

A la ‘marca olímpica’ legada por el 92 se le ha unido como gran polo de atracción turística la conversión del F.C. Barcelona en un equipo universal (cuatro Champions en este periodo), gracias a Cruyff, Guardiola y Messi. Hay camisetas del ‘10’ barcelonista a la venta en infinidad de tiendas por la ciudad.
El Barça ha montado el ‘Camp Nou Experience’, que al ‘sablazo’ de 23 euros incluye una visita al museo del club con sus trofeos, el estadio y un espacio multimedia que recrea sus mejores partidos y goles. Pese a ese precio, en pleno mes de agosto y bajo un sol de justicia fluía a diario (hasta 13.000 visitantes en una sola jornada) un río de autocares y de turistas/hinchas de los cinco continentes, como en una peregrinación a la Meca. La estadística refleja 1.626.990 visitantes en 2011, lo que convierte al museo/estadio en el tercero más visitado de España, sólo superado por el Prado (2.911.767) y el Reina Sofía (2.705.529). Gran parte de estos turistas compran en la tienda oficial camisetas de los jugadores ¡a 100 euros!. No es extraño que la facturación del Barça haya crecido un 59% en un año.

EL GENIO DE GAUDÍ

Los turistas que llegan a Barcelona por tierra, aire (3.824.658 pasajeros por el aeropuerto del Prat en julio, nuevo récord histórico, y 20.248.786 desde enero, frente a 4.939.890 en todo 2011 de San Pablo) y mar (851 escalas de cruceros en su puerto, con 2,3 millones de turistas que gastaron 260 millones de euros y han convertido a la ciudad en el cuarto destino mundial) tienen en la arquitectura de Gaudí el otro gran motivo de atracción (sus 74 autobuses exclusivamente turísticos transportan a 21,7 millones de visitantes al año).
Desde que en 2002 se celebró el Año Internacional de Gaudí y se abrió al público la fabulosa Casa Batlló en el Paseo de Gracia, la fiebre por conocer la obra del genial arquitecto de Reus aumenta cada año. Las colas para entrar en la Sagrada Familia son tan multitudinarias (dos horas de espera) como las de Versalles y la Capilla Sixtina: 3,2 millones de visitas/año. No en vano la Cámara de Comercio de Monza le atribuye en un estudio un valor de marca de 90.366 millones de euros, más aún que al museo del Prado (59.262 millones).

TURISMO CULTURAL

Pese a que otras obras de Gaudí, como la Casa Batlló y la Casa Milá (la Pedrera) están abiertas los siete días a la semana hasta las 21 horas, no dan abasto a atender la enorme demanda de los turistas. Al socaire de Gaudí se ha revalorizado toda la obra de otros maestros como Domenech i Montaner (Palau de la Música, Hospital de Sant Pau) y se ha creado una ruta específica sobre el modernismo.
Por el contrario, en Sevilla ni siquiera hemos sabido rentabilizar la arquitectura regionalista ni potenciar la figura de nuestro Gaudí particular, Aníbal González. La creación de valor de marca es uno de los factores que explica por qué tras veinte años Barcelona ha superado con creces turísticamente a Sevilla y se ha instalado de forma permanente en la Liga de grandes ciudades del mundo.

Una estrella de mar en Sevilla

Sevilla no tiene playa, pero está constatando una invasión de estrellas de mar como símbolo de su colonización financiera por Cataluña: el logotipo de La Caixa, que se está colocando en las oficinas de la absorbida Cajasol. El Destino también ha querido que acaezca durante un aniversario caído en el olvido: los 170 años de la apertura, el 5 de agosto de 1842, de la primera oficina  del Monte de Piedad de Sevilla, génesis de la Cajasol emanada de la fusión entre el Monte y la otra caja sevillana, San Fernando (refundada en 1937 como Caja Provincial de Sevilla, por la Diputación) en diciembre de 2006.
Manuel Titos, catedrático de la Universidad de Granada y estudioso de las cajas andaluzas, asegura que El Monte fue la caja más grande de Andalucía durante todo el siglo XIX, “con mucha diferencia sobre las restantes”. Este liderazgo financiero en Andalucía lo mantenía todavía en la primera mitad del siglo XX, en palabras del catedrático granadino: “Respecto de la magnitud que históricamente ha sido más definitoria de las Cajas de Ahorro, los depósitos o saldo de ahorro, hay que decir que la Caja más importante, con mucha diferencia sobre las demás, fue El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla”.

UN SIGLO DE HEGEMONÍA

¿Cómo después de haber sido la principal caja de Andalucía durante más de un siglo, El Monte, al final Cajasol, pierde primero el liderazgo y luego queda convertida sólo en una marca  de La Caixa? Manuel Titos destaca cómo tras la Guerra Civil una caja, la de Ronda, constituida en un pueblo del interior de Andalucía, se erige a partir de 1950 en la primera de la región (cuando Juan de la Rosa se hizo cargo de ellla en 1937 estaba totalmente arruinada) y adelanta a entidades centenarias, o casi, como las de Sevilla y Córdoba. ¿La clave? Una adecuada gestión y una excelente política expansiva, que la llevó muy pronto fuera de su provincia y de Andalucía, y por ser pionera de las fusiones con la constitución, en 1991, de Unicaja, resultado de su  unión con las de Antequera, Málaga, Cádiz y Almería y que nace con un saldo de ahorro acumulado equivalente al 43% del que administraban todas las cajas de Andalucía.

Unicaja es, por tanto, líder por la suma de cinco cajas orientales, mientras que Sevilla no responde con otro proceso aglutinador en la zona occidental hasta quince años después con la fusión El Monte (que en 1990 había absorbido la Caja de Huelva) y San Fernando, pero con la cordobesa CajaSur al margen y en unas circunstancias muy diferentes. Todavía en 2003, tres años antes del nacimiento de Cajasol, una unión anticipada entre El Monte y San Fernando podría haber hecho algo de sombra a Unicaja, conforme a los siguientes  datos comparativos:

-Unicaja: 16.053 millones de euros en activos totales; 13.022 millones en depósitos de ahorro; 207,7 millones de euros en beneficios antes de impuestos; 798 oficinas y 4.408 empleados.

-El Monte+San Fernando: 16.031 millones en activos totales; 12.619 millones en depósitos de ahorro; 102,3 millones en beneficios; 758 oficinas y 4.624 empleados.

Obsérvese que casi todas las ratios están igualadas salvo una: los resultados de Unicaja duplicaban los de la teórica unión de las por entonces dos cajas sevillanas por separado.

 

 

‘LA CAIXA’ ANDALUZA

 

Un estudio publicado en 2002 en la Revista de Estudios de Economía Aplicada por un grupo de profesores sevillanos (Arévalo Quijada, Gómez Domínguez, Vázquez Cueto y Zapata Reina) concluía que la Caja San Fernando era la peor caja de las seis que quedaban en Andalucía: ocupaba las últimas posiciones en casi todas las características financieras y económicas.

