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Sevilla puede dejar atrás a Berlín

Aunque en el último Pleno Zoido dio otro de sus típicos bandazos, similar al que protagonizó con la torre Pelli (de detractor a defensor) y se sumó al PSOE e IU para, en línea con la Junta, exigirle a La Caixa que reconsidere su decisión de trasladar el Caixafórum al rascacielos de la Cartuja y lo mantenga en las Atarazanas, en el fondo el alcalde no cree que la entidad catalana, con la que confiesa tener hilo directo, dé su brazo a torcer.
Por éso, en previsión de que las ‘cumbres’ que por separado mantendrán con La Caixa el próximo miércoles tanto la Consejería de Cultura como el propio Ayuntamiento acaben en sendos fracasos, el alcalde ya ha anticipado que su alternativa para los antiguos astilleros medievales sería un museo de América o un museo de la Navegación.

LA TORRE DEL ORO

Quizás muchos sevillanos no sepan que la Torre del Oro es un museo naval, acorde con su historia como torreón adelantado de las murallas del Alcázar, para la defensa tanto del conjunto palaciego como del puerto y del puente de barcas en la Sevilla islámica.
Cuatro meses antes de que estallara la guerra civil, el Ministerio de Marina  acordó su conversión en un Museo Marítimo que, por las vicisitudes del conflicto bélico y las penurias de la posguerra, no pudo abrirse hasta  1944, en un acto que inspiró a Julio Guillén, secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia, estas palabras: “La Torre del Oro, el rasgo más característico de Sevilla, ha dejado de ser una caracola vacía y abandonada junto al río; y este museo que inauguramos, pequeño y modesto en dimensiones materiales, le dará nuevas sonoridades”.
Aunque relativamente pequeño, la suma de estancias permite una superficie expositiva de unos 600 m2, y en verdad aquí se cumple el tópico del marco incomparable, tanto por la originalidad y belleza de la torre como por su ubicación al borde del Guadalquivir. Cartas náuticas, brújulas, mascarones de proa, maquetas de barcos y otros fondos dan vida a este museo naval desde hace 68 años, aunque Sevilla no sea muy consciente de su existencia.

LA EXPO-92

Cuando la XCIII Asamblea de la Oficina Internacional de Exposiciones acordó el 15 de junio de 1983 adjudicar a Sevilla (de forma compartida con Chicago, aunque luego la ciudad americana renunció) la organización de la Exposición Universal de 1992, las Administraciones Públicas epañolas tuvieron nueve años por delante para haber decidido rehabilitar las Atarazanas y convertirlas en el museo/pabellón de la Navegación de la Muestra como reclamo, además, de la ciudad para los visitantes que se concentrarían en el recinto de la isla de la Cartuja.
Sin embargo, se acordó construir un pabellón de la Navegación de nueva planta también al borde del río y obra, casualmente, del mismo arquitecto redactor del controvertido proyecto del Caixafórum en las Atarazanas: Guillermo Vázquez Consuegra.
Por su forma de quilla de barco invertida y la profusa utilización de madera, con grandes vigas curvadas de este noble material natural, el pabellón de la Navegación de la Expo-92 remitía y remite automáticamente al espectador al mundo marítimo, al margen de los contenidos expositivos que albergó durante la Muestra.

DISEÑO ‘AD HOC’

Calificado como ‘el pabellón 10’ de la Exposición, fue uno de los de mayor éxito, ya que recibió 2.122.461 visitas en los 180 días que duró el evento. El presupuesto inicial de construcción sólo del edificio fue el equivalente a 9,3 millones de euros de hoy, cifra que con las típicas actualizaciones, mejoras y demás y con la adición de contenidos se habría triplicado o incluso cuadruplicado finalmente.
La superficie de la parcela supera los 14.000 m2, el doble que la planta de las Atarazanas; la superficie construida  es superior a 16.000 m2, con una altura máxima de 20 metros, y dispone de una zona sólo para exposiciones de 7.600 m2, al margen de los amplios talleres, almacenes, oficinas e instalaciones. Es, pues, un edificio con prestaciones para museo de la Navegación muy superiores a las que ‘a priori’ pudieran obtenerse de la adaptación de las Atarazanas, aunque, obviamente, sin su valor histórico y su entorno monumental.
Y un dato muy significativo para el tema que nos ocupa: según el Colegio de Arquitectos, Vázquez Consuegra definió el edificio en la memoria del proyecto como “flexible en su espacialidad”, pensando en su transformación cuando acabara la Expo en el futuro Museo Marítimo de Sevilla.

INVERSIÓN EN PLENA CRISIS

Como se recordará, Agesa ha invertido en plena crisis económica más de 11 millones de euros en remodelar el pabellón, bajo la dirección del propio Vázquez Consuegra, y en dotarlo de nuevos contenidos, que han sido realizados por la multipremiada empresa sevillana GPD, la misma que le ha diseñado a Zoido los ‘mappings’ o proyecciones tridimensionales navideñas sobre la fachada de las Casas Consistoriales. El pabellón modernizado se reabrió el pasado 2 de enero, en este año del XX aniversario de la Expo.
Así pues, Sevilla tiene dos museos navales, marítimos, de la navegación o como queramos llamarlos, uno desde hace 66 años en la Torre del Oro, y otro desde hace 20 en la Cartuja y en el que, en dos fases, se han podido invertir entre 30 y 40 millones de euros.
Y, sin embargo, Zoido propone ahora un tercer museo de la Navegación en las Atarazanas. Hasta ahora sólo se conocían casos de museos duplicados sobre la misma temática en Berlín, por aquello de la división de la ciudad tras la II Guerra Mundial, pero podemos acabar superando a la capital alemana con tres Museos de la Navegación…… además de con tres estadios para tan sólo dos equipos de fútbol.
Y es que Sevilla es un caso especial.

Alternativas para las Atarazanas

“Según un estudio de mercado, la expectativa de visitantes, que me parece muy conservadora, es de algo más de 700.000 personas al año, cifra similar a la que registra, por ejemplo, Caixafórum (en Barcelona). Sinceramente, creo que serán más…. sobre todo los dos primeros años, como ocurrió en Amsterdam. Será una bomba, más en esta ciudad, donde el turismo crece de manera exponencial”.

Quien así se expresaba tres días antes de que en Sevilla La Caixa comunicase su renuncia a las Atarazanas, era el diseñador Ujo Pallarés, que promueve, con financiación privada y mucho respaldo institucional, la instalación en la Ciudad Condal de una sede de uno de los museos más importantes del mundo: el Hermitage.

Desde hace años, grandes fundaciones y museos abren franquicias en otras ciudades. El caso más conocido entre nosotros es el de la Fundación Solomon R. Guggenheim, con cuya autorización se inauguró en 1997 en Bilbao uno de los museos Guggenheim repartidos por el mundo. El bilbaíno, extraordinaria obra de titanio, vidrio y piedra caliza andaluza diseñada por Frank O. Gehry, se convirtió de inmediato en el icono de la ciudad, la puso en el mapa internacional y ha tenido un enorme impacto económico al atraer una media superior al millón de visitantes/año.

