Archivo de la etiqueta: Urbanismo

M&M, bajo sospecha

Resumen del último capítulo del ‘culebrón’ Mercasevilla: el dueño de Larena 98, firma propietaria de los derechos de superficie para poder construir unas naves sobre terrenos de la empresa municipal y por los que pagaba un canon de 58.738 euros/mes, declara ante la Policía Judicial que recibió todo tipo de presiones para que, pese al incumplimiento de contrato por Mercasevilla, no dejara de pagar el canon y para que, posteriormente, renunciara a sus derechos a cambio de la promesa de adjudicarle jugosos contratos bajo cuerda.

Al  empresario Antonio Pardal le prometieron primero una ITV y el mantenimiento de las calles de Sevilla. No sólo no tragó, sino que, según su declaración,  fue a ver al alcalde, con el que se entrevistó hasta cuatro veces, para contarle lo que le ocurría. Pardal ha dicho que Monteseirín, una vez enterado, quedó en hablar con Manuel Marchena, su ‘alter ego’ y por entonces gerente de Urbanismo, para que solucionara el problema. La forma de arreglarlo de Marchena habría sido, según el testimonio empresarial, asegurarle varias promociones de VPO si se quitaba del medio y dejaba de estorbar.

Inmediatamente, la Oposición ha saltado a la palestra para decir que este testimonio coloca a Monteseirín “en el epicentro del caso Mercasevilla”, pues ya no podría alegar que no conocía las irregularidades que se cometían en la empresa municipal y, además, habría encomendado presuntamente a  Marchena la misión de finiquitar el asunto.

Denuncias sin pruebas

El alcalde ha reaccionado de forma indignada y ha afirmado que el testimonio del empresario ante la Policía Judicial es “una denuncia sin pruebas”. Monteseirín ha dicho que denuncias de este tipo “no deben hacerse porque no benefician a nadie y deterioran mucho el trabajo de los servidores públicos, los cuales no hacen otra cosa más que trabajar por el bien común”. Ha añadido solemnemente que “en el Ayuntamiento se cumplen fielmente la ley y los procedimientos”. Naturalmente, se estaba olvidando de la condena judicial por el caso de las facturas falsas en el Distrito Macarena, o del procedimiento de desalojar a los chabolistas de Los Bermejales a golpe de billetes.

Y es tremendamente curioso que Monteseirín se indigne ahora por que se hagan “denuncias sin pruebas que no benefician a nadie y deterioran el trabajo de los funcionarios”, cuando él basó la campaña de las elecciones municipales de 2003 en denunciar sin pruebas –si las hubiera tenido, se supone que habría acudido a la Justicia-  el “urbanismo bajo sospecha” que imputaba a su hasta entonces socio de gobierno, el PA, y en cuestionar la probidad de los funcionarios, al anunciar reiteradamente que haría una auditoría en la Gerencia. Obsérvese la paradoja: Monteseirín, como máximo responsable del Ayuntamiento, se estaba denunciando a sí mismo en la medida en que ponía bajo sospecha la gestión de su propio gobierno. Naturalmente, en cuanto ganó las elecciones se olvidó de la auditoría y de mirar bajo las alfombras de la Gerencia. Más irónico aún: hasta le mejoró hasta el convenio a los funcionarios. Se supone, como él dice, que “en defensa de los intereses de la ciudad”.

Cita(s) de cortesía

Monteseirín trata de desacreditar al empresario madrileño, pero lo cierto es que ha  reconocido ya dos de los extremos denunciados por Pardal: que hubo reunión entre ambos y que trataron de las inversiones que proyectaba su sociedad en Mercasevilla. El alcalde afirma que ha tirado de su archivo personal y que ha constatado que se trató simplemente de una cita de cortesía. Una primera visita puede ser considerada de cortesía, pero el empresario ha testificado que tuvo cuatro encuentros con Monteseirín, y nadie, salvo que eleve la cortesía a extremos de ceremoniosidad japonesa, se reúne cuatro veces con otro para saludarse y hablar de la lluvia. Pardal tenía intereses muy serios en juego como para perder el tiempo en juegos florales: una empresa municipal incumplía un contrato por el que estaba pagando 58.738 euros mensuales (704.856 euros al año), se derrumbaban sus expectativas de un negocio mayor (las naves) y  le estaban presionando para que se quitara del medio a cambio de contratos amañados a su medida y vulnerando la legalidad.

