Una de las sorpresas del gobierno de Zoido en este medio año largo de mandato ha sido su escasa sensibilidad respecto del patrimonio histórico, reducido, según los casos, a la condición de caja recaudadora, estorbo para la consecución de otros fines o mero almacén.
El nuevo alcalde no ha tenido empacho en convertir el Real Alcázar, patrimonio de la Humanidad, en señuelo con que incentivar la captación de patrocinios para la Copa Davis. Así, ofreció como contraprestación a la treintena de empresas patrocinadoras del evento deportivo el monumento para que organicen allí sus actos.
No sólo eso: dentro de su política de ‘puesta en valor’ del inmueble lo ha incorporado a la lista de espacios para la celebración de todo tipo de eventos, incluyendo el rodaje de un mayor número de películas si es posible, con todo el movimiento de medios y personas que implican. El nuevo conservador, el arquitecto Jacinto Pérez Elliot, autor de la polémica restauración (destrucción, según los conservacionistas) de la antigua Posada del Lucero, aboga por explotarlo turísticamente los 365 días del año, sin considerar las consecuencias del exceso de presión turística y que todo monumento necesita de, al menos, un día de ‘respiro’ semanal.
El objetivo declarado es exprimir el limón del conjunto histórico, como se exprimían las cuevas de Altamira, para incrementar aún más los ingresos, ya que el excedente no revierte en el monumento para su mejora y conservación, sino en el Ayuntamiento. En vez de corregir la línea iniciada por Monteseirín, Zoido la continúa y amplía.
El Consistorio, mediante una fría carta, también ha conminado a los veinte artesanos del mercado del Postigo a desalojarlo cuanto antes para reubicar allí funcionarios de Hacienda. Aunque en este caso no parece en riesgo la integridad de la antigua Lonja y el Ayuntamiento puede invocar la caducidad de su concesión administrativa, la expulsión de los artesanos supone, al tiempo que otra muestra de insensibilidad, una ingratitud, por cuanto este colectivo salvó de la demolición el inmueble hace treinta años, cuando la Corporación Municipal pensaba derruirlo por no saber qué hacer con él.
Los artesanos lo rehabilitaron y lo han conservado a sus expensas en estos seis lustros, ahorrándole costes de todo tipo al Ayuntamiento y convirtiéndolo en un atractivo turístico mediante el mantenimiento de la tradición artesanal sevillana. Dado su pequeño tamaño y sus grandes espacios diáfanos interiores, el desalojo del Postigo no resuelve el problema municipal de falta de sitio para sus funcionarios, pero sí destruye un maridaje entre artesanía y patrimonio que ha mostrado su vigencia a lo largo de treinta años.
NAVES DE RENFE
El reciente saqueo durante casi dos semanas de las antiguas naves de Renfe en San Jerónimo por un grupo de indigentes que acampó en su interior y que desmanteló hasta vigas de hierro de la cubierta ha sido otro ejemplo de la falta de reflejos del Consistorio y de su escasa sensibilidad para la conservación del patrimonio industrial sevillano.
Testigos presenciales del expolio grabaron con sus cámaras el pillaje y alertaron tanto a la Policía local como al alcalde a través de su cuenta en Twitter. El Ayuntamiento tardó casi catorce días en reaccionar: expulsión de los expoliadores y cerramiento de los huecos que habían abierto en los muros de las naves.
Zoido había prometido durante la campaña electoral rehabilitarlas y convertirlas en un vivero de empresas. Ante el cansancio de los vecinos por una situación que se repite con demasiada frecuencia, el delegado del distrito llegó a proponerles la demolición de las naves y construir en su lugar un centro comercial, otro más en una ciudad saturada de ellos. Del vivero de empresas se ha pasado a la conversión de las naves en un solar, como paso intermedio a un destino por ahora incierto. Política de tabla rasa y tierra quemada en vez de recuperación y revalorización del patrimonio industrial.
ARTILLERÍA MULTIUSOS
Cuarto ejemplo de insensibilidad patrimonial: la conversión de la antigua fábrica de Artillería, catalogada como Bien de Interés Cultural, en un almacén para el material y los vehículos de los bomberos mientras se realizan obras de reforma en el parque central.
El plan del gobierno local ha sido motivo de confrontación tanto con PSOE-IU como con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. A pesar de las amenazas previas del delegado, Bernardo Bueno, el Gobierno autónomo ha acabado por reconocer que no podía impedir los propósitos del Ayuntamiento, al aferrarse éste a que no va a tocar la estructura del BIC ni acometer obra alguna, sino simplemente a usarlo como depósito con carácter provisional.