 

EL EJEMPLO DE AMSTERDAM

 

 

 

El Hermitage permitió la apertura en 2009 de una filial en Amsterdam, en un antiguo asilo para mujeres rehabilitado a orillas del río Amstel. En sus 9.000 m2 pueden contemplarse dos exposiciones permanentes (una sobre la historia del propio edificio y otra sobre las relaciones Holanda-Rusia). El resto del inmueble acoge exposiciones de medio año de duración. Así, desde junio y hasta enero de 2013 el Hermitage ha organizado la muestra ‘Impresionismo: sensación e inspiración’, con 80 cuadros de, entre otros, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley y Delacroix.

Y por la reforma del museo Van Gogh, también albergará, hasta abril de 2013, la exposición permanente (unas 75 telas) del gran artista que murió, según las últimas investigaciones, a manos de dos mozalbetes -no por suicidio- y sin haber vendido un solo cuadro en su vida.

Por tanto, tras el abandono de La Caixa no se acaba el mundo, porque existiendo un lugar tan privilegiado como las Atarazanas; el proyecto de Vázquez Consuegra y la universal marca Sevilla, habría muchas posibilidades de convertir el antiguo astillero medieval en una sede para el Sur de Europa de cualquiera de estas dos grandes instituciones.

 

CONVENIO

 

 

Barcelona, como siempre, marca el camino. Pocos repararon en uno de los objetivos del viaje de Artur Mas a Moscú hace 25 días: la firma de un convenio de colaboración con la viceministra de Cultura de Rusia, Alla Manilova, para que dentro de tres años se inaugure en la capital catalana  una extensión del Hermitage con la ayuda de inversores privados internacionales.

Mas lo tiene tan claro que declaró: “Si perseguimos la capitalidad económica, cultural y turística de Barcelona, esto pasa por tener elementos de referencia en nuestra ciudad y el conjunto de Cataluña, como este proyecto”.

El Hermitage catalán también sufre vicisitudes que recuerdan a las de las Atarazanas hispalenses: está cuestionado por una Plataforma en defensa del Puerto Viejo, que exige se incardine dentro de un Plan Especial. El grupo de inversores que lo promueve dice contar ya con una concesión de la Autoridad Portuaria sobre tres naves industriales que datan de la segunda mitad del siglo XIX y que están protegidas al figurar en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad Condal

Para ampliar el espacio expositivo, el estudio Ars Spatium y la empresa Cultural Development BCN han proyectado sobre la cubierta de dos de ellas una gran estructura ondulada que permitiría ganar dos plantas, amén de otra subterránea, con el fin de pasar de los actuales 2.326 m2 a 8.000. Las naves están junto al hotel W, con forma de inmensa vela y diseñado por Ricardo Bofill.

 

INVERSIÓN PRIVADA Y RENTABLE

 

 

Los promotores privados dicen tener un Plan de Negocio y que las cuentas les salen: “La oferta paralela a la artística -comenta Ujo Pallarés- será la misma que en cualquier museo económicamente rentable. Habrá una tienda, una cafetería, un restaurante popular y otro más elitista dirigido por un gran cocinero. ‘Golondrinas’ (barcos turísticos) que lo conectarán con las otras zonas del puerto, y visitas privadas y nocturnas….El Prado factura el doble con la tienda que por la venta de entradas, y hay museos como el Dalí que son muy rentables”.

Nadie habla de dinero, si bien se reconoce que el Hermitage les pide un canon inicial y un porcentaje por la venta de entradas a cambio de ceder la marca y las obras de sus fondos, unas condiciones que a los promotores les parecen razonables.

Sí ha trascendido que cuando Alicante se interesó anteriormente por acoger una filial del Hermitage los rusos les pidieron de entrada 500.000 euros, aunque ahora son otros tiempos. Recuérdese que a Sevilla le costó organizar la Copa Davis 3,7 millones de euros y que entonces los empresarios turísticos dijeron que estaban dispuestos a financiar no una, sino dos Copas Davis si con ello atraían turistas. Aquí tienen la oportunidad de demostrarlo. Un Hermitage en las Atarazanas podría captar casi un millón de turistas más al año, en línea con el Plan de Barcelona. Y si no fuera posible, aún cabría optar al Guggenheim de Berlín, que queda libre al final del año, o al de Helsinki, tras la renuncia de la capital finlandesa por diferencias internas en su Ayuntamiento.

Tal como han dicho los promotores del Hermitage en Barcelona, “en momentos de crisis como el actual es cuando hay que hacer las grandes apuestas”.

 

Doñana, entre Lorca y Daimiel

Científicos de la Universidad de Western Ontario liderados por Pablo J. González han determinado que uno de los motivos del terremoto de mayo de 2011 en Lorca fue la sobreexplotación, para regadíos,  del acuífero del Alto Guadalentín.

Gracias a los datos obtenidos por satélite, los expertos han comprobado que la pauta del movimiento de la falla guarda correlación con los cambios en la corteza terrestre, causados por un descenso de 250 metros del nivel del agua subterránea debido a las extracciones desde los años 60. Esta caída del nivel freático provocó una fractura en la roca que, a su vez, indujo el seísmo. Resultado: 9 muertos, 300 heridos, 1.300 casas destruidas, 3.000 personas aún sin hogar y enormes pérdidas.

La Administración franquista, que desecaba lo húmedo y regaba lo seco y de la que el Iryda y el Icona fueron sus principales brazos ejecutores, aprobó en 1956 la ley de Desecación de Márgenes de los ríos manchegos Cigüela, Záncara y Guadiana. Se canalizaron cauces y se perforaron en el entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 50.000 pozos, al menos 5.000 de ellos ilegales, para la sustitución de los cultivos tradicionales de secano por otros intensivos con elevado consumo de agua, como el maíz.

El encharcamiento natural de las Tablas se redujo al 1% de su superficie original (ahora es mantenido de forma artificial y sólo en parte gracias a trasvases especiales desde el río Tajo) y acabó ocurriendo lo que predijeron los científicos: incendios por la combustión de la turba del subsuelo y la liberación  de  gases tóxicos como el CO2. Una zona húmeda como las Tablas de Daimiel literalmente salió ardiendo.

Razón: la sobreexplotación del acuífero para los regadíos provocó tal enorme descenso del nivel del agua que, en ausencia de humedad y con el recalentamiento de la tierra, los gases explosivos existentes en el sustrato carbonoso de la turba se combinaron con el oxígeno y se produjo su combustión espontánea.

A finales de los años 80, el por entonces presidente de la Unión Internacional de Hidrogeólogos, Ramón Llamas, alertó de que si continuaba la sobreexplotación de las aguas subterráneas en el entorno de Doñana podría acabar ocurriendo lo mismo que en La Mancha con la combustión del subsuelo, en lo que llamó la ‘daimielización’ de Doñana.