Teniendo en cuenta globalmente todos los aspectos financieros, colocaron a la cabeza a El Monte, a su juicio todavía la más rentable por entonces, y CajaSur, por su productividad y estructura de costes. Unicaja era la que ocupaba peor posición pese a ser la más grande, al concentrar más de la tercera parte de los activos totales.

Paradójicamente, observaron que El Monte y Unicaja eran “alternativas discordantes”, es decir que “mientras una de ellas es buena en algunos criterios y mala en los demás, la otra es mala en los primeros y buena en los demás”. Por tanto, El Monte y Unicaja se complementaban para el caso de una posible fusión entre ambas y hubieran formado, salvando las distancias, el equivalente a ‘La Caixa’ en Andalucía.

Una opción B podría haber sido una fusión entre El Monte y CajaSur de Córdoba, unión que habría superado a Unicaja en todo salvo en los beneficios, como muestran los siguientes datos: 19.144 millones de euros en activos totales; 15.507 millones en depósitos de ahorro; 153,5 millones en beneficios; 822 oficinas y 5.011 empleados.

 

 

EL GERMEN DEL DESASTRE

 

 

Por imposiciones o interferencias políticas y viscerales rivalidades localistas, tanto en Málaga como en Córdoba y Sevilla, ninguna de las mejores opciones ‘a priori’ para El Monte era posible, salvo la fusión con la otra entidad sevillana: San Fernando. La unión de la caja más rentable de Andalucía con la peor equivalía metafóricamente a la estrategia futbolística de poner al peor jugador del equipo marcando al mejor del rival, “y así juegan los diez mejores nuestros contra los diez peores suyos”.

Probablemente, la fusión ‘política y no económica’ El Monte/San Fernando para crear Cajasol ya encerraba el germen del final de las dos cajas sevillanas. El invento intermedio de Banca Cívica, una caja ‘zombie’, no fue más que una huida hacia adelante. Su rescate por La Caixa, aunque ha significado el fin de la independencia financiera de Sevilla, era, dentro del desastre, la mejor de las opciones posibles.

 

Todos multados en dos años

Aprovechando las vacaciones, el Ayuntamiento ha cambiado la disposición de las plazas de aparcamiento de la zona azul en Marqués de Paradas, por lo que los vehículos que antes aparcaban en cordón ahora deben hacerlo en batería. Pueden estacionar unos 60 coches más, con el consiguiente incremento de recaudación para la empresa municipal (Aussa) que gestiona la zona azul, pero a costa de ocupar uno de los carriles de esta arteria que canalizar el tráfico hacia Torneo, la Cartuja, el Aljarafe y Huelva y que ahora se queda con tres carriles en vez de cuatro.

Las consecuencias para el tráfico se apreciarán mejor en septiembre, con la ‘rentrée’, pero para la calculadora municipal no hay vuelta de hoja: 60 plazas más en esta zona azul significan 21.900 más al año, que en función de la rotación de los vehículos por tramos horarios se pueden multiplicar por cifras de hasta dos dígitos.

 

Aunque con la crisis el tráfico ha caído en Sevilla alrededor de un 30%, y el calor y las vacaciones dejan semidesiertas muchas calles, no es ésta la percepción de la Policía Local, que argumentando “la saturación de vehículos estacionados irregularmente”, según reveló Chema Rodríguez, está aprovechando el estío para aplicar un nuevo método de control y sanciones: batidas por cada distrito de dos grúas y un patrullero para actuar conjuntamente e ‘ipso facto’ en la imposición de la multa y la retirada del vehículo mal estacionado hasta el depósito municipal.

A estas medidas hay que añadir las adoptadas previamente a lo largo del año:

1) La compra de 140 ‘Blackberry’ de última generación, provistas de impresoras portátiles, conectadas con la base de datos del Ayuntamiento y de la DGT y dotadas de cámaras fotográficas de alta resolución. Con estos aparatos se multiplica la productivicad sancionadora de los policías locales, que ya no tienen que perder tiempo llamando a la emisora municipal para recabar datos de los coches. Los agentes teclean el número de la matrícula, les aparecen todos los datos del propietario, toman la foto del coche mal aparcado y hasta imprimen sobre la marcha la multa y dejan una copia en el parabrisas, o una pegatina en el suelo si interviene la grúa para retirarlo.

2) La adquisición, por 60.000 euros, de un segundo coche ‘ponemultas’ con el programa informático más avanzado del momento, con lo cual la Policía podrá tener dos vehículos de este tipo batiendo las calles de la ciudad y multando instantáneamente, ya que su sistema está conectado con las bases de datos. Pese a que por sus numerosas averías el primer coche ‘ponemultas’ estuvo fuera de servicio durante meses el año pasado, el vehículo puso él solo 28.816 sanciones, frente a las 110.593 de toda la plantilla de la Policía Municipal. Con dos coches a pleno rendimiento se puede sustituir a medio cuerpo policial o incrementar en al menos un 50% la imposición de sanciones.

3) Recuperación  de ocho cámaras de videovigilancia, distintas de las del Plan Centro, para instaurar el sistema de foto-control de semáforos en rojo y retratar a los vehículos que se los salten. Se instalarán en las vías de mayor circulación y, por lo tanto, con mayores posibilidades de multar a los infractores: Avenida de Carlos III, en la isla de la Cartuja (dos cámaras), Ronda del Tamarguillo (otras dos), Avenida Alcalde Luis Uruñuela (dos más), Kansas City y Avenida Alberto Jiménez Becerril.

4) Rescate de las cámaras del Plan centro para, con el refuerzo del coche ‘ponemultas’ y una grúa en exclusiva, vigilar la ampliación de la red del carril-bus, que se ha empezado por la Avenida Ramón y Cajal, y sancionar a los automovilistas que no respeten el vial reservado al transporte publico.

La consecuencia previsible de esta ofensiva ‘por tierra, mar y aire’ contra los infractores será el incremento de las multas de tráfico en Sevilla capital, que en los últimos años han registrado la siguiente evolución:

Año 2007: 111.009 multas.

Año 2008: 117.922

Año 2009: 173.213

Año 2010: 117.361

Año 2011: 160.785

 

Tan previsible es que hasta el Ayuntamiento de Zoido ha calculado un 42% más de ingresos por sanciones a los conductores, al pasar de los 17,7 millones de euros/año que contemplaba Monteseirín a 25,2 millones para 2012. A este dinero se le suma otra estimación de 1,2 millones por infracciones al resto de Ordenanzas Municipales, lo cual arroja una cifra total de 26,4 millones de euros. Para llegar a este objetivo, el Ayuntamiento necesita recaudar cada día una media de 72.328 euros en multas, a razón de 50 euros por minuto.