Imitando a Monteseirín, que ponía el ventilador de los dossieres cuando se sentía cercado por algún escándalo, el gobierno del PP ha caído en esos vicios que prometió combatir cuando estaba en la Oposición y ha filtrado que en época del PSOE también se utilizó Artillería como almacén, en concreto para que la Hermandad del Rocío de Sevilla diera cobijo allí a sus carretas y bueyes.
No podíamos imaginar que el nuevo gobierno procurase su justificación equiparándose al de Monteseirín. Se cura en salud proclamando además que se trata sólo de un uso provisional como almacén, tras el cual Artillería recuperará su condición anterior.
Bernardo Bueno, socarrón, ha subrayado con buen tino cómo es la ‘provisionalidad’ en Sevilla y recordado que el traslado del mercado de la Encarnación también iba a ser provisional y acabó durando 37 años.
Antonio Rodrigo Torrijos ha mostrado su perplejidad ante los primeros presupuestos municipales de la era Zoido por haberse incluido en los mismos la venta de la antigua comisaría de Policía de la Gavidia, “que –ha afirmado- no sólo depende del mercado, sino que ni siquiera está clara su legalidad, por sus implicaciones urbanísticas”. El razonamiento de Torrijos sobre esos ingresos que en plan cien pájaros volanderos y todavía ninguno en mano ha contabilizado ya Asunción Fley sería impecable si el portavoz de IU no incurriera en una flagrante contradicción. Y es que el gobierno de coalición PSOE-IU de Monteseirín, del que él formaba parte como primer teniente de alcalde, también incluyó la venta de la Gavidia en sus Presupuestos desde al menos el año 2008, con el consiguiente fiasco ejercicio tras ejercicio. ¿Cómo es posible, pues, que un mismo proyecto de venta no tuviera ninguna salvedad a ojos de Torrijos cuando él lo apadrinaba como socio de Monteseirín y que ahora lo incluya en el ‘urbanismo bajo sospecha’ cuando el que trata de venderlo es Zoido?
Hace cinco años, cuando Zoido ni siquiera sabía que era el candidato ‘in pectore’ de Arenas para la Alcaldía, Raynaud ya quería ir con un notario levantando acta de las losetas defectuosas colocadas a toda prisa por Monteseirín en la Avenida y la calle San Fernando para llegar a tiempo a las elecciones municipales con su presunta peatonalización. Por ironías del destino, tiene hasta gracia que ahora sea Espadas el que denuncie no las chapuzas de su correligionario, sino los parches sor Virginia de cemento de Zoido para rellenar los huecos dejados por las frágiles baldosas monteseirinescas, pese a que en su día la constructora de las cuatro letras adjudicataria de las obras las presentó como el no va más de la dureza granítica. Cierto es que los rellenos provisionales son antiestéticos, pero más antiestéticas y peligrosas aún eran las losas rotas heredadas del anterior mandato. El cemento postizo de la Avenida es una metáfora de lo que le sucede a Zoido, condenado a ir parcheando cuanto halla a su paso para taparle a Sevilla los agujeros legados por Monteseirín.
En el Ayuntamiento no quieren que Demetrio Cabello comparezca ante los medios. Yo, al contrario que los censores de Zoido, querría que diera todos los días una rueda de prensa como la de sus presupuestos. Demetrio, el Charles Bronson municipal, es un tipo probablemente sensible por dentro pero duro por fuera y que, como no ha aprendido a mentir como los políticos profesionales, aún llama al pan, pan. Dice cosas políticamente incorrectas y sus frases son directas, rotundas, como golpes al mentón. Ni circunloquios ni metáforas. Sus descripciones de la realidad municipal, sin medias tintas ni paños calientes, te dan los titulares hechos. De los inútiles despachos diseñados por Monteseirín en la nueva sede policial ha dicho que son “para jugar al golf “; ha reconocido que, como no tiene dinero suficiente, en mayo o junio empezará a deber horas extra por un tubo a policías y bomberos, y en una sola frase ha sintetizado en qué consistió el despilfarrador Consistorio de Monteseirín y a qué ha quedado reducido el de Zoido: “Somos un gobierno pagador de facturas”.