Pese a estos precedentes catastróficos de Lorca y Daimiel, el PSOE no ha tenido otra ocurrencia que proponer que al igual que el Gobierno ha aprobado una amnistía fiscal para delincuentes económicos, debería paralizar las inspecciones de la Guardia Civil a los agricultores

con pozos ilegales en el entorno de Doñana. O sea, barra libre a la ilegalidad. Pero con ser gravísimo la proliferación de pozos ilegales y el alarmante descenso del nivel del acuífero que nutre al Parque Nacional, gracias a la incompetencia e ineficacia de sus órganos rectores, incapaces siquiera de cumplir hasta siete sentencias del Tribunal Supremo sobre los  riegos ilegales en los Hatos, peor aún es lo que está ocurriendo con las aguas superficiales de las marismas del Guadalquivir en este emblemático espacio natural, sitas en la provincia de Sevilla.

En este sentido es sangrante la transformación del Brazo de la Torre, cauce de unos 70 kilómetros y que ha desaparecido en muchos de sus tramos, como puede comprobarse a simple vista y comparando fotos aéreas e imágenes de satélite. Otros brazos, como el caño del Guadiamar y lucios (Cochinato, Quebradas Blancas,  Hombre) han corrido la misma suerte, y centenares de hectáreas del dominio público, de altísimo valor ecológico, han sido usurpadas.

En la mitad del Brazo de la Torre se hacen canales y diques con maquinaria pesada y se desvía el agua bien a los canales del arroz, bien al río Guadalquivir, para drenarlos. A continuación se excavan nuevos canales a través del cauce, para desecarlo. Y hasta se toma  agua procedente del Corredor Verde para regar el espacio así usurpado. Asimismo, se desplazan con total impunidad los mojones que deslindan las áreas protegidas.

Aún quedan restos donde, por contraste, se puede percibir esta situación, como en Veta Alí, donde ya no se aprecia la margen izquierda del Brazo de la Torre, transformada. También en la zona del Matochal. Se ara y/o se transforman en arrozal zonas originales de playas, juncales y eneales y desaparece la biodiversidad acuática y sus hábitats, porque dado el valor del arrozal hay incluso quienes alardean de que en el caso improbable de que sean sancionados les resultaría más rentable pagar la hipotética multa.

Toda esta ingente usurpación y transformación artificial del medio natural acaece en el espacio ecológico más importante de Europa, teóricamente protegido por todo tipo de normas, leyes y declaraciones internacionales y reconocido con todos los títulos (Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera de la Unesco, Diploma del Consejo de Europa, Sitio de Ramsar…), no es ocultable y salta a la vista de cualquiera menos, de forma harto sospechosa, de los organismos encargados de su vigilancia  y conservación: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Dirección General de Costas, Autoridad Portuaria, Seprona, Guardería del Parque Nacional, Guardería de la Junta, Consejería de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Unesco, Unión Europea y Convenio de Ramsar.

Aquí no existe la ley, salvo la del más fuerte. El último que llega se apodera de lo que aún quede virgen. Las marismas del Guadalquivir se han convertido en otro salvaje Oeste, el Far West de Europa o la Sicilia andaluza.

 

Zoido llega tarde

El suicidio, el día 9, de la exedil socialista Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada de su piso en Baracaldo multiplicó la indignación ciudadana y obligó a Rajoy a anunciar una propuesta de paralización temporal de los desalojos que negociarían a partir del lunes, día 12, PP y PSOE. Zoido, oportunista, vio la ocasión de aparecer como el adelantado de la nueva política que se estaba fraguando e hizo un doble anuncio el domingo 11.

Tras hacerse la foto en plan gabinete de crisis con sus delegados de Urbanismo y Asuntos Sociales y el gerente de Emvisesa, comunicó la paralización de los desahucios en curso por la Empresa Municipal de la Vivienda. Previamente había propuesto a Griñán un pacto antidesahucios, en estos términos: “que se olvide de la demagogia y se siente de verdad con el PP, como ha ofrecido Mariano Rajoy a nivel nacional, para buscar la salida al problema. No se trata de ser demagogo -añadió-, se trata de tener rigor”. Y más tarde instó a la Junta a que, a través de la Empresa Pública del Suelo, mostrara su disponibilidad a paralizarlos.

 

FRENAZO YA EN JUNIO

 

 

El rigor y la falta de demagogia invocados por Zoido en un asunto tan delicado han brillado por su ausencia en su caso, pues como líder de la Oposición y parlamentario autonómico no debía ignorar que a finales de junio la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció en el Parlamento andaluz que había dado la orden de frenar todos los lanzamientos previstos en el parque de viviendas de la Junta, a pesar de que sólo se han producido 16 de carácter administrativo en el último cuatrienio en las 46.000 VPO que gestiona en régimen de alquiler. “No se va a utilizar esta práctica -aseguró- contra quienes se encuentren en una situación desesperada y no puedan hacer frente, por causas justificadas, a la renta de alquiler establecida”.

Elena Cortés insistió en que no se privaría de una vivienda social a las familias afectadas por sobreendeudamiento o que contaran entre sus miembros a personas dependientes, una medida con la que cinco meses más tarde ha coincidido la patronal bancaria al anunciar una moratoria de dos años en los lanzamientos de viviendas “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.

Además, la consejera subrayó que sería muy exigente a la hora de velar por que las viviendas públicas no se queden vacías, con lo cual se adelantaba a la demanda ahora planteada, al cabo de cinco meses, por Zoido. Y el 1 de octubre inauguró en Sevilla la primera de las ocho oficinas de intermediación contra los desahucios y en la que un equipo de administrativos, trabajadores sociales y letrados asesoran gratuitamente a las potenciales víctimas de desalojos.

 

LIQUIDACIÓN DE OTAINSA

 

 

En el frente sevillano, la falta de visión de Zoido en este asunto, convertido luego en clamor nacional, quedó de manifiesto cuando sólo llevaba tres meses en la Alcaldía y su delegado de Urbanismo, Vílchez, decidió el desmantelamiento de la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa) y la asunción de sus funciones por la Gerencia de Urbanismo. A la vista de lo sucedido en estos catorce meses (1.613 desahucios en la capital y provincia sólo en el primer semestre de 2012) no parece que la Gerencia haya suplido con eficacia a Otainsa.

El radar del alcalde siguió sin detectar la gravedad del drama, del que venía alertando la oposición. En el Pleno del 30 de marzo, Espadas propuso “frenar los 3.500 desahucios” por impago de hipotecas e instó a Zoido a que adoptara una batería de medidas urgentes que ayudaran a “minimizar el tremendo impacto que están provocando los desahucios y contrarresten los efectos del paro en Sevilla”. El PP votó en contra argumentando que el PSOE “llega a los sitios tarde y mal porque no ha hecho nada y ahora viene a decir que lo que se hace no es suficiente”.