Las previsiones se van a superar con creces  si se tiene en cuenta que, a pesar de la huelga de ‘bolís caídos’ que mantuvo en primavera la Policía Municipal, entre enero y mayo se habían tramitado por todo tipo de infracciones 149.938 multas, a una media de 1.000 diarias. A este ritmo, Zoido multará a todos los sevillanos por cualquier motivo en sólo dos años, cuando llegue al ecuador de su mandato, y todavía tendrá ocasión de volver a multarlos en una segunda vuelta durante sus dos últimos años como alcalde.

Naturalmente, el Ayuntamiento niega cualquier afán recaudatorio por este zafarrancho de cámaras, ‘Blackberry’, coche ‘ponemultas’, grúas y patrullas policiales. Demetrio Cabello, el delegado de Movilidad, ha declarado que sólo cumple con su deber y que frente a la “ciudad sin ley del PSOE nosotros queremos una ciudad ordenada”.

Lo curioso en toda esta estadística es que en el primer cuatrimestre del año las multas a los ‘gorrillas’ habían caído en un 93,6%. ¿Acaso porque son insolventes?

 

Sevilla no dio la talla olímpica

Los Juegos Olímpicos de Londres han despertado alguna añoranza, con sordina por la crisis económica, del sueño olímpico sevillano para 2004, 2008 y 2012. La primera vez cayó en las votaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana; en la segunda no pasó el ‘corte’ olímpico, y en la tercera fue eliminada por Madrid en el Comité Olímpico Español (COE)

Tras el tercer fiasco, el Ayuntamiento acordó durante el segundo mandato de Monteseirín (2003-2007) respetar la prioridad de Madrid hasta 2020 para que disfrutara de las tres mismas oportunidades consecutivas que había tenido Sevilla. Este acuerdo sólo sería revocado si lo demandaba el COE y no se entraba en competencia con ninguna ciudad española, ni Madrid ni ninguna otra.

Ya da igual porque Madrid, pese a su deuda de casi 7.000 millones de euros (diez veces más que la de Sevilla), mantiene su candidatura a los Juegos de 2020, que se decidirán en Buenos Aires el 7 de septiembre de 2013. Junto a Madrid competían Roma, Estambul, Bakú, Doha y Tokio.

Y digo competían porque el primer ministro italiano, Mario Monti, obligó a retirar la candidatura de Roma con estas palabras: “No podemos correr riesgos después de los sacrificios que hemos pedido a los italianos. El Gobierno no se siente capaz de asumir este compromiso financiero, que podría resultar gravoso de un modo impredecible sobre Italia. Debemos ser muy respetuosos en este momento”.

El 80% de los italianos ha aplaudido la decisión de Monti de frenar la candidatura romana, cuando anteriormente un 80% estaba a favor de la misma, por miedo a una debacle económica. El presupuesto estimado por la ciudad eterna para los Juegos de 2020 era de 8.000 millones de euros.

Nunca se suelen cumplir los Presupuestos. En un tema rodeado de oscurantismo, donde se suelen ocultar o camuflar los datos, hay que moverse entre cifras y fuentes contradictorias, generalmente extraoficiales. Suele admitirse que salvo Los Angeles-1984, que habría obtenido un superávit de 300 millones de euros merced a las multinacionales americanas, todas las ciudades/países sede contrajeron elevadas deudas, incluida Barcelona-92, que habría generado un déficit de 4.000 millones de dólares al Estado y de 2.000 millones a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento.

Montreal presupuestó 250 millones para sus Juegos de 1976 y acabó gastando 1.600 millones. Aún arrastra el pago de la deuda. El presupuesto de Atenas-2004 pasó de 4.500 millones de euros a 10.800 millones. El de Pekín-2008, de 12.000 millones a 30.500 millones. Londres-2012 empezó hablando de 3.000 millones de dólares; luego, de 6.500 millones, y las últimas estimaciones son de unos 15.200 millones. Unos meses antes de la inauguración de los Juegos, un ministro británico, al comentar la factura olímpica, planteó: “De haberlo sabido, ¿habríamos presentado la candidatura para organizarlos?”.

 

El COI es consciente de la pésima imagen que suponen los Juegos deficitarios. Por esa razón instauró el ‘corte olímpico’ a partir de los que se iban a celebrar en 2008, para que las ciudades sin visos de éxito no siguieran gastando dinero. Sevilla fue examinada en materias como el apoyo social y político a su candidatura, su infraestructura general, la infraestructura deportiva, la villa olímpica, el medio ambiente, el alojamiento, el transporte, la seguridad, la experiencia previa, las finanzas del proyecto y su futuro legado.

No pasó el ‘corte’. En síntesis, el COI sostuvo que era una ciudad de mediana entidad que carecía de tamaño e infraestructuras suficientes para aspirar a organizar los Juegos, sobre todo por falta de plazas hoteleras (22.000 frente al mínimo de 42.000 exigidas) y carencias en el transporte público.

A raíz de aquel fiasco, rematado por la posterior derrota ante Madrid para 2012, los consultores Luis Millet (uno de los ‘padres’ de Barcelona-92) y Joaquín Blanco realizaron un informe al respecto. En su opinión, los criterios de valoración del COI son los subjetivos de sus miembros, por más que se disfracen de objetivos con la parafernalia del ‘corte’ y del comité evaluador, y reprocharon a la Oficina Olímpica sevillana, entonces dirigida por Alfonso Seoane, que hubiera permitido, por omisión, que Sevilla fuera descartada por criterios erróneos como la falta de infraestructuras y los problemas de tráfico, “meras coartadas para justificar una eliminación previa”.

Aun así, acabaron alineándose con el COI cuando recomendaron que la ciudad debía resolver sus problemas básicos de funcionamiento como condición previa para volver a aspirar a unos Juegos, aunque ello tampoco significara una garantía de éxito. Casi diez años después de aquel examen olímpico, Sevilla sigue teniendo las mismas asignaturas pendientes, con alguna leve mejoría: la línea 1 del Metro. No hay perspectivas de que se dupliquen las plazas hoteleras ni de que a corto plazo se construyan las líneas de Metro pendientes y se rematen la SE-40, la conexión AVE-aeropuerto y la ampliación de éste. Tampoco se ha sustituido el viejo Palacio de Deportes de San Pablo ni hay complejos acuáticos ni tenísticos adecuados.

Habrá tiempo más que suficiente para, en otra coyuntura más favorable, paliar estos déficits estructurales. La historia olímpica demuestra que el periodo mínimo para que se repitan los Juegos en un país es de 28 años (Sant Louis 1904/ Los Angeles 1932), los mismos que mediarían entre Barcelona-92 y Madrid si la capital española fuera la elegida para 2020, por lo que la siguiente ‘ventana’ de oportunidad no se le presentaría a Sevilla hasta dentro de 36 años: 2048.