¿Hubo una sola reunión o fueron cuatro? ¿Se produjeron todas en el Ayuntamiento o en otro sitio? La clave puede estar en el libro de visitas que, se supone, ha de tener y conservar la Corporación Municipal, salvo que no se lleve control alguno en tal sentido por, como es habitual, un error técnico o mecánico.

Caracolas de la Cartuja

Y otro elemento clave puede ser el libro de visitas de las caracolas de la Cartuja para acreditar que se produjo en Urbanismo ese encuentro con Marchena en que, según Pardal, el valido le habría propuesto el chanchullo de adjudicarle promociones de VPO a cambio de renunciar al canon de superficie en Mercasevilla que, oh casualidad, compró en el último minuto Sando presuntamente de la mano del otro hombre de confianza del alcalde –Domingo Castaño- y a la que luego le adjudicaron los terrenos pese a presentar una oferta muchísimo  más baja que Noga.

Nueva pregunta: un empresario de Madrid que estaba en las circunstancias de Pardal ¿pierde su tiempo en ir a la Cartuja para tomarse un cafelito con Marchena o va para que, siguiendo las instrucciones del alcalde, el ‘alter ego’ arregle el problema a su manera?

Vuelve el urbanismo, pero con la diferencia de que a quienes ahora pone bajo sospecha es a Monteseirín y Marchena.

La sartén de doña Sole

Soledad Becerril ha dicho que se fue tras ganar las elecciones del año 1999 porque no podía consentir que el PA exigiera Urbanismo para reeditar la coalición. De acuerdo en que los andalucistas habían perdido tres concejales, pero la clave estuvo en el mandato anterior. Recuérdese que Rojas Marcos y Becerril pactaron en contra del PSOE de Luis Yáñez en vísperas de la Expo-92 y que, por haber cosechado más votos que el PP, Alejandro se quedó con lo mejor del pastel municipal, Urbanismo incluido. Tras las elecciones de 1995 cambiaron las tornas y el PP fue más votado que el PA. A la hora de renegociar el pacto, en vez de darle la vuelta a la tortilla doña Sole dejó las cosas tal como estaban salvo en la Alcaldía: le dio al PA unas alas que ya no pudieron recortarle ni ella ni el PSOE, hasta el punto de que, con Monteseirín, Rojas Marcos se volvió a quedar con Urbanismo y hasta con el 70% del Presupuesto. Doña Sole tuvo en su momento a Alejandro contra las cuerdas y la sartén por el mango, pero a la hora de la verdad no supo manejar la sartén y se quemó.

El delfín no da la talla

La imagen del delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, como alcaldable del PSOE en la carrera por la probable sucesión de Monteseirín ha quedado seriamente afectada a cuenta de la polémica por la presunta usurpación de una caseta municipal que habría realizado su correligionario, compañero de gobierno municipal e íntimo amigo, Alfonso Mir. Celis ha cometido durante la polémica todo un catálogo de errores, impropios de quien es considerado el ‘delfín’ del alcalde y por tanto aspirante a regir los destinos una ciudad como Sevilla.

Celis se ha mostrado ante la opinión pública como  un gobernante imprudente al poner en diversas ocasiones la mano en el fuego por el delegado de Convivencia y Seguridad con declaraciones de apoyo a su actuación en el caso de la caseta sin esperar siquiera a que concluyera la investigación abierta por la Delegación de Fiestas Mayores, la cual acabó determinando que la caseta era de titularidad municipal y no propiedad del edil socialista y de su familia, como este último viene sosteniendo de forma numantina pese a todas las evidencias, el propio informe de Rosamar Prieto y el testimonio de Antonia Jiménez, la trabajadora que en nombre del Servicio de Limpieza de Escuelas la solicitó en el año 1989.

Un político prudente habría esperado al menos a que concluyera la investigación que estaba en curso para realizar cualquier pronunciamiento público. Si Celis apuesta por alguien que presuntamente ha cometido irregularidades de amplio eco social además, ¿qué confianza suscitaría como alcalde a la hora de elegir a sus colaboradores?