El 9 de abril, el PSOE volvía a la carga a cuenta de los desahucios por Emvisesa en la barriada La Estrella, Pino Montano, y pedía una moratoria de hipotecas de tres años para personas del perfil de los desahuciados por la empresa municipal: en paro, con menos jornada laboral o menos ingresos y/o con dependientes a su cargo.

 

CIEN AVISOS EN SAN JERÓNIMO

 

 

En el Pleno de septiembre, el gobierno local se negó a activar un servicio municipal de atención a los potenciales desalojados de forma que se pudiera estudiar cada caso en concreto, así como un plan de alquiler a precios asequibles gestionado por Emvisesa.

En octubre, Torrijos (IU) destapó que Emvisesa había enviado un centenar de cartas intimidatorias a adjudicatarios de sus viviendas en San Jerónimo, en las que les avisaba de que si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonaban las deudas pendientes o los recibos atrasados de la comunidad, se darían por resueltos los contratos y se les abriría de inmediato un proceso judicial de desahucio.

Zoido tuvo ahí su gran oportunidad de haber paralizado los desahucios en Sevilla y logrado proyección nacional antes de que la iniciativa partiese de la Moncloa en Madrid tras el suicidio de Baracaldo, pero se limitó a decir que se trataba de “trámites administrativos” y a hablar de “sensibilidad” para con los afectados. El resto de la historia es conocido: la ola de indignación ciudadana obliga a Emvisesa a frenar el primer desahucio previsto en San Jerónimo y a ofrecer una salida digna al inquilino horas antes de la intervención judicial, y sólo cuando el alcalde conoce la reacción de Rajoy trata de aparecer como el gran precursor frenando a Emvisesa y reconociendo que había 600 inquilinos en riesgo de ser expulsados.

Tanto en Andalucía como en Sevilla, Zoido llegó demasiado tarde.

 

El Thyssen como moraleja para el CaixaFórum

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, declaró el miércoles: “Seguro que habrá un CaixaFórum en Málaga”. Y añadió que desde su Ayuntamiento, “con insistencia, constancia, presión e interés”, se ha conseguido que La Caixa haya modificado los criterios que mantenía hasta ahora para decidir sobre la ubicación de este tipo de centros culturales dependientes de su Obra Social y que “en vez de ir en el orden de las Autonomías, es decir, uno por comunidad autónoma, se haga por orden de población”.

La nueva ofensiva del alcalde malagueño ante La Caixa para conseguir que instale un CaixaFórum en su ciudad ha coincidido con la paralización que sufre en Sevilla el proyecto diseñado por Vázquez Consuegra para las Atarazanas, tras el cambio de criterio (acertado, según exponía el ex alcalde socialista Manuel del Valle ) del Ayuntamiento hispalense con su nueva exigencia de redacción de un Plan Especial como condición ‘sine qua non’ para otorgar la licencia urbanística. Zoido teme que la Unesco, que a duras penas ha admitido la torre Pelli, pudiera retirar el título de Patrimonio de la Humanidad si el CaixaFórum acaba afectando visualmente de algún modo a la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar.

Por más que De la Torre trate de desvincular su ofensiva de las dificultades que sufre el CaixaFórum en Sevilla y remonta su pretensión a un decenio atrás, no sería la primera vez que el alcalde malagueño le arrebata un gran proyecto cultural a Sevilla o monopoliza lo que en principio iba a ser compartido con la capital hispalense.

Corría el año 2007 cuando Monteseirín filtró un acuerdo con Carmen Thyssen para la creación en Sevilla de un museo que albergaría parte de los fondos pictóricos de la baronesa y que se instalaría en alguno de los pabellones del 29 (Perú, Portugal o el Real de la Plaza de América) o en el convento de Santa Clara. Carmen Thyssen poseía por entonces más de 1.000 cuadros, entre los que -decía- destacaban las colecciones más amplias de telas de origen catalán y andaluz de los siglos XIX y XX, y había expresado su deseo de realizar préstamos gratuitos a museos de Cataluña y Andalucía.

“La colección española es muy extensa -declaró a finales de aquel año- y hay suficientes obras como para llevar a cabo tres museos” (uno en San Feliú de Guixols y dos más, en Sevilla y Málaga). Hasta llegó a hablarse de una visita de incógnito de la baronesa a Sevilla para evaluar personalmente los pabellones ofrecidos por Monteseirín e incluso otros espacios alternativos previamente inspeccionados por expertos de su confianza. En diciembre de 2007, la entonces delegada municipal de Cultura, Maribel Montaño, declaró: “la baronesa tiene todo el interés del mundo en este proyecto y, por lo tanto, vamos a hacer realidad que su colección andaluza de pintura venga a Sevilla”.

Pasaba el tiempo y el proyecto no avanzaba. Montaño dijo en una entrevista que el Ayuntamiento había iniciado algunas gestiones pero que, a petición de la propia Fundación Thyssen, las negociaciones se habían pospuesto hasta después de las elecciones generales de marzo de 2008, para sacarlas del “contexto electoral”, ya que éste podría acabar “entorpeciendo” la iniciativa. El 11 de septiembre de aquel año, la delegada municipal de Cultura volvió a referirse públicamente al futurible museo en estos términos: “Hemos contactado con ellos (la Fundación Thyssen) y hemos pedido una oferta, que no termina de llegar a la ciudad”.

Tan sólo once días después, el 30 de septiembre de 2008, Carmen Cervera compareció en Málaga para firmar el convenio de creación de la Fundación que habría de regir los destinos de su museo malagueño y habló ante los medios de comunicación: “No creo que sea serio llevar a Sevilla -aseveró- un tipo de colección parecida cuando ya está cerrada la ubicación y la puesta en marcha del museo desde hace dos años”.

La baronesa destacó “el tesón” del alcalde Fancisco de la Torre para lograr la cesión de su colección a la ciudad malagueña hasta el año 2025, y añadió: “Nunca se ha llegado a un acuerdo firme y serio en Sevilla, mientras que en Málaga siempre han estado muy volcados encima mío para que tomase la decisión de traer la colección aquí”.

Y es que mientras en Sevilla esperaban sentados a que la baronesa acabara de deshojar la margarita del pabellón del 29 de su gusto, el alcalde malagueño se llevó a Carmen Cervera a que conociera las obras de restauración que estaba acometiendo en el Palacio Villalón, que le había ofrecido como sede para su museo, y además compró varias fincas aledañas para agregarlas al mismo y ampliar hasta 7.000 m2 la superficie expositiva.

Maribel Montaño, que se enteró del descarte de Sevilla por la prensa, calificó la decisión de la aristócrata de “sorprendente y desconcertante”, y la acusó de “haber jugado con las expectativas del Ayuntamiento de Sevilla” al haber mantenido y alimentado la esperanza de la creación de la pinacoteca con su frase “tengo cuadros para todos”.

Por cierto que tras aquella frustración el por entonces delegado de Cultura de la Junta, Bernardo Bueno, dijo que no merecía la pena llorar por la colección andaluza de la Thyssen en Málaga porque la del octogenario Mariano Bellver era “bastante mejor” y estaba dispuesto a donarla a Sevilla.