 

Zoido, tómales la palabra

Los presidentes de las tres patronales sevillanas del sector turístico (Manuel Otero, hoteleros; Pedro Sánchez-Cuerda, hosteleros, y José Miguel Nicolás,  agentes de viaje) dijeron tras la firma de un convenio por el que el Ayuntamiento les otorga una subvención de 155.000 euros, que “si nos pidieran que pusiéramos de nuestro bolsillo esa cantidad (en referencia al déficit de la Copa Davis), pondríamos hasta un millón para traer no una, sino tres finales al año”.

Esta declaración enlaza con mi anterior artículo sobre ‘Las cuentas de la Davis’, lo cual me da pie a abordar la implicación en los proyectos de la ciudad de los empresarios de este sector, que suele ser el principal beneficiario de las iniciativas municipales, factura unos 3.000 millones de euros anuales y da ocupación a 30.000 personas.

“Si nos pidieran que pusiéramos de nuestro bolsillo….”, dicen. Pues bien, ¿acaso no se lo pidió el Ayuntamiento cuando lanzó un programa de patrocinios para la Davis y tuvieron así una inmejorable ocasión de adherirse a cualquiera de las categorías establecidas?

Una treintena de empresas contribuyeron al evento (se recaudaron 937.838 euros) y sus representantes fueron recibidos oficialmente por Zoido a finales de noviembre como muestra de gratitud. Repárese en la lista para ver cuántas pertenecen a las tres patronales que ahora, a toro pasado, dicen estar dispuestas a poner no un millón, sino tres, para otras tantas Copas Davis.

Estas diecisiete desembolsaron 50.000 euros cada una: Abades (en especie), Acciona, Aquagest, Ayesa, Azvi, Befesa, Cajasol, Cruzcampo, Endesa, FCC-Aqualia, Gea-21, Martín Andaluza de Supermercados, Martín Casillas, Sando, Sacyr, Syrsa y Telefónica. Hubo ocho colaboradoras locales, a razón de 25.000 euros cada una: Gesalus y Hospital Infanta Luisa (en especie), Magtel (en especie), Aldesa, Contract, Elecnor, Licuas, Ullastres y Urbaser. Y cuatro asociadas locales: Garrigues, 15.000 euros; Price Waterhouse, en especie; Tecnocom, 3.000 euros, y Vorsevi, 10.000.

En los veinte años transcurridos desde la Expo, los empresarios sevillanos han tenido dos grandes ocasiones de impulsar proyectos mucho más importantes que la Copa Davis, por su magnitud y la ingente cantidad de dinero que podían mover y/o por su permanencia en el tiempo como generadores de negocio. El primero fue la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2004, lanzada tras la Exposición Universal para aprovechar el prestigio mundial conseguido por la ‘marca’ Sevilla y las infraestructuras legadas por la Muestra, y también la estela del éxito de Barcelona-92.

En aquella época me contó un periodista de La Vanguardia especializado en Olimpismo que cuando en el mandato de Narcís Serra como alcalde de la Ciudad Condal (1979-1982) se fraguó la sexta candidatura olímpica de Barcelona, proclamada felizmente como sede por Samaranch el 17 de octubre de 1986, los empresarios barceloneses aportaron para promover internacionalmente el proyecto 1.000 millones de pesetas, que hoy serían el equivalente a 18 millones de euros, porque eran conscientes de las enormes posibilidades que se les abrirían a ellos y a toda la ciudad de materializarse el sueño olímpico.

Enrique Moreno de la Cova, primer ‘comisario’ olímpico sevillano, jamás pudo ni soñar con una aportación de las empresas locales que supusiera siquiera el 20% de aquella cantidad y hubo de basar los apoyos económicos para el frustrado proyecto en filiales de grandes compañías radicadas en Madrid.

La segunda gran oportunidad, y en dos etapas distintas, ha sido la construcción del Parque Temático. Según los datos publicados en 2010 por el Consorcio Turismo de Sevilla, Isla Mágica está entre los doce lugares de interés turístico más visitados de la ciudad y genera unas 500.000 pernoctaciones en los hoteles. Un estudio del propio Parque Temático sobre el perfil de sus visitantes (768.150) ese año revelaba que el 91,3% de los no sevillanos afirmaban haber venido a Sevilla expresamente por Isla Mágica y que el 22,32% pasaban la noche en la ciudad.

Por tanto, según la empresa de ocio, el Parque Temático incrementa en dos días la estancia promedio de los turistas en Sevilla y en su entorno andaluz -pernoctación media de 3,2 días de los visitantes no sevillanos- y genera ingresos indirectos a las empresas de su entorno, fundamentalmente los hoteles, por valor de 51,5 millones de euros al año.

De hecho, Isla Mágica tiene firmados acuerdos con más de 40 hoteles de Sevilla y su provincia, a través de los cuales, con la colaboración de agencias de viaje, se venden paquetes de entradas y alojamientos, sobre todo para los periodos  ‘valle’ de verano y Navidad.

Con todo lo que supone el Parque Temático para el sector turístico local, lo lógico sería que éste formara parte de su accionariado. Nada más lejos de la realidad. No hay ni una sola empresa sevillana que haya puesto un euro en Isla Mágica, que en 2004 se vio obligada a suspender pagos y que sólo se sostiene merced a los 34 millones de euros que como mínimo le ha inyectado Cajasol en los últimos años para evitar su cierre.

Pero si ahora las tres patronales locales del sector turístico proclaman su disposición a poner de sus bolsillos un millón de euros para traer a Sevilla eventos como la Copa Davis, bienvenida sea este cambio de actitud. Más vale tarde que nunca. Zoido debería tomar buena nota de sus palabras y proponerles que, por ejemplo, financien la celebración de la Copa del Rey de fútbol en Sevilla: 50.000 hinchas entre los dos equipos finalistas serían un negocio seguro.

 

 

 

 

 

 

Las cuentas de la Davis

A falta de dos meses y medio para que se cumpla el XX aniversario de la clausura de la Expo-92, el Ayuntamiento, como ha sido incapaz de articular aún el programa conmemorativo al que se comprometió, ha optado por rendirle su particular homenaje a la Muestra Universal con la presentación, casi ocho meses después de celebrada, de las cuentas de la Copa Davis.

El paralelismo con la Expo es evidente. Al igual que Olivencia, el comisario general del 92, Zoido también prometió un ‘balance cero’ (nada de déficit) por la organización del acontecimiento deportivo y, sin embargo, ha acabado costándonos casi un millón de euros (965.844).