El segundo error de Celis fue no inhibirse en el caso pese a ser parte interesada en calidad de socio de la caseta presuntamente usurpada por Mir y ocultar tal condición ante la opinión pública. El delegado de Urbanismo se enfangó en el caso al actuar más como miembro de la peña de Mir y amigo personal del delegado de Convivencia y Seguridad que como un responsable del gobierno local, del que además ejerce como portavoz y por tanto es su cara ante los sevillanos.

Celis cometió otro error al implicarse personalmente en el escándalo saltando a la palestra en vez de dejar que fuera la responsable del área afectada, Rosamar Prieto en su calidad de delegada de Fiestas Mayores, la que actuara de pararrayos y se pusiera delante de los focos. El ‘delfín’ de Monteseirín se mostró así como un político demasiado impulsivo e irreflexivo al bajar a la arena a las primeras de cambio. De esta manera, la polémica ascendió hasta la portavocía del grupo municipal socialista, sin que la Delegación de Rosamar actuara de dique de contención. Celis ha acaparado las cámaras y los titulares, con lo que ha acabado a la altura del propio Mir y como coprotagonista del caso. No se ha puesto a cubierto en absoluto.

El aspirante a alcalde de Sevilla ha demostrado también falta de conocimiento técnico al sostener que las Ordenanzas municipales recogían la posibilidad de cambios de ubicación de casetas, una práctica que se hace bajo cuerda pero que no está contemplada en la normativa. Un gobernante no puede ser cogido en tales renuncios por el afán de aparentar saberlo todo. Este error ha sido otra de las consecuencias de haber invadido el área de Fiestas Mayores para no cederle protagonismo a la edil responsable de la misma.

Por último, Celis ha demostrado falta de reflejos políticos tras el informe de la Delegación de Fiestas Mayores en que aclaraba el carácter municipal de la caseta ‘de’ Alfonso Mir, de la que es socio. El ‘delfín’ de  Monteseirín dice que exigió en su día a Mir que expulsara como socio a Fernando Mellet tras conocerse su implicación en el caso Mercasevilla.

Al estallar el escándalo de la presunta usurpación de la caseta por el delegado de Convivencia y Seguridad, Celis podría haber reaccionado anunciando que dejaba en suspenso su afiliación a la caseta en tanto no se aclarara definitivamente la polémica por la titularidad de la misma. Sin embargo, primero trató de negar la evidencia de su condición de socio al declarar que no lo era “en el estricto sentido del término”, sino únicamente para la semana de la Feria, como si las efímeras casetas permanecieran en el Real a lo largo de todo el año y no solamente durante los días de la fiesta primaveral. A su manera, el delegado de Urbanismo presentó las casetas como si pudieran ser objeto de la figura turística del ‘time sharing’  o ‘tiempo compartido’, en que uno puede comprar el uso de un apartamento durante sólo un periodo de tiempo al año.

Celis es socio de pleno derecho de la caseta de Mir a la luz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2008 que revocó otra anterior del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 en el caso de la caseta ‘Chóferes municipales’. La Audiencia condenó a los titulares administrativos a inscribir como socias de pleno derecho a diez personas que habían venido pagando previamente una cuota anual y contribuido por tanto al mantenimiento y montaje.

La Audiencia explica que la Feria de Abril funciona gracias a unas normas administrativas junto a un «importante componente consuetudinario que ha ido generando una tradición consolidada». En virtud de ella, «el funcionamiento de una caseta de Feria, con la sola integración del titular administrativo, carecería del atractivo tradicional que es propio de esta clase de festejos tan arraigados en la historia y costumbre sevillanas».

Para enredar aún más la madeja, prolongar más en el tiempo una polémica que sólo puede perjudicarle y externalizar una decisión que sólo le corresponde a él, Celis ha propuesto que para su tranquilidad personal y porque se està poniendo en entredicho su honestidad personal el Ayuntamiento investigue “si es legal que cualquier persona que sea socia o está cometiendo alguna irregularidad o ilegalidad que aconseje no renovar su vinculación con esa caseta” (sic).