Por si le sirve de moraleja a Zoido, tres años después de aquella historia en que Málaga le ganó por la mano de Francisco de la Torre a Sevilla, seguimos sin CaixaFórum, sin museo Thyssen y sin museo Bellver.

Y todavía habrá quien le eche la culpa de todo ello al alcalde de Málaga.

 

Dragado sí o sí

Hace dos años se conoció el dictamen sobre el Guadalquivir que  elaboró un comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de universidades andaluzas. Sus conclusiones eran enormemente preocupantes: el gran río de Sevilla y de Andalucía es cada ve menos grande. Ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y un 60% de los aportes de agua dulce debido a las presas construidas a lo largo de su cauce para regadíos. Tendría que transportar cuatro veces más agua (250 m3 por segundo) de la que lleva habitualmente (63 m3/s), aunque el ideal serían 1.000 m3/s, para que se frenaran la salinidad y turbidez.

Esa turbidez es consecuencia de las elevadas concentraciones de materiales sólidos en suspensión. Y como todo en la Naturaleza es una cadena de causas y efectos, el barro y los sedimentos limitan la penetración de la luz y coartan el desarrollo del fitoplancton, cuya concentración es ya en el estuario veinte veces menor que la de otros ríos similares, y hasta cuarenta veces inferior en primavera.

El Guadalquivir se está convirtiendo así en una fuente emisora de gases de efecto invernadero y favoreciendo la formación de ‘zonas muertas’ en el litoral, donde prosperan cianobacterias que acaban introduciéndose en la cadena alimentaria a través de las coquinas y los peces y provocando mortandades como la de Doñana en 2001.

Como durante la mitad de los días del año el río lleva muy poca agua (no más de 25 m3/s) y se han ido perdiendo llanuras mareales y marismas, la marea está favoreciendo la colmatación del estuario y del cauce, y el calado actual para la navegación de los barcos  (de 5 a 6 metros) propende a reducirse a entre 3 y 4 metros. Por tanto, hay que dragar periódicamente para mantener el canal de navegación, con lo que se contribuye a generar esa capa flotante de sedimentos, en un proceso sin fin.

Según el dictamen del Comité de Expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado de hasta -8 metros. Se entraría en una espiral: la extracción del material del dragado no impediría que el río creara nuevas capas de sedimentos, que saldrían de la erosión de las márgenes.

Aunque los científicos dejan la decisión final sobre el dragado en manos de los políticos, no lo recomiendan expresamente, tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el Guadalquivir, como el incremento de la turbidez y de la salinidad. Del dictamen se colige que abogan por mantener el dragado de mantenimiento, no dar luz verde a ningún proyecto nuevo, recuperar los llanos mareales de Doñana, crear una Autoridad Única sobre el río para acabar con la dispersión de competencias y reevaluar la situación una vez se recupere el Guadalquivir. Lo más urgente, pues, es esperar.

Sin embargo, como los neodesarrollistas han vuelto a la Administración, hay quienes quieren tirar a la papelera el trabajo de dos años del CSIC y de las universidades andaluzas, pese al dinero que ha costado a los contribuyentes, y convertir el dictamen en papel mojado. Para ello, como es tradicional en este país llamado España, qué mejor que recurrir a la política de hechos consumados.

Sin que aún se hayan pronunciado al respecto ni el Consejo de Participación en el Espacio Natural de Doñana ni el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ya ha consignado en sus exiguos presupuestos para la provincia de Sevilla una partida de 23 millones de euros para el dragado de profundidad del Guadalquivir. No hay dinero para aquello en lo que hay unanimidad, como serían la ampliación del Museo de Bellas Artes, la rehabilitación del Museo Arqueológico, los festivales culturales, el desdoble de la N-IV y la terminación de algún tramo más de la SE-40, pero sí se reserva para una obra más que controvertida y no avalada por los científicos a los que se encargó expresamente el dictamen, con lo cual se está condicionando de alguna manera la decisión que deben adoptar el Consejo de Doñana y el Ministerio de Medio Ambiente. El titular de este Departamento, Miguel Arias Cañete, no tiene un perfil ecologista precisamente, como acaba de demostrar liquidando la Ley de Costas e indultando el ladrillo en primera línea de playa.

Y en esta política de hechos consumados, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, hace de su capa un sayo y anuncia que a principios de año va a licitar las obras del dragado aunque siga sin contar con autorización administrativa, salvo que bajo cuerda ya le hayan dado vía libre porque esté todo atado y bien atado. En un alarde de irresponsabilidad para un administrador del dinero público, ha declarado que él va a licitar, “y luego que se pronuncie quien quiera pronunciarse, ya sea por vía administrativa o judicial”. Y ha añadido: “Me espero cualquier cosa después de ver que un grupo de vecinos han sido capaces de echar abajo la biblioteca del Prado de San Sebastián y enterrar así muchos millones de euros”.

Perdón. Es justamente al revés: los ciudadanos nos esperamos ya cualquier cosa, incluso que Fernández dilapide 23 millones de euros en una obra que puede ser declarada ilegal, después de ver que un par de rectores de la Hispalense fueron capaces de empecinarse en malgastar 10 millones en una biblioteca fuera de la ley en el Prado y que se hayan ido de rositas sin asumir responsabilidad alguna y cargándole el coste de su imprudencia a los contribuyentes.

 

Sierra sin dientes

Es fantástico comprobar cómo se les aguza el ingenio a los partidos políticos cuando están en la oposición. El PSOE ha destripado los 275 millones de euros que en números redondos destina el Gobierno del PP a Sevilla en los Presupuestos Generales  para el quinto año de la crisis, y ha llegado a la conclusión de que suponen un déficit inversor de 148,5 millones de euros. Su lógica deducción es que si la inversión media por habitante para el conjunto de España es de 222,7 euros, los 142,4 euros per cápita de Sevilla significan una diferencia negativa de 80 euros. A razón de 1.849.315 sevillanos, dejamos de percibir globalmente la citada cifra de 148,5 millones de euros.

La presentación de los Presupuestos en cada año un ‘déjà vu’, como la película del día de la marmota (‘Atrapado en el tiempo’) en versión económica, porque se repiten las mismas amargas quejas sobre la falta de inversiones para proyectos que nunca acaban de materializarse : la SE-40, la ampliación del Museo de Bellas Artes, la traída de aguas desde el pantano de Melonares…. Basta con tirar de hemeroteca para comprobarlo y también para ver cómo PSOE y PP invierte su celo escrutador de las cuentas públicas según estén en el Gobierno o la oposición.

 

NÚMEROS TORTURADOS

 

 

Y si repasamos la prensa de cualquier provincia andaluza o del resto de España, el panorama es el mismo: un guirigay de agravios comparativos en que se mira con lupa el dinero que recibe el vecino y se tortura a los números de todas las formas posibles (en comparación con la media nacional, con la media regional, con el año anterior….) para que confiesen que se ha perpetrado una discriminación injustificable.