Y al igual que Pellón camufló las pérdidas de la Expo metiendo en el balance su particular valoración de los activos que se quedaron en la Cartuja (mírese qué pasó luego con el telecabina, monorraíl, pérgolas…), Gregorio Serrano, delegado de Economía, ha tratado de rebajar las pérdidas en 380.000 euros restándoles el valor de los activos adquiridos por el Ayuntamiento (la cubierta -toquemos madera- y las lonas). Unos activos que, conforme al cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, son hasta ahora un mero pasivo porque no generan ingresos, no han sido reutilizados en estos 8 meses y causan gastos de almacenamiento y seguridad, no vaya a ser que los roben de nuevo.

Pero, ¿qué digo ‘balance cero’ o equilibrio entre gastos e ingresos al modo de Olivencia con la Expo-92 en su bienintencionado afán de espantar el fantasma de la ruina de la Expo del 29, que Sevilla estuvo pagando hasta muchos años después? La Davis iba a ser una mina de oro para la ciudad, ¿o es que ya nadie recuerda que se habló de que el tenis iba a reportar 30 millones de euros y de que por cada euro invertido íbamos a recoger 30?

Gregorio Serrano ha abundado en la tesis de que se habría conseguido no ya el  ‘balance cero’, sino incluso superávit si la Junta de Andalucía y la Diputación hubieran aportado al menos la mitad (607.650 euros) de la subvención que concedieron en 2004 (1.215.300 euros) cuando quien organizó la final tenística fue el Ayuntamiento gobernado por el socialista Monteseirín.

Serrano ha reprochado a los mandamases de las dos Administraciones en poder del PSOE que hayan aportado ‘cero euros’, para darle así “un tortazo a Zoido en la cara de todos los sevillanos”, pese a que, según denuncia, estuvieron luego sentados viendo los partidos y se colige que gratis total por invitación (¿o es que acaso se colaron?) del propio Ayuntamiento.

SOLO ANTE EL PELIGRO

 

Hasta Zoido se lamenta de que la Junta y la Diputación lo hayan dejado “solo ante el peligro” de organizar la Davis. Maticemos este nuevo intento de confrontación política  a costa del deporte entre el Ayuntamiento y la Junta, acaecido el mismo día en que el alcalde se entrevistaba con el presidente Griñán en San Telmo y ambos se hacían mutuas promesas de enterrar el hacha de guerra.

Zoido, recién llegado por entonces a la Alcaldía, quiso dar un golpe de efecto solicitando la final de la Davis, aun a costa de aceptar imprudentemente el pago de un millón de euros a la Federación Española de Tenis pese al escenario de crisis existente y cuando por el horizonte asomaba el Plan de Ajuste, para ponerse él solo la medalla y obtener réditos políticos si el evento salía bien, como salió deportivamente (España ganó a Argentina) y organizativamente.

El alcalde no se encomendó previamente a la Junta y a la Diputación, sino que las abocó ante un hecho consumado, pese a que existía el precedente de que el Gobierno andaluz se había negado a subvencionarle al Ayuntamiento de Córdoba la semifinal alegando que las circunstancias económicas eran muy diferentes a las de los dorados años del ‘boom’ inmobiliario y el supuesto ‘milagro económico’ español, que permitieron librarle a Monteseirín  1,2 millones en 2004 para la otra final de la Davis en Sevilla.

Por tanto, Zoido nunca debió embarcarse en organizar el evento deportivo por su cuenta y riesgo y confiando en una subvención ‘a posteriori’ de la Junta y la Diputación, subvención que tampoco habría ocultado el balance final de pérdidas de un millón de euros para el contribuyente, porque Gregorio Serrano parece olvidar que tan público es el dinero del Ayuntamiento como el de las otras dos Administraciones.

Al margen de que Zoido aceptara un contrato demasiado leonino con la Federación para los tiempos de crisis que corren y de que por tanto la Davis podría haber resultado más barata, la cuestión de fondo es si es rentable para la ciudad organizar eventos de este tipo aunque nos cuesten un millón de euros, pensando en que a corto, medio o largo plazo generan esos retornos económicos que nadie ha medido objetivamente,  y también en que fortalecen la ‘marca’ Sevilla, máxime cuando la final del tenis tiene una audiencia televisiva planetaria.

Obviamente, el gran beneficiario es el sector turístico. El presidente de los hosteleros, Sánchez-Cuerda, dice que la Davis incrementó en un 30% la facturación de bares y restaurantes y que su organización saluda la celebración de grandes eventos deportivos y culturales como herramienta de estímulo económico.

No basta con saludar. Cuando se repasa la lista de patrocinadores de la Davis, sólo hay una empresa del sector turístico, el restaurante Abades, y con una aportación en especie y no en dinero líquido. Así pues, si el sector turístico quiere eventos, que los patrocine, porque la política actual equivale a privatizar los beneficios (para ellos) y socializar las pérdidas (costeadas por todos los sevillanos).

 

 

La factura de la capitalidad

Zoido anuncia que pedirá al Parlamento andaluz una Carta de Capitalidad para Sevilla. Da así un golpe de autoridad como nuevo presidente del PP (A) frente al alcalde de Málaga e hipotético y futurible rival, Francisco de la Torre, siempre contrario a un cambio del ‘estatus’ de Sevilla. También, como nuevo líder de la Oposición, pone en un brete a Griñán. Si éste rechaza la solicitud, que implicaría dinero extra en plena crisis, Zoido puede utilizar en clave sevillana la negativa en contra de la Junta, dentro de la confrontación PP/PSOE en Andalucía. Y si Griñán accede, Zoido se apunta el tanto por haber conseguido para Sevilla lo que nunca nadie en 30 años de Autonomía. Pase lo que pase, a expensas sólo de dominar su frente interno oriental, Zoido gana políticamente con la iniciativa.

Por lo que viene filtrando, quiere por una parte que se incrementen las competencias del Ayuntamiento en seguridad ciudadana, movilidad, infraestructuras….en línea con la ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. Y, por otra, que la Junta compense a Sevilla por las ‘cargas extraordinarias’ que soporta por ser capital de Andalucía. ¿Y cuáles son esas cargas y el dinero a percibir?

 

Este es un tema que se presta a todo tipo de interpretaciones y cálculos. Veamos precedentes. En 2010, el Ayuntamiento de Santander encargó a dos economistas que evaluaran los costes adicionales en que incurría la ciudad por ser capital de Cantabria. La conclusión fue que la urbe pagaba cada año del orden de 14 millones de euros por los servicios como capital autonómica a las casi 30.000 personas que a diario acuden o trabajan allí.

En 2011, el Institut d´Economia de Barcelona realizó en su ‘II Informe sobre Federalismo Fiscal en España’ una estimación de la compensación que, a su juicio,  correspondería a capitales de Autonomías o provincias. Madrid encabezaba la lista con 385 millones de euros, seguida de Barcelona, con 149 millones, y Sevilla, con 87 millones. En la lista también figuraban, entre otras, Valencia, con 46 millones; Santander, con 15 millones (en línea con lo calculado por su Ayuntamiento), y Santiago de Compostela, con 12,7 millones de euros.