La explicación de Celis de que entró en la caseta por invitación de su íntimo amigo Alfonso Mir y sin ser consciente de que exisitiera ninguna anomalía en el procedimiento administrativo de concesión es plenamente convicente, pues haber reconocido lo contrario lo haría cómplice de la presunta irregularidad. A partir de ahí, lo inexplicable es que el ‘delfín’ del alcalde necesite que le hagan un informe municipal para ver si renueva o no su vinculación con la caseta. Su último error, por el momento, es justamente su indecisión.

La pregunta de Lenin

El alcalde de Dos Hermanas seguirá de presidente de la FAMP una vez que su Ejecutiva ha ratificado la insatisfacción de ayuntamientos y diputaciones con las nuevas leyes locales de la Junta, por más que Pizarro atribuya cualquier cosa que se mueva en la región a un montaje de Arenas y del PP. “Eppur si muove”, Luis, como habría dicho Galileo. Así pues, no ha sido Toscano quien ha cantado la gallina, sino todos los alcaldes socialistas que primero dijeron ‘no’ a la Junta; luego, ‘sí’; y ahora otra vez ‘no’. Estos veletas tendrían que estar ya en sus casas, pero no tienen la dignidad de Toscano. Alabo la coherencia de éste, pero yo, aun estando en las antípodas del soviético, le hago  una pregunta similar a la de Lenin a Fernando de los Ríos: “¿Más autonomía y más dinero? ¿Para qué?”. Si estando sin un euro y tutelados por la Junta los alcaldes han hecho las barrabasadas urbanísticas que han hecho y enchufado a dedo a tantos paniaguados con carné, ¿qué no harán en cuanto Pizarro les blinde sus (in)competencias y les vuelva a llenar las arcas municipales?

Yo también soy un ‘magiógrafo’

La Comisaría de Nervión, teóricamente abierta las 24 horas, carece de aseos tanto para el público como para los policías. Quien sienta una necesidad fisiológica perentoria ha de echarse a la calle en busca de un bar; y si le sobreviene a horas intempestivas, tendrá que  aliviarse frente a una tapia, en un callejón o tras los contenedores. Se supone que las comisarías -centros de atención al público- deben cumplir las normas. ¿Cómo es posible entonces que ese local tenga licencia de Urbanismo, certificado de final de obra y licencia de apertura y haya pasado las revisiones obligatorias de la Sanidad municipal? Cuando a los ciudadanos se les obliga a cumplir la ley a rajatabla, parece cuando menos chirriante que sea la Policía la que presuntamente la incumpla. Por formular estas preguntas es probable, tal como ha dicho el jefe superior, Alvarez Riestra, que yo también sea un  “falso crítico, demagogo, enemigo de la libertad, leguleyo y magiógrafo”. Este palabro ni figura en el Diccionario, pero en boca de Riestra suena poco menos que a condenación eterna.

Monteseirín se encomienda a la Virgen

Su propuesta de otorgar la medalla de Sevilla a la Esperanza de Triana coincide con la rebelión en el arrabal por la remodelación del tráfico


Con esta distinción son ya doce las otorgadas desde el Ayuntamiento a otras tantas Vírgenes en sus 10 años de mandato

Monteseirín tiene por costumbre agarrarse a la cuestión religiosa cada vez que tiene un problema o necesita congraciarse con determinados sectores o barrios de la ciudad. Así, por ejemplo, estiró la polémica sobre la ampliación de las sillas de la Carrera Oficial al entorno del Archivo de Indias en paralelo al desarrollo del escándalo de las facturas falsas.

Ahora, el mismo día en que Torrijos se reunía con los grupos políticos municipales para proponerles un pacto por Mercasevilla, el alcalde, presidente a su vez de la empresa pública investigada por la Justicia por el presunto pago de comisiones y supuesta venta fraudulenta de los terrenos al grupo Sando, se fue a visitar las obras de ampliación de la capilla de los Marineros para anunciar la concesión de la medalla de oro de Sevilla a la Esperanza de Triana. Mataba así dos pájaros de un tiro: evitar hablar de Mercasevilla y congraciarse con el arrabal, sublevado en los últimos meses por la polémica reordenación viaria de San Jacinto y su entorno.

