La Universidad Pablo de Olavide ha inaugurado un jardín de plantas aromáticas, medicinales y culinarias de libre acceso a todos. Me recuerda, en pequeñito (1.000 m2 y unas 50 especies) al ‘Jardin des Plantes’ de París (23,5 Has. y 4.500 variedades sólo en su Escuela Botánica), con similar fin didáctico. Uno, a orillas del Guadaira; otro, a orillas del Sena. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, poeta al igual que su paisano Juan Ramón, no ha podido cantarlo mejor, con estas bellas palabras: “Un jardín que se lee, se estudia; un jardín que se huele, se saborea; y un jardín que cura”. Sí, el jardín de la UPO tiene efectos curativos sobre las heridas causadas por la otra universidad sevillana a todos los que amamos las plantas y los árboles, por haber mutilado los Jardines del Prado para construir una biblioteca que pudo erigir en cualquier otro sitio sin necesidad de hurtarnos un trozo de ese parque. Si no toda, al menos parte de la mancha de mora dejada por la Hispalense se ha quitado con esta mora verde, que te quiero verde, de la Olavide.
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El caso de la tienda de Ikea frente al aeropuerto se reduce, ‘grosso modo’, a que los suecos quieren que por su bella cara se cambie el PGOU y por arte de magia se les regalen 41.400 m2 de edificabilidad más que la prevista, para ellos envolver su comercio con un cinturón de locales de alquiler a otras marcas, con cuyas rentas les saldrá gratis la inversión en Sevilla. El cambio del uso principal del suelo (del empresarial actual a comercial) y su magnitud obligan a una recalificación en toda regla, pero como la palabra suele implicar un ‘pelotazo’ urbanístico, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, trata de camuflar la operación como una simple modificación puntual del PGOU. Vílchez fue subdelegado del Gobierno en Cádiz, donde se habrá impregnado de la retranca del Beni, al que cuando le preguntaron si había trincado dijo una de sus frases más famosas: “Mu poquito; casi ná”. Pues Vílchez, igual. Cuando le preguntan si va a recalificarle a Ikea, a pesar de que son 41.400 m2 sale en plan Beni de Cádiz: “Mu poquito; una modificación puntual nada más”.
Santiago Herrero, que pese a ser miembro de cierta Academia de Medio Ambiente aún se maneja en su particular ‘lucha de clases’ entre el desarrollo económico y la conservación de la Naturaleza sin percatarse de que la conservación es el desarrollo mismo, ha reconocido que “no tiene sentido económico haber hecho la esclusa sin haber resuelto el tema del dragado”. ¿Y por qué no lo dijo en el momento procesal oportuno? El Lazarillo de Tormes, maravillado de que su amo, ciego, supiera que se estaba comiendo las uvas de tres en tres, le inquirió por la razón de su gran sabiduría. Respuesta de aquél: “Porque yo me las estaba comiendo de dos en dos y tú guardabas silencio”. El presidente de la patronal nada dijo sobre este sinsentido económico mientras los empresarios se embolsaban los más de 160 millones de euros que han costado las obras y de paso ponían a la opinión pública ante una política de hechos consumados para que la breva del dragado se les diera por añadidura. Una vez que se han comido el racimo de uvas, Santiago Herrero ya ha podido romper su silencio.
Atención a la nueva moda que está causando furor y que es más peligrosa aún que las ruedas de prensa sin preguntas de los políticos, que digo yo que eso no será una rueda periodística, sino un monólogo como el de Lola Herrera en ‘Cinco horas con Mario’.Recordarán que Monteseirín se enteró de su defenestración como alcalde por un teletipo de Europa Press en vez de por un motorista como en los tiempos de Franco, un mensajero de Seur o un telegrama en mano presidido por una cruz en señal de R.I.P. Pues ahora, el aún gerente de Tussam, que ha tenido que lidiar con la peor época de la empresa bajo las despilfarradoras directrices de Monteseirín, se ha enterado de que le van a cortar la cabeza merced a una de esas charletas de Zoido en Facebook. Así que usted y yo, quizás antediluvianos miembros de la Galaxia de Gutemberg, podemos estar tan tranquilos sin saber que acaso en este mismo momento estén doblando las campanas por nosotros en ese tam-tam digital que es Internet. Creo que me voy a dar de alta en el Twitter de Pedro J. Ramírez. Por lo que pueda pasar.
Hay frases que las carga el diablo, como ésta con la que el periódico da la noticia de la incorporación del (ex) a un puesto de trabajo (¿?) en la Consejería de Salud: “Monteseirín es inspector médico de la Junta de Andalucía y, como tal, su destino natural habría sido la UVMI (Unidad de Valoración Médica de Incapacidades)…”. Si a Monteseirín le hubieran hecho en tiempo y forma una valoración de sus capacidades políticas en la UVMI, la ciudad se habría ahorrado el peor alcalde de su historia, porque se habría obtenido un diagnóstico precoz sobre su manifiesta incompetencia del principio de Peter para el desempeño de tan alta misión. Pero como aquí nadie vigila al vigilante, el (ex) se ha pasado veinte años sin bajarse del coche oficial y ahora, como padece síndrome postraumático politiquil, le han dispensado en la Consejería un trato de favor y dado un despacho como el de los asesores en vez de mandarlo a la UVMI, el destino natural de quien, tras pulirse los 200 millones de la hucha del PGOU y el 90% del Presupuesto en 5 meses, ha dejado a Sevilla en la UVI.