El Ayuntamiento sevillano alegará que sus costes extraordinarios se deben a “las exenciones tributarias, el tráfico, la seguridad, los servicios municipales e incluso por la utilización de un espacio físico por parte de las instituciones de la Junta”. Esta enumeración coincide prácticamente con los conceptos comprendidos en el estudio ‘Costes de capitalidad: el caso de Compostela’, realizado a raíz de que la ley 4/2002, de 25 de Junio, dotara a la ciudad gallega de un estatuto especial de capitalidad. Los investigadores trataban de traducir a cifras las cargas que soportaban las arcas municipales por el título de capital de Galicia.

Lo interesante de este informe, cuya conclusión final fue un coste extra de 5.507.494 euros anuales (más que duplicado en la estimación más reciente del instituto catalán), era que incluía la metodología empleada para calcular, capítulo por capítulo (y en algunos casos con complejas fórmulas matemáticas para un profano), la factura de la capitalidad gallega, por conceptos como:

-Las exenciones tributarias a los edificios (IBI) y flota de vehículos propiedad de la Xunta de Galicia, que según la ley no pagan tributos, una excepción que Zoido no admite en Sevilla, ya que él, apenas aterrizado en la Alcaldía, exigió en el Parlamento andaluz que Griñán saldase con el Ayuntamiento una deuda de 8,6 millones de euros por IBI, sello del coche y otros tributos municipales.

-Costes de congestión de las vías urbanas por el tráfico inducido por la Xunta.

-Servicios municipales de protocolo y seguridad.

-Utilización de espacio físico por las instituciones autonómicas.

-Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-monumental.

-Reserva de “terrenos institucionales” en el PGOU.

-Por el uso y potenciación del gallego.

-Promoción turística de la ciudad.

El estudio llega hasta el extremo de imputarle a la capitalidad el coste marginal de los efectos nocivos que producen los líquidos utilizados durante la vida útil de los automóviles cuya existencia se vincula de alguna manera, directa o indirecta, con la Xunta, “y que si no se

extrajeran cuando se desguazan pueden producir vertidos contaminantes: líquido de frenos, ácidos de las baterías, gas CFC, aceites lubricantes….”. Calcula el coste marginal de los heridos y muertos en accidentes de tráfico imputables a la capitalidad (¿?), el ruido de la circulación, el tiempo perdido en atascos….

Cualquier cosa es susceptible de ser convertida en un coste marginal para el Ayuntamiento con tal de engordar la factura, pero nunca se valora el beneficio de ese título político-administrativo. En estas Tablas Input-Output sólo hay Output. Por ejemplo, no se calcula la mayor carga de trabajo para los talleres por el desguace o reciclaje de esos automóviles. En el caso del patrimonio, ¿habría gastado el Ayuntamiento sevillano casi 60 millones de euros en restaurar San Telmo para la Junta? ¿O el Palacio de Altamira? ¿O el Coliseo? ¿O ha sido más bien al revés?

Hay sobrecostes claros como el de la seguridad y protección civil (Compostela contrató a 90 policías más) para afrontar desde actos institucionales hasta manifestaciones de protesta, pero en otros casos se riza el rizo con tal de inflar la factura, un error en que no debe incurrir Zoido, pues toda Andalucía va a mirar con lupa la minuta que presente al Parlamento en nombre de Sevilla y su capitalidad. ¿Perjuicio o privilegio?

 

Un AVE para los nietos de Griñán

La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció el 3 de julio durante el homenaje tributado por Radio Sevilla a la Red de Ciudades con AVE –cuyo presidente es también Zoido- el firme compromiso del Gobierno de seguir extendiendo la red por España. Por su boca, el Ejecutivo de Rajoy se comprometió a conectar por AVE Sevilla con Galicia, el País Vasco y Alicante, “como ha ocurrido recientemente con Valencia”.

Griñán tomó nota en los siguientes términos: “Ministra, será una gran alegría, y un gran éxito, que mis nietos, que llevan el apellido Piñeiro, puedan viajar en el futuro desde Sevilla a Lugo en AVE. Esperamos que sea pronto”.

Por una relación causa-efecto tras el discurso de la ministra o por casualidad, lo cierto es que dos días después, en Bruselas, eurodiputados alemanes, holandeses y fineses entre otros del Norte de Europa, exigieron que España ofrezca datos reales de ocupación de sus trenes AVE antes de entrar a negociar la financiación por la UE del Corredor ferroviario del Mediterráneo, uno de los diez proyectos incluidos en la Red Europea de Transportes y que unirá Francia con Algeciras a través del litoral, incluyendo un ramal hasta Sevilla.

Aunque la Comisión Europea dio luz verde el año pasado a ese eje vital para Andalucía y Sevilla, cuyo coste se evalúa entre 40.000 y 50.000 millones de euros, su financiación depende del Parlamento Europeo y los eurodiputados nórdicos se han cansado de librar dinero para infraestructuras de dudosa rentabilidad. Ya han enfilado al AVE español.

El anuncio de un AVE Sevilla-Galicia en plena crisis y en un país rescatado ‘de facto’ por la UE, contribuye a la pésima imagen actual de la ‘marca’ España, pues significa que aún mantenemos la mentalidad de ‘nuevos ricos’ pese a la magnitud de nuestra deuda y que los criterios políticos siguen predominando sobre los de la eficiencia a la hora de asignar los cada vez más escasos recursos existentes o concedidos por Bruselas. Del despilfarro de los aeropuertos sin aviones, como el de Castellón, podemos acabar pasando al de los AVE sin pasajeros, como el futurible Sevilla-Galicia, prometido por una ministra que ejerció de gallega y que puede acabar poniendo en peligro la conexión ferroviaria que en verdad interesa a Sevilla: la europea del Corredor Mediterráneo.

Entre Sevilla, capital de Andalucía, y Santiago de Compostela, capital de Galicia, media una distancia en ruta (no en línea recta), de unos 900/950 kilómetros, para los que habría que salvar ríos, valles y cordilleras, una orografía muy distinta a la plana del valle del Guadalquivir por donde discurre la línea Madrid-Sevilla y, por tanto, a un coste enorme. En euros constantes de 2010, el kilómetro de línea AVE Madrid-Sevilla ha costado 10 millones de euros; el de Madrid-Barcelona, 15 millones; el de Córdoba-Málaga, 18 millones y el de Madrid-Valladolid, 26 millones de euros. ¿Tiene sentido tender casi mil kilómetros de vía AVE a un coste aún mucho mayor cuando esa distancia se puede cubrir de forma mucho más barata y más rápidamente por avión, dado que el AVE sólo es competitivo para distancias del orden de 500 kilómetros?