Monteseirín puede pasar a la historia como el alcalde socialista que más réplicas de la medalla de la ciudad ha concedido a vírgenes durante su mandato, ya que la de la Esperanza de Triana sería la duodécima en sus diez años. De esta cifra, tres distinciones han sido para imágenes de hermandades de gloria y el resto para imágenes de hermandades de penitencia.

La hermandad de la Esperanza de Triana solicitó la medalla de oro en 1984, con motivo de la coronación canónica, pero el Ayuntamiento presidido entonces por un correligionario de Monteseirín, el socialista Manuel Del Valle, sólo le otorgó una réplica, la misma que poseen las vírgenes del mandato del actual alcalde, con el argumento de que el año antes el Consistorio concedió la medalla de oro al Consejo General de Hermandades y Cofradías como representante de todas las corporaciones cofradieras de la ciudad. Además, el nuevo Reglamento Municipal de Honores y Distinciones limitaba la concesión de la medalla a personas físicas y jurídicas, no a imágenes.

Ahora, sin que haya trascendido previamente una nueva demanda en tal sentido por la hermandad de la Esperanza, Monteseirín se descuelga con el anuncio de otorgar no una réplica, que ya tiene la Virgen trianera, sino una medalla de oro original, con lo que la sagrada imagen estaría en pie de igualdad con las únicas tres que ya poseen esa misma distinción de superior categoría: la Virgen de los Reyes, en su calidad de patrona de la ciudad, la Esperanza Macarena y el Gran Poder.

De prosperar su iniciativa política, Monteseirín se daría un baño de multitudes entre los trianeros, ya que la Esperanza saldría en procesión extraordinaria bajo palio para recibir de manos del alcalde la medalla a las puertas del ayuntamiento y el alcalde sellaría así la paz con el arrabal, escenario de manifestaciones y de una fuerte contestación popular en los últimos meses con motivo de la reordenación viaria a raíz del carril-bici y de la peatonalización de San Jacinto.

Tradición y modernidad

Monteseirín contrapone constantemente en sus discursos dos Sevillas: la supuestamente moderna, que él representaría, frente a la tradicional, en la que él coloca a cualquiera que muestre su descontento con alguna de sus decisiones políticas. En su última intervención pública, durante la presentación del libro sobre los 30 años de Democracia municipal, el alcalde volvió a atacar a “los involucionistas de siempre”, de los que dijo que “critican las mismas cosas de siempre y que ya criticaban que se quitaran los coches de la Plaza de San Francisco hace 30 años”.

Curiosamente, sin embargo, Monteseirín se cuida mucho de considerar a las cofradías y cuanto representan como parte de la Sevilla tradicional, rancia y anclada en el pasado, a pesar de la ideología laicista del PSOE y de su decisión de apoyar la retirada de los crucifijos de los espacios públicos.

El Obispado de Jaén pedía recientemente a los alcalde del PSOE que no encabecen las procesiones, ya que constituye un síntoma de esquizofrenia política ordenar la retirada de los crucifijos y después preceder a Cristo crucificado en los itinerarios de la Pasión, y ponía como ejemplo de coherencia a los políticos de IU, que como no son creyentes optan por no asistir a estas expresiones de fe. El Obispado jiennense también subrayaba el argumento “torticero” que suelen utilizar los alcaldes socialistas cuando dicen que las procesiones son “una tradición” popular y en cuanto tales despojadas de sentido religioso.

En esta línea, Monteseirín no ha dejado de participar en los cortejos procesionales de la Hiniesta, San Roque o el Santo Entierro, a pesar de su discurso laicista, lo que se ha venido en denominar “la vara laica del alcalde”. También  ha querido conciliar muchas veces la doctrina ideológica que marca su partido desde Madrid con su participación en los actos cofradieros.

Autocensura

Un discurso entre modernidad y tradición que ha chirriado en varias ocasiones, como ocurrió en el acto de imposición de la medalla a la Virgen de Rosario de Montesión, en 2004, recién llegado Zapatero a la Moncloa. En aquella ocasión definió  las cofradías como “una muestra de sentimiento popular”, y obvió pronunciar  la palabra “fe” que estaba recogida en el texto original que debía leer y la cambió por el término “emociones”. Así pues, el alcalde considera las cofradías y las procesiones no como una expresión de religiosidad, sino como un asunto meramente emotivo y estético, con lo cual salva sus propias contradicciones.