Retrocediendo en el tiempo, elegimos al azar la reacción a los Presupuestos para el año 2009, con Zapatero en el Gobierno. Atención al prolijo informe realizado por los técnicos de la CES y de la Cámara de Comercio, del que se hicieron eco en aquel entonces los medios: “La provincia de Sevilla -decían- recibirá siete puntos menos de la cantidad que le correspondería en la distribución de inversiones según la población que tenía a 1 de enero de 2008. Es decir, teniendo en cuenta el criterio poblacional contemplado en el nuevo Estatuto de Andalucía, a Sevilla le correspondería recibir el 22,9% de las inversiones que se destinan a Andalucía, y el 4,06% del total nacional, pero recibe el 15,9% del total andaluz y el 2,8% del Estado. Eso, en euros, supone que Sevilla recibirá 376 euros/habitante (142 por inversiones directas del Estado y 229 por las sociedades mercantiles, fundaciones estatales y otros organismos públicos), muy por debajo de la media andaluza (593 euros) y nacional (538 euros), menos de la mitad de lo que recibirán los ciudadanos de Almería….”

PICOS Y VALLES

Es lógico que con motivo de la realización de grandes proyectos haya años en que la inversión supere con creces la media nacional y otros en que, concluidos aquéllos, caiga por debajo. En este sentido siempre se ponen de ejemplo los años previos a la Exposición Universal de 1992, en que Andalucía más que la propia Sevilla se benefició de unas inversiones extraordinarias que no debieron interpretarse como un plus, sino como la oportunidad de superar un retraso histórico en materia de infraestructuras con que colocar a nuestra comunidad autónoma y a nuestra provincia (pocos recuerdan ya las barreras del tren por la calle Felipe II, el muro de Torneo que separaba a la ciudad del río y de la isla de la Cartuja o los decenios transcurridos con los mínimos puentes sobre el Guadalquivir) a la altura del resto de España.

Por tanto, si recurriéramos a una gráfica para reflejar año tras año las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales a Sevilla, lo normal sería que apareciera un dibujo en forma de dientes de sierra: picos y valles. Unos años por encima de la media y otros por debajo. Sería pura normalidad democrática, porque no todos los años se organiza una Exposición Universal, unos Juegos Olímpicos o un Campeonato del Mundo de alguna disciplina deportiva,  o se construye una esclusa, se prolonga una línea férrea del AVE o se amplía un aeropuerto.

El problema de Sevilla es que su gráfica desde 1991 a 2013 sólo ofrece un pico: al final de la era Zapatero, cuando todavía nos creíamos un país rico, como señal de que superamos la media inversora nacional. El resto del tiempo, y son ya veinte años, hemos estado por debajo de la línea, generalmente en plan valle. Y en este amplio periodo han gobernado tanto el PP como el PSOE, por lo que ambos partidos pueden repartirse las culpas y el victimismo de este cierto tufillo a discriminación que suele emanar de las cuentas estatales, tanto las actuales como las anteriores.

Sería sumamente instructivo que desde los partidos políticos, la Universidad, la CES, la Cámara de Comercio, el Colegio de Economistas…. se profundizara en este ejercicio realizado ahora por los socialistas,  para cuantificar desde la preExpo hasta hoy exactamente el déficit inversor sufrido por Sevilla en comparación con la media nacional, si bien hace unos años ya el profesor Ferraro hizo una estimación para el conjunto de las Administraciones Públicas (añadiendo al Estado la Junta de Andalucía, la Diputación y el propio Ayuntamiento) de unos 6.000 millones de euros.

Del resultado de ese estudio podría inferirse que Zoido quizás estuviera en condiciones de reclamar no sólo el discutible Estatuto de Capitalidad que preconiza, sino también hasta una hipotética  ‘Deuda Histórica’ con Sevilla, por más que le pese a su homólogo y correligionario malagueño, Francisco de la Torre.

 

La alfombra roja de Zoido

La ‘fuga’ de Decathlon, de la que se culpan el Ayuntamiento y la Junta, pone en evidencia las contradicciones del gobierno local y ha dado munición al presidente de la CES, Miguel Rus, para su sonada andanada contra Zoido.

El alcalde y su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, sostienen que si el Consistorio ha iniciado ahora y no antes la modificación puntual del PGOU para permitir en la Cartuja comercios como el ya dejado escapar de la multinacional francesa ha sido por:

1) La Junta lo tenía bloqueado porque debía darle luz verde.

2) El Gobierno autónomo no dijo anteriormente que aprobaría la modificación.

3) El proyecto había sido desechado por Monteseirín.

MODIFICACIÓN DEL PGOU

Argumentos inconsistentes. Conociendo al personaje, que  se dedica a enviar mensajes por las redes sociales reivindicando la paternidad de cuanto inaugura Zoido, es muy improbable que Monteseirín le hubiera dado largas a Decathlon cuando podía arrogarse un nuevo proyecto para Sevilla, de una marca con gran gancho popular y que habría reactivado el denostado Estadio pseudo Olímpico, otra de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad y un reto para él como el Prado (biblioteca), la Encarnación (‘Setas’) y el rascacielos (torre Pelli).

Afirmar que la Junta bloqueó Decathlon porque debía autorizar la modificación del PGOU equivale a responsabilizarla también del bloqueo de Ikea, que se hallaba en una situación similar. Si el Ayuntamiento jamás vinculó la solución del problema de la multinacional sueca a la postura que pudiera tener el Gobierno autónomo, tampoco puede hacerlo en este caso. Si el Consistorio no tramita la modificación del Plan, la Junta no tendrá ocasión de darle luz verde o roja. Es elemental.

 

CONCESIÓN POR 40 AÑOS

 

Recapitulemos. La Sociedad Estadio Olímpico convocó en 2008 un concurso para la implantación de empresas en una parcela colindante a la instalación deportiva. No hubo ningún interesado, pero después  llegó Decathlon con un proyecto de una tienda complementada por una piscina climatizada, un gimnasio y pistas para el pádel y otros deportes, para lo que necesitaría 15.000 m2 de edificabilidad (la décima parte que Ikea). La inversión estimada era de 18 millones de euros y crearía 160 empleos.

En el verano de 2008, desde Urbanismo se le dijo que podía ser viable siempre que se ajustase a los requisitos del PGOU y a los de la Junta para las grandes superficies comerciales. En marzo de 2009, la Sociedad Estadio Olímpico adjudicó a Decathlon la explotación del terreno (un derecho de superficie por un plazo de 40 años), condicionada a la obtención de licencia de obras y al ‘nihil obstat’ del Gobierno autónomo. La compañía reservó el suelo en enero de 2010 mediante el pago de una fianza de 200 euros diarios. El convenio la obligaba al abono de 440.000 euros/año a la Sociedad Estadio Olímpico, a cuyo Consejo de Administración pertenece el Ayuntamiento, que por tanto ha estado informado desde el principio del tema. Ese mismo año, la Junta dictaminó que por incluir una gran superficie comercial el proyecto de Decathlon debía adaptarse al PGOU vigente.