Con la entrada del nuevo año capicúa y bisiesto, Zoido cumplía 206 días como alcalde, equivalentes a casi siete meses. Ha cruzado, pues, el Rubicón del medio año, la raya divisoria que los americanos trazan para que una Administración deje de culpar de todos los males a la herencia recibida de la anterior. Zoido, en su escala, podría seguir diciendo ‘ad calendas graecas’ de Monteseirín lo mismo que Fátima Báñez del Gobierno de Zapatero: “nos ha dejado una ciudad en la ruina económica y en la ruina social”. La diferencia es que Fátima aterrizó en el Ministerio que fue de Griñán, Arenas y Pimentel antier por la tarde y que el alcalde ya lleva más de 200 días. Por eso, sus lamentaciones sobre los cajones llenos de facturas impagadas y las alfombras ocultando el polvo de los escándalos ya han sido descontadas por esos otros mercados que son la opinión públicana sevillana. El reto de Zoido en una ciudad con más de 81.000 parados no es ya aclarar el pasado, sino vislumbrar el futuro. No debe afrontar con un viejo discurso el tiempo nuevo que a partir de ahora se abre.
La izquierda se solivianta por que la ministra Ana Pastor y Javier Landa no hablan de ‘violencia de género’ en los asesinatos de mujeres, sino de ‘violencia en el entorno familiar’. Torrijos le montó un numerito a Landa; Susana Díaz dice indignada que “a las cosas hay que llamarlas por su nombre”, y la consejera de Salud, Mª Jesús Montero, proclama que “el lenguaje importa”. De acuerdo al 100% con la consejera. Y como cuando enfermamos vamos al médico, que es el que sabe, en materia de lengua yo la remito a la máxima autoridad, la Real Academia, que ya hizo un esclarecedor dictamen -accesible en Internet- sobre la cuestión. Resumo sus argumentos y la conclusión: la expresión ‘violencia de género’ es una traducción (una más, como ‘piso piloto’ y tantas otras sin ton ni son) del inglés, sin sentido en nuestra maravillosa lengua que todos deberíamos defender y donde las palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género). Por tanto, lo correcto es decir ‘violencia doméstica’ o ‘por razón de sexo’. Roma locuta, causa finita.
La biblioteca del Prado da más juego que la de Alejandría. Ahora, Espadas insta a Zoido a que se pronuncie “sin intermediarios” sobre la sentencia y sobre cómo se “compatibilizará” su ejecución con “la conservación de una inversión que ya ha supuesto un importante gasto”. En su obsesión por meterle las cabras en el corral a Zoido o viceversa, yerra. Desde que Monteseirín y Marchena embaucaron a la Hispalense y ésta les firmó un papel exonerador de responsabilidad, quien debe pronunciarse es el rector, no el alcalde. Se nota en Espadas la nefasta cultura del “ya que”. Ya que la Universidad ha gastado un dineral en las obras, ¿cómo se van a derribar?, plantea subliminalmente con el término “compatibilizar”. Ya que hemos gastado 170 millones en la esclusa, ¿cómo no se va a hacer el dragado?, dicen los del Puerto. Ya que se alzó el ilegal hotel en el Algarrobico, ¿ahora cómo se va a tirar?, dicen los del ladrillo. “Compatibilizar”, amigo Espadas, equivale en todos estos casos a premiar la política de hechos consumados y a saltarse a la torera el Estado de Derecho.
Tras el fallo del Supremo que aboca inevitablemente al derribo de la biblioteca medio construida
El Supremo estima inadmisible el recurso contra la anulación de la biblioteca en el Prado porque era nula de pleno derecho al haber sido expulsada ya del ordenamiento jurídico. Tarjeta roja. Es la decimotercera sentencia favorable a los vecinos y contraria a la Hispalense, cuyo rector, Joaquín Luque, era vicerrector de Infraestructuras cuando se promovió el ilegal proyecto y se acordó eximir al Ayuntamiento de Monteseirín y Marchena, los dos embaucadores, de cualquier responsabilidad sobre lo que acaeciera. La Hispalense debió haber demolido las obras en julio de 2009, cuando las paralizó el TSJA, y no gastar 10.400 euros/día en su vigilancia y mantenimiento, empecinada en un recurso tras otro. Los ha perdido todos y en estos dos años y medio, aparte del dinero en la fallida construcción, ha gastado 11.232.000 euros en sostener aquel esqueleto de cemento. Un despilfarro del que Luque, cuya única salida es la dimisión, se hace el loco. Hoy, como no han derruido la biblioteca, la locura de Luque nos cuesta a los sevillanos otros 10.400 euros. Y así sucesivamente.