Monteseirín no ha tenido empacho alguno en dar un mitin en un acto cofradiero, como hizo en el año 2007 en el Teatro Lope de Vega durante la entrega de premios de El Llamador, programa de Canal Sur Radio. En aquel entonces equiparó la peatonalización de la Avenida y la reimplantación del tranvía con la restauración del Gran Poder, a cuyos artífices, los hermanos Cruz Solís, se les entregaba el galardón del programa radiofónico.

El alcalde llegó a ser abucheado por los asistentes por la utilización política de la tribuna de oradores, abucheado aunque ‘ma non troppo’, habida cuenta de las generosas subvenciones que concede a las cofradías dentro de la política de acercamiento que el periodista Carlos Navarro ha definido como “el urbanismo morado” y merced a la cual la Delegación de Urbanismo ha contado con un fondo de 500.000 euros para atender las peticiones de dinero de las hermandades.


LAS DOCE VIRGENES DEL ALCALDE

Estas son las Vírgenes a las que Monteseirín ha concedido la réplica de la medalla de la ciudad durante su mandato:

–         La Estrella (año 1999)

–         Mercedes de la Puerta Real (2000)

–         Pura y Limpia del Postigo (2201)

–         Virgen de los Dolores del Cerro (2002)

–         Valle (2002)

–         Montesión (2004)

–         Pastora de Capuchinos (2005)

–         Virgen de la Palma de la Hermandad del Buen Fin (2005)

–         Trinidad (2006)

–         La O (2007)

–         Virgen de la Caridad del Baratillo (2009)

–         La Esperanza de Triana (Medalla de oro original. Propuesta en 2009).

Manos en el fuego

Un centenar de profesionales han firmado un documento de apoyo a la funcionaria de Urbanismo imputada en el caso Mercasevilla por su intervención en el pliego de condiciones del concurso que la juez sospecha fue amañado para adjudicar los suelos al grupo Sando. Dicen que la imputada es persona “seria, rigurosa, honesta y muy humana, incapaz de cualquier hecho antijurídico mínimamente censurable socialmente”. Previamente, dos centenares de técnicos del Ayuntamiento firmaron otro comunicado avalando “la total lealtad y honestidad” de su compañera de Urbanismo. Si la juez Alaya, de la que también puede decirse que es “seria, rigurosa, honesta, etcétera”, ha imputado a la funcionaria, sus razones habrá tenido, sin que ello prejuzgue culpabilidad. Esta recogida de firmas tiene cierto tufillo corporativista y puede interpretarse como un intento de coacción a la magistrada, porque cien amigos no pueden erigirse en jurado y emitir un veredicto exculpatorio sin siquiera juicio previo. La Justicia, por más que lo dijera Pedro Pacheco, no es aún un cachondeo.

¡Es el urbanismo, estúpido!

El Juzgado de Instrucción Nº 20 de Sevilla está investigando  cómo en Burguillos se ha podido construir de forma presuntamente ilegal todo un polígono industrial sobre suelo no urbanizable. Según los primeros indicios, el Ayuntamiento habría concedido licencia de obras pasando olímpicamente de los informes técnicos y jurídicos. Cuando la Justicia ha inquirido sobre el caso, desde el Consistorio se habría argumentado que el polígono se alza sobre ‘suelo urbano consolidado’. Lo que no dice es que se habría consolidado por la vía habitual de los hechos consumados: calificando el terreno como urbano una vez que el polígono se construyó al margen del procedimiento legal.

En este caso, el Ayuntamiento habría sido el presunto cooperador necesario de la ilegalidad por acción directa. En Arahal, anteriores corporaciones lo habrían sido por omisión, pues si no es inconcebible que el nuevo Consistorio comunique a la Consejería de Vivienda la existencia de 5.000 chalés construidos sobre suelo rústico. Es otro caso de urbanizaciones ilegales como las 1.732 que en los años 80 detectó la Oficina del Defensor del Pueblo  (359 en la provincia de Sevilla) tras inspeccionar 225 de los 771 municipios de la región y que se han alzado con la complacencia o la vista gorda de los ayuntamientos. ¿Cómo ‘el cuerpo del delito’ (5.000 viviendas) pudo pasar de forma tan inadvertida en Arahal sin que el Ayuntamiento se percatara de lo que ocurría delante de sus narices ni actuara contra los infractores para, tal como exige la ley, restablecer el orden subvertido mediante la demolición  a costa de los propietarios?