El delegado de Economía, Empleo, Mercados, Turismo y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, dice que no se puede perder la inversión de Ikea por “tecnicismos” urbanísticos. ¿A qué me recuerda ésto? A Jacinto Pellón ‘versus’ Manuel Olivencia en la Exposición Universal de 1992, donde el primero, con tal de que se hicieran las obras, pasaba por encima de los procedimientos garantistas que respetaba escrupulosamente el segundo, un prestigioso jurista. Y me recuerda a las subvenciones del ‘fondo de reptiles’ de la Junta, dadas al margen de cualquier procedimiento reglado. Los ‘tecnicismos’ sobre los que despectivamente habla Gregorio Serrano son las garantías en un Estado de Derecho. En este caso son informes negativos emitidos por funcionarios de la Gerencia de Urbanismo frente a las pretensiones de los suecos de pasarse el PGOU por el forro para que les den una recalificación a la carta y pegar un pelotazo urbanístico. ¿No decía Zoido que este Ayuntamiento iba a ser el del gobierno de los funcionarios? He aquí la prueba del nueve para demostrarlo. Nadie, ni siquiera Ikea, puede estar por encima de la ley, salvo que Sevilla quiera vender su dignidad por un plato de lentejas.
La página con las fotos de los 33 concejales que componen el nuevo Ayuntamiento de Sevilla y que llevan debajo un pie con una sola línea de texto sobre su titulación profesional bien podría pasar por la orla de la Facultad de Derecho de la Universidad en vez de por el retrato oficial del Consistorio, porque entre los ediles hay doce abogados y dos jueces. Osea, que el 42% de los capitulares han pasado por las mismas aulas que antaño Felipe González, Manuel Chaves, Rafael Escuredo, Manuel Del Valle, Manuel Clavero, Alejandro Rojas Marcos, Luis Uruñuela, Javier Arenas, Antonio Sanz y un largo etcétera de letrados de todo signo que han hecho de la Hispalense la mejor cantera nacional de la política, equivalente a la Masía barcelonista en el fútbol. Los egresados de este centro docente sevillano acaban antes en el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, las Cortes o el Gobierno de la nación que en un bufete, una notaría o en la Judicatura. Que se sepa, el de Sevilla es el único Colegio de Abogados de España que tiene como anexo medio Ayuntamiento (en Plaza Nueva).
De la polémica sobre el nombramiento de varios funcionarios como altos cargos y la morterada que van a cobrar, más aún que con Monteseirín (a quien Juan Ignacio se la dé, Asunción Fley se la bendiga), me llama la atención hasta el lenguaje administrativo para estas designaciones: “Excepcionar, en base a la ley, los siguientes puestos…”. ‘En base a’ es uno de esos latiguillos copiados por los tecnócratas del inglés. ‘Excepcionar’, aunque admitido por la Academia, es un palabro jurídico que viene a significar que se alega una excepción legal durante un juicio, pero lo suyo habría sido el verbo ‘exceptuar’. ¿Qué está denotando el uso de esta terminología en la nueva corporación dominada por abogados y presidida por un juez? La traslación del argot jurídico al lenguaje oficial, de lo que se infiere la ‘judicialización’ de la vida política municipal. Yo creo que en la RPT de los altos cargos de Zoido falta, como en las modernas Redacciones de los periódicos, un corrector de estilo, si se me permite ‘excepcionar en base a’ nuestra lengua la justificación del puesto.
Alfonsito R. Gómez de Celis, animado por la debacle electoral de su partido -en su lectura particular, debacle de la corriente oficialista del PSOE- ha reaparecido en la escena política dando lorquianos saltos jabonados de delfín. El niño Celis ha declarado que “históricamente, en el PSOE se ha demostrado que cada vez que se ha propuesto la sucesión de un alcalde con un candidato por fuera ha sido catastrófico”. El mensaje subliminal está muy claro: si en lugar de Espadas –el candidato por fuera- el alcaldable hubiera sido él mismo –el candidato por dentro-, el resultado no habría sido una catástrofe. Celis, que ha sido siete años hombre de confianza del peor alcalde de la historia de Sevilla tal como reflejaban sistemáticamente todas las encuestas, calla lo que le dijeron en el PSOE cuando se postuló como alcaldable: “Quien forma parte del problema no puede ser la solución”. Celis ha sido tan torpe que es el único que ha salido en la foto de cuantos homenajeron a Monteseirín en lo alto de las setas. Demuestra así que aún sigue siendo parte del problema.
¿Se puede ser gerente sin tener ni idea de la normativa que debe aplicarse en función del cargo y de la responsabilidad que ello entraña? Sería imposible en una empresa que se precie, porque el interfecto habría acabado de patitas en la calle al evidenciarse su ignorancia, pero en el Ayuntamiento de Monteseirín el desconocimiento de la ley no era un impedimento para ser alto cargo, ya que la ‘condición sine qua non’, como ha demostrado la deposición de su valido, Manuel Marchena, ante la juez Alaya era ser amiguete y paño de lágrimas del (ex) alcalde. Del interrogatorio de la magistrada al otrora gerente de Urbanismo ha trascendido que el cienmileurista (170.000 euros de sueldo) confesó desconocer el Reglamento de Gestión Urbanística y el expediente urbanístico relacionado con las empresas Larena y Sanma (a pesar de que estaban en juego 158 millones de euros), y que dijo tan campante que las firmas en los documentos eran “puramente procedimentales”.De todo lo cual se colige que a Marchena le tocó el cargo de gerente en una tómbola, la tómbola de Monteseirín.