Un reciente estudio del Real Automóvil Club de Cataluña con datos de Renfe, Adif, Fomento y la Unión Internacional de Ferrocarriles, fija el umbral de rentabilidad de una línea AVE entre 6,5 y 8 millones de viajeros/año, una ratio que no cumple ni de lejos ninguna de las existentes en España y que ‘a priori’ tampoco cumpliría un AVE por la Ruta de la Plata y en paralelo a la ‘Raya Portuguesa’, una de las zonas más deprimidas y menos pobladas del país.

Y, como muestra de la ocupación de los trenes que exigen conocer los eurodiputados alemanes, el 20 de marzo la prensa difundió el balance del primer trimestre del AVE interior gallego, tras una inversión de 2.500 millones de euros entre  Compostela y Orense y de 1.000 millones entre aquélla y La Coruña: tres de cada cuatro asientos iban vacíos.

En diciembre de 2010 se inauguró el AVE interior de Castilla-La Mancha entre Toledo-Cuenca-Albacete, pasando por Madrid. Fue cerrado medio año después tras registrar una media de ¡nueve viajeros diarios! en vez de los potenciales 2.190, y con unas pérdidas de 18.000 euros cada jornada. Renfe admitió que se trataba de un “desastre”.

España presume de ser, tras China, el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, unos 2.900, casi 1.000 más que Japón y Francia y el triple que Alemania, países ricos y que sin embargo no se permiten este, para ellos, lujo. El estudio del RAAC muestra que mientras la línea AVE Madrid-Sevilla mueve 14.000 pasajeros por Kilómetro/año de media y 9.000 la Madrid-Barcelona, la de Colonia-Fráncfort capta 51.000; la París-Lyon, 59.000, y la Osaka-Tokyo, 235.000.

En estos 20 años,  el AVE Madrid-Sevilla ha transportado 53,6 millones de viajeros, a una media de 2,68 millones/año: de dos a cuatro veces menos que el umbral de rentabilidad. Pese a reconocer la satisfacción general de los usuarios, el estudio del RAAC señala que los ingresos obtenidos no dan para cubrir los costes de su construcción, ni tampoco los de explotación, incluida la amortización de los trenes. Por éso, en Europa, cansados de los alardes de España (recuérdese a Zapatero hablando de la Champions y de lo pronto que íbamos a adelantar a Alemania), se echan las manos a la cabeza cuando oyen a Ana Pastor prometer un AVE Sevilla-Galicia para los futuros viajes de los nietos de Griñán.

 

 

Un mundo feliz

La quiebra de Lehman Brothers a mitad de septiembre de 2008 se considera el inicio de la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929 y sus efectos no han dejado de sentirse en España y buena parte del mundo. Cuarto barco de inversión norteamericano, con unas deudas declaradas de 613.000 millones de dólares provocó el derrumbe de los mercados y puso el foco sobre la desastrosa situación de las entidades financieras, que en el caso español han pasado de ‘superar’ los test de estrés a precisar un rescate de al menos 62.000 millones de euros, de momento.

Naturalmente, en la Arcadia en que Monteseirín había convertido las empresas municipales para, con el dinero de los contribuyentes, comprar la paz social y evitar cualquier protesta en su contra, se ha vivido ajenos a la realidad, por lo que en este mundo feliz a lo Aldous Huxley se firmó a finales de aquel mismo año el convenio colectivo de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa). El acuerdo se dejó atado y bien atado para un periodo de cuatro años (de 2008 a 2011, ambos inclusive), prácticamente casi todo el último mandato del entonces alcalde socialista.

GRAVAMEN MUNICIPAL

Este tipo de convenios largos y con concesiones extraordinariamente beneficiosas para el personal pero muy gravosas para las arcas municipales  tenían además la particularidad de que quedaban fuera de cualquier medida de austeridad que decretara el Gobierno o el Ayuntamiento para los funcionarios. Sólo la crítica situación general y el Plan de Ajuste impuesto en las Administraciones ha permitido que Emvisesa, como antes Emasesa, se haya plegado a los recortes ordenados por Zoido de forma solidaria en toda la Corporación.
El nuevo gobierno local se ha topado en Emvisesa con un régimen muy especial. Aparentemente, la jornada laboral, que ahora se trata de elevar en todo el Consistorio a 37,5 horas semanales, era de 35 horas, pero bajo el principio de la ‘jornada flexible’ la aplicación de ventajas y excepciones ha venido suponiendo una reducción considerable del calendario laboral. Así, el derecho a media hora diaria de descanso ha convertido en la práctica la semana de 35 horas en otra de 32,5 horas.

CALENDARIO LABORAL

Los empleados de Emvisesa disfrutan de tres días festivos más que el resto de los trabajadores de cualquier empresa privada de Sevilla, hasta totalizar diecisiete, y su ubicación estratégica en el almanaque les permite gozar siempre de dos os tres días de libranza consecutivos: los días 24 y 31 de diciembre y el viernes de Feria.
Cuando lo habitual es tener 30 días naturales de vacaciones, en Emvisesa se han autorizado 31 o, en su defecto, 22 días hábiles anuales al margen de los sábados, disfrutables en períodos mínimos de cinco días consecutivos. El convenio especifica que los empleados tienen derecho a un día más de vacaciones por el cumplimiento de 15, 20, 25 y 30 años de servicio, y que quienes las disfruten en verano tendrán dos días más de descanso anual.
Además, toda la plantilla tiene derecho a seis días de permiso por asuntos propios, jornadas que incluso pueden acumularse a los 31 días naturales de vacaciones previa autorización de Recursos Humanos cuando no afecten a las necesidades del servicio. A los empleados que cumplen el sexto trienio se les reconoce el derecho a dos días más de permiso para asuntos particulares. Total, ocho.

RETRIBUCIONES

La estructura salarial aprobada por Monteseirín está plagada de todo tipo de complementos: el de categoría, el de jefatura, el de mayor dedicación y uno de horario flexible que implica una retribución lineal de 2.340 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas. Y como si la obligación de trabajar no fuera suficiente, no falta una remuneración especial para reducir el absentismo, la cual se suma a un complemento de productividad pagadero “por los principios de eficacia y buen resultado de las tareas encomendadas”. Además, se establecen incentivos que podrán pactarse entre la Dirección y el comité de empresa para remunerar trabajos de carácter especial. Y quienes atienden la caja o transporten dinero perciben un complemento “por razones de quebranto de moneda” de 840 euros anuales.

Incluyendo las pagas extra de marzo, octubre y fin de año, los salarios anuales en Emvisesa oscilan entre los 22.567 euros de un ordenanza y los 67.880 del secretario general, pasando por los 25.343 de un auxiliar; los 30.000 de un administrativo; los 34.000 de un especialista; los 43.000 de un técnico superior y los 65.000 de un director de área. Estos sueldos se incrementan con entre 2.657 y 4.222 euros por los complementos de jefatura; de 3.321 a 5.278 euros por la jefatura de Departamento, y de 2.695 a 8.107 anuales más según categorías por el complemento de mayor dedicación.