Mientras quienes han respetado estrictamente la ley no han obtenido beneficio alguno de su ejemplo cívico, quienes la han vulnerado se habrán quedado con los mejores parajes del pueblo a precio irrisorio (un suelo rústico es mucho más barato que el urbano) y a buen seguro tendrán la recompensa de ver  cómo pronto sus casas son legalizadas, porque ¿quién va a derribar 5.000 viviendas? Los ayuntamientos se aplican la misma máxima que en la banca: “Si el cliente debe 2.000 euros al banco, el problema es del cliente;  si la deuda es de 200.000 euros, el problema es del banco”. En esa lógica perversa, el problema de las 5.000 viviendas ilegales ya no es del ayuntamiento de Arahal, que se confiesa desbordado por su magnitud, sino de la Junta, a la que ahora le traslada esta ‘patata caliente’.

La corrupción

En el debate abierto por El Mundo tras la ola de corrupción que nos invade y que se habría cobrado al menos 4.158 millones de euros en los últimos diez años, la clave la han dado los juristas consultados al subrayar que la capacidad de los ayuntamientos para diseñar planes urbanísticos mueve muchísimo dinero y constituye un poder demasiado grande en manos de una Administración pequeña, sin capacidad de resistencia a las presiones de los constructores y gestionada en muchos casos por funcionarios escasamente profesionales que trabajan alejados del control de otros entes superiores, con un enorme grado de autonomía, un amplio margen de discrecionalidad e insuficiente transparencia.

Sí, tal como habría dicho Bill Clinton en nuestra situación, “¡es el urbanismo, estúpido!” ¿Acaso no coreaban “¡Urbanismo, urbanismo!” los militantes del PSOE en Sevilla en la euforia de una noche electoral cuando vislumbraban que iban a desbancar al PA de las caracolas de la isla de la Cartuja, donde radica la Gerencia? ¿Acaso no es Urbanismo la primera delegación que se piden todos los partidos en las negociaciones por el reparto del poder? Obviamente no es una pretensión idealista. Todos sabemos que  el dinero se halla ligado al lápiz con el que se puede cambiar la calificación urbanística de un suelo con un simple trazo en el mapa.

Castilleja de Guzmán

Y mientras alguno de estos juristas propone que se devuelvan las competencias sobre el urbanismo a la Administración central, en Andalucía, la Junta con el hasta ahora sensato Griñán al frente avanza en sentido contrario y prepara la cesión de 29 competencias a los ayuntamientos, entre ellas la autorización de obras en suelo no urbanizable. Error, qué inmenso error. ¿Quiere volver a repetir el fiasco de Castilleja de Guzmán, aunque ahora el Supremo haya anulado la multa de 2,9 millones de euros a la promotora de la urbanización ‘Señorío de Guzmán’ justamente porque la levantó al amparo de una licencia concedida por el Ayuntamiento y anulada posteriormente por el TSJA y el Gobierno autónomo?. Este le había cedido las competencias urbanísticas a este pueblo sito a las puertas de Sevilla, por entonces con tan sólo 600 habitantes,  y lo primero que hizo la corporación municipal  fue modificar las Normas Subsidiarias para permitir la construcción de 800 viviendas donde sólo estaban previstas 300, y pese a los requerimientos de la Junta de que paralizase la modificación urbanística porque en realidad se trataba de una revisión encubierta del planeamiento.

Los alcaldes andaluces, a través de la FAMP, piden más, mucho más: han exigido que sean liberados de cualquier tipo de tutela por parte de la Junta y tener competencias plenas y exclusivas en ordenación, gestión, ejecución y disciplina (¿?) urbanísticas. Eso equivaldría a crear las condiciones objetivas para convertir el territorio en un coto aún más sin vallar, como han demostrado desde los escándalos en Marbella, Estepona y El Ejido hasta estos de ‘andar por casa’ en Castilleja, Burguillos y Arahal.