DOBLE DISCURSO

Por tanto, al igual que con Ikea, o la empresa se adaptaba al Plan General o éste se modificaba para ajustarse a sus pretensiones mediante un procedimiento cuya tramitación debía incoar Urbanismo.

Hay constancia de al menos dos ‘cumbres’ en la Gerencia, ya con Zoido en la Alcaldía: diciembre de 2011 y febrero de 2012. Mientras nada trascendía a la opinión pública del proyecto de Decathlon, el de Ikea aparecía continuamente en los medios. El gobierno local insistía en la necesidad de no ponerle cortapisas urbanísticas a la multinacional sueca porque a los proyectos empresariales había que extenderles una alfombra roja.

Mientras, a Decathlon se le decía todo lo contrario: su proyecto era urbanísticamente irrealizable y no se le daba tampoco la opción de cambiarle el PGOU, como se ha hecho para Ikea, la Gavidia y el parking en la Alameda. En junio de 2012 Decathlon tiró la toalla, la Sociedad  Estadio Olímpico tuvo que devolverle los más de 100.000 euros que le había entregado como  reserva y perdió una expectativa de negocio de 18 millones de euros por el canon (sin IPC), y Sevilla a su vez una inversión de cuantía similar y 160 empleos.

EL MUNDOBASKET

 

En doce meses, el ‘desbloqueador’ Zoido fue incapaz de buscarle una solución a Decathlon. ¿Por qué? Atemos cabos. El 15 de enero de 2012, seis meses antes de que la firma francesa se fuera aburrida por el Ayuntamiento, un medio local publicó: “La Gerencia de Urbanismo lleva meses negociando, a través de la Federación Española de Baloncesto, un proyecto que permitiría a Sevilla contar con un nuevo pabellón para el Mundobasket de 2014 y que después de ese evento deportivo se convertiría en un espacio multiusos en el que se mezclaría la actividad deportiva y musical con la de ocio y comercial. Este nuevo edificio estaría ubicado en la Cartuja, junto al Estadio Olímpico…El solar cumple los requisitos del proyecto: tener unos 30.000 m2 para parking y en torno a 70.000 de superficie construida en el edificio. Urbanismo estaba de acuerdo……”.

Sí, de acuerdo con el proyecto de la Federación, que amadrinaba a una empresa israelí, mientras daba largas a Decathlon. Sin embargo, en agosto de 2012 el grupo inversor israelí renunció a su proyecto, por lo que el Mundobasket tendrá que jugarse en San Pablo, y sólo después de la espantá de los hebreos y de dejarse escapar Decathlon el Ayuntamiento ha movido ficha para modificar el PGOU.

Así ha sido cómo Zoido perdió la oportunidad de extender su alfombra roja.

 

El humo del Metro

El Consejo del Agua de la Demarcación del Guadalquivir aprobó el miércoles, tras cinco años de trabajos, el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca hidrográfica, que ha de sustituir al vigente desde 1998. En el documento previo se contemplaba una inversión de 4.106 millones de euros, ahora reducidos a 1.738. De un plumazo, Andalucía, y sobre todo Sevilla, sufre un recorte de 2.368 millones de euros. El presidente de la Confederación Hidrográfica , Manuel Romero, dependiente del Gobierno central, ha justificado esta drástica reducción de las inversiones (un 60% menos) “por realismo” y “para adaptarse a la nueva situación económica”. Nadie ha dicho nada hasta ahora de este tijeretazo, a pesar de que su cuantía es dos veces superior al coste estimado de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Los Bermejales).
Ese mismo día, la prensa económica adelantaba el sacrificio que Hacienda impondrá al Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales: una caída de la inversión en infraestructuras de entre el 15% y el 17%. No habrá dinero para nuevas carreteras ni  tampoco para el mantenimiento integral de las existentes. En el capítulo ferroviario, los esfuerzos se concentrarán sólo en la alta velocidad, uno de los pocos campos en que España exporta tecnología al mundo.
Este es el panorama real de un país al que Zapatero dejó con una deuda de 900.000 millones de euros y que está a punto  de pedir un segundo rescate.

EJERCICIO DE REALISMO

Y en este contexto se está produciendo el politizado debate posterior al anuncio de la consejera de Fomento, Elena Cortés, de que no quiere engañar a nadie con proyectos que no se pueden hacer y que por ahora queda aparcada la ampliación del Metro de Sevilla: “Hay que actuar en las infraestructuras -ha dicho- conforme al contexto económico que tenemos y a los recortes que nos imponen, que hacen que esas nuevas líneas se vayan a tener que aparcar de momento”.
Su segundo anuncio fue que, entre los transportes, tendrán prioridad las obras en ejecución, esto es, los Metros de Málaga y Granada y el tranvía de la costa de Cádiz. Si se analizan sus palabras sin prejuicios, se observa que coincide con las líneas maestras del nuevo plan de obra pública que prepara Fomento en Madrid, salvo que a última hora y por intereses políticos fuercen a Ana Pastor a cambiar sus prioridades: rematar los proyectos en ejecución y abstenerse de licitar nuevos. Por una vez, la Junta y el Gobierno coinciden en algo, aunque ello no ha evitado que el PP y el PSOE andaluces hayan acabado tirándose los trastos a la cabeza.

AGRAVIADO
Si Zoido le dio balas a Griñán cuando dijo en el Parlamento aquello de que Andalucía necesita es un rescate político, el presidente de la Junta ha hecho otro tanto con el alcalde al expresar de forma desafortunada en relación con el Metro que Sevilla era la tercera prioridad del Gobierno autónomo, por detrás de Málaga y Granada. En los ojos y oídos sólo quedó este titular y no lo que también dijo a continuación: “Los únicos que ya tienen Metro son los sevillanos”.
Como no cabe pedirles racionalidad y sentido de Estado ( y sobre todo de los dineros públicos) a unos políticos que distan mucho de aquellos de la Transición, Zoido tradujo estas palabras presidenciales en términos de discriminación a Sevilla, sin reparar en su otra condición de líder andaluz del PP que ha de comprender también la situación del resto de territorios de la comunidad y de que iba a levantar ampollas en el seno de sus propias filas en Oriente: “Ya está bien de agravios con Sevilla, de relegarla y de que se le dé la espalda. Debe recibir el mismo trato que las demás ciudades”.