AYUDAS HASTA PARA MORIR

Aparte, Monteseirín aprobó una amplia variedad de ayudas para los estudios de los hijos: 60 euros/mes para el pago de guarderías privadas; 85 anuales para el segundo ciclo de educación infantil; 165 para el primer ciclo de la ESO; 185 para el segundo ciclo; 205 para el Bachillerato; 210 para la FP; el 80% de la primera matrícula en la Universidad y 740 euros por cada curso universitario fuera de Sevilla, entre otros.
Además, 225 euros para tratamientos bucodentales, 60 euros para gafas y lentillas y, en caso de fallecimiento, 1.515 euros para cubrir los gastos del sepelio. Así pues, el convenio de Monteseirín para Emvisesa es la mejor demostración de cómo en el Ayuntamiento de los 633 millones de euros de deudas con los bancos y los casi 60 millones con los proveedores, se hacía realidad el lema de velar por el personal “desde la cuna hasta la tumba”.

Los sapos de Zoido

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco ha decidido que la Catedral, Archivo de Indias y Alcázar no sean incluidos este año en la ‘lista negra’ del patrimonio en peligro como había propuesto Icomos, después de los compromisos adoptados por Zoido. Es una moratoria de un año pero que todo el mundo sobreentiende será definitiva y que supone un triunfo de la habitual política española de los hechos consumados.
Tal como dice Fernández Salinas, secretario del comité español de Icomos, ha sido una decisión de carácter político, ya que los aspectos técnicos se han quedado fuera del debate. Ha trascendido, aunque no aún el coste de la factura y quién la paga -si el Ayuntamiento o el Gobierno- que para influir en la decisión de la Unesco se contrataron los servicios del ex-director adjunto del Comité del Patrimonio Mundial, el cual, tras 16 años en el seno de la organización, se ha establecido como consultor privado y cobra por hacer ‘lobby’.
Al igual que en otros organismos, como el COI, donde los votos se compran y se venden a cambio de contraprestaciones presentes o futuras, también en este caso se han forjado alianzas con ciertos países para frenar la exclusión de Sevilla del Patrimonio Mundial, por el golpe que habría supuesto para la deteriorada ‘marca España’. No es casual que esta alianza se forjara con países tercermundistas como Argelia, Colombia, Iraq, India, Senegal, Mali… y que, por contra, los más desarrollados y cultos, caso de Alemania, Suiza y Estonia, fueran los más críticos con Sevilla y con el Gobierno de España por haber propiciado con su inhibición durante tres años la construcción de la torre Cajasol, pese a las advertencias de la Unesco, finalmente papel mojado.

VICTORIA MORAL

Zoido, que de objetor de la torre desde la Oposición ha pasado a su paladín con el furor del neoconverso (ahora propugna rascacielos extramuros del Centro), se ha escudado en el argumento esgrimido por los partidarios de la torre para subrayar las diferencias entre Dresde y Sevilla: mientras en la ciudad alemana se había protegido el paisaje histórico, que destrozaría un puente, en la nuestra la protección sólo se otorgó a la Catedral, el Archivo y el Alcázar y no a todo el casco histórico; y como desde estos tres bienes no se divisa a ras de suelo la torre Cajasol, técnicamente no puede decirse que haya una afección de ésta sobre aquéllos.
Por paradójico que resulte, los compromisos de Zoido para evitar la inclusión de Sevilla en la ‘lista negra’ suponen una victoria moral para Icomos, que siempre habló del impacto de esta Babel sobre el paisaje histórico hispalense extendido sobre una planicie y al que consideró globalmente y no sólo a los tres monumentos aislados de su entorno; y que también subrayó la necesidad de ampliar jurídicamente las zonas de protección del casco histórico frente a la inhibición de la Junta, que propició así que Monteseirín  facilitara la erección de la torre de 178 metros cuando previamente tumbó el proyecto de torre de Ricardo Bofill (impulsado por el PA) de tan sólo 80 metros por su impacto sobre el casco antiguo (y porque por debajo camuflaba más edificabilidad de la permitida) . El urbanismo, como se percata ahora Fernández Salinas, es pura política disfrazada de razones técnicas, y la Unesco tampoco ha escapado a la política de pasillos tejida en torno a la torre Cajasol.

PLAN ESPECIAL

Cuando Zoido se compromete a redactar un Plan Especial para que en la Cartuja no se alce ni un rascacielos más está reconociendo el dictamen de Icomos sobre el impacto de la torre Cajasol sobre toda Sevilla, aunque técnicamente no sea visible desde la Catedral, el Archivo y el Alcázar, porque si es tan legal y no causa afección alguna a estos bienes, ¿qué razón hay para impedir que se construyan más iconos de la pretendida modernidad (el primer rascacielos data de finales del siglo XIX) y para no convertir la Cartuja en el Manhattan sevillano?
Cuando Zoido se compromete ante la Unesco  a organizar un congreso internacional para poner en común los avances en relación con el paisaje urbano y los bienes Patrimonio Mundial, ¿de qué está hablando si no de las tesis de Icomos sobre el valor del paisaje histórico como bien a preservar y no sólo de monumentos aislados?
Y cuando Zoido se compromete a amortiguar el impacto visual de la torre también le da la razón a Icomos, porque si el rascacielos no afecta a los bienes del Patrimonio Mundial, decidir medidas de reducción de su impacto equivale a asumir la tesis de Icomos de que altera el paisaje histórico de Sevilla.
Cada compromiso de Zoido ha supuesto la aceptación implícita del informe de Icomos, que si no ha derivado en la inclusión de Sevilla en la ‘lista negra’ ha sido por ‘razón de Estado’.

CON ARGUMENTARIO AJENO

Y si la política consiste en desayunarse un sapo cada mañana, Zoido se ha tragado en París y en las semanas previas una buena ración de anfibios a cuenta de su conversión a la causa del rascacielos. Ha tenido que tragarse el sapo de defender ante la Unesco el rascacielos con el argumentario de Monteseirín, Marchena, Pulido y Espadas: la modernidad, los puestos de trabajo, la indemnización en caso contrario y hasta que va a quitar muchos coches del Centro (¿?).
No hay nada más patético que hablar por boca de ganso y tener que asumir como propio el discurso de tus rivales políticos. Como decía Ben Bradley, mítico director de ‘The Washington Post’, el mayor premio es que te cite tu competencia en portada. Zoido, aun sin mentarlo por su nombre, no hizo más que citar a Monteseirín ante la Unesco. ¡Menudo sapo!.