RECELOS ANTISEVILLANOS

Este tipo de declaraciones sólo contribuye a alimentar la leyenda del centralismo sevillano y los recelos contra Sevilla, porque la discriminación radica en el trato igual a los desiguales. Invirtamos, siquiera en hipótesis y por un momento, la situación: si Málaga tuviera ya en funcionamiento desde hace tres años la única línea de Metro de Andalucía en la que se hubieran invertido 658 millones de euros; si la Junta hubiera dicho que sólo había dinero para rematar los suburbanos de Sevilla y Granada; y si el alcalde de Málaga hubiera montado en cólera y exigido que se licitara al mismo tiempo otra línea para la capital de la Costa del Sol porque en caso contrario se crearía un agravio comparativo, ¿qué opinaríamos en Sevilla?
Se puede objetar todo lo que se quiera, que la línea 1 de nuestro Metro se construyó con 30 años de retraso y que la red completa consta de cuatro y no sólo de una, pero la realidad es la que es, como decía el presidente de la Confederación Hidrográfica al anunciar su tijeretazo de 2.368 millones de euros. La alternativa de una colaboración público-privada como la propuesta por Zoido, que ahora suspira por que se construya siquiera un tramo de la línea 3 cuando antes exigía todas a la vez, parece difícil en un escenario donde no fluye el crédito. Y, además, tras las múltiples incidencias en las obras de la línea 1, construida por este sistema, la Junta perjuró que nunca más.
El escándalo no radica en que la consejera haya dicho la verdad de que no hay dinero para el Metro, como antes se confesó el consejero Llera con la Ciudad de la Justicia (y hasta fue aplaudido por no seguir con las falsas promesas), sino en eso de que cuando ha mirado en los cajones en busca de los nuevos proyectos no ha encontrado nada, cuando en la precampaña electoral la Junta urgía a Zoido a que eligiera cuál de las tres futuras líneas se empezaba a construir primero.
O sea, que tras aquellos anuncios sólo había humo.

El calendario cósmico de Zoido

Las principales teorías científicas sobre la evolución de nuestro planeta a partir del estudio radiométrico de los minerales más antiguos aventuran que La Tierra se formó hace unos 4.550 millones de años como un globo incandescente, el cual fue enfriándose a lo largo de los mil millones de años siguientes.
Sería hace 3.500 millones de años cuando en el agua de los océanos aparecieron gradualmente las bacterias más primitivas, las primeras formas de vida. Tuvieron que pasar otros 700 millones de años para el surgimiento de las algas unicelulares capaces de realizar la fotosíntesis y de enriquecer la atmósfera con oxígeno. Saltándonos las eras geológicas sucesivas para abreviar, los dinosaurios habrían aparecido sdobre la faz de La Tierra hace 250 millones de años; los mamíferos, hace 230 millones, y el ‘homo sapiens’, hace tan ‘sólo’ dos millones de años.
Para tratar de comprender mejor, a la vez que simplificar la historia de la evolución terrícola y demostrar la insignificancia del ser humano, el gran astrónomo norteamericano Carl Sagan acuñó el denominado ‘calendario cósmico’, en el cual toda la vida se comprime metafóricamente en un solo año tomando como punto de partida el big-bang o estallido inicial del universo, que sería el minuto uno del 1 de enero de estos simbólicos 365 días, en los que el momento presente equivaldría al 31 de diciembre a las 12 de la noche.

EXTRAPOLACIÓN

En el año cósmico de Sagan, La Tierra no se ha formado hasta el 14 de septiembre; los peces han aparecido el 19 de diciembre; los árboles, el 22 del mismo mes; el 31 de diciembre a las 22:30 horas vieron la luz los primeros seres humanos; a las 23:59 realizaron las primeras pinturas rupestres, como la de las cuevas de Altamira, y tan sólo hace un segundo que Cristóbal Colón descubrió América.
El calendario cósmico nos da otra visión del tiempo, que puede parecer ralentizado o acelerado, según se mire. Si extrapolamos el concepto astronómico de Sagan a la política municipal y reducimos a una hora el mandato de cuatro años de Zoido como alcalde, tomando como inicio del mismo las 12 en punto, el reloj de la Alcaldía en Plaza Nueva marca ya las 12 horas y 18 minutos. Metafóricamente, a Zoido sólo le quedan 42 minutos para poder cumplir su programa y promesas electorales, porque a fecha de hoy, iniciado su segundo curso político como regidor, resulta que ya ha consumido casi un tercio de todo el tiempo del que disponía.
Y en junio, cuando acabe este curso, Zoido ya habrá superado el ecuador de su mandato; las manecillas de su reloj cósmico sobrepasarán las 12:30 horas y  tendrá por delante menos tiempo que el que habrá dejado atrás. Con razón los romanos decían lo de ‘tempus fugit’, que el tiempo huye o vuela.
Si consideramos que el primero de los cuatro años de mandato de un político es el deLM aterrizaje y el último el de la rentabilización política de las actuaciones previas, con miras a garantizarse la reelección para un nuevo cuatrienio, Zoido se encuentra en el momento decisivo para acometer sus grandes proyectos o, al menos, dejar la ciudad funcionando como un reloj suizo (la imagen que utilizó en su día) por la calidad de unos servicios municipales que aún están lejos de los estándares europeos.
La dificultad para el alcalde es que las dos encuestas divulgadas antes del paréntesis vacacional del verano, el Barómetro de la Fundación Antares -mucho antes- y la polémica elaborada por el IMC, que ha costado 14.000 euros a los sevillanos con camuflaje añadido para aparentar que se trataba de una mera valoración de los servicios municipales, coinciden en lo esencial: aún no hay en la ciudad una percepción de cambio respecto de la era de Monteseirín, y máxime tras las grandes expectativas suscitadas por un alcalde refrendado por la mayoría absoluta más amplia de la Democracia (20 concejales), y el gobierno local sólo ha logrado un aprobado raspado para su actuación global en este tiempo debido a que se piensa que los principales problemas continúan irresueltos.

El número uno, señalado como tal por el 67,7% de los sevillanos, es el paro. No sólo no se ha reducido , sino que se incrementa, y ésa es la peor noticia que ha recibido Zoido en esta semana de ‘rentrée’, con la divulgación por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de las cifras de parados.
Zoido prometió convertirse en el alcalde del empleo, pero al igual que Rajoy reconoce que la realidad le ha obligado a cambiar su política (¿acaso no es al revés y el político aspira a gobernar justamente para cambiar la realidad?), los terribles datos oficiales que recoge el Ministerio de Fátima Báñez indican que, por ahora, el alcalde no ha cosechado el fruto de las condiciones que decía iba a crear para captar nuevas inversiones. Agosto se ha cerrado con 1.237 parados más en la ciudad, por lo que con Zoido hay ahora casi 12.000 desempleados más que cuando accedió a la Alcaldía y sustituyó a Monteseirín.
Por otra parte, la encuesta de IMC para el propio Ayuntamiento reveló que los sevillanos siguen teniendo una opinión negativa sobre aspectos básicos, como la limpieza de calles y plazas, el estado de las vías públicas, la seguridad ciudadana y la ordenación del tráfico, los cuales constituyen el escaparate de la ciudad ante nativos y foráneos.
Soledad Becerril reveló que le dio este consejo a su actual sucesor en la Alcaldía: “Haz pocas cosas, lo fundamental, pero hazlo bien”.
El problema es que a Zoido cada vez le queda menos tiempo para hacerlas, se mida tanto con el calendario cósmico de Carl Sagan como con su reloj suizo.